El PNV abre en Álava el debate sobre la expulsión de menores extranjeros tutelados con nueve propuestas en un año

El fin de semana, la Ertzaintza informó de que, en Vitoria, una pareja de jóvenes homosexuales, de origen extranjero, fueron víctimas de una agresión homófoba por parte de otro grupo de jóvenes, igualmente de origen extranjero. El debate, sin embargo, ha virado con el paso de los días hacia la posibilidad de expulsar de España a uno de los agresores, un menor de edad tutelado por la Diputación de Álava y que ya tenía antecedentes. En los últimos meses, son ya nueve los casos en que Álava, gobernada por el PNV, ha pedido esta medida al Gobierno central, que dirige la política de extranjería, aunque por el momento no se ha ejecutado ni una sola repatriación. Es algo que antes habían sugerido PP y Vox. Ni Bizkaia ni Gipuzkoa, con Ejecutivos forales del mismo color político, contemplan medidas similares, según han trasladado a este periódico. En paralelo, en Bilbao se celebra un juicio por otra agresión homófoba, cometida por personas autóctonas. Allí, los acusados están ejerciendo su derecho a la defensa.

En Euskadi, las competencias de protección de menores son forales y no autonómicas. Desde la Diputación de Álava, cuyo diputado de Políticas Sociales es el exalcalde de Vitoria Gorka Urtaran, exponen que la legislación española abre la puerta a esa posibilidad de las expulsiones. Aluden al artículo 35 de la ley de Extranjería del año 2000 y al 192 del decreto de 2011, que la desarrolla. En el segundo, se alude a que la Subdelegación del Gobierno en cada provincia podrá acordar “la incoación del procedimiento de repatriación del menor cuando, según las informaciones recibidas [...], se considere que el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios sociales de su país de origen”.

Aunque el debate ha tenido mucho más eco ahora, Urtaran lleva desde abril de 2025 con esta posición. Y tiene el respaldo del diputado general, Ramiro González, también del PNV. Desde abril hasta ahora, en once meses, se han formalizado ocho solicitudes de expulsión, además de la actual, que sería la novena. La subdelegada en Álava, Mar Dabán, solamente ha respondido a dos y con una denegación porque, en el entretanto, los menores habían perdido ya esa condición al cumplir los 18 años.

Son dos los supuestos en que Álava solicita el “retorno”. El primero son casos de “abandono del menor”, es decir, cuando hay “constatación fehaciente y comprobada de que los padres los traen por vía legal y los abandonan” para que sean atendidos en un centro público. Indican como ejemplo que la Policía Nacional arrestó en enero en el aeropuerto El Prat-Josep Tarradellas de Barcelona a un matrimonio que había abandonado a su hijo en Álava. “Para cuando se intentó requisar el móvil al menor para que no pudiera enterarse y proceder a la reunificación familiar, ya se había fugado del centro”, abundan las fuentes consultadas.

El segundo escenario tiene más que ver con lo ocurrido este fin de semana. Son supuestos “en los que se constatan situaciones de negativa a aceptar los recursos y apoyos puestos en marcha” en el proceso de tutela y de problemas conductuales graves. “Lo hacemos porque existe una absoluta falta de adaptación de este menor al recurso y a una sociedad que pretende ayudarle a integrarse”, explican desde Álava.

Fuentes de las áreas sociales tanto de la Diputación de Bizkaia como de la de Gipuzkoa, con responsables políticos del PNV, no han contemplado hasta ahora solicitar este mecanismo. El PNV también mantiene diferentes criterios internos con otro asunto relacionado con la política migratoria como es el de dar la nacionalidad de los arrestados. Lo está haciendo la Ertzaintza o la Policía de Donostia, pero no los cuerpos de Bilbao o Barakaldo. En Vitoria, el área de Seguridad está en manos del PNV, pero la alcaldesa del PSE-EE -“y jefa de Policía Local”-, Maider Etxebarria, ha descartado esta posibilidad.

El debate sobre las expulsiones de menores lo lanzó el líder del PP vasco, Javier de Andrés. Fue en marzo de 2025, cuando se discutía sobre la distribución en España de adolescentes africanos llegados a Canarias. De Andrés se agarró a la misma apoyatura legal, el artículo 35 del 2000. Rápidamente, el viceconsejero Xabier Legarreta, del PNV y responsable de Migraciones en el Gobierno vasco, calificó en X de “xenofobia pura” y “un asco” el planteamiento. El PSE-EE, socio de Gobierno del PNV en Álava, indica a este periódico que “no hay diferencias” en esta materia en el seno del Ejecutivo foral. “Se trata de procedimientos reglados de componente técnico. Se presentan, se valoran y se resuelven”, explican las fuentes consultadas. Desde la oposición de izquierdas, EH Bildu ha considerado “peligroso” que el PNV use la migración como arma “electoral cortoplacista”, según ha dicho Pello Otxandiano en EiTB.

Ikusgune y los casos de éxito en Bideberria

Ikusgune, el observatorio LGTBI+ de Vitoria, organizó una protesta contra la agresión homófoba este martes. Pero lamenta, asimismo, que se utilice ese contexto “para operar políticamente contra las personas migradas”. “Ante una agresión, la función de Ikusgune es estar del lado de las personas agredidas y apoyarlas en todo aquello que precisen. Pero también es observar el contexto que ha hecho posible la agresión y las consecuencias que esta deja”, indican.

“Según los datos que maneja Ikusgune y que publica anualmente en sus informes, el 46% de las incidencias LGTBI+fóbicas ocurren en el espacio público, algunas de ellas en contextos de ocio nocturno. La novedad en esta ocasión es que, por primera vez, el Departamento de Seguridad ha hecho público el origen de los agresores. La consecuencia ha sido la creación de un contexto de odio contra determinados colectivos. Incluso hemos observado cómo sectores conocidos y reconocidos por su LGTBI+fobia han abanderado la defensa de los derechos LGTBIQ+ para operar políticamente contra las personas migradas”, señalan.

Y añaden: “La LGTBI+fobia es una violencia estructural que emana de una norma cisheteropatriarcal. Es decir, toda persona que no encaja en esa rígida norma es susceptible de sufrir algún tipo de violencia, ya sea física, verbal o discriminatoria. Éste es el eje del problema, que nada tiene que ver ni con edades ni con orígenes. Este análisis, además, es compartido por el V Plan de Igualdad de la Diputación Foral de Álava, que incorpora también una perspectiva interseccional que obliga a analizar los diferentes ejes de opresión”.

Según este observatorio, “individualizar las violencias es una práctica que niega la estructuralidad” de agresiones como la de Vitoria e “impide abordarlas desde su raíz”. “Las declaraciones del diputado general van en esa dirección. No se trata de uno o varios individuos que tengan malas prácticas hacia las personas LGTBIQ+; se trata de un sistema entero que pretende borrar las vidas de las personas LGTBIQ+. Y es ahí donde, desde nuestra opinión, debería actuar la institución”, argumentan.

La Diputación de Álava, por el contrario, insiste en que estas propuestas de expulsión de España “no anulan el valor del modelo educativo” en los centros de menores del territorio. Y recalcan que Álava es mucho más solidaria que otras comunidades, como la vecina La Rioja. Insisten en que “la inmensa mayoría” de tutelados no suponen ningún tipo de problema. Bideberria ('nuevo camino', en euskera) es el principal recurso de la red foral. Está en el centro de Vitoria. Según la Diputación, “se centra en la emancipación e inclusión en la vida adulta a través de la autonomía” y destacan que “27 de los 34 jóvenes que salieron el año pasado del Bideberria por su mayoría de edad, tras pasar por el itinerario de emancipación”, lo hicieron “con trabajo”. Y la mayoría de los que no son porque llegan con 17 años y sin margen formativo. Piden también que se ponga en contexto la cifra de nueve propuestas de repatriación: en 2025 se atendió a 223 menores migrantes solos y, de ellos, 148 fueron nuevas llegadas.