«Migrantes», «musulmanes», «ecologista», «feminista», «votantes de PP y PSOE», «colectivo LGTB» son categorías que aparecen con regularidad en la prensa y en el debate público. Estas, en concreto, han aparecido recientemente en este mismo diario. Todas hacen referencia a identidades sociales o grupales, que no son más que la forma en que las personas nos identificamos a nosotros mismos y a los demás con un colectivo. En las ciencias sociales, la teoría dominante para entender cómo funcionan estas categorías es la «teoría de la identidad social», desarrollada por psicólogos sociales como Henri Tajfel y John Turner. Según esta teoría, la identidad social se refiere a la categorización social de uno mismo y de los demás; es decir, nos identificamos como pertenecientes a un grupo o categoría social al que atribuimos valor y emociones, y hacemos lo mismo para el resto de personas, contraponiendo nuestro grupo a otros. Un componente importante de esta teoría es que las identidades resultantes nos inducen sentimientos positivos hacia aquellas personas que son como nosotros, con las que compartimos categoría, y sentimientos negativos hacia los que son diferentes, y que situamos fuera.

¿Qué sentimientos nos suscitan identidades como las mencionadas anteriormente en España? Hace nueve años, en este blog, ya comentábamos que las identidades políticas eran las que generaban sentimientos más extremos, tanto hacia los nuestros como hacia los otros. Entonces, descubrimos que, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, Bélgica y el País Vasco, la discriminación basada en el partido político con el que uno se identifica era mayor que la discriminación racial en Estados Unidos, religiosa en el Reino Unido, regional en Bélgica y la basada en el origen (ascendencia autóctona o no) en el País Vasco. ¿Sigue siendo así? ¿Nos genera la política unos sentimientos de hostilidad mayores que cualquier otra identidad?

Para responder a estas preguntas, los científicos sociales utilizamos un instrumento llamado termómetro de sentimientos. Este termómetro funciona de manera muy sencilla. Preguntamos a los participantes de una encuesta cómo se sienten con respecto a una serie de grupos de personas. Para expresar sus sentimientos, deben situarse en una escala «térmica» de 0 a 100, donde 0 grados significa que se sienten lo más fríos y negativos posible, y 100 grados significa que se sienten lo más cálidos y positivos posible. Un estudio realizado en los Países Bajos, que utilizaba veintisiete categorías (votantes, actitudes frente a la inmigración o hacia los roles de género, etc.), concluía que las categorías que generaban mayores divisiones eran políticas, seguidas de las actitudes hacia los roles de género y las actitudes hacia los refugiados. Este trabajo es uno de los pocos realizados en el contexto europeo midiendo la «primacía del partidismo» sobre otras divisiones sociales, un fenómeno que se ha replicado en innumerables ocasiones en Estados Unidos.

Hace un año, decidimos estudiar este fenómeno en España en el marco del proyecto NORPOL, financiado por la Agencia Estatal de Investigación. En una muestra representativa de 3000 personas de la población española, incluimos un termómetro de sentimientos con veinticinco categorías. Nuestro termómetro tiene dos peculiaridades que complementan los resultados obtenidos hasta la fecha en otros países. En primer lugar, garantiza que para cada categoría haya al menos otra que se contrapone, permitiendo agrupar categorías o identidades excluyentes que delimitan un grupo propio y un grupo ajeno. Por ejemplo, introducimos «ecologistas» y «negacionistas del cambio climático» como identidades contrapuestas. En segundo lugar, varios conjuntos de identidades incluyen más de dos categorías. Por ejemplo, en términos de religión incluimos «católicos», «musulmanes», «judíos» y «ateos». Todos los datos del proyecto estarán disponibles de forma abierta en breve en el repositorio institucional del CSIC.

El gráfico 1 muestra nueve conjuntos de identidades y el sentimiento que despiertan los miembros de nuestro grupo (punto azul) y los de otros grupos (punto rojo). Si hay varios grupos, se muestra tanto el sentimiento hacia el grupo que genera más hostilidad (punto rojo) como la media de los sentimientos hacia los grupos que no son el nuestro (punto gris). Por ejemplo, para un católico, el punto azul representa el sentimiento hacia otras personas católicas, el punto gris recoge el sentimiento medio hacia musulmanes, judíos y ateos, y el punto rojo el sentimiento más negativo (o de valor más bajo) hacia uno de esos grupos externos.

Los resultados se alinean con los obtenidos hasta la fecha en otros países. El sentimiento hacia nuestro grupo (azul) casi siempre se sitúa por encima del sentimiento hacia otros grupos (gris y rojo). Además, se observan diferencias significativas entre los distintos conjuntos. En el caso de la educación (estudios superiores y estudios bajos) y la región (comunidad autónoma y España), las diferencias son mínimas. En el caso del colectivo LGTB y los heterosexuales, las diferencias también son muy pequeñas, reflejando el gran consenso que sobre este tema muestran las encuestas en España. Otros conjuntos muestran una hostilidad moderada hacia los demás, como las categorías étnicas (personas migrantes de distintos orígenes y población gitana), fútbol (aficionados del Real Madrid y FC Barcelona), roles de género («feministas» y «personas con una idea tradicional de las mujeres»), religión y ecologismo.

Ninguna categoría provoca sentimientos tan extremos como la política. La media de los sentimientos hacia nuestro partido se sitúa en ochenta puntos, la más alta entre los sentimientos positivos, mientras que la media de los sentimientos hacia el partido que más odiamos baja de los diez, la más baja entre los sentimientos negativos. En concreto, el sentimiento más positivo se da entre los votantes de VOX, que valoran a otros votantes de VOX en media con 83 puntos; y el más negativo es de 8 puntos y se da entra los votantes de SUMAR y VOX.

No es de extrañar que los conflictos raciales y los avances y retrocesos de las agendas verde y feminista estén íntimamente ligados a las disputas partidistas. Como no nos cansamos de decir, la política es el espacio social que permite canalizar los sentimientos y comportamientos más extremos de las sociedades contemporáneas. Hace algo más de un año, intentábamos explicar por qué. Contábamos que las normas sociales contra la discriminación son más débiles en el terreno político y que, independientemente de si siempre ha sido así o no, conviene reforzar las normas que han hecho posible la convivencia en otros ámbitos sociales. Hoy no traemos soluciones milagrosas, solo el compromiso de intentar seguir entendiendo este auge incontrolado del partidismo en las sociedades contemporáneas.

¿Sigue teniendo sentido hablar de las dos Españas? Un análisis empírico de valores, estilos de vida y actitudes políticas muestra una división nítida entre dos grandes bloques sociales y culturales.

Cada cierto tiempo, alguien en la esfera pública española recurre al mito de las dos Españas para explicar el presente. La última ocasión fue este mismo lunes, cuando el exministro socialista Jordi Sevilla apeló a él en el manifiesto Socialdemocracia 21, recurriendo a la imagen del duelo a garrotazos goyesco: “Un proyecto que huya del mito de las dos Españas condenadas a relacionarse a garrotazos”. No es una metáfora menor. Sobre las dos Españas se han escrito tratados académicos de referencia, como la Historia de las dos Españas de Santos Juliá, que enlaza el mito con dos siglos de debates intelectuales sobre la centralización y la autonomía territorial, el papel de la Iglesia, el alcance de los derechos individuales o el ritmo de la modernización cultural. Pero más allá de su potencia simbólica y de su arraigo histórico, cabe preguntarse si hoy tiene sentido seguir hablando de dos Españas como algo más que un recurso retórico: ¿existe realmente una fractura social profunda que se exprese en la vida cotidiana, en los valores, los gustos y los estilos de vida de la ciudadanía?

Esa es precisamente una de las preguntas que nos planteamos en el marco del proyecto NORPOL, del que ya he ido comentando algunos resultados en Piedras de Papel (aquí, aquí y aquí). Lo que traigo hoy es un nuevo estudio que presenta el análisis más completo hasta la fecha de la encuesta principal del proyecto, diseñada para caracterizar cómo se estructuran actualmente las tendencias políticas y culturales en España. El estudio se apoya en más de doscientas variables que recogen preferencias, gustos, actitudes y creencias de la población adulta, y cuyos datos pueden consultarse en abierto en el repositorio de DIGITAL.CSIC. A partir de este material, el objetivo es evaluar hasta qué punto las divisiones ideológicas contemporáneas se reflejan también en formas diferenciadas de vivir, consumir cultura y relacionarse con el mundo social.

La encuesta se organizó en seis grandes bloques temáticos: aficiones, movilidad y transportes, relaciones afectivas, valores morales, actitudes y sentimientos políticos, y variables sociodemográficas. El primer paso del análisis consistió en reducir las decenas de variables incluidas en los cinco primeros bloques a un número manejable de dimensiones sintéticas. En concreto, construí ocho índices que permiten caracterizar a la población en función del tipo de ocio que practica, sus gustos musicales, su relación con la actividad física, sus concepciones sobre el amor y la familia, sus valores morales, sus preferencias políticas y sus sentimientos hacia distintos grupos sociales.

Como han mostrado otros trabajos para distintos países —especialmente para Estados Unidos—, en España estas dimensiones no aparecen aisladas, sino estrechamente relacionadas entre sí. La figura 1 resume estas asociaciones mediante una matriz de correlaciones entre los distintos índices. El color verde indica una relación positiva entre dos dimensiones, mientras que el rojo señala una relación negativa; la intensidad del color refleja la fuerza de esa asociación. Se observa, por ejemplo, que los valores morales conservadores —que incluyen actitudes como la valoración del mérito, la autoridad o la lealtad— están fuertemente vinculados a una concepción romántica y tradicional del amor. De forma paralela, el apoyo a políticas progresistas —como el control del precio del alquiler o el derecho al aborto— se asocia positivamente con sentimientos favorables hacia minorías religiosas, nacionales o sexuales. En sentido contrario, los valores morales conservadores muestran una relación negativa clara tanto con el apoyo a políticas progresistas como con las actitudes positivas hacia las minorías, lo que apunta a la existencia de paquetes coherentes de valores, creencias y sensibilidades culturales.

Una vez comprobado que los distintos índices están relacionados entre sí, el siguiente paso fue utilizar varios algoritmos de clasificación para explorar cuál es la forma más adecuada de agrupar a la población española en función de sus estilos de vida y actitudes. El resultado principal de este ejercicio es contundente: la solución que mejor se ajusta a los datos distingue exactamente dos grandes grupos. Como muestra la figura 2, el grupo progresista se caracteriza por una alta participación en ocio cultural, el consumo tanto de músicas cultas como alternativas, una mayor práctica deportiva, un amplio apoyo a políticas progresistas y sentimientos positivos hacia las minorías. En contraste, el grupo conservador destaca por la centralidad de valores morales conservadores y por actitudes más favorables a una concepción romántica y tradicional del amor. La separación entre ambos perfiles sugiere que las divisiones ideológicas en España no se limitan a la política electoral, sino que estructuran conjuntos coherentes de prácticas culturales, valores y sensibilidades sociales.

Estos dos grupos también difieren de forma muy marcada en sus características sociodemográficas. El perfil conservador está compuesto, en promedio, por personas de mayor edad, con mayor probabilidad de vivir en pareja y de tener hijos, con niveles más bajos de educación e ingresos y una menor concentración en entornos urbanos. En términos ocupacionales, predominan los empleos medios y bajos, especialmente en sectores como la hostelería, la seguridad o los trabajos administrativos y de ventas. El grupo progresista, por el contrario, presenta una mayor presencia de ocupaciones científicas y profesionales, así como una proporción significativamente más alta de personas no heterosexuales. Resulta llamativo que, pese a estas diferencias, exista una variable que no distingue en absoluto entre ambos grupos: el género, con una presencia prácticamente idéntica de hombres y mujeres en cada uno de ellos.

En España no hemos dejado de hablar de polarización política en los últimos cinco años. Sin embargo, casi todo el foco se ha puesto en su dimensión afectiva: los sentimientos negativos, la desconfianza y los comportamientos hostiles que hoy despierta la política. Mucho menos nos hemos preguntado por las diferencias de fondo. Si los dos grandes bloques que dividen actualmente a la sociedad española no solo discrepan en sus posiciones políticas, sino que están asentados sobre visiones del mundo profundamente contrapuestas —en valores, estilos de vida y formas de entender las relaciones sociales—, entonces las consecuencias del cambio político pueden ser mucho más profundas y duraderas de lo que suele asumirse.

Puede que exista una versión contemporánea de las dos Españas, adaptada al siglo XXI y alejada ya de sus formulaciones históricas. Pero, si es así, más nos vale conocerla con precisión empírica, para que el debate público se apoye en diferencias reales —de valores, prácticas y modos de vida— y no se limite a reproducir un mito secular convertido en atajo retórico.

El discurso político suele adoptar un lenguaje moral, una división del mundo entre buenos y malos. Algunos se refieren a esta moralización como sectarismo y lo definen como la tendencia a adoptar una identificación moralizada con un grupo político y en contra de otro. Lo hemos visto recientemente en la campaña de las elecciones estadounidense o en la comunicación de la crisis provocada por la DANA en Valencia. Esta moralización puede generar división social si los grupos políticos adoptan valores morales distintos. El mayor problema se da cuando esta división deriva en intolerancia acerca de cómo piensan los otros. Pero, ¿realmente los valores morales dependen de nuestra ideología?

Algunas investigaciones recientes nos pueden dar pistas sobre esta pregunta. La línea que seguiré aquí es la que ha popularizado el psicólogo moral Jonathan Haidt y sobre la que se pueden encontrar multitud de referencias en su web MoralFoundations.org. El subtítulo del celebrado libro de Jonathan Haidt La mente de los justos era: por qué la política y la religión dividen a la gente sensata. Una respuesta rápida es porque la política tiene mucho que ver con la religión o, dicho de otro modo, porque las dos comparten las mismas bases morales. La teoría de los fundamentos morales de Haidt y Graham sostiene que, a pesar de las grandes diferencias entre culturas, podemos encontrar elementos comunes en la moralidad de poblaciones diversas alrededor del mundo. Esto se debe a que los humanos disponemos de sistemas psicológicos innatos que dan lugar a intuiciones éticas.

La teoría de los fundamentos morales tiene apenas dos décadas y, hasta hace muy poco, la mayoría de estudios empíricos sobre la misma se centraban en Estados Unidos. Sin embargo, en 2023 se publicó una investigación sobre 19 poblaciones alrededor del mundo y este año en el IPP-CSIC hemos realizado un estudio dentro del proyecto NORPOL que nos permite disponer de los primeros resultados sobre esta teoría en una muestra representativa de la población española. En esta entrada presentaré de forma sucinta la versión más reciente de la teoría de los fundamentos morales de Haidt y Graham, mostraré datos de su estudio internacional reciente y terminaré centrándome en la relación entre ideología y moralidad en España.

En su formulación más reciente Haidt y Graham se refieren a seis fundamentos morales presentes en mayor o menor medida en la mayoría de sociedades: el cuidado, la igualdad, la proporcionalidad, la lealtad, la autoridad y la pureza. El cuidado se relaciona con el apego y la capacidad para sentir el dolor ajeno; es la base de las virtudes de la bondad, la amabilidad y la protección. La igualdad tiene que ver con las intuiciones sobre la igualdad de trato y de resultados entre personas. La proporcionalidad se refiere a las intuiciones sobre la recompensa a los individuos en proporción a sus méritos o contribuciones. La lealtad se activa siempre que se dan situaciones de “uno para todos y todos para uno”; subyace a las virtudes de patriotismo y abnegación por el grupo. La autoridad es la base de las virtudes de liderazgo y seguimiento, incluida la deferencia hacia figuras de autoridad y el respeto a las tradiciones. Finalmente, la santidad o pureza se fundamenta en las virtudes de autodisciplina, superación, naturalidad y espiritualidad.

En distintas investigaciones anteriores, los valores de cuidado e igualdad han sido identificados como valores “individualizadores” y están más presentes en las poblaciones WEIRD (blancas, educadas, industrializadas, ricas y democráticas, por sus siglas en inglés). Los valores de lealtad, autoridad y santidad están más presentes en poblaciones que no comparten algunas de estas características. También existen diferencias por religiones. Las poblaciones donde predomina el islam puntúan de forma más alta en todos estos fundamentos morales y las que no profesan ninguna religión de forma más baja, situándose las cristianas en una posición intermedia.

Más allá de las diferencias entre grupos, resulta especialmente interesante que el ranking de importancia de estos 6 fundamentos morales es muy estable en distintas sociedades. Para poder comparar el estudio de Atari y otros y el nuestro, en la Figura 1 utilizamos las mismas medidas de encuesta para ambos. En concreto, presentamos tres conjuntos de datos: los referidos a los 19 países del estudio internacional (puntos amarillos), la media de los países europeos (Bélgica, Francia y Suiza) incluidos en esa muestra (punto azul) y los datos que nosotros hemos obtenido para España (punto rojo).

Fuente: Elaboración propia a partir de Atari y otros y del proyecto NORPOL del IPP-CSIC.

En los tres conjuntos de datos observamos un ordenamiento de principios morales similar: cuidado/autoridad, proporcionalidad, lealtad, igualdad y pureza. En el caso de los tres primeros las diferencias entre grupos de países son minúsculas. Se trata de tres principios compartidos y altamente valorados por estas sociedades. En los principios menos valorados encontramos algunas diferencias. La igualdad es más importante en países del centro de Europa que en España o el conjunto de la muestra y la lealtad y pureza son mucho menos importantes en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de Atari y otros y del proyecto NORPOL del IPP-CSIC.

Los datos de la población española de la Figura 2 muestran algunos patrones similares a los observados en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, y otros que son diferentes. Entre las similitudes encontramos que las personas de derechas valoran más la autoridad y la proporcionalidad como principio de justicia. Las personas de izquierdas tienen como valor principal el cuidado. Sin embargo, este último valor también es bastante valorado por las de derechas. En cuanto a lealtad y santidad, aparecen como menos valorados por el conjunto de la sociedad, aunque bastante mejor puntuados para los de derechas. En este sentido, se cumple el hecho, observado en otros países, de que la izquierda es monocromática en cuanto a valores, valorando muy positivamente sólo el del cuidado y la derecha es más poli-cromática, uniendo al cuidado las cuestiones de autoridad y proporcionalidad.

Más allá de los resultados concretos, resulta fascinante que las diferencias morales tengan que ver más con características individuales como la religión o la ideología política que con el país donde uno vive. Por supuesto, separar a la persona de su contexto no es completamente posible y las influencias mutuas son enormes. Aun así, que la moralidad esté tan relacionada con nuestra ideología puede ayudarnos a entender por qué muchos conflictos sociales actuales no se producen entre países, sino en el interior de cada sociedad.

Como ocurre en otros ámbitos de la vida, nuestras creencias sobre el amor y las relaciones afectivas están relacionadas con nuestra ideología.

¿Queda algo que decir sobre la polarización en España? En los últimos dos años hemos escrito tanto sobre el tema que uno pensaría que ya no queda nada nuevo que aportar. Sin embargo, hay toda un área de investigación de la que apenas tenemos información en nuestro país: la polarización social o cotidiana. Con este concepto me refiero a la diferenciación social, demográfica y geográfica creciente de los votantes de los diversos partidos. En nuestro día a día (de ahí lo de cotidiana) vivimos en burbujas rodeados de personas que son y piensan como nosotros. Sobre este tipo de polarización aún disponemos de pocos estudios, especialmente fuera de Estados Unidos, pero probablemente sea la que tenga una mayor influencia en el futuro de nuestras sociedades. La división entre personas y grupos con distinta afinidad partidista trasciende lo ideológico o emocional y alcanza cuestiones como los gustos, los estilos de vida y los lugares de residencia. En Estados Unidos se asocia una bebida como el café latte con la ideología progresista y se habla del liberal latte. El estilo de vida urbano, la alimentación ecológica o ir en bicicleta se asocian al progresismo, mientras que la música country o moverse en un SUV se asocian a la ideología conservadora.

¿Qué sabemos sobre la polarización cotidiana en España? Gracias al proyecto NORPOL financiado por la Agencia Estatal de Investigación, en el mes de junio finalizamos una encuesta online a una muestra representativa de 3.000 españoles mayores de edad sobre distintos aspectos relacionados con la polarización, especialmente en su vertiente cotidiana. Algunos resultados se ajustan a los estereotipos que muchos podemos tener. Por ejemplo, los votantes de partidos de izquierda declaran realizar más actividades culturales, como ir a conciertos o museos. Por otra parte, los votantes de VOX tienden a practicar más actividades como el boxeo, la caza o los deportes de motor que el resto de votantes. Existen numerosas otras diferencias, especialmente a medida que nos movemos de las prácticas cotidianas políticamente neutras a cuestiones de opinión o que han sido politizadas en las últimas décadas, como ser vegetariano. Pero hoy quiero detenerme en un tema concreto y poco explorado desde la lógica de la ideología o el partidismo: el amor.

La primera de las figuras que incluyo en esta entrada muestra el porcentaje de votantes de cuatro grupos políticos que están bastante o muy de acuerdo con cuatro afirmaciones sobre el amor: “el amor verdadero lo puede todo”, “para cada persona existe alguien que es una media naranja”, “se puede estar enamorado/a de varias personas al mismo tiempo” y “se pueden tener relaciones sexuales con alguien sin querer a esa persona”. En las barras verticales muestro el porcentaje del total de personas encuestadas que están bastante o muy de acuerdo con cada afirmación (barra gris) y el porcentaje de votantes de cada grupo político que lo está (barras de colores).  Con respecto a las cuatro afirmaciones encontramos un patrón similar: una diferencia clara en la postura de los votantes del PP y los de las formaciones más a la Izquierda (SUMAR y Podemos) y posiciones intermedias entre los votantes del PSOE y VOX. Así, los votantes del PP destacan por creer en el amor para toda la vida; creen que el amor verdadero es todopoderoso y que existen las medias naranjas. Por otra parte, los votantes de la Izquierda destacan por desvincular relaciones afectivas y sexuales y también por ser los que más creen en el poliamor. Las posiciones de los votantes del PSOE y VOX están muy cerca entre sí en cada una de las frases. Estos resultados no cambian si restringimos la muestra a menores de 35 años; cambian los porcentajes totales, pero no la posición relativa de los votantes de los cuatro grupos políticos.

En la segunda figura muestro tanto el uso de aplicaciones de citas tipo Tinder como dos preguntas que proceden de una batería sobre cuestiones morales. Según nuestra encuesta, los votantes de las formaciones que se encuentran en los extremos ideológicos están más en Tinder que los votantes de PP y PSOE. De nuevo, si restringimos a menores de 35 años, el uso de este tipo de aplicaciones pasa del 15% al 33%; sin embargo, el ranking se mantiene. Se igualan PSOE y VOX, pero sigue habiendo casi 20 puntos entre PP y la Izquierda.

Por último, tenemos datos de dos afirmaciones relacionadas con cuestiones afectivas que se suelen preguntar junto a otras cuestiones morales. La primera es la importancia de la virtud de la castidad. El 20% de los votantes de PP y VOX creen que la castidad es una virtud importante, un porcentaje que baja a la mitad en el caso del PSOE y aún más, por debajo del 5%, en el caso de la Izquierda. Por último, utilizamos una pregunta que también se incluyen recurrentemente en cuestionarios internacionales sobre moralidad. En concreto, la afirmación es: “si descubriera que un conocido tiene un fetiche sexual inusual pero inofensivo, me sentiría incómodo”. Algo más del 15% de los votantes de PP, PSOE y VOX se sentirían incómodos con dicha información, mientras que apenas el 5% de los votantes de la Izquierda se sentiría de ese modo.

La existencia de diferencias ideológicas y partidistas en temas como las relaciones afectivas seguro que tiene implicaciones importantes para la vida de muchas personas. Pero estas diferencias también nos informan sobre patrones más amplios de creencias, actitudes y comportamientos de diferentes grupos sociales. Aunque nos falta mucha información al respecto, en la sociedad española, como en cualquier otra sociedad, existen grupos que comparten gustos, estilos de vida y aficiones. En la última década hemos repetido que las redes sociales han creado cámaras de eco, donde los algoritmos nos muestran información que confirma nuestras creencias. Sin embargo, las verdaderas cámaras de eco siempre han sido y serán nuestra familia, nuestro grupo de amigos, nuestros vecinos o los clubes y asociaciones a los que pertenecemos, independientemente de si tienen un trasfondo político o no.

La crisis de la democracia en las sociedades occidentales se ha convertido en un lugar común. En la versión más extendida en este siglo, especialmente durante los años de la Gran Recesión de 2008, habrían aumentado los sentimientos “anti-élites”, “anti-establishment” o “populistas”. Esto ha llevado a muchos a hablar de una “ola de populismo” o de una “explosión populista”, que estaría poniendo en jaque a las democracias representativas que han dominado el panorama político europeo durante décadas.

¿Cuál es el origen de esta supuesta ola populista? La respuesta a esta pregunta ya no genera tanto consenso. Una primera interpretación popular, posiblemente la más extendida, es que en los últimos veinte años se habría producido un cambio fundamental en la opinión pública de las sociedades democráticas. Ese cambio, agravado durante el período 2008-2012 y la crisis de los refugiados sirios de 2015, consistiría en un mayor rechazo hacia la inmigración y una crítica al proyecto elitista y excesivamente tecnocrático de integración europea. En esta interpretación popular, los líderes y partidos políticos sólo estarían subiéndose a la gran ola populista impulsada por el cambio de opinión de la ciudadanía.

Existe una segunda interpretación elitista, formulada por el politólogo Larry Bartels en su libro reciente Democracy erodes from the top. La tesis de Bartels es que la culpa de la actual crisis de la democracia europea recae mayoritariamente sobre las élites políticas. Su principal línea de defensa es que la opinión pública europea apenas ha cambiado durante los últimos veinte años en relación con los supuestos desencadenantes de la “ola populista”. En esta entrada, repasaré los argumentos de Bartels, replicaré sus análisis para España y los extenderé hasta el año 2022 (los suyos terminan en 2019). Además del foco específico en nuestro país, el análisis nos permitirá ver los cambios en la opinión pública tras la pandemia y el inicio la guerra de Ucrania.

Bartels tiene en cuenta seis indicadores para evaluar si la opinión pública europea ha cambiado durante los últimos veinte años: las actitudes frente a la inmigración, el apoyo a la integración europea, la polarización ideológica, la satisfacción con la democracia y la confianza en los partidos políticos y en los parlamentos nacionales. Para medir estos indicadores utiliza las nueve primeras olas de la Encuesta Social Europea, que van desde 2003 hasta 2019. Cuando analiza estos indicadores encuentra que las opiniones en 2019 en todos estos temas eran sorprendentemente similares a las de 2003. La Gran Recesión de 2008 produjo un empeoramiento temporal de estas actitudes – mayor rechazo a la inmigración y la integración europea, mayor polarización ideológica y menor satisfacción con la democracia y menor confianza política –, pero la salida de la crisis hizo que estos indicadores volvieran a su posición de comienzos de siglo. De ahí su rechazo a la interpretación popular de la crisis de la democracia y su apuesta por culpar a las élites. ¿Ha ocurrido lo mismo en España?

El gráfico 1 muestra la evolución de los seis indicadores propuestos por Bartels para España incluyendo, además, la décima ola de la Encuesta Social Europea, cuyo trabajo de campo se realizó en España en 2022. El resultado principal de este ejercicio es que, por una parte, la opinión pública sobre la inmigración y la integración europea no sólo se ha mantenido estable, sino que ha mejorado sustancialmente en los últimos años, después de la caída que se produjo en torno a la Gran Recesión. En 2003, menos de la mitad de los españoles (44%) estaban de acuerdo en que se debería permitir que vinieran “muchas” o “unas cuantas” personas de países pobres de fuera de Europa. Este porcentaje bajó al 40% en 2009, pero se ha disparado hasta el 74% en 2022. En España no existe un sentimiento generalizado anti-inmigración. Lo mismo ocurre con el apoyo a la integración europea. En una escala de 0 a 10, donde 0 significa que la “integración ha ido demasiado lejos” y 10 que “la integración europea debería ir más lejos”, los españoles puntuaban 5,97 en 2003. Esta media cayó a un 5,27 en 2009 y ha aumentado hasta un 6,74 en 2022. Si hubo cierto cuestionamiento de la integración europea hace quince años, hoy somos más europeístas que a principio de siglo.

Hasta aquí las buenas noticias. En la parte inferior del gráfico 1 vemos que las actitudes relacionadas con la política no se recuperaron completamente después de la Gran Recesión, e incluso han empeorado en la última ola de la encuesta. La satisfacción con la democracia y la confianza en el parlamento han caído un punto entero en la últimas dos décadas y la confianza en los políticos ha caído aún más, un punto y medio en una escala de 0 a 10. La polarización ideológica es un caso aparte. De 2003 a 2019 aumentó un 10%, pero es que de 2019 a 2022 aumentó un 30% adicional.

En resumen, mientras que la media de la población europea en estos seis indicadores ha vuelto en 2022 a los niveles de principios de siglo, en España se ha abierto una brecha entre las actitudes sociales y las más marcadamente políticas. De hecho, las actitudes a favor de la inmigración no son una excepción; cuando se pregunta si “los gays y lesbianas deberían tener libertad para vivir como quieran”, en España hemos pasado de un 80% a más de un 90% de apoyo en 20 años. Este apoyo casi unánime se da independientemente de la ideología o identificación política de los encuestados. Sin embargo, a pesar de la mejora de estos indicadores sobre cuestiones sociales, tenemos un problema muy serio con la política. La confianza en los partidos se sitúa ya por debajo de 2 en la escala utilizada y la polarización se está disparando a un ritmo no antes visto en este siglo. En cierto modo, lo que está pasando en España vendría a ser una versión agravada de la tesis de Bartels: no hay un cambio populista en la opinión pública, pero sí un deterioro muy importante de la percepción de las instituciones y la política. Lo que vemos podría deberse a una sobrerreacción de los ciudadanos al comportamiento de las élites, pero una reacción que deja verse con fuerza en los datos de opinión pública más recientes. Puede que la democracia española se esté erosionando desde arriba, pero empieza a notarse desde abajo.

¿Qué causa la polarización política? Cuando intentamos responder a esta pregunta normalmente nos detenemos en las causas próximas de la polarización, sus desencadenantes inmediatos. Entre éstas se suelen mencionar las estrategias de los partidos, la sucesión continua de elecciones o el papel de los medios de comunicación y redes sociales. Uno de los problemas de estas explicaciones próximas es que no suelen tener en cuenta la extensión del fenómeno, que afecta a la mayoría de países democráticos de un modo sorprendentemente similar. Por eso merece la pena detenerse en las causas últimas, o razones profundas, de la polarización. Si uno busca estas razones en las decenas de libros que se han escrito sobre el tema, se encontrará con la referencia a un experimento clásico de la psicología social.

Hace más de medio siglo, el psicólogo Henry Tajfel mostró que es posible crear artificialmente identidades de grupo y que estos entren en conflicto. En su experimento más conocido pedía a sus estudiantes que eligieran entre dos cuadros de pintores famosos, Paul Klee y Vasili Kandinsky, y los asignaba a dos grupos distintos dependiendo del cuadro que habían elegido. Esta agrupación arbitraria hacía que los estudiantes desarrollaran comportamientos positivos hacia su propio grupo y hostiles hacia el otro. Sorprendido por los resultados, en otro experimento asignaba a los estudiantes de un modo completamente artificial y encontraba los mismos resultados. Daba igual cómo se formaban los grupos, una vez formados, el conflicto estaba servido. Este resultado ha sido replicado por cientos de estudios en todo el mundo durante el último medio siglo. La interpretación más habitual de estos estudios es que los humanos tenemos una tendencia natural al tribalismo. Los humanos evolucionamos en un contexto de intenso conflicto grupal y eso ha equipado nuestra mente con la tendencia a favorecer y ser leales a nuestro grupo y hostiles a los grupos con los que competimos. La polarización política no sería sino una forma moderna de tribalismo. El problema de esta explicación es que sirve para explicar el conflicto en cualquier esfera de la interacción entre grupos humanos, estén definidos estos por cuestiones étnicas, religiosas, nacionales o de otra índole. Para explicar la prominencia de las hostilidades en el ámbito de la política en las sociedades contemporáneas necesitamos algo más.

De ese algo más hablábamos aquí hace siete años, justo después de las elecciones que condujeron a la presidencia de Donald Trump. Hablábamos entonces de la primacía del partidismo a partir de un estudio internacional que mostraba que la discriminación basada en el partido político con el que te identificas era mayor que la discriminación racial en EEUU, la basada en la religión en el Reino Unido, la región en Bélgica o el origen (vasco o no) en el País Vasco. Es decir, los humanos seremos tribales por naturaleza, pero ese tribalismo encuentra su forma de expresión más clara en la política en las sociedades contemporáneas. Pero, ¿por qué la política? En aquella entrada del blog planteábamos una hipótesis que entonces circulaba en los artículos académicos sobre la materia: “al contrario de lo que ocurre con la discriminación racial o de género, que están fuertemente sancionadas por normas sociales, no existen las correspondientes presiones sociales en el caso de la discriminación partidista.” Siguiendo la larga tradición de experimentos de laboratorio inaugurada por Henri Tajfel, en un estudio reciente junto con Tom Lane (Universidad de Newcastle) e Isabel Rodríguez (IPP-CSIC) hemos puesto a prueba esta hipótesis sobre la ausencia de normas sociales en la política.

El estudio fue realizado en los laboratorios de economía experimental de las universidades de Nottingham y Jaume I de Castellón y en él participaron más de 400 personas. Estos participantes tenían que realizar dos tareas muy simples. La primera consistía en repartir 16 libras (o euros) entre dos personas anónimas. De las dos posibles receptoras del dinero, una tenía la misma identidad grupal que la persona que repartía el dinero y la otra no. Esa identidad, según el tratamiento experimental, correspondía a la identificación religiosa, a la simpatía política o a una identidad artificial creada en el laboratorio, como en el ejemplo original de Tajfel. Por ejemplo, en el tratamiento político en Castellón un simpatizante de VOX repartía dinero entre otro de VOX y uno del PSOE, del PP o de Unidas Podemos, y así todas las combinaciones posibles. Del mismo modo, en el tratamiento religioso en Nottingham, un hindú tenía que repartir entre otro hindú y un cristiano, un musulmán o un ateo, y así con todas las combinaciones.

El gráfico de más abajo muestra cómo fueron estos repartos. En media, más del 60% de los participantes realizaron repartos igualitarios, no discriminando a ningún participante. Además, los que se desviaban de la igualdad casi siempre lo hacían hacia la izquierda del gráfico, es decir, a favor del participante con el que compartían identidad. Pero lo interesante del caso son las diferencias entre tratamientos. En el de la identidad artificial, un 33% de los participantes favorecieron a los suyos. Este porcentaje se reduce al 24% en el tratamiento de religión, pero aumenta al 48% en el tratamiento de identidad política. El estudio confirma la facilidad con la que se pueden crear identidades que resulten en comportamientos discriminatorios, pero, además, muestra que esto es especialmente grave en el caso de la política. ¿Por qué? La respuesta la ofrece la segunda tarea que tenían que realizar los participantes. En la misma, tenían que predecir cuál era la norma social en cada situación de laboratorio, es decir, qué comportamiento esperaban que fuera aceptado socialmente en cada situación. El estudio muestra que el comportamiento de los participantes se ajustaba a lo que consideraban socialmente apropiado. En concreto, en el tratamiento de identidad política se consideraban los comportamientos discriminatorios como más socialmente apropiados que en el tratamiento artificial y, sobre todo, en el de la religión, donde la norma casi unánime era la no discriminación.

El estudio supone un avance en la comprensión de hasta qué punto la fortaleza o debilidad de las normas sociales nos ayudan a explicar los comportamientos hostiles o discriminatorios en diferentes ámbitos sociales. Al mismo tiempo, los resultados plantean varias preguntas que seguimos investigando. La principal es por qué las normas sociales contra la discriminación son más débiles en el terreno de la política. Aquí surgen dos hipótesis alternativas. Podría ser que, como anticipábamos al principio, en la política nunca se hubieran desarrollado este tipo de normas, como sí ha ocurrido en el ámbito de otras identidades sociales, como la religiosa. Pero también podría ser que las normas democráticas sí que existieran en el pasado y que a lo que estuviéramos asistiendo fuera a un deterioro de estas normas, como también se ha discutido en este blog recientemente. La pelota está en el tejado de la investigación social y en este blog lo seguiremos contando.

Si estas fueran unas elecciones normales, esta entrada iría sobre si el 23 de julio estaríamos cerca del máximo histórico de participación. Hay motivos para pensar que podríamos estarlo. Eso fue precisamente lo que hicimos en este blog hace cuatro años. Unos días antes de la elecciones del 10 de noviembre de 2019 nos preguntábamos aquí si se batiría el récord histórico de abstención desde 1977, predijimos que ésta estaría entre el 30% y el 35% y, efectivamente, el récord se batió y la abstención estuvo cerca del 34%. En aquel momento teníamos buenas razones, y datos, para anticipar una participación tan baja. Era la segunda repetición electoral consecutiva y sabíamos que en la anterior había bajado la participación. Además, las solicitudes de voto por correo habían disminuido con respecto a las elecciones de abril de ese mismo año y todavía contábamos con el voto rogado que dificultaba la participación desde el exterior.

Por todas esas razones, se podía adivinar que millones de personas se quedarían en su casa el 10 de noviembre. El dato de abstención declarada en la encuesta preelectoral del CIS anterior al 10 de noviembre así lo atestiguaba. Casi un 12% de entrevistados aseguraban que no votarían, cuando antes de unas elecciones este dato suele estar bien por debajo del 10% en media. En las elecciones de abril de 2019, que tuvieron una participación bastante alta, sólo el 7% de los encuestados aseguraba en la encuesta que no votaría. En las últimas tres décadas la abstención declarada en el CIS ha predicho bastante bien la abstención que después se ha producido el día de las elecciones. Esto no es sorprendente. Se trata de una cuestión que el CIS pregunta a decenas de miles de personas sólo unos días antes de la elección. Aquí no hay cocina, sólo la proyección que hacen las propias personas encuestadas sobre lo que estarán haciendo unos días más tarde.

Si tenemos un indicador adelantado de calidad, y lo podemos complementar con otros indicadores como los mencionados más arriba, ¿qué participación tendremos el 23 de julio? Pues si las elecciones fueran normales, y definiré lo que quiero decir por normal un poco más adelante, la participación debería ser muy alta. El gráfico de más abajo muestra el nivel de abstención declarada en los barómetros del CIS desde hace 30 años. Como he explicado en otras ocasiones, la mayor abstención suele coincidir con el punto medio del ciclo electoral, a partir del cual la población se va activando hasta llegar a un mínimo de abstención declarada justo antes de las elecciones. Esta legislatura ha sido diferente; no ha habido tregua. A partir de mediados de 2021 el indicador ya se sitúa consistentemente por debajo del 10% (como en período preelectoral) y a partir de mediados de 2022 por debajo del 8% (como en período preelectoral de elecciones con participación muy alta). La población no ha dejado de estar muy movilizada en toda la legislatura.

Gráfico

No sólo la movilización era potencialmente alta durante los últimos dos años, sino que conforme se fueron acercando las elecciones de municipales y autonómicas de mayo y, especialmente, las del 23 de julio la abstención declarada ha seguido decreciendo. En el barómetro de mayo era del 7% y en el de julio se sitúa en el 6%. Este dato es el segundo más bajo de la serie, tras el 5,4% de la encuesta preelectoral anterior a la victoria de José María Aznar el marzo de 1996; unas elecciones que tuvieron la participación más alta de los últimos 30 años, situándose por encima del 77%. Si esta fuera una elección normal, ese sería el punto de comparación, y estaríamos afirmando que tenemos datos de sobra para anticipar una participación bien por encima del 75%. Algo que no pronostica ninguna empresa demoscópica.

Por si fuera poco, el voto por correo está desatado y las solicitudes doblan las realizadas en elecciones anteriores. También son las primeras elecciones sin voto rogado desde que éste se instaurara en 2011, lo que debería aumentar la participación de ciudadanos en el exterior. Todo ello aderezado por lo que hizo incrementar la participación en 1996 y lo estaría haciendo ahora: la competición electoral y las dinámicas de polarización. Aquellas elecciones fueron muy ajustadas; el PP ganó al PSOE por un solo punto y si sumamos el porcentaje de votos que sacaron los partidos que apoyaron la investidura apenas sobrepasaba éste el 45%. Casi todas las encuestas muestran hoy que el bloque de la derecha se mueve en un porcentaje sólo algo superior, en torno al 47%. Los bloques y dinámicas son distintos, pero la competición por los apoyos necesarios para formar gobierno es tan elevada como entonces. Por otra parte, cada vez tenemos más evidencia acerca del incremento de la polarización en España y de cómo ésta aboca a un incremento de la participación electoral.

Si estas fueran unas elecciones normales, podríamos estar en máximos de participación, al menos desde mediados de los noventa. Sin embargo, podría no ser así. Cuando escribo estas líneas, las principales empresas demoscópicas estiman una participación algo por encima del 70%, desde luego muy lejos del 77% de 1996 y más en línea con el casi 72% de abril de 2019. Eso no es lo que indican los datos que he mostrado más arriba, pero las elecciones se producen por primera vez a finales de julio, entre olas de calor, con millones de personas fuera de sus domicilios habituales y con un aumento del voto por correo que está poniendo a prueba la logística de nuestro sistema electoral. En estas condiciones tan poco normales, resulta difícil hacer predicciones. Aún así, personalmente sigo pensando que la participación será muy alta. Si acaba estando varios puntos por encima de lo que vienen estimando las encuestas, podremos tener sorpresas durante la noche electoral.

La política española ha pasado en pocos años de generar frustración por la ausencia de opciones que representaran las preferencias de la ciudadanía a provocar rechazo por la creciente polarización entre un abanico cada vez mayor de opciones políticas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Los diferentes trabajos que están apareciendo este año acerca de cómo nos hemos polarizado coinciden en algunos diagnósticos y, leídos conjuntamente, proporcionan un relato cada vez más claro de la evolución de la polarización política en España. En el libro Polarizados. La política que nos divide, que estará disponible en unos días, doy cuenta del aumento de las divisiones en la política española poniendo el foco en tres puntos de inflexión. En este post repaso brevemente cómo han evolucionado las diferentes caras de la polarización en cada momento.

España entró en el siglo XXI en plena resaca del fin de la historia anunciado por Fukuyama. Podríamos decir que el gobierno de José María Aznar es el primero que arranca en un contexto post-ideológico donde las formaciones políticas centrales del sistema apenas se diferencian entre sí. Un cuarto de siglo de desarrollo económico y democrático enterró las hachas de guerra ideológica en nuestro país y la gestión parecía inundar cualquier aspecto de la política. Había un objetivo compartido, además, que no era otro que cumplir con los requisitos de Bruselas y ahondar en la construcción europea. El reformismo moderado en lo ideológico campaba a sus anchas. Sin embargo, los designios del pueblo son inescrutables y, contradiciendo a Fukuyama y al mismísimo Aznar, la política española de cambio de siglo comenzaba un lento, pero creciente, proceso de vuelta a la ideología. Si miramos los estudios del CIS, durante este siglo la separación ideológica entre los partidos no ha dejado de crecer en ninguna de las elecciones generales desde el año 2000. La polarización ideológica en España ha aumentado de dos formas que son complementarias y dibujan la misma tendencia. Por una parte, crece la polarización ideológica entre los votantes de cada partido, es decir, hasta qué punto las personas que dicen haber votado al PP, por ejemplo, se sitúan en la escala ideológica de un modo muy distinto a donde se sitúan las que dicen haber votado al PSOE. Por otra, se distancia la percepción que tienen los ciudadanos de dónde se sitúa cada partido político. Ambas medidas muestran un aumento de alrededor de un 40% de la polarización ideológica durante este siglo. Algo que ha ocurrido de forma similar en otros países occidentales. Esta vuelta a la ideología también ha alimentado cierto extremismo. En el año 2000 un 8% de los ciudadanos se identificaba con posiciones ideológicas extremas, en 2022 eran más del 20%.

A lo largo de la primera década del siglo la división ideológica fue aumentando, tanto en el eje izquierda-derecha, como en lo que se refiere a la cuestión territorial. Sin embargo, los votantes de los dos grandes partidos nacionales (a los que votaban el 80% de los españoles) seguían teniendo preferencias políticas muy parecidas a final de la década, en el año 2010. Así, la inmensa mayoría de votantes del PP se declaraban católicos, los del PSOE también; no tenían unas preferencias muy marcadas en temas de fiscales, los del PSOE tampoco; los del PP no tenían una preferencia tan clara por la recentralización del Estado como hoy y los del PSOE no apostaban tanto por la descentralización. La misma tendencia se observa con muchas otras variables. No solo los votantes de PP y PSOE empezaron a mostrar preferencias distintas durante la segunda década del siglo, sino que surgieron opciones políticas competidoras en sus respectivos espacios, Podemos en la izquierda y Ciudadanos en la derecha, que hicieron que en la mayoría de preferencias políticas aumentara aún más la división. Por primera vez en mucho tiempo en España, las diferencias no eran solo en términos de identidad e ideología, sino que los votantes de diferentes partidos empezaban a mostrar preferencias por políticas muy distintas. Además, la década larga que empieza con la crisis financiera también aumenta la denominada polarización afectiva, la separación emocional entre los votantes de los distintos partidos. Desde el año 2011, ha aumentado la diferencia entre los sentimientos positivos que tenemos hacia los líderes de los partidos con los que nos identificamos y los sentimientos negativos que nos despiertan los líderes de otros partidos con los que no nos identificamos. En concreto, esta diferencia aumentó un 30% entre 2011 y 2015 y, aunque en 2019 había bajado algo este indicador de polarización, seguía siendo más de un 20% mayor que en 2011.

Llegamos al final de la segunda década del siglo, por tanto, más separados ideológica y afectivamente y se empezaban a ver diferencias importantes entre el tipo de demandas que pedían los distintos electorados. El tercer punto de inflexión comienza con la constitución del bloque de izquierdas y nacionalista que apoyó la moción de censura de 2018 y el gobierno de coalición de 2020, que no hace sino acelerar estos procesos y dibujar el escenario de polarización ideológica y afectiva en el que hoy nos hallamos. Quizá la consecuencia más importante de este último momento es que se rompen los supuestos consensos acerca de las políticas públicas a llevar a cabo. Desde 2018, han aumentado de forma ininterrumpida las diferencias entre lo que los votantes de izquierda y de derecha le piden a la política, una división que ha quedado más clara a partir del 2021 con la práctica desaparición de Ciudadanos y el establecimiento de dos bloques ideológicos entre los que ya no existen puentes. Hoy, el 80% de los votantes de VOX demandan menos impuestos y el 80% de los de PSOE y Unidas Podemos no piensan que paguemos mucho en impuestos. La ideología ha vuelto, y lo ha hecho sobre todo en el plano económico. Los partidos y bloques ideológicos ofrecen hoy unos menús de políticas cada vez más distintos. Ya no es tan cierto aquello de que estábamos más divididos por ideología e identidad que por políticas públicas. Cada política que entra en el debate, por concreta que sea, acaba polarizándose.

El nuevo equilibrio de la política española supone no ya una lucha por el centro, sino la oferta de paquetes de políticas diferenciados. Esto no es necesariamente malo. Primero, porque hace más transparente la oferta de los partidos y, por tanto, los ciudadanos pueden decidir de forma más clara. Además, esto anima la participación, y todo hace indicar que los niveles de abstención en los comicios que se avecinan serán relativamente bajos. Quizá sea el momento de dejar de lamentarnos por el aumento de la polarización y recoser las costuras de una política española que hoy es más diversa, e incluso entretenida, de lo que lo era a principios de siglo. El objetivo ya no puede ser buscar el acuerdo en todo, sino la convivencia pacífica entre opciones políticas que ofrecen visiones y propuestas distintas. Puede que la democracia española haya madurado y más que consensos lo que necesitemos es repensar nuestras instituciones para que convivan opciones cada vez más diversas y plurales. En definitiva, una vuelta a los fundamentos más básicos de la democracia representativa. En Polarizados ofrezco algunas pinceladas acerca de cómo emprender este camino.

Creer que uno puede alcanzar lo que se proponga en la vida a través de su talento y esfuerzo tiene profundas consecuencias sobre nuestras decisiones. Por ejemplo, uno puede decidir estudiar más, entrenar más o practicar más con un instrumento musical si cree que eso le garantiza cierto éxito. Lo contrario también se da. Uno puede pensar que su fortuna más bien tiene que ver con las loterías de la vida, con la familia que le ha tocado o el barrio donde ha nacido. Por supuesto, también hay personas, muchas, que creen que tanto el esfuerzo personal como la situación de partida importan. Donde se sitúa cada uno, ¿tiene algo que ver con su ideología política? Si nos fijamos en el discurso de los partidos políticos, parece que sí. Por ejemplo, la oposición conservadora en España suele achacar al Gobierno que mediante su intervención, en la educación en este caso, “acaba con principios fundamentales como el mérito, la capacidad o la excelencia”. Por el contrario, El Gobierno de izquierdas motiva muchas de sus decisiones con argumentos a favor de compensar las “desigualdades personales, culturales, económicas y sociales”, como se puede leer en la ley de educación aprobada esta legislatura. Es decir, los primeros ponen el foco en los valores de mérito y capacidad y los segundos en la compensación de las desigualdades de origen. ¿Qué piensan sus votantes? En su estudio anual sobre política fiscal, el CIS ha hecho la siguiente pregunta a los españoles durante los últimos trece años:

“Hay quienes piensan que la posición económica de las personas depende casi exclusivamente de su esfuerzo, educación y valía profesional (en una escala de 0 a 10 se situarían en el punto 0). Otras piensan que lo que realmente importa es el origen familiar, los contactos o simplemente la suerte (estas se situarían en el punto 10). ¿Qué cree Ud. que influye más en la posición económica que alcanzan las personas en España?”.

El gráfico 1 muestra la evolución de la opinión media de los votantes de los cuatro principales partidos españoles. En el lejano año 2010, en plena Gran Recesión y justo antes de que los dos partidos mayoritarios españoles pactaran cambiar la Constitución para calmar a los mercados, los votantes de PP y PSOE pensaban lo mismo, en media, sobre el origen de la posición económica. No podían estar más en el centro, situándose en una posición de 5 en la escala de 0 a 10. Digamos que, en el conjunto de estos electorados, que suponían más del 80% del total de votantes, la creencia en el esfuerzo y las habilidades, por una parte, y el origen familiar y los contactos, por otra, pesaban lo mismo. Pero España ha cambiado mucho desde 2010 y, en la mayoría de variables políticas, el país se ha polarizado de dos modos: los partidos más moderados se han ido separando ideológicamente y los extremos son hoy más extremos. En primer lugar, si la diferencia entre los votantes de PP y PSOE no llegaba a una décima en 2010, hoy es de más de un punto. En cuanto a los extremos, la diferencia ha pasado del medio punto entre IU y el PP en 2010 hasta los más de dos puntos entre UP y VOX del 2022. Esta diferencia entre extremos, que suele ser una de las medidas que utilizamos cuando hablamos de polarización política, se ha multiplicado por cinco. Otra forma de ver esta radicalización de las posturas es que, mientras en el año 2010 solo el 15% mostraba preferencias que podríamos llamar extremas (0-1 y 9-10 en la escala), en el 2022 este porcentaje se ha más que duplicado y ahora alcanza el 31%. Es decir, hoy día uno de cada tres españoles cree que la posición económica se debe solo al esfuerzo o las habilidades o solo a la familia o los contactos. Por supuesto, en el primer caso predominan los votantes de partidos de la derecha y en el segundo los de izquierdas.

Gráfico 1: ¿De qué depende la posición económica de las personas?

El incremento de la polarización partidista en torno a la creencia en el esfuerzo es solo una muestra más de una tendencia general de la política española. Se pueden revisar otras preferencias (como el pago de impuestos) o creencias (como la religión) y la división entre votantes de los partidos no ha dejado de crecer. ¿Debería preocuparnos esta creciente división? Por una parte, nos podría preocupar en tanto que un diagnóstico distinto del origen de las desigualdades hace más difícil alcanzar acuerdos transversales. La profunda división partidista de la última década hace cuestionarse si aquel acuerdo de reforma exprés de la Constitución en 2011 sería hoy posible. Muchos afirmarán que no solo no sería posible, sino tampoco deseable. En la política española hay hoy más ideología que en 2010, pero eso no es un problema en sí mismo. Cómo gestionemos esas diferencias ideológicas y la relación de estas con los bloqueos políticos actuales sí que debería preocuparnos, pero eso es harina de otro costal.

La tendencia que he mostrado no es única de España. En los Estados Unidos la lucha por la justicia social y contra las desigualdades injustas fue la base del movimiento Occupy Wall Street, coetáneo de nuestro 15-M. El libro que con más fuerza ha denunciado la supuesta falacia de la meritocracia es La tiranía del mérito de Michael Sandel. En España los ecos de ese debate se pueden encontrar en el libro Contra la igualdad de oportunidades de César Rendueles, e incluso en la reciente puesta de largo del Future Policy Lab, cuyo primer informe intenta desmontar el “mito de la meritocracia”. Las reacciones intelectuales a esta apuesta de la izquierda en nuestro país han sido tímidas, pero si nos atenemos al debate que se produjo en los Estados Unidos, llegarán. En este país, el psicólogo moral Jonathan Haidt, partiendo de una posición progresista, ha criticado la deriva de la izquierda que se centra casi exclusivamente en el principio de igualdad e ignora el poder de persuasión moral que tienen las ideas de mérito y esfuerzo. Curiosamente, tanto Haidt como el propio Sandel han mostrado que el presidente Barack Obama solía combinar ambos tipos de apelaciones en sus discursos con frases como “si trabajas duro y asumes la responsabilidad, puedes salir adelante en América”, combinadas con muchas otras denunciando la falta de igualdad de oportunidades. Pero eso eran otros tiempos y la sucesión de crisis económicas y políticas no hacen presagiar una vuelta a esos discursos híbridos. Cuando en pleno año electoral, el CIS vuelva a hacer la misma pregunta en el verano de 2023, seguramente la diferencia entre las creencias de unos votantes y otros habrá aumentado de nuevo.

En mayo de 2003, un año antes de las elecciones que le llevarían a la presidencia del Gobierno, el presidente Rodríguez Zapatero afirmaba que “bajar impuestos es de izquierdas”. Catorce años más tarde eran los presidentes socialistas de Andalucía y Extremadura los que, frente al gobierno central de Mariano Rajoy, proponían acabar con el impuesto de sucesiones. Esta semana hemos vuelto a la carga con el tema, pero ahora se han dado la vuelta las tornas. El lunes, el presidente popular de la Junta de Andalucía anunciaba la supresión del impuesto de patrimonio y animaba a empresarios de otras comunidades autónomas a tributar en Andalucía. La presidenta de la Comunidad de Madrid aplaudía la decisión y apostaba por seguir bajando impuestos. El martes, el ministro José Luis Escrivá respondía afirmando que “habría que reducir el margen de las comunidades para decidir la política fiscal.” Tanto él como el resto del Gobierno han calificado la declaración como una opinión personal y no una postura del Ejecutivo. ¿Qué pasa con los impuestos? Lo que ocurre es que en este año preelectoral los políticos saben muy bien de la capacidad polarizadora de los impuestos. Nunca antes los votantes españoles habían estado tan divididos en sus preferencias fiscales.

Desde 1985 el CIS hace cada año a los españoles la siguiente pregunta: “¿Diría Ud. que lo que los/as españoles/as pagamos en impuestos es mucho, regular o poco?”. En realidad, aunque hay tres posibles respuestas, muy pocos entrevistados a lo largo de casi 40 años solían responder que pagamos “poco” en impuestos. Como muestra el gráfico 1, en la mayoría de años solo en torno a un 2% de españoles lo pensaba. Para los defensores de los impuestos hay que reconocer que este porcentaje ha crecido tímida pero constantemente durante los últimos seis años, situándose en este 2022 cerca del 10%. Pero sigue siendo bajo. El porcentaje que sí ha ido fluctuando, aunque con una cierta tendencia histórica a la baja es el de personas que piensan que pagamos “mucho” en impuestos. El gráfico 2 muestra dicho porcentaje desde el año 2004 para los votantes de los grandes partidos españoles. Me detendré en dos tendencias generales y una anécdota sobre el año 2021.

Gráfico 1: Valoración de los ciudadanos de la presión fiscal 

La primera tendencia, que se remonta a los años ochenta como mostré en un análisis anterior, es que los votantes del PP suelen pensar que se pagan muchos impuestos cuando gobierna el PSOE. La línea azul está por encima de la roja hasta 2012 y a partir de 2018. La sensibilidad de los votantes del PP a que los impuestos los recaude el PSOE es tremenda. Tanto es así que en 2018 aumenta sustancialmente su percepción de que se pagan muchos impuestos en una encuesta cuyo trabajo de campo tuvo lugar en la primera semana de julio, solo un mes después de que triunfara la moción de censura contra Mariano Rajoy. No será el único momento donde los votantes del PP reaccionen con presteza al contexto electoral al pensar en los impuestos. Pero los del PSOE no les quedan a la zaga. De 2011 a 2012 aumenta casi un 20% el porcentaje de votantes socialistas que consideran que se paga mucho en impuestos, y este porcentaje se mantiene alto hasta 2018.

Gráfico 2: Valoración de la presión fiscal según recuerdo de voto

La segunda tendencia es más importante desde mi punto de vista. Desde mediados de la década pasada ha disminuido de forma rápida y constante el porcentaje de votantes de izquierda que piensa que se pagan muchos impuestos, situándose este año apenas por encima del 20%. Al mismo tiempo los votantes de PSOE y UP que piensan que se pagan “pocos” impuestos se sitúan ya en el 14% y en el 18%, respectivamente. Esto sí que parece un cambio estructural hacia una tendencia más genuina en la izquierda a querer más impuestos. En el otro extremo, desde su irrupción en 2019, el porcentaje de votantes de VOX que creen que se pagan muchos impuestos no ha dejado de crecer y hoy ya está por encima del 80%. Donde hace solo una década apenas había diferencias, hoy la distancia entre los votantes de Unidas Podemos y Vox se sitúa en torno a los 60 puntos, un mundo. Por tanto, volviendo a la cuestión que motivaba esta entrada, parece que en España se están configurando finalmente dos bloques con preferencias económicas, fiscales en este caso, muy distintas. Mientras que antes la actitud ante los impuestos parecía oportunista (“solo quiero impuestos si los recaudan los míos”), hoy parece que responde a preferencias genuinas por un tipo concreto de política fiscal. Al menos está claro que los dos partidos del gobierno de coalición tienen un electorado potencial que no reacciona tan negativamente a los impuestos y hay un sector de la oposición que tiene muy claro que hay que bajarlos.

Por último, quería detenerme en una anécdota que puede tener más enjundia de lo que parece en principio. Resulta que en el año 2021 aumentó el porcentaje de las personas que pensaban que se pagan muchos impuestos en todos los partidos, incluidos los de izquierda. La subida (espacio sombreado) de PP, Ciudadanos, incluso PSOE, es especialmente llamativa. ¿Qué estaba pasando en el verano de 2021 para que hasta la izquierda aumentara su negatividad frente a los impuestos? Pues que Isabel Díaz Ayuso había ganado contundentemente las elecciones a la Comunidad de Madrid con un discurso claramente a favor de la bajada de impuestos. El efecto se ha corregido en 2022 y solo entre los votantes de Vox han aumentado los contrarios a los impuestos. Este tipo de efectos en las encuestas son frecuentes y nos ayudan a entender qué está pasando en la opinión pública del país, como ya mostramos algunas entradas anteriores sobre el efecto de la publicación de las encuestas o de la proximidad de las elecciones.

De los datos que he mostrado se desprenden dos conclusiones a las que habría que prestar atención en el próximo año electoral. Por una parte, los impuestos van a ocupar un espacio en la competición electoral que no habían ocupado en ocasiones anteriores. Parece que en España las posturas ideológicas con respecto a este tema se están consolidando y la polarización no dejará de aumentar. El segundo es el efecto que los discursos de los líderes políticos tienen sobre las actitudes de los ciudadanos. Es una pena que no tengamos una encuesta para medirlo, pero seguro que, tras las polémicas fiscales de esta semana, las actitudes de los ciudadanos se han movido algo hacia posturas más a favor o en contra de los impuestos, según uno apoye o no al Gobierno. Es lo que nos queda hasta las próximas elecciones.

Esta semana se están despejando las últimas dudas sobre las formaciones políticas que concurrirán a las elecciones andaluzas del 19 de junio. A partir de aquí nos queda un mes intenso de precampaña y dos semanas de campaña electoral que empezará el 3 de junio. Se abren muchas incógnitas, y lo que nosotros nos preguntamos es: ¿cuánto aumentará la polarización política en ese periodo? Porque la pregunta no es si los ciudadanos andaluces, y los españoles en general, se polarizarán, esto démoslo por descontado, sino cuánto. Las campañas electorales polarizan, están diseñadas para eso, pero unas lo hacen más que otras. Y diferentes campañas pueden polarizar más a diferentes grupos. Cuando hablamos de polarización y elecciones nos vienen a la cabeza las elecciones a la madrileña de mayo de 2021, con su “comunismo o libertad” o sus balas en sobres, pero el efecto polarizador de las elecciones y su influencia en la movilización de votantes propios y extraños va mucho más allá de la M-30. En Votes and Violence, un libro ya clásico sobre la movilización electoral, el politólogo norteamericano Steven Wilkinson contaba cómo, para movilizar a los votantes, los partidos políticos en la India instigaban conflictos violentos entre diversas etnias durante la campaña para que la identidad étnica, y no los conflictos socioeconómicos, por ejemplo, fueran el eje en torno al que se polarizaban las campañas electorales. Por tanto, la pregunta es: ¿cuánto nos polarizaremos?

Dos estudios recientes han respondido a esta pregunta con los mejores datos de los que disponemos. En el primer trabajo se estudia el efecto de las elecciones en la polarización analizando 99 casos de 42 países entre 1996 y 2016. La evidencia señala que, efectivamente, los momentos de mayor polarización afectiva, de mayor fractura sentimental, coinciden con las campañas electorales y la celebración de elecciones. Además, destacan que esta polarización se reduce significativamente tras pasar las elecciones. Aproximadamente cuatro meses después de la cita electoral, las personas reducen su polarización en unos 0,33 puntos en una escala de 0 a 10. Puede no parecer mucho, pero es un efecto mayor que el de la edad o el nivel educativo, factores de demostrada influencia sobre lo polarizada que está una persona.

En el segundo trabajo, realizamos un estudio longitudinal siguiendo el ciclo electoral que comenzó precisamente con las anteriores elecciones autonómicas en Andalucía en diciembre de 2018, y cubriendo las elecciones nacionales de abril de 2019 y las autonómicas, municipales y europeas de mayo del mismo año. Estas citas electorales fueron las primeras tras la moción de censura contra el gobierno de Rajoy y también las primeras en las que Vox obtuvo representación parlamentaria. Los resultados de este estudio se resumen en el gráfico siguiente, donde podemos ver la valoración media, en una escala de 0 a 10, que las personas encuestadas dan a los votantes de su partido preferido y a los votantes del resto de partidos, a lo largo de varios meses y en cuatro oleadas. El primer valor de referencia, antes de las andaluzas de 2018, muestra un nivel de polarización moderado, que incluso se reduce ligeramente, aunque de forma no significativa, dos meses después de las elecciones andaluzas. Sin embargo, coincidiendo con las campañas electorales de las dos citas nacionales, observamos un aumento claro de la polarización, llegando hasta un diferencial de casi 1,5 puntos. Un aspecto a tener en cuenta más allá del aumento de la polarización es que este se ve empujado principalmente por una mejora de la valoración de aquellos que votan lo mismo que nosotros. Habitualmente asociamos la polarización a emociones negativas, y si bien es cierto que empeora la valoración de los oponentes, el efecto más marcado es una intensificación de los sentimientos positivos con el propio partido y sus votantes. Por otro lado, en nuestro trabajo medimos también que, durante esas dos campañas electorales, las personas que más incrementaron su polarización se posicionaban ideológicamente en la izquierda y el centro. Esto podría relacionarse con los resultados electorales, ya que precisamente fueron PSOE y Ciudadanos los partidos que obtuvieron unos mejores resultados comparativamente en la cita electoral de abril de 2019.

Volviendo a la próxima cita electoral andaluza, quedan varios interrogantes por despejar. ¿Nos polarizaremos más que hace tres años? ¿Ha alcanzado la polarización un máximo o seguirá creciendo? ¿Se diluirá el efecto a lo largo del verano o continuará con las nuevas convocatorias electorales que tendremos en los próximos meses? ¿Habrá grupos que consigan polarizar más que el resto y se beneficien de ello movilizando más a los suyos?

Se ha dicho que una de las principales causas del aumento de la polarización en los países occidentales es la continua exposición a campañas electorales. Las campañas agudizan nuestros sentimientos partidistas, haciendo a la vez que incrementen nuestros afectos hacia aquellos con los que compartimos voto y nuestra a animadversión a los que percibimos como oponentes. De hecho, podría decirse que ese es justo el objetivo que persiguen las campañas electorales. Sin embargo, ese clima polarizado tiene efectos más allá de la cita electoral, condicionando la formación de acuerdos o la aprobación de políticas. He aquí la paradoja: la acumulación de procesos electorales, centrales en las democracias representativas contemporáneas, puede acabar incrementando la polarización y socavando, de este modo, la legitimidad del propio sistema democrático. Y con una cita autonómica en unas semanas, regionales y municipales dentro de un año y unas reñidas elecciones generales en el horizonte, no parece que vayamos a tener un respiro próximamente. Agarrémonos que vienen curvas.

En las últimas semanas numerosos artículos están intentando explicar por qué España se ha situado, de nuevo, a la cabeza del número de contagios en Europa. Se hace referencia a importantes causas estructurales, como una desescalada precipitada, la falta de datos y de rastreadores o un sistema sanitario debilitado. Posiblemente estas causas estructurales sean las más importantes, pero también suelen aparecer explicaciones relacionadas con las actitudes de los españoles en la salida del confinamiento y el verano. Por ejemplo, se ha hablado de exceso de confianza en la “nueva normalidad”. ¿Existen datos que nos permitan validar este segundo tipo de explicaciones? Si existieran, idealmente nos gustaría tener datos sobre estas actitudes antes de la desescalada y ya en la nueva normalidad y, además, tener las mismas medidas en un conjunto amplio de países que han tenido una incidencia distinta del virus. Pues eso es precisamente lo que ofrece la encuesta de Eurofound Living, working and COVID-19 que vio la luz la semana pasada (observación: se trata de una encuesta online en los 27 países de la Unión Europea. La muestra no es probabilística, pero los resultados han sido ponderados por características de cada uno de los países para hacerlos lo más representativos posibles).

El estudio consta de dos rondas de encuestas online, una primera que coincide con las semanas en las que la mayor parte de países europeos alcanzaron el pico de contagios de la primera ola (9 abril – 1 mayo) y una segunda ronda que empieza al día siguiente del comienzo oficial de la nueva normalidad en España y que se extiende hasta finales de julio (22 junio – 27 julio). Por tanto, podemos comparar las actitudes y expectativas de una Europa confinada (en abril) con otra que veía los pocos “rayos de luz” que nos ha dado este año (en julio). Para intentar ver si los españoles se “confiaron” más que otros europeos, voy a comparar los niveles de optimismo entre las dos rondas, en concreto la pregunta “Soy optimista acerca de mi futuro”, y los datos que mostraré se refieren al porcentaje de personas que están de acuerdo o muy de acuerdo con tal afirmación.

El gráfico 1 muestra la diferencia entre el porcentaje de ciudadanos optimistas durante la “nueva normalidad” y el confinamiento en Europa. Mientras que muchos ciudadanos escandinavos (Finlandia y Suecia) se volvieron más pesimistas con respecto al futuro, muchos franceses y españoles recuperaron el optimismo. En media, los europeos (EU) incrementaron moderadamente su optimismo como cabría esperar con el paso del confinamiento a una situación de cierta normalidad. Además, es importante tener en cuenta que los cambios en el porcentaje de optimistas no coinciden con el nivel de optimismo o pesimismo durante el confinamiento. Así, por ejemplo, Portugal y Croacia eran de los países con menos optimistas en abril y aún aumentaron su nivel de pesimistas en julio. Por el contrario, Austria estaba entre los más optimistas en abril y aumentó aún más su optimismo en la segunda ronda. España se encontraba a mitad de la tabla en el confinamiento, con un porcentaje de optimistas idéntico a la media europea (49%) y, sin embargo, es el segundo país donde más aumentó el optimismo.

Pero lo más interesante del gráfico anterior es precisamente que los dos países donde más se incrementó el porcentaje de optimistas son también los dos que lideran la tabla de contagios en la segunda ola del virus. Con objeto de comprobar si esta relación es más general, en el gráfico 2 muestro la relación entre el cambio en el optimismo (recordemos, medido en julio) y el nivel de contagios por 100.00 habitantes en cada país en la segunda ola del virus (desde el 1 de agosto al 1 de octubre). En el gráfico vemos una relación moderada entre el aumento del porcentaje de optimistas y los contagios desde agosto. España y Francia suponen un ejemplo muy claro del aumento en estas dos medidas y Finlandia el caso contrario. También hay bastantes países cercanos a la línea de tendencia y, por supuesto, algunos (como Alemania e Italia) que muestran que esta relación está lejos de ser perfecta. Por tanto, tenemos evidencia basada en una encuesta europea que indica que allí donde creció más el número de optimistas acerca del futuro han aumentado también más los contagios. Por supuesto, para dar esta explicación por válida necesitaríamos saber más del comportamiento de esas personas que se volvieron optimistas y si esto está relacionado con la propagación de contagios. Por ahora solo tenemos una correlación sugerente en este sentido.

¿Cómo interpreto el aumento de número de optimistas en España (y Francia) y su posible relación con los contagios? Probablemente esta medida de optimismo nos dice algo de varios fenómenos que estaban pasando al mismo tiempo. El optimismo, por sí mismo, no contagia el virus y, si es cierto que los dos fenómenos están relacionados, seguramente lo están a través de otros factores estructurales como los mencionados al comienzo de esta entrada. Por ejemplo, el exceso de optimismo podría haber hecho que ciudadanos y administraciones se relajaran en los preparativos para la siguiente ola.

También sería interesante estudiar qué causó el aumento de optimistas en España. Aquí van un par de hipótesis por las que empezar. Por una parte, para mantener un confinamiento estricto como el que se dio en España, tanto administraciones públicas como empresas privadas lanzaron campañas publicitarias cargadas de optimismo. Por otra parte, el intento de tener una temporada turística lo más normal posible hizo que la vuelta a la normalidad (justo en el momento donde se pasa la segunda ronda de encuestas) fuese muy rápida. Todo ello es lo que ha llevado a bastantes expertos a hablar del exceso de confianza o de relajación y, ahora podríamos decir, de optimismo por parte de los españoles. Por tanto, con los datos que vamos teniendo, mi interpretación de lo que ocurrió en la desescalada y efímera “nueva normalidad” en España es que aquel incremento del optimismo pudo ser también el caldo de cultivo de una segunda ola que está golpeando con especial dureza a España.

La respuesta rápida es que han sido poco útiles en otros países que las han probado con anterioridad. La respuesta un poco más elaborada, de la que me ocuparé en esta entrada, es que, también como en otras experiencias, se está poniendo todo el foco en el problema tecnológico y apenas se está trabajando sobre el problema fundamental para el éxito de estas tecnologías: que sean adoptadas por un número suficiente de usuarios. Lo bueno es que empezamos a tener evidencia de otros países que podría dar pistas al Ministerio de Economía, que anunció hace algunos días que realizaría un piloto de la nueva aplicación española en Canarias.

Cuando hablamos de experiencias anteriores, hay dos países que destacan: Islandia y Australia. El caso islandés es interesante, y potencialmente informativo para el piloto canario, porque se llevó a cabo en una isla con una población relativamente pequeña (364.000 personas) y homogénea. Aunque ha sido considerado como el caso de más éxito, menos del 40% de islandeses usan la aplicación. El caso australiano también es interesante porque proporciona datos diarios de descargas de la aplicación, lo que nos permite entender mejor los patrones de difusión de esta tecnología.

Lo primero que se observa en el caso australiano (figura 1) es que se produjo una adopción muy rápida al principio, pero después ésta se frenó en seco. En concreto, en tres días se alcanzaron los tres millones de descargas, pero hizo falta un mes entero para aumentar otros tres millones. Curiosamente, hay 16,4 millones de adultos con smartphone en Australia, lo que significa que la adopción actual de la aplicación estaría por debajo del 40%; un porcentaje casi idéntico al caso islandés. En los dos casos, las autoridades públicas reconocen que, aunque tienen cierta utilidad, estas aplicaciones no han cubierto las expectativas depositadas en ellas por no alcanzar un mayor nivel de adopción entre la población. Hay que tener en cuenta que, incluso en estos casos exitosos, el hecho de que casi cuatro de cada diez usuarios descargue la aplicación no quiere decir que ése sea el porcentaje de uso de la misma. En realidad, los mayores problemas para los gobiernos que las lanzan vienen después de la descarga, ya que para que sean efectivas los usuarios deben mantenerlas activas. Pero, ¿por qué es tan difícil la extensión de una tecnología tan prometedora?

Figura 1: Evolución de las descargas de app de rastreo en Australia

Fuente: ABC News Australia

La aplicación de rastreo es un ejemplo claro de “juego de bien público con umbral”. La aplicación, como las vacunas, las mascarillas o el distanciamiento físico, es un bien público en tanto que su adopción individual beneficia al resto de la sociedad. Descargar la aplicación, como llevar mascarilla, es algo costoso desde un punto de vista individual, pero contribuye a la disminución del contagio, lo que supone una ganancia colectiva. Y es esta tensión entre los costes individuales de un comportamiento y los beneficios colectivos lo que explica que muchos bienes públicos que consideramos esenciales (reducir las emisiones contaminantes) cueste tanto alcanzarlos. Pero la aplicación, como hemos visto más arriba, es un tipo de bien público especial, “con umbral”, en el que el beneficio del bien solo se obtiene si un número mínimo de personas contribuyen al mismo (se descarga la aplicación y la usa). Esto hace que conseguir este bien público sea incluso más difícil. Pero, ¿por qué las personas no contribuimos a los bienes públicos? Y, ¿qué pueden hacer los gobiernos para incrementar la contribución a los mismos?

La insuficiente contribución a bienes públicos es el problema que más han estudiado economistas y otros científicos sociales experimentales, tanto en el laboratorio como en situaciones de interacción cotidiana. Los miles de estudios realizados pueden resumirse en esta famosa figura del artículo de Ernst Fehr y Simon Gächter sobre contribución a bienes públicos (figura 2). En el eje vertical vemos el porcentaje de contribución al bien público y en la parte inferior el paso del tiempo. Si nos fijamos en los diez primeros períodos (puntos blancos), podemos observar algo muy similar al proceso de adopción de la aplicación australiana. Al principio la contribución es relativamente alta, muchos contribuyen al bien público (se descargan la aplicación) por curiosidad, porque creen que es lo que hay que hacer o por otros motivos. Pero conforme pasa el tiempo, la contribución decae con fuerza. Ya no nos pica tanto la curiosidad, observamos que otras personas no la usan o creemos que no nos sirve para nada. ¿Cómo puede revertirse esta tendencia negativa? Una forma simple, como nos contaba José A. Noguera aquí hace poco, es mediante sanciones. Como vemos en la segunda parte del gráfico, cuando introducimos sanciones todo el mundo acaba cooperando. Esta sería la dinámica que está ocurriendo con las mascarillas: al hacerlas obligatorias y sancionar su no uso, acaban utilizándose de forma masiva.

Figura 2: El problema de la contribución a bienes públicos

Fuente: Fehr y Gächter (2010)

El problema con las aplicaciones es que no podemos obligar a que se usen. India ha experimentado con esa posibilidad, obligando a los trabajadores a usar la aplicación, y ha recibido numerosas críticas por ello. Por tanto, nos encontramos ante el complicado problema de la contribución voluntaria a un bien público. Un bien público que, además, necesita un mínimo de contribuciones (umbral) para ser efectivo. Descartadas las sanciones, ¿qué podemos hacer? Hay tres estrategias en las que el ministerio debería estar trabajando: información, facilidad en el uso e incentivos individuales. El lanzamiento de la aplicación tiene que venir precedido de una campaña publicitaria masiva, como la de los estrenos de Hollywood o el comienzo de La Liga de fútbol. Es necesario generar un efecto como el australiano, donde en pocos días millones de personas la hayan descargado. Esto es fundamental porque el patrón de difusión de una tecnología como ésta tiene forma de S, como se ve en la figura 3. Es decir, tiene un “problema de inicio”, hasta que un número suficiente de personas se une a la tecnología. Una vez que esto ocurre, la contribución o adopción es muy rápida, hasta que llega a un punto donde se estabiliza. Por tanto, la campaña de información masiva debe solucionar el problema de inicio. Pero esto no es suficiente.

Fuente: Miller (2004)

Para que la aplicación no sea flor de un día, el ministerio tendrá que trabajar sobre los costes individuales de usarla, fundamentalmente a través de un diseño sencillo, y sobre los beneficios individuales de utilizarla. Este último punto es donde más están fallando los países más avanzados en el uso de las aplicaciones de rastreo. Por ello, voy a terminar con dos propuestas acerca de qué incentivos podrían utilizarse para que la mayoría de personas utilicen la aplicación. La primera la propuso el premio Nobel Richard Thaler en el debate en torno al caso australiano. Se trataría de que todo el que se descargara/usara la aplicación entrara en una lotería para recibir un premio. Ese premio sería financiado por las multas impuestas a aquellos que se saltan comportamientos de prevención de la COVID-19. Puede parecer algo extraño, pero la ciudad de Estocolmo ha puesto en marcha una lotería muy parecida para aquellos que no se saltan los límites de velocidad. En mi opinión, el ruido mediático que generaría una campaña como ésta podría incrementar los millones de descargas de la aplicación de forma significativa.

Pero si el ministerio considera una estrategia experimental como la anterior algo muy arriesgado en este clima de polarización política extrema, me atrevo a sugerir otra idea mucho más conservadora. Se trataría de combinar dos aplicaciones en una. Por una parte, una aplicación donde se explique la “nueva normalidad” de forma simple y atractiva, vamos, que traduzca el BOE de forma que incluso a los niños les resulte interesante. En esa misma aplicación informativa y gratuita, se integraría la de rastreo de casos. Se trata de “crear valor” para el usuario de la aplicación, es decir, ofrecerle un incentivo individual, en este caso en forma de información y entretenimiento, para que adopte un comportamiento beneficioso desde el punto de vista colectivo.

Todo lo contado en esta entrada respecto a las aplicaciones de rastreo puede extenderse a otro tipo de medidas no coercitivas que van a ser necesarias en los próximos meses y años. Los gobiernos deberían invertir en herramientas que consigan un seguimiento masivo de las recomendaciones de salud pública sin recurrir continuamente a las leyes y sanciones. Nos va la vida en ello.

Nos enfrentamos a una crisis de salud global, que ha afectado a la práctica totalidad del planeta y ante la que los países están actuando con medidas similares. Una de estas medidas ha sido el cierre de los colegios que, como indica la UNESCO, fueron cerrados de forma inmediata en más de 190 países. Una vez que esta primera ola de la pandemia está empezando a ser controlada en muchos lugares y una vez que hay planes específicos sobre cómo reabrir otros sectores de la sociedad de forma escalonada y segura, la pregunta que se hacen muchos padres es cómo y cuándo abrirán las escuelas. En aproximadamente la mitad de los países afectados, los escolares y sus familias no tienen aún una respuesta definitiva, otros (65 según la UNESCO) han elaborado planes de reapertura total o parcial y una minoría (32) ha tomado la decisión de terminar el curso de forma virtual. España se está situando en este último grupo.

La escuela se enfrenta al mismo dilema al que se enfrentan otros sectores sociales y económicos que están teniendo que tomar decisiones de reapertura sin tener una solución óptima a su disposición. Estamos ante el peor escenario posible para decidir: la reapertura entraña riesgos de posibles brotes de contagio, pero la no apertura supone otros muchos riesgos muy conocidos sobre las consecuencias a medio y largo plazo para los escolares y sus familias, especialmente para los más vulnerables.

Como en tantas otras situaciones, el objetivo tendría que ser entender la evidencia disponible en ambos casos y tomar una decisión equilibrada. En ningún otro caso se están tomando decisiones basadas en un solo criterio y la escuela no debería ser una excepción. A continuación, vamos a resumir brevemente dónde se encuentra el debate científico en este momento y repasar algunas de las medidas que se están explorando en otros países.

El debate social sobre la relación entre los niños y el coronavirus estuvo viciado desde el primer momento. En una primera etapa se afirmaba repetidamente que los niños podrían suponer un elevado riesgo de propagación de la enfermedad al contagiarse igual que los adultos, pero con una sintomatología mucho menor, con lo que resultaría más difícil identificar los casos de forma rápida. Pero esta hipótesis ha sido ampliamente cuestionada en las últimas semanas, una vez que se han empezado a publicar los resultados de investigaciones científicas sobre el tema.

Como se afirma en este artículo, se está empezando a acumular evidencia (en China, Japón, Australia, Italia, Holanda) de que el contagio de la enfermedad en niños es muy bajo. ¿De dónde venía entonces la idea original de que las escuelas y parques estaban llenas de vectores de contagio? Pues de tratar al nuevo coronavirus como una gripe donde, efectivamente, los niños suponen un importante agente en la transmisión de la enfermedad. Es decir, aquella hipótesis de los vectores de transmisión, y las políticas basada en la misma, se difundió antes de que tuviéramos evidencia del contagio en niños de la nueva enfermedad. La evidencia científica nunca es definitiva y el debate seguirá abierto, pero si de algo no tenemos pruebas por el momento es de que los niños desempeñen un papel especialmente importante en el contagio de esta enfermedad. Al contrario que sobre la evidencia del papel de los niños en la transmisión del COVID-19, sobre las consecuencias a corto, medio y largo plazo de tener cerradas las escuelas tenemos evidencia variada y robusta acumulada a lo largo de décadas de estudio.

Si nos remitimos, de nuevo, a la posición de la UNESCO, esta identifica hasta trece grupos de consecuencias, tales como: la interrupción del aprendizaje (que afecta especialmente a los menos privilegiados), una peor nutrición (recordemos el debate sobre comedores escolares durante la última crisis económica), confusión y estrés por parte de los profesores, padres no preparados para la docencia a distancia y la enseñanza en casa, retos derivados de la novedad de la propia enseñanza a distancia, falta de una atención adecuada de los menores y un alto coste económico para las familias donde padres y madres trabajan, consecuencias sobre los trabajadores esenciales con niños (en algunos países las escuelas no cerraron para ellos), riesgo de aumento del abandono escolar, ausencia del contacto social tan necesario para el desarrollo de los niños o los retos que la educación a distancia suponen para el seguimiento y la validación del aprendizaje, entre otras.

Por tanto, si la evidencia sobre el papel de los menores en la transmisión del COVID-19 es, como mínimo, discutible y las consecuencias de mantener las escuelas cerradas son tan graves y variadas. ¿Cómo podemos reabrir las escuelas ya, manteniendo cierta prudencia? Pues distintos países de nuestro entorno están experimentando con varias medidas que podrían aplicarse en España. En la mayoría de estos países la idea general que subyace a los planes de reapertura de las escuelas es la misma que en otros sectores: planificación de la reincorporación de forma escalonada y mantenimiento de las medidas de precaución una vez en la escuela.

Si la postura es, por ejemplo, que la enseñanza se debe producir en grupos reducidos, por el momento, ¿por qué no organizar grupos pequeños de entre 5 y 10 alumnos que acudan al colegio dos o tres mañanas o tardes a la semana? Con la tecnología y la forma de comunicación actual, se trataría de una solución relativamente fácil de implementar.

En general, la idea debería ser, como lo está siendo en todos los ámbitos, una transición que combine el aprendizaje a distancia que ya hemos comenzado con una incorporación paulatina a las escuelas desde ya. Cuanto antes empecemos, más tiempo tendremos para experimentar con distintas medidas y aprender colectivamente acerca de los métodos más efectivos para afrontar un problema nuevo y de la magnitud del que nos enfrentamos. Como en el caso confinamiento, el cierre total de las escuelas es una medida extrema que debe utilizarse solo en momentos críticos y acotados en el tiempo, no una respuesta de carácter indefinido hasta que no haya o no percibamos el riesgo.

El nuevo Atlas de distribución de renta de los hogares del INE nos ofrece el ingreso per cápita por sección censal. Los datos nos permiten calcular la desigualdad

La preocupación social por la desigualdad se ha disparado en los últimos años, especialmente tras el aumento de la misma que produjo la crisis que comenzó en 2008. A esta preocupación social le ha seguido un importante crecimiento de las investigaciones académicas que se dedican a su estudio. Los conocidos estudios de autores como Thomas Piketty o Branko Milanovic así lo atestiguan. Una de las consecuencias más positivas de este interés renovado por la desigualdad es que cada vez disponemos de mejores datos y herramientas para estudiarla. Por ejemplo, en muchos países, como España, los investigadores van teniendo acceso a los datos de declaraciones de la renta directamente, lo que supone una gran ventaja a la hora de calcular las desigualdades de ingresos reales. En este sentido, la Fundación Fedea viene realizando un cálculo de los principales indicadores de desigualdad para un conjunto de los municipios españoles. Este cálculo se realiza a partir de las declaraciones individuales de la renta y, por tanto, nos muestra una panorámica de las desigualdades entre los declarantes en un municipio. Pero los habitantes de un municipio con distintas rentas no se distribuyen de forma homogénea por todo el territorio, sino que suelen agruparse en distintos barrios o distritos según su renta. En esta entrada vamos a fijarnos en las desigualdades de ingresos, no entre personas, sino entre secciones censales de un municipio (que agrupan a una población de entre 1.000 y 2.500 habitantes).

Para saber cómo de desigual se distribuye la renta entre las secciones de los municipios en España hemos utilizado el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, una base de datos experimental que ha puesto en abierto recientemente el INE y que ofrece el ingreso per cápita por sección censal. Por ejemplo, el ingreso medio en la sección que incluye la urbanización de La Moraleja, en el término municipal de Alcobendas, es superior a 29.300 euros (cota máxima que ofrece el INE como resultado del secreto estadístico), mientras que la sección censal que coincide con el centro del mismo municipio (Alcobendas) tiene una renta media por persona en torno a los 8.500 euros. Pues bien, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el conocido coeficiente de Gini para cada municipio en el que hay más de una sección -en este coeficiente, 0 significa igualdad absoluta y 1 desigualdad absoluta- tomando como datos las medias de renta de cada sección y ponderando por la población. De este modo, medimos cómo de dispares son las secciones censales de un determinado municipio en cuanto a su renta. Por regla general, cuanto más pequeños son los municipios y menos secciones tienen, más bajo será este valor y, por eso, más abajo vamos a mostrar los resultados para municipios mayores de 50.000 habitantes y para capitales de provincias. Pero, como veremos, incluso entre los municipios de menor tamaño también hay algunos resultados interesantes.

El gráfico 1 muestra que la desigualdad calculada a partir de las rentas medias de las secciones para municipios de más de 50.000 habitantes va desde 0,05 hasta 0,28. Esto no nos dirá demasiado, solo que la desigualdad entre secciones es solo una parte de la desigualdad entre todas las personas de un municipio, que en algunos casos supera el coeficiente de 0,5, según los datos de la renta de 2014 utilizados por Fedea. Es decir, la desigualdad espacial de la renta que hemos calculado es solo una parte de la desigualdad total de renta. El resto corresponde a la desigualdad entre las personas que viven en la misma sección censal.

Gráfico 1. Distribución de municipios por la desigualdad entre la renta media de sus secciones censales

Quizá resulte más interesante el gráfico 2 donde mostramos la relación entre la desigualdad calculada a partir de las declaraciones de la renta individuales y la desigualdad de renta entre las secciones censales para la mayoría de capitales de provincia. En el eje horizontal representamos la desigualdad de renta entre personas calculada por Fedea con datos de 2014 y en el vertical, la desigualdad entre secciones que hemos calculado con datos de renta de 2016. ¿Qué observamos? Pues lo más interesante bajo nuestro punto de vista es que hay ciudades que, con un mismo nivel de desigualdad entre personas, tienen distinto nivel de desigualdad espacial (entre secciones). Algunos ejemplos nos pueden ayudar a entender esta relación. Uno llamativo son las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana, que tienen un mismo nivel de desigualdad de renta entre personas (0,49), pero niveles relativamente diferentes de desigualdad espacial, siendo Alicante la capital con la mayor desigualdad entre secciones censales, seguida de Valencia y, por último, Castellón con el nivel más bajo. Esto no quiere decir que Castellón sea una ciudad con más igualdad, sino precisamente que la misma desigualdad se distribuye de forma más homogénea, por lo que las secciones tienen una renta media más cercana. En Alicante, por el contrario, la población se agrupa más en función de sus ingresos, de modo que obtenemos secciones censales con datos de ingresos medios más dispares entre sí. Este es también un buen ejemplo para mostrar que la desigualdad de renta por secciones no tiene necesariamente que ver con el tamaño, ya que de las tres ciudades es Valencia la más poblada, y Alicante, la más segregada espacialmente.

Gráfico 2. Desigualdad de renta entre personas y entre secciones censales

Por último, ¿cuáles son los municipios españoles con una mayor desigualdad de renta entre secciones? ¿Coinciden con los más desiguales entre personas? La tabla 1 muestra los diez municipios más desiguales según la distribución entre secciones. Llama la atención que esta lista no sigue claros patrones geográficos o de tamaño, y ni siquiera estos municipios son los más desiguales al calcular la desigualdad entre personas. Así, en la tabla están representadas hasta siete comunidades autónomas, hay dos municipios peninsulares con menos de 25.000 habitantes y grandes capitales como Madrid o Sevilla, además de las dos ciudades autónomas.

En conclusión, cada vez disponemos de mejores datos que nos permiten diseñar intervenciones específicas dirigidas a colectivos o, en este caso, territorios distintos. En esta entrada solo hemos mostrado algo que podemos hacer con estos datos: entender mejor las desigualdades de renta entre secciones, lo que nos da una idea de cómo se agrupa la población por renta en distintos pueblos y ciudades. Este análisis descriptivo puede complementar los análisis más complejos que geógrafos, sociólogos y antropólogos urbanos vienen realizando desde hace décadas acerca de cómo se distribuyen las personas en el territorio según sus características, como la renta.

Tabla 1. Municipios con mayor desigualdad de renta entre secciones censales

Cuenta el psicólogo Jonathan Haidt en su libro La mente de los justos una anécdota que conecta muy bien con la tan comentada conversación entre Pablo Iglesias, Inés Arrimadas e Iván Espinosa de los Monteros el pasado día de la Constitución. En 1994, el republicano Newt Gingrich, recién elegido presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, puso en marcha una serie de reformas para cohesionar el Partido Republicano y dificultar la colaboración entre republicanos y demócratas que había sido habitual hasta la fecha. Entre otras medidas, cambió el calendario de sesiones para que estas tuvieran lugar a mediados de semana y animó a los congresistas a no trasladarse con sus familias a Washington, vivir permanentemente en sus respectivos estados y viajar a la capital solo unos días a la semana para las sesiones. Una de las consecuencias de estas y otras medidas fue que los políticos demócratas y republicanos dejaron de interactuar de forma cotidiana con políticos del partido opuesto, algo que sí hacían cuando pasaban más tiempo en Washington. Según Haidt y otros analistas, esta menor interacción entre políticos de distinto signo ha podido contribuir al aumento de la polarización partidista en los Estados Unidos, que en última instancia ha desembocado en el clima hostil de la actual legislatura de Donald Trump.

La polarización se ha convertido en el fenómeno politológico del momento. Los estudios que se ocupan de ella empiezan a multiplicarse, aunque aún disponemos de poca información sobre Europa en general, y sobre España en particular, en comparación con la evidencia que tenemos acerca de los Estados Unidos. Pero alguna evidencia sí que tenemos. Cuando hablamos de polarización hay que distinguir entre dos fenómenos distintos. Por un lado, hay un tipo de polarización que ha sido estudiada durante décadas por la ciencia política y que denominamos polarización ideológica. Sobre todo cuando se acercan unas elecciones, los ataques entre partidos políticos de ideologías distintas se incrementan y las tensiones aumentan, llegando a veces a extremos como la provocación de disturbios entre distintos grupos étnicos para movilizar a las bases electorales, como muestra este estudio en la India. Pero no es esta polarización ideológica clásica de la que hablan cada vez más los medios de comunicación.

Un segundo tipo de polarización más preocupante es la denominada polarización afectiva o partidismo. Cuando nos referimos al componente afectivo de la polarización nos estamos refiriendo a las evaluaciones que realizamos acerca de los miembros de otros grupos (votantes o simpatizantes de determinados partidos políticos) y a las actitudes que desarrollamos con respecto a estos por el mero hecho de su pertenencia a un grupo (ideológicamente) distinto al nuestro. Estas evaluaciones y actitudes impregnarían aspectos relacionados con la vida cotidiana. Así, investigaciones recientes han puesto de manifiesto que una mayoría de personas (en los Estados Unidos) prefiere vivir en un lugar donde la mayoría de la gente comparta sus ideas políticas y un porcentaje nada desdeñable de la población se sentiría mal si un familiar se casara con alguien que no tuviera su misma ideología.

¿Qué evidencia tenemos del partidismo de base afectiva en España? En los últimos dos años se han publicado dos estudios experimentales que tratan el caso español. En uno, que ya fue discutido en este blog en 2016, mostrábamos que la discriminación entre miembros de distintos partidos políticos era mayor que entre personas de distintas razas en los Estados Unidos, de distintas religiones en el Reino Unido, de distintas regiones en Bélgica o de distinto origen geográfico en el País Vasco. El segundo estudio se ocupa de los casos de España y Portugal y, con una metodología parecida, llega a las mismas conclusiones: los mayores niveles de discriminación se dan entre simpatizantes de distintos partidos políticos.

¿Dónde hunde sus raíces el partidismo? La causa última del partidismo tiene que ver con algo que ha sido ampliamente estudiado en la psicología social y la sociología: la identificación grupal. Los estudios clásicos mostraban que las personas tendemos a desarrollar actitudes y comportamientos positivos hacia los miembros del grupo propio y a desarrollar hostilidad y prejuicio hacia los miembros de otros grupos. Esto sucede, además, incluso en situaciones donde la identidad grupal es mínima o incluso arbitraria. Las sociedades actuales están llenas de ejemplos, como el hooliganismo en el fútbol y otros deportes. En última instancia, el partidismo no es sino la explotación por parte de los partidos políticos de esta tendencia social a identificarnos grupalmente.

Si bien la identidad grupal puede ser la causa última, la mayoría de estudios recientes sobre polarización partidista hacen referencia a una causa más cercana: el aumento de las hostilidades entre los líderes políticos. Y es aquí donde negarle el saludo a un rival político y utilizar un lenguaje abiertamente hostil puede incrementar la polarización y, en último extremo, los enfrentamientos entre simpatizantes de distintas causas políticas. Aunque negarse a hablar con un adversario políticos nos pueda parecer un acto de coherencia, una de las consecuencias de la negación del otro como interlocutor válido puede ser el aumento de la polarización.

Desafortunadamente en España tenemos muy pocos datos sobre polarización partidista y su reflejo en las actitudes y comportamientos de la ciudadanía. Además de los trabajos de ciencia política mencionados más arriba, varios grupos de filósofos políticos en España están trabajando sobre moralidad y polarización. Sin embargo, ningún centro de investigación se ha decidido a realizar un estudio sobre la polarización política como el que de forma periódica realiza el Pew Research Center estadounidense. Esta ausencia de datos nos impide medir con fiabilidad hasta qué punto el clima de hostilidad y desacuerdo que se ha instalado entre los líderes políticos españoles en los últimos años está polarizando las actitudes políticas y sociales de la ciudadanía.

La reciente encuesta preelectoral del CIS muestra los datos más altos de abstención declarada en una encuesta anterior a unas elecciones generales

La recogida de datos del CIS se produjo con anterioridad a las recientes movilizaciones en Cataluña y al traslado de los restos de Franco

Aún con un repunte de la participación en las últimas semanas, todo hace pensar que esta será baja y próxima a la registrada en junio de 2016, la más baja hasta la fecha

Nunca antes tantas personas habían dicho que no iban a votar en una encuesta preelectoral del CIS anterior a unas elecciones generales. Para hacernos una idea, en la encuesta preelectoral anterior a las elecciones de junio de 2016, en las que se dio la participación más baja del actual período democrático, un 11% de las personas entrevistadas indicaba que “no votaría” cuando se le preguntaba por su intención de voto. En los datos que el CIS presentó ayer este porcentaje era del 11,8%. Del mismo modo, en aquella repetición electoral del 2016, un 8,5% indicaba que no iría a votar “con toda seguridad”, mientras que en esta segunda repetición ese porcentaje ha subido al 10,3%. Por tanto, todo haría pensar que estas elecciones podrían batir el récord negativo de abstención y situar esta en torno al 35%, muy por encima del 28% registrado en abril de este año. A la participación electoral parece sentarle mal las repeticiones electorales. Sin embargo, esto podría cambiar algo con todo lo sucedido en la segunda mitad de octubre y lo que pueda pasar de aquí al 10 de noviembre. En esta entrada voy a situar primero la evolución de la abstención declarada en las encuestas del CIS en perspectiva histórica y, a continuación, revisaré dos estudios que nos pueden dar pistas de cómo podría remontar la bajísima participación que el reciente CIS hace presagiar.

El gráfico 1 muestra el porcentaje de personas que indican que “no votarían” en 124 encuestas del CIS desde mediados de 1993. La abstención declarada en cada encuesta viene representada por un punto. Además, se muestran las nueve elecciones generales que han tenido lugar desde entonces, incluyendo las próximas elecciones del 10N. Hasta el 2015 se dan ciclos electorales normales de cuatro años y lo que vemos es que, en cada ciclo, la abstención va subiendo a medida que nos alejamos de las elecciones anteriores hasta llegar a un punto máximo desde el que va descendiendo a medida que se acercan las siguientes elecciones. Lo interesante es que, excepto en las dos elecciones repetidas, el punto más bajo de la abstención declarada siempre coincide con la encuesta inmediatamente anterior a las elecciones. Este parece que era el comportamiento “regular” de la abstención declarada hasta el 2016. El caso del ciclo electoral 2011-2015, que coincidió con los peores momentos de la crisis económica y el cambio en el sistema de partidos resulta especialmente interesante. La abstención declarada subió hasta cotas del 25%, lo que hubiera supuesto una abstención de más del 50% en unas hipotéticas elecciones generales. Sin embargo, llegadas las elecciones de 2015 las aguas volvieron a su cauce y las últimas encuestas antes de las mismas ya mostraban una abstención declarada muy normalita. En el ciclo 2016-2019 el patrón fue muy similar a los anteriores.

Si nos fijamos ahora en las dos repeticiones electorales, vemos que no da tiempo a que se repita la subida y posterior bajada de la abstención de otros ciclos y lo que ocurre es que las elecciones coinciden con el momento ascendente de la desmovilización. Pasó en junio de 2016 y está pasando en este momento. Todos los indicadores apuntan a que la abstención estaría ahora incluso por encima del 33% de aquella cita. Pero el trabajo de campo del reciente barómetro preelectoral del CIS tuvo lugar antes del anuncio de la sentencia del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes, las movilizaciones posteriores y la exhumación de Franco y el debate público que generó. ¿Podría cambiar esto la tendencia negativa de participación que anticipa el barómetro?

Gráfico 1: Evolución de la abstención declarada en encuestas del CIS (1993-2019)

Numerosos estudios en la ciencia política han tratado de entender el efecto que determinados sucesos singulares de especial relevancia pueden tener sobre la participación electoral. Sin embargo, aislar el efecto de un suceso concreto no resulta sencillo. En España tenemos dos ejemplos que nos pueden dar pistas de cuál sería el alcance de un posible efecto movilizador de todo lo ocurrido en las últimas semanas. En primer lugar, tenemos el caso del incremento de la participación que los atentados del 11M habrían tenido sobre la participación en las elecciones del 14 de marzo de 2004. Los atentados se produjeron solo tres días antes de las elecciones y fueron seguidos de multitudinarias movilizaciones. Pues bien, José García Montalvo estima en este conocido estudio que la participación habría aumentado en 2,7 puntos porcentuales como consecuencia de los atentados. En otro estudio reciente sobre el efecto de los atentados terroristas de ETA sobre la participación declarada en encuestas del CIS, Laia Balcells y Gerard Torrats-Espinosa han mostrado que las personas entrevistadas después de un atentado de ETA tenían entre un 2% y un 3% más de probabilidad de declarar que irían a votar. Un porcentaje muy similar al estimado para el caso de los atentados del 11M. Esto quiere decir que, en casos bastante extremos como son los atentados terroristas, el aumento de la participación es bastante modesto.

La combinación de los datos mostrados ayer por el CIS y de la evidencia que tenemos acerca del limitado efecto movilizador de sucesos de gran impacto mediático hace que la expectativa de participación se sitúe entre un nuevo récord de la abstención en el peor de los casos (por encima del 35%) y una participación relativamente baja en el mejor (por encima del 30%). Una mayor participación rompería los patrones que hemos observado hasta la fecha y sería digna de estudio. Para despejar dudas ya solo quedan apenas once días.

Numerosos estudios desde la ciencia política comparada han analizado procesos recientes de secesión, tales como el de Sudán del Sur, Kosovo, o los intentos secesionistas en Escocia o Quebec. A partir de estos trabajos sabemos que los procesos secesionistas en democracias son habitualmente pacíficos, como es el caso de la movilización a favor de la independencia en Cataluña. Lo que ha sido menos analizado son las consecuencias sociales que la intensa movilización política vinculada a un proceso de secesión puede acarrear. Un estudio internacional reciente muestra precisamente esos efectos sociales en un caso relevante de secesión, el de la República de Sudán del Sur, que proclamó su independencia en 2011. Pues bien, en el citado estudio los investigadores muestran que la participación en los disturbios que tuvieron lugar en la capital de Sudán (Jartum) influyó en el apoyo de los ciudadanos de lo que luego sería Sudán del norte sobre la independencia de lo que luego sería Sudán del sur.

¿Tenemos evidencia de que el proceso independentista catalán esté teniendo consecuencias sociales? En un estudio publicado recientemente intentamos contestar esta pregunta. En concreto, nos preguntamos si el procés puede hacer que personas con distintas identidades (catalana o española) confíen más o menos entre sí. Para responderla, partimos de un estudio anterior, realizado en el año 2012, en el que analizábamos en qué medida los conflictos políticos en Euskadi y Cataluña podían haber dejado un legado de desconfianza en las relaciones entre los ciudadanos vascos y catalanes. Para ello, llevamos a cabo un experimento conductual en el que estudiábamos cuáles eran las dinámicas de confianza y reciprocidad entre ciudadanos vascos y catalanes de diferentes orígenes e identidades.

El experimento consistía en un “juego de confianza” que se jugaba en parejas (jugadores A y B). Ambos jugadores tenían asignados inicialmente 50 euros. El jugador A tenía que decidir cuántos de estos 50 euros enviaba al jugador B. Cualquier cantidad que enviase era entonces multiplicada por dos. El jugador B, finalmente, tenía que decidir cuánto dinero enviaba a A. Así, por ejemplo, si A enviaba 20 euros a B, este recibiría 40, y ahora B tenía que decidir cuánto enviaba a A de sus 50 euros iniciales. De modo que el dinero que A enviase a B mediría el grado de confianza que tendría en B, mientras que el dinero que enviaba B mediría el grado de reciprocidad que B mostraba hacia A. En el estudio, se emparejaba a los participantes teniendo en cuenta el idioma que hablaban. De este modo, podíamos analizar si existía algún patrón de discriminación entre participantes que empleaban idiomas distintos en su vida cotidiana.

Los investigadores sociales siempre soñamos con que los grandes cambios sociales nos pillen haciendo trabajo de campo y eso fue lo que nos ocurrió con el experimento mencionado. Meses después de nuestro experimento, en concreto el 11 de septiembre de 2012, se produjo la importante manifestación en Cataluña que, bajo el eslogan “Cataluña, un nuevo estado de Europa” supuso el pistoletazo de salida para la movilización independentista que ha ocupado el centro de la política catalana en los últimos años. Dado el efecto que tal movilización podía tener sobre la confianza entre catalanes de distintas identidades, decidimos volver a hacer el mismo estudio a principios del año 2015. Y, como muestra el gráfico 1 de más abajo, entre los dos experimentos mucho había cambiado en la sociedad catalana, por ejemplo el apoyo a la independencia y, curiosamente, prácticamente nada había ocurrido en el País Vasco en este sentido.

Los resultados de ambos experimentos muestran un efecto inesperado del procés sobre la confianza entre distintos grupos de personas (definidos por el idioma que hablan en su vida cotidiana) en Cataluña. En el gráfico 2 vemos el nivel de confianza  en el País Vasco (izquierda de cada gráfico) y Cataluña (derecha), en cada uno de los años (2012 en gris claro y 2015 en gris oscuro), dependiendo del idioma habitual del que confía y del depositario de dicha confianza. Así, por ejemplo, el gráfico superior izquierdo muestra la confianza entre los hablantes de castellano en el País Vasco y Cataluña, en los años 2012 y 2015. Por su parte, el gráfico inferior izquierdo muestra la confianza depositada por los hablantes de castellano en los hablantes de catalán (en Cataluña) o Euskera (en el País Vasco) en los dos años considerados.  

¿Qué observamos en los distintos gráficos? Pues en todos los tipos de parejas, excepto uno, la confianza cae entre los años 2012 y 2015. Que la confianza interpersonal caiga entre esos dos años en España no es sorprendente. Entre ambos años se estaba produciendo en España un deterioro de la situación económica (al menos a nivel subjetivo) y política. Sin embargo, la confianza aumenta de forma marcada entre los hablantes de castellano en Cataluña entre los dos años. En concreto, este grupo pasa de ser el que mostraba menor confianza en el año 2012 a situarse en niveles similares al resto en el 2015.

¿Qué podemos concluir de este estudio experimental? Pues parece que la etiqueta “hablante de castellano” tenía connotaciones negativas (al menos en lo relativo a la confianza) para los propios hablantes de castellano antes de la parte más intensa del proceso independentista. Sin embargo, años después de la intensificación del proceso, dicha connotación negativa parece haber dejado de existir y ahora la confianza entre hablantes de castellano en Cataluña está al mismo nivel o por encima de la que se observa en los demás grupos lingüísticos en Cataluña y en el País Vasco. Este hecho constituiría una de las paradojas que genera una movilización política tan intensa como la actual: podría estar aumentando los lazos afectivos de aquéllos que, en principio, no suponen el destinatario privilegiado de la movilización, sino más bien, los posibles damnificados del propio proceso.

Uno de los argumentos que han sido empleados para tratar de explicar la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos es la creciente polarización partidista que se viene produciendo en este país. En este sentido, la lealtad al propio partido político (y el rechazo al contrario) ha podido ser más importante para el votante que el candidato que cada partido ponía en liza. El partidismo (partyism) ha sido recientemente definido como la hostilidad o el prejuicio que se da entre los votantes o simpatizantes de diferentes partidos políticos. En los Estados Unidos, la antipatía entre republicanos y demócratas ha alcanzado los niveles más altos de las últimas dos décadas, llegando a tener efectos en aspectos de la vida cotidiana que, en principio, poco tendrían que ver con la política.

Por ejemplo, una mayoría de personas prefiere vivir en un lugar donde la mayoría de gente comparta sus ideas políticas. Del mismo modo, una de cada cuatro personas que se definen como claramente liberales o claramente conservadoras se sentiría mal si un familiar se casara con alguien que no tuviera su ideología. Pero, más allá de estos datos generales, ¿qué evidencia académica tenemos acerca del partidismo en los EEUU?, y, ¿se trata sólo de un fenómeno estadounidense o podríamos extrapolarlo a otros sistemas políticos? Con esta entrada trataremos de dar algunas respuestas a estas dos preguntas.

En los últimos años, los politólogos Shanto Iyengar y Sean Westwood han realizado varios estudios experimentales donde ponen a prueba la hipótesis del partidismo en la sociedad estadounidense. Uno de sus experimentos utiliza el denominado “juego de la confianza”, un juego experimental en el que participan dos jugadores (A y B). El jugador A tiene asignados inicialmente 10 dólares y tiene que decidir cuántos de estos 10 dólares envía al jugador B. Cualquier cantidad que envíe es entonces multiplicada por tres. El jugador B, finalmente, tiene que decidir cuánto dinero devuelve a A. Así, por ejemplo, si A envía 5 dólares a B, este recibirá 15, y de esos 15 tiene que decidir cuánto envía de vuelta a A. De modo que el dinero que A envíe a B mediría el grado de confianza que tendría en B (es decir, el grado en el que A se fía de que B le devuelva parte del dinero entregado).

A partir de una muestra representativa de la sociedad estadounidense, estos autores encuentran que los participantes confían menos (envían menos dinero en el juego) en participantes con distinta ideología (demócrata o republicana) que en aquellos con los que sí comparten voto. Y mientras la división partidista tiene un efecto significativo sobre la confianza, estos autores no encuentran que interactuar en este juego con personas de origen racial distinto afecte a la confianza. De aquí concluyen que la animadversión hacia personas opuestas ideológicamente es mayor a la profesada hacia personas de distinta raza.

En un estudio reciente, hemos replicado el estudio sobre la primacía del partidismo de Iyengar y Westwood en otras tres sociedades con sistemas políticos distintos al estadounidense. En concreto, encontramos que tanto en los Estados Unidos, como en el Reino Unido, Bélgica y Euskadi la discriminación basada en el partido político con el que te identificas es mayor que la discriminación racial en los Estados Unidos, la basada en la religión en el Reino Unido, la región en Bélgica o el origen (ascendencia autóctona o no) en el País Vasco. El caso vasco tiene especial relevancia por varios motivos y por eso nos vamos a detener en el mismo y lo vamos a utilizar para ilustrar la primacía de ese partidismo al que venimos haciendo referencia.

El electorado vasco se ha dividido tradicionalmente en cuatro compartimentos (desiguales en tamaño) resultantes del doble eje izquierda-derecha, nacionalista-constitucionalista. En cada uno de estos compartimentos existía, además, un partido dominante (y único en el momento que realizamos nuestro estudio, finales de 2014): PNV (derecha nacionalista), PP (derecha constitucionalista), Izquierda Abertzale (izquierda nacionalista) y PSE (izquierda constitucionalista).

Utilizando el mismo juego de la confianza empleado por Iyengar y Westwood en los Estados Unidos, estudiamos si los participantes en el juego discriminaban más a los simpatizantes de otros partidos políticos que a los que tenían un origen (apellidos) distinto. Encontramos que la discriminación basada en el criterio étnico (apellidos) era muy pequeña y, sobre todo, mucho menor que la producida por la simpatía hacia distintos partidos políticos. Así, un/a Urrutikoetxea confía lo mismo en un/a Etxebarria que en un/a López y viceversa. Sin embargo el criterio partidista parece clave. Por poner un ejemplo, los votantes de la izquierda abertzale entregaban de media 5,02 euros a quienes votaba a su mismo partido y solo 2,68 a los del PP. Así, de media los votantes de un partido entregaban más dinero a quienes habían votado lo mismo que ellos.

El caso vasco también resultaba especialmente interesante por un segundo motivo. Encontramos que la cercanía ideológica entre partidos en alguno de los ejes modera el efecto negativo del sesgo partidista. Así, simpatizantes de partidos que comparten alguno de los ejes (como el PNV y la Izquierda Abertzale) se discrimina menos entre sí que simpatizantes de partidos antagónicos en los dos ejes (Izquierda Abertzale y PP).

¿Qué hace que la discriminación partidista siga en aumento cuando hemos asistido a importantes avances en la reducción de otros tipos de discriminaciones? Nuestra interpretación es que, al contrario de lo que ocurre con la discriminación racial o de género, que están fuertemente sancionadas por normas sociales, no existen las correspondientes presiones sociales en el caso de la discriminación partidista. Como nos demuestran a diario los debates y tertulias políticas en España y otros países de nuestro entorno, la hostilidad y el prejuicio hacia los que no comparten nuestras ideas políticas están plenamente aceptados socialmente y apenas nos provocan sonrojo.

Un simple ejercicio mental es muy revelador a este respecto. Imaginemos por un momento que los calificativos que nos permitimos emplear para calificar a los votantes de Donald Trump, Mariano Rajoy o Pablo Iglesias fueran utilizados para hablar de los “hombres”, las “mujeres” o los “musulmanes”. Resultarían socialmente muy inapropiados (y en algunos casos susceptibles incluso de constituir delito de odio) y, sin embargo, no lo resultan para calificar al adversario político.

Hay dos motivos adicionales que hacen que la polarización partidista siga en aumento. Por un lado, la retórica de los líderes de los partidos hace que parezca perfectamente aceptable despreciar a los oponentes políticos. La reciente campaña electoral estadounidense supone un ejemplo de libro de este argumento. Por último, también se ha asociado la creciente polarización con la exposición continuada a campañas electorales. La sucesión de elecciones regionales, nacionales e incluso supranacionales hace que los partidos no abandonen el lenguaje agresivo propio de las campañas electorales. El ciclo electoral que comenzó en España en 2014 y que ha mantenido al país en un estado continuo de campaña electoral tiene mucho que ver, sin duda, con la creciente polarización que también se observa en la política española.

Las consecuencias económicas y sociales del desempleo son devastadoras. El desempleo suele venir acompañado de una importante pérdida de poder adquisitivo de las personas que lo padecen y supone uno de los mayores gastos sociales para un estado. Además, el desempleo ha sido relacionado con problemas de salud como el estrés, la depresión, la ansiedad o, comparando países, con un aumento de los suicidios, los homicidios o las muertes relacionadas con el alcohol. Y el desempleo no solo se padece en primera persona, sino que también tiene efectos sobre la salud física y mental de otros miembros de la familia.

Por si fueran pocos todos estos efectos negativos, recientemente los científicos sociales han puesto su lupa sobre otra consecuencia del desempleo: un cambio de los valores o preferencias sociales y políticas de las personas que lo sufren. Lo que economistas, politólogos y sociólogos, entre otros, han empezado a preguntarse es si, al quedarse desempleadas, las personas cambian sus valores morales y sus demandas políticas. Un estudio reciente realizado en EEUU muestra que tras quedarse desempleadas las personas demandan más políticas sociales. Sin embargo, se trata de un efecto pasajero. Cuando la situación laboral de las personas mejora, éstas vuelven a apoyar las políticas sociales que apoyaban antes de quedarse desempleadas.

¿Por qué se produce este cambio de preferencias? ¿Por qué el desempleo hace que las personas demanden más políticas sociales? Hay al menos dos posibles respuestas a estas preguntas. La primera es que los desempleados experimentan una pérdida de poder adquisitivo y por tanto necesitan más al Estado. Y hasta cierto punto esto es lo que han asumido los economistas hasta tiempos recientes. Pero hay una segunda posibilidad: puede que al quedarse desempleadas, las personas cambien sus preferencias o valores más allá de su propio interés. Claro, simplemente preguntándoles a las personas, incluso a lo largo del tiempo, sobre sus opiniones políticas no podemos distinguir entre las dos explicaciones planteadas. Es en estos casos donde los científicos sociales hemos comenzado a utilizar experimentos conductuales, similares a los que desde hace décadas se llevan a cabo en psicología, para intentar distinguir entre diversas explicaciones de un fenómeno social.

En un estudio experimental reciente intentamos diferenciar el efecto del desempleo sobre la necesidad o el propio interés, de un cambio de los ideales de justicia distributiva de las personas. Este tipo de estudios tienen dos dificultades. Una es cómo medimos los valores, al menos hasta que la neurociencia nos permita escanearlos directamente. Un segundo problema es cómo medimos el cambio de valores. En nuestro estudio, intentamos salvar la primera dificultad con un experimento conductual bastante simple y, la segunda, haciendo que los participantes tomen parte en el estudio dos veces, antes y después de quedarse desempleados. Si solo las que se han quedado desempleadas cambian sus valores diremos que el desempleo es el causante. Pero antes de contar qué resultados obtuvimos, vamos a detenernos un poco en qué consistía ese experimento que pretendía medir los valores de las personas.

Lo que sabemos por estudios anteriores es que las personas tienden a distinguir entre dos tipos de desigualdades: aquellas que no estamos dispuestos a aceptar bajo ningún concepto y aquellas que consideramos que aceptamos hasta cierto punto. Entre las primeras se encuentran todas las desigualdades que hoy en día consideramos arbitrarias e injustas, como las diferencias salariales entre hombres y mujeres, entre personas de distinto origen étnico, etc. Entre las segundas se encontrarían desigualdades que hasta cierto punto aceptamos al estar relacionadas con el mérito o el esfuerzo, como que un médico gane más que un enfermero o que la estrella de un equipo de fútbol gane más que el utillero. Lo que hacemos en el laboratorio es generar de forma artificial estos dos tipos de desigualdades. ¿Cómo? Pues primero hacemos que todos los participantes realicen una tarea productiva y, después, les pedimos que decidan cómo quieren repartir lo producido en grupos de cuatro personas. El truco (experimental) está en que en algunas sesiones del experimento, los participantes se han ganado lo que van a repartir luego y en otras lo que tiene cada uno nada tienen que ver con el desempeño en la tarea productiva.

Lo que observamos es que cuando las personas no se han ganado los recursos de los que disponen, la inmensa mayoría de los participantes proponen un reparto igualitario. La diferencia viene cuando nos fijamos en la condición experimental en la que se transmite un cierto sentido de que las personas se lo han ganado. En este caso es donde encontramos nuestro resultado principal: las mismas personas que estando empleadas o estudiando respetaban hasta cierto punto lo que cada uno se había ganado, pasan a proponer distribuciones igualitarias después de quedarse desempleadas. Lo importante del resultado es que es la misma persona la que pasa de reconocer lo que otras se han ganado a no hacerlo tras quedarse desempleada. Además, el diseño de este experimento permite ver si las personas se han vuelto más egoístas, simplemente observando si se quedan con más dinero en el reparto tras quedarse desempleadas. Y esto no es así. Los nuevos desempleados realizan repartos más igualitarios, sin que esto suponga quedarse con más dinero respecto al año anterior. Nosotros interpretamos este hecho como un cambio genuino en los valores de las personas, que pasan de reconocer y recompensar el esfuerzo a proponer repartos más igualitarios una vez que se han quedado desempleadas.

¿Qué efectos prácticos tiene el cambio de valores que hemos identificado? Aquí podemos distinguir entre efectos directos y efectos indirectos. De forma directa, este cambio de valores implicaría la pérdida de una de las motivaciones para buscar trabajo, en concreto, la pérdida de la motivación de trabajar por el hecho de ganarse el sustento con tu propio esfuerzo, más allá de la compensación material que te da el trabajo. Sin esta motivación es probable que la reincorporación al mercado de trabajo sea más lenta y menos efectiva. Esto es algo que ya estamos estudiando, analizando el efecto que tienen sobre los valores las intervenciones públicas, como las acciones de orientación o el coaching. Entre los efectos indirectos, y aunque es algo que va mucho más allá de nuestro estudio, siempre acabamos dándole vueltas a los efectos del cambio de valores identificado sobre la participación política. Un reciente artículo nos hace pensar que el cambio de valores que provoca el desempleo, la pobreza y la desigualdad tiene también su reflejo en la arena política. Sobre esto todavía queda mucho que investigar y que decir.