Salvo una nueva sorpresa, este martes, por fin, la Audiencia Provincial de Álava celebrará la vista previa del juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018. Se trata de un mero trámite, más teniendo en cuenta que los dos únicos acusados, el doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, del examen de Cirugía Plástica, no tienen intención de alcanzar acuerdo alguno de asunción de culpabilidad con la Fiscalía, según fuentes de su entorno. Así, la principal virtualidad de esa vista será la fijación de la fecha para el juicio, aunque previsiblemente se pospondrá ya hasta otoño.

El caso se inició en la primavera de 2018 y tuvo cuatro instructoras en la fase de investigación, que acumuló controversias. Se llegaron a revisar una docena de categorías en las que se repetía el patrón de que las notas más altas -en pruebas de elevada dificultad- correspondían a aspirantes próximos a los vocales del tribunal. Finalmente, todo quedó archivado. Se estimó que no había pruebas. Sin embargo, los recursos de los sindicatos LAB y ESK, que han ejercido como acusación, forzaron que la Audiencia Provincial reabriera la causa al entender que los indicios en Cirugía Plástica eran tan contundentes que necesariamente tenían que ser revisados en un juicio.

La examinanda, Salas, logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas el doctor Martínez Flórez y bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo ya en ese momento que la dirección de Osakidetza intervino y la opositora terminó renunciando. En aquel momento, ambos guardaban una relación de parentesco.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor por “filtrar las preguntas” del examen. Y pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero en los últimos meses las defensas de los imputados han descartado de plano esa opción cada vez que han sido cuestionadas por este periódico. LAB y ESK formulan acusaciones más duras.

La vista previa iba a ser ya hace meses, pero quedó suspenda. Renunciaron los tres jueces del tribunal que iba a analizar este caso, Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta. Los dos primeros fueron parte de la sala que ordenó celebrar el juicio sobre Cirugía Plástica y se sentían contaminados; la tercera fue una de las instructoras. Recientemente, han sido designada otra terna: Beatriz Eva Román Gobernado, Sara Mallen y Álvaro Silván. Este movimiento se produjo sin que ninguna de las partes entendiese que fuera necesario.

El Parlamento Vasco se prepara ya para unas largas vacaciones de verano... con algunas excepciones. Este viernes se ha celebrado la última sesión de control al Gobierno del curso político y, aunque quedan algunas comisiones este lunes y este martes, todavía en junio, no habrá plenos ni en julio, ni en agosto ni en buena parte de septiembre. ¿Cuáles son esas excepciones? Por un lado, la ponencia “para la mejora de la calidad democrática”, un foro presidido por Xabier Barandiaran, del PNV, ha fijado una reunión para el 6 de julio con tres comparecencias, las del dirigente del PP Jan Echeverría, del periodista Miguel Ángel Idígoras y del sociólogo Imanol Zubero. Por otro, PNV y PSE-EE quieren adelantar trabajo de su nueva ley estrella, la 'autopista' para agilizar proyectos estratégicos, y han pedido que se estudie que puedan comparecer en julio los expertos que planteen los grupos para llegar a otoño con ese trámite superado.

La normalidad regresará, salvo sorpresa, en la segunda mitad de septiembre con la celebración del pleno de política general, en el que el lehendakari ofrece las líneas generales de la situación y los líderes de los partidos le dan la réplica. Solamente a partir de ahí volverán a celebrarse plenos y comisiones con regularidad. En realidad, es ya el tercer parón en lo que va de año. La Cámara no retomó su día a día hasta febrero después de Navidad y luego, entre marzo y abril, hubo seis semanas sin plenos de control. Han sido nueve en 2026.

Los grupos sí mantienen el derecho a seguir solicitando información por escrito -y el Gobierno tiene que contestarla cumpliendo el plazo- y la agenda del Parlamento siempre recoge algunas otras actividades paralelas como cursos de verano o jornadas. La Mesa, el órgano de Gobierno de la institución, también tiene prevista una reunión el 13 de julio, aunque igualmente reduce la periodicidad de sus encuentros en período estival.

En todo caso, según explican fuentes parlamentarias, PNV y PSE-EE buscarán este mismo martes, 30 de junio, que la Mesa y la Junta de Portavoces les permitan habilitar julio para poder avanzar con su ley para impulsar grandes proyectos, ya admitida a trámite este jueves. En concreto, quieren abrir ya la fase de comparecencias de expertos. Con todo, no está claro cuántas sesiones se podrían celebrar antes del parón de agosto. Se persigue, en todo caso, llegar a otoño con parte de los deberes hechos y que se pueda iniciar antes la fase de enmiendas. De momento, los partidos del Gobierno se han encontrado con el 'no' de toda la oposición a esta iniciativa, sobre todo por la forma, ya que es una proposición de los partidos y no un proyecto del Ejecutivo, con todo lo que ello implica de menor volumen de informes, memorias y mecanismos de control. Pero gozan de mayoría absoluta para sacarlo adelante.

En la última sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco del curso político y en una autopregunta del PNV, el lehendakari, Imanol Pradales, ha querido lanzar un mensaje directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Le ha pedido que no se “despiste” y que, si su deseo es no convocar elecciones, cumpla con el compromiso de celebrar “antes de agosto” una cumbre bilateral para cerrar el traspaso completo de la gestión económica de la Seguridad Social, ya iniciado con las prestaciones de paro y otras materias pero a la que aún le queda la parte más relevante, las pensiones, unos 12.000 millones de euros.

“El pasado miércoles, Pedro Sánchez mostró su total determinación para continuar como presidente. Espero esa misma determinación para cumplir los pactos con Euskadi y completar el Estatuto de Gernika”, ha manifestado Pradales, que insiste en que “el tiempo apremia”. “Debemos llegar con contenidos concretos, porque, si no, no habrá bilateral”, ha señalado el lehendakari, dando a entender que no acudiría a Madrid si no hubiese un acuerdo.

Según Pradales, en dos años de mandato ha logrado “avances” en materia de autogobierno, incluyendo doce transferencias competenciales, 45 acuerdos de tipo económico y otros compromisos “bilaterales”. No obstante, el lehendakari ve al presidente renuente a dar otros pasos, como “la convocatoria de la junta de seguridad que debe acordar medidas para atajar la reiteración delictiva o el uso de armas blancas y facilitar la conexión de la Ertzaintza con las redes de información europeas” o la “comisión mixta del Concierto Económico para que las diputaciones forales cuenten con recursos adicionales para ayudar a personas dependientes, personas mayores, menores o con discapacidad”.

Se acaba el curso político y se acaba junio. En septiembre, Pradales lanzó la idea de celebrar ahora una ronda de partidos para impulsar la reforma del Estatuto. No consta que eso se vaya a producir en esas fechas. En principio, PNV, PSE-EE y EH Bildu negocian sobre ello fuera del Parlamento, sin que se conozcan contenidos y detalles. Pradales se ha limitado a señalar, a este respecto, que es necesario cerrar la carpeta de los temas pendientes del Estatuto de 1979 antes de pasar a la siguiente. “Ha llegado el momento de cerrar para siempre esta fase y de abrir la siguiente: tenemos que acordar entre todos la estructura del futuro autogobierno, para garantizar nuevas capacidades políticas”, ha indicado.

Un aeropuerto para el lehendakari Aguirre

En el cara a cara con el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, ha optado por pasar de las preguntas a las propuestas. Ha planteado que, con motivo del nonagésimo aniversario del primer Gobierno autonómico, el aeropuerto de Aena en Loiu pase a llamarse como el primer lehendakari, José Antonio de Aguirre. Ha explicado que en París o Nueva York las principales terminales llevan nombres de grandes líderes, o que incluso en la red de Aena hay guiños a Josep Tarradellas en Barcelona o a Rosalía de Castro en Santiago de Compostela. No ha explicado por qué no sería renombrado el aeropuerto de la capital y sí el de Bilbao.

Según Otxandiano, Aguirre es una figura que trasciende a la de su partido, el PNV, porque fue capaz de representar a “dos familias abertzales”, en referencia también a ANV, que luego en el siglo XXI fue marca de la actual Sortu, a socialistas, a comunistas y a republicanos. Pradales ha respondido que está de acuerdo en estudiar el asunto del aeropuerto, pero ha avisado de que EH Bildu debería revisar “todo” el legado de Aguirre porque la izquierda abertzale, durante años, se opuso al autogobierno vasco “con herramientas que Aguirre hamás hubiese tolerado”, en referencia al terrorismo de ETA. “Era un hombre de paz. Repudió el uso de la violencia para fines políticos”, le ha espetado.

PP y Vox han usado sus turnos en la última sesión de control para sacar a relucir las investigaciones de corrupción en marcha y los presuntos vínculos del PNV con el rescate de Tubos Reunidos, por el que según la Fiscalía el grupo Hirurok de los socialistas Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez y del empresario Antton Alonso cobró comisiones ilegales. Según Javier de Andrés, el PNV contribuyó a la “intermediación” de una “trama corrupta”. Pradales ha respondido que el PP usa en Euskadi el “catastrofismo y populismo más demagógico” y que Vox es “escatológico” y trumpista.

Lunes: “28,6 grados a las 7.30 de la mañana. Tras una hora con las ventanas abiertas, estamos a 27,9. Alguna persona trabajadora ya se ha quejado de dolor de cabeza y de dificultad de respirar”. Martes: “El termómetro de la oficina marca 39,6 grados y 37% de humedad a las 11.30 de la mañana. La sensación es agobiante. Una trabajadora ha tenido un episodio de taquicardia. Otra trabajadora ha manifestado que no puede más. Estas condiciones son peligrosas”. Miércoles, más de lo mismo.

Trabajadores de la sede del Gobierno vasco del centro de Vitoria, ubicada entre las calles de Félix María de Samaniego y de las Cercas Bajas, han sufrido elevadísimas temperaturas en su interior en los últimos días de ola de calor hasta el punto de que se ha aceptado que parte del personal pueda ausentarse o incluso se han realizado traslados temporales de servicios a la sede central del barrio de Lakua. El edificio, levantado en la dictadura como sede del sindicato vertical franquista, no tiene ventilación o climatización. En él, operan servicios como Trabajo, Vivienda, Tráfico, Industria o HABE, el organismo de euskaldunización de adultos.

El Ejecutivo anunció en 2023 la adquisición del antiguo Banco de Santader de la plaza del Arca del centro de Vitoria por 7 millones de euros para centralizar allí los servicios de la vieja sede franquista y de otras dependencias, como el de atención ciudadana Zuzenean que ahora está en Ramiro de Maeztu. Entonces se prometió que en 2025 estaría abierto, pero no ha sido así. De hecho, ha sido este mes de junio de 2026 cuando se ha anunciado el inicio de la licitación para la reforma, con un coste adicional de 15,7 millones y un plazo prudente de dos años de obras desde que arranque, quizás a finales de 2026. Por lo tanto, 2029 parece el momento más realista para la inauguración.

“Tras tener conocimiento de las altas temperaturas que estáis padeciendo en Samaniego por no contar con aire acondicionado, comentar que se está trabajando en adecuar el edificio Arka para trasladar al personal a dicho edificio, pero hasta ese momento, se proponen las siguientes medidas. Primera opción, se debe comunicar a la persona responsable y reservar una sala en Lakua con aire acondicionado para trabajar. Para esta opción sería necesario contar con portátil por parte del trabajador o el servicio. En caso de no contar con portátil, se deberá comunicar a la persona responsable la situación y, siempre y cuando, la persona responsable esté de acuerdo se puede solicitar al servicio médico el justificante para abandonar el puesto de trabajo. Primero ponerse en contacto vía telefónica con el servicio médico y después enviar mail por escrito poniendo en copia al responsable para que quede registrado. En cualquier caso, es imprescindible contar con el beneplácito de la persona responsable”, se les ha informado en episodios de recientes de calor a los funcionarios que se han quejado.

Así, estos días ha habido personal que no ha trabajado, otros trasladados a Lakua -en un peregrinaje que se podría repetir más veces este verano- y otros que han optado por llevar sus propios ventiladores a la oficina. “Es necesaria la instalación de algún sistema de refrigeración o, al menos, ventilación. No hay ni un solo ventilador proporcionado por la administración en la oficina. Los pocos que hay, los han traído los trabajadores a lo largo de los años y, algunos de ellos emiten mucho ruido. Considero que el Gobierno vasco no está haciendo todo lo posible para cumplir la ley en cuanto a las condiciones de trabajo que debe garantizar a su plantilla”, planteó por escrito una trabajadora.

Desde el área de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, el departamento responsable de la gestión de los edificios y del personal, se insiste en que hay unos protocolos y que se están cumpliendo, como prueban los ajustes en tiempo real de los últimos días. ¿Qué dicen esos protocolos? Ya a finales de mayo, cuando se produjo la primera gran ola de calor del año incluso antes del verano, el servicio de Prevención emitió una circular al respecto.

Mencionaba algunos datos sobre el objetivo incremento de las temperaturas en Euskadi e indicaba que, “ante el adelanto” de los fenómenos extremos y la “previsión de un período estival” con valores elevados, la pauta era que los espacios de trabajo del Gobierno vasco nunca pasasen de 27 grados. Si eso no es posible, se han de buscar salas del mismo centro que sí puedan reunir esas condiciones y facilitar ordenadores portátiles para continuar con las tareas. Después, vendrían los traslados. Si incluso eso no basta, se puede lograr un “justificante” para “abandonar” el puesto de trabajo. El protocolo menciona que se ha de tener especial sensibilidad con mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos o personas vulnerables por cualquier otra razón.

Como estaba previsto, PNV, PSE-EE, PP y Vox han dado su voto favorable este jueves en el Parlamento Vasco a una reforma legislativa para fomentar los festejos taurinos con reses pequeñas entre menores. EH Bildu se ha abstenido y Sumar ha sido la única formación en votar en contra. Tras el debate, en el exterior del hemiciclo, ganaderos y aficionados se han felicitado por el paso, “ya que asegura el relevo generacional”, mientras que portavoces de grupos ecologistas se han llevado las manos a la cabeza.

La redacción definitiva fija en ocho años el mínimo de edad para participar, rechazando la enmienda de que estuviera en doce años, como planteaba EH Bildu. Además, a diferencia de lo que se preveía en la redacción original del articulado cuando se anunció el pasado año, desaparece la obligación de que los menores tengan que presentar una autorización de sus progenitores o tutores si quieren saltar al ruedo o meterse en un recurrido. Ahora bastará con que estén acompañados por un adulto. Era una petición expresa del sector, según han admitido. Además, se ha esfumado la figura del veterinario de control del bienestar de las reses exigible a los organizadores. Según ganaderos y aficionados, es porque no los hay en número suficiente. Las enmiendas, eso sí, han elevado a seis meses la edad mínima de las reses utilizadas.

Euskal Larrabehi Elkartea, Euskal Zezenzale Elkarte y el sindicato ENBA han mostrado su euforia por el resultado de la votación. Han dado las gracias a PNV y PSE-EE por tener la idea, a PP y Vox por sumarse -aunque han optado por no decir sus siglas en estos dos casos- e incluso por EH Bildu por no haberse opuesto y quedarse en la abstención. Estos festejos están “profundamente arraigados” -han hablado de celebraciones ya en 1170- y regularlos para que puedan participar niños y adolescentes permite que los vayan conociendo, que se vayan aficionando y que, al cumplir los 16, puedan estar también en las celebraciones de adultos. Señalan que son también espacios para conocer los animales y aprender a quererlos.

Muy al contrario, dos representantes de varias decenas de asociaciones animalistas y ecologistas han puesto el grito en el cielo. “Las personas que quieren a los animales tienen que empezar a cuidar a quien votan”, han advertido acompañados de Jon Hernández, el representante de Sumar, que tiene 1 escaño de 75 frente a los 47 de PNV, PSE-EE, PP y Vox. Han dicho haber sentido “vergüenza” por las medidas aprobadas. “Nosotros defendemos a los animales, seres sintientes que no pueden hablar aquí. Los ganaderos no quieren a los animales. ¿Les gustaría que a sus familiares les hicieran eso?”, se han preguntado mostrando una fotografía de una res sufriendo en un espectáculo.

Ganaderos y aficionados han puntualizado que los que se regulan son festejos “sin muerte”, aunque han admitido que es posible que luego puedan incentivar la afición por las corridas de toros, cada vez más infrecuentes en las fiestas vascas. Su portavoz, Asier Albite, ha explicado que este tipo de festejos -sokamuturras, por ejemplo- quedaron prohibidos en 2020 y que, hasta entonces, eran unos 500 anuales. Igualmente, han destacado que haya decaído la intención de pedir autorización a los tutores de los menores, porque habría restado “espontaneidad” a unas fiestas que son “populares”.

En el hemiciclo, Vox y PP han celebrado la ley como un éxito taurino. “El bloque taurino es el bloque de la libertad”, ha clamado Ana Morales, del PP, mientras que Amaia Martínez Grisaleña de Vox ha indicado que era una buena noticia para la tauromaquia en España. “Son elementos de nuestro patrimonio cultural y material”, ha argumentado la portavoz de la única fuerza de izquierdas en el acuerdo legislativa, la socialista Miren Gallástegi, de Eibar. En su localidad, un feudo del PSE-EE, se ha rescatado este San Juan la 'sokamuturra'.

Desde EH Bildu, como ya hiciera en comisión, Eraitz Sáez de Egilaz ha expuesto que ha “empeorado” el texto en la tramitación parlamentaria en lo tocante a la protección de los menores. No ha negado que su coalición tiene “contradicciones y dudas” con este tema -gobiernan en las muy taurinas Azpeitia y Pamplona- y por ello no han ido a la “total oposición”, aunque asumen los “riesgos” y vigilarán “con lupa” el cumplimiento de las condiciones de los festejos. “Es un paso atrás”, ha lamentado Sumar.

Se da la circunstancia de que en esta legislatura la misma mayoría de PNV, PSE-EE, PP y Vox ya aprobó una modificación de la normativa de caza para habilitar la participación de menores como acompañantes en las monterías y garantizar así el relevo generacional. Esto se tramitó en 2025.

La vicelehendakari primera del PNV, Ibone Bengoetxea, que es también la consejera de Cultura y Política Lingüística, ha negado que el acuerdo con EH Bildu para posibilitar la aprobación de la reforma legislativa de la normativa autonómica de empleo público en lo tocante a las exigencias de euskera en la Administración suponga un problema con el PSE-EE. “El Gobierno no está en riesgo”, ha enfatizado ante los medios de comunicación a los pocos minutos de terminada la sesión.

“La relación con el socio no está tocada. Somos un Gobierno compacto. Hace dos días presentamos conjuntamente el balance de los dos años de esta legislatura y, además, presentamos juntos el trayecto que nos queda para los próximos meses. Yo diría que la relación con el socio de Gobierno es estupenda”, ha querido destacar Bengoetxea. Ha agregado que “en democracia” es “normal” el hecho de “no compartir el 100% de todos los proyectos”.

Por otro lado, Bengoetxea se ha excusado de dar plazos para la aprobación del decreto de desarrollo de la ley. Ha recordado que es proceso largo y garantista que requiere de la emisión de informes y de tiempo. La vicelehendakari ha manifestado estar satisfecha por los avances que supondrá la ley en términos de “seguridad jurídica”. “Va a limitar las sentencias en contra de decisiones administrativas”, ha garantizado.

EH Bildu ha logrado, casi al cierre del curso político en el Parlamento Vasco, el hito político de meter cuña en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE liderado por Imanol Pradales. Con su abstención, la principal fuerza de la oposición ha facilitado que salga adelante una reforma de la ley autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias ante las sucesivas sentencias judiciales. Se trata de una iniciativa planteada en solitario por el PNV, con los socialistas claramente en frente. Es algo que no había pasado ni en esta legislatura ni en la década en que lleva operando el bipartito.

Aunque durante meses EH Bildu consideró esta propuesta como insuficiente, como un mero “parche” alejado de la reforma integral que ellos presentaron, finalmente ha alcanzado un acuerdo con los nacionalistas para permitir que prospere al menos un gesto para intentar hacer frente a la “ofensiva judicial”, como define el contexto actual la denominada 'euskalgintza'. “No era una opción” que el debate se cerrará con todas las propuestas decaídas, ha admitido Pello Otxandiano, líder de EH Bildu y que significativamente ha ejercido como portavoz en el debate por delante del habitual en esta materia, Josu Aztiria.

Otxandiano no ha ocultado su felicidad por el resultado del debate. De hecho, lo ha considerado un “salto” como los que ya se han producido “en Iparralde y en Nafarroa”, en referencia a los acuerdos entre nacionalistas en esos ámbitos. Ha considerado que el Parlamento Vasco ha superado “la política de bloques” y que ha “aumentado la calidad democrática”. Frente a los “tiempos oscuros”, ha dicho Otxandiano parafraseando al propio Pradales, “grandes acuerdos de país”. Además, ha añadido que tienen acordado con el PNV que si esta ley no funciona se revisará y se buscará una nueva fórmula en línea con la iniciativa orginal que ellos presentaron y que buscaba imitar el modelo enteramente bilingüe de Catalunya o Galicia, aunque esto el PNV no lo interpreta así. De hecho, Otxandiano ha añadido, mirando a los socialistas, que su partido allí “lo tiene bastante claro” y no se opone a incrementar las exigencias de las respectivas lenguas cooficiales.

EH Bildu llevaba tiempo buscando abrir esa brecha entre PNV y PSE-EE. En sus discursos, los dirigentes de la formación soberanista habían apelado a activar la amplia mayoría abertzale que tiene la Cámara autonómica. En 2022 y 2023 y también con el euskera sobre el tapete, el PNV coqueteó con intentar una reforma educativa con la coalición abertzale, pero el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, accedió a mantener los modelos A, B y D, es decir, a que se pueda seguir optando por cursar los estudios también mayoritariamente en castellano, como reclamaron los socialistas. Y todo a pesar de que la misma ley pone un objetivo común a todos los estudiantes: que a los 16 años alcancen el nivel B2 del marco común europeo en ambos idiomas oficiales.

Desde el PSE-EE, Pau Blasi ha deslizado en su intervención durante la sesión referencias a la “deslealtad” del PNV y a su “lealtad” al pacto de Gobierno. Los insultos, pintadas y pancartas han venido de otro lado“, ha añadido. Ha pedido a ”otros“, en velada referencia también a sus socios, que expliquen ”por qué se han movido de los consensos y de las lealtades“ con ”saltos al vacío y propuestas de máximos contrarios a la visión pluralista del país“.

Ha añadido que han sido meses de “burradas” -ha dicho que no iban a tolerar que los comparen con la ultraderecha por no opinar lo mismo sobre el euskera-, que la “mayoría” de “expertos” están en contra del cambio normativo y que hay que operar “con una visión pluralista del país”. En una intervención bilingüe, ha retado sin citar nombres a ver si el PNV sería capaz de garantizar que todos sus consejeros fueran bilingües. Ahora los hay que no dominan el euskera.

Markel Olano, del PNV y que ha avisado de inicio que él no iba a emplear el castellano en sus intervenciones como gesto, a pesar de la recomendación de sus asesores, ha asegurado que es “mentira” que la reforma vaya a incrementar las exigencias de euskera en la Administración. Se trata de dar seguridad jurídica, ha insistido. Ha apuntado que el PNV busca “un espacio de centralidad”. Olano, además, ha destacado la amplia mayoría que respaldará la reforma, de más de dos tercios del total de representantes.

Pero la reforma, en puridad, solamente ha contado con el 'sí' de sus proponentes, del PNV. 27 de 75. Eso sí, la abstención de EH Bildu ha hecho que el 'no' de PSE-EE, PP, Sumar y Vox, 21 de 75, haya resultado insuficiente en la votación final. Y, además, el texto aprobado ni siquiera es la propuesta original del PNV, ya que los nacionalistas presentaron tres enmiendas al único artículo del que consistía la ley. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Según el PSE-EE, este nuevo marco generará más “discrecionalidad” y menos seguridad jurídica y ha remarcado que afecta a 120.000 empleados públicos. “La reforma es mala y la tramitación aún peor”, ha añadido el socialista Blasi. Sumar ha lamentado que la nueva ley llegue “sin consenso” y siendo “apenas un apaño”. “Dejan fuera del euskera a muchos y muchos trabajadores”, ha manifestado Jon Hernández, único representante de la coalición y procedente de IU.

Desde la bancada del PP, Santiago López Céspedes ha definido la nueva legislación como un “atropello”. “No se vota si quieremos más euskera o menos euskera. Ésa es la trampa de siempre. Esto no va de proteger al euskera. Va de protegerse a ustedes, señores del PNV, de sus propios excesos”, ha señalado. Y ha agregado: “No le van a ganar a Bildu jugando a ser Bildu. De hecho, van ustedes perdiendo”. Vox ha despachado el debate como un “pacto entre separatistas”, el “Lizarra lingüístico”.

Eso sí, el propio acuerdo de PNV y EH Bildu asume que todo está condicionado por los tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional tiene que resolver una cuestión elevada por el Superior vasco sobre la normativa anterior, la de 2022 desarrollada por decreto en 2024. Por otro lado, el PP ya ha avisado de que utilizará “todas las herramientas legales” a su alcance para lograr que se revise. En el pasado, Vox también ha presentado recursos.

Un helicóptero de la Ertzaintza ha sufrido un accidente en una maniobra dentro del operativo de extinción del incendio forestal de la localidad de Galarreta, en Álava. Según las primeras informaciones, los cuatro ocupantes del aparato han resultado ilesos. El suceso se ha producido alrededor de las 15.30 horas.

Fuentes policiales indican que el aparato, modelo Eurocopter H135, matrícula EC-OPI y el más nuevo de la flota, ha sufrido una “avería” que no se precisa y se ha visto forzado a “realizar un aterrizaje de emergencia” en las proximidades de la localidad de Zalduondo. “No hay ninguna víctima”, recalcan desde la Ertzaintza.

Según 'El Correo', la nave se dirigía a recoger a un bombero para que pudiese observar desde el aire. Entonces, habría succionado un objeto y habría “colapasado” y empezado a “girar” sin control. El piloto ha podido controlar la situación y evitar un peor desenlace.

En plena ola de calor, el incendio originado el pasado viernes continúa activo cinco días después y en las últimas horas se ha avivado por el viento. Varias dotaciones de Bomberos continúan trabajando en tierra, pero también se han incorporado medios aéreos, como el Ejército del Aire o la propia Policía vasca.

El Parlamento Vasco, este jueves, se internará en una zona no explorada no ya en la legislatura sino probablemente en los diez años que llevan gobernando juntos PNV y PSE-EE. El Ejecutivo va a operar por separado en un debate legislativo, en este caso en lo relativo a la reforma de la normativa autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera. Los nacionalistas presentaron en solitario, hace ya un año, la iniciativa y ahora, a horas del debate, han alcanzado un acuerdo con EH Bildu, que se convertirá en socio circunstancial y que facilitará la ley con una abstención.

La reforma viene motivada por una cascada de sentencias judiciales que han respondido a recursos contra convocatorias, sobre todo en ayuntamientos. Sectores de la denominada 'euskalgintza' han denunciado una “ofensiva” judicial y cargos locales de PNV y EH Bildu se han movilizado en el mismo sentido. Así, el partido mayoritario del Gobierno, el PNV, planteó un blindaje de la ley autonómica con una reforma quirúrgica, de artículo único. Los socialistas pronto pusieron pie en pared y escenificaron una brecha desconocida en su década de matrimonio de conveniencia, en la que únicamente han actuado por separado en temas previamente pactados, como la reforma del Estatuto en su día.

En paralelo, EH Bildu presentó una alternativa más ambiciosa, mucho más larga y que hacía que las dos lenguas oficiales fuesen exigibles de inicio en la Administración. Bebía de modelos como el catalán o el gallego, expusieron. Es más, durante la tramitación simultánea y paralela de ambos textos, la formación abertzale lanzó críticas por insuficiente al plan del PNV. La realidad del Parlamento es que, sin el PSE-EE, el PNV carece de mayoría. EH Bildu tiene sus mismos escaños. En las dos votaciones anteriores de la ley, en ponencia y en comisión, la de EH Bildu ha ido decayendo y la del PNV se ha salvado sin más apoyos que los propios, con el socio de Gobierno en contra, pero con la abstención decisiva de la coalición abertzale.

De cara al pleno, PNV y EH Bildu han alcanzado un acuerdo. Lo han firmado, por parte de los primeros, los dirigentes Joseba Díez Antxustegi y Markel Olano y, por parte de EH Bildu, Pello Otxandiano y Josu Aztiria. EH Bildu quería garantizarse que su abstención no sería a cambio de nada, sino contar con garantías de que, si el plan del PNV naufraga, se revisará, se analizará y se podrá retomar la reforma en otros términos.

En todo caso, lo que aprobará la Cámara será diferente a la propuesta inicial del PNV. En el camino, el propio grupo se autoenmendó y ha sacado adelante tres enmiendas para una reforma de artículo único. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Iñigo Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Los términos del acuerdo

El documento firmado es de seis páginas en cada uno de los idiomas oficiales. En su versión castellana, se alude a una “vía de trabajo compartida” para “avanzar” en este tema “de manera ordenada, responsable y útil”. EH Bildu se compromente a “facilitar” la nueva ley, una vía “adecuada y técnicamente prudente” y también una “contribución efectiva” a la normalización del euskera“ en la Administración, como ”garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía“.

A partir de ahí, se hará un “seguimiento compartido” del “despliegue” y de los efectos de los cambios. Habrá una “comisión de seguimiento” y “en el caso de que [...] se concluya que la modificación legal ahora posibilitada no dispone de suficiencia estructural para cumplir sus objetivos principales” se abrirá un nuevo proceso “ordenado” para “elaborar una nueva propuesta”. EH Bildu ha logrado introducir ahí que se tendrán en cuenta sus modelos -“por ejemplo Cataluña o Galicia”- e incluso la “doctrina” del Tribunal Constitucional, que aún tiene que pronunciarse sobre la normativa ahora en vigor y que seguramente reciba nuevas peticiones sobre esta reforma, como ha deslizado el PP.

PNV y EH Bildu crean un “espacio estable” de “intercambio entre partidos” y se prometen “lealtad, discreción y voluntad”, aunque los primeros seguirán gobernando con el PSE-EE. Será a los tres años de entrada en vigor de la ley, en 2029, cuando “en su caso” se puedan tratar la “necesidad de analizar nuevos ajustes normativos o aplicativos”. Significativamente, apuntan a que se analizará la situación también a la luz del Estatuto que esté vigente, dando a entender que podrían llegar a buen puerto las negociaciones para modificarlo.

El socialista andaluz y expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista de Portugalete Leire Díez conformaron un grupo llamado Hirurok, pretendidamente constituido para recaudar comisiones ilegales en los negocios públicos y privados en los que intermediaban, según la Fiscalía. La UCO de la Guardia Civil, en un informe entregado al juez instructor de este caso, Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), estima que la trama pudo captar una cantidad cercana al millón de euros a través de sociedades controladas por Alonso: Mediaciones Martínez, domiciliada en Zaragoza, Servinabar 2000, de Pamplona, e incluso Next Generation Caliope Innova. Y ha encontrado también cómo se gastó parte del dinero. Solamente tres ejemplos: Fernández Guerrero compró un piso en Marbella para ponerlo en alquiler turístico, Alonso realizó una reforma de 163.000 euros en su casa de Elorrio y Díez adquirió en coche de la marca Škoda.

Hirurok empezó a operar en 2021. Adquiere su nombre de un grupo de la aplicación de mensajería Threema, pretendidamente más encriptada que WhatsApp o Telegram, y que luego fue renombrado como Hirurok berriro. Su primera gran operación por la mediación para que la SEPI rescatara con 112,8 millones de euros la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Los responsables de la investigación estiman que Fernández Guerrero mantenía hilos en el organismo que dirigió hasta 2019 y que los usó con fines de lucro personal. La compañía no niega los pagos a Hirurok. Son 247.459, 114.950 vía Mediaciones Martínez y el resto directamente a Fernández Guerrero. Después de Tubos Reunidos llegó la navarra Erri Berri, que pudo acceder a un contrato de una filial de la SEPI en Asturias -“estoy influyendo”, dejó por escrito Fernández Guerrero- y otros negocios. El grupo usaba a Alonso como una suerte de 'comercial' ante grandes empresas vascas como ITP, Teknei o Sapa.

En un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, la UCO rastrea no ya los ingresos sino cómo gastaron las presuntas comisiones ilícitas obtenidas. Mediaciones Martínez fue adquirida precisamente en 2021 en un 98% por Alonso justo cuando estaban negociando un “agradecimiento” por parte de Tubos Reunidos, de nuevo en palabras de Fernández. Sin actividad ni trabajadores, según la Agencia Tributaria, facturó 913.199,29 euros en total en poco más de dos años e ingresó incluso algo más, 1.089.715,05 euros. Servinabar 2000, en la que el exdirigente del PSOE aparentemente tenía una participación del 45% según un documento en poder de su amigo Alonso, también movilizó importantes sumas de dinero. En Next Generation Caliope Innova, con interés en algunos proyectos de renovables, tenía una participación societaria los dos hijos de Alonso.

Según la Guardia Civil, Alonso empleó 163.350 euros de los fondos supuestamente ilícitos en reformar su dúplex en Elorrio, en Bizkaia. Es precisamente allí donde los agentes de la Policía judicial encontraron en junio del pasado año todo el material que está dando pie a estas investigaciones de corrupción. ¿Qué exactamente? Papeles, dinero en efectivo, el documento de Cerdán y, sobre todo, dispositivos electrónicos que revelaron la existencia del grupo Hirurok. La obra se pagó en tres partes idénticas de 54.450 euros en tres momentos de 2022.

Las dos primeras corrieron a cargo de Mediaciones Martínez y la tercera de Servinabar 2000, aunque después esta segunda mercantil le giró un cargo del mismo importe a la sociedad de Zaragoza por “asesoramiento comercial”. Hubo también un peloteo de otros 96.448,23 euros en facturas de “general corporate consulting” que Servinabar 2000 extrajo de Mediaciones Martínez. Alonso, igualmente, dispuso de 6.970,95 euros con la tarjeta de crédito de Mediaciones Martínez. La UCO estima que “el importe total percibido por Antxon de Mediaciones Martínez habría ascendido a 266.769,18 euros”.

En el caso de Fernández Guerrero, dispuso de 37.650 euros en 'nóminas' de Mediaciones Martínez -que no tenía trabajadores dados de alta- y de 128.092,80 euros de pagos de Servinabar 2000, donde sí estuvo dado de alta como trabajador desde junio de 2021 hasta abril de 2023. De cajeros sacó 11.700 euros en efectivo con cargo a los depósitos de Mediaciones Martínez. Eran cuantías de entre 100 y 1.200 euros. La Guardia Civil menciona también que hubo unas transferencias a Fernández Guerrero por valor de 100.000 euros, aunque el dinero luego fue reintegrado en apenas tres semanas.

En los mensajes intercambiados entre Alonso y Fernández Guerrero se aprecia que el expresidente de la SEPI pidió a su socio un adelanto de sus retribuciones en un momento dado a comienzos de 2022. “Antton, una cosa de las que -como ya me vas conociendo- me cuesta mucho trabajo hablar. Tengo pensado comprar otro piso al lado del que tengo en Marbella para doblar los alojamientos turísticos. Ya tengo concedida la hipoteca pero me falta algo de cash para ir lo suficientemente desahogado. ¿Crees que podrías anticiparme algunas nóminas ahora junto con la de enero? Gracias en cualquier caso, puedas o no. Y perdona. Pedir para mí es algo que toda mi vida me ha costado muchísimo trabajo”, le escribió. En apenas dos minutos, tenía el dinero: “Sí, claro. Dime cómo te puedo ayudar. El miércoles lo cerramos. Sin problema. Abrzs”. “Besarkada!”, le agradeció en euskera el andaluz. Fernández Guerrero tenía muchos guiños en ese idioma con sus socios vascos.

Según la Guardia Civil, “tan sólo unos días después” de la transferencia de Alonso al expresidente de la SEPI se firmó la escritura de un piso en Marbella valorado en 199.500 euros en total. Fernández Guerrero era titular al 50%. A los nueve meses, Fernández Guerrero adquirió otra propiedad en esa misma localidad andaluza, de nuevo al 50%. Aquí no consta si había o no fondos procedentes de Hirurok.

En el caso de Díez, la Guardia Civil sostiene que hay “diversos indicios” que, “bajo el prisma policial”, podrían hacer concluir que igualmente se lucró con el dinero de Mediaciones Martínez. En concreto, se menciona la adquisición de un Škoda Octavia de 21.500 euros. El coche estaba a nombre de la empresa, pero las revisiones las ha pasado en estaciones de ITV cercanas a las residencias de Díez, que es natural de Portugalete. El administrador nominal de Mediaciones Martínez, Carmelo Aznárez, que hacía las veces de contable del dueño real, Alonso, llegó a preguntar por una multa que había llegado. “Del coche Skoda que compraste para una amiga... Entiendo que la multa se la vas a remitir para su pago”, le planteaba a Alonso. Aznárez, de su lado, cobró 16.452 euros por sus funciones a través de otra sociedad llamada Azpe.

Los flujos de dinero apuntan también a la participación de Mediaciones Martínez en la creación de una mercantil en Marbella para la “adquisición de una serie de parcelas” que eran propiedad de “filiales de Acciona”. Acciona estaba asociada a Alonso y recibió varias adjudicaciones públicas de la mano de Servinabar 2000. “El tema de Marbella va ya como las balas [...] Para el día de la compraventa, de acuerdo con las cuentas del excel que adjunto, tendremos que contar con la mitad del precio que hay que desembolsar al contado, que es el 10% más el IVA total, lo que totaliza 837.000,31 euros, lo que implica que la parte de Mediaciones Martínez con la que habrá que contar el día de la escritura son 418.500,15 euros”, planteaba Fernández Guerrero a Díez y Alonso en un correo electrónico.

A la vez, el expresidente de la SEPI urgía a ingresar dinero de Erri Berri, que no solamente había participado en la operación de Asturias con la SEPI. “Necesitamos que Félix [el dueño de la empresa navarra] nos abone los 250K que hablamos el otro día. ¿Te encargas tú, Antton, ahora que está reciente la reunión del jueves, de pasarle las dos facturas de 100K por Avilés más los 150K por el FC Barcelona?”, agregaba. La trama, aparentemente, medió igualmente para que Erri Berri pudiera demoler el Camp Nou a cambio de una gratificación.

La investigación de Hirurok está en el Tribunal Central de Instancia. El secreto de sumario se levantó hace unos días. Deriva de la causa abierta en el Supremo el pasado año contra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Fueron los datos incautados a Alonso en Elorrio los que dieron pie a esta nueva vía, luego refrendada porque en el material encontrado en poder de Fernández Guerrero y Díez es idéntico. Con todo, en ese otro sumario la Guardia Civil ya indicó que los fondos de Servinabar 2000 se habían empleado con fines personales por parte del entorno de Cerdán. En concreto, la UCO señaló que el político había pagado con cargo a ese dinero quince mensualidades de un alquiler en Madrid, a lo que se suman 7.849 euros en muebles.

Igualmente, se dispusieron de 33.574 euros en las tarjetas de crédito justo hasta el momento en que fue arrestado en 2024 Koldo García, socialista navarro y recomendado por Cerdán al ahora condenado José Luis Ábalos. Se da la circunstancia de que la esposa de Alonso, que residía en la vivienda reformada con cargo a Mediaciones Martínez, se quejaba en un mensaje que se hizo muy sonado de que la esposa de Cerdán no hacía más que “gastar y gastar”. “La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos”, protestaba.

El empresario guipuzcoano Antxon Alonso es también el titular del 98,3% de las participaciones de Mediaciones Martínez, la empresa a través de la que Tubos Reunidos canalizó parte de las presuntas comisiones ilegales tras su rescate de 112,8 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según constata la UCO de la Guardia Civil. Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza, también cobró de otros proyectos investigados por corrupción, como los relacionados con la empresa navarra de demoliciones Erri Berri.

En un atestado de finales de 2025 que motivó la apertura de una nueva causa en la Audiencia Nacional en torno al rescate de la empresa de Amurrio, al que ha tenido acceso este periódico, la UCO sitúa al empresario en un papel adicional al que ya se le conocía como principal referencia de Servinabar 2000, en la que aparentemente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%.

Alonso conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, y con la vizcaína Leire Díez. Según la tesis de la Fiscalía, que solicitó la apertura de esta nueva causa, Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en el rescate de Tubos Reunidos y de otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

En ambos casos, Tubos Reunidos y Erri Berri, se ha constatado que los pagos -o parte de ellos- se hicieron a través de Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza. En el caso del rescate, inicialmente se había planteado hacerlo a través de Servinabar 2000 pero, finalmente, se cambió de idea. Los nuevos datos indican que, en realidad, seguía estando detrás la misma persona, Alonso.

La Policía judicial acredita que el 27 de julio de 2021 Alonso adquirió el 98,33% de las acciones de Mediaciones Martínez. Es decir, lo hizo a los pocos días de consumarse el rescate de Tubos Reunidos y un día antes de que, en una cena, Fernández Guerrero le comunicara al primer ejecutivo de la compañía, Francisco Irazusta, que quería un “agradecimiento” por sus gestiones, como detalló la Fiscalía.

Las participaciones restantes, añade la UCO, “con el aparente objetivo de evitar la unipersonalidad de la sociedad” quedaron en manos de Carmelo Aznárez —el anterior propietario—, que “formalmente asumió el cargo de administrador único” de la sociedad “con el propósito de encubrir la titularidad y administración real de la sociedad, en manos del grupo Hirurok”, apostilla la Guardia Civil. Mediaciones Martínez llevaba años inactiva por aquel entonces. Según la documentación remitida por la Agencia Tributaria a la investigación esta mercantil no contó con personal dado de alta entre octubre de 2021 y mayo de 2025. Así, las facturaciones con conceptos como “prospección de mercado” eran “mendaces”.

Es a partir de la entrada de Alonso en el accionariado cuando, siempre según la UCO, Mediaciones Martínez comenzó a ser utilizada por el grupo Hirurok para el cobro de mordidas. La Guardia Civil cifra en 913.000 euros las comisiones que podrían haber cobrado Alonso, Fernández Guerrero y Díez a través de la empresa. En detalle, a los 114.950 euros de Tubos Reunidos -al margen, Fernández Guerrero cobró a título individual otros 130.000-, y a los 400.000 de Erri Berri cobrados a través la empresa hermana Derribos Olite y Servinabar 2000, se suman 237.033 de VUSA, 77.137 del Grupo Aldesa, 38.720 de Alto Mineral, 24.200 de Madrid Aranda Empresa Constructora, 33.800 de LAAM Arquitectura o 17.545 de SDP Carrillo y Montes Abogados.

El gerente de Musikene, Eneko Goenaga, y la directora académica, Miren Iñarga, han enviado una comunicación a toda la plantilla del centro superior de enseñanzas musicales de Euskadi en la que confirman que se iniciará una “investigación exhaustiva” para “esclarecer” los hechos adelantados por elDiario.es/Euskadi con denuncias de vejaciones, humillaciones e incluso excesos físicos en las clases de arpa de una profesora, C.I. Once alumnos han prestado su testimonio.

“Como habréis podido conocer, un medio de comunicación ha publicado informaciones relativas a conductas atribuidas a una profesora de Musikene. Musikene cuenta con profesionales de reconocido prestigio y con una comunidad educativa profundamente comprometida con la excelencia artística y docente. Precisamente por respeto al trabajo y la profesionalidad de quienes formáis parte de esta institución, la Dirección ha decidido iniciar una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos publicados y determinar, en función de sus conclusiones, las medidas que resulten oportunas”, exponen.

Y añaden: “Sin perjuicio de lo que derive de la investigación que ahora se inicia, las informaciones publicadas incorporan nuevos elementos y testimonios que incorporan elementos y testimonios [sic] que no habían sido trasladados previamente a la Dirección en los términos y alcance ahora difundidos. Deseamos recordar la importancia de preservar tanto los derechos de las personas que han formulado testimonios como la presunción de inocencia de cualquier persona a la que se atribuyan los hechos objeto de las informaciones publicadas. Confiamos en que el rigor y el respeto que siempre han caracterizado a nuestra comunidad educativa nos permitan afrontar esta situación de la forma adecuada”.

Tras quince meses de investigación, elDiario.es/Euskadi ha reunido once testimonios que denuncian los abusos en los estudios especializados de arpa. Uno de los casos es el de una arpista que no fue alumna de Musikene pero que sí recibió clases de la misma profesora en Rueil-Malmaison, un conservatorio igualmente público de las afueras de París. Los casos más antiguos son de 2011, del año en que C.I. llegó a Donostia.

Otros testigos

Un testigo que solicita preservar su anonimato asegura que conoce estas “violencias pedagógicas” por parte de esta profesora “desde hace muchos años”. “Absolutamente todos los alumnos del aula de arpa pasaron por sufrimientos psicológicos y lesiones físicas”, sostiene. Añade que la “exigencia musical” no puede derivar en maltrato y “control”. “Ha cometido errores profesionales recurrentes que en cualquier otro ámbito profesional no se hubiesen tolerado”, abunda sobre la continuidad de C.I. en el centro.

“La lectura de los testimonios resulta escalofriante. Los hechos parecen ser aún más graves de lo que pensaba. El miedo está muy presente entre los estudiantes”, sostiene otro testigo, que lamenta las “consecuencias personales muy serias, con problemas físicos graves, dolor y un deterioro evidente del equilibrio psicológico” de los alumnos que han denunciado las vejaciones y de otros que aún no han dado el paso. A su juicio, es especialmente relevante que en 2024 no se atendiera una denuncia interna de un estudiante. “Hasta donde me consta, dicha carta no ha recibido respuesta”, sostiene. “Me preocupa profundamente que la dirección haya optado por proteger, de manera inexplicable, a una sola persona, y no a los estudiantes”, opina.

Una antigua docente de Musikene agrega: “He visto muchos alumnos con muy buen nivel destrozados”. Añade que un docente tiene que cuidar que su alumnado “no estudie con tensión” y lamenta que haya habido durante años “muchas quejas” y muy pocas respuestas.

Desde 2016, una persona ajena a Musikene apoya a los arpistas en tareas de logística y transporte de forma desinteresada, por lo que conoce su realidad. Describe un entorno académico lleno de “abuso de autoridad, amenazas y sometimiento” bajo la tutela de C.I., de lo cual ha sido testigo directo. Como ejemplo, recuerda haber estado presente cuando una estudiante que acababa de ganar una beca fue recibida con reproches en lugar de felicitaciones porque no había tocado la pieza que la docente le había impuesto. Asimismo, señala que tuvo que socorrer de urgencia a otra alumna que lo llamó en un estado de profunda angustia.

Este testigo subraya que C.I. utilizaba habitualmente a sus estudiantes para fines ajenos a lo académico. Menciona cómo les 'invitaba' a cuidar de una villa de su propiedad en Francia durante sus viajes al extranjero, obligando a los alumnos a permanecer en ella, en una ubicación aislada y sin transporte público. Durante años, esta persona grabó las audiciones públicas para que las estudiantes pudieran perfeccionar su técnica. Sin embargo, C.I. terminó prohibiéndole recientemente hacerlo.

Si tienes alguna información adicional sobre este caso o quieres denunciar cualquier situación similar, puedes enviar un mensaje al canal confidencial pistas.euskadi@eldiario.es. Eskerrik asko!

Citando a Winston Churchill, repartiendo agua fresca y abanicos a los presentes y dando espacio a todos y cada uno de sus consejeros, el lehendakari, Imanol Pradales, ha conmemorado este martes en Ajuria Enea sus dos años al frente del Gobierno vasco. Exactamente “728 días”, ha bromeado. Ha destacado como mayor logro ofrecer “estabilidad” y operar “huyendo de la crispación política”.

“Necesitamos ritmo. En el entorno hay mucho ruido. Pero nos queda la mitad del trabajo”, ha manifestado también en un discurso mitad en euskera mitad en castellano. Pradales ha señalado que él cree y confía en la ciudadanía, y ha pedido que a la inversa ocurra lo mismo. “Tened confianza [...]. No os vamos a fallar. Os necesitamos”, ha implorado.

El acto de aniversario se ha celebrado en el nuevo Elkargune de los jardines de Ajuria Enea. Se han repartido a la entrada abanicos con la forma del escudo de la Ertzaintza y agua fresca para calmar los rigores de la ola de calor que tiene a Vitoria en alerta roja en este inicio del verano. Con todos los invitados sentados, entre ellos líderes políticos, cargos institucionales, medios de comunicación o referencias sociales, culturales o del deporte, ha accedido el Gobierno en pleno, encabezado por Pradales. Han sido recibidos entre aplausos.

Todos los consejeros, los diez del PNV y los cinco del PSE-EE, han tenido dos minutos -se les ha tasado el tiempo con un cronómetro- para contar sus puntos fuertes. María Ubarretxena, por ejemplo, ha destacado su “borroka” con el Estado para arrancar nuevas competencias y completar el Estatuto. El consejero de Salud, Alberto Martínez, se ha animado con un par de ideas en euskera. La última ha sido la socialista María Jesús San José, a la que han aplaudido antes incluso de acabar.

La UCO de la Guardia Civil ha localizado 1.288 mensajes de WhatsApp en el período comprendido entre 2020 y 2025 entre la socialista de Portugalete Leire Díez, investigada por corrupción, y el vicelehendakari segundo del Gobierno vasco, Mikel Torres. Cabeza de la parte socialista del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales, Torres es el líder del PSE-EE vizcaíno y durante años fue alcalde de Portugalete, donde se conocieron. La Policía judicial resalta de esas conversaciones lo relativo al rescate de Tubos Reunidos, aunque no aporta indicios de que el dirigente del PSE-EE realizara alguna gestión en ese sentido.

Díez, aunque tuvo su primer cargo público en Cantabria, es originaria de Portugalete, donde ha solido participar en actos del PSE-EE como la festividad del Primero de Mayo. Esta localidad del área metropolitana de Bilbao es un feudo socialista. Torres ha sido alcalde desde 2008 hasta 2024, cuando accedió al Gobierno vasco. También es el lugar de origen del lehendakari Patxi López y de residencia del actual secretario general en Euskadi, Eneko Andueza.

Díez conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. La Guardia Civil eleva a 250.000 euros las comisiones que percibió presuntamente Fernández Guerrero por intermediar tanto en el rescate de 2021 de Tubos Reunidos, empresa de Amurrio, como en la renegociación de la devolución de unos intereses en 2024. La empresa admite los pagos realizados.

El atestado de la UCO de mayo sobre Tubos Reunidos destaca solamente los mensajes relaciones con esa compañía y ya en la segunda fase, la de los intereses. A los pocos días de acceder al cargo de vicelehendakari, el socialista andaluz Fernández Guerrero le pidió a Díez un encuentro entre “Mikel” y un directivo de la compañía, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, uno de los tres imputados. “Podrías gestionar una reu con él y con Jesús Urrutia? Informal. Rollo caña”, le plantea en un mensaje el expresidente de la SEPI. “Lo intento”, dijo ella. “No va a pedir nada. Solo colocarse en situación. Ya pedirá en la siguiente ocasión [...] Pero así le empoderamos (y a nosotros de paso)”, explica Fernández Guerrero.

Torres lidera las carteras de Economía, Trabajo y Empleo, pero la política industrial la gestiona el PNV por medio del consejero Mikel Jauregi. Fernández Guerrero, en cambio, cometió ese error en una nota que guardaba en su Drive: “Modelo presión política. Ramo de industria en el Gobierno Vasco al PSE, nombrándose responsable del ramo y vicelehendakari al alcalde de Portugalete. Mikel Torres. Gestionando reunión con él para el día 24/25 de julio a través de Leire Díez”.

La Guardia Civil no ha encontrado rastro de esa reunión, pero sí conversaciones sobre Tubos Reunidos entre el vicelehendakari y Díez de meses después, de octubre de 2024. Antes, en septiembre, Fernández Guerrero -que buscaba una nueva “success fee” de la empresa, es decir, nuevos pagos por sus gestiones- insistía en mantener abiertos los canales también “con la vicepresidencia del GV”.

En ese otoño, Díez planteó a Tubos Reunidos “ayuda desde otras vías”. En ese contexto, le insistió a Torres para que atendiera a los directivos de la empresa. “Recuerdas que te dije el día que nos vimos la posibilidad de ver a Jesús Urrutia, el Consejero Coordinador de Tubos Reunidos? Tu podrías verle el miércoles x la tarde en algún momento (miércoles 30). Me dices cuando puedas si es posible? Me esta insistiendo. La situación de TTRR es complicada” [sic], le mandó por WhatsApp Díez al vicelehendakari.

Nuevamente, la Guardia Civil admite que “no se han encontrado conversaciones posteriores que puedan confirmar o desmentir la definitiva celebración de este encuentro”, pero sí constata que Torres y Díez cruzaron 1.288 mensajes, a la luz de los dispositivos incautados a la segunda y volcados en el sumario de una causa dirigida por el juez Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia.

En noviembre de 2024, el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, asumió la interlocución con Díez y Fernández Guerrero. Les participa que la situación de la empresa es crítica. Incluso no se descarta el concurso de acreedores. “Se lo he mandado tal cual a Santos y a Mikel”, escribe ella. Santos, según infiere la UCO, es Cerdán. Ése es el origen de una reunión en Ferraz con directivos de la compañía que acabó con otro pago de 40.000 euros a la trama, según sostiene la Guardia Civil y no niega Tubos Reunidos.

Desde el entorno del vicelehendakari, han querido “puntualizar” que “en ningún momento el vicelehendakari se ha reunido con Leire Díez para el rescate de ninguna empresa”. Añaden que “los mensajes de WhatsApp intercambiados se deben a que Leire Díez era una persona muy activa socialmente en Portugalete, formó parte de las Ampas de varios centros educativos y equipos deportivos de la localidad y realizó un sello de Correos de Portugalete coincidiendo con el 700 aniversario de la villa cuando Díez era la responsable institucional de Correos”. “Ni Leire Díez le solicitó nunca una reunión para hablar de Tubos Reunidos ni le pidió nada con respecto a esta empresa. Por tanto, durante los 16 años como alcalde del ahora vicelehendakari mantuvo una relación como con otros vecinos activos en la vida social de Portugalete”, abundan estas fuentes.

La UCO de la Guardia Civil eleva a 247.459 euros las presuntas comisiones cobradas por el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por sus gestiones para facilitar primero el rescate de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos, una inyección de 112,8 millones de euros, y luego la renegociación de la devolución de intereses tras la obtención de unos ingresos de 15,2 millones por una venta en Sestao.

Fernández Guerrero, socialista andaluz, conformaba un grupo llamado Hirurok con la socialista de Portugalete Leire Díez y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. El grupo, según los mensajes incorporados al sumario, tenía especial interés en hacer ver que tenía mano con el PNV para presionar al Gobierno central en la aprobación del rescate. El partido admite que claro que se preocupa por empresas estratégicas vascas, pero insiste en que “nada tienen que ver” con las “actividades” que “en paralelo” pudieran realizar “terceras personas”.

El caso de Tubos Reunidos lo investiga el juez del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Santiago Pedraz. El arresto de Alonso en 2025 por su presunta relación con la trama de corrupción de su amigo y dirigente del PSOE Santos Cerdán reveló la existencia del grupo Hirurok. Ello derivó en la apertura de esta pieza, a instancias de la Fiscalía, a finales de 2025. Fueron arrestados Alonso, Fernández Guerrero y Díez.

La UCO ha elaborado un atestado específico sobre este rescarte, emitido en mayo. La Policía judicial ha registrado dos veces la empresa, en diciembre de 2025 y ahora, en junio de 2026. Con los tres de Hirurok, están imputados igualmente los altos directivos de la empresa Francisco Irazusta, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia -ya fuera de la compañía- y Carlos López de las Heras. Todos ellos tramitaron pagos a Fernández Guerrero. Una testigo de la empresa ha declarado ya en el proceso que eran facturas gestionadas directamente por los ejecutivos de la compañía.

¿Cómo se gestionaron los pagos? Este periódico ya adelantó, a la luz de un informe de la Fiscalía, que Fernández Guerrero, pese a haber dejado la SEPI en 2019, mantuvo influencia en el organismo y que se ofreció a Tubos Reunidos para engrasar un rescate que se formalizó en 2021. A cambio, pidió un “agradecimiento”, según manifestó él mismo en un mensaje. En otro, llamó “success fee” a otra presunta comisión.

114.950 euros se canalizaron por la vía de la mercantil zaragozana Mediaciones Martínez. Inicialmente, se iba a tramitar a través de la “vasco-navarra” Servinabar 2000, pero se desechó esa opción. Pero la Guardia Civil estima que Fernández Guerrero ingresó directamente otros 132.500 euros.

El informe de la UCO realiza una anatomía a través de los mensajes de Fernández Guerrero, Alonso y Díez de las gestiones que hicieron primero para ganarse la confianza de la empresa -hasta el punto de multiplicar las comidas y reuniones o de presentar a Díez falsamente como “directora de gabinete” de la SEPI- y después para interceder durante la tramitación de la inyección económica de 112,8 millones.

“Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa. Es más, constan en actas internas en las que se discutió sobre el apoyo externo de Fernández Guerrero.

El punto más crítico se dio poco antes de que se confirmara definitivamente el rescate, en julio de 2021. Al parecer, la vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo pusieron dificultades. Es ahí cuando la trama intentó implicar al PNV para que presionara al Gobierno central, dada su labor habitual de apoyo a las empresas vascas. No hay pruebas directas de qué pudo hacer el partido entonces liderado por Andoni Ortuzar o la consejera vasca de Industria de la época, Arantxa Tapia, más allá de estar encima de un tema de interés objetivo para la economía de Euskadi.

Fernández Guerrero, en todo caso, ofrecía a Alonso como una suerte de contacto con el PNV. Lo define ante Tubos Reunidos, en esas horas críticas, como una persona “íntima” de un tal “Aurreku”, en posible referencia a Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización del Euzkadi Buru Batzar durante años, mano derecha de Ortuzar y tan influyente como desconocido ante la opinión pública. En esas mismas fechas, la consejera Tapia habló con Montero de Tubos Reunidos, pero en el sumario no hay indicios de vinculación con los movimientos de la trama Hirurok.

Años después, ya con Irazusta fuera de la compañía, Tubos Reunidos volvió a movilizar a Fernández Guerrero para flexibilizar una devolución de intereses. La venta de una propiedad en Sestao le procuró 15 millones, pero las condiciones del rescate les impedían disponer de la liquidez mientras tuvieran deudas con la SEPI. En concreto, 9,8 millones irían directamente a amortizar el crédito. El plazo para abonarlos se acababa en julio de 2025 y en 2024 ya se movieron las piezas.

Según la Guardia Civil, Fernández Guerrero y Díez empezaron a hacer gestiones. En sus mensajes, se menciona a Mikel Torres, vicelehendakari socialista de Imanol Pradales, o a “Eneko”, presumiblemente Eneko Andueza, líder del PSE-EE. Díez, después, elevó el asunto a Cerdán. Ya se conocía que a finales de 2024 hubo una reunión en Ferraz con directivos de Tubos Reunidos. Antes, Fernández Guerrero se citó con los empresarios en un restaurante vasco de Madrid. La Guardia Civil habla de otra comida en Hortaleza entre Fernández Guerrero, Díez y Cerdán para las mismas “gestiones”. Como detalle, a Díez se le ubica en variados lugares porque se han rastreado sus movimientos a través de la aplicación Waze.

Nuevamente, la trama quiso meter en medio al PNV. El socialista andaluz se ofreció para que los directivos de Tubos Reunidos se vieran con Ortuzar y con Aurrekoetxea. Fuentes del entorno del PNV recalcan que no precisan de nadie para tener interlocución con empresas vascas. La UCO sí da credibilidad a que se celebrara la reunión, ya en 2025, pero no la asocia a ningún movimiento económico.

En todo caso, en febrero de ese año el Consejo de Administración fue informado de otro pago de 40.000 euros a Fernández Guerrero. “El CEO informa al Consejo que desde el 1 de noviembre de 2024 está vigente con el consultor D. Vicente Fernández un contrato de consultoría por el que el mismo está aportando valor al CEO con su conocimiento y experiencia, por lo que el mismo percibirá una remuneración total por su asesoramiento durante estos meses por importe total de 40.000 euros, cuando la compañía pueda disponer de los fondos”, recoge el acta de esa reunión.

Hay correos electrónicos de Fernández Guerrero a López de las Heras, el sustituto de Irazusta, en el que plantea percibir un “success fee” del 2% del ahorro en el asunto de los intereses. Finalmente, recibió como contrapropuesta un 1,5% para el primer 75% y un 2% para el resto. “Por mí de acuerdo. Comenzamos y firmamos cuando quieras”, respondió el expresidente de la SEPI.

La magistrada de Vitoria Cristina Rodríguez Ruiz, conocida en el pasado por ser una de las instructoras de la procelosa investigación penal de las denuncias de filtraciones en las oposiones médicas de Osakidetza de 2018, ha desestimado la pretensión de los descencientes de una mujer fallecida en 1979, Eulalia Virginia Sáez de Ormijana, de anular la herencia por la cual la casa de la finada es ahora propiedad del Ayuntamiento. Doña Virginia, como era conocida, cedió Florida, 28 al hospicio municipal para fines sociales y, además, fijó como condición que se hicieran 108 misas anuales a perpetuidad en su memoria con cargo a las arcas públicas, extremo que no se ha cumplido.

Rodríguez Ruiz, titular de la plaza 3 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Vitoria, dictó el 17 de junio un fallo desestimatorio de un pleito que ha adquirido cierta relevancia pública porque el Ayuntamiento lleva años intentando vender el inmueble para sus planes urbanísticos. Está ubicado en pleno centro de la capital. El último inquilino de los alquileres municipales, ante la amenaza de desahucio, rescató las voluntades de Doña Virginia y constató que había un incumplimiento flagrante de la petición clara y rotunda de que hubiera 108 misas anuales. Después, los descendientes de la propietaria se agruparon y entendieron que, si no se habían cumplido las condiciones que se fijaron, debería quedar anulada la tranmisión de la propiedad y debería regresar a la familia. Así lo solicitaron en los tribunales.

Argumenta la magistrada que hay que diferenciar en una herencia las condiciones que hacen que no se pueda firmar el cambio de titularidad de un bien, en este caso un inmueble, de las “cargas” que ha de asumir el nuevo propietario. “Abona esta tesis el hecho de que la obligación parece impuesta a perpetuidad, de manera que, si considerásemos que es una condición, el instituido nunca adquiriría la cualidad de heredero, puesto que nunca terminaría de cumplir la condición. Es por ello por lo que debe entenderse que la disposición testamentaria es una carga modal, una obligación que se impone al instituído heredero, y cuyo incumplimiento no conlleva que deje de ser heredero, sino que se podrá exigir su cumplimiento por los interesados”, expone Rodríguez Ruiz.

Abunda que ni siquiera habría que debatir si se hicieron o no algunas misas, como alegó en su día el Ayuntamiento para dar por buena su titularidad. O que se dispusiera en su momento una cantidad económica para comprar una suerte de bula para evitar la obligación. “El incumplimiento de la obligación de ofrecer misas no conlleva la consecuencia patrocinada por los codemandantes, esto es, la nulidad de la institución de heredero y la apertura de la sucesión intestada, ni tampoco su anulabilidad. Y ello con independencia de que se haya incumplido manifiestamente tal obligación, o se haya cumplido de forma defectuosa o parcial, elementos sobre los que no se entrará a debatir, dada su intrascendencia para el conocimiento del fondo de la cuestión. Tampoco afecta a la validez de la institución de heredero el hecho de que la demandada tuviera la intención de incumplir esa obligación impuesta, incluso antes de aceptar la herencia, quedando tal extremo dentro de su esfera ética privada, donde debe igualmente quedar la acción de los demandantes, intentando preservar la voluntad de la causante 40 años después de la apertura del testamento”, manifiesta la magistrada, dando a entender que los herederos han mostrado ahora un interés económico que nunca antes tuvieron.

El fallo analiza también la situación del último inquilino, pero lo hace cambiándole el nombre constantemente. La sentencia insiste en referirse a un “José Luis” en al menos cinco ocasiones a lo largo de la resolución, una persona inexistente. No es firme la sentencia y, por lo tanto, cabe recurso ante la Audiencia Provincial. Las partes perdedoras en primera instancia confirman a este periódico que mantendrán la batalla judicial por Florida, 28. El Ayuntamiento ha intentado alegar que el asunto estaba prescrito o que los demandantes no estarían legitimados para pleitear, pero la magistrada entiende que una “nulidad radical” de una herencia, que es lo que se discute, nunca prescribe y tampoco ve problema en que los herederos de Doña Virginia y el inquilino puedan recurrirlo, más allá de que no les dé la razón. Es más, les afea que nunca hasta ahora “han manifestado ninguna preocupación por la memoria espiritual de la causante”.

“Tenía miedo. Me sentía en una cárcel. Me sentía una mierda”, cuenta una arpista sobre los episodios de vejaciones, humillaciones y maltrato sufridos en las clases de la profesora C.I. en el centro superior público Musikene de Donostia. “Me tiró las partituras a la cara”, añade otra exestudiante. “Ella no era dura. Era cruel”, apostilla una exalumna más de C.I., en este caso del conservatorio Rueil-Malmaison de París, donde también hay menores de edad en las aulas.

Tras quince meses de investigación, elDiario.es/Euskadi ha reunido once testimonios que denuncian los abusos en sus estudios especializados de arpa. Se ha protegido la identidad de todos ellos, hombres y mujeres de diferentes nacionalidades. Los relatos han sido verificados con otros testigos de su entorno y con documentación escrita. 

La dirección de Musikene, inicialmente, explicó que C.I. es la profesora mejor valorada de los estudios de arpa. Otras fuentes avisan de la existencia de una “campaña” contra la docente. La aludida, por el contrario, ha declinado hacer comentarios. Después de la primera entrega de estas denuncias, el centro público emitió un comunicado asegurando que analizará los posibles casos “con detenimiento” e invitando a que los afectados les hagan llegar sus consideraciones directamente. Éste es un resumen de las once entrevistas con los denunciantes:

Alumno 1 de Musikene

“Hay como una ley del silencio. Todos hemos pasado por lo mismo”, relata un exestudiante de Musikene. En su caso concreto, asegura que la pesadilla se produjo en el tercer año, cuando a la profesora “se le fue la cabeza totalmente”, y siente que tragó demasiado, que pasó más de lo razonable “por el aro”. Otros compañeros sí fueron más combativos, hasta el punto de entregar una carta a la dirección del centro. ¿Por qué? Porque todos sin excepciones vivieron situaciones similares, incluso en un caso de “clase tras clase llorando”.

“El arpa no me hacía feliz. Decidí cambiar mi rumbo”, abunda sobre su periplo vital tras dejar Musikene. Se fue al extranjero, al norte de Europa. Con los años, ha vuelto a tocar el instrumento. Ha sacado una oposición en un organismo público. Y han desaparecido las lesiones físicas. “Ahora, con otra profesora, he cambiado muchas cosas. Ella misma reconoce que la técnica le ha generado lesiones”, expone.

Este exestudiante describe como “convento” su periplo en Musikene. “No tuve pareja ni relaciones. Seguimos teniendo secuelas de esos cuatro años. Me encantaría sentarme con ella y hablarlo ahora como adulto y no como el niño que llegó a San Sebastián”, concluye.

Alumno 2 de Musikene

Este alumno fue el autor de la queja por escrito de 2024 sobre la profesora C.I. y sus métodos. “Sí, la carta existió”, confirma sobre la autenticidad del documento. En ella, igualmente, describe haber visto “llorar” a “cada uno” de los arpistas estudiantes de Musikene por el trato recibido.

Este exestudiante, originario de otro continente, ha dejado la música. Pero sigue viviendo en Donostia para recuperar la inversión que le supuso dejar su país natal para poder desplazarse a Europa a continuar con su formación. Fueron miles de euros.

En su misiva, describía claramente las situaciones vividas. “He llegado a experimentar algo que nunca había sentido en mi vida musical: el odio hacia mi instrumento”, escribió. La carta, textualmente, se cierra pidiendo que no sea interpretada como una “queja” al uso sino como un “aviso” para “cuidar a los estudiantes”. ¿Qué ocurrió con ella? Nunca recibió respuesta y su cuenta de correo electrónico corporativo fue eliminada, según indica.

Alumna 3 de Musikene

“No conozco a nadie que lo pasara bien. He vivido acoso y abuso. Mi único objetivo allí era sobrevivir”, relata una estudiante francesa sobre sus años en Musikene, iniciados hace ya más de una década. “Tenía miedo. Me sentía en una cárcel. Me sentía una mierda”, agrega. El suyo, a nivel médico, es quizás el caso más grave de todos.

La exalumna expone que la relación se inició con “cercanía”, la que da también el idioma común. Eso incluyó viajes o actividades fuera del aula, incluidas estancias en la casa de la profesora. “Sí, cuando lo pienso ahora lo veo raro. Ella tenía que haber puesto límites a la relación”, asume. ¿Por qué? Porque “es un peligro”. La profesora C.I. es “dominación” y “manipulación”, es “gritar” y “hablar mal”.

Llegó a estar “muy mal” en Donostia. Firmó también un escrito conjunto de protesta por este motivo. “Me llevé bien con ella durante dos años, porque tenía interés en mí. Pero hubo un momento en que no le interesé más. Tuve que ir a terapia cada semana. Tuve crisis de angustia. Nunca en mi vida he vivido algo así. ¿Qué te hace? Es muy difícil de explicar. Sentía que yo estaba loca. Quería tener un poder total sobre nuestra vida. Si queríamos sobrevivir, había que mentir”, continúa.

¿Y después? “Después de mi concierto final, corté toda relación con ella. Intentó tomar contacto conmigo, pero he cortado todo. Todo el mundo lo pasaba mal. Siempre lo hablábamos entre nosotros. El centro y otros profesores sabían lo que había”, indica. De su pasado en Donostia se queda también con algo positivo: una llamada a un amigo de las arpistas cuando “estaba muy débil” y sola hizo que la recogiera, que la llevara a su casa y que pudiera recuperarse de ese ataque de ansiedad.

Tuve que ir a terapia cada semana. Tuve crisis de angustia. Nunca en mi vida he vivido algo así. ¿Qué te hace? Es muy difícil de explicar. Sentía que yo estaba loca

Alumna 1 de París

Esta exestudiante coincidió con C.I. en Rueil-Malmaison y no en Donostia, pero sus vivencias son extremadamente similares. ¿Por qué acabó en Francia? No logró plaza en Musikene y su interés en trabajar con esa profesora en concreto le llevó a buscar una alternativa en París. “Mi experiencia desde el principio con ella puede calificarse como angustiosa, o excesivamente estresante”, resume. 

A esta arpista le habían dicho que C.I. era una profesora “dura”, pero que aprendería “mucho” con ella. “Si es dura, puedo soportarlo. Soy fuerte y tengo disciplina”, se dijo al comienzo. Pero no. “Ella no era dura. Era cruel”, lamenta. Conforme avanzaba el curso, sentía que cada sesión era un “examen”. Hacía “competir” a los alumnos entre sí por su aprobación. Vinieron episodios “degradantes” y “crueles”, incluso desde el punto de vista físico. “Marcaba el tempo con la mano abierta en la espalda a veces. Lo hacía con más fuerza de la necesaria. Era algo más que marcar”, relata. Necesitó pastillas para dormir, porque era “incapaz” de conciliar el sueño en víspera de las clases. 

Ella vio también a “todos” sus compañeros de París llorar en las clases o a la salida. Con un matiz, en Rueil-Malmaison son admitidos también alumnos menores de edad. “Un día había una niña de unos 12-13 años terminando su clase con C.I.. Estaba regañándola de una forma tan cruel y despiadada que la muchacha estaba padeciendo un ataque de ansiedad. No paraba de llorar mientras le decía cosas como que sus padres se estaban gastando el dinero mientras hacía un trabajo mediocre, de mierda. Me metí en medio para que la dejara en paz”, recuerda.

En su caso, cambió de profesora en París: “No podía seguir”. Lo llamativo es que, cuando C.I. se enteró, llamó a su nueva profesora y, estando ella delante en una sesión, le alertó de que no la aceptara porque era “problemática”. Sus amigos de Musikene le refirieron también quejas por las situaciones que estaban viviendo allí al mismo tiempo. Aunque ahora es una artista de prestigio, asegura que sigue teniendo secuelas.

Alumna 4 de Musikene

Durante este año académico que ahora acaba, el 2025/2026, una estudiante de segundo curso ha decidido abandonar sus estudios por sus diferencias con la profesora C.I.. Esta joven llegó a Musikene después de que la profesora la animara a presentarse y le transmitiera que la recibiría “con los brazos abiertos”. Sin embargo, sostiene que con el tiempo se encontró atrapada en una dinámica que le generó un profundo desgaste emocional. 

“Parece que espera que le leas la mente”, resume. Según relata, las indicaciones cambiaban constantemente y nunca conseguía encontrar la respuesta correcta. “Nos reprochaba que no tomáramos decisiones, pero cuando las tomábamos nunca eran las correctas”, comparte. “La gente le tiene miedo y siente que hablar no sirve de nada”, por lo que simplemente “le siguen la corriente”.

Uno de los episodios que más le marcó se produjo en 2025, durante su primer curso y cuando se ausentó durante dos semanas para viajar a Japón a visitar a su abuela, a quien le diagnosticaran una enfermedad terminal. “Me dijo que no debía estar triste porque es normal perder a los abuelos a esa edad y que utilizara esa energía para estudiar mejor”, relata. Meses después, cuando finalmente falleció, volvió a recibir reproches por mostrarse afectada. Más recientemente, también le ha criticado “irse de fiesta”.

La acumulación de conflictos desembocó, según relata, en una crisis de ansiedad a finales de marzo de 2026. “Me di cuenta de que no podía soportar dos años más así”, explica. Considera que Musikene ha minimizado sus quejas. En realidad, no ha dejado el centro, solamente las clases con la profesora C.I..

Alumno 5 de Musikene

Un estudiante relata haber llegado a Musikene después de conocer a C.I. en una ‘masterclass’ en la que le animó a presentarse a las pruebas de acceso. Finalmente, ingresó al lograr una de las plazas disponibles después de que uno de los elegidos optara por continuar sus estudios en otro conservatorio. Durante su primer año, el estudiante reconoce que convivió con un fuerte síndrome del impostor y que depositó una gran confianza en la profesora. Sin embargo, con el tiempo decidió limitar esa cercanía al considerar que algunas dinámicas no eran saludables. 

“Ahora me siento cómodo con la cantidad de confianza que le doy”, resume. A diferencia de otros testimonios, su valoración de C.I. está llena de matices. “Mi relación con ella es una escala de grises”, ironiza. Por un lado, destaca su nivel artístico y asegura admirar profundamente su capacidad musical. Por otro, considera que sus habilidades pedagógicas son “pobres” y cuestiona especialmente su forma de relacionarse con el alumnado. Según relata, fue testigo de “intentos fallidos” de humillar a estudiantes mediante comparaciones con otras compañeras de arpa.

El estudiante convive desde antes de entrar en Musikene con problemas de depresión y ansiedad, por los que recibe seguimiento psicológico y psiquiátrico. Explica que durante su primer curso atravesó una etapa especialmente complicada y que llegó a llorar con frecuencia en clase. En ese contexto, recuerda que la profesora le sugirió en varias ocasiones retomar o reforzar la atención psicológica. Durante el segundo curso sufrió además el fallecimiento de un familiar y la pérdida de un amigo por suicidio, circunstancias que agravaron notablemente su estado anímico y obligaron a aumentar su medicación antidepresiva. Aunque actualmente asegura encontrarse mejor, considera que el entorno académico no siempre contribuyó a facilitar la gestión de esos momentos difíciles.

Alumna 6 de Musikene

Esta estudiante de segundo año de arpa llegó a Musikene atraída por la excelencia y el prestigio que rodeaba a C.I.. Aunque conocía su fama de ser una docente “exigente y dura” 一y que algunas personas le habían desaconsejado ir一, se convenció de que era lo suficientemente fuerte para lidiar con el conflicto. Sin embargo, la realidad superó sus expectativas iniciales: “Una cosa es saber que alguien es duro y otra muy distinta es vivirlo”. Pronto comprendió que los lazos entre los alumnos se forjaban en torno al “sufrimiento y la incomprensión” derivados de la “personalidad errática” de la profesora.

La alumna describe una cotidianidad marcada por la agresividad física y verbal. En una ocasión, ante una mala posición, C.I. le agarró la mano y se la “tiró” contra el banco con tal fuerza que le causó un moratón. “Es extraño que pueda ser tan brusca cuando nuestras manos son tan valiosas”, lamenta la alumna. Los insultos también eran frecuentes. Recuerda cómo en una clase el tono cambió drásticamente cuando la profesora le soltó: “Tú tienes un sonido de mierda; tocas como una mierda”. Esto que sintió como violencia psicológica la llevaba a acudir a las sesiones con un nudo en el estómago que se manifestaba desde la víspera.

La testigo ha presenciado también el maltrato hacia sus compañeros. Relata cómo una de sus compañeras, que atravesaba un duelo familiar, era humillada públicamente mientras C.I. criticaba sus errores en voz alta ante los demás estudiantes durante una audición. El ambiente es tal que muchos alumnos lloran semanalmente o son expulsados de clase bajo amenazas constantes, relata.

El control de C.I. se extendía fuera del aula, explica la estudiante. Intentaba vetar la participación de la alumna en orquestas a las que quería presentarse. La profesora le ha advertido en reiteradas ocasiones de que, si no confía “ciegamente” en ella, “arruinaría su carrera”. 

Cuando la estudiante y su compañera intentaron buscar amparo en la dirección del centro, se toparon con lo que describe como una “torre de cristal negro”. Según relata, los responsables administrativos restaron importancia a los hechos denunciados, justificándolas como parte de la “exigencia” académica y alegando que a C.I. simplemente le costaba “gestionar sus emociones”. Al finalizar este último curso académico, la profesora le comunicó que no tenía nivel para pasar al siguiente y le instó a elegir entre cambiar de centro o repetir el año “aislada de todo” para dedicarse exclusivamente a su asignatura. 

Tú tienes un sonido de mierda; tocas como una mierda

Alumna 7 de Musikene

Una exalumna de Musikene, ya en la cuarentena, conoció a C.I. en 2011. Su último año en el centro fue el primero de la profesora. La incorporación fue el inicio de una etapa especialmente dificultosa. Recuerda una relación marcada por la distancia y la frialdad en el trato. 

La exestudiante describe un estilo pedagógico que considera invasivo en el ámbito personal y poco respetuoso con los límites entre una docente y su alumnado. Afirma que la profesora intentaba implicarse de forma excesiva en la vida privada de los estudiantes y que ejercía un control constante sobre su trabajo. En su relato, menciona el envío frecuente de mensajes a cualquier hora, incluidos fines de semana y noches, con recordatorios sobre el estudio y las obligaciones académicas. “No permitía descansar”, resume. También señala que percibía una dinámica de manipulación, especialmente hacia el alumnado más joven, lo que le generaba preocupación.

Durante ese mismo curso, la alumna atravesó una situación personal delicada, ya que su padre enfermó gravemente y falleció a lo largo del año. Relata que este contexto afectó de forma significativa a su rendimiento y a su participación en actividades académicas, incluido un recital que no pudo presentar en condiciones óptimas. Según su testimonio, la respuesta institucional y docente no fue de apoyo, y afirma que no sintió acompañamiento ni defensa en ese momento. Tras esa experiencia, decidió alejarse completamente del entorno de Musikene y no ha regresado desde entonces.

La exalumna afirma que le sorprende que C.I. continúe ejerciendo la docencia tantos años después y considera comprensible la existencia de “quejas” sobre su “metodología”. Actualmente, la exestudiante es profesora de arpa en un conservatorio de otra comunidad autónoma de España y no recomienda a sus propios estudiantes formarse en Musikene.

Alumna 8 de Musikene

Esta antigua estudiante guarda un recuerdo doloroso de su paso por la clase de C.I.. Su experiencia fue “muy mala” y supuso el fin de su trayectoria musical. Las exigencias de la docente resultaban inalcanzables. C.I. demandaba entre cinco y ocho horas de práctica diaria y se negaba a escuchar cualquier explicación sobre la carga lectiva de otras asignaturas, sentenciando que la joven “nunca” trabajaba lo suficiente.

La dinámica dentro del aula se basaba en sufrir “humillación” constante. Según relata la exestudiante, la profesora le repetía sistemáticamente que carecía del nivel necesario y llegaba a manifestar su desprecio mediante actos físicos, como “tirarle las partituras en la cara” durante las sesiones. La flexibilidad ante problemas de salud era inexistente. Recuerda que se veía obligada a seguir trabajando incluso sufriendo de tendinitis.

Más allá de lo estrictamente académico, la relación estaba condicionada por intereses personales de la profesora hacia ella. Siempre se le asignaba el último turno de clase de la jornada, pero no por criterios pedagógicos. Era por una cuestión de logística privada: la joven debía llevar a C.I. al aeropuerto de Biarritz (a 52 kilómetros) justo después de terminar la sesión. Este ‘servicio’ de transporte se convirtió en una rutina impuesta.

El desenlace de esta etapa llegó de forma tajante cuando C.I. decidió que no quería seguir dándole clase, alegando que continuar con su formación era “perder el tiempo” y que sus esfuerzos “no servían de nada”. Esto tuvo un efecto devastador en la vocación de la arpista. “Dejé la música”, resume.

Alumna 9 de Musikene

A través de un testimonio indirecto, una estudiante de máster describe la atmósfera en la clase de C.I. como un entorno donde la incomodidad es la norma. Menciona, por ejemplo, la metodología de evaluación. Cuenta que obligaba a las alumnas a sentarse en círculo para señalar aspectos positivos y negativos de sus compañeros ante todo el grupo, llegando a momentos “un poco violentos”, especialmente para los estudiantes de primer año.

La tensión entre la exalumna y C.I. escaló tras un conflicto relacionado con una beca que necesitaba para costear su matrícula. C.I. le impuso interpretar una obra en específico y desdeñó sus peticiones para cambiar el repertorio. Tras ganar la beca tocando la pieza de su elección, la profesora le realizó un comentario despectivo delante de toda la clase. No era la primera vez que cuestionaba sus méritos: había llegado a decir anteriormente que no entendía por qué le daban ciertos reconocimientos.

El episodio más grave para la exalumna ocurrió cuando C.I. lanzó una advertencia directa sobre su futuro académico tras el incidente del repertorio. Delante de otros, la docente le comentó: “Tú verás, porque al final tienes que aprobar el máster y ya veremos si lo apruebas”. Para la estudiante, estas palabras no fueron un consejo pedagógico, sino una “amenaza” clara y una forma de “humillación” pública.

Según la exalumna, el trato degradante es “algo constante” que C.I. lleva ejerciendo durante años con diferentes alumnos. Describe la situación como un “machaque” psicológico que ha tenido consecuencias devastadoras. Asegura conocer casos de personas que ya no tocan el instrumento debido a los problemas sufridos con esta docente: “Hay gente que lo está pasando fatal”. Las clases de arpa tienen un ambiente “peligroso” para la salud mental. Y critica la pasividad de la dirección de Musikene por algo que “lleva pasando desde hace mogollón de tiempo”.

Alumna 10 de Musikene

Esta exalumna de Musikene se graduó en 2012 y conoció a C.I. durante sus últimos años. Su primera impresión fue positiva. Afirma que la relación pedagógica inicial resultó motivadora y que llegó a sentirse respaldada en su formación musical. Tras finalizar el grado, decidió continuar formándose con ella en París, prolongando un vínculo que fue evolucionando hacia una relación de amistad.

Según su relato, la dinámica con la profesora se volvió progresivamente inestable. Describe un patrón de comportamientos cambiantes. Alternaba el reconocimiento del trabajo con críticas muy duras. “Un día me aplaudía y al siguiente me destrozaba”, explica. 

El deterioro definitivo, según explica, se produjo en 2019, durante la preparación de un concierto conjunto. La situación se tensó a raíz de un encuentro en casa de la docente al que la exalumna acudió tras un largo desplazamiento. A través de correo electrónico, se le advertía de posibles acciones legales si se repetía un conflicto personal que tuvieron. 

Ese concierto se celebró y fue un episodio de “alta tensión emocional”. Afirma haber sufrido un ataque de ansiedad durante los ensayos y, según su testimonio, C.I. reaccionó desde la incomprensión y la burla. “Se reía mientras yo estaba derrumbada”, sostiene. Tras ese episodio decidió cortar definitivamente la relación y no volvió a tener contacto con ella. Actualmente trabaja como concertista especializada en arpas antiguas, pero asegura que aquella experiencia le “marcó”.

Lleva pasando desde hace mogollón de tiempo

Si tienes alguna información adicional sobre este caso o quieres denunciar cualquier situación similar, puedes enviar un mensaje al canal confidencial pistas.euskadi@eldiario.es. Eskerrik asko!

Musikene, centro superior de enseñanza musical adscrito al Gobierno vasco, anuncia que “investigará con detenimiento” las denuncias de una decena de alumnos y exalumnos del aula de arpa, que apuntan en un reportaje de este periódico que han sufrido de vejaciones, humillaciones o incluso lesiones físicas por parte de una profesora, que responde a las siglas C.I. Pide también que los posibles afectados contacten con el centro para analizar su caso, aunque recuerda que la docente tiene “presunción de inocencia”.

“Musikene reitera su compromiso con el bienestar de su comunidad educativa, y por ello, analizará e investigará con detenimiento las informaciones publicadas”, ha señalado el centro, con sede en Donostia, como primera reacción. El comunicado ya no recoge la versión inicial facilitada a este periódico antes de la publicación, en la que se insistía que la profesora señalada era la más valorada de la carrera de arpa, pero sí que en las recientes reuniones sobre los problemas en esa especialidad se planteara este asunto.

“Ante cualquier queja presentada por parte del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa empleando los cauces formales establecidos para ello, Musikene investiga siempre a fondo los hechos, contrasta su veracidad con las personas afectadas y cuando procede, aplica de inmediato las medidas oportunas. La dirección de Musikene ha mantenido varias reuniones con el alumnado del aula de arpa, en las que se han tratado diversas cuestiones, como la coordinación docente, el funcionamiento de las diferentes asignaturas y actividades, la existencia o no de dolencias físicas y el ambiente general del aula. La última reunión con el alumnado de arpa se celebró hace escasamente tres semanas, y en ella no se trasladó a la dirección ninguna información de este tipo”, se indica en la nota.

Y se agrega: “En cualquier caso, la dirección desea trasladar a cualquier persona que haya podido verse afectada que contará con toda la atención del centro, para lo que ruega se pongan en contacto por medio de los cauces que tiene a disposición el centro. Musikene manifiesta su máximo respeto hacia todas las personas implicadas y recuerda la necesidad de preservar tanto los derechos de quienes han formulado los testimonios como la presunción de inocencia de cualquier persona a la que se atribuyan los hechos objeto de las informaciones publicadas”.

La revisión de las notas del examen de euskera de la Selectividad, que tanta controversia generaron sobre todo en centros concertados del modelo A -el que tiene como lengua vehicular el castellano- del entorno de Bilbao por una acumulación de ceros, ha estimado que en alrededor un 80% de los casos la nota puede subir algo y no ser un “cero absoluto”, pero no más de dos puntos. Es decir, seguirá siendo un suspenso claro. Las calificaciones “apenas experimentarán variaciones relevantes”, ha señalado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea. “En la mayoría de los casos las notas no han experimentado incrementos significativos y han permanecido próximas al cero. Como consecuencia, la distribución general de las calificaciones apenas ha registrado cambios relevantes”, ha añadido la Universidad.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Vitoria en la que aún no ha facilitado todos los datos de las revisiones solicitadas en toda la comunidad autónoma por 4.223 estudiantes y sobre 8.127 pruebas de todas las asignaturas, Bengoetxea ha puesto en valor las garantías del proceso de corrección de la prueba ahora conocida como PAU. Ha pedido no trasladar la idea de que se ha producido “arbitrariedad” contra determinados colectivos. “Las calificaciones no pueden determinarse por la presión social, política y mediática”, ha insistido.

Con la nueva corrección, inicialmente se hablaba de 168 ceros totales y de que se ha bajado a 110. Pero el dato queda superado solamente por el caso concreto del tribunal de la discordia de Bilbao, donde de 76 se han quedado en 11, más allá de que se mantengan notas muy bajas. 876 estudiantes -de todas las asignaturas- han visto mejorada su nota y a 442 se les ha bajado. Solamente si la variación entre la primera y la segunda nota es de más de dos puntos se activa de oficio una tercera y definitiva evaluación para fijar la nota. En el caso del euskera, solamente afectaría al entorno del 20%, siempre a falta de los datos definitivos. El rector ha añadido que también se han reclamado 1.193 notas del examen de castellano y 1.137 del de inglés, no tan alejado de los 1.778 de euskera.

¿Qué ha sucedido? Según el rector, la posibilidad de reducir hasta dos puntos por errores ortográficos, gramaticales o de “coherencia” puede ser una explicación. Podría darse el caso de tener una calificación de 1,9 que se quede en nada por la concatenación de fallos, ha manifestado el rector. “Lo que queremos decir es que, hacer cierto tipo de lecturas sobre el proceso, creemos que puede perjudicar a todos los implicados. Tenemos que ser serios. Conocer el proceso y el rigor que implica. Hacer las lecturas antes...”, ha planteado Bengoetxea, a quien convocaron a una reunión de “urgencia” la pasada semana por estos casos los consejeros de Educación, Begoña Pedrosa, y de Universidad, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

Ha pedido también que se destierre ese “discurso” que ha calado en la sociedad de que “es muy difícil” sacar un cero solamente con presentarse a una prueba de alto nivel académico. La ley vasca de Educación de 2023 obliga a acabar la etapa obligatoria -es decir, a los 16 años y no a los 18- con un nivel B2 en ambas lenguas oficiales independientemente del modelo en que se cursen los estudios.

El rector ha destacado el sistema de “garantías” para estudiantes y familias que hay detrás de las notas de Selectividad, y ha recordado que bebe de una normativa “estatal”. Igualmente, ha recordado que los tribunales no dependen de la EHU exclusivamente, sino que son compartidos con personal de los institutos de Bachillerato. En el caso de los tribunales correctores de euskera, el 75% procedían de las enseñanzas no universitarias.

Casi a la misma hora, en el Parlamento ha comparecido la consejera Pedrosa. Ha señalado que la preocupación por los resultados no era “infundada” porque los ceros se han concretado sobremanera en un tribunal. Casi un 50% fueron impuestos por un mismo corrector. Ha pedido que se analicen “con rigor absoluto” las reclamaciones y ha insistido en que es la EHU la que coordina el proceso. “El Gobierno vasco no corrige exámenes, pero sí exige garantías”, ha añadido Pedrosa.

Ha planteado varias “líneas de mejora” de cara a años venideros. Son cuatro, mejorar la “comunicación interinstitucional” por la falta de “rapidez, formalidad y precisión” de este 2026, hacer pública la composición de los tribunales, distribuir el alumnado para que no se concentre un grupo del mismo origen en las mismas manos y evitar así interpretaciones de “desigualdad” y, finalmente, un reglamento más preciso. “La PAU debe ser una prueba exigente, pero también transparente”, ha zanjado.

Este conflicto es uno más de los surgidos entre la Universidad y el Gobierno desde que Bengoetxea ganó las elecciones con una candidatura alternativa y alejada de las posiciones del PNV. Desde que llegó al cargo, han chocado por la financiación y por otros temas y nada hace prever que esas diferencias se vayan a reducir tras la controversia en torno a la Selectividad.

Euskadi arranca la semana y la temporada oficial de verano en alerta roja por temperaturas extremadamente altas. No es ya sólo que los picos máximos están superando los 40 en diferentes puntos, sino que las mínimas se han llegado a quedar en 27,9 grados en zonas del interior de Gipuzkoa como Berastegi. A las 8.00 horas, Bermeo alcanzaba ya 30 grados. A las 2.00 horas los termómetros en Zarautz marcaban 35.

“Las mínimas han sido muy altas. Es probable que mañana vuelvan a superar los 20 grados cenígrados en muchas zonas, sobre todo en el norte”, constata Euskalmet, la agencia meteorológica autonómica. Es ya el tercer mes con noches tropicales, ya que las primeras fueron en abril. Mayo ya fue un mes con valores inusualmente altos para la época del año. 2026 va camino de ser el año más caluroso desde que hay registros, superando los topes de 2023 y 2024.

A primera hora de este lunes, la Inspección de Trabajo ha informado de que ha enviado “comunicaciones” a 3.063 empresas para prevenirles de los riesgos laborales asociados a la meteorología extrema. “Con la llegada del verano, aumentan los riesgos laborales vinculados a la exposición prolongada al calor, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos de trabajo con elevadas temperaturas. Estas condiciones incrementan el estrés térmico y pueden provocar consecuencias graves para la salud, desde golpes de calor y deshidratación hasta, en situaciones extremas, la muerte”, expone este organismo, dependiente del área de Economía, Trabajo y Empleo del vicelehendakari Mikel Torres.

551 empresas de Álava, 1.576 de Bizkaia y 936 de Gipuzkoa han recibido los avisos de la Inspección de Trabajo. “Se recuerda a las empresas su obligación legal de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras en todos los aspectos relacionados con las condiciones de trabajo”, se incide. Se les plantea desde “reorganización de horarios para evitar las horas de mayor exposición” hasta el “refuerzo de pausas y descansos, la disponibilidad de agua potable, la habilitación de zonas de sombra o refrigeradas y la vigilancia específica de personas especialmente vulnerables”.

El Gobierno recalca que “el incumplimiento del deber de protección frente a estos riesgos puede constituir infracciones graves o muy graves en materia de seguridad y salud laboral”. Y “estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas de entre 2.451 y 49.180 euros en los casos graves, y de entre 49.181 y 983.736 euros en los muy graves”, advierte la Inspección de Trabajo.

El calor se está dejando sentir ya en los servicios públicos. Un ejemplo: la compañía municipal de autobuses de Vitoria, Tuvisa, ha avisado de que “algunos vehículos pueden sufrir fallos en los sistemas de aire acondicionado” y tener que ser retirados. “Cuando esto ocurre, y si no es posible sustituir el autobús por otro con el sistema plenamente operativo, el vehículo será retirado de servicio sin reemplazo. En estos casos, será necesario ajustar las frecuencias para garantizar la continuidad del servicio en toda la red”, ha informado el Ayuntamiento.

El Gobierno vasco ha activado la mesa de crisis de emergencias, el conocido como Labi y que se popularizó en la pandemia de la COVID-19. “El episodio de calor estará acompañado de temperaturas altas persistentes y riesgo de incendios forestales debido al viento de componente sur”, expone el Departamento de Seguridad. Los peores momentos serán entre las 12.00 y las 20.00 horas.

El calor ya se ha llevado por delante algunos eventos este fin de semana. Y no se descarta que pueda suponer también modificaciones en la programación de San Juan, una celebración muy extendida y que tiene en el fuego uno de sus elementos centrales. En Andoain, por ejemplo, se ha decidido ya no celebrar una tamborrada infantil y una comida popular para vecinos mayores de 80 años.