El lawfare o guerra judicial ha llegado a tener un papel determinante en la política española. El último capítulo ha intentado implicar al mismo presidente del Gobierno. Este mecanismo de noticias falsas y denuncias sin fundamento se ha convertido en la maquinaria predominante de la lucha contra toda política que se salga de los límites establecidos: el independentismo catalán, Podemos, los comunes, las alternativas progresistas en el País Valencià, etc. Es una máquina de antipolítica y de destrucción de la democracia. Su objetivo no solo es influir en la agenda política, social y urbana, sino destruir la carrera de aquellos y aquellas que se atreven a buscar alternativas al sistema dominante. En el Estado español se ha implantado este mecanismo, impulsado por los poderes económicos, los partidos de derecha extrema, una parte del poder judicial y una parte de los medios de comunicación. Un mecanismo ya inventado hace décadas por los servicios secretos de los Estados Unidos, para perseguir a sus disidentes y eliminar a los adversarios políticos, y para controlar los países latinoamericanos, con casos recientes y escandalosos como los ataques a Lula da Silva y Dilma Roussef en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Bernardo Arévalo en Guatemala, décadas después de la guerra abierta en los años cincuenta de Estados Unidos contra el socialista guatemalteco Jacobo Árbenz.

La lista de personas dedicadas a la política que han sido atacadas y desprestigiadas con noticias falsas y guerra sucia, obligándoles a retirarse, es larguísima: Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Rodríguez; además de casos de persecución que no han conseguido su objetivo, como los acosos a la jurista, profesora y política María Eugenia Rodríguez Palop o a la magistrada y política Victoria Rosell. Además de todo el extenso capítulo del poder judicial español encarnizándose durante los últimos años con los representantes y activistas del independentismo.

Hace un año publiqué el libro 'Lawfare urbano' (Icaria editorial, 2023) explicando el marco del lawfare y la ofensiva judicial contra la Barcelona de Ada Colau, que se ha convertido en un caso de estudio del abuso, con más de 20 querellas penales, planteadas por la extrema derecha y los poderes económicos, esencialmente del mundo inmobiliario, intentando detener las políticas de defensa de los inquilinos y las multas por acoso inmobiliario; y de Agbar, contra los procesos participativos y la reivindicación de la municipalización del agua. Todas las querellas eran contra las innovadoras políticas urbanas y de derechos en la Barcelona liderada por los comunes, acciones judiciales la mayoría de las cuales han sido archivadas.

Posiblemente el caso más dramático en el país ha sido el de Mónica Oltra. La extrema derecha consiguió hacerla retirar de la política, renunciando a su cargo de vicepresidenta de la Generalitat Valenciana el 21 de junio de 2022, por una denuncia que hace unas semanas (que rápida es la justicia de este país) se ha demostrado totalmente infundada. Pero no solo esto, la retirada forzada de Monica Oltra, la mejor dirigente política progresista valenciana, desmembró la estructura del Pacte del Botànic y ha desorientado a las izquierdas. Y, sobre todo, ha propiciado la victoria de la derecha y que en el ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat Valenciana no sólo haya vuelto el régimen corrupto de la derecha especuladora y retrógrada, que reinó con el Partido Popular durante décadas hasta el cambio del 2015, sino que ha potenciado que entren en las instituciones la agenda, las propuestas y los conceptos tóxicos de Vox. 

También el lawfare urbano en Barcelona, aunque no ha conseguido tener resultados esperados, ha supuesto un sobreesfuerzo para concejales, técnicos y servicios jurídicos del Ayuntamiento y ha conseguido poner en tela de juicio los ejes verdes. Y en las elecciones municipales de hace un año, fue uno de los factores de antipolítica que desgastó la confianza, autoridad y legitimidad de Ada Colau, haciéndole perder votos y potenciando que sacara rédito la reacción de la derecha nacionalista contra el urbanismo redistributivo y de los derechos. 

Y tal como declaró entre lágrimas Mónica Oltra cuando tuvo que dimitir –“hoy han ganado los malos, pero hoy han ido por mí y mañana irán por cualquier político que no esté a favor de los poderes”– una predicción a lo Bertold Brecht que se ha cumplido: ahora han ido a por el PSOE en el gobierno. Sin embargo, los políticos socialistas nunca se solidarizaron con los represaliados previos. El caso de Mònica Oltra, con la pérdida de soporte del presidente Ximo Puig, vuelve a ser emblemático. Y no sólo esto, una de las denuncias en la Barcelona liderada por Ada Colau, precisamente una de las supuestamente promovida por Agbar, estuvo mediada por miembros del PSC, tal como averiguó la revista digital Crític.

La parte buena de que el vaso ya haya rebosado, al incluir dentro de él al máximo representante del PSOE, es que ahora el debate se está redirigiendo hacia como reforzar la democracia amenazada en España, por las fake news y el lawfare, sobre cómo regenerar la política y penalizar la antipolítica hasta que esta se diluya. Ante esto aparece una constelación de medidas de distinta escala y dimensión temporal.

Lo más urgente, rápido y prioritario es derogar la Ley Mordaza, nefasta herencia del gobierno del Partido Popular, denunciada por la misma Amnistía Internacional, al reducir los derechos de manifestación y expresión.

Y lo más estructural es transformar totalmente la composición del poder judicial en España, algo que sería de gran calado y a lo que se va a oponer sistemáticamente el Partido Popular. Lo que implica un cambio de larga duración en la formación y selección de los jueves, hasta hoy mismo según unos procesos elitistas y endogámicos, que jueces progresistas como Baltazar Garzón y José Antonio Martín Pallín han denunciado respectivamente en sus libros 'Los disfraces del fascismo' (2022) y 'La guerra de los jueces. El proceso judicial como arma política' (2022), y en sus artículos de opinión.

Hace falta valor para amonestar a aquellos jueces y juezas que den recorrido a denuncias penales que sea evidente que no tienen base jurídica. Se trata, como ha dicho Martín Pallín, de casos de despilfarro, casi de prevaricación, al haber dado curso a acciones temerarias. 

Se han de tomar medidas ya contra el uso y abuso de la acción popular, en los casos que ésta esté a manipulada y tenga detrás intereses económicos, antidemocráticos y particulares. 

Y se deben penalizar las fake news, como ya se empezó a hacer en el 2022 en casos que han de sentar jurisprudencia. Vigilar si las subvenciones a la prensa por parte de las administraciones van a medios que publican noticas falsas. Exigir a todos los medios que den tanta importancia a la noticia cuando se presenta y los afectados van a declarar, como cuando se declara que era una denuncia sin fundamento, actualización que casi nunca sale en los medios de información.

Y muchas otras medidas más que ahora se deben debatir y empezar a desarrollar y a aplicar.

Todo ello tiene la cara positiva de abrir hoy un debate vital para la salud de la democracia y para evitar su debilitamiento. Algo que exige la movilización ciudadana, la principal protagonista de la democracia: se debe reclamar una amplia apertura de debates, y presionar a los medios mainstream, los que tengan la voluntad de ser libres y honestos, y que no tenga intereses económicos detrás, para que los periodistas se responsabilicen de haber estado una parte de la prensa y de la televisión en connivencia con las difamaciones y para que, en reparación, actúen como portavoces de esta regeneración tan vital. Que todo esto no quede en una pirueta electoralista de Pedro Sánchez y sea, realmente, el inicio de una transformación hacia una democracia menos imperfecta, insuficiente y amenazada. 

Junts pel Sí rebutja l’oportunitat d’aturar els lloguers abusius en la nova llei d’emergència habitacional i posterga el repte fins d’aquí a nou mesos

El Parlament aprovarà aquest dijous la llei d’emergència habitacional. Una nova llei que ha de servir per superar la suspensió parcial de la llei 24/ 2015, dictaminada el juny d’aquest any pel Tribunal Constitucional.

Calia urgentment recuperar les eines per aturar desnonaments i atendre les emergències habitacionals; i la Generalitat ho ha tramitat amb la rapidesa promesa.

És cert que el text actual suposa avanços significatius. Així, recupera l’expropiació de l’usdefruit dels pisos buits (curiosament ja prevista a la Llei 2007 del Dret a l’Habitatge i suprimida el 2011 per CIU a través de la llei Òmnibus), i consolida el deure de reallotjament dels grans propietaris de pisos buits, com a pas previ al desnonament de persones vulnerables. Tanmateix, no resol problemàtiques punyents denunciades per ajuntaments metropolitans i entitats socials.

Poc abans que es produís la suspensió cautelar de la llei 24/2015, l’Ajuntament de Barcelona va fer públic un informe sobre el mercat del lloguer a la ciutat. En aquest document, s’alerta del continu increment dels preus del lloguer, documentant com durant el 2015 el preu del lloguer va augmentar un 6’6% més que durant el mateix període del 2014, situant-se en una mitjana de 727 euros mes.

A més, de l’anàlisi dels preus de lloguer per districtes es conclou que els barris de nivell de renda més baixa són els que més esforç econòmic han de realitzar per fer front al pagament del lloguer, per sobre del 25% de la seva renda. En aquest sentit, l’informe constata que, si bé la pujada dels lloguers és una problemàtica compartida per les principals ciutats de l’Estat, Barcelona és hores d’ara on resulta més car llogar i on més creixen els preus. Alhora, és on les pujades tenen més impacte social, ja que té la proporció més gran d’habitatges de lloguer, el 30% del total, front el 24% de Palma de Mallorca o el 20% de Madrid.

Des de llavors, el Consistori ha alertat en nombroses ocasions sobre aquesta situació: l’arrel del problema dels processos de desnonament està en el desmesurat increment dels lloguers. Per fer front a això ha engegat tota una sèrie de mesures contra la nova bombolla immobiliària, que inclouen des de la sanció dels habitatges turístics il·legals i les sancions als bancs que concentren pisos buits, que en aquest cas poden arribar als 300.000 euros, fins a la promoció d’habitatge públic de lloguer i el programa de mobilització d’habitatges buits que, sota el lema “Tu tens la clau”, garanteix el cobrament del lloguer i ofereix ajuts a la rehabilitació de fins a 15.000 euros als petits propietaris que posin el seu pis a disposició de la borsa de lloguer. Paral·lelament, s’està fent un cens de pisos buits i s’està elaborant un índex de preus que ajudi a orientar el cost del lloguer en funció de les característiques del pis, estat de conservació i la ubicació.

Però la pujada indiscriminada en el preu dels lloguers requereix respostes normatives d’àmbit autonòmic i estatal. És per això que l’Ajuntament de Barcelona ha insistit en la gran necessitat de que la futura llei d’emergència habitacional introdueixi la possibilitat de sancionar els “lloguers abusius” que imposen grans tenidors d’habitatge buit. Introduir aquest concepte seria un avenç tan gran com imprescindible.

Davant la negativa del govern a fer-ho, l’Ajuntament va organitzar fa poques setmanes una trobada d’alcaldesses i alcaldes metropolitans per reivindicar que s’escoltés la seva veu, ja que són les administracions locals les que s’han d’enfrontar diàriament a desnonaments i a problemàtiques relacionades amb la bombolla immobiliària del lloguer; i les que han de carregar amb l’esforç de resoldre el problema aportant habitatges i recursos socials.

Per tant, la llei que s’aprovarà el dia 21 de desembre és insuficient. És una llàstima que Junts pel Sí no hagi volgut aprofitar la nova llei d’emergència habitacional per aturar la bombolla immobiliària del lloguer. I la dotació pressupostària de la norma, 14 milions d’euros, no estigui a l’alçada de la situació d’exclusió residencial.

Tot i això, poden considerar que les reivindicacions han tingut fruit: el Govern s’ha compromès a regular els lloguers abusius d’aquí a nou mesos. Des de Barcelona continuarem pressionant per a que el compromís es faci efectiu en aquest termini; per a que es compti en tot moment amb els ajuntaments, ja que al cap i a la fi som els qui millor detectem les necessitats de la ciutadania; i per una regulació del mercat de lloguer que afronti realment la qüestió i aclareixi les regles del joc entre propietaris i llogaters, posant per davant el dret a l’habitatge.

Junts pel Sí rechaza la oportunidad de detener los alquileres abusivos en la nueva ley de emergencia habitacional y posterga el reto hasta dentro de nueve meses

El Parlament aprobará este jueves la ley de emergencia habitacional. Una nueva ley que debe servir para superar la suspensión parcial de la ley 24/2015, dictaminada en junio de este año por el Tribunal Constitucional.

Hacía falta recuperar urgentemente las herramientas para detener desahucios y atender las emergencias habitacionales; y la Generalitat lo ha tramitado con la rapidez prometida.

Es cierto que el texto actual supone avances significativos. Así, recupera la expropiación del usufructo de los pisos vacíos (curiosamente ya prevista en la Ley 2007 del Derecho a la Vivienda y suprimida en 2011 por CIU a través de la ley Ómnibus), y consolida el deber de realojamiento de los grandes propietarios de pisos vacíos, como paso previo al desahucio de personas vulnerables. Sin embargo, no resuelve problemáticas acuciantes denunciadas por ayuntamientos metropolitanos y entidades sociales.

Poco antes de que se produjera la suspensión cautelar de la ley 24/2015, el Ayuntamiento de Barcelona hizo público un informe sobre el mercado del alquiler en la ciudad. En este documento, se alerta del continuo incremento de los precios del alquiler, documentando cómo durante 2015 el precio del alquiler aumentó un 6'6% más que durante el mismo periodo de 2014, situándose en una media de 727 euros mes.

Además, del análisis de los precios del alquiler por zonas, se extrae la conclusión de que los barrios con niveles de renta más baja son los que más esfuerzo económico deben realizar para hacer frente al pago del alquiler, por encima del 25% de su renta. Al mismo tiempo, el informe constata que si bien la tendencia se refiere a las grandes ciudades del Estado, Barcelona es la que tiene los alquileres más caros y donde más crecen. Además, al tener una mayor proporción de viviendas de alquiler, el 30% del total frente al 24% de Palma de Mallorca o el 20% de Madrid, la subida tiene mayor impacto social.

Desde entonces el Consistorio ha alertado en numerosas ocasiones sobre esta situación: la raíz del problema de los procesos de desalojo está en el desmesurado incremento del alquiler. Para enfrentarse a ello se han puesto en marcha toda una serie de medidas contra la nueva burbuja inmobiliaria, que incluye desde la sanción a inmuebles turísticos ilegales y la de bancos que concentran pisos vacíos –en este caso pueden llegar hasta los 300.000 euros– hasta la promoción de vivienda pública de alquiler y el programa de movilización de inmuebles vacíos que, bajo el lema “Tú tienes la llave”, garantiza el cobro del alquiler y ofrece ayudas a la rehabilitación hasta los 15.000 euros a los pequeños propietarios que pongan su vivienda a disposición de la bolsa de alquiler.

Paralelamente, se está realizando un censo de pisos vacíos y se ha empezado a elaborar un índice de precios que ayude a orientar el alquiler en función de las características del piso, su estado de conservación y su ubicación.

Pero la subida indiscriminada en el precio de los alquileres requiere respuestas normativas de ámbito autonómico y estatal. El Ayuntamiento de Barcelona ha insistido en la necesidad de que la futura ley de emergencia habitacional introduzca la posibilidad de sancionar los “alquileres abusivos” que imponen los grandes propietarios de inmuebles vacíos. Introducir este concepto sería un avance tan grande como imprescindible.

Ante la negativa del Govern a dar el paso, el Ayuntamiento organizó hace pocas semanas un encuentro entre alcaldesas y alcaldes metropolitanos para reivindicar que se les escuche, ya que son las administraciones locales las que deben enfrentarse diariamente a desalojos y a problemáticas relacionadas con la burbuja inmobiliaria del alquiler; y las que cargan con el esfuerzo de resolver el problema aportando viviendas y recursos sociales.

Por tanto, la ley que se aprobará este 22 de diciembre es insuficiente. Es una lástima que Junts pel Sí no haya querido aprovechar la nueva ley de emergencia habitacional para poner freno a la burbuja inmobiliaria del alquiler. Y la dotación presupuestaria de la norma, 14 millones de euros, tampoco está a la altura de la situación de exclusión residencial.

Aun así, las reivindicaciones han tenido fruto: la Generalitat se ha comprometido a regular los alquileres abusivos de aquí a nueve meses. Desde Barcelona continuaremos presionando para que el compromiso se haga efectivo en este plazo; para que se cuente en todo momento con los ayuntamientos, ya que al fin y al cabo somos los que antes detectamos las necesidades de la ciudadanía; y para disponer de una regulación del mercado de alquiler que afronte realmente el problema y aclare las reglas del juego entre propietarios e inquilinos, anteponiendo el derecho a la vivienda.

"La política de garantia de drets socials ha d’estar alineada amb la de turisme, urbanisme, mobilitat, economia... Perquè són totes les polítiques les que incideixen en les condicions de vida de la gent, com el preu dels lloguers", expliquen la tinent d'alcaldessa de Drets Socials de Barcelona en Comú, Laia Ortiz, i el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner

Tradicionalment, a l’Estat espanyol, el dret a l’habitatge ha estat considerat, amb honroses excepcions com la Llei pel Dret a l’Habitatge del 2007 del Govern del tripartit, o la legislació del País Basc, com un dret de segona categoria. Se’l mirava només com un factor d’enriquiment econòmic, i no com un dret essencial que calia preservar de la voràgine especulativa.

El resultat és prou conegut i patit: la pervivència dramàtica dels desnonaments, uns 50 a la setmana a Barcelona; de persones sense llar, unes 3.000 segons el darrer recompte; i un nombre cada cop major de persones que veuen gairebé impossible poder accedir a un habitatge per l’augment desorbitat dels lloguers. Joves i persones grans es veuen forçades a abandonar els pisos de tota la vida per l’augment de la pressió del mercat. A Barcelona, l’habitatge s’ha convertit en una mercaderia especialment atractiva per als inversos, que acaparen un 40% de les compres, exercint una forta pressió a les àrees d’alta atracció turística.

El panorama de l’herència de bombolla immobiliària, denunciada per V de Vivienda; l’emergència habitacional afrontada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH); l’expulsió de veïns i veïnes amb motiu de la proliferació de pisos turístics il·legals denunciada per les associacions veïnals són alguns dels reptes a afrontar des del Govern municipal.

En aquest context tan difícil, amb un Govern de la Generalitat a mig gas i un Govern estatal en funcions del PP que directament forma part del problema, com va demostrar recorrent la llei d’emergència habitacional, l’Ajuntament està actuant decididament en quatre eixos.

En primer lloc, prevenint i atenent l’emergència habitacional. Per lluitar contra els desnonaments, per prevenir-los i aturar-los, es va crear el gener del 2016 la Unitat contra l’Exclusió Residencial (UCER), amb 1.515 casos atesos en set mesos. Al mateix temps, s’han reforçat els ajuts d’urgència al pagament de lloguer, i el 2015 s’han atorgat a quasi a 3.000 famílies.

En segon lloc, estem afrontant l’ús antisocial de l’habitatge: pisos buits, en mal estat, ocupats a precari o infrahabitatge. Això implica un règim disciplinari de sancions que ens ha ajudat a aconseguir 550 pisos dels bancs, respecte els 19 de tot el mandat passat. És clar que el diàleg s’ha de combinar amb la mà dura. Per això no ens ha tremolat la mà a l’hora de multar bancs per especular amb pisos buits, ni de sancionar apartaments turístics il·legals o als propietaris que practiquen la usura llogant espais sense les condicions més bàsiques de salubritat.

En tercer lloc és clau l’increment del parc d’habitatge públic. Durant aquest mandat posarem en marxa la construcció de 3.500 nous pisos, dels quals el 80% seran de lloguer públic, quan ara el parc d’habitatge públic de la ciutat és només de 6.500 i el d’habitatge accessible de 10.500. Per aconseguir-ho, el Patronat Municipal de l’Habitatge s’ha reforçat i activat.

Per últim, destinarem 80 milions d’euros en els propers 4 anys a la rehabilitació proactiva d’edificis i pisos, generant ocupació digna i millorant la funcionalitat i accessibilitat dels habitatges i la seva eficiència energètica.

Som conscients que les eines amb les que compta un ajuntament, tot i ser gran com el de Barcelona, són limitades. I, tanmateix, la principal conclusió és que hem col·locat les polítiques d’habitatge al centre de l’acció municipal. Sense negar els obstacles, considerem que la resignació no és una bona estratègia i que cal actuar sobre les estructures de mercat. Això vol dir que la política de garantia de drets socials ha d’estar alineada amb la de turisme, urbanisme, mobilitat, economia... Perquè són totes les polítiques les que incideixen en les condicions de vida de la gent, com el preu dels lloguers.

Es tracta, també, d’obrir nous camins, innovant davant la complexitat i les múltiples necessitats. Algunes dades per a la reflexió: AirBnB ofereix al seu web gairebé 21.000 lloguers i només hi ha 9.000 pisos turístics legals a la ciutat; hi ha 125.000 pisos a la ciutat que tenen 4 habitacions més de les que necessiten les famílies que hi viuen; o el creixent envelliment de la població, que farà que al 2050 el 30% de la població sigui major de 65 anys, i els reptes que això suposa en termes habitacionals.

Per dur a terme la nostra tasca cal obrir els debats, canviar les polítiques i les prioritats, però també la legislació autonòmica i estatal. Per això estem treballant per una nova Llei d’Arrendaments Urbans que reguli el mercat de lloguer impedint increments desmesurats o abusius.

Però si realment volem que l’habitatge es consideri per sempre més un dret de primera, cal també promoure un canvi en la concepció mateixa de l’habitatge com a bé d’inversió. Per això, en el Dia Mundial de l’Hàbitat, reiterem que l’habitatge és un dret com una casa, i recordem que hem creat un nou i únic portal que aglutina totes les informacions sobre habitatge: www.habitatge.barcelona. Perquè l’habitatge no és un negoci; és un dret com una casa.

Tradicionalmente, en España, el derecho a la vivienda ha sido considerado, con honrosas excepciones como la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2007 del Gobierno del tripartito, o la legislación del País Vasco, como un derecho de segunda categoría. Se le consideraba sólo un factor de enriquecimiento económico, y no un derecho esencial que había que preservar de la vorágine especulativa.

El resultado es bastante conocido y sufrido: la pervivencia dramática de los desahucios, unos 50 a la semana en Barcelona; de personas sin hogar, unas 3.000 según el último recuento; y un número cada vez mayor de personas que ven casi imposible poder acceder a una vivienda por el aumento desorbitado de los alquileres. Jóvenes y personas mayores se ven forzadas a abandonar los pisos de toda la vida por el aumento de la presión del mercado. En Barcelona, la vivienda se ha convertido en una mercancía especialmente atractiva para los inversores, que acaparan un 40% de las compras, ejerciendo una fuerte presión en las áreas de alta atracción turística.

El panorama de la herencia de burbuja inmobiliaria, denunciada por V de Vivienda; la emergencia habitacional afrontada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); la expulsión de vecinos y vecinas con motivo de la proliferación de pisos turísticos ilegales denunciada por las asociaciones vecinales son algunos de los retos a afrontar desde el Gobierno municipal.

En este contexto tan difícil, con un Gobierno catalán a medio gas y un Gobierno estatal en funciones del PP que directamente forma parte del problema, como demostró recorriendo la ley de emergencia habitacional, el Ayuntamiento está actuando decididamente en cuatro ejes.

En primer lugar, previniendo y atendiendo la emergencia habitacional. Para luchar contra los desahucios, para prevenirlos y pararlos, se creó en enero de 2016 la Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER), con 1.515 casos atendidos en siete meses. Al mismo tiempo, se han reforzado las ayudas de urgencia al pago de alquiler, y en 2015 se han otorgado a casi 3.000 familias.

En segundo lugar, estamos afrontando el uso antisocial de la vivienda: pisos vacíos, en mal estado, ocupados en precario o infravivienda. Esto implica un régimen disciplinario de sanciones que nos ha ayudado a conseguir 550 pisos de los bancos, respecto a los 19 de todo el mandato pasado. Está claro que el diálogo debe combinarse con la mano dura. Por eso no nos ha temblado el pulso a la hora de multar bancos por especular con pisos vacíos, ni de sancionar apartamentos turísticos ilegales o los propietarios que practican la usura alquilando espacios sin las condiciones más básicas de salubridad.

En tercer lugar, es clave el incremento del parque de vivienda pública. Durante este mandato pondremos en marcha la construcción de 3.500 nuevos pisos, de los cuales el 80% serán de alquiler público, cuando el parque de vivienda pública de la ciudad es sólo de 6.500 y el de vivienda accesible de 10.500. Para ello, el Patronato Municipal de la Vivienda se ha reforzado y activado.

Por último, destinaremos 80 millones de euros en los próximos 4 años a la rehabilitación proactiva de edificios y pisos, generando empleo digno y mejorando la funcionalidad y accesibilidad de las viviendas y su eficiencia energética.

Somos conscientes de que las herramientas con las que cuenta un ayuntamiento, a pesar de ser grande como el de Barcelona, son limitadas. Y, sin embargo, la principal conclusión es que hemos colocado las políticas de vivienda en el centro de la acción municipal. Sin negar los obstáculos, consideramos que la resignación no es una buena estrategia y que hay que actuar sobre las estructuras de mercado. Esto quiere decir que la política de garantía de derechos sociales debe estar alineada con la de turismo, urbanismo, movilidad, economía... Porque son todas las políticas las que inciden en las condiciones de vida de la gente, como el precio de los alquileres.

Se trata, también, de abrir nuevos caminos, innovando ante la complejidad y las múltiples necesidades. Algunos datos para la reflexión: AirBnB ofrece en su web casi 21.000 alquileres y sólo hay 9.000 pisos turísticos legales en la ciudad; hay 125.000 pisos en la ciudad que tienen 4 habitaciones más de las que necesitan las familias que viven; o el creciente envejecimiento de la población, que hará que el 2050 el 30% de la población sea mayor de 65 años, y los retos que ello supone en términos habitacionales.

Para llevar a cabo nuestra labor hay que abrir los debates, cambiar las políticas y las prioridades, pero también la legislación autonómica y estatal. Por eso estamos trabajando en una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que regule el mercado de alquiler impidiendo incrementos desmesurados o abusivos.

Pero si realmente queremos que la vivienda se considere para siempre un derecho de primera, hay también promover un cambio en la concepción misma de la vivienda como bien de inversión. Por ello, en el Día Mundial del Hábitat, reiteramos que la vivienda es un derecho como una casa, y recordamos que hemos creado un nuevo y único portal que aglutina todas las informaciones sobre vivienda: www.habitatge.barcelona. Porque la vivienda no es un negocio; es un derecho como una casa.