Euskadi retocará por segunda vez en un año la ley de Cooperación para regular las inversiones en industrias armamentísticas

La ley de acompañamiento de los presupuestos de 2027, entregada ya por el Gobierno de Imanol Pradales al Parlamento Vasco, incluye una nueva modificación quirúgica de la normativa de Cooperación, la segunda en un año. En concreto, la disposición final tercera prevé ajustar el artículo décimo para comprometer que el Gobierno vasco, “en sus políticas públicas de fomento y promoción económica, no colaborará con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar que no se adecúen a los principios y los objetivos de la acción exterior de la Unión Europea”.

El asunto deriva precisamente de otra modificación legal metida en la ley de presupuestos de 2026 a través de una enmienda. El pasado año, PNV y PSE-EE, los socios de Gobierno, argumentaron que “la industria de alta tecnología y doble uso representa un porcentaje significativo del PIB industrial vasco” y, aparentemente, la normativa de Cooperación de 2024 “generaba una distorsión” para hacer determinadas inversiones, porque las vetaba al estar relacionadas con la industria armamentística. Se hablaba de 325 millones en riesgo.

Cuando este periódico informó de la enmienda, la Coordinadora de ONGD Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin denunciaron que PNV y PSE-EE operaron con “nocturnidad” para “permitir la colaboración y financiación de armamento o tecnología de uso militar”, siempre y cuando se encuadre dentro de la Estrategia Europea de Seguridad. Además, en verano trascendió que el Gobierno de Pedro Sánchez había anunciado su deseo de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de los presupuestos vascos de 2026 por ese motivo,.

La sangre no llegó al río y se convocó una comisión bilateral para negociar. Y, de hecho, se llegó a un acuerdo que es el que motiva la redacción actual incorporada a los presupuestos de 2027 y que entraría en vigor el 1 de enero. El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 17 de agosto y se indica que Euskadi debe ajustarse a la normativa estatal de Acción Exterior del Estado, así como a los marcos generales de la Unión Europea.

Los presupuestos vascos también incorporan otras modificaciones legislativas ya conocidas. Están relacionadas con políticas de vivienda. Como anunció el consejero del ramo, Denis Itxaso, se convertirán en permanentes las viviendas protegidas previas a 2003 en riesgo de quedar desclasificadas al cumplir treinta años. Esto únicamente se aplicará en zonas tensionadas, pero las tres capitales y los municipios más relevantes ya lo son. Más de un 50% de la población está cubierta. Asimismo, el Gobierno ganará capacidad para tutelar las compraventas de pisos de precios controlados, de modo que se puedan asignar conforme a criterios objetivos y se corte el fraude de los sobreprecios entre particulares. Finalmente, se contempla un retoque en la normativa de empleo público para hacer un ajuste sobre excedencias de los funcionarios.