El Gobierno vasco busca 774 amarres en tierra y en el litoral para cubrir la lista de espera en los puertos deportivos

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, que gestiona también la competencia de Puertos, ha anunciado este martes que para “finales” de 2026 estará listo el nuevo sistema de reparto de amarres en las instalaciones de gestión autonómica, que son 17. Han sido años de controversias y recursos judiciales, particularmente en Donostia, donde hasta tres sentencias judiciales han tumbado las últimas asignaciones, de 2021.

La sociedad autonómica EKP, que controla los puertos deportivos de titularidad autonómica, dispone de 3.343 plazas de amarre. La lista de espera es de 2.318 personas, aunque se ha hecho una “depuración” para conocer las necesidades reales. Se han enviado 2.221 cartas, 1.092 han respondido y se estima que es necesaria una ampliación de 774 'plazas de aparcamiento' para embarcaciones. La fórmula que se buscará es la denominada “marina seca”, es decir, habilitar espacios en tierra, y fondeos en zonas no portuarias aprovechando que desde 2025 el Gobierno vasco tiene también competencias sobre Costas y gestión del litoral.

Barredo, que entiende que el borrador del nuevo reglamento podría estar listo para finales de junio y aprobado antes de que acabe al año, confía en que el nuevo sistema sea menos “conflictivo” que el anterior, dado que se ha hecho tras reuniones con los amarristas y con los que están en lista de espera. Con todo, antes se tendrán que ejecutar las sentencias que anularon las adjudicaciones en Donostia y que apuntaban a que se modificaron los criterios durante el proceso, lo que generó perjuicios. La consejera ha prometido que será un proceso ordenado.

Entre los cambios ya confirmados, Barredo expone que habrá un nuevo cupo con entre un 40% y un 70% de plazas para personas del entorno del puerto, un ámbito que aún no se ha encontrado. Podría ser el municipio o incluso la comarca. Igualmente, como hay un volumen alto de amarristas mayores de 80 años, se evitará darles licencias de quince años y se buscarán fórmulas más cortas, de tres años ampliables hasta los cinco.

Las sentencias sobre los amarres se sumaron a otras controversias en torno a la sociedad EKP. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, indicó que nunca se habían sacado a concurso las compras de suministros como gasóleo, seguros o comunicaciones en los puertos de gestión autonómica, como ha ido publicando este periódico. Esas adjudicaciones directas han acumulado cientos de miles de euros. En paralelo, Barredo relevó a la que había sido directora de EKP durante más de una década, la dirigente del PNV guipuzcoano Edurne Egaña, aunque la recolocó como asesora.

Según Barredo, ya se han dado todas las “explicaciones” sobre la gestión de EKP. Cree que “las cosas se podían haber hecho mejor” pero que, en general, se han hecho “correctamente”. “No hay nada que criticar, aunque sí que mejorar”, ha dicho la consejera preguntada por los periodistas en relación a si es necesaria alguna autocrítica por la llevanza de EKP en los últimos años.

Euskadi tiene competencias en materia portuaria desde hace más de cuatro décadas, aunque recientemente se haya extendido en el debate público que es una transferencia “pendiente” del Estatuto de 1979. La comunidad autónoma gestiona las instalaciones que no son de “interés general”, es decir, todas salvo las de Bilbao y Pasaia. En estos casos, el Gobierno vasco propone a sus responsables, aunque forman parte de la red del Estado. El PNV demanda la retirada de la calificación de “interés general” de Pasaia para poderlo gestionar en su totalidad, pero el PSE-EE y el Gobierno central ya lo han rechazado.