La plantilla de Vicinay duda de que perder un pedido justifique 60 despidos y cargan contra la dirección y el Gobierno vasco

Los trabajadores de Vicinay han rechazado este viernes que la pérdida de un pedido lleve a la empresa a despedir a 60 trabajadores, casi la mitad de la planta de Sestao, y a un ERTE para el resto. Tras una manifestación en Bilbao, han cargado contra la dirección de la empresa y su “mala gestión”. Y también contra el Gobierno vasco, que ha contribuido con dinero público al rescate de la empresa y le han exigido “implicación” para que no haya recortes.

La dirección de la empresa anunció la pasada semana que se plantea despedir a 60 personas de una plantilla de 128, e iniciar un ERTE hasta el mes de julio para el resto. La justificación de la medida es la pérdida de un contrato importante con el que contaban para completar la carga de trabajo. En concreto, era un pedido para la empresa British Petroleum (BP), que se ha adjudicado a un competidor chino.

El presidente del comité de empresa, Víctor Salinas, ha leído un comunicado este viernes en el que se cuestiona que la pérdida de este pedido justifique los recortes, ya que sólo hubiera supuesto “aproximadamente tres meses de carga de trabajo”. “La pérdida de un pedido de esa duración no puede convertirse, sin una explicación más amplia y detallada de la situación productiva y comercial, en la justificación automática para despedir a 60 personas y aplicar un nuevo ERTE”, ha señalado.

Tras criticar la “mala gestión” por parte de la dirección de la empresa, ha cuestionado los objetivos “de la operación impulsada por Dámaso Quintana”, el presidente de Haizea Wind, que rescató la empresa que estaba en concurso de acreedores y al borde de la liquidación, con el apoyo del Gobierno vasco. Y ha apuntado que puede haber más interés en los terrenos sobre los que está la empresa que en mantener el proyecto industrial. “Son terrenos golosos, que visto la actividad que tiene el inversor que nos ha comprado, Dámaso Quintana, nos hace sospechar que igual le puede interesar más el terreno que la actividad de la empresa”, ha indicado. De lo contrario consideran que es “difícil entender cómo se ha llegado en tan poco tiempo a plantear 60 despidos y un nuevo ERTE hasta agosto de 2027”.

También ha reclamado “la implicación” del Gobierno vasco, a quien consideran “evidente responsable” en la “defensa del tejido industrial” tras la aportación de dinero público a la empresa. En concreto, el Gobierno vasco participó en la compra de la empresa con una inversión directa de 7,5 millones para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, sociedad holding de Dámaso Quintana que es la que posee el 100% de Vicinay. También entró en la operación Ekarpen, en el que el Gobierno vasco participa junto a Kutxabank, Mondragon Inversiones y las tres diputaciones forales.

En total, el comité ha cifrado en 15 millones de euros el dinero aportado por el Gobierno vasco para garantizar la viabilidad de la empresa. “A esta situación nos ha llevado la mala gestión, nunca el trabajo de los trabajadores de la empresa”, ha señalado, por lo que ha exigido que se proteja el empleo. “Es necesario conocer cuáles eran los objetivos de la operación, qué compromisos se asumieron y qué garantías existen para el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo”, piden.

Según han indicado desde el comité, la plantilla “lleva años soportando ERTE, largos periodos de inactividad y sacrificios económicos para contribuir al mantenimiento de la empresa”, y han recordado que la plantilla aceptó o “la congelación salarial para los años 2027 y 2028” para evitar la liquidación de la empresa. Por ello han anunciado su oposición rotunda al ERE y al ERTE cuya negociación empezará el día 9 de noviembre.