Ante el acoso, hay que partir de la evidencia de que en todas las organizaciones pasa: hay violencia contra las mujeres en las empresas, universidades, institutos, colegios, centros de trabajo, federaciones deportivas, en las iglesias y en todos los partidos políticos. 

Porque venimos de y vivimos aún en una sociedad machista donde el poder se demuestra con las mujeres, a costa de las mujeres y, demasiado a menudo, con violencia sobre las mujeres.

Desconfíen de las organizaciones donde no haya oficialmente casos, porque son aquellas en las que aún impera el silenciamiento. El tradicional pacto entre caballeros en sus dos versiones: la básica, que cierra filas con el agresor, abona el silencio de las víctimas, y con ello se hace cómplice y encubridor de la violencia machista. Y la versión más depurada, que reacciona contra ellas, a menudo utilizando a la justicia como campo propio para querellas o demandas que no solo acallan a la que se atrevió a hablar, sino que es disuasoria para las demás. Que ha permitido la perversión de convertir a acosadores y acosadas en acusadores y acusadas.

La pregunta no es si tienes casos de acoso: es cómo reaccionas y cuándo. La respuesta correcta es protegiendo a las víctimas y de forma inmediata.

La violencia contra las mujeres, incluida la sexual, no es una cuestión privada, ni íntima, ni pasional, como esgrimen los negacionistas. Es siempre una cuestión de poder. Todas las violencias machistas son producto de la subordinación y la discriminación, desde la más normalizada y leve -esa agresión verbal y gestual que “te pone en tu lugar”-, a la más sangrante.  

Pues bien, si comprendes que es una situación de poder, y has de actuar, demuestra con quién estás. Con ellas o con él. Eso es lo esencial. Apoya a las víctimas, escucha sin juzgar, proporciona un espacio seguro donde pueda aflorar la verdad. La verdad es el primer escalón para la justicia, reparación y garantía de no repetición, como en toda violación de derechos humanos. Para que eso sea posible y el espacio sea seguro, el poder no puede estar con el agresor, y el agresor no puede seguir ostentando poder. Por eso los protocolos eficaces prevén como primera medida apartar al presunto agresor. No como castigo anticipado y carente de garantías, sino como una medida provisional imprescindible para conocer la verdad, una condición de posibilidad de una investigación interna eficaz y funcional a la verdad. Además de prevenir y evitar más casos. Y, en caso de que sea un hecho delictivo, también será lo que permita denunciar. 

En eso consisten los famosos protocolos, que en materia de violencia sexual son obligatorios desde la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la ley “solo sí es sí”. La protección integral es esencial para tomar la decisión de denunciar con garantías y con muchas más posibilidades de prosperar, frente al sistema de la impunidad que aislaba a las agredidas.

En un estado de Derecho, la Justicia tiene la exclusiva de juzgar y penar al agresor (más allá de medidas disciplinarias si es trabajador o funcionario público), si en un proceso con todas las garantías procesales y penales se consigue desvirtuar su presunción de inocencia. Incluso desde la ley “solo sí es sí” pueden ser penadas por acoso las personas jurídicas; como responsables penales, no solo civiles. Pero la justicia no tiene la exclusiva de proteger a las víctimas, ni de reconocerles oficialmente tal condición. Afortunadamente, porque, por definición, el sistema penal siempre llega tarde, cuando el hecho dañoso ya se ha cometido. 

Es la administración civil, mediante sus recursos especializados, la que tiene en sus manos tejer una red de prevención, atención, protección integral y reparación que salva vidas. De las supervivientes de violencias que pueden denunciar, y las que no. 

Tampoco tiene la justicia penal la exclusiva de la verdad: existe una verdad judicial plasmada en sentencias condenatorias, condicionada por todo un sistema de límites materiales y procesales. Es obvio que agresor lo es aunque posteriormente se suicide y jamás sea juzgado, y que una pediatra puede certificar que una niña es víctima de violación. Hay más verdad sobre las violencias machistas en los testimonios que se forjan en las redes seguras que tejen las mujeres que en las sentencias; los datos oficiales rigurosos nos lo recuerdan periódicamente, en tiempos donde parece necesario demostrar lo evidente.

Las organizaciones, empresas, la sociedad en su conjunto, tienen en sus manos muchas vidas que salvar. Y como todo gran poder, su reverso es una gran responsabilidad. 

Esta sociedad ya no soporta más reacciones como la que desplegó la RFEF ante una agresión sexual que vimos millones de personas en directo. Frente al tradicional sistema de poder que arropó y aplaudió al agresor, las campeonas del mundo dijeron: se acabó. Y ese mensaje llegó a más hombres, mujeres y sobre todo a más niñas que todos los anteriores. No las defraudemos. 

Cuando flojeen porque el agresor es un padre, un hijo, un compañero, recuerden que se lo debemos a nuestras abuelas, madres e hijas, y al feminismo contra el que se dirigen, de forma prioritaria, todos los movimientos reaccionarios. Ni un paso atrás. Se acabó.

Asistimos a un debate manipulado sobre libertad de expresión y censura, construido sobre un silenciamiento previo. El libro El odio objetivamente proporciona un nuevo altavoz a José Bretón, el criminal machista que asesinó el 8 de octubre de 2011 a los hijos de Ruth Ortiz, quemando sus cuerpos y fingiendo que se habían perdido en un parque, como venganza contra su esposa, según los hechos probados de la sentencia, por no aceptar la ruptura de una relación de maltrato.

Quienes priorizan su libertad por encima de todos los demás derechos y libertades, en particular los de las mujeres -eso sí es un clásico-, conocen los límites legales, establecidos en el artículo 20.4 de la Constitución de 1978: “La libertad de expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones tiene su límite en el respeto a los derechos fundamentales, especialmente al honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud e infancia”. Todas las editoriales deben saber que, según la ley (LO 1/1982, reformada en 2010), es una intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de las víctimas “la utilización del delito por el condenado para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos”. Ya veremos si su contenido, además de violar esos derechos a la intimidad personal y familiar de las verdaderas víctimas, puede considerarse que quebranta la condena de prohibición de comunicación con Ruth y con sus padres por cualquier medio, directo o indirecto, durante cuarenta años. Eso lo decidirá la justicia, que por el momento ha denegado en la vía civil la medida cautelar interesada por la Fiscalía, por no haber podido valorar el conflicto de derechos al carecer del libro.

El debate está manipulado de antemano porque la única alternativa posible, una vez escrito y editado el libro, es impedir o no su difusión. Pero la responsabilidad de que no haya más alternativas que esa dicotomía es de quien decidió, voluntaria y conscientemente, no dar agencia ni voz siquiera a la víctima principal, una mujer que sigue viva pese al crimen devastador: se le ha impedido saberlo, contradecir las mentiras, prevenir o prepararse, y como consecuencia, ha sufrido un daño adicional catorce años después. Por eso solo ha podido pedir que se detenga. Ante ello, el patriarcado no solo la critica, sino que pretende erigir en víctima, merecedor de público apoyo, a quien causa un daño previsible y evitable, y admite haberse ahorrado esa comunicación para que no interfiriera en su proyecto personal. Si decides dar altavoz a un asesino machista contando solo su versión y difundiendo sus mentiras, las que dijo en el juicio u otras nuevas, tienes que saber, como sabe cualquiera que pisa una cárcel, que se presentará como víctima, y que si envías sus mensajes al exterior, tienen una destinataria a la que él tiene prohibido dirigirse. Es una ofensa intelectual muy propia de estos tiempos sostener ese análisis de brocha gorda entre libertad y censura, simulando defender la fina pluma de la literatura, eso sí, con el prefacio del máximo respeto a las víctimas del terrorismo machista. Ampliemos un poco la mirada y el debate.

Hablemos de la violencia de género. Lo mínimo para comprender que es una violencia específica, distinta al resto, que tiene mil caras y utiliza cualquier instrumento al alcance del agresor. Incluido un libro. Una violencia con tantas modalidades de actuación como vidas a las que afecta (600.000 mujeres al año, sin contar otras víctimas, según los datos oficiales, de las cuales casi 200.000 denuncian). Un hombre machista está convencido de que tiene derechos sobre las mujeres, reclama su “patria potestad”, considera a “su” mujer, hijos e hijas no como personas y sujetos de derechos, sino como objetos de su propiedad. Cuando nombran a sus hijos, reales o potenciales, como “sangre de mi sangre, no personas para criar o educar, sino para perpetuar la especie”, difunden el manual del patriarcado escrito durante siglos de historia con la sangre de sus víctimas, no la suya.

Partiendo de esta evidencia, cuesta menos comprender las violencias vicarias e instrumentales, directas e indirectas. En 2025, una “violencia de libro” no es solo un cadáver ni un ojo morado.

Ha costado décadas asumir que es violencia romper objetos de la casa sin tocar el cuerpo de la mujer e infancia que lo presencian. Una intimidación que ahora nos parece obvia.

También se ha aceptado ya socialmente la violencia vicaria, que es legalmente violencia de género desde 2021: la que utiliza a los hijos -u otras personas allegadas menores de edad- como arma o meros instrumentos de la violencia contra la mujer -otra vez objetos, no personas- para golpear donde más duele. No son solo los casos de asesinatos: conocemos miles de víctimas de violencia machista que pasan con angustia y miedo cada hora de régimen de visitas del agresor y en vela cada noche. Aunque hayamos conseguido cambiar la ley y que la regla general sea suspender los contactos ante los indicios de violencias machistas, aún hay gente que defiende, contra toda evidencia, que un maltratador puede ser un buen padre.

Hablemos de otros casos reales de violencias instrumentales, un poco menos directas que un puñetazo: el abuso de propiedades comunes, desde el coche hasta el piso, para que ella reciba multas y embargos o sea desahuciada. Recuerdo un atestado con imágenes de una víctima de maltrato a quien el Juzgado obligaba a compartir por quincenas el hogar, donde permanecía el hijo común, y lo recibió pintado de negro, asquerosamente sucio y lleno de material pornográfico y preservativos usados. Un exmarido que adquirió el edificio entero sin residir en él, por el alejamiento. El que compró acciones de la empresa para adquirir la mayoría social y que ella pasara a ser su empleada. El que operó a su exmujer, realizó mastectomía bilateral y prescribió ovariectomía. El que utilizó las portadas de las revistas de cotilleos para que toda España creyera que ella era una mala madre. El que daba la dirección de su ex y fotografías a los compañeros de módulo que salían de permiso. 

Por supuesto, el uso y abuso de las instituciones, en particular de la administración de justicia. Cuando el Código Penal castigaba como falta el incumplimiento del régimen de visitas, había hombres que conseguían tener a sus ex parejas más horas en los Juzgados que cuando trataron de retenerlas en casa. “No denuncia para ver al niño, sino a mí”. Qué mujer separada no recuerda que el cumplimiento de las visitas condicionaba su horario, sus ingresos, sus pocas actividades de ocio, vacaciones, celebraciones familiares. Algunas sentencias o acuerdos permitían al hombre un control mayor que cuando convivían. 

Porque de eso se trata: del control. Del poder sobre la vida de la otra persona, de la mujer como persona subordinada, obligada -lo estuvimos legalmente en el franquismo- a obedecer y seguir al marido, a estar pendiente de sus deseos. 

Hablemos de la evolución de las formas de quebrantamiento de condena, cuando la pena incluye la prohibición de comunicación por cualquier medio, directo o indirecto: antes se consideraban sólo delito de quebrantamiento las expresiones dirigidas a la víctima por el delincuente; ahora también por terceras personas, no solo por mensaje sino también por los estados o perfiles en redes sociales o aplicaciones de mensajería; canciones, fotografías, llamadas sin mensaje… y por supuesto, un libro puede ser perfectamente instrumento de ese delito, otra violencia machista del delincuente. La protección legal de las víctimas, tanto las mujeres como las criaturas, que conlleva la suspensión de visitas con el agresor, parte de la evidencia de que, una vez perdido el control sobre ella tras la separación personal, el agresor busca nuevas vías para estar presente en su vida y continuar haciéndole daño. Sabiéndolo, es más difícil que la gente peque de ingenuidad, siendo consciente de cuándo se le está facilitando una nueva vía de contacto, que es un factor objetivo de riesgo de violencia. 

También debemos tomar conciencia de la jactancia del crimen, una actitud sobradamente compatible con el arrepentimiento formal, la confesión del delito e incluso la reparación meramente económica del daño, reconocidas incluso legalmente como atenuantes, carentes de un mínimo enfoque de género en el conocimiento y la comprensión de esta violencia estructural.

Finalmente, tampoco se ha destacado estos días que el criminal no solo mató a sus hijos: fingió su desaparición pretendiendo torturar a la madre de por vida, condenarla a creer que estaban vivos y convertirla en una mujer errante en eterna búsqueda, negarle hasta el duelo y el ínfimo consuelo humano del entierro. Como hizo diez años después Tomás Gimeno con las hijas de Beatriz Zimmermann en Tenerife. Un intento de máximo control sobre la vida de las mujeres: el castigo infinito por pretender vivir como seres humanos libres e iguales. El apoyo social a los agresores machistas es aún demasiado flagrante en los medios, en el fútbol, en las redes, como para seguir alegando ignorancia. Quienes tienen altavoces y deciden quiénes tienen voz en los debates, han hablado muy poco esta semana de esa libertad, la de las mujeres. Y de los silenciamientos, castigos y violencias sistémicas, en las que algunos viven como peces en el agua. 

La primera vez que sentí vergüenza de toga fue como observadora independiente en los juicios contra activistas saharauis, acreditada por el Consejo General de la Abogacía Española. En una apelación colectiva, todas las pruebas apuntaban a una previsible anulación o al menos reducción de las condenas. A la vista de todas las personas presentes, el magistrado recibió un fax y leyó una sentencia que no encajaba con lo que allí se había visto y oído. Después, la protesta y una violenta represión policial. El causante de esa violencia, en su despacho, ya sin toga, invitaba a jueces y fiscales españoles a pasar días de verano en la costa marroquí, subrayando la importancia de mantener esos intercambios que apuntalaban los lazos de amistad entre ambos países. Las influencias se alimentan de canapés, y subir es no mirar hacia abajo.

Nunca pensé que iba a sentir mucha mayor vergüenza de toga en mi propio país. Y ha sido la peor experiencia de mi vida.

Mucho antes de la persecución legal a Podemos y de la demostración de la utilización de la guerra jurídica –el denominado “lawfare”– en el caso del exjuez Salvador Alba Mesa, sus protagonistas ya se encontraban en casos de corrupción. En 2005, el presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Canarias –predecesor de Salvador Alba en el cargo– y de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, fue grabado en unas intervenciones telefónicas aceptando favorecer a un gran narcotraficante, Rafael Bornia Bordón. Sugirió su libertad al fiscal antidroga, tras su busca y captura internacional. Parte de la carrera desaconsejó al instructor remitir pieza separada para su debida investigación al Tribunal Superior de Justicia: perro no come perro (odio esa expresión).

Aquello surgió de un hallazgo de esos derivados de los círculos secantes telefónicos –político-empresario-tribunal– en una investigación por corrupción en un lucrativo concurso de energía eólica, en la Consejería de Industria de Luis Soria López, colocado allí por su hermano, el presidente del PP canario, José Manuel Soria López. El magistrado fue juzgado y condenado por sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y expulsado de la carrera judicial, pero en el Tribunal Supremo (TS) fue absuelto en 2010. La sala presidida por Manuel Marchena confirmó los hechos probados, pero eran constitutivos de otro delito distinto al único por el cual el fiscal jefe del TSJC había formulado acusación. Era tráfico de influencias y no negociaciones prohibidas. El magistrado fue repuesto en la carrera judicial con todos los honores, y cobró todos los salarios dejados de percibir desde su suspensión. Tuvo incluso un acto público de desagravio –pese a los hechos probados– organizado por el abogado canario Eligio Hernández, exmagistrado y ex fiscal general del Estado, que había sido su máximo defensor público, junto con el juez Salvador Alba Mesa, entonces solo conocido por defender públicamente la inconstitucionalidad de la Ley de Violencia de Género de 2004 y por pedir dinero a empresarios para los congresos judiciales. Quédense con los personajes.

Hemos tenido muchas ocasiones de comprobar lo que se premia y se castiga en el quehacer judicial: el palo y la zanahoria, en desafortunada pero veraz expresión de Carlos Lesmes (que en nueve años ha cometido dos sincericidios: ese y el de la justicia eficaz para robagallinas). Cumplir tu deber con independencia de cargos y apellidos genera represalias. La independencia se demuestra cuando tus resoluciones contrarían al poder: si no lo haces, el sistema te premiará y la ciudadanía no lo sabrá. Tu familia seguirá orgullosa y no sufrirá. Tu carrera y tu vida mejorarán. Muy sólidos tienen que ser tus principios para contrapesar eso en la balanza. La lealtad que se premia no es a la Constitución y la ley, que es la única que legitima el ejercicio del inmenso poder que puede tener un juez o magistrado de instrucción en nuestro país.

Todos estos personajes, y alguno más dispuesto a prestar una ayuda valiosa a un ministro del PP, confluyeron en el caso Alba, cuando todavía era el caso Rosell. Los hechos se han publicado sobradamente en este y otros medios de información. Yo me marcho del Juzgado con una excedencia sin sueldo –dos meses sin sueldo con dos hijas adolescentes– para presentarme a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 como independiente en las listas de Podemos. El presidente del TSJC, Antonio Doreste –cuyo nombramiento judicial procedente de la élite política de Coalición Canaria fue denunciado por Jueces para la Democracia–, nombra para sustituirme a Salvador Alba Mesa. Ambos se saltan las normas: Alba ya ha cumplido los 180 días máximos anuales de doblete judicial –y de sueldo–, pero ya se sabe, las leyes son para robagallinas. Inmediatamente empieza a buscar algo que dar a su admirado Soria, directamente o a través de sus periodistas de cabecera. Es un viejo recurso que les sigue funcionando: cuando un político accede ilícitamente a información reservada o secreta necesita que se publique para que prosperen sus montajes judiciales. No lo encuentra, y se lo inventa. (Aún conservo el recuerdo de un chat que abrí ese día llamado “Amenaza al alba”. No sé si algún día se sabrá el destrozo que hizo ese individuo en un juzgado de instrucción y de control del CIE).

Como declara probado la sentencia del TSJC confirmada por el Tribunal Supremo, el mismo día en que Alba toma posesión, el 3 de noviembre de 2015, en una causa con miles de folios que no ha leído, cita a prestar nueva declaración a Miguel Ángel Ramírez, empresario investigado por delito fiscal, tras la cual le impone una fianza de 35 millones de euros, que después la Audiencia Provincial reduciría a una décima parte, 3,5 millones. El mensaje ya está lanzado por Alba: tiene el poder de excederse en 30 millones de euros calculando la cuota a Hacienda sin que la fiscal Evangelina Ríos Dorados rechiste, y hundir a la empresa. En ese escenario empieza a pedir a los imputados –e introducir en esa investigación– informaciones sobre mi pareja ajenas a los delitos investigados, en concreto un borrador de contrato de alquiler con opción de compra que acaba en manos de José Manuel Soria, cabeza de lista electoral por el PP, y del periódico El Mundo, que me dedicó cinco portadas con información falsa en 15 días de campaña. El fiscal jefe provincial, Guillermo García-Panasco, decide la víspera del inicio de la campaña electoral, el 3 de diciembre, faltar a la neutralidad política y confirmar públicamente que ha abierto una “investigación pre procesal” sobre posibles relaciones comerciales entre mi pareja y el investigado. No pestañea al anunciar que ha llegado “un sobre anónimo” a la fiscal Evangelina Ríos Dorados, hecho que Alba desmiente después afirmando que lo llevó él mismo. Luego se supo que a él ese documento se lo dio José Manuel Soria.

Así, el 4 de diciembre empieza una campaña sucia con Soria anunciando una querella contra mí, firmada por Nicolás González-Cuéllar, editor de Manuel Marchena y abogado personal de Soria, después sustituido por Eligio Hernández. La querella contiene información que la propia Fiscalía del Supremo calificó de “ignota procedencia” por corresponder a un proceso penal en el que Soria no era parte y, por tanto, reservado para él. La procedencia es un “corta y pega”, con cambio de letra y espaciado incluido, del informe reservado que Alba remitió a García Panasco.

Yo hasta entonces estaba indignada; todo era falso y no podía tener recorrido judicial, era guerra sucia política del PP y sus brazos judiciales. El día que se constituye la Comisión Constitucional del Congreso, al nombrarme secretaria de la comisión, Cospedal dice en voz alta que estoy imputada por prevaricación. Me muero de vergüenza, la mejor representante de la política sin escrúpulos y con negocios me ofende en público. Vivo con esa manipulación política y mediática. Pero empiezo a sentir mucho miedo cuando compruebo que me niegan el acceso y el derecho de defensa tanto en la investigación de la Fiscalía en Las Palmas como en el Tribunal Supremo.

Cuando la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia me da la razón y ordena al fiscal paralizar la investigación y, el mismo día, García-Panasco no la detiene, sino que la manda al CGPJ. Cuando el CGPJ me incoa expedientes disciplinarios siendo diputada. Repito: expedientes disciplinarios judiciales siendo diputada. Cuando el Tribunal Supremo desoye dos informes del fiscal de sala interesando la inadmisión de la querella de Soria, y continúa la causa permitiendo a Soria presentar escritos pese a no haberle pedido ni siquiera la obligatoria fianza, y denegándomelo a mí, “hasta que decidiera si era competente”. Y cuando ordena de oficio pedir como diligencias que Alba remita un informe –cuando ya se han recibido en el CGPJ y publicado al menos dos, que destilaban bilis y mendacidades–, y que se una al procedimiento judicial la declaración manipulada del empresario, cuyo contenido habían pactado en la reunión que el empresario había grabado.

La sentencia declara probado que estos documentos fueron esenciales para que la querella de Soria prosperara, y que se engañó al Tribunal Supremo con esos documentos falsos. Pero fue cinco años después.

Un magistrado amigo me llamó para decirme que, aunque nada fuera cierto, me iban a investigar a mí y a mi familia, a arrastrarme por el fango mediático y a condenarme. Que ya había pasado antes y lo volverían a hacer. Que lo mejor era renunciar a todo. Yo me resistía a creerlo, pero, efectivamente con esas pruebas falsas, se admitió a trámite el 26 de abril la querella falsaria de Soria y me abrieron una causa penal. Decido dimitir y perder el aforamiento el 27 de abril de 2016, y aun así recibo un oficio de la Sala Segunda del Supremo firmado por Marchena a la Junta Electoral de Las Palmas para que informe de “si me presentaré como candidata a las siguientes elecciones”, a celebrar el 26 de junio. Finalmente, cuando se publica la grabación que revela la falsedad de las pruebas, el Tribunal Supremo remite el caso al tribunal competente, el TSJC. Un testigo me cuenta que hubo carreras y gritos en el alto Tribunal.

Aún tengo que soportar meses de investigación en paralelo a la de Alba hasta que se sobresee en diciembre de 2016, y personarme como acusación particular: como el fiscal me niega inicialmente la condición de víctima, se personan dos acciones populares con la correspondiente fianza y gastos: mi pareja y el partido político Podemos.

El resto es historia. El Supremo declaró que García-Panasco violó mis derechos fundamentales en campaña electoral, y el fiscal general del Estado, nombrado por el PP, De la Maza, lo ascendió. No me digan que no es hermoso que estuviera en el lugar adecuado en el momento oportuno: en el mismo Tribunal Constitucional al que han accedido Arnaldo y Espejel por el PP para decidir sobre su actuación.

En la jurisdicción penal, solo Alba ha sido investigado y condenado por su corrupción, siendo evidente que no pudo hacer todo esto solo, y para demostrarlo grabó al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, exviceconsejero de Justicia nombrado por el PP; al entonces presidente del TSJC, Antonio Doreste; a la fiscal Evangelina Ríos Dorados, que declaró bajo juramento que la información sobre mi pareja no tenía justificación, pero lo permitió y formuló 82 preguntas ayudando a Alba. Otro magistrado fue grabado sugiriendo a Alba que podía desaparecer la grabación original que le incriminaba. Hemos oido a Alba pedir información sobre mí a empresarios, abogados y asesinos condenados. Y todo ello para servir a Soria, a quien la sentencia menciona en diez ocasiones. Para enfangar las elecciones generales, y para sacarme del escaño de diputada.

Mi miedo era racional: todo estaba planeado para que funcionara. Alba hoy sería vocal del CGPJ; Nicolás González-Cuéllar, magistrado del Tribunal Constitucional; Soria iba a suceder a Rajoy hasta que se demostraron sus negocios 'off shore' y sus mentiras dichas con la misma solemnidad con la que anunciaba una querella por unos delitos inexistentes. Los demás siguen en sus puestos togados, creando una desconfianza en el poder judicial que este se queja de que no se merece, pero la ciudadanía tampoco. Un poder que puede cambiar la composición de los otros poderes elegidos democráticamente. Un poder que puede dar mucho miedo. Y a veces, vergüenza.

Tras demostrar la verdad, me han reconocido su error el exdirector de El Mundo David Jiménez y el presidente de la Sala 2ª del TS, Manuel Marchena, engañados por Soria y Alba. A ambos he agradecido su gesto. La sentencia firme dice que los documentos falsos engañaron al Tribunal Supremo y me causaron graves daños y perjuicios. Aún estoy esperando la reacción del PP y de otros cómplices. Y la entrada de Alba en prisión. 

Cuando se admitió a trámite, yo dimití. Cuando se archivó porque no había delito, ya era tarde para presentarme a las siguientes elecciones del 26 J. Ya se sabe lo que pasó: consiguieron sacar del congreso a una diputada con un firme compromiso por los derechos humanos y contra la corrupción. Con otras mentiras, documentos falsificados y mensajes de un móvil robado, también lograron evitar que Podemos entrara en el gobierno. Quisieron destrozarnos porque sabían que no nos podían comprar. Ni siquiera debemos dinero a los bancos que a ellos les pagan la campaña electoral y por eso luego tienen tanto poder sobre sus decisiones.

Pero ese no era el auténtico final de la historia. Logramos darle la vuelta. El juez Alba está acusado de cinco delitos; Soria tuvo que dimitir y se dedica de nuevo a sus negocios privados, pero sin usar el coche oficial. Y yo, tras mucho pensarlo, decidí volver a presentarme.

Este acto de justicia es por ustedes. Para que tengan siempre presente que, por poderoso que sea el rival, si las personas honradas y trabajadoras nos mantenemos unidas, la verdad y la justicia pueden vencer. Sí se puede. Han pasado casi cuatro años. En 2015, pese a todo aquello, en Las Palmas conseguimos más votos que el PSOE, y nos quedamos a solo 9.000 votos de ganar también al PP. Ahora dicen que vamos a sacar muchos menos; otra vez quieren escribir nuestra historia.

Tú decides. Pueden volver a gobernar los tramposos que nos han robado a manos llenas, y los de los silencios cómplices. O, unidas, podemos construir un país mejor: en libertad, justicia e igualdad como lo dibujó la Constitución. Garantizando los servicios públicos de sanidad y educación universales y gratuitos, el sistema público de pensiones y los derechos de la ciudadanía; en especial el derecho al trabajo y a una vivienda digna. Un país feminista y ecologista, que cuide de las personas más vulnerables y del planeta. A tu lado hay mucha gente indecisa, también habrá gente que se haya creído las mentiras que le han contado sobre Unidas Podemos. Vamos a contarles la verdad, y a pedir su voto para defender un futuro mejor.

La historia la escribes tú.

Un abrazo

He leído en varios medios de comunicación que “en poco más de 48 horas ha habido cinco víctimas de violencia de género”. Ojalá. No me malinterpreten: ojalá ninguna. Pero no son cinco.

Hay cinco mujeres asesinadas, dos de ellas niñas de 7 y 3 años, Nerea y Martina, en Castellón, y tres adultas: Maguette, en Bilbao; Nuria en Maracena (Granada), y Manuela, en Torrox (Málaga).

Víctimas de esos presuntos asesinatos, según la ley, son como mínimo Itziar, la madre de Nerea y Martina; las dos hijas de Maguette, de solo 2 y 4 años; el hijo de Nuria, de 12, y los dos hijos de Manuela, de 3 y 16. Sin contar otras personas de sus familias. Ni el entorno, claro. Sería demasiado contar.

Víctimas de violencia de género son muchísimas más. Las mujeres que hoy han sido discriminadas, insultadas, amenazadas, humilladas, acosadas, manoseadas, abusadas, maltratadas, golpeadas, mutiladas, violadas, por ser mujeres. Las que han acudido a la policía, a la fiscalía, a los juzgados de guardia; y las que no. Las que han ido a los servicios sociales, a los centros de salud, a los centros de atención, y las que están en casa. Las que han sufrido hoy violencias machistas en el trabajo, en el transporte público, en la calle, en el hogar, en las instituciones.

Pero nuestras víctimas oficiales son cinco. Las muertas. Las que ya solo nos exigen muestras de dolor. No las que están secuestradas en sus casa, en sus vidas, en sus relaciones. Las que, atrapadas en una rueda de dependencia, aguantan todo por sus hijas e hijos. Las que olvidaron cómo se dice “no”, y “yo”, las que sueñan con hacer una maleta y cerrar una puerta. Las muertas en vida porque les han arrancado a sus hijas e hijos.

Por favor, hagan una prueba: digan en su círculo – el que prefieran- “Hoy ha habido otra víctima de violencia machista”. Gran consternación. Después digan “Está viva. Y denunciándolo”. Verán ante sus ojos cómo el grado de credibilidad disminuye proporcionalmente a los signos vitales de la mujer.

Eso es lo que nos pasa. No creemos a las mujeres. A las víctimas de otros delitos, sí. Nadie duda a priori de un robo ni de un hurto. Y hay denuncias falsas, más desde la crisis económica de la que dicen que hemos salido, aunque en los juzgados de guardia no veamos más que miseria. Ni creemos ni queremos a las mujeres.

Somos perfectamente capaces de apreciar un robo con intimidación en un portal de Pamplona si cinco hombres rodean a una señora y, sin más, le “piden” el bolso. Nadie se plantea que se lo diera voluntariamente porque tuviera ganas de ser robada. Nadie le exige que diga “no”. Pero dudamos de la intimidación a una joven rodeada de cinco animales autodenominados “manada”.

Reflexionemos sobre esto. Tenemos una obligación asumida en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica aprobado el 11 de mayo de 2011, suscrito por España el 6 de junio de 2014 y que entró en vigor el 1 de agosto de 2014, que recoge la necesaria formación de los profesionales implicados en prevenir, investigar, castigar y reparar los perjuicios ocasionados por los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del convenio.

También el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en Dictamen de 16 de julio de 2014 correspondiente al caso presentado por Ángela González Carreño (representada por la asociación Women's Link Worldwide) contra España, formuló a este Estado, entre otras recomendaciones, la de proporcionar formación obligatoria a la judicatura y personal administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia doméstica que incluya formación acerca de la definición de la violencia doméstica y sobre los estereotipos de género, así como una formación apropiada con respecto a la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité.

Cuando humillamos, menospreciamos o discriminamos a cualquier mujer, cuando participamos del machismo, socialmente estamos alimentando un estereotipo discriminatorio adicional sobre la credibilidad de las mujeres y niñas. Cuando despreciamos la palabra de una mujer, estamos contribuyendo a agrandar la brecha de género, aumentando la desigualdad que genera dependencia y violencia.

La violencia machista no es un problema penal ni de ochenta casos al año, es social y estructural. Hay muchos juicios, pero muchos más prejuicios. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad colectiva y dejar de sembrar y regar la discriminación de género. Todos los instrumentos legales y todos los medios serán insuficientes si no cambiamos esto. Admitámoslo y dejemos de decir a las mujeres “nadie creerá en vosotras hasta que hayáis muerto”.

Sé que me lloverán piedras por cuestionar públicamente, aun en términos jurídicos, la actuación del Ministerio Fiscal en Catalunya

Hemos oído hablar mucho estos días de las reglas del juego, del Estado de Derecho y de la importancia de las formas en democracia. Convendremos en que el incumplimiento de las normas es más grave cuando lo comete el propio Estado

Leo en este diario que los tres primeros alcaldes citados por la Fiscalía se niegan a declarar y termino su lectura atónita. No por lo que han hecho esos tres alcaldes que es, literalmente, acogerse a la ley, a las reglas del juego, sino por lo que informan que ha hecho el Ministerio Fiscal.

Lo que han hecho los tres alcaldes, no declarar contra sí mismos, es un derecho fundamental, artículo 24 de la Constitución. Como lo son, en el mismo artículo, la proscripción de la indefensión y los derechos al Juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

Cuestionar la competencia de la Fiscalía para estas citaciones en una investigación “pre procesal” es legítimo. Es más, numerosos juristas han manifestado, en público y en foros privados, su desacuerdo con que la Fiscalía pueda actuar en paralelo a la autoridad judicial, después de haber interpuesto hasta la fecha cuatro querellas, al menos una de ellas contra regidores municipales por hechos evidentemente conexos, y que están ya actuando –en “proceso”- varios juzgados y tribunales: el TSJC (por las personas aforadas) y al menos el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, que ordenó el cierre de la web oficial del referéndum.

El artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es imperativo: “Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos”. Cualquiera puede escudarse en esta última expresión, claro; pero la valoración de si son los mismos hechos o necesariamente conexos corresponderá a la autoridad judicial, y el riesgo es vulnerar derechos constitucionales. Máxime cuando se trata de citar a personas investigadas bajo apercibimiento de detención, eludiendo la valoración judicial.

La actuación del fiscal, “según fuentes judiciales”, impidió al alcalde de Mollerussa explicar sus motivos para no declarar ante él, indicando al investigado que solo procedería comenzar el interrogatorio si contestaba a sus preguntas “sí o no” y además en castellano, porque la causa acabaría en Madrid y seguía órdenes del Fiscal General del Estado.

Declarar en catalán es un derecho indiscutible del investigado, conforme al artículo 231.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): “podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas”

Que la causa pueda o no acabar en Madrid no es excusa. Hace casi diez años el Pleno de la Audiencia Nacional anuló un juicio celebrado ante un magistrado que no permitió a los acusados declarar en catalán, alegando que estaban en Madrid. Se declaró vulnerado su derecho de defensa. Estando el investigado en Cataluña, no cabe ni aquella duda, ya disipada judicialmente hace años.

También contraviene la ley exigir como respuesta “sí o no”. No existe esa limitación del derecho de defensa que incluye contestar, explicar y matizar. Lo peor de todo esto es que no es solo cuestión de legalidad ordinaria, sino de constitucionalidad.

Que nadie interprete que defiendo las infracciones del procedimiento legislativo en el Parlament. Pero hemos oído hablar mucho estos días de las reglas del juego, del Estado de Derecho y de la importancia de las formas en democracia. Convendremos en que el incumplimiento de las normas es más grave cuando lo comete el propio Estado. Máxime si se trata de derechos fundamentales, que son la esencia de la democracia, del Estado Constitucional que superó al Estado de Derecho tras la experiencia de los fascismos europeos. Todo el discurso de la legalidad y la legitimidad estalla y es esencial señalar el camino cuando el Estado cae en la tentación de los atajos. El camino es la Constitución, que ni es papel mojado ni muro sagrado; que puede modificarse en muchos aspectos, no solo en la cuestión territorial, tras casi 40 años de vigencia, pero no en el contenido esencial de los derechos fundamentales comunes a todas las naciones civilizadas.

Sé que me lloverán piedras por cuestionar públicamente, aún en términos jurídicos, la actuación del Ministerio Fiscal en Cataluña. Pero como ciudadana ostento el dudoso honor de que la Fiscalía haya vulnerado mi derecho constitucional de defensa, según ha declarado la Sala 3ª del Tribunal Supremo en la reciente sentencia de 12 de julio de 2017. La Fiscalía puede violar los derechos fundamentales que legalmente debe defender. Desde ese dudoso honor, y en el convencimiento de que la mayor autoridad tiene el reverso de la mayor responsabilidad, me atrevo a ejercitar mi deber ciudadano de decir lo que tantos han dicho a los independentistas: así no.

María Victoria Rosell Aguilar es magistrada, ex portavoz de la Comisión de Justicia del grupo parlamentario Podemos-ECP- EM y de Jueces para la Democracia.

Qué desmesura contienen esos tipos penales, si pueden servir para tratar de amedrentar a un juez que manifiesta en una charla que la lucha contra todo delito, incluido el terrorismo, ha de realizarse siempre dentro del Estado de Derecho

Un magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, experto en derechos humanos, que fue juez del tribunal internacional de crímenes de guerra de Bosnia-Herzegovina, dijo hace una semana en una charla en Tolosa, invitado por la asociación cultural Foro por la Convivencia, que en nuestro país se han producido casos de tortura y que España ha sido condenada en seis ocasiones por el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) por no investigar suficientemente los casos de torturas denunciadas. Dos verdades contrastadas. Además, en su intervención aclaró que se encontraba allí hablando como parte de la sociedad civil, como ciudadano, no en su condición de juez, que se pronuncia a través de sus resoluciones en el tribunal.

El ministro, en declaraciones a la prensa, pide al Consejo General del Poder Judicial que actúe contra el magistrado, dice que son palabras “indignas” de un juez e “infames”, e insinúa que habría podido cometer delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismo. Qué desmesura contienen esos tipos penales, si pueden servir para tratar de amedrentar a un juez que manifiesta en una charla que la lucha contra todo delito, incluido el terrorismo, ha de realizarse siempre dentro del Estado de Derecho.

Con esas declaraciones no solo se retrata de nuevo como un enemigo de la libertad de expresión, además de utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo. También es enemigo de la verdad, pues se trata de casos probados en sentencias.

Además se muestra contrario a la separación de poderes, ya bastante dañada con la configuración del Consejo General del Poder Judicial tras la última reforma de la LOPJ de la era Gallardón, aprobada por el Parlamento de la legislatura más regresiva en materia de derechos fundamentales de la ciudadanía.

El Consejo de Ministros del que forma parte ha amparado casos de torturas y violencia policial inadmisibles en un Estado de Derecho, cuando ha indultado a varios agentes policiales condenados por torturas; incluso en 2012 concedió un segundo indulto a cuatro mossos de esquadra penados a más de cuatro años de prisión por torturar a un detenido al que confundieron con un atracador, desoyendo los informes contrarios del tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Barcelona. Es el mismo Gobierno que no atiende las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y de los organismos de las Naciones Unidas. Actuaciones que no solo mejorarían nuestra calidad democrática y las garantías de la ciudadanía en general, sino también las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actúan conforme a la ley, que son la inmensa mayoría.

Si el Estado social y democrático de derecho que configura nuestro sistema constitucional se basa en los derechos y libertades fundamentales y en la separación de poderes, el ministro del Interior se revela como un auténtico “antisistema”.