La conselleria de Hacienda, a través de un interventor delegado, fiscalizará a partir de hora la contabilidad del Hospital Provincial de Castellón para evitar las irregularidades cometidas en la época del Partido Popular, y ratificadasen ese sentido por la Sindicatura de Cuentas en su informe anual. El pasado mes de octubre, según explica el gerente, Joaquín Sanchís, el equipo directivo inició los trámites para solicitar a la Generalitat Valenciana la figura de un supervisor que controle tanto la adjudicación de los servicios externos como la facturación, las contrataciones de personal y las compras, equiparando al centro sanitario con el resto de la red pública en lo que se refiere a gestión y funcionamiento.

En opinión de Sanchís, las conclusiones de la Sindicatura “corroboran las anomalías que la actual dirección ya detectó a su llegada y que han motivado la puesta en marcha de numerosas medidas correctoras debido a la falta de control en el dinero público”. Entre ellas, una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción para que determine si hubo delito en el pago de miles de facturas presuntamente irregulares por más de 33 millones de euros.

Al respecto, y en relación a una de las empresas investigadas, Lubasa Aparcamientos SLU, que recibió más de 1.000.000 de euros por el mantenimiento del aparcamiento subterráneo entre 2010 y 2015, el gerente explica que el Hospital Provincial ha solicitado el reintegro de 423.000 euros por abonos realizados en años anteriores que no se ajustan a lo estipulado en el contrato. Cabe recordar que en el anteriorejercicio contable la firma presentó una factura por un importe de 375.340,82 euros, mientras que en 2014 la cantidad ascendió a 325.187,73 euros.

Sanchís recuerda que la actual dirección del centro sanitario está revisando todas las contrataciones de servicios suscritos en la etapa del PP.“Nuestra gestión se centra en el modelo de asistencia pública basado en la transparencia y la equidad”, resalta.

“Otro de los problemas heredados -señala el gerente- eran los más de 120 contratos laborales irregulares, lo que se ha solucionado con la creación de 109 nuevas plazas que ya han sido autorizadas por Hacienda. Con ello damos un paso más en la normalización de la sucesión de situaciones anómalas que nos hemos encontrado en el Hospital Provincial”, concluye.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón acusa al bipartito (PSPSV-PSOE y Compromís) de tramitar con “oscurantismo” la nueva ordenanza urbanística para 2017. Ante la ausencia de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación está prevista para mediados del próximo año, la ley obliga a aplicar una norma transitoria que regule aspectos tan importantes como la altura de los edificios, la definición de solar y parcelas o el procedimiento constructivo. Esa reglamentación, previamente a su aplicación, debe someterse a un periodo de consulta pública para que los ciudadanos puedan presentar las correspondientes alegaciones.

Según denuncia el PP, a través de su concejal, Carlos Feliu, la apertura del plazo de 15 días (desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero) se ha hecho coincidir con las fiestas navideñas. “Han preferido actuar de tapadillo, a espaldas de la mayoría de los castellonenses, que en estas fechas está pendiente de disfrutar de la familia. Si hubiera habido voluntad de transparencia, habrían elegido otro momento del año”, asegura.

El Grupo Municipal Popular, además, califica de “sucedáneo” la normativa urbanística e insiste en alertar sobre la “opacidad” del proceso, ya que “ni siquiera se han esperado a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Aquellos vecinos que deseen conocer y estudiar la reglamentación para pedir alguna modificación sustancial han de entrar en la página web del ayuntamiento, en el apartado “Normativa Municipal”, y clicar sobre “Consulta Pública Prèvia de Normativa en Tramitació”. En este enlace, bajo el título “Participació de la Ciutadania en el procediment d’elaboració de les ordenances municipals de policia de l’edificació”, se puede descargar la memoria y el modelo de instancia general para formalizar la alegación.

La ordenanza tiene una especial importancia ante la inexistencia de un Plan General en Castellón. De hecho, en la justificación de la misma se tilda de “imprescindible” su aprobación, habida cuenta que “pretende cubrir el déficit hasta que el PGOU esté redactado”. Por ello, regulariza todas las cuestiones referidas a la ordenación urbanística del término municipal.

Un joven de 21 años ha sido detenido por presuntos delitos de atentado a agentes de la autoridad y conducir bajo los efectos del alcohol, triplicando la tasa permitida, después de verse implicado en un accidente de tráfico en Castellón. Según informa la Policía Local, los hechos acontecieron sobre las 7 de la mañana del día de Nochebuena, cuando Emergencias 092 recibió la llamada de varios vecinos que alertabandeun incidente ocurrido en la avenida Gran Vía Tárrega Monteblanco, a la altura de la calle Padre Jofre,donde un turismo se había salido de la vía.

Hasta el lugar del suceso se trasladó inmediatamente una patrulla cuyos agentesobservaron que efectivamente se había producido un accidente de circulación, en el que estaba implicado un solo vehículo y que su conductor se encontraba ileso, aunque muy alterado.

Los policías, al pedirle la documentación al accidentado, detectaron que éste se hallaba claramente bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que solicitaron la presencia de la Unidad de Atestados para efectuarle la prueba de alcoholemia. Durante ese tiempo, el conductor se mostró en todo momento desafiante hacia los agentes, insultándoles e incluso amenazándoles gravemente.

Cuando llegó al lugar del siniestro la patrulla de Atestados, el conductor,de iniciales B.R.S.B., fue sometido a la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado que triplicaba la tasa permitida. Tras praticarle la misma, comenzó a increpar a los agentes y, al descender del vehículo policial, propinó un puñetazo a una pared de entrada de vehículos del Hospital Provincial y una patada a un turismo estacionado.

Al recriminarle los policías su actitud, el varón arremetió contra ellos teniendo estos que esquivar los golpes y proceder a su detención por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad. Una vez reducido, a B.R.S.B. también se le imputó un presunto delito contra la Seguridad Vial por conducir un vehículo a motor en estado de embriaguez y estar implicado en un accidente de tráfico.

El último pleno ordinario de 2016 en el Ayuntamiento de Castellón habría pasado a la historia como uno de los más anodinos que se recuerda de la democracia si no hubiese sido por el incidente que protagonizaron el portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal, y la vicealcaldesa de Compromís, Ali Brancal, en el turno de participación ciudadana. Se trataba de la primera vez, en lo que va de legislatura, que los vecinos podían formular sus preguntas a los concejales. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó la última de las tres intervenciones, a cargo de María Jesús Garrido, activista de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Su interpelación, en castellano, se prolongó más allá de los tres minutos. En esencia, quería conocer el calendario de actuaciones del equipo de gobierno en relación a los desahucios: ayudas económicas para personas en riesgo de exclusión social, negociaciones con las entidades financieras al objeto de crear una bolsa de viviendas, etcétera.

Brancal, además como responsable de la concejalía afectada, tomó la palabra para responder. Así, se dirigió a la citada Garrido en valenciano, advirtiéndole que le entregaba la explicación en una hoja en castellano para que comprendiera lo que le iba a argumentar. Apenas pudo hablar unos segundos. Vidal, sensiblemente molesto, se levantó de su asiento y le interrumpió para saber por qué no estaba empleando la misma lengua con la que se le había realizado la pregunta. “¿Es que no tenemos dos idiomas? Se le ha preguntado en castellano, ¿por qué no responde en castellano? Es una cuestión de educación”, espetó para seguidamente abandonar el salón de plenos.

La enérgica reacción del portavoz de Ciudadanos dejó estupefactos al resto de ediles, que comentaron lo sucedido en los pasillos contiguos durante varios minutos una vez finalizada la sesión. Vidal ya había mostrado su disconformidad a lo largodel pleno por la manera en que la alcaldesa socialista, Amparo Marco, estaba gestionado los tiempos y contenidos de las intervenciones de los munícipes para justificar los votos en las mociones y proposiciones. De hecho, su enojo fue a más cuando se debatió y aprobó una iniciativa presentada precisamente por Ciudadanos para declarar Castellón como ciudad comprometida con el sacrificio cero de los animales.

La Diputación de Castellón vive momentos de cambio. Atrás quedaron las polémicas y las descalificaciones, producto de intensos y excelsos debates, al más puro estilo de la vieja política. El acuerdo histórico de hace unas semanas para aprobar los presupuestos de 2017 (sólo Castelló en Moviment votó en contra) ha sentado un precedente de armonía y cordialidad que amenaza con instalarse durante el resto de la legislatura. El espacio de diálogo abierto por el Partido Popular ha tenido una nueva consecuencia en la gestión de los fondos públicos. Todos los partidos políticos han aprobado por unanimidad el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios, lo que comúnmente se conoce como Poys, para el próximo año por un importe de 12 millones de euros.

La decisión del PP de volver a incluir a los municipios de más de 20.000 habitantes no sólo ha implicado un respaldo absoluto de la oposición, sino que también ha conllevado la retirada por parte del PSPV-PSOE de la denuncia que había interpuesto contra la institución por los Poystras el verano. Las siete localidades que se benefician con la corrección del equipo de gobierno, más allá de aportar el peso demográfico en la provincia, presentan una característica en común:sus ayuntamientos están controlados por corporaciones progresistas desde las elecciones de 2015. Castellón, Vila-real, Vinaròs, Benicarló, Almassora, La Valld’Uixó y Burriana tienen al Partido Popular en la oposición. Ese matiz compositivo, en relación a legislaturas anteriores, había sido motivo de exclusión en 2016, pero ya no lo será para 2017. Dichas poblaciones, en función de sus habitantes, recibirán subvenciones de entre 225.000 euros y 150.000 euros.

La afinidad en el pleno ordinario de diciembre también ha marcado la sesión extraordinaria sobre el Debate del Estado de la Provincia, que se ha celebrado inmediatamente después. El presidente de la diputación, Javier Moliner, se ha contenido a la hora de exaltar los logros conseguidos. Ha evitado triunfalismos, ha hecho autocrítica y ha reclamado el apoyo del resto para elevar el tono reivindicativo ante la Generalitat y el Gobierno central. En este sentido, ha reiterado que “queremos infraestructuras del siglo XXI”, insistiendo en la llegada del AVE, la gratuidad de la AP-7 y la potenciación de los vuelos en el aeropuerto. La oposición igualmente se ha reprimido en sus reproches. La avenencia sólo se ha roto cuando se ha hablado del Hospital Provincial.

Mientras CsenMov, en boca de su diputado Iñaki Vallejo, ha solicitado una revisión del modelo de gestión del Consorcio y de la Fundación;Compromís, por Xavier Trenco, ha afedado al PP y a la Generalitat su “enfrentamiento”; el portavoz del PSPV, José Benlloch, ha pedido transparencia “para no ocultar el pasado y saber lo que ha ocurrido (en relación a las irregularidades cometidas en la época de Carlos Fabra)”; y Ciudadanos ha reclamado un esfuerzo institucional “para que dejen de salir continuamente noticias negativas”, según ha subrayado su representante, Cristina Garbarda. La respuesta del equipo de gobierno, por medio de su vicepresidente primero, Vicent Sales, ha delatado que en el tema del Hospital Provincial hará falta mucho tacto para llegar a un punto de encuentro: “La Conselleria está buscando facturas de 2003 cuando las mujeres no pueden hacerse mamografías en 2016”.

Los presidentes de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, Ximo Puig y Javier Moliner, respectivamente, abogan por abrir un espacio de consenso para garantizar la calidad asistencial del Hospital Provincial. Sin olvidar sus divergencias por las irregularidades cometidas hasta 2015, bajo los diferentes gobiernos del Partido Popular, creen necesario buscar una mejora en la gestión sanitaria a partir del diálogo. Es por ello que se marcan como un desafío “encontrar soluciones”, pero siempre “desde la legalidad vigente”, como ha puntualizado el jefe del Consell.

Esa buena sintonía pretende rebajar la intensa porfía de los últimos meses, con cruces de amenazas y denuncias, generando incertidumbre tanto entre los ciudadanos como en los propios funcionarios públicos. En este sentido, Puig se ha mostrado muy claro y ha insistido en que “desde el diálogo buscamos el menor impacto posible para los trabajadores”, en claro alusión al futuro de la plantilla después de las últimas decisiones, no renovando a siete empleados eventuales.

El reto de encontrarse en el camino para mantener, e incluso elevar, el nivel de atención del Hospital Provincial de Castellón se ha convertido en compromiso público con ocasión de la firma del convenio para establecer 16 brigadas forestales en la provincia durante 2017, con el propósito de potenciar la prevención de incendios.

“No debe existir más línea roja que buscar el mejor servicio para los ciudadanos. Es obvio y ciertas nuestras diferencias, pero es más importante garantizar la calidad asistencial”, ha subrayado Moliner.

Puig ha ido más allá en la declaración de intenciones y ha incidido en la necesidad de “perseguir el objetivo del interés general”. Por este motivo, ha rechazado aquellas voces críticas que acusan al bipartido en la Generalitat (PSPV-PSOE y Compromís) de implantar un nuevo modelo en la gestión del centro sanitario para limitar los movimientos de la diputación en el Consorcio. “No se trata de comenzar de cero cada vez que hay un cambio de gobierno. Lo que hay que hacer es mejorar. Todo lo que está bien darle la máxima dimensión, buscando soluciones a través de los espacios de consenso”.

Una tromba de agua se ha cobrado este sábado la vida de un hombre de avanzada edad en Finestrat (Alicante). El temporal que azota la costa valenciana habría provocado, así, su primera víctima.

El fallecido, según Europa Press, “desobedeciendo la alerta por lluvias”, salió a pasear por una cala donde ya se han registrado accidentes similares en otros casos.

Una tromba de agua lo ha arrastrado al mar y el dispositivo de búsqueda desplegado para rescatarlo solo ha podido encontrar su cuerpo sin vida.

Por otra parte, la Unidad de Atestados de la Policía Local de Castellón investiga si la muerte de un conductor en la noche del viernes pudo deberse al temporal. La víctima, D.F.M., de 30 años de edad y de nacionalidad española, falleció alrededor de la medianoche al salirse su vehículo de la vía, quedar empotrado y finalmente volcarse sobre una acequia de un camino rural. Debido a la fuerte colisión, el conductor salió del interior del habitáculo y cayó al interior de la acequia.

Pasadas las 23.00 horas, un turismo BMW de color negro, tras perder el control, se precipitó al interior de una de las acequias que se encuentran situadas en los laterales del camino Serradal, que en ese momento acumulaba más de medio metro de agua por la intensa lluvia.

Hasta el lugar del siniestro se trasladaron inmediatamente varias patrullas de la Policía Local de Castellón, una ambulancia y un retén de Bomberos Municipales cuyos efectivos procedieron rápidamente a asegurar el vehículo y a buscar al conductor del mismo. Tras bajar al interior de la acequía y rastrear su fondo, los bomberos localizaron, a los pocos metros del lugar donde se encontraba el turismo, el cuerpo sin vida del conductor.

A la hora en que se produjo el accidente, el temporal descargaba con fuerza en Castellón, prolongándose la intensa lluvia hasta la madrugada, que estuvo acompañada de aparato eléctrico.

La alerta naranja por precipitaciones, viento y fenómenos costeros se mantiene este sábado, pero no sólo en la provincia de Castellón, sino también en el resto de la Comunidad Valenciana. Según las previsiones, pueden acumularse entre 80 y 150 litros por metro cuadrado.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha alabado la “respuesta favorable” de los ciudadanos con respecto al temporal y ha instado a extremar las precauciones mientras continúe la alerta naranja, que está previsto que se extienda hasta el próximo lunes.

Puig ha visitado a mediodía de este sábado el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, en L'Eliana, donde ha recibido información sobre la situación de alerta que afecta a todo el territorio valenciano.

Emplear a menores sin darles de alta en la Seguridad Social, adjudicar espectáculos a dedo o no declarar el IVA en muchos de los ingresos. Y todo ello bajo el conocimiento del anterior equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón. Estas y algunas más son las irregularidades que Jesús López ha reconocido de su gestión al frente de la Junta de Festes hasta 2015. Su declaración, una de las más esperadas por parte de la comisión que investiga la contabilidad del ente festero entre 2008 y 2016, no ha dejado indiferente a nadie. Ni siquiera al presidente de la propia comisión, Xavier del Senyor, que se ha asombrado tanto de las revelaciones del protagonista como de su impasibilidad a la hora de admitirlas.

La retahíla de anomalías cometidas en estos años ha dado para más de tres horas de comparecencia. López, que ha denunciado ser objeto de una campaña de persecución, se ha mostrado esquivo en aquellas cuestiones que le han incomodado más, como por ejemplo la facturación de una de sus empresas, Gestionalab SL, a la Junta de Festes. Cuando no ha tenido más remedio que confesar que el pago de varias facturas (en 2015 habló sólo de una en respuesta escrita a una preguntade Esquerra Unidad), ha puntualizado que “eso es porquería. No sé si fueron 2 o 3. No le doy importancia. Eso no es dinero para mí”.

El expresidente de la Junta de Festes tampoco se ha inmutado al final de su intervención, el momento más revelador después de aceptar cada una las irregularidades que le ha reprochado el presidente de la comisión de investigación al mostrar documentación comprometedora. Así, ante la existencia de anotaciones contables de cantidades pequeñas referidas a la contratación de menores para trabajos esporádicos, ha explicado: “Había niño que no tenía ni la edad. Casi todos eran enchufados. Los cogía para poner sillas (en el desfile de Gaiatas, el Pregò,…). Siempre hay cosas raras”. Para, al menos, evitar problemas de responsabilidad civil por accidentes se les aseguraba de forma conjunta.

Los exalcaldes, Alberto Fabra y Alfonso Bataller, y el anterior edil de Fiestas, Ximo Torres (todos del PP), eran sabedores de la manera de actuar de López. “Hablábamos de todo. De lo que hacía falta y de lo que no para las fiestas”, ha afirmado. Otras irregularidades correspondían al impago del IVA por los ingresos obtenidos en la organización del Mesón de la Tapa y la Cervera o del Mesón del Vino. “No hacía falta porque eso formaba parte de la ocupación de vía pública”. Tampoco extrañaba, ni al ayuntamiento ni siquiera a la agencia tributaria, la presentación durante varios ejercicios seguidos del mismo modelo 347 sobre los proveedores. La fotocopia del año 2011, presentaba en 2012, se fue repitiendo en años sucesivos.

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado lo que define como los presupuestos más sociales y solidarios de la historia. El rescate ciudadano y la perspectiva de género son algunos de los ejes fundamentales de las cuentas municipales para 2017, que experimentarán un incremento del 7,4% respecto a 2016 para alcanzar los 170,8 millones de euros (11 millones más que en el actual ejercicio). El aumento de hasta el 120% en las políticas de fomento del empleo o el crecimiento del 53% en las inversiones son otras de las prioridades plasmadas por el ‘Pacte del Grau’ en el documento que se someterá votación ante el resto de fuerzas políticas, con vistas a su aprobación, en la sesión plenaria convocada para el 23 del presente mes.

La alcaldesa en funciones, Ali Brancal; el concejal de Hacienda, Antonio Lorenzo; y la portavoz del Gobierno, Verònica Ruiz, han detallado las partidas junto al líder de Castelló en Moviment, Xavi del Senyor, evidenciando que se trata de un presupuesto de “consenso”.

Entre las áreas que más crecerán, destaca Bienestar Social, con un ascenso de 10 puntos hasta situarse en 12,9 millones de euros. La atención a la dependencia aumentará un 5,5% (dos millones de euros), elevándose también las ayudas para emergencia social (un 16,5%) hasta alcanzar los 3 millones de euros con el fin de luchar contra las bolsas de pobreza.

El ámbito del empleo será el que experimente un mayor porcentaje de mejora, con un 119,66%, al pasar de los 2,1 millones de 2016 a los 4,6 de 2017. Respecto a las inversiones, el tercer pilar sobre el que se apoya el balance presupuestario, se situarán entorno a los 10,1 millones de euros, fundamentalmente por la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (eDUSI), que permitirá recibir más de 10 millones de euros de fondos europeos.

El baile de cifras, con una tendencia al alcanza en los diferentes capítulos, obligará al ayuntamiento recaudar más. La financiación se producirá a través de los ingresos derivados del pago de impuestos y tasas, en parte por la mayor recuperación de la actividad económica, con un total de 4,6 millones; de las transferencias y subvenciones de otras administraciones públicas (3,3 millones) y de un préstamo bancario (32%).

Según ha resaltado el edil de Hacienda, el presupuesto para 2017 cumplirá con los objetivos de equilibrio y estabilidad dispuestos tanto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como en el Plan de Ajuste aprobado por el órgano plenario el 30 de marzo de 2012.

Andrés Safont ha presentado su dimisión como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cabanes tras ser detenido, junto con su pareja, por supuestamente haber estafado 160.000 euros a una anciana. El exedil ha anunciado la decisión a través de un comunicado, en el que ha advertido que renuncia “para defenderse mejor de las acusaciones que se le han atribuido”. Además, ha sostenido su inocencia, de manera que “a partir de ahora me centraré en poder defenderme”.

Safont, que ostentó la alcaldía de Cabanes de manera provisional durante el pasado mes de mayo cuando la entonces alcaldesa, Estrella Borrás, comunicó su marcha tras cinco años en el cargo, también ha puntualizado en el escrito que abandona “para no perjudicar ni al ayuntamiento ni al Partido Popular”.

El exconcejal y su mujer están acusados de supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, usurpación de estado civil, falsedad documental y revelación de secretos. El Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón ha abierto diligencias. La Guardia Civil llevaba siete meses investigando a la pareja después de recibir una denuncia de la familia de la víctima, que había detectado numerosas irregularidades en los movimientos de las cuentas bancarias. Como consecuencia de las pesquisas, se verificó que el patrimonio de la anciana se había visto reducido en 160.000 euros.

La pareja de Safont, tras ganarse la confianza de la víctima, se hacía pasar por ésta para utilizar sus tarjetas y realizar reintegros en cajeros automáticos, alcanzando una suma de 57.400 euros. Incluso, según ha constatado la Guardia Civil, falsificó autorizaciones de retirada de efectivo a su favor por un importe de 8.000 euros.

La detenida, además, vía telefónica ampliaba el importe máximo de las tarjetas y activaba otras nuevas, con las que efectuaba compras; desde perfumes, pasando por reservas en hoteles de lujo, hasta material médico para el negocio de Safont, en cuyo currículum (web del Ayuntamiento de Cabanes) figura que posee formación como terapeuta.

Los temas judiciales con implicación de cargos del Partido Popular siguen protagonizando la vida política en la provincia de Castellón. El enésimo afecta a un edil de Cabanes, Andrés Safont, que incluso ejerció como alcalde accidental del municipio en mayo pasado tras la renuncia de Estrella Borrás. Sin embargo, una coalición progresista entre el PSPV y Units pel Poble impidió a última hora que el concejal del PP liderará el equipo de gobierno durante el resto de la legislatura.

Safont ha sido detenido, junto a su pareja, por presuntamente estafar 160.000 euros a la anciana que cuidaba la propia mujer en Oropesa, localidad donde precisamente el popular fue edil entre 2011 y 2015.

Según informa la Guardia Civil, ambos han sido acusados de supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, usurpación de estado civil, falsedad documental y revelación de secretos. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón.

La actuación se inició cuando familiares de la víctima denunciaron en el Cuartel de la Guardia Civil de Oropesa que tenían sospechas de que la persona encargada del cuidado de su tía pudiera estar sacando dinero de sus cuentas bancarias, aprovechado que se trataba de una mujer de avanzada edad, viuda y sin allegados en la Comunidad Valenciana.

Por dicho motivo, los agentes abrieron una investigación, comprobando que la detenida había conocido a la víctima más de un año atrás en un local en el cual trabajaba, obteniendo así datos de su elevado patrimonio y situación personal. Es por ello que se ofreció a acompañarla para hacer compras y gestiones en entidades bancarias, al no disponer la anciana de vehículo propio y vivir en una zona alejada del centro urbano. De esta forma, se ganó la confianza de la estafada, teniendo así acceso a su tarjeta de crédito, claves, documentación y correspondencia personal.

En una de las sucursales la detenida hizo reintegros en cajeros automáticos en siete meses por un importe de 57.400 euros, llegando incluso a hacerse pasar por la titular de la cuenta al objeto de ampliar vía telefónica el importe máximo de retirada diario. En otro banco, al no disponer de tarjeta de crédito, falsificó diversas autorizaciones de retirada de efectivo a su favor por un importe total de 8.000 euros.

Tras anularse la tarjeta de débito por motivos de seguridad por parte de la entidad bancaria debido a los numerosos movimientos impropios de una persona de su edad y características, al serle remitida una nueva tarjeta al domicilio, la detenida accedió a la correspondencia personal de la anciana, recogiendo y activando la nueva tarjeta, con la que siguió efectuando compras en diversos centros comerciales de la provincia, perfumerías, reservas en hoteles de lujo y compras de material médico para el negocio de su pareja sentimental. El patrimonio de la víctima se vio reducido en menos de un año en 160.000 euros. Parte del dinero adquirido fraudulentamente fue invertido en realizar obras en un local comercial que ambos poseen al objeto de acondicionarlo para instalar un negocio.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén submarino de gas de Castellón que tuvo que ser cerrado tras provocar reiterados movimientos sísmicos frente a la costa de Vinaròs y de Sant Carles de la Ràpita, ha rechazado de momento la petición de la acusación particular, que solicitaba la imposición de una fianza de 1.035.408.000 euros a los investigados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que tendrían que abonar en el caso de ser condenados.

La Plataforma de Afectados por el Castor, Aplaca, personada como acusación particular, solicitó el 30 de junio de 2016 que se le reclamara dicha cantidad a los investigados. De esta forma, pedía que se declararan responsables civiles directos al Estado Español y a cuatro empresas, entre ellas el grupo del empresario Florentino Pérez, para las que trabajaban los investigados (Escal UGS, ACS, Castor Limited Partnership y Dundee Energy Limited) y que fueran éstos los que aportaran la suma de manera solidaria.

La asociación obtuvo esta cifra como resultado de multiplicar 12.000 euros por el número de residentes de las localidades de Alcanar, Benicarló, Sant Carles de la Rápita, Ulldecona y Vinaròs, afectados por los seísmos. En total, 86.284 habitantes de las provincias de Castellón y Tarragona.

La petición de la plataforma se fundamentaba en la sospecha de Escal UGS, promotora del proyecto, pudiera declararse insolvente a consecuencia de un vacío patrominal. Para ello, en la documentación aportada acreditaba un reciente cambio de domicilio social de la empresa, habiendo además desaparecido la página web.

Las defensas de los investigados (los días 7, 12 y 28 de julio) y el Ministerio Fiscal (el 2 de septiembre) entendieron que la cantidad era excesiva y que era pronto para establecer una fianza. Además, no consideraron demostrados los daños morales a los que aludía Aplaca, por lo que se opusieron a la petición.

El instructor ha decidido ahora rechazar, por el momento, la imposición del depósito ya que considera que la cuantía solicitada es “notoriamente excesiva”, teniendo en cuenta que Aplaca “no cuenta en la actualidad con más de 4 miembros considerados como perjudicados”. En su auto el instructor cree que es “prematura la fijación de una fianza” en el punto en el que se encuentra el procedimiento, aunque no descarta acordarla en un futuro.

Los vecinos de la calle Guitarrista Fortea de Castellón se encuentran completamente consternados por el suceso ocurrido sobre las 14:20 horas en el ático de uno de los inmuebles. E.R.G., una anciana de 85 años, ha fallecido y su marido, V.M.J., de 88 años y también de nacionalidad española, ha tenido que ser hospitalizado con pronóstico reservado a consecuencia de un aparatoso incendio.

La Policía Local de Castellón, un retén de Bomberos Municipales y varias ambulancias han intervenido cuando la Sala Municipal de Seguridad y Emergencias 092 y la centralita de los propios bomberos municipales han recibido numerosas llamadas de los vecinos del edificio, alertandodeque estaban observando cómo de las ventanas del sexto piso salía una gran cantidad de humo.

Inmediatamente se han desplazado hasta el lugar varias dotaciones, cuyos agentes han comprobado que efectivamente de la vivienda emergía un intenso humo negro. Al mismo tiempo, varios vecinos han informado a los policías que en el interior del domicilio debía estar un matrimonio de personas mayores. Todos estos datos han sido trasmitidos inmediatamente al retén de bomberos municipales, que se ha presentado a los pocos minutos, procediendo rápidamente a la extinción del incendio que se había concentrado en una pequeña galería anexa a la cocina de la casa.

Además de sofocar el fuego, los bomberos han localizado y evacuado a dos personas del interior de la vivienda, una mujer que se encontraba en la cocina y un hombre, acostado en ese momento en uno de los dormitorios. E.R.G. ha sido rescatada del interior del domicilio con numerosas quemaduras por todo el cuerpo y, tras ser evacuada todavía con vida, ha fallecido a los pocos minutos en la ambulancia a pesar de la rápida intervención del personal sanitario. Por su parte, V.M.J., de 88 años,ha resultado herido por intoxicación de humo y, después de ser estabilizado por el personal médico, ha sido trasladado con pronóstico reservado hasta el Hospital General.

Sobre las 15:30, tras apagar, refrescar y ventilar la vivienda afectada, se ha dado por finalizado el incendio en el cual han intervenido nueve bomberos, un cabo y un sargento jefe de salida y se han utilizado, en cuanto a medios materiales, un vehículo de mando, una bomba urbana ligera y un camión autoescalera de altura.

En cuanto al origen del fuego, las llamas se han concentrado en la galería de la casa. Un equipo de la policía científica de la Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio.

El Hospital Provincial de Castellón se ha convertido en el campo de batalla político entre el Partido Popular, que gobierna la diputación, y el PSPV-PSOE y Compromís, bipartito que controla la Generalitat Valenciana. Prueba de ello es la vuelta de tuerca dada a partir de las declaraciones del vicepresidente de la corporación provincial, Vicent Sales, a propósito del apagón sufrido en la madrugada del jueves 17 al viernes 18 de noviembre. La acusación de que la avería en el conmutador automático de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) no se debió al corte de luz de Iberdrola, sino que se arrastraba desde hacía un año, puede acabar en los tribunales.

La dirección del centro sanitario ha anunciado que interpondrá una querella por injurias contra Sales, si en el plazo de 24 horas no se retracta públicamente de lo que califica como “graves acusaciones”. La versión facilitada por el vicepresidente popular, advirtiendo además de que un paciente entubado debió recibir ventilación manual, no coincide “en absoluto con los informes emitidos por jefes de servicio y supervisores de enfermería”, según un comunicado de la gerencia.

“Las manifestaciones de Sales afectan al prestigio del hospital y atentan contra la honorabilidad de los profesionales”, afirma el director gerente del centro, Joaquín Sanchís, quien considera “intolerable que se cree una alarma social con falsedades y hechos que no se ajustan a la realidad”.

Al respecto, el responsable del Servicio de Mantenimiento e Infraestructuras, Arturo Sáez, puntualiza que “el generador funcionó correctamente” y que en ocasiones anteriores “ha sido testado en pruebas de arranque que figuran en los protocolos de preventivo y que están a disposición de quien los requiera”. Además, advierte que no le consta “que faltase ninguna pieza” como ha declarado el vicepresidente de la diputación, quien “desprestigia la labor de este servicio”.

“La pieza que falló del disyuntor fue mecánica y totalmente imprevisible y accidental”, según se recoge en un informe del servicio de mantenimiento, en el que también se aclara que una situación similar no se ha dado “nunca”.

La Unidad de Críticos del centro dispone de un grupo de alimentación ininterrumpida, por lo que “no sufrió absolutamente ninguna incidencia que afectase a la seguridad de los pacientes”, añade Sáez.

En la misma línea se pronuncian tanto el jefe de la Unidad de Críticos, Manuel Cubedo, como la supervisora del servicio, María Rosario Alcayne, quienes destacan “la ausencia de cualquier problema asistencial” en la unidad y manifiestan que “en ningún momento faltó suministro eléctrico”. El personal sanitario de la UCI asegura que los aparatos funcionaron “perfectamente” y explican que no hubo problemas ni en el dispensador de farmacia ni en el aparato de gases.

Todas las secciones sindicales (Cemsatse, CSIF y UGT), a excepción de CCOO, han firmado un manifiesto para puntualizar que “en el Hospital Provincial no existe el caos” y que “el día a día es de total normalidad”.

El Hospital Provincial de Castellón se ha convertido en el campo de batalla político entre el Partido Popular, que gobierna la diputación, y el PSPV-PSOE y Compromís, bipartito que controla la Generalitat Valenciana. Prueba de ello es la vuelta de tuerca dada a partir de las declaraciones del vicepresidente de la corporación provincial, Vicent Sales, a propósito del apagón sufrido en la madrugada del jueves 17 al viernes 18 de noviembre. La acusación de que la avería en el conmutador automático de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) no se debió al corte de luz de Iberdrola, sino que se arrastraba desde hacía un año, puede acabar en los tribunales.

La dirección delcentro sanitario ha anunciado que interpondrá una querella por injurias contra Sales, si en el plazo de 24 horas no se retracta públicamente de lo que califica como “graves acusaciones”. La versión facilitada por el vicepresidente popular, advirtiendo además de que un paciente entubado debió recibir ventilación manual, no coincide “en absoluto con los informes emitidos por jefes de servicio y supervisores de enfermería”, según un comunicado de la gerencia.

“Las manifestaciones de Sales afectan al prestigio del hospital y atentan contra la honorabilidad de los profesionales”, afirma el director gerente del centro, Joaquín Sanchís, quien considera “intolerable que se cree una alarma social con falsedades y hechos que no se ajustan a la realidad”.

Al respecto, el responsable del Servicio de Mantenimiento e Infraestructuras, Arturo Sáez, puntualiza que “el generador funcionó correctamente” y que en ocasiones anteriores “ha sido testado en pruebas de arranque que figuran en los protocolos de preventivo y que están a disposición de quien los requiera”. Además, advierte que no le consta “que faltase ninguna pieza” como ha declarado el vicepresidente de la diputación, quien “desprestigia la labor de este servicio”.

“La pieza que falló del disyuntor fue mecánica y totalmente imprevisible y accidental”, según se recoge en un informe del servicio de mantenimiento, en el que también se aclara que una situación similar no se ha dado “nunca”.

La Unidad de Críticos del centro dispone de un grupo de alimentación ininterrumpida, por lo que “no sufrió absolutamente ninguna incidencia que afectase a la seguridad de los pacientes”, añade Sáez.

En la misma línea se pronuncian tanto el jefe de la Unidad de Críticos, Manuel Cubedo, como la supervisora del servicio, María Rosario Alcayne, quienes destacan “la ausencia de cualquier problema asistencial” en la unidad y manifiestan que “en ningún momento faltó suministro eléctrico”.El personal sanitario de la UCI asegura que los aparatos funcionaron “perfectamente” yexplican que no hubo problemas ni en el dispensador de farmacia ni en el aparato de gases.

Todas las secciones sindicales (Cemsatse, CSIF y UGT), a excepción de CCOO, han firmado un manifiesto para puntualizar que “en el Hospital Provincial no existe el caos” y que “el día a día es de total normalidad”.

El juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ha citado a declarar el próximo 31 de enero de 2017 al expresidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, así como al expiloto de motos Álex Debón.  Ambos comparecerán como investigados (anteriormente imputados) en una causa abierta por un presunto delito de cohecho.

La causa, iniciada a partir de una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal, investiga el dinero recibido por la mercantil del valldeuxense en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas, sociedad creada en 2003 para construir y gestionar el aeropuerto de Castellón. Dicha mercantil estaba participada al 50% por la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana (entonces gobernadas por el Partido Popular).

A cambio de la esponsorización entre 2009 y 2011,Debón percibió más de 3,6 millones de euros. Sólo el Villarreal CF, de los clubes deportivos, recibió mayor inyección económica por lucir el logo ‘Aeropuerto de Castellón’.

Recientemente el titular del juzgado requirió a la Policía Judicial para que completara la investigación realizada por la Fiscalía y elaborara un informe sobre el dinero que, según recoge la denuncia del Ministerio Público, obtuvo el deportista y los importes que éste, a su vez, transfirió al expresidente de la corporación provincial.

En este sentido, las diligencias son consecuencia de la investigación por los acuerdos firmados entre exlíder popular y el citado expiloto a raíz de una sentencia que condenaba a Fabra a pagar al valldeuxense 380.000 euros por un préstamo que el primero no devolvió al segundo.

Antes de la citación del 31 de enero, el expresidente de la diputación tendrá que acudir al Audiencia Provincial el próximo martes, 28 de noviembre, a las 10,15 horas, para declarar por un presunto delito societario por el alquiler del campo de golf La Coma (Borriol) al padre del golfista castellonense Sergio García.

Actualmente, Fabra cumple una condena de cuatro años de cárcel por estafar 700.000 euros a la Hacienda Pública.

El corte de luz que sufrió el Hospital Provincial de Castellón durante cuatro minutos en la madrugada del jueves 17 de noviembre al viernes 18 pudo tener fatales consecuencias para un paciente entubado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según ha relatado el vicepresidente primero de la diputación, Vicent Sales, los profesionales que aquella noche realizaban el turno de guardia debieron practicar la ventilación asistida de forma manual para evitar una tragedia. El generador automático nunca funcionó, no porque sufriera una avería debido a la interrupción del suministro eléctrico a cargo de Iberdrola, sino porque llevaba sin conectarse desde hacía un año cuando, en un anterior apagón, el servicio de mantenimiento detectó una anomalía en el equipo al faltar una pieza.

Sales ha realizado la revelación en el debate sobre una moción del PP para solicitar a la Conselleria la reincorporación de los 17 trabajadores a los que no se les renovó el contrato el pasado 9 del presente mes. En medio del fuego cruzado con el portavoz del PSPV-PSOE, José Benlloch, que en su intervención le había acusado de estar desinformado de cuanto ocurre en el centro sanitario, el vicepresidente primero ha acaparado el protagonismo con el siguiente testimonio: “¿Sabe quién habló conmigo el domingo? Una enfermera. ¿Y sabe lo que me dijo? Que la noche del apagón los enfermeros manualmente tuvieron que aplicar la ventilación asistida a un entubado que estaba en la UCI. Se iban turnando, porque evidentemente hay un esfuerzo físico que hay que ir dando, para ventilar al enfermo, porque la ventilación mecánica no funcionaba”.

“Se fue la luz y el generador no funcionaba. Pero no funcionaba desde hacía un año, cuando ya pasó una avería similar y entonces el servicio de mantenimiento descubrió que faltaba una pieza. Por eso, en la UCI estaban sin ventilación automática desde ese tiempo”, ha proseguido.

La versión de Sales sobre el incidente que, además, provocó el cierre de los quirófanos al día siguiente como medida de seguridad (se aplazaron las 37 operaciones previstas), dista mucho del comunicado del propio hospital. Así, desde la gerencia se aseguró que la avería había sido consecuencia directa del corte de electricidad, pero sin afectar al funcionamiento normal del centro.

La acalorada porfía por la moción del PP, que ha sido respaldada por Ciudadanos, con el rechazo de Castelló en Moviment y PSPV-PSOE y la abstención de Compromís, ha animado un pleno que parecía abocado al hermanamiento entre las distintas formaciones políticas. Nunca antes la aprobación de unos presupuestos (algo más de 131 millones de euros para 2017) había acercado tanto a partidos tan antagónicos. Es cierto que el equipo de gobierno sólo ha obtenido el apoyo de C’s. Sin embargo, los discursos de los portavoces socialista y nacionalista (Xavier Trenco) para justificar su voto ha sonado más a victoria de los populares que ha abstención. Tanto es así que, hasta el diputado de Hacienda, Salvador Aguilella, ha agradecido a Benlloch que “haya defendido más que yo estos presupuestos en algunos puntos”.

La inusitada empatía de la oposición con la corporación tiene su origen en el nuevo talante del presidente, Javier Moliner, quien se ha propuesto abanderar el diálogo en aquellas cuestiones más sensibles. Por ello, no sólo ha aceptado algunas enmiendas a los presupuestos, sino que incluso ha incorporado una partida de 150.000 euros para beneficiar a los municipios de más de 20.000 habitantes.

El Hospital Provincial de Castellón ha recuperado la normalidad tras 15 horas sin quirófanos por una avería y el lunes reanudará la dinámica normal de operaciones. A última hora de la tarde el servicio de mantenimiento ha subsanado la incidencia en el sistema de conmutación automático, reemplazando la pieza defectuosa por una nueva traída desde Barcelona. Ha sido el propio técnico de la empresa fabricante el que ha trabajado durante horas para restablecer el funcionamiento habitual del equipo.

Según ha comunicado la dirección del centro sanitario, la avería se ha debido a un corte de luz de Iberdrola a las 4:15 horas de la madrugada, que ha durado cuatro minutos y que ha afectado no sólo al hospital, sino también al barrio residencial de Castellón.

La interrupción del suministro eléctrico no ha alterado la actividad de ningún servicio crítico ni ha motivado la cancelación de consultas, pruebas diagnósticas ni tratamientos, por lo que el impacto asistencial ha sido mínimo. No obstante, una vez recuperada la luz, se ha decidido reprogramar las 37 intervenciones quirúrgicas previstas como medida preventiva.

Todos los mecanismos del centro que precisan de electricidad para funcionar han estado activos y a pleno rendimiento en todo momento, como es el caso de los aceleradores lineales, aparatos de radiodiagnóstico o resonancias magnéticas y no se ha suspendido ningún tratamiento quimioterápico, como ha asegurado la gerencia en un comunicado.

En la Unidad de Críticos del Hospital Provincial hay actualmente una persona ingresada e intubada. El personal que la atiende ha destacado que el grupo electrógeno auxiliar ha entrado en funcionamiento correctamente al detectar el corte de luz y la atención sanitaria de este servicio no ha tenido anomalías.

A pesar de que parte de los ordenadores se han desconfigurado como consecuencia del fallo eléctrico, ninguna consulta médica ha sido cancelada por esta incidencia. Sin embargo, los pacientes sí que han sufrido ciertos retrasos en la atención respecto a la hora de la cita.

El Hospital Provincial de Castellón ha cerrado provisionalmente los quirófanos como “medida de seguridad”, aplazando con ello las operaciones programadas para hoy, debido a una avería en una de las piezas del sistema de conmutación automática. El incidente se ha debido a un corte de luz de la compañía Iberdrola la pasada madrugada. Por causas que investiga la dirección del centro sanitario, a las 4,15 horas se ha producido una interrupción del suministro eléctrico por espacio de cuatro minutos. Como consecuencia de ello, y según ha informado la propia gerencia, se ha visto dañado “el sistema de luz de las zonas más delicadas”.

La electricidad se ha recuperado tiempo después al activarse un grupo electrógeno auxiliar, de manera que el resto de servicios del hospital se encuentran actualmente operativos. La dirección confía en el que el área de mantenimiento solucione la avería a lo largo del día, ya que se ha solicitado la pieza al fabricante de Barcelona.

No obstante, la incidencia ha afectado a los departamentos de atención al paciente, por lo que se están produciendo algunos retrasos en las citas y consultas. Algunos sindicatos, como CCOO, han asegurado que el percance se ha debido a la dejadez en el mantenimiento del centro sanitario.

En este sentido, el director gerente, Joaquín Sanchís, garantizó recientemente la total funcionalidad del Hospital Provincial con la reestructuración del personal, descartando la movilidad de determinados profesionales, como se había sugerido en el informe encargado a la Universitat Jaume I para determinar la viabilidad de la plantilla de trabajadores.

Los castellonenses no hablan hoy de otra cosa. Muchos miran con recelo al cielo. Otros, los que residen en el distrito marítimo, buscan en el horizonte del mar alguna evidencia de la nube de amoníaco que anoche mantuvo en alerta a los técnicos de la terminal UBE Chemical, Policía Local, Bomberos y SAMU. Durante tres horas PortCastelló activó el Plan de Emergencias Exterior a consecuencia de un accidente químico, que no comportó riesgo para la ciudadanía, según informó el 112 a través de Twitter.

El incidente se produjo sobre las 19.30 horas. Un buque, cargado del incoloro gas, perdió una de sus mangueras al soltarse en el proceso final de descarga. Aunque no hubo ningún vertido al mar, el escape obligó a actuar de inmediato. No obstante, a pesar de la rápida intervención, se generó una pequeña nube de amoníaco, que afortunadamente para la seguridad de la población se desplazó hacia el mar.

El 112 alertó del suceso a las 21.30 horas y pasadas las 22.30 horas anunció que la situación “estaba controlada” tras producirse el sellado de la manguera. Por ello, los medios presentes se fueron retirando poco a poco. Según informó el Centro de Emergencias en diferentes tuits, no resultó necesario adoptar medidas de protección contempladas en el plan de accidentes con mercancías peligrosas.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Toledo, ha destacado la diligencia de los miembros del operativo, ya que “en cuanto se produjo el vertido de amoniaco interno en un barco, el Centro de Coordinación del puerto activó el protocolo de Emergencia, con una rápida respuesta de la Agencia Valenciana de Emergencias, bomberos, policía y personal técnico de UBE y del puerto. Tras comprobar que no había habido vertido al agua y que la atmósfera del barco no revestía ningún peligro, a las 22.15 horas se dio por cerrada la emergencia”.

Lo ocurrido en el puerto ha reabierto el eterno debate sobre la terminal de UBE Chemical en Castellón y el protocolo de evacuación para la población por accidente grave. El más reflexivo en este sentido ha sido el portavoz y concejal de Castelló en Moviment en el Ayuntamiento de la capital de La Plana, Xavi del Señor, quien se ha preguntado en un comentario de Facebook: “¿Qué habría ocurrido si el viento hubiera soplado hacia el Grao o Almazora? ¿Cómo nos habrían avisado? ¿Qué hubiéramos tenido que hacer en caso de que el amoniaco hubiese llegado al pueblo? Seguimos sin saber qué hacer en caso de emergencia y recordemos que el lobo acaba llegando”.