El PNV activará el 19 de octubre un proceso interno, con una duración aproximada de un mes, para designar a sus candidatos para las elecciones generales, para las forales y para aquellos municipios en los que aún no se hayan hecho los procesos, como es el caso de Vitoria. Así lo ha anunciado el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, en su discurso del Alderdi Eguna.

En el caso de las generales, el reto no es menor, ya que se designará a un candidato después de varios ciclos electorales en los que el propio Esteban ha sido el cabeza de cartel y un activo muy relevante en Madrid. En concreto, lo fue en 2015, 2016, en 2019 por dos veces y en 2023. Su sustituta como portavoz ha sido Maribel Vaquero y, en el caso del Senado, la portavocía es independiente a los comicios porque recaerá desde la próxima semana en Beatriz Artolazabal, que será votada por el Parlamento Vasco y dejará el Ayuntamiento de Vitoria.

En el caso de las municipales y forales, en muchos lugares el proceso se inició hace meses. Es el caso de Bilbao, donde Mikel Hidalgo ejerce ya de candidato y cohabita con los últimos meses del mandato de Juan María Aburto. También hay ya decisión tomada en Getxo u Hondarribia.

“Para los retos que tenemos delante necesitamos gente con escarmiento. Ha llegado la hora de elegir candidatos. Por decisión del EBB, el proceso empezará el próximo mes. En concreto, el 19 de octubre. Ese día se enviará a las UBB [organizaciones locales] la convocatoria y el calendario”, ha dicho Esteban en Foronda. Con la reforma de los estatutos de 2025, la doble vuelta se resolverá en aproximadamente un mes, claramente antes de que acabe 2026.

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El PNV ha celebrado este domingo en Foronda, a las afueras de Vitoria, su Alderdi Eguna anual. En 2026, en cambio, ha tenido ya un claro aroma preelectoral, con algunos candidatos ya como protagonistas en las campas y con tres citas en 2027, las municipales, las forales y las generales. Así, los mensajes de la bicefalia que lidera el partido ahora mismo, Aitor Esteban en Sabin Etxea e Imanol Pradales en Ajuria Enea, han estado trufados de críticas a las demás fuerzas políticas y a poner en valor a su sigla como la mejor opción. En el caso del lehendakari, si en 2025, en el mismo foro, hizo fortuna con una mención a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luego convenientemente manipulada por ella, en 2026 ha buscado repetir el efecto con alusiones directas a otro referente del PP, José María Aznar, presidente del Gobierno de España de 1996 a 2004. En el caso de Esteban, ha repartido sus mensajes: al PP lo ve “perdido” y en la “trinchera”, el PSOE está “tensando la cuerda de la polarización” en España tanto como los 'populares' y en Euskadi Eneko Andueza es exagerado con el PNV y, finalmente, a EH Bildu le ha reprochado un pasado de “intolerancia” e “imposición”.

Pradales ha querido exhibir su preocupación por el protagonismo creciente del “gurú o guardián de las esencias de la auténtica derecha española”. “Se ha vuelto a poner la armadura del nacionalismo español. El disfraz del Cid Campeador dispuesto a reconquistar España. No hay más que verle paseándose por Ceuta, hablando de 'cobardía' o 'traición'. O eso de que 'el que pueda hacer, que haga'. Cuidado con pensar que sólo apunta a algunos. Aviso a navegantes: si el PP que manda es el PP de Aznar… Si el PP de Aznar, con Vox, llega a la Moncloa… Kontuz! Kontuz! Ya les conocemos. Y sabemos de lo que son capaces. Lo sufrimos hace 25 años. Pero, los Aznares y Abascales, que recuerden que hace 25 años este pueblo reaccionó. ¡Nos pusimos en pie! Fuimos a votar en masa y dijimos: ¡No a Aznar! ¡No a la imposición! ¡Sí a Ibarretxe! ¡Si a Euskadi!”, ha clamado el lehendakari en su intervención en la gran fiesta del PNV, que ha reunido a miles de personas en unas campas de Foronda, a las afueras de Vitoria.

Como ya hiciera en el reciente debate de política general del Parlamento Vasco, Pradales ha recordado que Pedro Sánchez aún no ha cumplido el compromiso de desarrollar totalmente el Estatuto de autonomía de 1979. “La carpeta de Gernika sigue sin cerrarse. Por desgracia, cada Alderdi Eguna debemos recordarlo. Este Gobierno está poniendo toda la carne en el asador para que se cumpla el Estatuto en su integridad. Y los plazos se agotan”, ha indicado. Y ha seguido: “Hoy quiero recordar al presidente del Gobierno español que este pueblo valora el pacto y la palabra dada. Pero si hay algo que no aceptamos es que se juegue con ella. El tiempo se acaba. Aún tiene una oportunidad. En su mano está que el próximo Alderdi Eguna pueda venir aquí y deciros que Sánchez ha cumplido el pacto y la palabra. Veremos… En todo caso, esté quien esté en Moncloa, debe saber que el autogobierno no es una moneda de cambio”. Es la gestión de la Seguridad Social el gran asunto pendiente.

Pradales llevaba un polo conmemorativo del nonagésimo aniversario del Gobierno de Euzkadi, creado en plena Guerra Civil, como él mismo ha contado en el mitin. En su discurso, ha mencionado al primer lehendakari, a José Antonio de Aguirre, al igual que a Jesús María de Leizaola, su sucesor en el exilio, y a los inquilinos de Ajuria Enea en la época moderna, Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza, Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu, presente entre el público. Solamente ha orillado a Patxi López, el único en el cargo no del PNV y en el cargo de 2009 a 2012.

Esteban ha recordado otro aniversario. El de 2026 es el quincuagésimo Alderdi Eguna tras una primera edición en 1977, en Aralar, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Ha recordado los controles de la Guardia Civil para llegar allí, cómo fue un encuentro entre la generación de la Guerra Civil y del exilio y la nueva etapa y ha señalado que nadie de los allí presentes podría negar que la “Euzkadi” actual —ha empleado la denominación clásica de inicio pero luego en su discurso escrito venía la moderna, con 's'— es mucho mejor que la de entonces. “En Aralar, no había Gobierno vasco, no había diputaciones forales, no había ayuntamientos democráticos, no había ETB, no teníamos Hacienda propia, no había Ertzaintza, no existía Osakidetza, sólo había un puñado de ikastolas clandestinas y el euskera agonizaba. Salíamos de una dictadura férrea que no permitía la mínima disidencia. Hoy hemos construido un país con personalidad, con instituciones, con autogobierno, sin tener que depender de la voluntad de otros gracias al Concierto Económico. Un país que con la desaparición de fronteras se va reconociendo entre Nafarroa, Iparralde y la comunidad autónoma vasca; una Euskadi que goza de servicios sociales punteros en Europa y que es líder en ámbitos industriales. Una Euskadi en la que el euskera está más presente”, ha indicado. Ha propuesto guardar una cápsula bajo tierra con los augurios para el país de aquí a los siguientes cincuenta años. Se reabrirá en la edición del centenario del Alderdi Eguna, en 2076, por quienes entonces formen el PNV.

Buena parte del discurso del presidente del EBB ha girado en torno a las elecciones. “Es un único ciclo porque sus convocatorias estarán próximas una de otra. Y las dos son importantes. Las generales, porque allí está la primera línea de defensa de Euskadi, porque Madrid puede aún condicionar algunas políticas vascas. Euskadi necesita una representación vasca que no tenga otras prioridades que su país, que sepa negociar, que sepa hacer frente, sea una voz clara y firme ante los abusos que se puedan producir. Las municipales y forales son muy importantes porque son las instituciones donde se pueden llevar a cabo las políticas más cercanas y a corto plazo para la ciudadanía, porque es ahí donde se demuestra quién resuelve sus problemas, hace mejor y más fácil su día a día”, ha explicado.

El PNV desea por todos los medios que esas elecciones no se conviertan en un plebiscito entre Sánchez y la ultraderecha. “Van a querer despistarnos unos y otros con el mantra de que solo hay dos alternativas: la derecha echada al monte o Sánchez. Claro que sabemos lo que es la ultraderecha. Y no nos gusta. Más años de persecución que nosotros no tiene nadie. Pero que no os engañen: el futuro del gobierno de Madrid no se vota ni se decide en Euskadi. De 18 escaños en la comunidad autónoma vasca, Vox no tiene ninguno y el PP sólo dos. Lo que votamos es que Euskadi esté bien representada y defendida en Madrid los próximos cuatro años ante lo que pueda venir. Argi eta garbi: esto no va de dos elecciones, va de una única decisión de país. Quién queremos que defienda Euskadi fuera y quién queremos que la siga haciendo avanzar desde dentro”, ha indicado.

Y a partir de ahí ha empezado con las críticas. Para todo el mundo. De la izquierda abertzale ha venido a decir que mostrará un país “en llamas”. “Veréis cómo a medida que se acerquen las elecciones ya tendremos el inicio de la temporada de huelgas. Porque esto es periódico, como las lluvias del monzón. No importa que haya causa, toca en determinadas épocas del año”, ha vaticinado. “Nos encontramos con algunos que ‘mucho lirili y poco lerele’. Sí, me refiero a la izquierda abertzale. Que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos... De ‘lirili’ van bien. Pero de ‘lerele’….No a la ley de vivienda [en referencia a la reforma de 2025, no a las normas vascas y estatal, sí apoyadas por EH Bildu y no por el PNV], no al pacto de salud, no a la ley de educación, no a la ley para facilitar inversiones, no a las reformas fiscales, no al Ararteko, no a los presupuestos, no al foro de seguridad. Y claro, normal, así, que hablen de táctica. Primero, sus cálculos y luego, si queda sitio, el país. Efectivamente, son mera táctica”, ha manifestado. Y ha añadido en euskera que Arnaldo Otegi no puede erigirse en paladín de la defensa de los derechos humanos y de lucha contra el fascismo. En la misma línea, Pradales también había criticado que algunos “abrazaran” la violencia al final de la dictadura y no las vías políticas.

Sobre Vox, Esteban ha insistido en que siempre se han opuesto. Y, sobre el PP, “poco que decir”, ha ironizado. “Es el partido perdido. Perdido en la trinchera, perdido en el ruido y perdido cuando toca construir acuerdos para Euskadi. Dicen que trabajan por Euskadi. Para eso, lo primero sería que creyeran en Euskadi”, ha lamentado. Y el “poco que decir” era real, porque ha criticado más a los socialistas, al menos en tiempo dedicado. Ha repartido entre Sánchez, cuya investidura apoyó, la navarra María Chivite, de cuyo gabinete forman parte, y a Eneko Andueza, el líder del PSE-EE y socio minoritario de Pradales.

Por partes. “En Madrid, nada nuevo bajo el sol. Una legislatura en su fase final, que si no aprueba presupuestos, que será lo más probable, Sánchez tendrá que dar por finiquitada y convocar elecciones. ¡Nosotros y nosotras, a lo nuestro, prest para todo y sobre todo para ganar! Y en ese contexto, PP y PSOE tensando cada día más la cuerda de la polarización. Ahora, la entrada masiva de migrantes en Ceuta. En vez de gestionar una crisis geopolítica y humanitaria desde, como dirían ellos, ‘una visión de Estado’, se dedican a los ‘shows’, los reproches y las palabras gruesas que no sirven para nada. Y, mientras tanto, la crisis continúa”, ha criticado. Aquí ha dibujado la línea actual del PNV sobre migraciones: los extranjeros tienen derechos pero también “obligaciones” y la acogida no puede ser “infinita”. “No puede serlo. Acoger sin capacidad para integrar (en vivienda, empleo, educación, sanidad, servicios sociales, ...) no es más solidario. Al contrario, puede acabar tensionando la convivencia. Por eso queremos más capacidad para anticipar, planificar, integrar, ordenar y garantizar que las reglas se cumplen. Así se construye convivencia”, ha explicado Esteban.

Sobre Navarra, ha criticado que solamente usara dos palabras en euskera en su discurso en el debate de política general —“egun on”— y que dé un “no redondo” a la oficialidad de la lengua vasca en todo el territorio de la comunidad foral. Ha pedido al PSOE, en general, que se aclare con la política lingüística. “Se está impulsando la idea de que el euskera es una especie de obstáculo, una carga innecesaria para nuestra sociedad y que es algo no prioritario. Argi eta garbi: un vasco, una vasca, no puede considerar al euskera un estorbo. Es parte de lo que somos, una herencia que nos define como pueblo. Algo a proteger y fomentar cada vez en más ámbitos”, ha indicado.

Y, sobre Andueza, le ha afeado que deslice que el PNV está a la “prioridad nacional” vasca y no a la “prioridad social”. “Los del PSOE están todo el día diciendo que los nacionalistas vascos miramos por la 'prioridad nacional'. A los únicos que he oído pronunciar esas dos palabras 'motu proprio' han sido Santiago Abascal y Eneko Andueza. No sé a qué viene que nos quiera atribuir un lema que no es nuestro. [...] Si lo que quiere decir el PSOE es que nosotros pensamos que en nuestro país hay personas de primera y de segunda, la respuesta es: esa mentira no es verdad. Si lo que quiere decir es que no nos preocupamos del progreso social, de repartir la riqueza y de ayudar a los más débiles, esa mentira tampoco es verdad. Porque si ha habido algún partido que se ha destacado por sus políticas sociales pioneras es el PNV. ¡Si hasta han venido los ministros del Gobierno de Sánchez a copiarnos! Lecciones de prioridad social, ninguna. Así que, Eneko, critícanos por lo que hacemos. Critícanos por lo que no hacemos. Pero no nos atribuyas cosas que no pensamos para poder criticarlas después. ¡Eso no!”, ha indicado un Esteban mucho más enérgico en su segundo Alderdi Eguna, ya que se estrenó en 2025 con problemas de voz.

Aunque su relación con el PNV en los últimos años se ha enfriado en alguna medida, Uxue Barkos volverá a ser la candidata en las elecciones forales de Navarra de la coalición Geroa Bai, la marca que une a los 'jeltzales' con lo que oficialmente se llama “Geroa Social Verdes en Europa”, el partido de Barkos, y el grupo minoritario Atarrabia Taldea. El efecto en las urnas de la expresidenta de 2015 a 2019, aunque la tendencia de esta opción vasquista es claramente a la baja, es perfectamente real. Un dato: en Pamplona, en 2023, Geroa Bai logró unos 7.000 votos en las municipales y, a la vez, el doble en las forales, 14.000. Ahí la papeleta estaba encabezada por Barkos.

El PNV ratificó el 11 de septiembre los nuevos términos de la coalición Geroa Bai al menos para otros cuatro años. La documentación interna a la que ha tenido acceso este periódico habla de la de Barkos como una candidatura “de consenso”. En círculos internos del partido de Aitor Esteban ha sorprendido también que, a la vez, se ratificara a ciegas la candidatura para el Ayuntamiento de Pamplona, de la que no se dan detalles —ni desde luego la identidad— aunque parece que recaerá de nuevo en los Socialverdes de Barkos y no en el PNV.

Tras la desaparición de Nafarroa Bai porque algunas de sus fuerzas, como EA o Aralar, pasaron a EH Bildu, fue el tirón de Barkos el que permitió darle continuidad con la forma de Geroa Bai. Ha sido solamente en los últimos años cuando el entorno de Barkos se ha articulado con un partido propio, llamado en la información oficial “Geroa Socialberdeak Europan”, en euskera, o “Geroa Social Verdes en Europa”, en castellano, cuyas siglas serían “Geroa SB/SV”.

El mayor hito fue el acceso a la Presidencia en 2015. Desde 2019, en cambio, muestra desgaste en las forales, a pesar del tirón de Barkos, y malos resultados en el resto de convocatorias. En la última cita con las urnas, las europeas de 2024, Geroa Bai quedó en séptima posición y a punto de ser sobrepasada también por la formación ultra de nuevo cuño SALF.

El preámbulo del acuerdo de coalición señala que los integrantes de Geroa Bai están “convencidos” de que el proyecto “ha adquirido carta de naturaleza en el panorama político de Navarra” y que es un “actor imprescindible”. Tras la salida de Barkos de la Presidencia, Geroa Bai se ha mantenido como socio del PSN de María Chivite en dos legislaturas, aunque el camino no ha estado exento de tensiones.

El nuevo documento guía de Geroa Bai asegura mantener “inalterables” los “signos de identidad” del proyecto, como la “sed de justicia”, la defensa del euskera, el “europeísmo” o la “obstinación” para defender que los navarros puedan “vivir dignamente” y “realizarse en armonía con la naturaleza”. Hablan de Navarra “como sujeto político libre y soberano”, que aspira a “profundizar en su autogobierno”.

Geroa Bai se rige por una Comisión Permanente de diez miembros, cuatro Socialverdes, cuatro del PNV y dos de Atarrabia Taldea. Entre otras funciones, es el órgano que analizar las posibles alianzas de Gobierno o estratégicas. Dispone de unas juventudes complementarias a EGI, llamadas Gazteok Bai. Los integrantes de todas las fuerzas de la coalición se llaman “geroabaikides” y la formación, en su ánimo de no perder implantación local, se articula en “herrigunes” de ámbito local o comarcal.

El acuerdo que hará a Barkos candidata da a su partido tres de los cuatro primeros puestos en la lista electoral. El PNV solamente dispondrá del segundo lugar. En el siguiente tramo, de los puestos cinco al ocho, el PNV tendría dos, Socialverdes otro y Atarrabia Taldea uno. Barkos logró 9 escaños (de 50) cuando logró gobernar en 2015, ahora es cuarta fuerza con 7 y algunas encuestas apuntan a una bajada hasta los 5 de cara a 2027.

El documento refrendado por el PNV indica, textualmente, que “para la conformación de la candidatura del Ayuntamiento de Iruña-Pamplona se seguirá el mismo criterio” de reparto por partidos. Eso sí, las fuentes consultadas inciden en que se ha aprobado sin saber quién será el candidato de consenso. El 2023 fue Koldo Martínez, también del grupo de Barkos, pero ya abandonó la institución mediada esta legislatura. Ahora mismo Geroa Bai tiene dos concejales, uno por cada socio principal.

El acuerdo menciona también que para los puestos de “primer nivel”, como la Presidencia del Parlamento navarro (desde 2019 en manos del PNV con Unai Hualde), los miembros del Gobierno (tres de Socialverdes y uno del PNV) y el posible escaño en el Senado a través de la Cámara foral (el puesto actual de Barkos) se actuará de forma coordinada y “equilibrada” entre los socios de Geroa Bai. Nada se menciona sobre la peculiar situación del Senado.

La expresidenta, efectivamente, fue enviada como senadora autonómica por toda coalición, también por el PNV, pero nunca se integró en el grupo de los nacionalistas y optó por agruparse con otras fuerzas de izquierdas, como Sumar. En paralelo, el PNV ha necesitado del apoyo de senadores del PSOE para poder disponer de estructura propia en la Cámara alta de las Cortes Generales. Ahora mismo, el vitoriano Adolfo Lander y el malacitano Rafael Granados, ambos socialistas, están adscritos al grupo del PNV, que está inmerso en una renovación de su portavocía con la salida por jubilación de su portavoz desde 2020, Estefanía Beltrán de Heredia, y la llegada de Beatriz Artolazabal, que se formalizará en los próximos días.

El acuerdo de coalición de Geroa Bai incorpora también un código ético para todos sus cargos. Incluye un compromiso de “información y transparencia frente a la opacidad habitual”, “actitud de servicio a la sociedad navarra”, “dedicación, intensidad y dignidad”, pero también “generosidad, altruismo y austeridad” en el cargo, orillar los “intereses personales”, prohibición del “cobros” más allá de los establecidos y de tener al tiempo “negocios” en conflicto de intereses y veto al uso de informaciones privilegiadas para cualquier tipo de fines.

Arnaldo Otegi bromeó en 2025, al ser reelegido para otro mandato al frente de EH Bildu, que lo había logrado “a la búlgara” por haber tenido un respaldo interno del 94%. Ahora, la formación abertzale ha dado los datos de sus candidatos para las municipales y forales de 2027 y, todos ellos, son superiores a esa cifra con la excepción de la única candidata de Alternatiba, María del Río, en Bilbao, que ha logrado 'solamente' un 91%.

En Pamplona, el alcalde Joseba Asiron ha tenido un 100% de apoyos en las bases, sin votos en contra o siquiera en blanco. En Navarra, Laura Aznal ha alcanzado el 98,29%, con un 1,71% de rechazo. En Vitoria, Rocío Vitero, que ganó las municipales en 2023 aunque no pudo gobernar, ha obtenido un 97,44% —solamente 0,85% en contra— y, en Álava, Eva López de Arroyabe, ha llegado al 98,82% y sin ningún voto negativo.

En el caso de Bizkaia, Iker Casanova ha tenido un 97,33%, con un 1,1% en contra. Pero la actual portavoz en Bilbao y aspirante a la reelección, María del Río, sí ha concitado algo más de rechazo, casi un 6%. De los ocho candidatos en capitales y forales es la única que no procede de Sortu o es una figura independiente. Es de los otros partidos de la coalición, en este caso de Alternatiba. En Gipuzkoa, finalmente, un 96,39% ha refrendado un nuevo intento de Maddalen Iriarte, que ganó en 2023 pero no gobierna, y la nueva gran apuesta por Nerea Kortajarena en Donostia alcanza el 97,01% de 'síes' y únicamente un 1,49% de 'noes'.

EH Bildu ha querido “felicitar” a los candidatos por sus resultados y agradecer su “compromiso” y “responsabilidad” para aceptar dar el paso en la inminente carrera electoral. También agradece la “participación” de sus bases. “Somos un movimiento vivo, participativo y lleno de ilusión. Tal y como señaló Arnaldo Otegi en la conferencia política del pasado sábado, es hermoso que, en tiempos de individualismo, haya personas que se comprometan con el colectivo”, indican desde la formación. Ahora, el proceso continuará con la búsqueda de candidatos municipales para las otras localidades de los cuatro territorios.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha restado importancia a los problemas con la flota de helicópteros de la Ertzaintza, con un único aparato disponible durante el verano por el accidente del otro en el incendio de Galarreta (Álava) de junio y la adaptación y formación necesaria para poner en servicio el alquilado como reemplazo para ocho meses, mientras duran las reparaciones. A su juicio, hay “otras herramientas aéreas”, en referencia a los drones, que “están sustituyendo ya muchas de las tareas que antes se realizaban con helicópteros”.

Zupiria ha comparecido en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco para responder a una pregunta del PP sobre la situación de la flota de helicópteros. Es ahí cuando el titular de Seguridad ha mencionado que son ya diez los drones que tiene la Policía vasca, de diferentes tamaños y funcionalidades.

Según ha enumerado Zupiria hasta que la presidenta de la Cámara, su correligionaria Bakartxo Tejeria, le ha cortado, no solamente hacen algunas de las vigilancias aéreas o emisiones de imágenes de grandes eventos en directo, labor antes realizada con helicóptero, sino que se usan para investigaciones como detección de plantaciones de droga, para grabar “intercambios”, para hacer seguimientos de sospechosos o para labores de “ortofotografía”. También se están empleando como apoyo en búsqueda de desaparecidos en orografías complicadas y en catástrofes naturales como incendios o inundaciones, ha señalado.

Ainhoa Domaica, la portavoz del PP en materia de Seguridad, ha criticado que la Ertzaintza solamente disponga de dos helicópteros tras la renovación acometida en la flota. Según ha indicado, eso implica que si uno está fuera de servicio, como sucedió tras el accidente de Galarreta, toca pagar una elevada cantidad para alquilar un reemplazo, que además tarda en entrar en servicio por las obligadas adaptaciones y la formación de los pilotos y tripulantes. Ha insistido en que el mínimo debería ser de tres unidades.

Zupiria ha dicho no estar cerrado a una “reflexión” al respecto, pero ha pedido tener en cuenta que los medios aéreos han cambiado de modo drástico gracias a los drones. No ha negado que fue un “imprevisto” el problema tras el accidente de Galarreta y tampoco que el helicóptero alquilado llegó el 31 de julio y precisó de un tiempo de adaptación, pero ha insistido en hacer una “valoración positiva” del material disponible.

Domaica ha considerado que los agentes de la Unidad de Vigilancia y Rescate demandan más recursos y ha añadido que la “soberbia” es “muy mala consejera” a la hora de gestionar en la Administración. Ha apuntado también que la “broma” del alquiler de la nave de reemplazo será de alrededor de 1,1 millones de euros para solamente unos pocos meses y 200 horas de vuelo. La reparación del aparato siniestrado no tendrá coste adicional ya que será el seguro el que la cubra.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha comunicado este viernes los planes de Génova para el PP vasco. Se resumen, básicamente, en que Iñaki Oyarzábal y Muriel Larrea dejarán las presidencias provinciales de Álava y de Gipuzkoa, respectivamente. Del primero, ha dicho que le esperan en Madrid, por lo que podría ser el candidato en las generales de 2027. De la segunda, ha segurado que ha pedido dar un pasado al lado. “Ha hecho un trabajo impresionante en una provincia siempre difícil para el PP”, ha agregado.

Tellado ha hecho estas manifestaciones en un acto en Bilbao. Formalmente, los congresos provinciales serán en diciembre, según los cálculos internos, y presumiblemente llegará todo cocinado. En Bizkaia, hace ya un año se prescindió de la presidenta, Raquel González, y se planteó una gestora con Amaya Fernández. El dirigente de Génova ha dicho abiertamente también que animaba a Fernández a presentarse para ser presidenta provincial por su buena gestión en estos meses, donde ha tenido a su lado al parlamentario Santiago López Céspedes. Fernández fue durante unos meses presidenta del partido en Euskadi, en 2020.

El PP esperará a esos congresos para perfilar las candidaturas a las elecciones forales. En el caso de Álava, Oyarzábal era el líder territorial y también había sido el cabeza de cartel, pero en Gipuzkoa Larrea era parlamentaria vasca. El actual portavoz en las Juntas Generales, Mikel Lezama, ya se ha ofrecido para continuar una legislatura más. Los 'populares' sí tienen definidas sus candidaturas en las capitales, con Iñaki García Calvo en Vitoria, Borja Corominas en Donostia y Esther Martínez en Bilbao.

La debacle de la enseñanza vasca mostrada en el reciente informe PISA, la evaluación internacional más prestigiosa, ha monopolizado las críticas de la oposición al Gobierno de Imanol Pradales en la primera sesión de control tras el largo parón estival, de tres meses. El lehendakari ha asegurado que ya se han asumido “responsabilidades” en la medida en que se han anunciado “algunas” medidas para intentar revertir la situación. “No tenemos nada que esconder. Estamos aquí para mirar de frente a los problemas”, ha agregado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, a la que PP y ahora también Sumar empiezan a señalar políticamente. Asimismo, la vicelehendakari y responsable de Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha pedido que no se aproveche este debate para “atacar al euskera”.

PISA ofreció los peores datos de la historia de la enseñanza vasca, con especial énfasis en los problemas de comprensión lectora. Euskadi obtuvo los resultados más bajos de España, solamente por encima de las ciudades de Ceuta y Melilla, sin sistema propio y con una realidad social muy diferente. La caída en matemáticas y ciencias fue también muy significativa.

Las saetas contra el Ejecutivo han salido desde las cuatro bancadas de la oposición. El líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha pedido recuperar el espíritu del pacto de 2022, previo a la reforma legislativa, y crear una mesa con agentes y expertos para articular una respuesta compartida. También ha mostrado su preocupación por los mensajes del Ejecutivo deslizando que la inmersión del alumnado en modelos en euskera pueda ser un “problema” para los resultados. “El Gobierno no puede decir eso”, ha señalado. Pradales, que en lo que va de legislatura se ha caracterizado por crear mesas para materias tan variadas como Osakidetza, seguridad, la sequía, la industria o incluso la excelencia educativa (Eskola Bikaina Denontzat), ha despejado la propuesta de Otxandiano con una sentencia que ha atribuido al 'premier' británico, Winston Churchill: “Si usted quiere retrasar la solución a un problema, proponga una comisión”.

Desde el PP, Javier de Andrés ha insistido en que los resultados son “deplorables” y ha señalado que el problema ya se venía venir desde hace dos décadas. El PP lo atribuye fundamentalmente a un supuesto exceso del euskera en el sistema educativo porque “los mejores resultados” se dan cuando se estudia en la “lengua materna”. “Se han obcecado. Antes no había pantallas, que es en lo que ustedes se centran para poder escaquearse. Si no hacen autocrítica, no se resuelve el problema. Hay unos responsables. Son ustedes, el PNV. El proyecto ideológico del PNV ha fracasado. Asuman responsabilidades de verdad, no de palabra. Particularmente la señora Pedrosa. Escojan personas que lleven adelante un proyecto distinto”, ha agregado quien, hace una semana, ya solicitó la destitución de la titular de Educación, en el cargo desde 2024 y antes viceconsejera.

Pradales, desde luego, no ofrece ningún signo de querer modificar su equipo. Es más, ha anunciado que Pedrosa viajará a París en los próximos días para mantener una reunión con los representantes de la OCDE, la organización internacional responsable del informe PISA. Además, ha recordado que también se ha reunido con los centros y movilizado a los expertos del ISEI-IVEI, el organismo vasco encargado de la evaluación educativa. Y ha lanzado un último capote recordando que la evaluación propia realizada por el Ejecutivo, con una toma de datos posterior a PISA, ofrece una tendencia positiva que, según el Gobierno, hay que tener también muy en cuenta.

Sumar, con un único escaño, ha sido la única voz que ha recordado que Euskadi es la comunidad con un mayor peso de la enseñanza privada. Apenas un 51% del alumnado estudia en centros de titularidad pública. Según Jon Hernández, eso conduce a la “segregación” y a que la mitad del sistema asuma la mayoría de la vulnerabilidad.

Para Hernández, procedente de IU, han sido “dos años de matraca sobre la excelencia” por parte de Pedrosa cuando, en realidad, Euskadi se está quedando como “el último de la fila”. Ha pedido al PNV que rompa con el “relato autocomplaciente” y la “propaganda” de que la comunidad autónoma es referencia y ha criticado la “sobreoferta concertada” o las “inversiones que no se ejecutan” en los colegios públicos.

Pradales ha respondido que ha visto “tics” de “populismo” en Sumar, una “enmienda de totalidad” al modelo que no comparte. Es más, ha considerado “obsesión ideológica” contraponer la pública y la concertada. “El compromiso del Gobierno con la educación de calidad es incuestionable”, ha apostillado también, citando que PISA recoge igualmente los bajos niveles de abandono escolar y otros indicadores positivos. Ahora toca combinar “inclusión y equidad” con “excelencia” en los resultados.

Vox también ha mencionado la “debacle educativa”. Y ha sido la propia Pedrosa la que ha dado la réplica a la formación de ultraderecha. “Hablemos de educación. Pero hablemos de educación con seriedad. No son los resultados que queremos para Euskadi. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. No tenemos nada que esconder. Estamos aquí para mirar de frente a los problemas. Y este trabajo no empieza ahora”, ha manifestado de entrada.

Después, ha mostrado su preocupación por el exceso de uso de las pantallas. Cuando hacía ese comentario, en la bancada del Gobierno Pradales miraba el móvil, al igual que la portavoz, María Ubarretxena. Los vicelehendakaris Ibone Bengoetxea y Mikel Torres usaban su ordenador portátil, como también Bingen Zupiria. Las consejeras María Jesús San José y Amaia Barredo leían unos documentos. Solamente Alberto Martínez, titular de Salud, ha seguido con atención toda la intervención de Pedrosa, y eso que tenía dos móviles sobre su escaño.

Pedrosa ha insistido en la idea de que se lea “todos los días” en el aula durante una hora. Y en que “toda la sociedad” se implique en medir la adicción a los dispositivos. “No buscamos excusas. Buscamos respuestas. Que nuestros alumnos aprendan más y aprendan mejor”. También ha avisado de que la sociedad vasca está cambiando: hay ya 149 nacionalidades diferentes en los colegios.

Alberto Martínez ha sido el primer consejero del Gobierno de Imanol Pradales en comparecer en el pleno del Parlamento Vasco en tres meses. Este viernes, la Cámara ha retomado las sesiones de control tras el parón estival. Como signo del paso del tiempo, Martínez se ha valido de su primer turno para explicar ya los detalles de la campaña de vacunación para prevenir la gripe estacional, que suele solaparse con otras enfermedades infecciosas. Se inicia ya, el 28 de septiembre, e incluirá vacunódromos —Martínez ha acuñado el término 'txertogune', en euskera— como los que existieron con la COVID-19 y se recuperaron en 2025, aunque este año con un formato diferente y siempre en instalaciones de Osakidetza y no en pabellones deportivos como La Casilla.

El calendario indica que la campaña arrancará el 28 de septiembre con la vacunación de mayores en residencias y niños de entre 6 y 59 meses. El 1 de octubre se presentará la campaña general, que comenzará el 5. Los 'txertogunes' estarán listos a partir del 19 de octubre y hasta el 1 de noviembre. “La gripe no es una enfermedad menor. Cada invierno genera miles de consultas, aumenta la presión asistencial y afecta especialmente a las personas mayores, a quienes tienen enfermedades crónicas y a otros colectivos en situación de mayor vulnerabilidad”, ha señalado en la Cámara Martínez.

El concepto de 'txertogune' es el de un centro de amplio horario y sin necesidad de coger cita previa para recibir la vacuna, a diferencia de lo que ocurre en los ambulatorios. Los “grandes” estarán en Vitoria —en el PAC de San Martín—, en Bilbao —centro de salud Sáenz de Buruaga— y en Donostia —en el ambulatorio de Gros— con horarios ininterrumpidos de 8.00 a 20.00 horas de lunes a domingo.

En localidades más pequeñas habrá centros de vacunación, igualmente, pero de lunes a viernes y de 15.00 a 20.00 horas, para intentar cubrir el horario no laboral de la ciudadanía. Estarán en el hospital San Eloy de Barakaldo, en Repélaga en Portugalete, en el ambulatorio de Amorebieta-Etxano y en el PAC de Mungia, en el caso de Bizkaia, en los centros de salud de Irún centro, Torrekua de Eibar, Arrasate-Mondragón y Tolosa y en el PAC de Beasain, en Gipuzkoa. En Álava solamente operará el de Vitoria.

“La ciudadanía podrá elegir entre acudir con cita previa a su centro de salud o vacunarse sin cita en una red de puntos distribuidos por Euskadi [...]. Queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas a adaptarse al sistema”, ha señalado Martínez, que ha querido hacer este anuncio en el Parlamento, dada su trascendencia, ya que la pregunta la ha formulado su propio partido, el PNV. El consejero, que está empezando a leer algunos fragmentos de sus intervenciones en euskera, no ha descartado que la “intensidad” de la campaña sea tan alta como la del pasado año, por lo que acceder a la inmunización “tiene que ser más fácil que nunca”.

Osakidetza insiste en que la prevención contra la gripe, además de las vacunas, incluye la higiene de manos, la ventilación, evitar ir a colegios o centros de trabajo con síntomas y “utilizar mascarilla cuando sea necesario”. A la gripe estacional —en las últimas campañas ha sido la variante A que generó una pandemia en 2009 la que circuló con más intensidad— se suelen acumular la COVID-19 —que precisamente ha tenido un pico de casos en septiembre— y otras patologías como la bronquiolitis.

La unidad de Intervención de la Ertzaintza, un equipo de elite para situaciones de crisis conocido por las siglas GEI o BBT, ha tenido que comprar en las últimas semanas “ayudas a la puntería para armas largas”, en concreto, para fusiles de precisión o “rifles de tirador designado”, porque llevaban ocho años presentando problemas de seguridad. Se han desembolsado 11.624,06 euros en estos productos, adquiridos a la única empresa proveedora autorizada del armamento militar de Sig Sauer, llamada Viator Plus Ultra.

Según un informe firmado en julio de este año por la jefa de sección de calidad de materiales del Departamento de Seguridad, Itziar Calvo Alonso, la Policía vasca adquirió en 2018 armas del tipo DMR (rifle de tirador designado, por sus siglas en inglés) de la casa Sig Sauer “sin las ayudas”. “Se equiparon con otras equivalentes procedentes de armas en desuso”, pero se ha constatado que “no están dando un servicio adecuado y seguro”, porque no son las “originales”, siempre según la información oficial.

Viator Plus Ultra, que es una empresa ubicada en la localidad de Viator, en la provincia de Almería, suministrará un total de ocho miras telescópicas, cinco del modelo UTG PRO y tres del BRAVO6. Fuentes de la armería indican a este periódico que no creen que los rifles no fueran “seguros”, como dice la memoria del Ejecutivo, pero sí admiten que presentan “deficiencias” en su rendimiento si no emplean la “óptica” original y adaptada a ellas. Ahora, eso se corregirá.

Esta empresa de Almería “está autorizada para ofrecer y comercializar todos los productos y servicios militares y policiales de Sig Sauer”, sostiene el Ejecutivo. “Los productos incluyen estaciones de armas con control remoto (RCWS), ametralladoras, rifles, subametralladoras, pistolas, silenciadores, ópticas, munición y accesorios”, explicó al Gobierno vasco en una carta Erno M. Martens, directivo de la empresa armamentística.

¿Cómo son las unidades de Intervención de la Ertzaintza? Se llaman en castellano GEI (Grupo Especial de Intervención) o en euskera BBT (Berrozi Berezi Taldea), por la localidad de Álava donde tienen su base. Este 2026 celebran cuarenta años desde su creación. En su origen, fue formado por el SAS británico. Aunque sus principales misiones en los primeros años estaban enfocadas a la desarticulación de comandos terroristas de ETA, ahora es una unidad de apoyo para casos de secuestros, tomas de rehenes, operativos contra bandas organizadas y visitas de jefes de Estado, de Gobierno u otras autoridades. Parte de sus agentes son, precisamente, tiradores de precisión. Es el equivalente a los SWAT del FBI o de otros cuerpos de Estados Unidos o al GEO de la Policía Nacional.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido con “honor” y con “emoción” la apertura del curso académico universitario 2026/2027 en la Universidad de Deusto, de titularidad privada, luego de que no asistiera la pasada semana al mismo acto de la EHU, la pública. En su discurso, ha destacado que el sistema vasco universitario es “rico” y “plural”, con perfiles “complementarios”.

Pradales, que fue alumno y profesor de Deusto, no acudió al acto inaugural de la EHU y delegó en el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias. Oficialmente, se apuntó que se iba a articular una suerte de modelo “rotatorio” por cuestiones de agenda, aunque el rector Joxerramon Bengoetxea expresó su malestar. “No termino de entender la decisión. Nosotros consideramos que la Universidad del País Vasco tiene que tener una consideración y un tratamiento sin equipararse a las otras universidades por las que, evidentemente, muestro mi total respeto. No creo que sea acertado equipararnos en este sentido a las privadas”, le afeó en 'El Diario Vasco' Bengoetxea, que desde su llegada al cargo ha mantenido tensiones con el Gobierno, particularmente por la financiación.

No ha habido menciones a esta cuestión en la intervención del lehendakari y sí un saludo específico a Bengoetxea, que estaba entre los invitados. Pradales ha defendido la importancia de apostar por la “excelencia” en la enseñanza y no ha orillado que hay que “mejorar los resultados”, en probable referencia a los problemas detectados por PISA en las etapas no universitarias. Más específicamente, sí ha puesto en valor la ley universitaria que prepara el Gobierno, así como el plan de cara al período 2027-2030.

Pradales ha citado al papa León XIV y a San Agustín en una universidad vinculada a la Compañía de Jesús. También ha hecho historia y, en puertas del nonagésimo aniversario del primer Gobierno de Euzkadi surgido en la Guerra Civil, ha recordado cómo el vicelehendakari Jesús María de Leizaola, del PNV como él, se esmeró para salvar de la destrucción la sede de Deusto en Bilbao. “Fue un acción de gran simbolismo”, ha manifestado. Otro aniversario es el número de 140 del nacimiento de la propia Universidad. Se abrió el 25 de septiembre de 1886 con 115 alumnos. Ahora tiene 12.500 y proceden de 50 países.

En su parlamento, Pradales ha lanzado al aire también unas preguntas sobre los retos de la Universidad en medio de un “cambio de era”. “¿Cómo gestionamos la Inteligencia Artificial y sus impactos, de forma que ésta sirva a la Humanidad y no a sus dueños? ¿Cómo favorecemos un debate abierto y sosegado en un espacio comunicativo cada vez más fragmentado y polarizado por las redes sociales? ¿Cómo responder de forma ética a los dilemas que plantean los descubrimientos en génetica o biociencias? ¿Cómo abordamos desde las democracias el sentimiento de malestar o pérdida que afecta a muchas personas en sociedades prósperas y avanzadas como la nuestra? ¿Cómo damos una respuesta local a retos globales como las migraciones o el cambio climático, ante un mundo en el que se abre paso la geopolítica de quienes defienden la ley del más fuerte? ¿Cómo atajamos las nuevas brechas que tensionan las costuras de nuestro contrato social y del Estado de Bienestar?”, ha planteado. Con Pradales, han tomado la palabra el rector de Deusto, Juan José Etxeberria, y el canciller, Arturo Sosa, en su calidad prepósito general de la Compañía de Jesús.

El jesuita Pedro Arrupe (Bilbao, 1907-Roma, 1991) estaba destinado en Hiroshima, en Japón, el 6 de agosto de 1945 cuando el 'Enola Gay' estadounidense arrojó la primera bomba atómica de la historia de la humanidad, que mató en el acto a unas 70.000 personas, casi el equivalente a la población total de una ciudad como Getxo. Arrupe no sólo fue testigo del “lago de fuego” que dejó la detonación sino que, aprovechando sus conocimientos médicos, se puso manos a la obra y salvó la vida a decenas de personas en el noviciado de Nagatsuka, emplazado en una loma a unos seis kilómetros del “hipocentro” de la bomba y reconvertido en sanatorio. También tuvo que quemar decenas de cadáveres, montañas de ellos, para evitar la propagación de infecciones.

Es una historia poco conocida en la tierra natal de quien, años después, fuera máximo responsable o “prepósito general” de la Compañía de Jesús, una influyente rama de la Iglesia católica. Ahora ha sido rescatada en una película que se ha estrenado este miércoles en el Zinemaldia de Donostia. Yo viví la bomba atómica, de la directora Maite Ibáñez, es un documental de 90 minutos principalmente en castellano, pero con testimonios igualmente en japonés o en euskera. Fue rodado en buena medida en Japón en el verano de 2025, coincidiendo con el octogésimo aniversario de la bomba atómica. Algunos de los que participan, ya centenarios, son españoles que siguen en el país y fueron colaboradores de Arrupe. Incluye fragmentos de reconstrucción de la catástrofe realizados con inteligencia artificial —así aparece indicado en pantalla— si no existen imágenes antiguas reales de archivo.

Cuenta Ibáñez que un compañero de trabajo se propuso hacer el camino ignaciano, una alternativa al de Santiago para seguir los pasos de San Ignacio de Loyola. Y, “para amenizar el trayecto”, se compró una biografía de Arrupe. Allí conoció su estancia en Japón y su papel tras la masacre de Hiroshima. “Y, como se iba a celebrar el ochenta aniversario, teníamos el contexto de oportunidad”, expone la directora sobre cómo surgió la idea. Antes de dedicarse al mundo audiovisual, donde ha hecho otros trabajos sobre víctimas y derechos humanos, Ibáñez era historiadora y arqueóloga.

“Era la última oportunidad. Ochenta años después es gente ya muy mayor. Si tienen conciencia de algo, de noventa no bajan”, razona. Y así empezaron a buscar testimonios entre supervivientes de Hiroshima. El japonés tiene una palabra para definirlos, 被爆者 o 'hibakusha'. Igualmente, se interesaron por posibles colaboradores de la misión de evangelización de Arrupe en aquellas tierras lejanas.

Y se toparon con la nonagenaria Fumiko Kato, una niña en 1945 que fue al noviciado desesperada a por algo de comida y que acabó quedándose a ayudar a atender a los heridos como buenamente pudo. Después, terminó bautizada por el propio sacerdote y profesando la fe católica. Y dieron también con Luis Cangas y Alberto Álvarez, religiosos nacidos en 1925 y 1923, respectivamente. Llegaron a Japón de adolescentes y siguen completando allí su vida. Ambos mantienen una mente muy lúcida. Y un descendiente de 'hibakusha' también conserva un carro que se usó en el noviciado en aquellos momentos.

El documental tiene como 'protagonista' a la profesora de la Universidad de Deusto Leyre Arrieta. Doctora en historia contemporánea, bromea que trabaja desde hace años en el campus de Donostia en un edificio llamado Arrupe y que, desde luego, no conocía en profundidad su figura antes de embarcarse en este proyecto. Al menos no conocía la parte relacionada con la II Guerra Mundial. Valiéndose como guía del libro Yo viví la bomba atómica del propio Arrupe, la historia muestra cómo Arrieta viaja de Deusto a Japón para seguir sus pasos y ella es quien va entrevistando a los supervivientes, muchos de ellos en sus casas. Hay imágenes rodadas también en el propio noviciado.

Ibáñez guarda con cariño el recuerdo “increíble” de la estancia en Japón, aunque fueron “quince días con temperaturas de 40 grados” y “un rodaje muy duro”. Menciona que muchas entrevistas se han quedado fuera del metraje. Cita como frase que se le ha quedado grabada la de Kato, que les aseguró que no quería morir porque quedaba mucha gente a la que no le había podido contar aún el horror de Hiroshima. Para muchos es el sentido último de sus vidas: que no caiga en el olvido. Además, a las 72 horas, Estados Unidos repitió masacre en Nagasaki.

Mas, ¿qué hacía un sacerdote vasco en Japón en aquellos años? En la época, Japón formaba parte del eje nazi-fascista capitaneado por Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Por eso, los intercambios de todo tipo entre esos países eran corrientes. Y España formaba parte del club. Para los jesuitas, además, seguir los pasos evangelizadores de San Francisco Javier en Japón era una misión muy atractiva. Ahora mismo, solamente el 0,3% se declaran seguidores de esa religión en un país de más de 120 millones de habitantes.

No hay indicios de que Arrupe fuera, ni mucho menos, sospechoso de colaboracionista del régimen totalitario japonés. Es más, al día siguiente del ataque de Pearl Harbor, en el que las fuerzas japonesas atacaron una base naval estadounidense en Hawái con más de 2.000 víctimas mortales directas, el religioso fue arrestado. Era diciembre de 1941. La Policía del régimen llevaba tiempo haciendo informes sobre sus actividades y, al encontrarle cartas en variados idiomas (castellano, italiano, latín, alemán o inglés, entre otros), lo encerraron durante unas semanas acusado de espionaje. Pasó la Navidad bajo siete llaves, como él contó en sus memorias. Lo interrogaron creyendo que podía ser un informador. Antes de Japón, estuvo en Estados Unidos. Finalmente, fue puesto en libertad sin cargos.

Esto sucedió en Yamaguchi, que tiene un templo católico consagrado a San Francisco Javier. Es una ciudad hermanada con Pamplona, donde hay un parque con ese nombre. En 1942, Arrupe fue trasladado al noviciado de Nagatsuka, en el cual tenía la labor principal de formar nuevas vocaciones. Es allí donde se le paró el reloj a las 8.15 horas del 6 de agosto de 1945.

En el libro, se recoge así el momento: “Sobre la colina de Nagatsuka, clavado en el suelo y mudo de espanto, Pedro Arrupe contemplaba aquel inexplicable apocalipsis. [...] Sí, habían oído hablar de armas secretas, sobre todo antes de la derrota alemana, pero siempre se comentaba que no pasaban de ser mera propaganda. Ahora estaba allí, ante el espectáculo de la destrucción más feroz del hombre por el hombre. '¡Hay que ir a la ciudad! ¡Hay que hacer algo!'”.

Y, sí, hizo algo. En el documental se cuenta que, en su juventud, estudió Medicina en Madrid con Severo Ochoa antes de abrazar la fe. El profesor de ambos fue Juan Negrín, el último presidente del Gobierno republicano antes de la conquista total por parte de los golpistas franquistas en 1939. Éste es un dato biográfico trascendental para entender su actuación en 1945, donde tuvo que improvisar técnicas y cuidados desde sus conocimientos.

El 6 de agosto de 1945, después de la explosión, Arrupe y sus colaboradores esperaron un par de horas en la colina, observando la destrucción, para adentrarse después en la ciudad e intentar auxiliar a quien lo requiriese en la medida de lo posible. Se describe a personas buscando beber agua de un río lleno de cadáveres, a los que tenían que apartar. Y montañas y montañas de cuerpos. En el mejor de los casos, lo que pasaban eran “momias ambulantes” vagando por las calles. Los edificios estaban en llamas o directamente desaparecidos.

El noviciado, aunque con algunos daños, se mantuvo en pie y se convirtió en un hospital improvisado, con la mesa de la cocina como quirófano de campaña. Se hizo acopio de medicinas y víveres y se estima que unas 150 o 200 personas pudieron salvar la vida en los días siguientes a la deflagración. Murieron muchas, sí, pero algunos pudieron vivir para contarlo. “Queríamos mostrar todo eso tal y como él lo vio”, explica la directora. Asume que hay imágenes “duras”. Incluso que las recreaciones con inteligencia artificial son bastante explícitas. “Pero esto no se puede tapar. Hay que mostrarlo con toda la crudeza”, argumenta. Las entrevistas en cámara, eso sí, no incluyen preguntas sobre qué piensan los japoneses de Estados Unidos. “Es mejor. Nos sorprenderían las respuestas”, deja en el aire Ibáñez.

El estreno de esta cinta ha tenido lugar este miércoles en Donostia, en los Cines Príncipe. Habrá otros dos pases de aquí al final del certamen, en los Trueba y Antiguo Berri. Es una película incardinada en la sección Zinemira, la consagrada al cine vasco. La película, que tiene detrás a la productora New Servicing Media Euskadi, se proyectará igualmente en el Zinebi de Bilbao y se estrenará en cines al menos en Vitoria, Bilbao, Donostia, Pamplona, Madrid y Barcelona, aunque el sueño de sus creadores es que pueda verse también en Tokio y en la propia Hiroshima.

Este primer jueves de otoño, Euskadi espera temperaturas máximas de alrededor de 35 grados. Las dos agencias meteorológicas, la autonómica Euskalmet y la estatal Aemet, claman que ha sido el verano más cálido desde que hay registros. Pronostican, asimismo, que vienen un otoño y un invierno anómalos. Y eso tiene consecuencias. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha remitido al Parlamento Vasco un informe demoledor: de 1,01 defunciones diarias “atribuibles al exceso de temperatura” en 2025 se ha pasado a 3,78, casi cuatro veces más, en 2026.

El documento ha sido enviado a la Cámara como respuesta a una solicitud de información realizada por la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera. El consejero toma como base los datos del sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad), que es un registro estatal del Instituto de Salud Carlos III, y reflejan el 6,93% de los fallecimientos entre el 15 de mayo y el 31 de agosto han sido imputables a las elevadas temperaturas, por un 1,83% de los ocurridos entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre de 2025.

Porque los datos de este año todavía no recogen los posibles casos añadidos de septiembre, donde nuevamente el mercurio ha marcado valores por encima de lo que debería ser habitual en la época del año. En detalle, de mediados de mayo a finales de agosto de 2026 han fallecido en Euskadi por todas las causas 5.901 personas en 108 días y 409, según el MoMo, son “atribuibles al exceso de temperatura”. Son 155 varones y 254 mujeres. En el caso de ellas, la proporción sube al 8,34% del total. Un 61% tenía más de 85 años.

En comparación, en 2025 hubo 7.596 muertes en 138 días, de las que 139 fueron registradas por el calor, 49 varones y 90 mujeres. La proporción sobre el total es mucho más baja, prácticamente de una cada día, aunque sí se mantiene la tónica de que los más golpeados son las personas de edades más avanzadas. Un 69% de las muertes quedan concentradas entre los mayores de 85 años.

El documento no aporta muchos más datos. Explica Martínez que Euskadi tiene un “plan de calor” y que se registran también posibles muertes directas por “golpes de calor”. No las hubo en 2025 y sí ha habido un supuesto en 2026, del que no ofrece más detalles. En España, en 2025, las defunciones totales por este motivo alcanzaron las 28 y aún no hay datos cerrados de la temporada estival de 2026.

El portavoz del PP en Gipuzkoa, Mikel Lezama (Donostia, 1993), sigue queriendo ocupar el rol de verso suelto que en su día tuvo allí Borja Sémper, ahora en Génova. Y ha insistido este miércoles en una entrevista en euskera en Euskadi Irratia en que no le gustan los pactos de su partido con Vox. “No me gusta nada”, ha aclarado. Además, ha pedido romper el “marco mental” de que PP y Vox ofrecen proyectos similares.

Acto seguido, eso sí, ha considerado que “no es justo” que se critique a su partido por estos acuerdos cuando “parece que los de la extrema izquierda” con el PSOE están “bien” y son legítimos. Ha venido a decir que el resto de fuerzas “deja solo” al PP para que “se vaya con Vox”. “¿Dónde está la responsabilidad de otros partidos?”, ha lanzado.

Lezama ha recordado que EH Bildu ganó las elecciones forales de Gipuzkoa de 2023 y que fueron ellos los que apoyaron la alternativa de PNV y PSE-EE. “Les dimos el voto para que no llegaran [EH] Bildu o [Elkarrekin] Podemos, la extrema izquierda. ¿Por qué no facilitan gobiernos del PP sin Vox?”, ha lanzado. “Ellos echan gasolina a los populistas”, ha agregado.

El dirigente del PP guipuzcoano, en su intento de mostrar que no son lo mismo que Vox, ha asegurado que ellos buscan devolver la “credibilidad” a las instituciones y que son una fuerza foralista y que, por lo tanto, defiende el autogobierno vasco. Ha llegado a afirmar que José María Aznar fue “a Bruselas” a defender el Concierto Económico cuando era presidente. Asimismo, ha indicado que no cree que PP y Vox vayan a disponer de una mayoría reforzada en las Cortes Generales para retocar la Constitución en lo tocante al encaje territorial.

Preguntado sobre su futuro, ha dado por hecho que volverá a ser candidato en las elecciones forales de Gipuzkoa de 2027. “Nada me hace pensar que no lo seré”, ha señalado. Eso sí, ha admitido que no lo ha hablado con la dirección aún. El PP vasco tiene ya candidatos para las capitales, pero nada ha manifestado sobre las forales.

El director general de la radiotelevisión pública vasca (EiTB), Andoni Aldekoa, ha ofrecido al Parlamento Vasco unas pinceladas de su estrategia en torno a la inteligencia artificial en respuesta a una batería de preguntas de EH Bildu. La conclusión es que, sí, el grupo ya emplea aplicaciones de este tipo de modo ordinario. Pero se garantiza que “se concibe como una herramienta de apoyo al trabajo profesional y no como un mecanismo autónomo de producción ni decisión editorial”.

En la documentación aportada por Aldekoa a la Cámara se explica que EiTB “se encuentra actualmente en fase de prueba y evaluación” de variadas herramientas. Por ejemplo, menciona la aplicación Etiqmedia, que sirve para la “transcripción, traducción, segmentación y metadatado automático” de contenidos. Amplify también se emplea para la “extracción automática de metadatos”.

La radiotelevisión vasca quiere “contribuir a hacer más eficientes determinadas tareas, especialmente aquellas de carácter repetitivo, instrumental o de elevado volumen, y facilitar que los profesionales puedan dedicar una mayor parte de su actividad a funciones de mayor valor añadido”. Sin embargo, se ha creado un código interno llamado 'Política de uso responsable de la inteligencia artificial en EiTB' y allí se remarca la necesidad de la “supervisión humana” o de la “verificación de resultados”, así como la necesidad de mencionar si un contenido ha sido creado con esta técnica de modo “explícito, claro y comprensible”.

Aldekoa asume que estas herramientas “tendrán una presencia creciente” en el futuro próximo de los medios de EiTB y entiende que pueden ofrecer una “mejora de la eficiencia” en ámbitos como la búsqueda de información, la transcripción o la traducción. También se usará en los servicios informativos. El límite es que se haga “siempre bajo supervisión humana y sin sustituir el criterio profesional ni la toma de decisiones editoriales”. “La incorporación de estas herramientas será gradual y estará condicionada por los resultados de las pruebas actualmente en marcha, su fiabilidad, su adecuación ética y jurídica y su capacidad para aportar valor efectivo a la actividad de EiTB”, zanja Aldekoa.

Ramiro González (Burgos, 1962) no se ha despedido. Forma parte de una generación de cargos del PNV que accedió al poder en 2015 y, salvo que comunique que renuncia a un cuarto mandato como diputado general de Álava, es el último superviviente. Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, ya está de salida, Eneko Goia, en Donostia, se marchó el año pasado, y Gorka Urtaran, Unai Rementeria y Markel Olano ya no fueron candidatos en 2023.

González ha pronunciado este martes ante las Juntas Generales de Álava su último discurso de la legislatura en el marco de una sesión de política general. Él mismo marcó este hito como el momento a partir del cual aclararía su futuro. Fuentes del PNV se dan todavía unos días para despejar esta incógnita e igualmente para presentar la propuesta para la alcaldía de Vitoria a la luz de la ya anunciada salida de Beatriz Artolazabal, la candidata de 2023 que vio caer la sigla de primera a cuarta fuerza en la capital. En el partido no niegan que tienen en González su mayor activo institucional. En el término municipal de Vitoria 2.000 personas más votaron al candidato foral que los que apoyaron a Artolazabal estando una urna pegada a la otra.

En dos decenas de páginas de intervención no ha hablado de las elecciones. Pero tampoco de que no vaya a estar en ellas. Es más, ha puesto claramente en valor la coalición con el PSE-EE. “En esta recta final de la legislatura quiero volver a trasladar mi deseo y voluntad de que este Gobierno compartido tenga continuidad en los próximos años”, ha manifestado tras recordar que el camino no ha terminado y jalonar su parlamento con anuncios de nuevas medidas. Se da por hecho que la hasta ahora cabeza de la parte socialista, Cristina González, no continuará, al haber dejado ya la secretaría general del partido. El PSE-EE tomará su decisión en noviembre.

¿Qué ha anunciado González? Muchos de sus titulares han mirado a la castigada comarca de Ayala, que ha visto sucederse las crisis industriales en los últimos años. Ha mencionado que una “productora internacional de primer nivel” se instalará a finales de 2026 o comienzos de 2027 en el 'hub' cinematográfico y audiovisual que se impulsa en la zona. No ha dado el nombre, pero sí destacado que los incentivos fiscales de la Hacienda foral a este sector “se están desplegando con gran éxito”.

También ubicará en Llodio un “centro de innovación ferroviaria”, en el que colaboraría Talgo, el hijo pródigo recuperado hace unos meses con una 'cuadrilla' de inversores públicos y privados vascos comandada por José Antonio Jainaga. Con todo, ha apelado a la “discreción” para no dar más detalles de qué pasa con Guardian y ha mostrado su “profunda preocupación” por Tubos Reunidos, sumida no sólo en problemas económicos sino en investigaciones de corrupción que no ha mencionado.

Eso en el norte. En el sur ha admitido que la crisis del sector del vino, cuyo consumo ha caído y se ve afectado por el cambio climático, empieza a arrastrar a toda la comarca de Rioja Alavesa y que no existen “soluciones mágicas”. Y eso que “hoy se elaboran en Rioja Alavesa los mejores vinos de su historia”. Le pasa algo similar a la economía en general, lo macro va muy bien —se ha felicitado de superar ampliamente a Alemania en crecimiento— pero lo micro lastra el día a día de la ciudadanía. Ha asegurado que aplican una política fiscal “pensada” para retos como la crisis de vivienda.

Sobre Vitoria, que concentra más del 80% de la población del territorio que gobierna, ha dicho que es una gran noticia que Mercedes-Benz invirtiera 1.000 millones para fabricar uno de los mejores vehículos del mundo y que la operación de venta del Fernando Buesa Arena al grupo de Saski Baskonia y Deportivo Alavés es una gran oportunidad.

En materia de transportes, ha insistido en la necesidad de mejorar las inversiones en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria. “La ampliación de la zona de embarque y la redacción del proyecto de nueva terminal son imprescindibles si mantenemos la ambición de que el aeropuerto siga creciendo, y yo la mantengo. No voy a renunciar a ninguna de las inversiones solicitadas. Mientras siga siendo diputado general seguiré trabajando para conseguirlas. [...] Tengo amplia experiencia en negociaciones con Aena. Son siempre largas y complejas”, ha indicado. Igualmente, ha recalcado que el AVE a Pamplona debe salir de Vitoria y no de Ezkio/Itsaso, como defiende con uñas y dientes su propio partido en Gipuzkoa.

La otra gran pata de las políticas forales son los servicios sociales, y González ha puesto en valor el acuerdo con el Estado para mejorar la financiación de la dependencia y ha aludido a la ampliación de plazas en residencias de mayores. El diputado general ha intercalado partes de su intervención en euskera y ha destacado que es un idioma en crecimiento en el territorio. Ha destacado también que el museo de Bellas Artes pueda exponer los grabados de Francisco de Goya, adquiridos como pago de una deuda fiscal del difunto Juan Celaya, como adelantó este periódico. El debate de política general seguirá este miércoles con las intervenciones de la oposición y de los partidos que apoyan al Gobierno.

El Gobierno vasco dice ahora que todavía “no se ha tomado la decisión” de retrasar el traspaso de la gestión de las políticas pasivas de empleo, es decir, los subsidios y prestaciones de paro hasta ahora en manos del SEPE, el antiguo INEM. Teóricamente, dependería de un acuerdo en una comisión mixta entre los Ejecutivos central y vasco. Pero es una realidad y una decisión ya adoptada.

Fuentes del Gobierno dieron por hecho ya la pasada semana que será imposible que Euskadi asuma estas funciones el 1 de enero de 2027, como estaba comprometido. Ha habido muchos problemas con la gestión del personal del SEPE, con vacantes y traslados previos a su incorporación como funcionarios autonómicos, algo ya ocurrido de alguna forma también hace cinco años con las Prisiones. Faltarían unos 300 funcionarios para poder mantener abiertas todas las oficinas actuales y prestar un servicio de calidad. De hecho, ahora ya hay municipios donde el SEPE no tiene recursos para hacerlo.

Es más, en la misma rueda de prensa en la que Ubarretxena ha indicado que la decisión no es definitiva, el vicelehendakari y responsable directo del servicio, Mikel Torres, ha asumido que “no es tan importante” la fecha como que el cambio se haga bien. Ubarretxena es de la parte del PNV del bipartito vasco y Torres del PSE-EE.

“Es una prestación muy delicada”, ha dicho Torres sobre el fondo del asunto. Y ha reconocido que “conlleva mucho personal” y que las cifras de la plantilla dispuesta a ser transferida han llegado hace muy poco, “a finales de julio”, con lo que no hay tiempo material para hacer las contrataciones. Ha asumido también que hay “personas que no han querido ser transferidas” y que son necesarios “refuerzos” para poder prestar el servicio.

En puridad, la decisión ya está tomada, según confirman las fuentes consultadas. La han adoptado en una comisión de seguimiento el área de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, del PSE-EE, y el Ministerio de Trabajo, de Sumar. Faltaría simplemente la ratificación oficial del retraso, de como poco seis meses.

Acto seguido, Ubarretxena ha querido despejar la hipótesis de que la posible llegada de un nuevo Gobierno a España, diferente al que firmó la transferencia estatutaria, condicione este traspaso tras los retrasos que va a acumular. Ha indicado que ya es “legalmente válido” aunque no se haya hecho efectivo porque está firmado. “Lo importante es que el traspaso [jurídicamente] se hizo”, ha insistido.

Este sobresalto, del que no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de un Gobierno que tiene en el desarrollo del Estatuto una de sus banderas, coincide con las negociaciones para la asunción también de la gestión de la Seguridad Social, incluidas las pensiones. Es una materia todavía más compleja que el SEPE.

Se da la circunstancia de que, hace una década, ya fue tortuosa la transferencia de la otra parte del SEPE, las denominadas políticas activas de empleo. En aquella ocasión se cedió la formación, colocación y atención de parados, es decir, todo salvo los pagos de prestaciones. Fue el origen del actual Lanbide, al que luego se le agregaron las prestaciones sociales autonómicas, fundamentalmente la renta de garantía de ingresos o RGI.

Más autonomía para los puertos

Otro debate estatutarios es la demanda del PNV de gestionar el puerto de Pasaia. Euskadi ya recibió hace cuatro décadas la transferencia portuaria y gestiona todos salvo los considerados de interés general, cuya competencia es estatal, según la Constitución y el Estatuto. Son Pasaia y también el de Bilbao. No obstante, el Ejecutivo autonómico ya incide en su gestión nombrando a sus responsables, por ejemplo.

Sus socios socialistas han rechazado la idea inicial de desclasificar el puerto de Pasaia para que pueda ser de gestión autonómica y ahora la portavoz Ubarretxena indica que el objetivo es lograr “más autonomía” para que gane en competitividad, por lo que se abre a buscar otras fórmulas aunque no renuncien a sus máximos. Ha mencionado que grandes instalaciones europeas como Amberes, Rotterdam o Hamburgo son de gestión local y ha pedido explorar esa vía. Ha ironizado Ubarretxena que “mientras haya partido”, es decir, mientras haya legislatura en España, van a continuar “jugando” para arrancar acuerdos a Pedro Sánchez, también en este tema. A su lado, el socialista Torres ha tirado de ironía: “Con diálogo, todo lleva a buen puerto, nunca mejor dicho”. Los socios han terminado la rueda de prensa con sonrisas.

Todo esto, sin embargo, ocurre fuera de plazo. El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de cerrar la carpeta estatutaria en 2025 y ya ha pasado casi un año con varios flecos pendientes. De hecho, en julio se suspendió una cumbre con Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, y no se ha dado una nueva fecha. Ubarretxena insiste en que llevan el proceso con “discreción”.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegó en marzo la compatibilidad solicitada por el magistrado José Antonio González Saiz para simultanear sus funciones al frente de una de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con su designación como vocal de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un organismo dependiente del Gobierno vasco y que investiga operativos policiales controvertidos. Todavía hoy, no obstante, González Saiz sigue figurando como uno de los miembros de esta comisión en su página web oficial ya que mantiene recurrida esta decisión.

Este asunto tiene su origen en la renovación de la comisión de control decidida a finales de 2025 tras el final de la etapa anterior, con el magistrado Juan Luis Ibarra como presidente, que asumió el cargo una vez terminada su carrera judicial. El Consejo de Gobierno lanzó una batería de nombres y, entre ellos, aparecía el del juez González Saiz. En aquel momento, este periódico ya indicó que procedía de una sala especialmente dura con algunas resoluciones del Gobierno vasco y que recientemente incluso había promovido una cuestión de inconstitucionalidad en torno a las exigencias de euskera.

Los nombramientos, formalmente, salieron del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, un órgano asesor presidido por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. En el caso del magistrado, las fuentes consultadas indican que es el representante del Consejo General del Poder Judicial allí y que, cuando se valoraron las nuevas designaciones, él mismo se propuso para ocupar una vocalía en la comisión de control.

A finales de febrero, dos meses después del nombramiento y un mes después de una primera reunión en la que Enrique Lucas fue elegido como nuevo presidente de la comisión, el Consejo General del Poder Judicial sacó del orden del día de una reunión una “solicitud” de González Saiz en la que pedía “autorización de compatibilidad” para su nuevo puesto. Se pospuso la decisión para otra reunión, en este caso de la comisión permanente del órgano de Gobierno del poder judicial. Se celebró en marzo y, en ella, según consta en acta, el Consejo General del Poder Judicial decidió “apartarse” del visto bueno concedido por el Servicio de Personal Judicial y acordó “denegar” la “autorización” al magistrado. La decisión venía sustentada en la existencia de un informe del presidente del Superior vasco, Iñaki Subjiana, del que no se dan detalles, y por la “naturaleza y funciones” de la comisión, con temas que podrían suponer “controversias” relacionadas con sus funciones jurisdiccionales.

La resolución del CGPJ no es firme. Como se recogía en el acta, cabían dos recursos, uno ante el plenario del organismo y otro ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en este caso ante una sala del Supremo. Fuentes judiciales indican que González Saiz hizo uso de su derecho y mantiene recurrida la medida. También pidió que cautelarmente, hasta que no llegase un pronunciamiento en firme, pudiera continuar como vocal, aunque nunca recibió respuesta. Ahora mismo no participa en las reuniones de este organismo de control policial, añaden estas fuentes.

Hace unos días, el juez González Saiz fue el ponente de una sentencia que tumbó el decreto que regulaba las exigencias de euskera en la Administración, atendiendo un recurso de Vox. Se da la circunstancia de que aquel decreto lo impulsó el consejero Zupiria cuando era responsable de Cultura, antes de ocuparse de la cartera de Seguridad. La resolución afea al Gobierno que aprobara el reglamento sin una memoria económica adecuada. Fuentes de Seguridad aseguran que no tienen constancia alguna de notificaciones sobre la incompatibilidad del vocal. La comisión de control, de su lado, no ha respondido a las preguntas de este periódico, aunque en sus actas más recientes nada se indica de un posible cambio en su composición.

Al hilo de los resultados de PISA, muy negativos para la enseñanza vasca, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, del PNV, ha reconocido que los exámenes realizados en lengua materna ofrecen mejores notas que cuando no se da esa circunstancia. En esta prueba, quienes son castellanoparlantes y han realizado la prueba en lengua vasca han tenido peores resultados y, de hecho, el organismo evaluador vasco, ISEI-IVEI, recomienda no emplear la lengua de estudio siempre que la prueba sea de contenidos no estrictamente curriculares.

Según Pedrosa, este dato es algo ya conocido de otras evaluaciones. “¿Eso quiere decir que hay que cambiar el sistema de inmersión lingüística? No lo sé. Desde hace tiempo estamos reflexionando”, ha manifestado Pedrosa en Euskadi Irratia este lunes. Ahora, prácticamente el 80% estudia en Euskadi en el modelo D, íntegramente en euskera. Sin embargo, PISA no ofrece resultados diferenciados por modelos al no haber una muestra representativa. Sí evidencia una brecha entre la escuela pública, que sale peor parada, y los centros concertados.

Según Pedrosa, es importante no hablar desde las “trincheras” sobre la política lingüística. En 2023, la ley de Educación decidió mantener los modelos A, B y D frente a una opción de ir a un marco plurilingüe que pudiera ser flexible a las necesidades del entorno. Con todo, la consejera ha insistido que ya no hay un único tipo de D, sino muchas variantes adaptadas.

En la entrevista, en todo caso, Pedrosa ha insistido en la necesidad de una “reflexión integral” sobre el uso de las pantallas, la atención y la lectura. Ha reclamado que vaya más allá de las aulas e implique a “sociedad y familas”. Ha explicado que, más allá de las peculiaridades vascas, este problema es un “patrón mundial”.

Una de las propuestas conocidas tras el varapalo de PISA es dedicar al menos una hora diaria a lectura “sosegada” en las aulas, así como revisar la regulación actual de móviles y otros dispositivos, ya que en Euskadi se dejó a criterio de los centros, sin una normativa general. El PSE-EE ha afectado en las últimas fechas al PNV, con quien cogobierna, que ponga el foco ahora en estos temas cuando hace dos años plantó al Gobierno de España, que quería coordinar una respuesta a esta cuestión.

La diputada foral de Hacienda de Álava, Itziar Gonzalo, ha formalizado ya una contratación con la firma Técnicos en Tasación (Tecnitasa) para que haga una valoración del pabellón Fernando Buesa Arena y “de los terrenos circundantes”, incluido el aparcamiento, con el objetivo de tener una cifra de referencia antes de proceder a la venta del recinto, que es de la Diputación, al grupo Saski Baskonia-Deportivo Alavés. El coste de esta operación es de 15.427,50 euros, IVA incluido, y no ha sido necesario concurso público.

En julio, el diputado general, Ramiro González, del PNV, y el presidente del grupo deportivo, Josean Querejeta, expusieron un plan por el que la institución se desprenderá de su inmueble para satisfacer los deseos del club de acometer nuevos proyectos en la zona, donde también tiene una Universidad privada, Euneiz, una ciudad deportiva, el BAKH, y una residencia. Han rebautizado esa zona de Zurbano como “distrito Ondare”. Uno de los objetivos de Querejeta es revitalizar el Buesa Arena para que sea algo más que una cancha de baloncesto, aunque teóricamente el club y la Diputación ya habían puesto en marcha el proyecto Buesa Events con esos mismos fines.

De hecho, en 2023 ya se contrató a una consultora, Krean, desde la entidad foral Álava Agencia de Desarrollo para que elaborara un informe con el que conocer la incidencia de que el Fernando Buesa Arena pudiera ser un “multiusos”. Este contrato fue formalizado en diciembre de 2023 con un coste de 16.056,70 euros, pero no ha sido publicitado hasta el 9 de julio de este año, es decir, justo a los pocos días de que se presentara el plan de venta del pabellón. Fuentes forales admiten que la consultora hizo un trabajo “flojo”.

Por otro lado, siempre según fuentes forales, existe otra contratación sobre el Buesa Arena, pero en este caso es para conocer qué obras son necesarias “para acondicionar el pabellón a la normativa actual”. Esto deriva de un partido contra el FC Barcelona de marzo de 2024, cuando se cayó un foco desde el techo sobre la cancha. Fue un momento de muchísimo riesgo aunque, como era un tiempo muerto, no causó ningún daño personal. En aquel momento el club ya rescindió el contrato con la empresa encargada de la iluminación, pero siguen pendientes trabajos de mejora que habrán de repartirse el todavía dueño del recinto, la Diputación, y el club. Está pendiente la licencia del Ayuntamiento para proceder a esas actuaciones.

González siempre ha repetido que la enajenación del Buesa Arena y del aparcamiento se hará siempre sin que implique un quebranto para el patrimonio público y con mayoría en el Parlamento foral, las Juntas Generales. Según los informes de la entidad deportiva, la operación no es “conveniencia privada” sino “interés público” por la actividad y empleo que generará en la ciudad y en la provincia.

El director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco, Alberto Alonso (de la parte del PSE-EE de la coalición que lidera Imanol Pradales) relata que han recibido amenazas del que fuera partido único de la dictadura franquista, Falange Española y de las JONS, que sigue siendo legal en España. Han llegado después del expediente por enaltecimiento abierto por una visita a Vitoria del 12 de octubre de 2025. “Piensan que quizás la violencia puede ser una herramienta para atemorizar al que piensa diferente”, indica. Añade que otras instituciones también han tenido mensajes similares. En puertas del nonagésimo aniversario del Gobierno de Euzkadi, surgido en plena Guerra Civil, señala también que España no tiene que pedir perdón por el bombardeo nazi de Gernika en 1937 y que no apoya el traslado del cuadro de Pablo Picasso, como han demandado sus socios del PNV.

Se cumplen 90 años de la creación del Gobierno de Euzkadi en los próximos días.

Es un aniversario significativo por muchas razones. Son 90 años de un primer marco de autogobierno, de un primer estatuto que fue el que dio legitimidad jurídica posteriormente al Gobierno. Desde la perspectiva del presente, a mí siempre me gusta decir que la memoria consiste en buscar respuestas en el pasado a preguntas del presente. Se trata de reivindicar un Gobierno de coalición donde todos los que querían aportar tuvieron su hueco. Fue un Gobierno en el que se sumaron nacionalistas, socialistas, republicanos que podríamos considerar más de centro o comunistas. Y todos ellos aportaron a un proyecto común. Son los valores y el inicio de una larga historia. Lo mejor que ha tenido Euskadi a lo largo de estos años de democracia ha venido de Gobiernos de coalición. Se trata de poner en valor una cultura y una forma de hacer que demuestra que sumar diferentes puntos de vista, formas de ver el futuro y hasta de soñar es importante. Genera una potencialidad superior al sectarismo o a cualquier otro tipo de idea tan en boga hoy en día.

Hay voces que dicen que no todas las familias políticas están recordadas y reivindicadas de igual manera entre aquéllas que participaron hace 90 años.

Nosotros en Gogora hemos hecho un estudio biográfico —este medio se ha hecho eco de ello de una forma muy interesante— donde cada uno de los miembros de ese Gobierno, no solamente los consejeros, están reconocidos. Ésa ha sido nuestra aportación. Pero es algo que está abierto. Por ejemplo, el PSE-EE también va a hacer sus propios actos de conmemoración. Quien quiera hacerlo, que lo haga.

¿Debería llevar el nombre del lehendakari José Antonio de Aguirre el aeropuerto de Loiu, como propuso EH Bildu?

No sabría posicionarme en esa pregunta. Pero igual tendríamos que ponérselo al de Vitoria, ¿no? ¿Por qué siempre hay que pensar en Bilbao?

La parte del PNV del Gobierno vasco insiste en que España tiene que pedir perdón por el bombardeo de Gernika, del que también se van a cumplir 90 años. ¿Tiene que hacerlo?

Este Gobierno de España y este Estado no tienen por qué pedir perdón por aquello que hicieron quienes precisamente querían terminar con un Estado democrático y legítimamente elegido en unas urnas. Son momentos diferentes; son Estados diferentes; son instituciones absolutamente diferentes. ¿Quién bombardeó en su momento Gernika? Fueron quienes querían terminar con todo eso. Me parece que es darle la vuelta a la historia y, quizás, con cierto interés político.

¿Se ha cerrado ya el debate sobre el traslado del cuadro Guernica de Pablo Picasso o el Gobierno vasco mantiene esta reivindicación?

Yo, desde luego, nunca lo he reivindicado. Desconozco la situación exacta del debate. Nunca ha participado de ello y entendemos que intentar tomar decisiones más allá de los informes técnicos es una cuestión peligrosa. Te deslizas en el borde de la prevaricación. Hay unos informes técnicos y quien tenga que tomar la decisión en el Ministerio de Cultura, como cualquier otro cargo público, tendrá que asumir aquello que le dicen sus técnicos y sus funcionarios.

El Gobierno de España no tiene por qué pedir perdón por el bombardeo de Gernika

Este año se han cumplido 50 y 40 años de la desaparición de ‘Pertur’ y del asesinato de ‘Yoyes’, respectivamente. ¿Qué simbolizan ambos aniversarios?

Gogora, por lo menos en esta legislatura, intenta buscar hechos paradigmáticos que sirvan de ejemplo y que nos permitan reflexionar sobre diferentes cuestiones. En el caso de ‘Pertur’, es hablar de casos de desaparecidos en los que no ha habido ni justicia, ni verdad ni reparación. El caso de ‘Pertur’ es el caso de quienes han desaparecido y todavía no sabemos siquiera quiénes los hicieron desaparecer. Nos permite hablar de la ausencia; y esto lo hermana con miles de familias españolas que siguen buscando en las cunetas, con el dolor que genera el no saber dónde descansa esa persona. Queríamos hablar de eso, del gran peso que supone la ausencia para estas familias, también para las de ‘Naparra’ o los gallegos.

En el caso de ‘Yoyes’, lo que queríamos hablar es de la reacción ciudadana en Ordizia. Una parte nada desdeñable de Ordizia, unos cuantos cientos de personas, por primera vez firmaron una condena explícita del terrorismo. Lo hicieron con nombre, dos apellidos y número de DNI. Nos parecía que era la primera vez en la que en un pueblo daban un paso adelante. Hubo una manifestación muy importante. Y una reacción muy importante también por parte del mundo de la cultura. En la exposición veremos cartas de Ibarrola, por ejemplo. Además, cuando hemos empezado a trabajar nos hemos dado cuenta de que hay otros elementos. Hemos visto que Ordizia es uno de los pueblos con el mayor número de asesinatos y víctimas del terrorismo. Y que en este caso el silencio institucional ha sido enorme durante 40 años. Ninguna institución ha tenido la cercanía que las familias hubieran deseado. Se inaugurará el 2 de octubre, adelantándome a la pregunta.

Su consejera, María Jesús San José, no deja de recibir críticas por la gestión de la política penitenciaria hacia los presos de ETA. Entidades de víctimas como Covite están aludiendo a beneficios fraudulentos, por ejemplo.

Permítame que en esto sea un poco político. Alguien mandó la consigna de ‘el que pueda hacer, que haga’ y aquí también quien puede hacer está haciendo.

Consuelo Ordóñez, precisamente, no es sospechosa de seguir las tesis del PP…

No me refería a nombres concretos… Cuando las informaciones que da el Gobierno vasco son compartidas con diferentes asociaciones, hay veces que pasan escasos minutos antes de que estén colgadas en las redes y filtradas a los medios de comunicación. Da la impresión de que, en lugar de importarnos el informar a las víctimas, estamos más interesados en copar espacios de comunicación o de incendiar este tipo de debates. Hay muchas víctimas que no quieren saber nada de los victimarios. Hay víctimas que lo pasan muy mal con este tipo de informaciones. Hay que tener una sensibilidad especial. Y hay víctimas que nos están llamando y diciendo ‘Oye, me estoy enterando de todas estas cosas porque alguien lo filtra a la prensa’. Me da la sensación de que hemos perdido un poco la perspectiva objetiva de todo esto. Se están concediendo [progresiones de grado y permisos] más o menos en la misma media anual desde que las competencias están en el Gobierno vasco. Incluso creo que los recursos de la Fiscalía están incluso en un nivel de media inferior.

Pero hay algunas resoluciones del Tribunal Central de Instancia [Audiencia Nacional] que desmontan de alguna manera o tumban las progresiones de grado que concede el Gobierno vasco.

Es algo que no tiene que ver con Gogora, pero, en la medida en que yo lo pueda explicar, lo haré. Como hablábamos con el tema del ‘Guernica’ de Picasso, cuando los criterios técnicos están establecidos, el no aplicarlos puede ser rozar la prevaricación. Los expertos en la materia hacen los informes que validan estas cuestiones. Una vez que los jueces han podido ver que hay algún tipo de criterio que no era el correcto, lo han tumbado, como dice. Y se ha acatado y respetado la decisión del juez. Muchas veces son los mismos presos quienes vuelven a pedirlo una vez que han corregido o cumplido esa parte que exigía el juez. Y, si los informes vuelven a ser positivos, no queda más. Los presos también tienen sus derechos, su derecho a exigir aquello que consideran que les corresponde.

Este año se han hecho algunos actos con jóvenes, tanto relacionados con el tema de ETA como con el tema de la dictadura. ¿Hay un problema de falta de información en la nueva generación? ¿Se van a seguir haciendo este tipo de actos?

Creo que el problema que tenemos es la sobresaturación de información. En las redes sociales hay mucha opinión y un uso sesgado de la información. Y nos enfocamos especialmente a la juventud, pero es un problema también de otras capas de la sociedad. Parece que no tenemos herramientas críticas para enfrentarnos a esa información que nos llega, que no somos capaces de recurrir a las fuentes. Nos creemos la primera información que nos llega. Lo mejor en este caso es hablar con ejemplos. Cuando se habla del crecimiento económico durante el franquismo, ciertos opinólogos dicen que en aquel momento de desarrollo de las décadas de 1960 a 1970 España estaba en la cabeza de la OCDE. Eso es un dato aislado. Hay que decir también que entonces, por ejemplo, morían en el tajo en torno a 1.300 trabajadores al año en España. Ese crecimiento fue a cuenta de unos salarios de miseria y aquí lo conocemos bien porque todo lo que derivó en el 3 de marzo de 1976. Buena parte del reparto de ese crecimiento quedó en unas pocas manos y solamente las migas pudieron ir a quienes tenían que ir a trabajar constantemente. Con esto quiero decir que lo que nos preocupa es que se utilice solamente un trozo de la información y que no seamos capaces o no tengamos herramientas suficientes para contrastar eso que se está diciendo en las redes. Este año hicimos en el BEC un acto y el que viene lo seguiremos haciendo. Tenemos la intención también de hacer materiales didácticos que puedan servir no solamente para un día, sino para poner a disposición de los centros educativos. Esto es un tema importante. Hoy en día parece que se nos dice que vivimos en una dictadura, que estamos coartados, aunque luego enciendes la televisión y ves cómo la gente insulta libremente al presidente del Gobierno. Es muy importante explicar cómo se vivía realmente una dictadura. Uno de los primeros casos del Tribunal de Orden Público (TOP) fue porque una persona escupió una moneda.

Los presos de ETA también tienen sus derechos, su derecho a exigir aquello que consideran que les corresponde

Citaba el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Ya ha pasado el quincuagésimo aniversario y parece que la cuestión ya no urge tanto. Pero, ¿para cuándo el memorial?

Seguimos ahora mismo trabajando. Es verdad que la parte que toca ahora es la más discreta y menos aparatosa, la de menor impacto mediático. Pero también me parece que estamos en una fase muy interesante: estamos trabajando con un grupo de expertos que están nombrados por todas las asociaciones, instituciones y miembros que forman parte del patronato. Y lo estamos haciendo con mucha sinceridad, con honestidad y con un altísimo y elevadísimo grado de consenso. Estamos preparando las bases fundamentales sobre las que hay que construir posteriormente el memorial. La filosofía. Luego ya vendrá quien nos diga cómo hacerlo o qué museografía realizar o cómo escenificarlo. Solemos realizar aproximadamente una reunión al mes.

¿Y el edificio?

Seguimos trabajando con el problema estructural del edificio. En un primer momento, se quiso intervenir para solucionar lo que considerábamos que eran problemas puntuales de goteras y de tejas. Pero se descubrió que el problema era mucho más serio. Hemos tenido que trabajar en la instalación de una línea de vida como es debido. Fui director de Osalan… Estamos en ello.

¿Y el plazo para la inauguración?

No sabría decirle. El plazo más adecuado es aquel en el que se garanticen que las cosas se hagan bien. No lo sé, la verdad.

Hace ya casi un año, también en Vitoria, Falange Española y de las JONS realizó un acto con motivo de la fiesta nacional de España. Gogora expedientó a los promotores por enaltecimiento del franquismo. Se planteaba una multa de hasta 10.000 euros. ¿Cómo va ese expediente?

El expediente sigue su curso. Tiene una serie de garantías. Incluso el sancionado tiene derecho al recurso y así lo ha ejercido. Ahora mismo estamos en ese trámite. Como cualquier sanción administrativa. Otra cosa es que, posiblemente por la voluntad de tensionar y polarizar la sociedad, me gustaría decir que hemos empezado a recibir amenazas, algunas de ellas firmadas también por Falange. Se sienten tan impunes, tan envalentonados, que se creen con derecho a amenazar a funcionarios y funcionarias del Gobierno vasco firmando con nombre y apellido. No sé exactamente qué tiene esta gente en la cabeza. Han sido denunciadas, por supuesto. Hemos ido a la Ertzaintza y sólo me queda reafirmar la profesionalidad y el compromiso con los derechos humanos que tiene Gogora y todos y cada uno de los que los componemos. Nunca nos han amilanado, ni nos van a amilanar.

¿De qué tipo de amenazas hablamos?

El número total no lo sé, porque es verdad que, por pura ingenuidad, las primeras las borramos. Las ha habido más ‘clásicas’, por correo postal. Un anónimo recortando fotos. Recuerdo una muy ‘interesante’ donde aparecía la mía junto a la de [Iósif] Stalin y la de [Francisco] Largo Caballero. Manuscrita. Ya digo que al principio no les quisimos dar importancia. Pero esta última, que es de este fin de semana, ya viene directamente con nombre, dos apellidos y a nombre de la Falange. Intentando atemorizarnos. Nos dicen que nos están vigilando. Me recuerda a los viejos tiempos, a los ‘argi ibili’ de los pueblos, al ‘ten cuidado, que te estamos vigilando’. Es verdad que al principio no les dábamos importancia, pero ha llegado un momento en que también está el hartazgo de que haya gente que se sienta con la impunidad suficiente y con el valor suficiente de creer que puede amenazar abiertamente a unos funcionarios o funcionarias que están haciendo su trabajo con pura y absoluta profesionalidad.

¿Saben algo más de su origen?

No pensamos que sea una anécdota. Ha llegado a más instituciones públicas esta amenaza. Pensamos que hay que incardinarlo dentro del contexto de una sociedad absolutamente polarizada. Piensan que quizás la violencia puede ser una herramienta para atemorizar al que piensa diferente.

No sé decirle una fecha [para la inauguración del memorial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria]. El plazo más adecuado es aquel en el que se garanticen que las cosas se hagan bien

Hace unos meses, cambiando de tema, Gogora modificó su estructura y se ha creado un nuevo puesto de alto cargo, en este caso el de adjunto a la dirección. Y lo ha ocupado un dirigente del PNV. ¿Por qué se ha hecho todo esto?

Por varias razones. La primera es porque así lo contempla la ley. La ley de creación de Gogora establecía la creación de una dirección y de una dirección adjunta. Eso fue la voluntad del legislador en su momento. Desde esa perspectiva, la pregunta no es por qué se ha hecho ahora, sino por qué no se hizo en los diez años anteriores. Lo segundo es que es un compromiso directo y al más alto nivel. Tanto el lehendakari como la consejera de Justicia y Derechos Humanos así lo acordaron desde el principio de la legislatura. Vieron que era bueno generar esa dirección adjunta. Si es verdad que somos el instituto de la convivencia, entiendo que esto es un elemento que puede ser un buen ejemplo que enriquezca esa visión de la convivencia. Ya llevamos un mes y poco trabajando y ha encajado perfectamente.

¿Cuáles son las funciones de Ion Gambra?

Tal como establece el decreto, su función es asistir a la dirección. Es decir, está a disposición de la dirección en aquellos trabajos que se le asignen. Por ejemplo, la dirección adjunta se ha hecho cargo de algunas de las cuestiones relacionadas con el 90 aniversario del Gobierno vasco. Somos un equipo muy pequeño, de doce o trece personas. La verdad es que él ya es uno más sin ningún tipo de problema. Luego cada cual que vote al partido que quiera cuando llegan las elecciones.

El coste de esto es de 132.000 euros anuales.

Eso es lo que marca la ley. Tiene el rango de director porque así lo marca la ley y cobra como tal porque así lo marca la ley.