Una magistrada de Durango imputa a la exalcaldesa de Zaldibar de EH Bildu en una investigación por delitos urbanísticos

La magistrada de Durango Laura Yuste ha levantado el secreto de sumario de una investigación iniciada en 2024 y adelantada por este periódico en torno a presuntos delitos urbanísticos asociados al vertedero de Zaldibar, que acabó desplomándose con el resultado de un alud de 800.000 toneladas de residuos y dos trabajadores sepultados, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Es la mayor catástrofe ambiental de Euskadi en la época reciente. Apoyada en un informe de la Ertzaintza de 3.679 folios, la instructora ha decidido imputar a la exalcaldesa del municipio hasta 2018, Arantza Baigorri, de EH Bildu, a los arquitectos municipales Asier Salaberria y Hodei Zenikaonandia, y a la secretaria/interventora, Inmaculada Etxeandia. Asimismo, están investigados igualmente los responsables de Verter Recycling, la empresa gestora del recinto, el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria, así como los técnicos de la consultora Geyser HPC, Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo.

El derrumbe de Zaldibar se produjo en febrero de 2020, justo antes del confinamiento por la COVID-19. Los hechos se tradujeron en dos causas judiciales. Por un lado, se abrió un procedimiento por delito contra los trabajadores, un equivalente a un homicidio imprudente, en el que Barinaga, Bilbao y Etxebarria admitieron su negligencia en la gestión del vertedero. Indemnizaron con elevadas cantidades a las familias de las víctimas para evitar la cárcel. Este periódico publicó informes que probaban que la empresa conocía que días antes del suceso habían aparecido grietas y asentamientos. Por otro lado, en 2022 se inició una investigación por los presuntos delitos medioambientales asociados al suceso, una causa que no se ha cerrado a punto de cumplirse seis años de los hechos.

Fue en la tramitación esta pieza, en 2023, cuando se detectaron indicios de irregularidades urbanísticas en Zaldibar asociadas al vertedero. En su momento, el diario 'Berria' aludió a un informe que apuntaba que estaba autorizada una zona de 137.000 metros cuadrados en Eitzaga, la ladera donde se asentaba el recinto, pero indicaba que en realidad fueron 65.000 más. Allí se habrían acumulado irregularmente residuos y se levantaron instalaciones auxiliares para la gestión de la planta.

Esas diligencias se incoaron el 5 de febrero de 2024, cuatro años después del derrumbe. La Ertzantza, que actúa en este caso como Policía judicial, solicitó que las actuaciones se consideraran secretas para no comprometer su avance. La titular de la plaza 1 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Durango, la magistrada Yuste, accedió a conceder un mes, pero ese plazo se reveló como claramente insuficiente por la complejidad del asunto. Constan en el sumario hasta diez autos ampliando el secreto de sumario, que no se levantó hasta el año 2025.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, la unidad de delitos contra el medio ambiente de la Ertzaintza emitió un voluminoso informe en junio de 2025 con hasta veinte “conclusiones” de hechos presumiblemente relevantes desde el punto de vista penal. El documento tiene casi 4.000 páginas. Se da la circunstancia de que esta unidad especial de la Policía autonómica es exactamente la misma que está investigando las posibles irregularidades en torno al derribo del palacete protegido Irurak Bat de Getxo, un caso en el que han sido imputados tres concejales del PNV en el municipio vizcaíno. Es más, ante los planes del Departamento de Seguridad de cambiar la composición de este equipo, la Fiscalía levantó la voz y pidió expresamente que los dos agentes encargados de la causa de Zaldibar se quedaran y completaran su trabajo.

Ese atestado se incorporó al sumario en septiembre del pasado año, hace cuatro meses, y la Fiscalía presentó sus conclusiones en octubre, hace tres. Así las cosas, en un auto firmado en noviembre por la instructora y notificado a las partes justo antes de las vacaciones de Navidad, se ha acordado que la exalcaldesa de EH Bildu, los tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Zaldibar y el resto de imputados declaren los días 5, 6 y 7 de mayo de este año, una vez hayan podido conocer en detalle los hechos que describe la Policía en su extensísimo informe.

En el caso de Baigorri, está convocada el 5 de mayo a las 9.30 horas. Es la primera de los nueve investigados. Baigorri llegó a alcaldía en 2011, recién creada la coalición entonces llamada Bildu. Acabó con ocho legislaturas consecutivas, todas las de la democracia, de hegemonía del PNV en una localidad de Bizkaia pero pegada a Gipuzkoa, a Eibar. Reeditó el cargo en 2015, ya como EH Bildu, pero dejó el puesto en 2018, sin terminar el segundo mandato, por “motivos personales”. La relevó Eneritz Azpitarte, la actual alcaldesa. Eso sí, entre 2019 y 2023, aunque la formación abertzale había ganado también las municipales, un pacto entre PNV y PSE-EE posibilitó una mayoría alternativa. Fue entonces cuando se desplomó la planta de Verter Recycling.

La causa judicial se sigue por delitos previstos en los artículos 319 y 320 del Código Penal, relacionados con la prevaricación urbanística. En el caso de la exregidora, lo es por el segundo. En concreto, hace referencia a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio”. Es un delito castigado con inhabilitación, pero igualmente puede comportar cárcel -hasta cuatro años- y sanciones económicas.

No obstante, ya se ha acotado que todas las posibles irregularidades previas a 2015 no se castigarán. Se han dado por prescritas. En concreto, entre las páginas 1.071 y 1.170 de su informe, la Ertzaintza ofrece “conclusiones provisionales”. Son veinte apartados en total y la magistrada da por imposibles de investigar tres cuartas partes, es decir, quince de veinte.

Fuentes judiciales han explicado a este periódico que los letrados de los imputados están buscando la nulidad de las actuaciones, que ni siquiera tengan que declarar. Alegan que hay defectos procesales palmarios, básicamente incumplimiento de plazos. El margen ordinario de las investigaciones penales es de doce meses y las imputaciones llegaron mucho después. La magistrada, eso sí, ya responde en un auto que la identidad de los nuevos imputados, es decir, los cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Zaldibar, solamente se conoció tras recibir el atestado de la Policía judicial, de modo que los doce meses se empezarían a contar desde entonces, es decir, desde el verano de 2025. La última palabra será de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que tiene que resolver los recursos de las defensas de los imputados.