Este año, las llegadas de migrantes por mar a Italia se han reducido al menos un 30%. Este mensaje de la Agencia europea de fronteras, Frontex, esconde el camino que, denuncian las ONG, se ha seguido para conseguirlo. Hay dos evidencias: cada vez las organizaciones de rescate se encuentran más obstáculos para ayudar a las personas a la deriva y hay más situaciones de tensión con los guardacostas libios.

A la vez, cruzar el Mediterráneo es tan mortífero como en 2016: la cifra de ahogados por intento se mantiene en una proporción similar a la de hace un año, según ha alertado la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) en su último informe. Y, en tierra, una sospecha: cada vez son más las voces que se alzan para denunciar las torturas y malos tratos que sufren los migrantes en Libia.

Un incidente del pasado 6 de noviembre ayuda a entender cómo ha cambiado la situación en el Mediterráneo Central. Ese día, una patrullera y un barco de rescate rodean una patera llena de migrantes. Desde el aire, un helicóptero controla el salvamento. Nada debería salir mal. Pero al final de la operación, al menos cinco personas se han ahogado, entre ellos un niño. Y se sospecha que podrían ser más de 50 los desaparecidos. Todo, enfrente de Libia, en aguas internacionales.

Un buque de la ONG alemana Sea-Watch se había desplazado hasta las coordenadas que el Centro de coordinación marítima de Roma había enviado. Al llegar allí asumieron la coordinación de la operación porque su barco era el más grande y el mejor equipado, como explican en un comunicado.

Por eso, contactaron por radio con el otro barco presente: los guardacostas libios. No respondieron. La marina italiana, con su helicóptero en la zona, también lo intentó. Les pedían que detuvieran los motores de su patrullera porque había gente en el agua que podía ser tragada por las hélices.

El rescate, como se puede ver en un vídeo de la organización alemana, fue caótico: había gente que flotaba junto a la patrullera y otros intentaban salvarse escalando a cubierta. Los marineros libios agredían a los rescatados, sentados en la proa, con un cabo y retiraron la escala mientras un hombre ascendía: cayó al agua.

La tripulación de Maydayterraneo, otro barco de rescate, sufrió un incidente similar el pasado 26 de septiembre pocos días después de poner en marcha sus operaciones. “Una patrullera de los guardacostas libios apareció en la zona y se acercó a nuestro barco. Los oficiales gritaban que estábamos en sus aguas territoriales y que debíamos entregarles a las personas rescatadas”, explica Iñigo Mijangos, voluntario en aquella misión. Había más de 300 personas.

Cuando el capitán del barco se negó a cumplir esas órdenes, aseguran, dos marineros libios abordaron a la ONG de rescate. El barco, llamado Lifeline, se encontraba a 25 millas náuticas, lejos de las 12 sobre las que un país tiene soberanía. Por esta razón, los voluntarios mantuvieron una discusión tensa con los guardacostas. De repente, desde la patrullera, uno de los militares disparó al aire.

Este tipo de actuaciones ha traído la incertidumbre entre los grupos de voluntarios. Además de la violencia de los guardacostas libios, Italia ha promovido un código de conducta que ha suscitado polémica al pedir a las ONG que embarquen un policía italiano armado. Estos dos aspectos han obligado a tres grupos a dejar de operar en el Mediterráneo Central: Save the Children, Médicos sin fronteras y Moas.

El mar sigue siendo inmenso, pero hay menos personas que lo vigilan. Este año, 1 de cada 41 migrantes que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo Central han muerto. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2.825 personas han fallecido en su camino a Italia en lo que va de año. El año pasado, en este mismo periodo habían muerto 4.585 refugiados y migrantes, una proporción levemente superior, 1 de cada 39.

Los efectos del acuerdo UE-Libia

Sin embargo, antes de que termine el año y se conozca la cifra total de fallecidos, contrastan los ecos de ambos lados del Mediterráneo. Lo que se escucha es la celebración del descenso de llegadas a Italia, uno de los objetivos del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Libia, destinado a frenar los flujos migratorios desde el país vecino.

A principios de año, desde Bruselas se cuantificaban unos 200 millones de euros para ampliar la formación de los guardacostas libios y para retornos voluntarios. De la primera parte de la financiación, los barcos voluntarios de rescate conocen sus efectos: ahora los oficiales de marina, alertan, son “más agresivos” que antes. Mijangos, de Maydayterraneo, lo define como “actos de piratería”.

En la otra parte de la historia, en la orilla norteafricana, varias voces denuncian las condiciones de vida de los migrantes, entre ellas la ONU. Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado para los Derechos Humanos de ese organismo ha exigido a la comunidad internacional una reacción ante los “horrores inimaginables que sufren los migrantes en Libia” y ha calificado de “inhumana” la cooperación de la UE con la Guardia Costera de ese país.

En un comunicado, recogió el testimonio de una mujer de origen subsahariano que había sido violada por cuatro hombres. Uno de ellos, un vigilante del centro de la Dirección de Combate a la Migración Ilegal donde estaba recluida. Además, la cadena de televisión estadounidense CNN probó con un vídeo la existencia de mercados de esclavos en Libia. En las imágenes, un nigeriano es vendido por 800 dólares a las afueras de Trípoli.

Los voluntarios, como el equipo de Maydayterraneo, han sido testigos de cómo hay gente que prefiere morir ahogada antes que volver al país norteafricano. Iñigo Gutiérrez, uno de ellos, recuerda cómo un hombre saltó al mar tras ser rescatado. “Le transferimos a un barco más grande que opera entre Italia y Libia, con bandera del segundo país”, explica. “Pensó que iba a ser llevado de vuelta a la cárcel”, argumenta.

La fosa común del Mediterráneo

El Mediterráneo, y así lo demuestran las cifras de la OIM, sigue siendo la frontera más mortífera del mundo. Los tripulantes de Maydayterraneo encontraron el pasado 10 de noviembre un cadáver a unas 24 millas náuticas de Libia. Era un hombre de unos 30 años. Llevaba de tres a cinco días muerto, según el médico de la ONG. “Flotaba porque los gases que emanan del cuerpo tras la muerte lo habían hinchado”, cuenta Manuel Elviro, voluntario de la organización.

Por la zona en la que fue localizado, podría ser una de las víctimas del rescate que realizó Sea-Watch o de otro suceso que se produjo el día 3 de noviembre: el buque Cantabria de la marina española recuperó los cuerpos sin vida de 26 mujeres. Aun así, el resto de migrantes que viajaban en la patera alertaron de que otras 64 personas habían desaparecido en el mar.

Posiblemente, las olas devuelvan a alguna playa de Libia algunos de estos cuerpos. Se sumarán a la estadística de fallecidos, puesto que solo se cuentan los casos donde hay evidencias. En su memoria, la tripulación de la misión de salvamento guardó dos minutos de silencio rotos por la bocina del barco. “No solo nos salvamos a nosotros mismos, con estos actos de dignidad estamos recuperando lo que es Europa, sus valores”, subraya Elviro.

Para el personal de rescate, como el caso de Elviro, encontrar un cadáver en el mar es la peor noticia. Por eso, apunta, son necesarios estos homenajes. “Quiero que la familia de esa persona sepa que le honramos con respeto, si fuera mi hermano querría ese tipo de trato”, dice.

Piedad Córdoba habla con seguridad: lleva las últimas décadas de conflicto en Colombia marcadas en su voz. Fue secuestrada por los paramilitares y se marchó al exilio. Volvió y en 2007 entabló conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para liberar a los prisioneros y buscar la paz. Por estos contactos fue inhabilitada por la justicia para ejercer la política, aunque años después, revocaron la sentencia.

Córdoba había sido, durante 16 años, senadora del Partido liberal. En su etapa parlamentaria, destacó como defensora de los pueblos indígenas, la población afrodescendiente o la comunidad LGTBIQ. En 2005 creó Poder ciudadano, un movimiento político de izquierdas que aspira al gobierno. Piedad Córdoba (Medellín, 1955) ha visitado Madrid para dar una charla en los Cursos de verano de la Complutense.

Desde la tribuna, cita datos macroeconómicos y esboza un programa de gobierno para las presidenciales de 2018, a las que el pasado 9 de agosto se inscribió como candidata. Esta cita electoral, sin la sombra armada de las FARC y, posiblemente, tampoco del ELN, en conversaciones de paz con el Gobierno, abrirá una nueva época en Colombia. El conflicto armado ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados desde 1964.

Córdoba subraya el momento actual del país, tras el acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016. La clave, dice, es la reforma agraria, repartir la tierra. Ella es optimista: “La paz es un punto de partida, no de llegada”. Sin embargo, finalmente, su voz se convierte en un llanto disimulado cuando recuerda el horror del conflicto.

Ha anunciado este verano que se presenta en 2018 a las elecciones presidenciales, ¿qué propone para la Colombia posguerrilla?

Lo que requiere este país es una serie de reformas como la industrialización o la revisión de los tratados de libre comercio que no han dejado nada bueno a Colombia. Estos temas tienen que ser la base de la implementación de los acuerdos de paz, porque quien vaya a garantizar la aplicación de la hoja de ruta no puede hacerlo como recitando un versículo de la Biblia. Puede decir que está de acuerdo y, luego, le toca ponerse a pedir impuestos a las multinacionales y no lo hace.

La discusión está también en qué sectores de la economía se van a modificar. El campo no es para las grandes empresas, sino para ese grupo de campesinos y campesinas que no tienen acceso al crédito, que no saben leer ni escribir y que hay que acompañar para que hagan proyectos productivos.

Dice que la gente en Colombia ha visto tanto horror (hornos crematorios para campesinos, hombres arrojados a caimanes, etc.) que muchas veces ni siquiera quieren escuchar más historias. ¿Cree que esto es un obstáculo para la reparación de las víctimas?

Sería un error no hablar de eso. La gente que sufre entra en un estado de negación y se siente hasta cierto punto responsable de lo que le pasó. Las mujeres violadas creen que las culparán. Los hombres viven atemorizados, desvirtuados de su cultura patriarcal que dice que tienen que ser un macho que no puede llorar. Pero las víctimas tienen que contar el horror que han vivido. En Colombia todavía hay gente que no se cree lo que pasó. Y hay que levantar muros emocionales que impidan el regreso de este horror humillante.

En la consulta gubernamental sobre los acuerdos de paz, ganó el no de manera ajustada, ¿cómo ve a la sociedad colombiana frente a la paz? ganó el no de manera ajustada

Hay una guerra sucia desde los medios de comunicación para impedir las transformaciones en el campo que el Gobierno pactó con las FARC. La reforma agraria recoge que la tierra hay que repartirla, entregarla a los campesinos. Y a muchos de los dueños de los medios no les interesa porque también son los propietarios de muchas fábricas para la producción de alimentos. Hacen creer a la población que lo peor que pudo pasar fue la firma de la paz.

¿Estaba más interesado en el acuerdo las FARC que el Gobierno?

Sí, creo que la insurgencia quiso demostrar a la sociedad colombiana cuál era el objetivo de su lucha. Entendió que en este mundo globalizado hay otros tipos de violencia como la miseria y la pobreza pero que ya no se pueden enfrentar con las armas.

En cambio, el Gobierno ha hecho tan poca pedagogía de los pactos que parece que busca más cerrar el conflicto que integrar a sus actores en la política. Por eso dudo de su compromiso por seguir con los acuerdos sobre todo en cuanto al cambio de modelo económico y agrario.

¿Corre riesgo el proceso?

Las FARC han dejado las armas pero ahora hay toda una tarea por delante de construcción de un Estado. Es decir, 9 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza es una cifra absolutamente provocadora en términos de desestabilización social. Con un salario mínimo de 240 dólares al mes una familia no puede sobrevivir. En el momento en el que estamos, vamos hacia la repetición del conflicto si no hay una reforma económica de Colombia.

En el acuerdo, las víctimas son uno de los ejes centrales, en cambio, no se crea un relato de los victimarios, ¿habrá culpables que nunca sean señalados?

La ley colombiana de Justicia y Paz dio a conocer a muchos de los responsables de las masacres, los desplazamientos o la desaparición forzada. Lo que falta por saber es quién dio la orden de convertir en enemigos internos a los luchadores sociales.

Los aproximadamente 7.000 guerrilleros de las FARC desmovilizados, ¿podrían convertirse en víctimas al no ser aceptados por la sociedad?

Puede haber una repetición de lo que ocurrió con la Unión Patriótica [grupos de exguerrilleros que abandonaron las armas en los 80 y fueron exterminados por paramilitares y el Gobierno]. Frente a la exinsurgencia se ha generado toda una matriz de opinión que dice que no se merecen nada. En Colombia en lugar de lograr una desparamilitarización, lo que estamos viviendo es una reparamilitarización sobre todo en zonas donde anteriormente habitaba la guerrilla.

Ha denunciado que el número de atentados contra activistas opositores está aumentando.

En 2017, ya son 54 líderes sociales los que han sido asesinados. El Estado no hace absolutamente nada para detenerlo.

¿Tiene miedo?

Claro que tengo miedo. Lo que pasa es que si te logra paralizar, estamos jodidos. En cambio, si pienso que vale la pena vivir, ponerse a luchar por los seres humanos, el miedo para mí ya no es un freno de mano, todo lo contrario.

En 1997 fue secuestrada y tras la liberación se exilió a Canadá, ¿por qué decidió volver a Colombia?

Quería impedir que Álvaro Uribe llegara al poder. Nuestra política era frenar la consolidación de un estado neoliberal que se parapetaba en el paramilitarismo y en el feudalismo.

Uribe le autoriza a entrar en contacto con las FARC en 2007. Tres años después la inhabilitó como política por su nexo con la guerrilla. Finalmente, fue absuelta. ¿Cómo explica estos hechos?

El presidente de Colombia, de una manera muy cínica, no escuchaba las solicitudes y los lamentos de la gente que le pedía que permitiera a alguien que facilitara la liberación de los presos en manos de la guerrilla. Yo le comuniqué que Hugo Chávez nos había dicho que nos ayudaría.

En cambio, Uribe usó este proceso como una estrategia para saber si teníamos contacto con la guerrilla. Y empezaron los seguimientos, interceptaciones y nos descalificó ante la opinión pública. A pesar de lo que significó, fue una experiencia muy importante. No me arrepiento de nada de lo que hicimos porque eso nos llevó a donde estamos hoy.

¿Qué puede aprender España del modelo colombiano de paz?

España debe reconocer en ETA a un actor político. La lucha armada se da en razón de un sistema político, social y económico que desconoce el pensamiento diferente. Tiene mucho que ver con una democracia de papel.

Después de la época franquista actores como ETA tendrían que haber tenido todo el derecho a ser escuchados y sentarse a dialogar como pueblo que exige su liberación. En España no ha habido una narrativa itinerante para decir que fue importante que dejaran las armas.

Tenemos que aprender de la lucha de las FARC y de ETA: creo que fueron y han sido muy generosos en la decisión de dejar las armas e integrarse en la sociedad como iguales. Pero pervive el interés de verlos como demonios que amenazan la tranquilidad de la sociedad española.

¿Cómo ha sufrido la mujer la violencia en Colombia?

Nosotras fuimos el pegamento social del país porque hubo regiones como Pacífico o Caribe donde en muchos pueblos solo quedaban las mujeres. Los hombres fueron asesinados. Así que nosotras nos movilizamos. Todas las conquistas en materia de derechos humanos en estos años fue gracias a grupos de mujeres.

“Y ahora, ¿quiénes van a ser los siguientes?”, pregunta nervioso Abdulbased, un refugiado sirio procedente de Homs que, junto a cerca de 150 compañeros, lleva cuatro días acampado en el puerto de la isla griega de Quíos. Desde que lograron escapar del centro de detención donde la Unión Europea encierra a todos los recién llegados, protestan contra las deportaciones que este lunes empezaron a causa del acuerdo UE-Turquía. De madrugada, cuando muchos dormían y otros observaban temerosos, 66 personas, la mayoría de origen afgano, fueron devueltas a la costa turca.

Sus pancartas piden no volver a territorio turco y la apertura de fronteras europeas. La policía griega apareció a las 4.30 horas de la madrugada del lunes, estableció un cordón de seguridad en el puerto y trasladó a los refugiados desde el campo de Tabakika. Según la información del Gobierno griego, en ese primer barco embarcaron 42 afganos, 10 iraníes, 6 paquistaníes, un indio, un somalí, un refugiado de Costa de Marfil y 5 congoleños.

La tensión se había extendido por Quíos días antes, cuando las autoridades griegas comenzaron a preparar el terreno para las deportaciones. Las fuerzas de seguridad dentro del campo de detención de Quíos –donde todos los refugiados y migrantes son encerrados de forma sistemática desde el 20 de marzo– “empezaron a separar a los internos por nacionalidades, los sirios en un lado, los afganos en otro y así con el resto de refugiados”, explica Mahmood, un kurdo de Siria. En ese momento, había más de 1.000 refugiados detenidos.

La policía preguntó uno a uno su número de identificación. Cuando coincidía con alguno de los incluidos en la lista de deportación, lo separaban. “En cuanto supieron que iban a ser enviados a Turquía otra vez gritaron y se pelearon con los agentes. Algunos tuvieron que ser esposados”, narra Mahmood.

Ali, un hombre de origen afgano grabó el momento en el que se desencadenó la protesta en el interior del campo. Asegura que la mujer que aparece en el suelo fue golpeada en la cabeza por un agente. Esa es la razón por la que, según indica a eldiario.es, otra joven grita furiosa a los policías.

Mahmood consiguió escapar el 1 de abril del centro de detención de Quíos, después de que tras varios días de peleas, un grupo de refugiados rompiera la verja del campo.

La fuga de Vial precipitó la liberación por parte del Gobierno griego de decenas de personas. El campo estaba al doble de su capacidad y las peleas entre afganos y sirios se producían a diario. “Yo soy iraní y con mi familia no nos metíamos en problemas, teníamos mucho miedo, así que en cuanto pudimos, nos marchamos”, explica Bahfar en el puerto de Quíos.

La presencia de refugiados en la ciudad provocó una manifestación de neonazis a las puertas del campo de Tabakika, donde la policía ha internado a las personas que quiere deportar. “Dos conocidos líderes de la extrema derecha vinieron el domingo a medianoche con otros vecinos de la isla mientras los voluntarios mostrábamos nuestro apoyo a los refugiados”, explica un activista local a eldiario.es. Hubo una carga policial que incrementó la tensión horas antes de las deportaciones.

Desinformación sobre el proceso de asilo

La acampada del puerto de Quíos resiste aunque se va desangrando poco a poco. Cada vez son menos los refugiados que optan por pasar la noche. Según las exigencias de la policía, para continuar con el proceso de asilo deben volver al centro de detención para entrevistarse con las autoridades. Pero, a su vez, temen acabar de nuevo encerrados en el lugar que tantos problemas les trajo.

A la saturación del centro de detención de Quíos se suman las duras condiciones en las que los refugiados y migrantes, entre ellos decenas de niños, se ven obligados a vivir. Sin colchones, mantas ni comida suficiente, según denunciaban en este vídeo varias personas internadas.

“Durante estos días hemos recuperado la libertad que habíamos perdido en esa prisión, no queremos volver a ser prisioneros”, reflexiona Abdulbased. Después, pregunta: “¿Por qué toda la gente habla del día 20 de marzo?”. El tratado entre la Unión Europea y Turquía determina que todos los refugiados que hayan cruzado la frontera después de esa fecha serán devueltos automáticamente.

“Mi mujer, mi hija y yo llegamos aquí el 19 de marzo a las 6 de la mañana. Nos internaron en Vial –centro de detención de Quíos– pero no fuimos inscritos por la policía hasta el 29”, expone Mahmood, kurdo de Siria. “¿Qué ha pasado con el proceso de asilo?, ¿continúa?”, concluye.

La incertidumbre no solo pesa sobre Mahmood. La desinformación y el caos rodean desde el principio la aplicación del acuerdo. Según los datos facilitados por Acnur a las ONG que trabajan en la isla, solo 300 personas han pedido que se estudien sus casos. Ahora, muchos de los refugiados acampados piden la información a la que aún no han tenido acceso. La policía no se la proporciona e insiste: deben volver al centro de detención de donde escaparon.

La policía quiere terminar con la acampada y desalojar a los refugiados. Tratan de convencerlos con la idea de que en el campo de Souda, otro centro de la isla, estarán mejor. A la vez, presiona para que los voluntarios no repartan comida, agua o ropa a los que continúan con la protesta. “No sabemos si mañana nos deportarán por esto, pero manifestarnos es lo único que podemos hacer, pasaremos hambre y sed pero no queremos rendirnos antes de ser expulsados”, sentencia Abdulbased, un joven que vino desde Homs a Europa.