Dos días después de que Luís Villares, líder de En Marea, anunciase que deja la política, y apenas dos horas antes de finalizar el plazo para inscribir coaliciones electorales después de fracasar diversos intentos para formar parte de alguna, la dirección de la formación gallega anunció en la noche de este viernes que no se presentará a las autonómicas de 5 de abril. Lo hace, dice, “para no fragmentar el voto progresista en Galicia” y asumiendo que la decisión “compromete la misma finalidad de la formación política”.

Esta será la segunda vez que la formación no se presente a unas elecciones, tras hacer lo mismo en las generales del pasado noviembre después de que en las anteriores generales de abril lograse apenas el 1% de los votos en Galicia. En las autonómicas de 2016, antes de conformarse como partido político e impulsada entonces como plataforma electoral conjunta por Podemos, Izquierda Unida, Anova y las mareas locales, En Marea, con Luís Villares como candidato, logró el 19% de los votos y adelantar al PSdeG como segunda fuerza en Galicia.

Este viernes el Consello das Mareas lamentó “la falta de responsabilidad de la izquierda en Galicia” y criticó que, frente a su intento de una “coalición amplia de fuerzas progresistas y soberanistas gallegas”, “los pactos de coalición que se conocieron en las últimas horas recuerdan lo vivido durante los últimos cuatro años, preocupación por los puestos, pero no por el país”. Según dice, “la situación de Galicia precisa de ejercicios de responsabilidad que, en ocasiones, vayan en contra de los intereses directos de las formaciones que se presentan”, y considera “lamentable que el arco progresista y soberanista gallego no fuese capaz de ponerse de acuerdo en articular una fórmula que ilusionase a Galicia e hiciese real una opción de cambio de gobierno de la Xunta”.

La decisión de En Marea de no presentarse se produce al tiempo que Podemos, Anova y varias mareas locales acaban de pactar una coalición para las elecciones gallegas encabezada por el líder de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino. Sin citar de manera explícita ese acuerdo, En Marea describe la “situación” de la política gallega: “Partidos de izquierda negociando puestos en listas en lugar de negociar programas de gobierno”.

Tras dos meses de movilización ciudadana, la Xunta acaba de informar este sábado de que la próxima semana formalizará “la contratación de dos pediatras” para el hospital de Verín (Ourense) con el objetivo de reabrir su paritorio a comienzos de febrero. La carencia de profesionales fue uno de los diversos argumentos que ha venido empleando el Gobierno gallego para justificar su decisión de cerrar el servicio de atención a partos de ese centro a partir del pasado 2 de diciembre, comunicada pocos días antes al personal.

Ahora la Xunta asegura que está trabajando “en la redacción del protocolo de los servicios hospitalarios implicados que permita retomar la atención a los partos en Verín, con seguridad y garantías imprescindibles para las madres y los niños, en los primeros días del próximo mes de febrero”.

Fue el viernes 22 de noviembre cuando el personal del hospital de Verín fue informado del cierre del paritorio, que se concretaría el lunes 2 de diciembre, inicialmente con el argumento de que la baja natalidad, unos 60 partos el pasado año, provocaba “falta de pericia” de los profesionales y un riesgo para las madres y bebés. La única alternativa que se ofreció fue un desplazamiento de más de una hora de las madres al hospital de Ourense capital. Posteriormente la Xunta iría ofreciendo otros muchos argumentos, al tiempo que la ciudadanía de la comarca se movilizaba en contra de lo que consideró una contradicción con la supuesta apuesta del Gobierno gallego por dotar de más servicios al rural para luchar contra el declive demográfico de Galicia.

En las últimas semanas los argumentos de la Xunta, con el propio Feijóo a la cabeza, se centraron en la incapacidad de encontrar pediatras para atender a los neonatos que quisiesen trabajar en Verín. Eso no impidió que en este tiempo, con el paritorio ya cerrado, se produjesen hasta tres partos en Verín porque la situación de las madres no recomendaba su traslado a Ourense, el último de ellos de una concejala del PP.

Aún este jueves el PP votó en el Parlamento de Galicia en contra de una iniciativa del BNG apoyada por toda la oposición que instaba al Gobierno gallego a “rectificar su decisión de suprimir el servicio”. Lo hacía al tiempo que el presidente Feijóo mostraba su “optimismo” de cara a la reapertura del paritorio pero dejaba la concreción de las fechas en manos de la nueva gerente del hospital, nombrada a comienzos de enero, que este sábado comunicaba la noticia.

La movilización no decae en Verín. Una semana después de la histórica manifestación para rechazar el cierre del paritorio y el consecuente recorte a la atención pediátrica en el hospital comarcal y mientras continúa el encierro indefinido en el interior del centro sanitario contra esta decisión de la Xunta, vecinos y personal del centro se han vuelto a echar a la calle. Ahora, con un aire creativo, con un velatorio simbólico por el cierre de la sala de partos.

“El joven hospital de Verín, asesinado con premeditación, alevosía y nocturnidad, el 1 de diciembre de 2019 a la edad de 25 años”, rezaba la esquela que ha recorrido la localidad ourensana en los últimos días convocando al vecindario a protestar, ataviada de negro, desde la plaza mayor verinense hasta el entorno del propio centro hospitalario. Y este sábado no ha faltado el luto, las cruces e incluso una corona de flores. Pero más allá de la ironía, la convocatoria ha vuelto a mostrar el carácter masivo de una protesta vecinal con voluntad de seguir adelante en una movilización que, en su vertiente política, el PP gallego enmarca en la “demagogia”.

Después de que el propio Alberto Núñez Feijóo haya advertido de que “no tiene solución” para este “problema”, sumando a la cuestión de no alcanzar 600 partos anuales -algo que no ha sucedido, ni de lejos, en toda la historia del hospital- recomendados en algunas guías sanitarias a la escasez de pediatras, los conservadores gallegos -no así el PP de Ourense, que al menos sobre el papel sigue rechazando el cierre- asientan esta acusación en un comunicado de la Sociedad Gallega de Pediatría. Entre el vecindario movilizado, este pronunciamento ha resultado tan controvertido como el propio cierre del paritorio.

En esa nota, divulgada a los medios, el presidente de la Sociedad, José Ramón Fernández Lorenzo, rubrica un texto en el que vuelve a aludir al mínimo de 600 partos “excepto que razones de tiempos de desplazamiento o accesibilidad así lo aconsejen”. En él señala además que las unidades neonatales que corresponden a hospitales comarcales como el de Verín, “tendrán un médico responsable” con asistencia continuada, además del resto de personal especializado en la atención a los partos.

Pero esas afirmaciones de tipo técnico no son las que causan indignación entre los colectivos movilizados. Tampoco la aseveración según la cual “no es discutible el nivel de profesional y calidad individual de los especialistas del Hospital de Verín”. Las que ha irritado son las frases en las que apunta a proyecciones de apenas 60 nacimientos en la zona al año para concluir que, con menos de un centenar de partos en doce meses, “no es viable” que el paritorio verinense siga abierto en “condiciones de seguridad”.

“El mantenimiento de un servicio de Pediatría para la atención de partos de bajo riesgo en el hospital de Verín en la situación actual, menos de un parto cada cinco días, teniendo cuenta” que “debe continuarse con el desplazamiento de partos de riesgo al Hospital de Ourense no se considera justificado”, asegura el texto que firma Fernández Lorenzo. Mientras el PPdeG ve en este pronunciamento un nuevo aval “científico” para el cierre, vecindario y colectivos ven otro motivo para el recelo entre recuerdos de los “conflictos” de este doctor por sus vínculos con la sanidad privada.

No es habitual que un conflicto que afecta a una única localidad gallega y a su entorno más próximo rompa los límites territoriales y se expanda por el resto de Galicia. Menos todavía si el conflicto sucede lejos del eje trazado por la autopista AP-9, el que une las ciudades más pobladas en la fachada atlántica. Pero con el cierre del paritorio del hospital comarcal de Verín (Ourense) está pasando.

El movimiento feminista gallego convocó para este 4 de diciembre, a través de la Marcha Mundial de las Mujeres (Marcha Mundial das Mulleres Galiza) y apoyado en otras organizaciones locales, más de una docena de concentraciones y manifestaciones contra lo que este colectivo considera no sólo un nuevo recorte sanitario, sino también un caso de “violencia institucional” contra las mujeres. Al llamamiento han respondido cientos de personas en un total de catorce concellos al grito de “Verín non se pecha” [Verín no se cierra].

En varias de estas movilizaciones en la tarde del 4 de diciembre, especialmente concurrida en el caso de Verín apenas cuatro días después de otra masiva manifestación en la villa, fue leído el manifiesto de la organización Arrolos de Teta que resume el contenido de la reivindicación. Para estos movimientos feministas, “el argumentario esgrimido por el gerente, los jefes de servicio de Ginecología-Obstetricia y Pediatría y refrendado por 44 profesionales, el conselleiro y el presidente responde, únicamente, al desmantelamiento de la sanidad pública y del rural”.

“Hablan de evidencia científica”, subraya el documento, pero “olvidan mencionar la relativa a las prácticas que se realizan en esos servicios, hoy en día, sin tener un nivel de evidencia alto y que pueden ser perjudiciales para la salud”. Del mismo modo, lamentan, “olvidan la diferencia entre urgencia y emergencia” y “en esta última, el tiempo es vital”. De ahí el rechazo a que las mujeres que hasta ahora daban a luz en Verín tengan que desplazarse en todo caso a Ourense.

En este sentido, las organizaciones feministas subrayan que “las recomendaciones de sociedades y organizaciones nacionales e internacionales no son de obligado cumplimiento”, a comenzar por el hecho de que “la cifra de los 600 partos anuales es de calidad de gestión, no de calidad de atención”. “Es decir -resumen- olvidan mencionar que el problema para garantizar la seguridad no es la capacidad o pericia” del personal, sino “su pésima gestión.

Más allá del caso concreto de Verín, para los colectivos feministas movilizados -en la línea de lo manifestado por otros colectivos como las Enfermeras Eventuais en Loita o el sindicato CIG-Saúde- lo que sucede en este hospital de la comarca ourensana responde a un fenómeno más amplio: “la centralización estratégica de los recursos sanitarios en áreas más pobladas en detrimento de las zonas rurales”. “Olvidan también -concluyen- la vulnerabilidad de las familias en situación más precaria que no poseen medio de transporte” o que “la red viaria de esta provincia es deficiente y los transportes públicos, limitadísimos”.

Más de una semana después de que en la noche del viernes 22 al sábado 23 de noviembre encallase en la costa de Ares (A Coruña) el barco quimiquero Blue Star con sus bodegas vacías, a las 11 de la mañana de este sábado ha comenzado el trasvase a tierra de las algo más de 100 toneladas de combustible para su propio funcionamiento que el buque aún tenía a bordo. Sin embargo, tras fracasar los intentos de los servicios públicos de salvamento marítimo de remolcar y reflotar el barco y contratar su armador a la empresa privada holandesa SMIT Salvage, la misma que remolcó al Prestige, aun no hay fecha para su retirada.

El trasvase del combustible, que primero fue trasladado de la popa a la proa del buque, la parte más próxima a tierra, mientras que en la costa de Ares se realizaban diversas obras para facilitar la operación, estaba anunciado para el viernes, pero finalmente en esa jornada solo se realizaron pruebas con agua.

Finalmente ha sido este sábado por la mañana cuando se comenzó a bombear el combustible a tierra, una operación que aún podría llevar varios días ya que está condicionada tanto por la visibilidad como por la climatología. En la zona, mientras, permanecen varios barcos de salvamento preparados para desplegar barreras contra la contaminación en caso de que se produzcan fugas.

Mientras siguen las operaciones para vaciar y retirar el Blue Star, Ares acogió en la noche de este viernes una concentración convocada por la plataforma Nunca Máis que congregó a varias docenas de personas. En la protesta, que se produjo a dos días de que se cumplan este domingo 17 años de la primera gran manifestación de ese movimiento social tras el hundimiento del Prestige, se reclamaron más medios y mejores protocolos para evitar este tipo de siniestros marítimos.

El obispado de Ourense ha emitido este viernes un comunicado en el que informa de que, tras conocer que un sacerdote de la diócesis “está incurso en un procedimiento judicial en relación a un presunto delito de abuso sexual”, lo ha apartado “cautelarmente del ejercicio público del ministerio sacerdotal mientras el procedimiento sigue su curso”. El obispado no identifica al sacerdote ni el lugar de los hechos y dice que, por respeto a la investigación, “a la intimidad de la posible víctima y a la presunción de inocencia del sacerdote”, no realizará “ninguna manifestación adicional a este comunicado hasta que finalice el procedimiento judicial”.

Según el comunicado, tras conocer de la existencia del proceso judicial contra el sacerdote, el propio obispo, José Leonardo Lemo Montanet, “se puso en contacto con el sacerdote y, después de manifestarle la gravedad de la situación, de acuerdo con los protocolos vigentes de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española, le apartó cautelarmente”. “Desde el primer momento, y dentro del respeto al derecho constitucional a la presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano, manifestamos nuestra total colaboración con la Administración de Justicia”, dice el comunicado, que añade que “también, con profundo dolor, lamentamos el posible daño causado a la víctima y a su familia, y desde este momento nos ponemos a su disposición para prestarle el apoyo y la ayuda necesaria”.

El obispado dice sentirse próximo “a las comunidades y lugares en los que el sacerdote ejercía su labor pastoral por el desconcierto y preocupación que se pueda generar” y añade que la suplencia del sacerdote “será coordinada desde la Diócesis de Ourense”. El comunicado manifiesta también la “firme condena y repulsa de cualquier tipo de comportamiento que atente contra la integridad física y moral de los menores y de las personas vulnerables, promoviendo la tolerancia cero con este tipo de actuaciones”.

El juez instructor de la investigación penal por las muertes de varios enfermos de hepatitis C por las que la Fiscalía acusó a varios cargos de la Xunta de homicidio por “razones presupuestarias” acaba de archivar el caso más de tres años y medio después por considerar que no hay indicios de que fuesen responsables de los fallecimientos. El magistrado Andrés Lago Louro así lo decide en un auto con fecha de este lunes que puede ser recurrido y que llega más de tres años y medio después de la denuncia de la Fiscalía.

La decisión del juez supone el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto al director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia del Servicio Gallego de Salud (Sergas), que fueron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por, presuntamente, no facilitar el tratamiento de pacientes de hepatitis C.

“No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes les sea imputable causalmente a los investigados”, indica el magistrado, quien subraya que “el fallecimiento sobrevino por causas ajenas a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos”. El juez destaca que los medicamentos “se encontraban aún en fase casi experimental y con unos resultados que aún eran inciertos, de ahí la necesidad de que las autoridades sanitarias diseñaran mecanismos o procedimientos destinados a precisar con sumo cuidado aquellos casos en que estaría indicada su aplicación”.

El auto señala que tampoco se puede concluir que, si se les aplicaran a los pacientes los nuevos fármacos, se evitaría su fallecimiento. “Si analizamos el exhaustivo informe que fue emitido por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), la conclusión que se extrae es que el fallecimiento de los pacientes se produjo por causas ajenas al suministro de los nuevos fármacos”, dice el juez, quien añade que del informe forense se infiere que los nuevos tratamientos antivirales “lo que conseguían era una eficacia muy alta a la hora de eliminar el virus de la hepatitis C, pero eso no quiere decir que los pacientes se curasen”.

El procedimiento diseñado por el Sergas para garantizar el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos de la hepatitis C, según el auto, es “muy similar al aplicado en otras comunidades autónomas”. El magistrado señala que en la fecha de los hechos los nuevos tratamientos “ni siquiera se encontraban plenamente admitidos por la Agencia Europea del Medicamento, de modo que su acceso solo podría hacerse de modo extraordinario como uso compasivo para aquellos pacientes en una situación de especial gravedad”. Además, indica que las autoridades sanitarias debían “ceñirse a las exigencias del titular de la patente, en este caso Gilead, único laboratorio que los fabricaba”.

Hagamos política ficción. Los resultados de unas elecciones nunca son extrapolables a comicios de otro tipo, cada uno con dinámicas propias, pero permiten imaginar por ejemplo qué pasaría si los votos obtenidos esta noche en Galicia por cada una de las candidaturas se repitieran en las elecciones autonómicas que se celebrarán dentro de unos meses.

De hacerlo, la izquierda podría llegar al Gobierno de la Xunta, con una amplia mayoría en la cámara. El PP sería la fuerza con más escaños (28 de 75), pero el PSdeG-PSOE de Gonzalo Caballero conseguiría tan solo uno menos, 27. Esto, sumado a los 9 diputados y diputadas que obtendría En Común-Unidas Podemos y a los 6 del BNG totalizaría 42 escaños, cuatro por encima de la mayoría absoluta.

En el campo de la derecha, el PP solo podría sumar los 5 escaños de Vox, mientras que Ciudadanos se quedaría sin representación al no conseguir en A Coruña y Pontevedra (por poco) el 5% mínimo exigido para obtener escaños.

Los resultados no son muy diferentes de la extrapolación realizada con los datos de las elecciones del 28 de abril. Entonces la izquierda sumaba 40 escaños: 28 del PSdeG, 10 de En Común y 2 del BNG, que este domingo sí superó el 5% en Lugo y Ourense. En la derecha, el PP obtenía 25, por 8 de Ciudadanos y 2 de Vox, un total de 35.

Las elecciones al Parlamento gallego tendrán lugar en algún momento del año 2020, pero aún no se ha decidido si se celebrarán en otoño o si habrá un adelanto a la primavera. En los comicios celebrados en 2016, el PP obtuvo 41 escaños, por 14 de En Marea, 14 del PSdeG-PSOE y 6 del BNG.

“Estaríamos ante el rascacielos más grande de España, con más de 300 metros, y uno de los cinco primeros de Europa. Disponer en Ourense del mayor rascacielos de España sería una atracción de visitantes garantizada”. Así acaba de defender este martes el Ayuntamiento de Ourense, dirigido desde las pasadas municipales por el alcalde independiente Gonzalo Pérez Jácome en coalición con el PP, la idea de levantar un rascacielos de 80 plantas con un mirador en una parcela con un largo historial de cambios urbanísticos propiedad de la Diputación de Ourense presidida por Manuel Baltar, de quien dice tener apoyo para hacerlo

Según ha comunicado este martes el bipartito local de Democracia Ourensana y PP, “Ayuntamiento y Diputación de Ourense valoran la innovadora idea” de levantar el rascacielos de 80 plantas en lugar de los seis bloques de 16 pisos cada uno previstos hasta ahora en la parcela de titularidad provincial conocida como Finca Diputación o Finca Santamariña. El Ayuntamiento no indica de dónde ha partido la “innovadora idea”, o si hay ya algún promotor por detrás de ella, pero defiende que agrupar el volumen que se puede construir en ese espacio en un único edificio en vez de en seis permitirá hacer del resto de la parcela “un súper parque, así como un espacio destinado a equipamientos deportivos que incluye una piscina climatizada”.

El terreno elegido, vecino del complejo hospitalario de la ciudad y propiedad de la entidad provincial, ha tenido a lo largo de las últimas décadas varios futuros posibles, ninguno de ellos concretado. En los últimos años Democracia Ourensana y el propio Jácome criticaron que la ordenación allí prevista, con varios bloques de considerable altura era un “pelotazo” del que hacía responsable a los “caciques” del PP, concretamente a Baltar.

Ahora, gobernando en coalición con los populares, el gobierno local que encabeza defiende que el rascacielos “sería una apuesta por el beneficio público, ya que no estamos hablando de especulaciones privadas, ya que el 80% del hipotético rascacielos sería de propiedad pública”. El Ayuntamiento también defiende que construir allí el rascacielos “no supone una agresión arquitectónica, como supondría para el actual alcalde a construcción de altos edificios en otras zonas de expansión de la ciudad, a lo que él siempre se ha opuesto”.

El comunicado del Ayuntamiento admite que el coste de eserascacielos “sería ligeramente superior a la proporción de la construcción de las 6 torres juntas, pero perfectamente aceptable para desarrollar el proyecto”. Según dice, el edificio resultante “podría acoger residencias, hoteles, oficinas públicas como el futuro centro de Inteligencia Artificial u oficinas administrativas de la Xunta y del Ayuntamiento”, y recuerda que el Gobierno gallego necesitaría de ese espacio para centralizar sus servicios en Ourense. “Algunas plantas podrían ser de uso residencial y hoteleiro”, concluye el comunicado.

Actualmente el rascacielos más alto de España es la denominada Torre de Cristal, una de las cuatro torres de similares dimensiones construidas al norte de Madrid, con 249 metros de altura y 50 plantas. Tras ellas, Benidorm acumula el mayor número de grandes edificios del Estado.

Luciano Méndez, profesor de la Facultad de Económicas de la USC, vuelve a ser noticia por una nueva denuncia presentada por una alumna. Este martes, en una de las clases de Matemáticas que imparte, el docente se dirigió en repetidas ocasiones a una estudiante de primer curso refiriéndose a su escote, diciéndole “o vas a la última fila donde no te vea, o te tapas” o afirmando que “si quería hacer topless era libre de hacerlo, pero fuera de la clase”. La alumna increpada abandonó el aula, y lo mismo hicieron el resto de sus compañeros, excepto uno. Además, presentó una queja en el Decanato de la Facultad, anunciado que haría lo mismo en la Oficina de Igualdad de Género de la USC.

Tras lo sucedido, la Universidad reaccionó anunciando la suspensión cautelar del profesor y confirmando, poco después, la apertura de un expediente sancionador, dada “la gravedad de los hechos” y ante la repetición de estas conductas, que se vienen sucediendo en los últimos años, como explica el rector, Antonio López.

Méndez fue denunciado en el año 2016 por un suceso muy parecido, que tuvo lugar también en una de sus clases en Económicas. En ese momento se había dirigido a una alumna diciéndole “ya te dije el primer día que me desconcentraba tu escote” o “te empeñas en traer escote hasta el ombligo”. Ya en ese momento el alumnado realizó varias acciones de protesta, exigiendo el cese del docente. Y la USC suspendió al profesor por un período de dos meses. En ese momento la Universidad fue criticada por no responder con la suficiente dureza.

Ya el año pasado Luciano Méndez se volvió a poner en el foco de la atención mediática por la publicación de unos vídeos en su cuenta de Facebook en los que pedía la libre absolución de los cinco integrantes de 'La Manada', considerando que no había habido violación, sino sexo consentido, y acusando a la víctima de haber presentado una denuncia falsa.

En ese momento una concentración estudiantil pidió que el profesor dejara de dar clase en la Universidad al grito de “Luciano, te queremos fuera de nuestras aulas, de nuestra universidad”. La concentración exigía que la USC tomara “medidas contundentes” y procediese a su expulsión, “ya que no vamos a tolerar tener en nuestra universidad un maestro machista”. La Universidad condenó las palabras de Méndez y abrió un expediente informativo para valorar se existía algo punible en sus declaraciones, pero no fue sancionado.

Además, el pasado año fue detenido por la Policía después de agredir a dos agentes que le habían indicado que no podía aparcar en un espacio reservado. Finalmente, un mes después fue de nuevo detenido, esta vez acusado de violencia de género.

El segundo aniversario de la ola de incendios que el 15 de octubre de 2017 arrasó buena parte del sur de Galicia, en especial en el entorno de Vigo, coincide esta semana con la decisión por la que el juzgado acaba de archivar la causa que investigaba la muerte de dos vecinas de Chandebrito, en Nigrán, fallecidas cuando intentaban huir del fuego que rodeaba sus viviendas siguiendo a agentes de la Policía. A pesar de considerar los hechos ocurridos aquel día como constitutivos de infracción penal, en este tiempo la Guardia Civil no ha podido identificar a ningún posible responsable de los mismos.

Hace un año el juzgado ya había archivado varias investigaciones abiertas sobre los incendios de Baiona, Gondomar y Nigrán. En Gondomar en los días siguientes fueron detenidos dos hermanos, pero en su caso el procedimiento se archivó al no haberse encontrado pruebas suficientes contra ellos. En el caso de Nigrán, el archivo de hace un año fue técnico, para evitar que siguiera corriendo el tiempo legalmente establecido para las instrucciones penales a la espera de que finalizaran pruebas periciales pendientes. Esas investigaciones ya han finalizado sin que la Guardia Civil haya sido capaz de encontrar ningún responsable.

El archivo de las investigaciones judiciales, que podrían reabrirse en el caso de aparecer nuevas pruebas, constata la dificultad de identificar la autoría de los incendios cuando no tienen causas naturales al tiempo que relativiza el alcance de propuestas como la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que los responsables sean juzgados por terrorismo. Por otra parte, tanto la Fiscalía como el Parlamento de Galicia han rechazado que los incendios de la ola de hace dos años pudieran atribuirse a un supuesto terrorismo incendiario, como defendía la Xunta en mensajes que llegó a publicar como publicidad en varios medios.

Recuerdo en Nigrán

A pesar del archivo de la causa judicial, el Concello de Nigrán ha recordado en los últimos días los incendios de hace dos años con diversos actos centrados fundamentalmente en la parroquia de Chandebrito. Hasta allí se desplazó la presidenta de la Cámara Municipal de Castanheira de Pêra, uno de los municipios portugueses afectados en julio de 2017, tres meses antes de los fuegos de Nigrán, por el gran incendio de Pedrógão, en el que murieron 66 personas. Alda Correia y el alcalde de Nigrán, Juan González, anunciaron la intención de los dos ayuntamientos de hermanarse.

“Las vida humanas son irreparables, ese dolor y ese recuerdo de Maximina y Angelina siempre estarán ahí, pero debemos destacar también que la raíz de los fuegos del 15 de octubre entre todos hemos sido capaces de cambiar la mentalidad y forma de entender la gestión del monte y ahora, a mayores, surge esta oportunidad de hermanarnos con Castanheira de Pêra e intercambiar con ellos experiencias y conocimientos”, destacó González.

En la primavera de 2015, 626 días después de la última sala de cine en el centro de Santiago, la sala NUMAX se lanzaba a un reto que parecía audaz. Devolvía las películas al corazón de la capital gallega mediante un proyecto cooperativo que combinaba el cine con una librería y un laboratorio audiovisual. Cuatro años después, el proyecto de NUMAX ha crecido y se ha consolidado incluso por encima de los pronósticos más optimistas de las personas que lo impulsaron. Tanto es así que su espíritu ya llega más allá de Compostela. Para muestra, lo que acaba de suceder en Ferrol.

En el caso ferrolano no ha sido necesario esperar seiscientos días desde que, a finales del pasado junio, el anterior propietario del cine Dúplex, el único de la ciudad, anunciaba el fin de las proyecciones. Su responsable no podía continuar con el cine ferrolano por motivos laborales. Es en este punto en el que entra en juego uno de los fundadores de NUMAX, el periodista y realizador Ramiro Ledo, que tenía relación habitual con la sala ferrolana como distribuidor, campo en el que también trabaja la cooperativa compostelana.

El anterior propietario de los Dúplex le propuso a Ledo asumir la gestión de la sala y él aceptó. Tras unos meses de acondicionamientos del espacio y ajustes, este 10 de octubre el cine ha vuelto al barrio de Esteiro y con los Duplex, Ferrol vuelve a tener sala de cine -los más próximos eran ya los del centro comercial Odeón del municipio vecino de Narón-.

Los años más hermosos de nuestra vida (Claude Lelouch), Aute Retrato (Gaizka Urresti), El crack cero (José Luis Garci), Hasta siempre, hijo mío (Wang Xiaoushai) y Amacing Grace (Allan Elliot, Sydney Pollack) han sido los primeros pases de unas renovadas salas que además han contado con la oportunidad de tener un preestreno especial de O que arde, la película de Oliver Laxe que ya se ha convertido en todo un fenómeno y que, tras cosechar numerosos premios en prestigiosos festivales como Cannes o San Sebastián, llega este 11 de octubre a medio centenar de salas comerciales, una veintena de ellas en Galicia.

Cintas independientes, pero también comerciales, películas en versión original, actividades culturales, o formación audiovisual para estudiantes, en la línea de la desarrollada por NUMAX, serán el centro del nuevo Cinema Dúplex, que también tienen disponible sus abonos, con entrada a cuatro euros y descuentos en la librería. Además, las personas abonadas a Dúplex tendrán derecho a entrar como abonadas en NUMAX y las de la sala compostelana podrán hacer los mismo en la ferrolana.

El cine regresa a Ferrol y lo hace, además, a diario.

La Xunta acaba de iniciar la tramitación de la que será la primera universidad privada de Galicia, la Universidad Intercontinental de la Empresa, impulsada por la entidad bancaria Abanca a través de Afundación, su entidad de obra social. El centro tendrá su sede administrativa en Santiago de Compostela, aunque impartirá sus estudios en la Coruña y Vigo, en las actuales instalaciones del Instituto de Educación Superior Internacional de Empresa (IESIDE). La nueva universidad iniciará su andadura una vez que se apruebe la ley que la constituye y las previsiones es que ya pueda estar en funcionamiento en el curso 2020-21, aunque dependerá de los plazos de la tramitación de la norma.

La Universidad Intercontinental de la Empresa echará a andar con cuatro grados, cuatro másteres y dos programas de doctorado, centrada en las ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura. Las enseñanzas, “especializadas en el campo de la empresa”, se impartirán en las siguientes estructuras docentes: Instituto Universitario de Administración de Empresas y Derecho, Instituto Universitario de Ingeniería y Tecnología Empresarial e Instituto Universitario de Investigación. El centro expedirá títulos “de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional” en las modalidades presencial y semipresencial.

La universidad se constituye como 'Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa', una entidad sin ánimo de lucro. Según el anteproyecto de ley, la nueva universidad establecerá un sistema propio de becas y ayudas al estudio en consideración al expediente académico de los y las estudiantes y sus circunstancias personales y familiares, para lo cual destinará el 15% de los ingresos totales obtenidos anualmente.

En la actualidad, el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) está adscrito a la Universidad de Vigo, una adscripción que se mantendrá hasta que se conceda la autorización del inicio de las actividades a la Universidad Intercontinental de la Empresa. IESIDE ya impartía los estudios oficiales de grado en Administración y Dirección de Empresas y el máster universitario en Dirección y Administración de Empresas.

A finales del pasado año se conocía que Afundación había realizado en el mes de octubre una solicitud formal ante la Xunta para constituir la primera universidad privada de Galicia, lo que llevó al rector de la Universidad de Vigo a mostrar su “preocupación”. Manuel Reigosa señaló en ese momento que “vislumbramos con preocupación la implantación de una oferta formativa paralela y semejante a la del Sistema Universitario de Galicia” y alertó de que “si esto se aprueba, vamos a estar vigilantes con los títulos que se implantan para que no estén repetidos”.

En efecto, la Ley 6/2013 del Sistema Universitario de Galicia obliga a que en caso de que se cree una nueva universidad, “el catálogo de titulaciones ofertadas deberá ser complementario y no reiterativo con respecto de las titulaciones preexistentes y consolidadas” (artículo 13).

En la actualidad, además de IESIDE ya estaba operando en Galicia CESUGA, adscrita a la aragonesa Universidad de San Jorge, y que en los últimos años también llevó a cabo movimientos para constituir una universidad privada propia en Galicia, lo que también despertó la preocupación y las críticas por parte de las universidad públicas. Sin embargo, finalmente la primera entidad de este tipo será la impulsada por Abanca.

Afecta a varios municipios a ambas orillas del río y ya se ha prohibido el baño en algunas playas, aunque no ha afectado por el momento a las zonas de captación

La rotura de una balsa de residuos en una explotación ganadera de Vegadeo parece ser la causa de la contaminación

La rotura de un colector de una balsa de purín de una ganadería de Guiar, en el municipio asturiano de Vegadeo, parece ser la causante del vertido de más de medio millón de litros al riachuelo de Ouria, afluente del río Eo, que afecta varios kilómetros de la desembocadura y a este ayuntamiento asturiano, además de Castropol y los gallegos de Trabada y Ribadeo.

Desde el Ayuntamiento donde se ha originado la contaminación se recomendaba a última hora del domingo suspender cualquier actividad empresarial en la desembocadura del Eo, además de evitar el baño en esta zona. Además, se asegura que el vertido no afectó ningún manantial de aguas de abastecimiento, ni municipal ni privado, aunque la posible llegada del purín a la ría podría complicar la situación y ampliar el veto al uso de playas, tal y como ha recomendado ya por precaución el Concello de Ribadeo.

Desde el 112 Galicia se aclara que miembros de Protección Civil, policía local, Guardia Civil, Guardacostas y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico están tomando las medidas preventivas ante la posibilidad de que los restos de purín alcancen más lugares, así como a controlar la zona de captación del río.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Ribadeo, su alcalde en funciones, Pablo Vizoso, ha transmitido “tranquilidad” a los vecinos y advierte de que, tras los análisis realizados, se ha confirmado que el agua de la traída no se ha visto afectada por el vertido, que se registró aguas abajo de la captación para consumo del Ayuntamiento de Ribadeo, en Vilarbetote (Trabada).

Como medida de “precaución”, el Ayuntamiento recomienda evitar el baño en las playas de la ría de Ribadeo, la de los Bloques y el Cargadeiro, donde ya se han colocado carteles informativos para advertir de la situación, además de tener “precaución” con cualquier actividad que se realice en estas aguas. En la otra orilla, la asturiana, Castropol también ha vetado el baño en la ría por el momento.

El Ayuntamiento ha reclamado a la Consellería de Sanidade unos análisis, al margen de los habituales, en estas áreas de baño para determinar si han sido o no afectadas, mientras que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja ya en la contención de la contaminación y en las pruebas que determinen cuál fue la afectación real, que podrían estar listas este martes.

En Trabada, el Ayuntamiento ha prohibido el baño en el río Eo y ha suspendido cualquier tipo de actividad de recreo en sus aguas, advirtiendo mediante carteles en varios lugares.

El vertido afecta a unos 10 kilómetros del tramo final del río Eo hacia su desembocadura en la ría de Ribadeo y fue descubierto en la parroquia de Abres, a pocos metros de la explotación ganadera que habría sido la responsable. Tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo, pero no fue detectada hasta por la mañana.

La lucha contra la prórroga de la concesión de terrenos litorales de la ría de Pontevedra que ocupa desde 1958 la fábrica de celulosa de ENCE es la más llamativa, pero no es la única que el Ayuntamiento de Pontevedra mantiene para recuperar espacios costeros degradados para el uso ciudadano. El gobierno local, de BNG y PSdeG, ha decidido presentar un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno central, a través del departamento de Costas, de prorrogar otros 20 años la concesión de terrenos similares, ganados en parte a marismas, que desde 1961 ocupa la antigua fábrica de vajillas de Pontesa, en Pontesampaio, sobre la ría de Vigo, una instalación que ya solo se usa como almacén.

Tres años después de la concesión a Ence de los terrenos que aún ocupa sobre la ría de Pontevedra, la dictadura otorgó otra concesión de Costas también en Pontevedra pero sobre la vecina ría de Vigo, a donde se extiende parte del término municipal. Allí, en la parroquia de Pontesampaio, junto a la desembocadura del río Verdugo que la separa de Arcade, ya en el Ayuntamiento de Soutomaior, el régimen facilitó los terrenos en los que se instaló la fábrica de cerámica y vajillas de Pontesa. Tras la crisis del grupo Álvarez a la que pertenecía y el cierre de la fábrica, las instalaciones pasaron a manos de otra empresa, Itaipu-Trade, propiedad de un empresario de la zona emigrado a Brasil, que fue dando salida a las últimas producciones de Pontesa y empleó las naves como almacén.

Ese, el de depósito en emplazamiento privilegiado, en terrenos ganados en parte al mar en las desembocaduras de los ríos Verdugo y Ulló, es el destino que seguirán teniendo las naves y el recinto que ocupaba Pontesa, según la prórroga de la concesión ahora otorgada por Costas y que abarca más de 35.000 metros cuadrados. Una prórroga de otros 20 años de la que discrepa el Ayuntamiento de Pontevedra, que considera “desconcertante el criterio que utiliza Costas para conceder prórrogas para diferentes terrenos públicos”, destacando que al propio consistorio se le exigen numerosos trámites para poder arreglar espacios urbanos que se asientan sobre terrenos costeros mientras que la prórroga de los terrenos de Pontesa fue otorgada “sin ni siquiera solicitarle un informe al Ayuntamiento de Pontevedra”.

“El Ayuntamiento de Pontevedra ha mostrado en repetidas ocasiones el interés en recuperar todos los terrenos de dominio público, en defensa de la ciudad, porque consideramos que deben ser terrenos para disfrute público al servicio de la ciudadanía”, destaca el gobierno local. Una actuación, la recuperación del dominio público marítimo-terrestre ocupado por una concesión industrial, similar a la que desea para los terrenos de ENCE en Lourizán, sobre la ría de Pontevedra.

La cantante, actriz y presentadora gallega Fátima Pego suele divulgar a través de las redes sociales mensajes contra la violencia machista y a favor de la igualdad de género. El pasado fin de semana a esos mensajes añadió uno en primera persona, el de la denuncia de acoso machista que ella misma estaba sufriendo a través de su cuenta de Instagram, donde suele compartir diversas imágenes de su actividad profesional en la orquesta Panorama, una de las principales de Galicia, y en la televisión autonómica (TVG).

Según las capturas divulgadas por la cantante y comunicadora, un usuario de Instagram se dirigió a ella en privado para decirle que tiene un “cuerpazo increíble” y “un culazo y unas pedazo de tetas brutales”. “Estás increíble y cantas y actúas de lujo”, decía el mensaje, antes de añadir comentarios sobre la propia orquesta

Unas horas después, el mismo hombre volvía a escribir a Fátima Pego para afirmar que “me corría entre tus tetas” y “te follaba el culazo asta el fondo y me corría dentro”. “Con esas mallas abiertas es que te la metía hasta el fondo hasta que nos corriéramos a la vez en tu culo”, concluía.

Ante estos comentarios, la artista decidió divulgarlos junto con una denuncia pública. “Esto va para ti y para todos los hombres que se creen con el derecho de hablarle a una mujer como si fuese un objeto. Sois patéticos”, escribió Fátima Pego, quien agrega que se siente “cansada” de que “por ser mujer, estar en un escenario y vestir 'sexy', sintáis que tenéis el derecho de hablarnos en estos términos”.

“Animo a todas las mujeres a que no se sientan intimidadas y denuncien, de la forma que sea, este tipo de violencia verbal #stopmachismo”, concluye la reflexión de Fátima Pego, acompañada de las capturas de los mensajes que recibió. La cantante ha venido recibiendo numerosas muestras de apoyo desde el pasado viernes y lo sucedido ha sido señalado como ejemplo del acoso machista que muchas mujeres padecen tanto en las redes como fuera de ellas.

“Hasta ahora, el principal límite” para “producir modelos actualizados” de expansión de la avispa velutina, una plaga que afecta a Galicia desde hace más de media década, había sido la dificultad para tener “datos en tiempo real”. Para intentar comenzar a esquivar este obstáculo ha nacido Velumap, una aplicación para dispositivos móviles desarrollada en el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en colaboración con la Diputación de A Coruña, ya disponible tanto para Android como para IOS.

El propósito de este proyecto es “mejorar el conocimiento de la autoecología de la especie y producir mapas actualizados de cómo será la distribución” de la velutina “prácticamente en tiempo real”, explica el doctor Luis Rodríguez Lado, investigador del departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago, responsable del proyecto en colaboración con Abraham Martínez Gracia, técnico del Cesga. Velumap es la herramienta para realizar un “muestreo colaborativo”: la población que detecta la presencia de velutinas lo comunica y colabora con la base de datos construida para intentar controlar la plaga. Los resultados de esta monitorización ya son visibles sobre el mapa de la investigación.

“La plataforma -explican sus desarrolladores- recibe los datos enviados” por cada persona usuaria y “actualiza automáticamente las predicciones de distribución” de los insectos. “Supone un gran avance -detalla Rodríguez Lado- ya que, además de tener datos de presencia en tiempo real, está disponible un medio para identificar la presencia de la avispa asiática en lugares remotos, poco accesibles o con poca población”, en los que en la actualidad no hay constancia de si la velutina ha llegado o no “porque, simplemente, no se había comunicado oficialmente”.

Cuanta más población utilice Velumap, resaltan los investigadores, “mejores serán los resultados de los modelos predictivos”. De este modo podrá afrontarse mejor la expansión de esta especie invasora.

Cada persona que utilice Velumap tiene que registrarse en la aplicación y elegir si quiere ofrecer observaciones sobre avispas aisladas o sobre la presencia de sus nidos. Una vez hecho, tendrá que aportar una fotografía. En caso de duda, resaltan los autores, “la aplicación cuenta con una guía simplificada de la Consellería de Medio Ambiente que ayuda a verificar que se trata de una velutina”.

Con la fotografía ya agregada es posible insertar comentarios que puedan ser de utilidad para las pesquisas. Por ejemplo, “el ambiente en el que se encuentra la especie para señalar el emplazamiento geográfico de la observación”, así como la hora o el tiempo meteorológico en el momento de la detección. Con todas estas aportaciones Velumap plasma sobre el mapa “los datos de presencia registrados y los mapas de distribución potencial generados por el sistema”.

Esta aplicación para dispositivos móviles es un paso más en los trabajos que el equipo de Rodríguez Lado, en colaboración con la Diputación de A Coruña, viene desarrollando para intentar predecir con precisión la expansión de la velutina. Las conclusiones más recientes de su modelo matemático ya advertían de riesgo alto o muy alto en prácticamente todo el litoral gallego, si bien el hecho de que este verano no esté registrando por el momento temperaturas muy altas permite amortiguar relativamente su impacto.

“Han fracasado todas las herramientas para evitar las últimas consecuencias de la violencia machista”. La alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, expresaba de este modo este lunes el sentimiento que impregna la capital de la comarca lucense de A Terra Chá desde que el pasado domingo trascendió que una vecina de la localidad, María del Carmen Vázquez, había sido asesinada por su exmarido

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmaron el propio domingo que el presunto asesino tenía prohibido acercarse a menos de 300 metros y comunicarse con su expareja. Esas medidas habían sido decretadas tras la interposición de una denuncia por violencia machista.

La Delegación del Gobierno central para la Violencia de Género ratificaba este lunes que el asesinato de Mari Carmen ha sido un caso de violencia machista. “Lamentablemente, ha llegado el día en el que ponemos cara a uno de esos fríos números, ya que una de esas mujeres es nuestra vecina, nuestra compañera, nuestra amiga”, evidenció el manifiesto leído a mediodía en Vilalba por la concejala de Igualdad del municipio, Vanesa Siso. La “frialdad de los números”, resalta, no refleja la verdadera dimensión “de uno de los problemas estructurales más graves de nuestra sociedad, la violencia machista”.

La movilización contra la violencia machista de este lunes en Vilalba, secundada por decenas de personas, se ha repetido en múltiples puntos de Galicia. Las concentraciones institucionales en repulsa por el asesinato se han desarrollado ante las casas consistoriales de los principales ayuntamientos, sedes de la Xunta y en el Parlamento, entre otras instituciones.

Este lunes comienzan también a desarrollarse las manifestaciones de repulsa convocadas desde los movimientos feministas, que concentran la mayor parte de sus movilizaciones en la jornada del martes. Ya han sido convocadas casi una treintena de manifestaciones y concentraciones.

Desde estos colectivos, como desde el Ayuntamiento vilalbés, se pone también el foco en los defectos de la protección a víctimas de la violencia machista incluso tras haber sido decretadas medidas como la orden de alejamiento que pesaba sobre el presunto asesino de María del Carmen Vázquez. En este sentido, la asociación lucense Si, hai saída “alerta” sobre “la más que alarmante evidencia de que algo no está funcionando de manera correcta” en este tipo de medidas.

“Si algo constatamos en nuestra asociación son los numerosos quebrantamientos de las órdenes de alejamiento”, lo cual “expone a las víctimas de la violencia de género” a “un peligro aún mayor” tras el “enorme esfuerzo” de optar por la denuncia. “Un solo minuto que se baje la guardia es suficiente para que sea cometido un asesinato machista”, advierten.

Manuel Fraga deja el PP y ficha por Vox. La frase es literalmente cierta y es resultado del fichaje de uno de los nietos del fallecido presidente de la Xunta y fundador del PP por la formación de extrema derecha, que desde el pasado 26 de mayo cuenta con tres escaños en el Parlamento Europeo. Manuel Fraga Pedroche, que según su perfil profesional público ha ejercido estas labores en la Eurocámara desde el año 2012, continuará haciéndolo en la nueva legislatura, pero trabajando para Vox.

Tal y como ha adelantado El Independiente, el partido confirma el cambio de puestos que ya refleja también oficialmente el Parlamento Europeo. Tras siete años ejerciendo como asistente para el PP, Fraga Pedroche es ya a todos los efectos “asistente acreditado” de Hermann Terstch, Jorge Buxadé y Mazaly Aguilar, los tres representantes de Vox en la nueva legislatura europea.

Estos asistentes acreditados son seleccionados directamente por uno o varios diputados para asesorarlos en su labor y legalmente son empleados del Parlamento Europeo. Trabajan en las dependencias del legislativo comunitario en Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo y “asisten directamente a los diputados en su trabajo, bajo su dirección y autoridad y sobre la base de una confianza mutua”, detalla la Eurocámara. Cada uno de ellos tiene como límite salarial el de un eurodiputado -unos 6.000 euros brutos mensuales-.

Fraga Pedroche pone fin así a una andadura que inició como empleado de los representantes del PP en la Eurocámara poco después de terminar sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, según su currículo público. En la legislatura europea que acaba de finalizar (2014-2019) fue asistente de varios eurodiputados del PP, entre ellos Esteban González Pons.

En las elecciones del 26M Vox fue la quinta fuerza política en España. Con algo más del 6% de los votos logró tres escaños.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense ha autorizado la hospitalización terapéutica forzosa “bajo custodia y medidas que impidan la huida” de un paciente diagnosticado de turberculosis “hasta que deje de representar un riesgo para la salud pública”. El juez avala así una solicitud en ese sentido formulada por la Xunta con el aval también de la Fiscalía.

Según el auto del juez, la enfermedad le fue diagnosticada al paciente hace más de un año, en mayo de 2018. Desde entonces “no cumplió con el tratamiento ni las obligatorias citas para la administración del medicamento, lo que obligaba a reinstaurarlo hasta que lo volvía a interrumpir”.

Tras “desaparecer”, el paciente volvió a acudir a finales de agosto de 2018 al centro hospitalario, donde se reinició el tratamiento, pero dejó de presentarse a las asistencias programadas escasos días después.

El juez indica en el auto que “hace poco más de un mes” el paciente reapareció “con síntomas de encontrarse en una fase muy contagiosa, advirtiéndole en tal momento de la importancia de cumplir el tratamiento, incumpliéndolo una vez más y no siendo posible localizarlo”.

El magistrado aprueba en el auto la adopción de medidas necesarias para garantizar la retención física del paciente en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense u otro centro sanitario de la provincia que considere la administración sanitaria y el sometimiento a tratamiento médico forzoso, debiendo coordinarse las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de acuerdo a su protocolo de actuación, con el facultativo encargado del tratamiento para determinar las medidas de confinamiento y sujeción “necesarias, suficientes y proporcionales”, así como, de ser procedente, vigilancia por agentes. Una vez concluido el tratamiento el juez pide que se le remita un informe detallado con los incidentes que tuviesen lugar.