El terrorismo de ETA se diferencia del conjunto de los nacidos en la tercera ola por su longevidad, un rasgo que remite a su componente nacionalista, pero hay otros rasgos diferenciales. El organicismo -la caracterización del cuerpo político como un todo compacto y homogéneo- es fundamental en los credos nacionalistas. Para el caso del nacionalismo vasco, aunque nominalmente abarca al conjunto del territorio a ambos lados de los Pirineos, en la práctica el tratamiento analítico y las reivindicaciones nacionalistas se circunscriben muy mayoritariamente solo a España (ocurre lo mismo con el catalanismo). Puesto que las reivindicaciones del nacionalismo vasco radical (NVR) tienen que ver con el reconocimiento de sus particularidades en cuanto minoría nacional habría que esperar que las expresiones de agravio y descontento, incluida la más extrema de la violencia, guardarán alguna relación con los grados de reconocimiento identitario.

Sin embargo, resulta que “el conflicto más antiguo de Europa”, el nudo del “empate infinito”, a) no se expresa como terrorismo sino en la mitad del territorio: ETA no atentó en Francia ni permitió que lo hiciera Iparretarrak (contra el organicismo de la unidad y la homogeneidad); b), lo hace en una abrumadora proporción en un régimen de libertades, no durante el franquismo (contra el persistente uso del epíteto democrático para las propuestas del NVR); c) en el espacio que goza de mayor reconocimiento nacional ─autogobierno, status de la lengua, policía, tratamiento fiscal, gestión de prisiones, etc.─ (contra la tesis de la opresión colonial), d) donde es mayor el nivel de bienestar (contra las premisas izquierdistas) y e) no suscita ninguna pregunta a los defensores franceses de la causa vasca sobre el balance en su propio país: ¿cuál es su lehendakari, su policía autonómica, su nación foral...?

En la división territorial del trabajo la persistencia de ETA se explica tanto por una amplia base de apoyo en Euskadi y Navarra, en razón de su imprimación nacionalista, como por la existencia durante mucho tiempo de una retaguardia segura que servía de refugio para los terroristas guiados por los mugalaris y de negociado de cobro de la extorsión. Acabada la etapa de ‘santuario’ y desaparecidos los GAL, la suerte de ETA estaba echada. Sin embargo, las redes de acogida siguieron prestando apoyo a prófugos y presos (el núcleo del aparato de subsistencia de ETA fue detenido en Francia en mayo de 2013 y Josu Ternera disfruta hoy de una generosa hospitalidad).

Vencida ETA, se pone en marcha en la parte francesa una serie de iniciativas, encabezadas por artesanos de la paz, dirigidas a establecer un relato edulcorado del pasado reciente. Ese activismo se expresó en diversas dramaturgias, como el llamado desarme o la instalación en Bayona de un hacha arborescente, una escultura apologética de ETA y epítome del camuflaje del programa del NVR en el molde semántico de la paz, el diálogo, la convivencia y los derechos humanos. Lo particular de este colectivo, como de muchos medios, es que en su radar no cabe el terrorismo y, por tanto, no se conoce ninguna petición suya a los asesinos de enmienda o empatía hacía las víctimas (heridas, extorsionadas, perseguidas, exiliadas, traumatizadas...) y las familias (de las asesinadas). Su empeño se agota en “pasar página” y establecer “una nueva historia” que presente a ETA como una organización sedienta de paz y libertad y a sus líderes como réplicas de Mandela o Gandhi.

Esta disonancia territorial se resume en que las víctimas de ETA no existen -por tanto carecen de voz, al norte del Bidasoa- una afonía que contrasta con la megafonía y cobertura de los publicistas de los exterroristas inconfesos (no de los arrepentidos), incluidos sus padrinos siempre ‘internacionales’ (mediadores, observadores, verificadores, facilitadores...). El Bidasoa es la metáfora de un muro infranqueable para la memoria de las víctimas, y no solo de ellas: ni el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ni publicaciones de referencia como el Informe Foronda forman parte del paisaje.

Por eso es tan valiosa la iniciativa de desafiar el tabú que representó la celebración en Biarritz el 25 de noviembre de una jornada organizada por la Fundación Fernando Buesa con la colaboración de Covite y Gogoan, con participación de víctimas (de ETA y los GAL) y analistas, titulada “la voz de las víctimas del terrorismo y la construcción de su memoria”. Ninguna cobertura de los medios franceses y apenas testimonial de los políticos. La des-cobertura y una cierta atmósfera muestran la vigencia del tabú. Uno de los asistentes, tras dar cuenta de sus empeños para contrarrestar el discurso revisionista dominante, pidió que se eliminara su comentario de la grabación. El miedo, la autocensura y la espiral de silencio; la artesanía de la posverdad y los hechos alternativos, aseguran el eclipse total de las víctimas de ETA en la ribera gala del Bidasoa. En tiempos de memoria.

Los tambores de guerra en la frontera de Ucrania nos devuelven (a los mayores) a la pantalla oscura de la Guerra Fría. Merece la pena rescatar un episodio de ese periodo. En el Libro Guinness de los récords se lee: “Vesna Vulović, 23 años, azafata, cayó desde 10.160 metros en la cola de un DC9 que explotó encima de Česká Kamenice el 26 de febrero de 1972. Estuvo 27 días en coma y 16 meses en el hospital”. El dato necesita tres añadidos: 1) la azafata se recuperó por completo, aunque nunca recobró la memoria de lo ocurrido; 2) recibiría embelesada en 1985 el galardón de “superviviente a la mayor altura sin paracaídas” de manos de su ídolo Paul McCartney, y 3) en 2009 perdería esta condición, y no porque nadie hubiera caído desde más alto.

Se cumplen, pues, cincuenta años desde el terrible episodio que da pie a esta columna. El vuelo JAT 367, que cubría el trayecto entre Copenhague y Zagreb, explotó en el aire en territorio checoslovaco; de las 28 personas que lo ocupaban solo se salvó Vesna Vulović; y ese milagro fue utilizado como pantalla para lo demás. La versión oficial de las autoridades de Checoslovaquia y Yugoslavia aseguraba que la causa fue un maletín bomba atribuido a un grupo ultranacionalista croata de filiación ustacha (seguidores de Ante Pavelić, el dirigente coaligado con los nazis, exiliado en el Madrid de Franco y enterrado en la sacramental de San Isidro). Había piezas para la plausibilidad de la atribución, pero había también conveniencias.

La plausibilidad descansa en la realidad del ultranacionalismo croata, uno de los colectivos terroristas más activos durante la Guerra Fría, como muestra Mate Nikola Tokic en Croatian radical separatism and diaspora terrorism during the Cold War (2020). Compuesto por personas de la inmigración, operó en países repartidos por el planeta, de Australia a Estados Unidos, con un balance de 128 actuaciones entre 1962 y 1980 según los cálculos de Denis Pluchinsky; algunas tan sonadas como la ocupación de consulados en Suecia o Estados Unidos. El mismo día que explotó el DC-9, una bomba hirió a seis personas en un tren Viena-Zagreb. Entre los hechos más destacados figura el secuestro de dos aviones, uno sueco el mismo año 1972, después de asesinar en ese país al embajador yugoslavo en 1971,  y otro con alta resonancia retrospectiva, porque se produjo un 11 de septiembre en Nueva York, a la vez que estallaba una bomba en la Estación Central que mató a un policía. Un año después del golpe de Pinochet, otro 11 de septiembre. Los secuestradores obligaron a la tripulación y sus 92 pasajeros a dirigirse a París, donde se entregaron a las autoridades tras haber conseguido que cuatro cabeceras importantes publicaran sus manifiestos reivindicativos y miles de folletos fueran arrojados desde el aire en ciudades europeas y norteamericanas. El Manchester Journal Inquirer señala la satisfacción de los secuestradores por la publicidad conseguida en su denuncia de la ayuda que el gobierno de Estados Unidos prestaba a Tito, al que acusaban de llevar a cabo una represión brutal contra la población croata. Reivindicaban un estado independiente.

Para el lado de las conveniencias: la atribución interesaba a las autoridades yugoslavas, que vivían momentos difíciles por la represión de las movilizaciones de la “primavera croata”, que Tito, croata, vinculó con el nacionalismo ustacha, presionado también por los oficiales serbios. En diciembre de 1971 fueron obligados a dimitir los líderes de la Liga Comunista croata acusados de nacionalismo, lo que suscitó numerosas protestas estudiantiles. Se prohibió la sociedad cultural Matica Hrvatska y varios medios. Hubo purgas masivas en el partido y miles de detenciones. Asegura el eslavista Paul Garde que entre estas víctimas se reclutaría veinte años después el personal de la Croacia independiente, empezando por Franjo Tudjman, un admirador de Franco y del Valle de los Caídos. En ese contexto, cargar las muertes a los terroristas fascistas croatas venía bien a Tito. Pero también venía bien a las autoridades checas que habían cercado la zona impidiendo el acceso y justificado la tesis de la bomba mostrando un temporizador. Les interesaba enmascarar un error para lo que contaban con el beneplácito de las autoridades yugoslavas. Según Walter Laqueur (Una historia del terrorismo) existían vínculos entre la Unión Soviética y el movimiento terrorista croata.

Como es sabido, la Guerra Fría define la relación entre los dos bloques, occidental y oriental, capitalista y comunista, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Yugoslavia, pronto enfrentada a Stalin, ocupó un lugar protagonista en el Movimiento de Países No Alineados (MPNA), constituido formalmente en su primera conferencia celebrada en Belgrado. Esta condición habría provocado alguna respuesta, siquiera simbólica, de malestar ante el ataque a un avión civil. Es probable que consideraciones internas, como el cuestionamiento de su autoridad y el malestar de ciertos sectores que le afeaban una respuesta débil frente a las movilizaciones croatas, coadyuvara a dar por buena la versión oficial checoslovaca.  

Pero esta versión fue puesta en cuestión en 2009 por los periodistas Peter Hornung y Pavel Theiner, quienes, a partir de documentos desclasificados y algunas entrevistas, sugirieron que la causa del derribo no fue la bomba de la versión oficial sino los disparos de un MIG checo. Según estos periodistas, el DC9 habría perdido altura y se habría acercado a una instalación sensible con armas nucleares. Aducían también, que a la vez que volaba el JAT 367 lo hacía un aparato con el líder soviético Leónidas Brezhnev y el dirigente de la RDA Eric Honecker tras una conferencia en Praga (recuérdese, después de la “normalización” tras la primavera aplastada del 68). Los periodistas refieren el testimonio de algunos lugareños que declararon haber visto el avión en llamas pero entero debajo de las nubes, es decir, mucho más cerca que los 10.000 ms., antes de estallar; la reducida superficie que cubrieron los restos del aparato invitaba a pensar que la desintegración se habría producido a unos 800 metros. Esto impugnaba la versión oficial difundida.

El elemento portentoso de la supervivencia de la azafata tenía todos los ingredientes para saturar los focos de la atención y distraer de todo lo demás. Vesna se había convertido en una celebridad y en una heroína nacional. Los 27 muertos pasaron al olvido y los medios se interesaron por buscar explicaciones para ese portento ciertamente merecedor del Guinness. La nueva versión sacó a la azafata de sus páginas: “Fuimos engañados como todos los demás”, declaró un portavoz de Guinness.

Vesna volvió a la JAT, aunque a puestos administrativos. Murió en diciembre de 2016, con 66 años, la mala conciencia de ser superviviente y el pesar de haber perdido a su país y a su compañía bandera. En el nuevo dejó de ser heroína porque se había manifestado contra el nacionalismo furibundo de Milosevic, lo que le había costado el despido de la compañía estatal devenida serbia. Fue activa en la campaña que provocó la caída de Milosevic y apoyó a Boris Tadic.

En 2013 desapareció la JAT, con 66 años, como Vesna. Una desaparición que remataba una lista larga. No existe Yugoslavia, no existe Checoslovaquia y no existe la República Democrática Alemana. El MPNA tiene un irrelevante papel geopolítico. Es una tragedia que a tantos vaivenes no haya acompañado el hundimiento de la cultura del enfrentamiento y la tensión de bloques, a pesar de que han desaparecido las diferencias ideológicas sobre las que se sustentó la hostilidad de la Guerra Fría y que tantos millones de vidas se llevó por delante. Los tambores de guerra nos devuelven al tiempo de otros miedos; como los ídolos caídos pueden volver a levantarse, los jinetes del apocalipsis pueden volver a cabalgar. ¿Estamos tan lejos de los esquemas mentales que acabaron con el vuelo 367 de JAT?

La recesión provocada por la burbuja financiera de 2008 está teniendo consecuencias profundas. Si en los años inmediatos hubo diferentes reacciones encaminadas a cuestionar la ideocracia neoliberal culpable de la crisis, a mediados de la década pasada un giro narrativo desde el plano vertical de las desigualdades al plano horizontal de las diferencias ha propiciado una eclosión de nacionalpopulismos.

El indicador más visible del efecto acumulado de la crisis es la desafección hacia la democracia. El interés por los años de Weimar en busca de analogías está emparentado con ello. El sustento de la analogía descansa en la correlación entre degradación de las condiciones de vida y seducción de las propuestas autoritarias. Aunque a menudo se estudia el populismo conservador desde el lado político, no cabe obviar la complicidad, directa o indirecta, entre nacionalpopulismo y neoliberalismo. Una muestra de esta complicidad es que el nacionalpopulismo ha puesto en la diana a los que atribuye el monopolio de la representación pero ha preservado de la crítica a quienes ostentan el monopolio de la producción, a la plutonomía de la oferta.

De esta manera el código neoliberal se ha impuesto como doxa oficial. En la genealogía de los fenómenos sociales hay una pieza que ilustra paradigmáticamente este imperialismo intelectual. Se trata de la carta enviada el 5 de agosto de 2011 por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, cofirmada por Miguel Fernández Ordóñez, al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, con copia a la ministra de Economía, Elena Salgado. La carta es elocuente desde el sintagma del encabezamiento, en mayúsculas y en negrita: “ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL”. No hace falta una alta definición analítica para mostrar su disonancia con los patrones del funcionamiento democrático.

En cuanto al contenido, las cuatro páginas de la carta se centran en tres apartados típicos: el mercado de trabajo, la política fiscal y monetaria envuelta en el eufemismo de la “sostenibilidad de las finanzas públicas” y, con menor detalle, el mercado de productos donde se recomienda “aumentar la competitividad en el sector servicios”. El efecto de esta carta queda de manifiesto en varios aspectos de indudable impacto sobre la vida pública española: la modificación urgente del artículo 135 de la Constitución al mes siguiente, la reforma laboral (2012), la eliminación de Educación para la Ciudadanía en las aulas (2013: más relacionada con el elemento conservador pero funcional para el autoritarismo neoliberal) y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, popularmente denominada Ley Mordaza (2015), cuya reforma pide insistentemente Amnistía Internacional. Un balance ciertamente impactante para un documento confidencial.

Lo que tiene de ejemplar la carta del BCE es que ilustra de manera tangible los aspectos principales del credo neoliberal, con el añadido, tan ilustrativo de la externalización de la política, de que se hace desde una institución pública. Entre esos aspectos cabe destacar, como telón de fondo, la imposición de la superstición monetaria enmascarada en el celofán de la austeridad. Fueron dos los sustentos teóricos principales de este dogma: Carmen Reinhart y Ken Rogoff, de un lado, y los “Bocconi boys”, de otro. Sobre los primeros cabe decir que aunque se descubrió un error en la hoja de cálculo de la que dedujeron que el crecimiento cae en picado cuando la deuda supera el 90%, nunca mostraron signos de pesar. Los segundos tienen una relación directa con nuestro tema. Según muestra Mark Blyth (Austerity: The history of a dangerous idea), fue el grupo de los italianos Alberto Alesina y Silvia Ardagna quienes dieron alas a la idea de la ‘austeridad expansiva’, que se injertó en la ortodoxia y arrinconó las propuestas de reformar el capitalismo. En abril de 2010 estos economistas protagonizaron una sesión especial ante el Consejo Europeo de Ministros y a partir de allí la tesis se hizo carne en las declaraciones de la Comisión y el BCE.

En el verano de 2010 la austeridad era dogma y de ello es prueba la carta de marras escrita apenas cuatro meses después de la sesión de apostolado con los tres mandamientos de los “bocconi boys”: recortes en las prestaciones del estado de bienestar (a menudo referidos como reformas estructurales y responsables del estrangulamiento de la sanidad pública, entre otros), moderación salarial y devaluación interna. Ningún interés por la política fiscal. Sus análisis son altamente cuestionables, no así sus efectos. Con razón se preguntó Paul Krugman “¿cómo la economía de la austeridad ejerció tal fascinación en la opinión de las élites en aquel momento?”. La econocracia es la respuesta, no de una manera distinta a como capturaron las mentes otras supersticiones en el pasado.

Las medidas austericidas se expresaron en tres flancos principales: las relaciones laborales, las prestaciones bienestaristas (gasto público) y el vaciamiento de la sustancia democrática. No son una especificidad, pero las particularidades del mercado de trabajo español suponen unos impactos diferenciales mayores en lo tocante al ámbito laboral. Entre los fenómenos que expresan el deterioro se encuentra la fragmentación del puesto de trabajo, las formas de trabajo precario, las condiciones impuestas por las plataformas, contratos por horas, falsos autónomos, uberización, kellyficación, etc. En el origen de todo está una desregulación; pero no se usa tal término sino un eufemismo gemelo de austeridad: flexibilidad; el conjunto de fuerzas que doblegan a la gente, en palabras de Richard Sennet. El Índice de Derechos Globales 2021 de la Confederación Sindical Internacional avala estas tendencias. Chris Baldry y Jeff Hyman han establecido una analogía entre el deterioro del planeta por el cambio climático y el deterioro del trabajo por las reformas estructurales: una misma lógica extractivista está a la base de ambos. El apocalipsis de la Amazonía es el contrapunto de la apoteosis de Amazon.

La merma de sueldos y derechos laborales se completó con el impacto de los recortes sociales, reflejados en los que un ministro de Economía, hoy en el BCE, llamó unos presupuestos ‘agresivos’; un término de connotaciones inequívocas. Las listas de espera de la dependencia son un indicador fiel de ese estado de cosas, no desde luego el único como han explicado estudios solventes. El desmantelamiento del estado de bienestar tiene antecedentes tristes en la izquierda; fue Bill Clinton, afín a la Tercera Vía,  quien engrasó su campaña presidencial de 1992 con la promesa de “terminar con el estado de bienestar tal como lo conocemos”.

Pero no se trata solamente de un ataque al aspecto social del Estado, también lo es al carácter democrático. La voluntad popular ha sido cortocircuitada de diferentes formas, no solo por la carta motivo de esta columna. Recordemos el papel complementario de “los hombres de negro” y las agencias de calificación como instrumento de amedrentamiento de la opinión pública y de presión sobre los gobiernos. No lejos de ellas se encuentra un enjambre de consultoras y asesorías que juegan un papel decisivo desde los escalones técnicos de las administraciones.

Si se quiere una evaluación global de la econocracia basta con fijarse en la gráfica de la desigualdad. El último informe Oxfam se titula 'El virus de la desigualdad'. No es solo un mal hispánico. En la comunista China el coeficiente Gini ha subido quince puntos entre 1990 y 2015. El aumento de la desigualdad, con su cortejo de calamidades, es inmune a la crisis. Todos los pensadores clásicos insistieron en que no hay política razonable si no se pone límites a la desigualdad. La econocracia ha roto en los últimos cincuenta años este consenso histórico sin abandonar la cantilena cínica de la meritocracia. Hoy se multiplican, sincronizadas, la riqueza y la pobreza. No faltan razones para preguntarse por la responsabilidad de las ideas inductoras de lo que cabe calificar de crímenes económicos contra la humanidad.

Como ha señalado Jonathan Aldred, la economía reinante es una patente de corso y lo ha corrompido todo. La lógica del beneficio a cualquier precio ha sido favorecida por el desarrollo de las tecnológicas que han conformado la ingeniería algorítmica en el sistema operativo que regula las conductas y los ritmos. De modo que el ser humano vive hoy en una carrera permanente para adaptarse a un mundo en permanente cambio; en una obsolescencia programada de nuestro mobiliario mental, social y moral. El sociólogo Richard Sennet escribía en La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo (2000: 155): “Un régimen que no proporciona a los seres humanos ninguna razón profunda para cuidarse entre sí no puede preservar por mucho tiempo su legitimidad.”

En esas estamos. Históricamente el universalismo y el racionalismo han sido las herramientas principales para la emancipación. Hoy nos encontramos aprisionados entre la cleptocracia neoliberal que abomina de lo público y el wokismo identitario que abomina de lo común, entre la espada de lo privado y la pared de lo propio. El autoritarismo populista no puede aspirar, por activa o por pasiva, a mejores padrinos. 

Los espasmos de violencia a gran escala dejan, además de las terribles consecuencias directas, una tarea exigente de memoria una vez concluidos. Basta pensar en Ruanda, los Balcanes, la guerra de Argelia,  Vietnam, los años de plomo, Tiananmen, Jedwabne, Katyn, Guatemala o el santuario japonés de Yasukuni. Tal como se plantea entre nosotros, la cuestión de la memoria histórica nos remite, cronológicamente, al ciclo argumental de la Segunda Guerra Mundial. Un vistazo panorámico muestra que el desempeño de la memoria, de las políticas de memoria, no es ni de lejos una cuestión zanjada.

El síndrome de Vichy es una tentación poderosa que ha afectado de un modo u otro a numerosos países. Algunos estudiosos han atribuido la eclosión de la derecha populista en Suecia a ese fenómeno; algo parecido ocurrió en Suiza con el Schweizerische Volkspartei hace casi dos décadas. Alemania es considerada un ejemplo en el tratamiento del pasado, un proceso para el que se acuñó un término a la medida: Vergangenheitsbewältigung. Sin embargo, la eclosión de Alternativa para Alemania (AfD) ha reabierto las preguntas. Con todo, la prueba de que las medidas emprendidas en Alemania no han sido inútiles queda de manifiesto en el hecho de que allí no son pensables varios de los fenómenos que hemos presenciado recientemente entre nosotros. A título de ejemplo, la declaración del Tribunal Supremo intitulando a Franco Jefe del Estado desde octubre de 1936, la normalización sutil de Vox, las peripecias del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, la existencia de cuerpos sin identificar en fosas comunes o el Valle de los Caídos, por un lado; la asimilación de los catalanes presos a la de los encerrados en Mauthausen o la denominación de fascistas a quienes homenajeaban a Machado en Collioure, por otro.

Hay bastantes elementos que separan ambos supuestos, empezando por la escala de los daños; pero hay una pieza común que tiene que ver con la memoria: el no tomar en cuenta que el nacionalismo fue el causante de los dos grandes desastres del siglo XX, que Traverso ha llamado con razón “guerras civiles europeas”. Por eso, el nacionalismo es un tema tabú en Alemania para los partidos tradicionales. Por eso funciona allí un cordón sanitario que impide cualquier colaboración con partidos de la extrema derecha; lo que por cierto no ha ocurrido en Austria, precisamente un país que no ha hecho frente a su pasado pronazi y que conoció un primer episodio en la figura de Kurt Waldheim, que llegó a Secretario General de la ONU habiendo ocultado, como el país, su pasado nazi.

Aún dentro de los límites y con la presión exterior –un elemento que está ausente en muchos otros supuestos como el español–, Alemania puso en marcha un proceso de desnazificación que afectó al aparato institucional y, sobre todo, a la forma de abordar la responsabilidad del nazismo en las aulas y los medios de comunicación. Desde luego nada de eso ha ocurrido en España, como aparece reflejado, entre otros trabajos, en algunos de los capítulos de '¿Qué saben de su historia nuestros jóvenes? Enseñanza de la historia e identidad nacional' (A. Delgado y A. Rivera, eds., 2018). Las inercias, la comodidad y una supuesta neutralidad explican ese estado de cosas.

Si me he referido antes a las guerras civiles europeas es porque hay una dimensión irrenunciablemente europea en el tema de la memoria, para lo bueno y, aquí, para lo malo. Por eso, es a la vez significativo e intelectualmente desafiante, el que la rama franquista del ciclo de violencia se haya desgajado del tronco europeo común. Como ha escrito Jorge de Hoyos, “el exilio republicano de 1939 se inserta dentro de una oleada histórica de movimientos migratorios forzosos, marcados por los conflictos europeos, derivados del auge de los totalitarismos de diverso signo y de las aspiraciones imperiales de no pocas naciones”. Se ha dicho que la Guerra Civil española fue un preámbulo, incluido el flanco militar; el exilio republicano es el primer éxodo masivo, que tendría su continuidad en las transferencias de población en Europa central y oriental y, de forma paroxística, en el genocidio judío.

Si hay una especificidad española, ella reside en que mientras en la Europa de postguerra los países vencedores pudieron construir un relato antifascista y un sistema bienesterista remedial, en España la larga duración de la dictadura no sólo impidió algo equivalente sino que reforzó la erradicación de la memoria republicana ocurrida en la guerra y la inmediata postguerra. Pero no se puede olvidar que el régimen de Franco fue reconocido en febrero del 39 por las potencias europeas, incluidas las democracias asentadas. Por eso el trabajo de memoria no es solo una tarea española; la soledad de la República, el trato a los exiliados en Argelès, el reconocimiento de Franco, la condición de apátridas de los presos republicanos del nazismo…, son piezas de la ecuación memorial.

Pero desde luego la tarea principal es de los españoles y tiene que ver con la asignatura pendiente de la desfranquización (o desnacionalcatolicización) en la esfera pública. Hace falta un ajuste de memoria por los dos lados para acomodarla a un paradigma democrático: depurar o lustrar aquellos elementos que remiten a un régimen dictatorial y recuperar aquellos otros que simbolizan valores humanistas y universalistas. Ambos confluyen en la pedagogía de la historia como socialización cívica, y en esa socialización una de las lecciones más provechosas es la de “la musa del escarmiento”, que más tarde se condensó en el “Nunca más”. Pero la historia hay que leerla para que pueda aleccionarnos. A veces la lectura debe estar dirigida a desautorizar otras lecturas; particularmente aquellas construcciones esencialistas que han conducido a prácticas de exclusión. Es una tarea que no se ha hecho, de modo que el franquismo no ha merecido un juicio equivalente al de sus homólogos europeos. Y eso no es solo una cuestión teórica, porque estamos obligados a salir de la teoría desde que hay víctimas y en el franquismo las hubo a gran escala y las siguió habiendo cuando no había la justificación de la guerra.

Pero, sobre todo, no es una cuestión partidaria: tiene que ver con la medida ética de un país en su conjunto. Y tiene exigencias en las políticas públicas que siguen siendo una asignatura pendiente, colateral, podríamos decir, a la falta lustración del franquismo que colmó durante décadas la capa freática del imaginario colectivo. Resulta decisivo que se entienda que es una responsabilidad colectiva, del Estado; ni patrimonializable, ni externalizable, ni esquivable por agentes particulares. Es algo peor que una indecencia ridiculizar a los ‘desenterradores de huesos’. Nadie que crea en la dignidad del ser humano puede no considerar vergonzosa e inaceptable la existencia de cuerpos sin sepultura. Y así lo establece la legalidad internacional. Esta es sin duda una página negra en el balance de los cambios experimentados por la sociedad española desde la muerte del dictador. Todas aquellas organizaciones que trabajan en este sentido, -sin sectarismo, sin revanchismo, con la intención de saber (verdad) y de reparar de esta forma simbólica a través de la memoria- tienen una innegable dimensión de ética pública, por eso, para centrarme en lo cercano, es tan valioso –en lo científico y en lo pedagógico- el trabajo de Desmemoriados.

Entiendo que un instrumento pedagógico precioso para acercarse cabalmente a aquella época oscura es el estudio del exilio. Porque el drama del exilio republicano no puede ser ajeno a ningún español (tampoco el de los migrantes de hoy). Es verdad que el tema del exilio ocupa a investigadores especialistas que desempeñan una encomiable labor. Sin embargo, esas tareas destiñen poco sobre el público general y apenas contribuyen a una tarea pedagógica confluyente con la de la desfranquización. Por eso resultan tan encomiables iniciativas como el III Congreso Destinos del Exilio Republicano, que tendrá lugar en Santander los días 20 y 21 próximos, coorganizado por la UNED, la Fundación Bruno Alonso, Ochenta Aniversario del Exilio Republicano y el Gobierno de España.

El exilio es portador de muchas lecciones, por cuanto se trata de un fenómeno social total que afectó a todos los planos de la vida, desde lo personal a lo político. En términos de comunidad nacional supuso que en nombre de España una parte de ella destruyó o expulsó del solar común a otra parte. En nombre de la nación se amputó a la nación. Más allá de la dimensión fundamental de la violencia física, el exilio privó a España de buena parte de sus personas más preparadas y la condenó al atraso durante décadas.

Se habla de reglas mnemotécnicas para designar estrategias que ayudan a recordar; aquí se invierte la secuencia entre fines y medios y se propone la memoria del exilio como instrumento para asentar nuestros patrones normativos cívicos, para apuntalar una socialización democrática que desaloje los residuos autoritarios y totalitarios. Sin partidismos, sin sectarismos. La pedagogía del exilio adquiere un valor añadido con la desaparición de los testigos, como ha sido recordado persistentemente con motivo del 75 aniversario del desembarco de Normandía. La desaparición de los testigos es una de las razones del resurgimiento del nacionalpopulismo. Olvidamos así aquella advertencia de David Rousset, un superviviente de los campos: “Los hombres normales no saben que todo es posible”. Por eso Louise Arbour, que fuera procuradora de los tribunales penales internacionales para la exYugoslavia y Ruanda y alta comisaria de las Naciones Unidas para los derechos humanos juzga que “el repliegue nacionalista de las democracias es inquietante” (Le Temps, 31/05/2019).

Una parte del interés de los trabajos sobre el exilio consiste en recuperar figuras más o menos –la mayoría menos– conocidas para reintegrarlas a la memoria colectiva, con el doble objetivo de la reparación y del aprendizaje. Un ejemplo es, para lo que toca a Santander, la persona de Juan Bautista González-Aguilar. Se trata de una figura de vanguardia en el campo de la medicina; ejerció como  Jefe del Servicio de huesos y articulaciones de Valdecilla, como director del Sanatorio Marítimo Antituberculoso de Pedrosa y fue socio fundador de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de la Asociación Nacional de Médicos para la Lucha Antituberculosa.  Formó a tres generaciones de cirujanos, ortopedas y traumatólogos. De sensibilidad institucionista desempeñó un papel de primer orden en la Universidad Internacional de Verano de Santander y, como afiliado socialista, era cercano a Bruno Alonso. Durante la Guerra Civil, fue Jefe de Sanidad Militar de la Armada; tras la caída de Santander, trabajó como médico y como militar en Murcia, Valencia y Barcelona; cruzando la frontera de los Pirineos en el gran éxodo. Se traslado con su familia a Argentina donde murió. Su figura es apenas conocida en el ámbito clínico, completamente desconocida fuera de él. La lección del exilio nos hace preguntarnos por lo que perdió Santander con la marcha de personas de este perfil. Sin olvidar lo que perdieron ellas. Y nos obliga, sobre todo, a pensar en los procesos sociales que conducen a tales desenlaces. Ese es el mensaje de hace ochenta años, la lección permanente del exilio. Lo dejó escrito poco antes, un poeta que ni siquiera tuvo tiempo de exiliarse y que tampoco tiene una tumba que le acoja. Escribió Lorca en Poeta en Nueva York: “Yo denuncio a toda la gente / que ignora a la otra mitad”.

Las manifestaciones del 8 y el 29 de octubre en Barcelona han dado lugar a interpretaciones diversas que son de interés tanto para el análisis sociológico como para el diagnóstico político, particularmente para aquellos sectores que se sitúan en la izquierda del espectro ideológico. La valoración de estas movilizaciones permite establecer dos grandes bloques. En el de quienes las atribuyen un carácter negativo figuran el conjunto de los partidarios de la secesión y una parte considerable de la izquierda, tanto de dentro como de fuera de Cataluña. Entre quienes las valoran positivamente se encuentran buena parte del nacionalismo español, otra parte considerable de lo que podemos llamar opciones cívicas transversales y, por último, un sector reducido de la izquierda de un lado y otro del Ebro. Hay dos aspectos que llaman la atención en estos agrupamientos. Por un lado, la posición según los dos ejes de la movilización, el ideológico y el identitario. Por otro, el contraste en las apreciaciones entre las movilizaciones convocadas por Societat Civil Catalana (SCC) y las organizadas desde 2012 por las organizaciones promotoras del secesionismo: Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural (OC).

Para elucidar estos dos aspectos es preciso dar un pequeño rodeo. A la pregunta “¿Se puede ser nacionalista y de izquierdas?”, el investigador del CSIC y especialista en la historia oscura del siglo XX y los usos de la memoria, Manuel Reyes Mate, contesta: “Es imposible por lo que acabo de decir”. Lo que acaba de decir es que “el prestigio del nacionalismo sólo se da en Europa en la ultraderecha. Las generaciones posteriores al holocausto, al repensar las piezas que llevaron al desastre, vieron que había caminos que no se podían seguir. […] Por eso es impensable que un intelectual crítico, que es un hombre con conciencia histórica, sea nacionalista en Europa. Este es el problema que hay en Cataluña”. La posición de Reyes Mate atiende explícitamente a los dos ejes mencionados, pero implícitamente lo que se puede leer es que el apoyo a los nacionalismos radicalizados –y eso es lo que expresa la sustitución de la senyera por la estelada– es incompatible con la izquierda porque tiene que serlo con las posiciones cívicas a la vista del legado del siglo XX.

Para clarificar estas aproximaciones es necesario distinguir los dos ejes de coordenadas de la inclusión: el social cuya dominante es izquierda derecha y el identitario, que tiene que ver con la afiliación nacional. Como observa Ralf Dahrendorf (The modern social conflict), inicialmente el descubrimiento de la etnicidad supuso una extensión de los derechos; pero la armonía inicial sucumbió pronto ante lo que él denomina fundamentalismo, que no es otra cosa que el   organicismo romántico traducido en preferencia nacional: La France aux Français, Make America great again, Buy British, los españoles primero, la lengua propia… Dahrendorf asegura (escribía en 1988) que las renacidas reivindicaciones de autenticidad y defensa de la cultura autógena alimentan políticas de corte romántico y que el liberalismo es culpable de haber abandonado los logros de un suelo de derechos y titularidades comunes para todos por el empeño en acomodarse al separatismo de las minorías.

Para este sociólogo esto es un paso atrás en la historia de la sociedad civil; y de graves consecuencias, porque ninguna de las experiencias que han servido para responder a la lucha de clases democrática son aplicables a minorías activas que exigen la separación o quieren imponer su credo fundamentalista a los demás. Separatistas, fundamentalistas y románticos, sigue Dahrendorf, tienen otros objetivos que los de la ciudadanía común; el liberalismo democrático en cambio necesita la heterogeneidad porque solo ella puede asegurar el pluralismo.

Las manifestaciones de octubre han provocado un shock en el secesionismo porque, de acuerdo con su querencia homogeneizadora, la geometría de Cataluña termina donde terminan los colores de la estelada. El recurso principal fue desautorizar la calidad de los manifestantes y lo hicieron acudiendo al otro eje de las ligaduras para adscribirlos a la extrema derecha. Este tipo de desautorizaciones infundadas –ningún documento elaborado por SCC y ninguna acción imputable a sus miembros responden al perfil ideológico de la extrema derecha y en esas convocatorias se hacía mención expresa al respeto de los símbolos constitucionales– puede entenderse, en el sentido menos comprometido de la palabra, dentro de la lógica del nacionalismo.

Es loable la unanimidad desde la izquierda a la hora de establecer que nacionalismo español e izquierda son incompatibles pero es sorprendente que esta valoración no se extienda a los otros nacionalismos. Reyes Mate resume el quid del embrollo: “Es un autoengaño relacionar izquierda y nacionalismo. Sólo es posible en España, además. Mi generación, yo tengo 75 años, se ha autoengañado. ¿Por qué? Porque el nacionalismo [periférico], al ser perseguido por el franquismo, pasó a ser considerado como una forma antidictatorial y democrática. Y eso es un grave error, porque el nacionalismo era efectivamente antidictatorial, pero profundamente antidemocrático. Pero como fue objeto de persecución, ha tenido esa vitola de izquierdas”. De modo que cuando hablamos de la herencia del franquismo no se puede olvidar esta carambola y cuando se habla del ‘régimen del 78’ tampoco se puede olvidar, como se hace a menudo, su legado más ominoso, la ejecutoria de ETA y la aquiescencia de que gozó entre quienes nunca vieron más allá de las sombras siniestras del nacionalismo español.

Hay entonces una falta de lucidez añadida a la falta de sentido histórico a la hora de comprar el relato de la supuesta opresión de catalanes y vascos. Opresión que tendría que serlo por los habitantes de otras comunidades, pongamos Galicia o Extremadura. La mínima exigencia de rigor respecto a la evaluación de condiciones objetivas e indicadores de calidad de la vida obligaría a mirar con precaución la retórica victimista de robos y agravios.

Paralelamente, deberían tomarse las debidas cautelas cuando se remite a argumentos de autoridad para sustentar la atribución de ultra a SCC y por extensión a quienes acuden a sus convocatorias. Resulta sorprendente que al final, o al principio, de esta genealogía se encuentra una misma persona, el autor de Desmuntant Societat Civil Catalana. A menudo se presenta a este fotoperiodista como un experto en extrema derecha, pero esta es una atribución generosa que se puede contrastar recurriendo a una simple búsqueda en los corpus especializados; y respecto a la validez de sus tesis basta con acudir a un verdadero experto para constatar que el ultranacionalismo español ni es nuevo ni es desde luego masivo, o sea, nada que ver con timing o el tamaño de las manifestaciones de Barcelona.

Hay un paso entre la falta de lucidez y la falta de responsabilidad. La presencia de estos cientos de miles de personas en las calles, con banderas catalanas, españolas –entre ellas alguna, alguna, republicana– y europeas, debería obligar a la izquierda a formularse algunas preguntas Por ejemplo, por las razones de la caída de apoyo popular a los partidos de izquierda (incluido según los últimos sondeos el complejo Comunes-Podemos). No parece exagerado sugerir que ello obedece en parte a que estos partidos (la vieja y la nueva izquierda) han asumido el relato del nacionalismo catalán. No solo el relato: obsérvese la falta de correspondencia entre la distribución de los apellidos entre la población general y en las cúpulas de organizaciones y partidos nacionalistas y de izquierdas. Obsérvese también la relación entre el apoyo al independentismo y el nivel de renta. Son piezas que deberían hacer pensar a la izquierda.

En definitiva, ante la respuesta de una parte de la ciudadanía que había permanecido muda y en cierto modo atemorizada –la espiral del silencio no es un mito–, la izquierda puede envolverse en el traje prestado del secesionismo o recuperar ese espacio dejado yermo en el que, si no es ocupado por formaciones sensibles a los malestares de las clases populares maltratadas por la desigualdad y la crisis, acaban brotando los populismos.

Y entonces sí que se podrá decir con razón que ha venido la extrema derecha. E incluso presumir de su exquisita (otra vez) clarividencia. Como señalaba hace poco por pasiva Juan Torres, para ser una izquierda útil hay que empezar por tener ideas claras, porque, en sus palabras, “¿Alguien puede creer de verdad que la sociedad puede confiar en una izquierda con semejante galimatías en una cuestión tan esencial como es un referéndum en el que se plantea la independencia de un territorio del Estado?”.

Hay otro asunto sobre el que llama la atención J. Torres y que remite a la tercera pieza del triángulo, el del humanismo y la democracia: “Me temo que las izquierdas siguen sin ser capaces o sin tener deseo de ser amables, de ser humanas, y que carecen de prójimos. Hicieron suyas las banderas de la libertad y la igualdad pero dejaron a un lado la fraternidad. Y así es muy difícil que se hagan querer por quienes no compartan su credo o los postulados de su exclusiva razón (o incluso por quienes los comparten)” .

Este llamamiento coincide con las propuestas de actualización del socialismo –un término que, como la expresión derechos humanos, escasea cada vez más en el uso ordinario– que plantea Axel Honneth a partir de una crítica a la “ceguera jurídica” de los primeros socialistas: “puesto que los derechos civiles universales, aún en sus albores […] solo podían ser reconocidos en el fragmento en el que tenían importancia funcional para el centro de control de la economía, necesariamente se perdió de vista el rol emancipador que podían tener, de acuerdo con su significado, en la esfera, tan distinta, de la construcción de voluntad política”   (La idea del socialismo. Una tentativa de actualización, 2017). El horizonte universalista concuerda con los presupuestos del internacionalismo, un rasgo distintivo de la izquierda que se completa con el tercer término del lema revolucionario ya mencionado: la fraternidad. El nacionalismo atenta contra estos dos presupuestos; contra la fraternidad, porque fractura la sociedad desde dentro y contra el internacionalismo, porque necesita banderas y fronteras. En definitiva, engulle en la práctica la agenda social.  

En el artículo publicado el 10 de noviembre por eldiario.es en Cantabria con la encomiable intención de rememorar el Día Internacional contra el Fascismo se recogen  diferentes manifestaciones de Manuel Corbera en representación de Libres que compartimos plenamente, tanto por convicción, como por nuestra pertenencia y actividad en Libres.

Sin embargo, tenemos una total discrepancia sobre su opinión, que expresa a título personal, acerca de Sociedad Civil Catalana (SCC), imputándole el carácter de organización de extrema derecha. El debate sobre el fascismo en España ha generado mucha controversia. Las manifestaciones más multitudinarias a favor de la unión de España, con respecto al tema catalán, han sido convocadas por la Societat Civil Catalana (SCC), que en opinión de Manuel Corbera es una organización de “extrema derecha”, y en cuyas manifestaciones han participado también otros grupos del mismo corte ideológico. “Está camuflado detrás de esta reacción ante el independentismo, pero son organizaciones que tienen raíces de extrema derecha”, asegura.

En torno a este tema se ha hablado del lenguaje que utilizan los medios de comunicación para referirse a algunos participantes de las manifestaciones. “La mayor parte de los medios generalistas no le están dando el eco que merece y, por supuesto, camuflan la información sobre la SCC”, insiste Corbera sobre el tema catalán.

La importancia de la discrepancia radica en la gravedad que la acción de la extrema derecha está adquiriendo en España y en Europa en este momento. El artículo se hace eco de la actividad reciente de Libres difundiendo información y promoviendo movilizaciones contra el repunte de estos grupos. Precisamente por eso nos parece tan grave, y también difícil de comprender, que se puedan verter tal suerte de acusaciones sobre una organización como SCC sin aportar ninguna prueba.

SCC es una organización que está en contra del secesionismo y que impugna su objetivo de pretender que el nacionalismo representa al conjunto de la sociedad catalana. Denunciar este intento de manera democrática y argumentada ha sido el cometido de esta agrupación, a la que no se puede acusar ni de prácticas antidemocráticas propias de la extrema derecha, ni de otra cosa que promover textos, manifiestos, tomas de posición, y manifestaciones de carácter democrático. Véase por ejemplo el manifiesto que se leyó en la manifestación del 29 de octubre en Barcelona, del que destacaríamos:

“Ha llegado la hora de la cultura del acuerdo y el primer paso es reclamarlo y alcanzarlo aquí, en Cataluña.  No queremos una Cataluña de bandos opuestos por la lengua con la que nos identificamos; no queremos una Cataluña del interior que dé la espalda a la Cataluña del litoral; no queremos una Cataluña rica que mire por encima del hombro los más desfavorecidos. ¡Cataluña somos todos! El acuerdo imprescindible es entre nosotros, los catalanes, y para lograrlo es necesario que los nacionalistas asuman lo que hasta ahora no han querido ver: que los no nacionalistas inexorablemente también formamos parte de la solución”.

También destacaríamos la presencia y participación en esa y otras manifestaciones promovidas por SCC de Carlos Jiménez Villarejo, Paco Frutos o Josep Borrell. O la presencia de miembros de SCC en la lista del PSC para las próximas autonómicas ¿Son de extrema derecha? ¿Tienen algo que ver con los fascistas que atacan a Mónica Oltra, o que atacan a los asistentes del acto de Podemos en Santander?

Sobre un aspecto delicado y problemático como es el de la cuestión lingüística, véase también el estudio y el trabajo sobre bilingüismo elaborado por SCC recogido en el enlace siguiente.

¿Qué tienen que ver esos contenidos, esas maneras de decir y argumentar, con la extrema derecha? Cualquier visita a su web, a sus documentos, demuestran palmariamente que esas identificaciones no son ciertas, y que sostener tal cosa sin argumentarla ni presentar pruebas, hace un flaco favor a la identificación y denuncia de la extrema derecha realmente existente.

Desgraciadamente SCC ha estado en el punto de mira de los sectores más extremistas del secesionismo, que no han dudado en difundir todo tipo de calumnias sobre una organización que impugna, con su práctica y existencia, la imagen monolítica y esencialista que quieren ver en la sociedad catalana. Lo que es más triste es que estas calumnias se repliquen, sin crítica ni investigación, en sectores de la izquierda que deberían ser absolutamente rigurosos en la identificación y en la denuncia de quienes quieren volver a reproducir el fascismo. El asunto empeora si tenemos en cuenta que el secesionismo catalán acumula una buena cantidad de apoyos de la extrema derecha europea: la Liga norte italiana, el Vlaams Belang flamenco, el UKIP británico, entre otros. ¿Cabe concluir de esos apoyos que las importantes manifestaciones secesionistas están organizadas por la extrema derecha? En absoluto, como tampoco lo están las importantes manifestaciones promovidas por SCC.

Consideramos que lo que realmente representa SCC, es la posibilidad de volver a suturar a una sociedad fracturada por la imposición de un falso relato de opresión nacional en Cataluña. Entendemos que sus planteamientos, democráticos y deliberativos,  a favor de lo que nos une como ciudadanía a los dos lados del Ebro son uno de los mejores antídotos contra la proliferación, real y resistible, de la extrema derecha españolista.

NOTA: El artículo está firmado por Martín Alonso y Jesús Puente, miembros del Colectivo Juan de Mairena.NOTA

Un mal día de hace 77 años el Mediterráneo sembró una playa occitana de cadáveres. Un temporal había anegado el campo de concentración en el que malvivían 100.000 refugiados. Eran españoles que habían cruzado la frontera en febrero de 1939 huyendo de las garras de ese preludio del fascismo que fue el nacionalcatolicismo. Fueron mal recibidos y peor tratados. Tuvieron que oír que eran cerdos y bárbaros. Murieron a miles; de enfermedades, de frío, quizás también de asco, en esa playa de Argelès-sur-Mer convertida en campo-cementerio.

La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto tienen una presencia constante en los medios; pero el cuadro descrito no suele aparecer en ellos. Y eso tiene que ver con un tratamiento del nazismo que utiliza a éste más bien como pantalla que como espejo. Podemos recordar ciertos hechos pero pasamos por alto la cuestión de su significado profundo. El nazismo fue la culminación de una secuencia descivilizatoria que desembocó en la destrucción masiva de vidas humanas ante la complicidad o la indiferencia de Europa y del mundo.

El 9 de noviembre se celebra el Día Internacional contra el Fascismo, precisamente para recordar los terribles crímenes cometidos en la tercera y cuarta década del siglo pasado. También para recordar la responsabilidad de quienes toleraron aquellas muertes, comprendidas las de la playa occitana. Esta celebración responde a una exigencia derivada precisamente de la memoria de Auschwitz, la consigna del “nunca más”.

La Europa de los valores y los derechos nació de Auschwitz. Y aquella Europa impuso sanciones a Austria en febrero de 2000 cuando llegó al gobierno el partido de extrema derecha del xenófobo Jörg Haider. 16 años después partidos equivalentes se multiplican en Europa y gobiernos que tienen la obligación de cumplir el derecho europeo y el internacional, como Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa se niegan a aceptar refugiados.

Aunque el asilo está recogido en los tratados firmados por la UE, a diferencia de lo que ocurrió con Haider no se han adoptado medidas contra ellos. La condescendencia de Europa con estas actitudes muestra hasta qué punto hemos olvidado la lección de Auschwitz. Los protofascistas no tienen por qué parecerse a Hitler pero la adopción de políticas de exclusión basadas en las premisas de un nacionalismo agresivo es la antesala del fascismo.

Y no es solo la condescendencia con los desobedientes; es que la propia Europa se está desentendiendo de la suerte de esos miles y miles de personas que tratan de salvar sus vidas cruzando las aguas. Esta política viola la ley y la moral. Y de ello somos responsables en cuanto ciudadanos de los estados miembros. Europa está traicionando su credo de patria de los Derechos Humanos.

Los partidos de extrema derecha se sienten fuertes para recordar los viejos estigmas, como la explicación del líder polaco Jaroslaw Kaczynski para el rechazo: nos traen parásitos. Una palabra que asociada a refugiados hiere los tímpanos a quienes no han perdido la memoria. Y, sin necesidad de asociaciones, esa invitación a hundir los barcos de los inmigrantes emanada de la zona parda italiana.

Pero hay una responsabilidad secundaria: buena parte de los votantes de los partidos de extrema derecha son los perdedores de la crisis. La crisis ha sido doblemente letal para la vida colectiva: por el desmantelamiento de los derechos sociales conseguidos en la posguerra y por el incremento de la desigualdad. Es un paisaje que nos devuelve a los años de entreguerras. Y a las tormentas perfectas.

Entonces el banderín de enganche fue el antisemitismo, hoy son otros pero funcionalmente equivalentes. La desigualdad no es un efecto colateral sino una consecuencia necesaria de un ingrediente poco iluminado: el darwinismo social que rezuma la economía  de la oferta (en realidad una superstición intelectual y un timo social) como ya denunció K. Galbraith en los tiempos de la Reaganomics. 

La primera obligación ante este estado de cosas es la de quitarse la venda y calibrar en su justa medida los peligros inminentes. Encender las señales de alarma. El “nunca más” ha sido violentado en muchas ocasiones y puede volver a serlo y a una escala tan inédita como las cifras actuales de refugiados.

Hace 16 años decenas de miles de austriacos salieron a las calles a protestar contra Haider coreando “Nunca más”. En este Día Internacional contra el Fascismo los motivos se han multiplicado; por eso deberían multiplicarse las voces. Pero no basta con gritar. Hay que preocuparse por las motivaciones de quienes votan a partidos de extrema derecha. Vemos cómo hay notables diferencias territoriales dentro de cada país. Y se sabe que la política a nivel local es determinante para explicarlas. Desde aquí se dibuja una tarea precisa: el trabajo de base comunitario.

Por otro lado, sabemos que los principales votantes de partidos de extrema derecha son los varones jóvenes y que las redes sociales son los instrumentos en los que fermentan los discursos de odio. Si la educación no cubre estos flancos, muchos jóvenes se verán indefensos ante la seducción de los vendedores de utopías carroñeras, los predicadores de odio y los políticos oportunistas dispuestos a pescar en estos caladeros tóxicos.

Por eso, como ciudadanos organizados, tenemos la doble tarea de exigir a las autoridades el cumplimento del derecho internacional para atender a los refugiados de acuerdo con los patrones humanitarios, por un lado, y de intervenir a escala local para propiciar el respeto a los derechos humanos y prevenir la formación de actitudes excluyentes y la instrumentalización del miedo, por otro.

A la vez debemos instar a nuestros conciudadanos a no mirar para otro lado ante la gravedad de las circunstancias del momento. Como escribió Jaspers hay también una culpabilidad en mantenerse al margen cuando son tan flagrantemente violados los derechos humanos de nuestros semejantes, con independencia de su pasaporte o de que lo tengan o no.

Dos años antes de las alambradas de Argelès-sur-Mer, Klaus Mann, ya privado del pasaporte alemán, concluía así su intervención ante una asamblea de estudiantes norteamericanos en 1933: “Esperamos que 'el mundo', que los estados democráticos no repitan nuestros errores”. La frase se encuentra en un libro recién traducido al francés (con un título elocuente: Mise en garde (advertencia, aviso, llamada de atención).

Conocemos los hechos: la haiderización-lepenización-bossinización-orbanización-blocherización y un etcétera largo, de Europa. De nosotros depende que saquemos las conclusiones de su significado. Hay motivos sobrados para hacer sonar las alarmas. Como decía un cartel contra el Frente Nacional (FN) de Le Pen del colectivo Ras l’Front hace unos años: “Si no te ocupas del FN, el  FN se ocupará de ti”. 

La calle es la metonimia de la vida civil, mientras que en los gobiernos y los parlamentos se articulan las reglas de la vida política. Se trata de dos esferas interdependientes. Si las instituciones políticas operan sin tener en cuenta las necesidades y los anhelos de la gente de a pie, de la gente la calle –como si la tropología hubiera privilegiado esta dimensión peatonal del ser humano–, tendremos en el mejor de los casos un sistema marcado por las patologías paternalistas (como en el despotismo ilustrado), en el peor,  por las autoritarias. Pero si la ciudadanía no hace oír su voz asistiremos a las patologías de la evasión, del pasotismo a la servidumbre voluntaria. La presencia de una ciudadanía vibrante y comprometida con los valores que han venido pautando el norte normativo de la vida buena es a la vez un indicador y una garantía del funcionamiento de la vida colectiva.

Se atribuye a menudo una connotación positiva a la movilización. Pero la movilización, como la activación orgánica, no es buena o mala per se sino en función de los fines a los que sirve. Por eso hace falta la brújula de los valores. Sin ellos la calle puede convertirse en un instrumento al servicio de la tiranía y la deshumanización. Basta recordar el papel que desempeñaron las concentraciones de masas en el apuntalamiento de los totalitarismos en los años treinta y cuarenta del siglo pasado. Precisamente aquel enrolamiento de las sociedades, a menudo bajo la consigna identitaria de la unión sagrada, condujo a Europa a la peor catástrofe de su historia, con la ayuda –hay que recordarlo–  de los vientos huracanados de una dura crisis económica. Precisamente para evitar su repetición se creó un corpus normativo dirigido a establecer pautas de ética política encaminadas al establecimiento de un sistema de garantías a todos los niveles, nacional e internacional. La universalidad de los derechos humanos tiene dos caras: el derecho a disfrutar de ellos y la obligación de contribuir para asegurarlos a aquellas personas que sufren conculcaciones a ellos en sus carnes.

Esta universalidad tiene una contrapartida en la reciprocidad. Para hablar de lo más cercano, la historia de España está pautada por los exilios (Jordi Canal, ed. Exilios. Los éxodos políticos en la historia de España siglos XV-XX). Quiere esto decir que a la postre una ética exigente es también un seguro de asistencia mutua distribuido en el tiempo. Resulta paradójico en términos históricos que Trump quiera construir un muro para proteger a su país, fundado por exiliados europeos de ayer, de los migrantes mejicanos de hoy. Una falta de humanidad, y a la vez de conciencia histórica, es perceptible en esas movilizaciones xenófobas en ciudades europeas contra los refugiados, infligiéndoles una suerte de victimación preventiva.

La universalidad de los derechos humanos impone deberes al conjunto de la ciudadanía. Recordamos que una figura indispensable para el éxito del nazismo fue la de los circunstantes, ciudadanos alemanes que consideraron que lo que pasaba con judíos, gitanos, comunistas, homosexuales o disminuidos físicos, no les concernía. El ensayo de Karl Jaspers reparte las responsabilidades por las diferentes categorías de la culpa. Para él la falta de solidaridad absoluta con la persona humana en tanto que tal es una culpa metafísica.

El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su literalidad: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”. Pero para que las personas perseguidas o ven sus vidas en riesgo por motivo de la guerra puedan disfrutar de ese derecho hace falta una voluntad y una disposición a contribuir en esa dirección. Vemos, sin embargo, que mientras no deja de crecer el número de personas en busca de asilo, como constatan las agencias internacionales, el tema de los refugiados está lejos de ocupar un espacio proporcional a su gravedad en la agenda política.

Con todo, la gravedad de la situación de los refugiados en unánimemente admitida; lo que no es el caso respecto a la inhibición (el desinterés y la pasividad) de las instancias de decisión, entre las que figuran los gobiernos. Y con ello volvemos al principio: como ciudadanos somos también responsables de lo que los políticos que hemos elegido hacen o no hacen. Y tenemos la obligación de no permanecer callados ante los atropellos que están sufriendo tantas personas, ante la repetición interminable de Aylan Kurdis, que son absorbidos en el ruido para dejar de molestar a las conciencias. Y tendría que indignarnos la insolidaridad que estamos mostrando como país, hasta en los modestos términos de la cifra de acogida propuesta.

Y una mezcla de indignación y de exigencia cívica es lo que llenó de amarillo las calles de Santander el pasado día 18, con un preámbulo la tarde del 17. No puede haber mayor contraste entre esa iniciativa y las manifestaciones xenófobas de otros lugares.  Las organizaciones responsables –Amnistía Internacional, Pasaje Seguro Cantabria y la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio– nos han regalado una espléndida lección de ciudadanía utilizando la calle y las personas de la calle como manual para una pedagogía viva. Los países y las ciudades promocionan con razón su patrimonio pero descuidan la parte más valiosa de él, los quilates cívicos de su sociedad civil.

La iniciativa 'Santander corre por Siria', contiene dos patronímicos equipolentes: se corría por Siria porque representa ahora la universalidad de derechos humanos conculcados, pero al hacerlo se acrecentaba la imagen de Santander como ciudad decente, el patrimonio intangible más valioso de una comunidad. Como ciudadanos hay que agradecer en los términos más comprometidos a las organizaciones y a las personas que desde ellas han preparado esta iniciativa  por haber aupado a Santander en el ranking de la decencia. Cuando se embota nuestra sensibilidad ante el dolor de los demás pasa lo mismo con nuestra humanidad. Y cuando florece la solidaridad nos enriquecemos a la vez como personas y como ciudadanos.   

Hemos llegado a un punto en que parece hasta de mal gusto ironizar sobre el final de la historia. Efectivamente, desde aquella  profecía neocón que declaraba consumada la trayectoria de la humanidad, la historia ha conocido  unas cuantas peripecias;  y desde la detonación de la crisis financiera camina por unos derroteros que evocan épocas  tenebrosas.  Como siempre, el lenguaje registra fielmente los cambios acaecidos en el paisaje social.  Seguramente no hay mejor indicador de la regresión civilizacional que vivimos que la mutación que ha sufrido, nunca mejor dicho, la palabra 'reforma'. Si  remontamos el curso histórico encontraremos que el término ha tenido hasta ayer una connotación positiva, las reformas eran un instrumento al servicio de la emancipación y la mejora de las instituciones humanas. Recordamos que los grandes reformadores  del XIX (Owen, Saint Simon, Fourier…) se autocalificaban como tales porque entendían su reflexión como una herramienta para la transformación, para cambiar el mundo. Hoy la palabra ha sido pervertida para  alojar el sentido opuesto, cambios institucionales que abocan al recorte de derechos. La reforma laboral, producto de la mayoría absoluta conservadora, es un botón de muestra de ese mantra de la escolástica neoliberal de las “reformas estructurales”, un eufemismo dogmático que enmascara el expolio de derechos sociales. Una involución parecida han experimentado otros términos, en particular los que incorporan la raíz de libertad, presente en el significante mismo del neoliberalismo (como la liberalización), pese a su manifiesto contenido antiliberal.

Esta involución semántica se completa con la práctica expulsión del discurso público de los derechos humanos, el vértice geodésico nacido de la experiencia totalitaria. La emasculación de los derechos sociales, pese a estar recogidos en la Constitución Española, es una prueba del asalto a la ciudadela de la ciudadanía. Nuestro estado –y otros, no es desgraciadamente un mal particular– ha perdido buena parte de su nunca sólido andamiaje social. La abducción de la política por los poderes de la economía y las finanzas, la desaparición de la igualdad como un requisito de sostenibilidad política –más allá de las preferencias ideológicas: es una constante de la buena politeia desde Aristóteles–, la aceptación de los criterios instrumentales (macroeconómicos: la prioridad de PP y C’s en estas conversaciones preliminares es el “techo de gasto” no el suelo de derechos) contra los normativos, revela una regresión que nos devuelve a un siglo atrás, cuando el liberalismo sucumbió a los embates confabulados de especuladores y caudillos. Es una alianza de hecho que presenta hoy sus aristas más inquietantes y mediante la cual encontramos a los excluidos de la globalización neoliberal votando las propuestas del populismo xenófobo en media Europa o EEUU, para culpar de su exclusión a los excluidos de segundo grado (inmigrantes, refugiados y minorías señaladas como chivos expiatorios). Esta coalición es expresión de un circuito perverso que trenza globalización neoliberal y tribalismo, presentándose este último como una fórmula salvadora frente a los estragos de aquella. La aceptación de estas recetas, de estas utopías de naufragio, es un exponente del gran expolio a que ha sido sometido el sueño europeo. Si la modernidad es la transformación de los súbditos en ciudadanos a través del contrato social, la globalización neoliberal nos ha convertido en clientes para degradarnos luego a la condición de semiesclavos.

Este repliegue se refleja en una especie de nostalgia de Westfalia para recuperar el protagonismo del Estado-nación, un anacronismo que debería ceder paso a configuraciones federales cada vez más inclusivas en la dirección del cosmopolitismo antropocéntrico de cuño kantiano. Es anacrónico porque hace tiempo, por lo menos desde que el programa de la Comisión Trilateral fue aceptado por la socialdemocracia con el Consenso de Washington, que estados e individuos han sido desposeídos de su soberanía. De la misma manera que, aparte de su significado profundamente inhumano, el  reflejo de volver a levantar vallas y muros se antoja tan inane ante la naturaleza planetaria de los problemas de la desigualdad como las respuestas  parciales frente a la escala del cambio climático. 

Este desajuste esquizofrénico entre la naturaleza objetiva de los problemas de nuestro tiempo y el tipo de reacciones instrumentalizadas mencionadas tiene un soporte en el plano del conocimiento. Para decirlo en breve: tenemos ejércitos de nanoexpertos pero adolecemos de una ignorancia global; de otro modo, buena parte de la ciudadanía carece de una imagen del mundo que le permita responder y actuar de forma congruente y no seguidista de los demagogos. Estamos aquí en el problema dorsal de nuestra sociedad: la ausencia de un marco de legibilidad o inteligilibilidad  panorámico del funcionamiento de sus procesos decisivos; en particular los que tienen que ver con la distribución de los recursos. No es ajeno a ello que la colonización neoliberal de la educación esté expulsando de ella a quienes pueden proporcionar  el mapa  macro: las ciencias humanas y sociales; un espacio del que, por cierto y sin que se les haya reclamado responsabilidades corporativas, ha desertado buena parte de los economistas, los expertos mejor pagados de las ciencias blandas.

Frente a este repliegue tribal y tecnocrático, una cultura resistencialista encaminada a defender  derechos costosamente conquistados y hacer propuestas emancipatorias, tiene que alentar un conocimiento integrado y socialmente motivado: la función del saber, la prioritaria, es mejorar la vida de las personas, todo lo demás es instrumental. Establecer la prevalencia normativa de la dignidad de las personas, de la inaceptabilidad de la desigualdad creciente, es una condición de sostenibilidad social, créanlo o no los devotos de la escolástica de Wall Street. La resistencia tiene que cifrarse hoy en  enfrentarse al gran expolio, el que nos arrebata no sólo los recursos necesarios sino el sustento mismo de la dignidad, sin la cual la ciudadanía es un cascarón vacío. Desde ahí hay que construir las nuevas utopías. Partiendo, contra lo que expresan las prácticas de las elites depredadoras, de que no hay signo más elocuente de la deshumanización que la insensibilidad ante el dolor ajeno. El maltrato y la complicidad con la injusticia es también una forma de suicidio moral. Y un indicador de la  gravedad de la regresión civilizacional.

SE DISPUTARÁ EN EL NUEVO PALACIO DE DEPORTES DE SIETE PALMAS

Gran Canaria organizará, en 2014, la fase final de la Copa del Rey de baloncesto. El Cabildo y la ACB han concretado, tras varias semanas de negociaciones [en las que se incluyó la disputa de la Supercopa 2009 en el Centro Insular en octubre], un acuerdo que permitirá al nuevo Palacio de Deportes grancanario [a construir en Siete Palmas] acoger una de las competiciones más importantes del basket europeo el mismo año que la ciudad será una de las sedes del Mundobasket de España.

El pacto entre Cabildo y ACB, que será presentado este jueves, permitirá redoblar la apuesta de la corporación insular por el baloncesto, ya que durante los últimos meses Gran Canaria ha sido confirmada como sede para el Mundobasket 2014, para acoger un amistoso de preparación para España [ante Cuba el 14 de agosto] de cara al Eurobasket 2009, para la Supercopa 2009 y ahora para acoger la fase final de la Copa del Rey en 2014 [competición que ya se disputó en la isla, en 1990 en el Centro Insular, y que ganó el CAI Zaragoza tras derrotar en la final al RAM Joventut (76-69)].

Los contactos entre las dos instituciones [Cabildo y ACB], para negociar la posibilidad de que Gran Canaria acogiera la Copa del Rey de 2014, comenzaron el año pasado, casi de manera conjunta, con la aspiración de la corporación insular de entrar en la candidatura de España para acoger el Mundobasket. Esa posibilidad suponía la construcción de un nuevo pabellón y, la nueva instalación [con capacidad para 10.500 espectadores], conlleva la oportunidad de poder atender todos los requisitos necesarios para organizar un torneo como la Copa.

Este jueves, en las instalaciones del Cabildo [Edificio Anexo I], se hará oficial la firma del acuerdo entre Cabildo y ACB para la organización de la Supercopa 2009. La competición, que se disputará los días 2 y 3 de octubre, reunirá al CB Gran Canaria [como anfitrión], Regal FC Barcelona [como campeón de Liga], Tau Cerámica [como campeón de Copa] y al Real Madrid [mejor coeficiente nacional y europeo].

Para ese acto se han trasladado hasta Gran Canaria representantes de la ACB [con su presidente, Eduardo Portela, al frente], que además de rubricar el pacto adquirido por la Supercopa, también cerrarán con el Cabildo el acuerdo correspondiente a la organización de la Copa del Rey de 2014 [o 2015, si en febrero de 2014 las obras del pabellón no estuvieran finalizas], tras varias semanas ultimando los términos del convenio.

Satisfacción por ambas partes

José Miguel Pérez dijo que esta convocatoria “está llena de ilusión para el baloncesto porque traerá a la Isla a cuatro equipos punteros de la ACB”, al tiempo que también firmaba un preacuerdo para la disputa de la Copa del Rey en 2014.

“Todo esto forma parte del muy claro compromiso del Cabildo con el baloncesto, no sólo con el Kalise Gran Canaria sino con España por la obtención de una de las sedes del Mundial de 2014”, apuntó Pérez.

Para el máximo responsable de la corporación insular prima “la ilusión” por los próximos eventos de baloncesto -“tendrá recorrido a lo largo estos años”-, y apostó por su trascendencia en muchos ámbitos, como el económico y urbanístico, entre otros.

“Supone un reto más para Gran Canaria, que está en la Liga de mejor nivel. Tenemos que estar a la altura de los mejores”, concluyó.

Por su parte, Eduardo Portela destacó la trascendencia del “primer título oficial de la temporada” y agradeció “el esfuerzo e interés del Cabildo Insular y la ilusión del club Gran Canaria”.

Portela destacó el salto de calidad que ha protagonizado el baloncesto en la isla, que tendrá su referente en la construcción de un nuevo Palacio de Deportes. “La Supercopa es un primer paso, pero habrán más en el futuro como la Copa del Rey”, adelantó.