Muchas son las personas que me preguntan por qué Moreno Bonilla ha dado la autorización ambiental a un mega proyecto turístico en las Marismas del Guadalquivir, a sabiendas de que no podrá prosperar; menos aun después del escándalo europeo de su plan de regadíos en Doñana. ¿Tiene acaso aspiraciones el PP andaluz de gobernar en Trebujena, un municipio donde Izquierda Unida revalida sucesivas mayorías absolutas?

La respuesta es no. La respuesta es electoral, pero va mucho más allá de intereses municipales o comarcales. En este artículo sostengo que el movimiento de Moreno Bonilla de desempolvar un proyecto de construcción en Trebujena de un campo de golf, un hotel y 300 villas de lujo en las marismas del Guadalquivir, en el entorno de Doñana, responde a una estrategia política, un movimiento hacia el marco de la derecha más radical y populista. Y el proyecto de regadíos en la corona norte de Doñana, si bien sí tenía en origen un interés electoral provincial, ha acabado siendo un prólogo sonado del giro del PP andaluz, la inauguración de la nueva era radical.

No hay más que mirar con la perspectiva internacional de radicalización de los partidos conservadores, con la participación cada vez más descarada de algunas de sus figuras en foros internacionales de extrema derecha, donde, a pesar de la heterogeneidad de los grupos y personas que se reúnen, se fijan las estrategias, se comparten las herramientas para alcanzar la hegemonía cultural y el poder político y se asegura una financiación multimillonaria. El PP de Moreno Bonilla, el de Nuñez Feijóo, y por supuesto el de Díaz Ayuso, están entrando en esa dinámica, aunque con distintas velocidades. En el caso andaluz, Doñana antes y Trebujena, ahora, sirven como ejemplos.

La estrategia del PP es clara: los “otros”, los que no son ellos, o bien desconocen la realidad andaluza o manipulan la verdad. Esos “otros” son presentados como una élite medioambiental, que perjudica los intereses de los territorios concretos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la autorización ambiental de un complejo turístico en las marismas del Guadalquivir, en el municipio de Trebujena. A pesar de que este proyecto consumirá unos 850.000 m³ de agua, cuando Trebujena consume en torno a los 800.000 m³. Y todo ello, en plena sequía, cuando el propio Parlamento andaluz, donde el PP tiene mayoría absoluta, acaba de aprobar su tercer decreto contra la sequía. Esa aparente contradicción no guarda relación lógica alguna; estamos frente a algo más. El PP andaluz se desliza hacia una narrativa radical.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco -el mismo que fue a Bruselas para desmontar los “bulos” del gobierno central sobre su proyecto de regadíos en la corona norte de Doñana y se volvió con un listado de los incumplimientos de la legislación comunitaria-, fue el encargado de anunciar que la Junta considera el complejo de Trebujena compatible con el medioambiente. Y el encargado de añadir que, si la autoridad competente en materia de agua en la zona, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del gobierno central, no da un informe positivo, el proyecto decaerá. Lejos de la más mínima responsabilidad, del “orden” que se le presupone a la derecha tradicional y a un partido de gobierno. Gráficamente: tira la piedra y esconde la mano.

El Ministerio para la Transición Ecológica, en boca de su titular, la Vicepresidenta Teresa Ribera y del presidente de la CHG, Joaquín Páez, han sido contundentes respecto a la inviabilidad del proyecto. Estamos en una situación de sequía, el proyecto no está dentro de la planificación de la CHG y los terrenos en los que pretende desarrollarse no son aptos para el mismo al ser inundables, tal y como consta en la cartografía de zonas inundables, un registro público disponible para instituciones, organizaciones y la propia ciudadanía.

La reacción del Fernández-Pacheco a estas últimas declaraciones de los responsables es una versión adaptada de la respuesta de Moreno Bonilla sobre los regadíos de Doñana.

Primero, el PP defiende que las marismas del Guadalquivir no son Doñana, como tampoco lo es la corona norte del Parque, aunque se nutran de un acuífero común. La estrategia del PP es clara: los “otros”, los que no son ellos, o bien desconocen la realidad andaluza o manipulan la verdad. Esos “otros” son presentados como una élite medioambiental, que perjudica los intereses de los territorios concretos.

En estos movimientos vemos como el PP de Moreno Bonilla está desarrollando esa unión imposible que ya le vimos a Trump, la de presentarse como anti-establishment, siendo un representante de dicho establishment y gobernando para sus intereses

Segundo, el gobierno del PP sostiene que la Junta no ha autorizado nada porque no tiene competencias. Mutatis mutandi, lo mismo que planteó previamente Moreno Bonilla: el Gobierno andaluz no ha aprobado ninguna ley sobre el regadío en la corona norte de Doñana porque en realidad se trata de una iniciativa legislativa del Parlamento, donde el mismo PP tiene mayoría absoluta. El PP crea la polémica, la fractura social y lanza la pelota a tejado ajeno.

Tercero, que la Vicepresidenta del Gobierno de España se ha quitado la careta de la institucionalidad y es, textualmente, “una hooligan radical a quién solo le interesa el medio ambiente como arma electoral contra Andalucía y los andaluces”. Exactamente el mismo tono que utilizó Moreno Bonilla al decir que la Vicepresidenta tomaba las decisiones sobre el futuro de la comarca de Doñana desde su ático de la Castellana, paseo de Madrid en el que resulta está ubicado el Ministerio para la Transición Ecológica.

En definitiva, el discurso desarrollado por Moreno Bonilla y su consejero es, por un lado, que los de fuera, las élites y aquellos que se alían con éstas, no saben la realidad de nuestro territorio, manipulan y mienten, mientras que el PP andaluz, sí la conoce, (aunque instituciones científicas, personas expertas, ecologistas, asociaciones, empresas, buena parte de la ciudadanía y hasta Ayuntamientos del territorio tengan una voz propia, autorizada y distinta). Y, por otra parte, el PP andaluz, a pesar de no tener las competencias exclusivas para sacar adelante esos proyectos, los defiende. Y finalmente, si de paso, crean fractura social, cabreo y se mofan de una mujer, que además es socialista y ecologista, la jugada es completa, ya que enganchan con la narrativa misógina, reaccionaria y negacionista del cambio climático de la extrema derecha. Esa es la estrategia política radical que los partidos conservadores están tomando prestada de la extrema derecha.

En estos movimientos vemos como el PP de Moreno Bonilla está desarrollando esa unión imposible que ya le vimos a Trump, la de presentarse como anti-establishment, siendo un representante de dicho establishment y gobernando para sus intereses. Moreno Bonilla está siguiendo la estrategia de la extrema derecha de combinar elitismo y populismo. El elitismo de sus regalos fiscales a los más ricos, con el populismo de decirse junto al pueblo y los intereses de Andalucía, aunque sea también contra el sentido común, toda evidencia científica, el cumplimiento de las sentencias y las leyes o las instituciones de la Unión Europea. Nada menos.

La radicalización de los partidos de derecha no es un movimiento exclusivo del PP andaluz. Casi toda la derecha tradicional tiene su Vox o ha desaparecido frente a opciones más radicales por no poner límites a las propuestas “iliberales” de los extremistas

La radicalización de los partidos de derecha no es un movimiento exclusivo del PP andaluz. Todo lo contrario. Casi toda la derecha tradicional tiene su Vox, o ha desaparecido frente a opciones más radicales precisamente por no poner límites a las propuestas “iliberales” de los extremistas y permitirles establecer e incluso imitar su marco narrativo. Uno de los mayores expertos en el surgimiento de los movimientos de extrema derecha, Cas Mudde, escribe en relación con los tories británicos y tomando el ejemplo del partido republicano estadounidense, que las estrategias de radicalización que están imitando los partidos conservadores en muchas democracias occidentales alimentan sentimientos antidemocráticos y deterioran todos los elementos necesarios para el desarrollo de nuestras democracias liberales. Juegan con fuego.

En la reciente convención de la National Conservatism Conference (NatCon)  donde estos años atrás se podía ver a representantes de la extrema derecha como Viktor Orban, Giorgia Meloni, Tucker Carlson, Ted Cruz o Ron de Santis, se han empezado a ver también insignes figuras del partido conservador británico, los tories. Algo que hasta hace poco habría sido impensable, pero que ahora entra dentro de lo normal, como las posturas acientíficas, el racismo o la misoginia, cada vez exhibidos con menos vergüenza y hasta con orgullo. Cada vez hay más estrategias y narrativas de extrema derecha que encuentran su traslación en la derecha.

Si la extrema derecha francesa habla de “gran reemplazo”, nada menos que Michel Barnier, el negociador del Brexit por la UE, habla también de ese potencial reemplazo de la población autóctona por la de origen extranjero, pero de manera descafeinada. Barnier es más fino y declara que muchos franceses tienen la impresión de no sentirse ya en “su casa”. En España, también hay destacadas figuras populares que han cruzado las fronteras con la derecha radical e incluso se han situado a la vanguardia como el caso de Jaime Mayor Oreja, presidente del think tank, One of Us donde participan fundaciones como Hazte Oír. Como han mostrado los informes de Neil Datta para el European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights, estos grupos cuentan con una financiación multimillonaria y, una estrategia internacional muy elaborada contra todos los avances por la igualdad de género.

Moreno y Feijóo tendrían que cuidar su acientifismo, su iliberalismo, su populismo y el cortoplacismo de su apuesta política. Con estos movimientos preparan la dirección de su fuerza política para líderes que no tienen respeto por el orden institucional

También en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo se mueve hacia la derecha y ya no esconde sus alianzas con partidos de extrema derecha.  Así, el ex presidente del Parlamento Europeo y ex comisario de la Comisión Europea, el político conservador italiano Antonio Tajani, defiende que el Partido popular europeo debe mantener la alianza con el grupo ECR (European Conservatives and Reformists) para la próxima legislatura donde se engloban 20 partidos de la derecha radical, entre ellos los Fratelli d’Italia de Meloni, o Vox. Esa es su dirección y su referencia.

 Adoptar la estrategia de la derecha radical, le está permitiendo a políticos como Moreno Bonilla decir una cosa y la contraria, hablar de revolución verde y promover proyectos que atentan contra nuestro patrimonio natural. Envolverse en la blanca y verde y desarrollar proyectos políticos que dañan nuestra tierra y su imagen, como ha ocurrido con la propuesta sobre Doñana. Moreno Bonilla y Nuñez Feijóo tendrían que cuidar su acientifismo, su iliberalismo y su populismo y también el cortoplacismo de su apuesta política, dentro y fuera de su partido. Porque con estos movimientos, estarían por una parte preparando la dirección de su fuerza política para líderes que no tienen respeto por el orden institucional, y por la otra, creando una base electoral más radical que ellos mismos, llevándolos a la insignificancia política y a todos los demás, a algo peor. Así mueren las democracias, además de nuestros ecosistemas más valiosos.

Este fin de semana, una amiga me envió un video de lo que la televisión rusa estaba retransmitiendo en ese momento y no eran tropas bloqueando corredores humanitarios, arrasando ciudades, centrales nucleares y vidas, sumando muertes ucranianas y rusas, muertes, en definitiva. La grabación mostraba una comida de Putin en torno a una mesa aún más grande que la compartida con Macron y mucho más concurrida. Sus comensales eran azafatas de vuelo. Y el discurso del mandatario ruso para celebrar el 8 de marzo comenzó con un chiste sobre una violación y siguió con otro sobre un pene. Todas rieron, aunque ignoro si de verdad les hizo gracia. No me atrevo a censurarlas; no creo que tengan libertad suficiente para evitar la automatizada sonrisa profesional que nos regalan en los vuelos. Pero me pregunto si todos los que a lo largo de los años han sonreído y dejado hacer a Putin no tenían otra opción: los que aspiraban a beneficiarse del gas ruso o del dinero y los favores de su corte de oligarcas; los partidos de extrema derecha de toda Europa y más allá; los amigos que, como Berlusconi en Cerdeña, lo invitaban a mujeres en sus mansiones o yates; o algunos nostálgicos de la Unión Soviética que veían en Putin un aliado contra el imperio norteamericano y su expansión neoliberal en Europa. Europeos que hoy borran fotos y tweets, porque Europa aparece en esta crisis como el faro de la libertad, con vocación de iluminar, guiar en el exilio y proveer de refugio a millones de personas.

Europa se ha movido rápido, Europa se está moviendo. El pasado 1 de marzo el Parlamento Europeo aprobó en sesión extraordinaria una resolución con 637 votos a favor, 13 en contra y 26 abstenciones donde se solicitaba conceder a Ucrania el estatuto de país candidato a la Unión Europea, limitar desde los estados miembro las compras de los bienes de exportación rusos más importantes, como el petróleo o el gas, establecer sanciones que debiliten estratégicamente la economía y la industria rusas, permitir la entrega de armas defensivas a Ucrania o que la exclusión del sistema SWIFT, ya impuesta a Rusia, se hiciera extensiva a Bielorrusia. Todo en línea con los discursos de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, así como con las medidas que han ido respaldando los estados miembros en los últimos días: establecimiento de corredores humanitarios; activación de un mecanismo de emergencia para facilitar la acogida e integración de las y los ucranianos que huyen de la guerra en territorio de la Unión; sanciones económicas, financieras y a los medios de comunicación rusos; suministro de armas al ejército ucraniano, y finalmente, el encargo de un dictamen a la Comisión para valorar la solicitud de adhesión a la UE de Ucrania, Moldavia y Georgia.

Aunque todavía se puede seguir dilatando la vía diplomática y hacer más, como crear un registro financiero internacional con el fin de llevar la cuenta de quién posee qué en los distintos países que sería la forma de acorralar realmente a la oligarquía rusa que soporta a Putin, no podemos negar que se han dado pasos. Se ve que vamos aprendiendo, incluso lo que no nos gusta aprender. Se ve que asimilamos lecciones costosas de aprender dentro de la burbuja de paz en la que hemos estado inmersos durante décadas, incluso teniendo en cuenta el alto coste que algunas de estas medidas puedan tener. Pero también quiero pensar que estamos igualmente aprendiendo de nuestros errores recientes, los cometidos por esa Unión Europea que identificamos con Europa y a la que en estos últimos años le ha faltado más decencia democrática que la que sus principios y valores fundamentales dicen defender. Nos equivocamos en la crisis del 2008 con su abordaje austericida y el trato dado a Grecia; nos equivocamos con políticas que han hecho aumentar las desigualdades alimentando a grandes grupos de población que no sólo han cuestionado el proyecto europeo, como hicieron la mayoría de los británicos que participaron en el referéndum del Brexit, sino la propia noción de democracia con el auge de la extrema derecha; y nos equivocamos en la crisis de los refugiados de 2015, negando incluso los derechos humanos que afirmamos defender a una humanidad muy concreta.

El Brexit y el auge de movimientos y gobiernos de extrema derecha antieuropeos nos han obligado a avanzar en el desarrollo del pilar social de la política europea; la crisis del COVID-19 nos ha exigido revisar -parcialmente-, la tan errónea y dañina ortodoxia económica; y parece que la guerra en Ucrania nos va a empujar por fin a reformar la política de migración y asilo para que de verdad refleje el sentido humanitario y los valores fundamentales sobre los que teóricamente se asienta la Unión Europea. Del mismo modo que está significando ya un baño de realidad en lo que se refiere al papel geoestratégico que la Unión desea desempeñar en un mundo que está cambiando y en el que nuestra supuesta autonomía estratégica no está ni mucho menos asegurada, como tampoco lo están nuestro modelo de gobierno y nuestro modelo de vida, o de ganarnos la vida. Ese modelo al que aspira a “unirse” Ucrania, y que sin duda enfrentará otros conflictos que se vislumbran en el tablero internacional y que parecen estar al llegar más pronto que tarde, si atendemos al incremento presupuestario en defensa de varios países centrales.

Y es que Europa no es tanto un lugar como una idea que abarca más allá de las fronteras físicas del propio continente. Una idea que precede la creación de la Europa comunitaria, pero que ahora encarna la Unión Europea gracias a haber mantenido vivo el mito fundacional paneuropeo. Como bien dejó escrito el historiador británico Tony Judt, sin ese mito fundacional, los medios por los que esta Europa cobró vida, incluyendo el Plan Marshall, la CECA, la planificación económica, la OCDE, las políticas agrarias comunes o incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no habrían pasado de ser soluciones prácticas a problemas concretos.

Esa promesa de ir más allá de los propios asuntos económicos y mercantiles es la que ha convertido a la Unión Europea en un faro para el resto del continente. Es responsabilidad nuestra hacer realidad esa promesa en un mundo que no nos lo va a poner fácil en una espiral de huida hacia delante de serios problemas no resueltos, y en mitad de las transiciones verde y digital que tenemos que conseguir sean justas cambiando también nuestro modelo económico y su gobernanza. Ese tiene que ser nuestro compromiso para con el proyecto europeo y para con la ciudadanía europea. La historia no está predeterminada y si Europa le falla a Ucrania se estará fallando a sí misma, y saldrá debilitada para el porvenir. George Orwell, en el contexto belicista de la guerra civil española y la falta de apoyo internacional al gobierno legítimo de la Segunda República española, en su obra Homenaje a Cataluña, escribió: “Había muchas cosas que no comprendía, en ciertos aspectos que ni siquiera me gustaban, pero inmediatamente me di cuenta de que era algo por lo que merecía la pena luchar”. No hay tiempo que perder y sí muchas vidas y principios que intentar salvar.

El 8M de este año se presenta cargado de polémicas: sobre la conveniencia o no de manifestarse, sobre la prohibición de las concentraciones feministas cuando se han podido celebrar otras de diferente naturaleza y, muy especialmente, la que gira en torno a la conocida como Ley Trans, cuyo borrador incluye cambios necesarios, pero que se pretende sacar adelante cuando el debate ciudadano todavía está abierto y no se han alcanzado aún el consenso y el sosiego que permiten que las leyes sean un instrumento de progreso y transformación social y no solo una publicación en el boletín oficial correspondiente.

Entre tanta polémica y tanta división (y quizás a causa de ellas) reaparecen o se reinventan con protagonismo inusitado expresiones del dominio patriarcal que amenazan con llevarse por delante conquistas que las mujeres solo hemos podido lograr con mucho esfuerzo y hasta con sangre. Lo que ocurre es muy grave, sobre todo cuando se produce en el momento histórico que estamos atravesando, en medio de una pandemia que está costando muchas vidas y actuando como vector acelerador de cambios muy profundos en el mundo en que vivimos, es decir, cuando es más necesario que nunca que el feminismo esté a la altura de las circunstancias y se haga valer como motor decisivo e imprescindible del progreso social.

Ahora es cuando urge más que nunca que la sociedad en su conjunto perciba y valore en toda su dimensión una idea básica del feminismo: las mujeres no buscamos solamente apropiarnos de una mayor porción de la tarta, esa mitad que en justicia nos corresponde, sino hornear una tarta nueva en beneficio de todos los seres humanos. Es una idea que destila vocación de transformación y que ahora debe estar más presente que nunca en nuestra acción diaria, en nuestra vida personal, profesional y política.

La pandemia va a suponer un antes y un después para la inmensa mayoría de la humanidad. Por mucho que las personas quieran volver a su vida anterior, no van a poder hacerlo. Unas, porque han perdido a sus seres queridos y sus vidas ya no pueden ser las mismas. Otras, porque han tenido que cerrar esa empresa que tanto trabajo les costó crear o han perdido su empleo y no encontrarán otras fuentes de negocio o ingresos sin reinventarse de arriba a abajo. Nos guste o no, la pandemia vuelve a cambiarnos la partitura y la juventud tampoco podrá vivir la vida que había soñado o para la que se estaba preparando porque se le ha puesto difícil continuar sus estudios o encontrar trabajo, porque ha debido postergar una vez más la maternidad o irse a vivir con su pareja... Tampoco será igual al esperado el mañana de muchas niñas y niños que han sustituido la calle por las pantallas en un grado mucho mayor del deseable para su salud y su desarrollo como personas, ni el de muchos mayores cuyos últimos años de vida están transcurriendo entre cuatro paredes, sin el oxígeno y el ánimo de vivir que proporcionan los abrazos y el contacto estrecho con los seres queridos.

Con la vacunación generalizada y la recuperación de la actividad volverán los muchos abrazos, bailes y risas que todos tenemos guardados en la recámara, pero no debemos engañarnos: cuando eso ocurra, la realidad será muy distinta a como era antes de la COVID-19 y, si no sabemos anticiparnos a esos cambios, calibrar bien su magnitud e intervenir en ellos con acierto para que jueguen a nuestro favor, el futuro que nos espera puede ser muy complicado.

No solo estamos viviendo una emergencia sanitaria. Debemos contemplar la COVID-19 como lo que es, el detonante que ha provocado que se aceleren los cambios y que haya empezado a construirse un mundo diferente. Y por eso es ahora y no pasado mañana cuando hemos de intervenir con inteligencia y decisión en el diseño en marcha del futuro, siendo plenamente conscientes de que sin la presencia e influencia del feminismo unido en torno a los principales hitos de su agenda histórica será imposible que nuestras sociedades permitan y garanticen que todas las personas, sin distinción alguna, podamos vivir en igualdad de oportunidades, en libertad, en paz y con dignidad.

Los cambios van a ser radicales, globales y complejos porque están removiendo las bases de la organización social que hemos conocido y sus lógicas estructurales, porque afectarán a todos los planos de la vida social y porque ello va a suceder de forma transversal y entrelazada. Y, como sucede en todos los grandes cambios civilizatorios, se trata de procesos de transformación que requieren de una intervención proactiva y acertada de todos los sujetos e instituciones sociales para llegar a buen puerto, algo que no siempre se consigue porque es en momentos como éstos cuando también el cuerpo social se abre en canal y los diferentes intereses se enfrentan y luchan entre ellos con más intensidad y fiereza que nunca.

Lograr que las transformaciones que se están empezando a dar se orienten en la línea del mayor bienestar social, del incremento del cuidado a las personas y al planeta, de la mejora de la democracia, la justicia y la libertad no es ni será tarea fácil, como demuestra la involución acelerada que día a día percibimos a nuestro alrededor. No lo es porque no se trata de una tarea que incumba sólo a las personas individualmente, ni a los gobiernos en exclusiva, sino que constituye, en concordancia con los cambios a los que se ha de hacer frente, una tarea común, transversal y compleja, donde la defensa de la libertad debe tener una dimensión colectiva y no sólo individual, ya que muchas veces se confunde e identifica erróneamente la libertad con los deseos personales.

Tenemos que afrontar este proceso desde al menos tres frentes que nos apelan como individuos, como colectivos que se organizan políticamente y desde del marco general de nuestros valores y principios.

Se trata de un proceso individual, de cada una y cada uno, porque requiere nuevas formas de relacionarnos con nuestras parejas, nuestras familias y las personas que nos rodean; con el modo en que consumimos o nos dedicamos al ocio; con las imágenes y valores que hacemos nuestros a la hora de utilizar los recursos y distribuirlos; con nuestra manera de luchar por nuestros derechos individuales y colectivos, en los centros de trabajo, mediante las urnas o participando en movimientos sociales; con el uso que le damos a la tecnología en el universo digital en el que estamos ya viviendo, pues corremos el riesgo de que nuestra capacidad de pensar críticamente quede en poder de empresas que, a través de algoritmos, nos sitúan allí donde podemos generar mayores beneficios para ellas, aunque sea a costa de polarizar a la sociedad y acabar con la libertad.

El feminismo puede realizar una aportación fundamental a este proceso de cambio, evitando justamente que la tarta se vuelva a hornear por el lado del patriarcado, que excluye a la mitad de la población e impone la fuerza, la agresión, el poder y la mercancía como motores del mundo. Ahora bien, nos enfrentamos a cambios y tareas que comprometen también a nuestras instituciones y al marco general en el que se toman las decisiones que afectan a nuestro presente y a nuestro futuro común.

La política, como es bien sabido, es el instrumento que permite a los seres humanos intervenir a su alrededor y conducir en el día a día los procesos históricos para que estos no sean anárquicos ni respondan tan solo a los intereses individuales o de grupo de los más poderosos. Por ello, ahora también es el momento de que los valores y las propuestas feministas se difundan y penetren con más profundidad y transversalidad que nunca en la política y las políticas, impregnándolas con la lógica del reparto de los recursos públicos.

Por último, además de impulsar el cambio individual y permear la política general y la gestión presupuestaria, el feminismo debe tratar de modificar el marco general, las grandes coordenadas, los paradigmas que determinan la orientación que pueden seguir las expresiones concretas de la acción social. No basta, desgraciadamente, con reafirmar nuestras posiciones personales o incluso de grupo, no basta siquiera con elaborar sobre el papel políticas de diseño, por muy depurado y radical que nos parezca. Hay que procurar cambiar las condiciones que realmente determinan la capacidad efectiva de incidir sobre la realidad de los diferentes grupos sociales y, en especial, de las mujeres como portadoras de nuevos valores y de una percepción liberadora de las relaciones personales y sociales.

En estos días tenemos sobre la mesa un buen ejemplo de lo necesario que es esto último y de lo importante que resulta no limitarse a definir buenos propósitos.

Se le está dando mil vueltas a las vacunas y al incremento de recursos asociado a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia como las únicas vías de acabar con la pandemia y permitirnos entrar en una nueva fase de normalidad. Pero la opinión mayoritaria en los medios de comunicación y en las tertulias presenta la situación actual como una especie de paréntesis que debe cerrarse, a ser posible cuanto antes, para volver a la senda anterior. Se trata de un error en el que no deberían caer el feminismo y las opciones políticas progresistas y con vocación transformadora.

Lo que deberíamos preguntarnos ahora no es cuándo vamos a volver a la anterior normalidad, que en nuestro caso y perteneciendo a la Unión Europea implicaría volver a la senda del Pacto de Estabilidad y de las políticas de austeridad expansiva previas a la pandemia, sino en qué medida esa anterior normalidad, esas reglas de juego, esas políticas han sido responsables de que el impacto de la COVID-19 y la crisis que esta ha provocado estén siendo tan fuertes y dañinos.

Lo que hay que cuestionar es precisamente el marco general que ha impedido que los gobiernos hayan podido disponer de recursos suficientes y adecuados para prevenir y/o afrontar con seguridad una emergencia sanitaria de estas características; el marco que impone políticas afirmando que son imprescindibles para disminuir la deuda pero que, en realidad, la aumentan sin cesar, o toma decisiones que provocan un aumento deliberado del desempleo y la precariedad, de la pobreza y la exclusión social; el que ha establecido unas bases para nuestra unión monetaria que aumentan la divergencia entre los territorios y las personas en su seno.

Hemos de preguntarnos y tratar de incidir no solo en cómo transformar en verde y digital nuestras economías sino también en la forma de conseguir que la gobernanza económica sea más social y se oriente preferentemente a satisfacer los intereses mayoritarios. Tenemos que pensar y trabajar para cambiar las reglas de juego, las políticas y acuerdos institucionales que nos han abocado a las sucesivas crisis y a darles salida sacrificando a la mayoría de una población que, como no es de extrañar, cada vez cree menos en que las instituciones democráticas sean capaces o tengan siquiera la voluntad de garantizar su bienestar. Esto es algo que no se logra en un día, ni posiblemente existan aún los consensos y las mayorías que nos permitirían hacerlo. Pero hay que seguir picando piedra y descubriendo vetas de cambio que nos vayan acercando a la transformación que necesitamos.

Por ello, en lugar de pensar en cuándo volveremos a lo que ha fallado, tenemos que preguntarnos cómo obtener ingresos alternativos que representen a la vez una contribución y una distribución de los recursos más equitativa, que permitan sentar las bases de sociedades con más estabilidad y resiliencia económicas, con mayores niveles de igualdad y por tanto más prósperas, y con menos desequilibrios de poder que los actuales, sociedades donde los sistemas democráticos y la igualdad de oportunidades funcionen tal y como en teoría pensamos que lo hacen. Tenemos que trabajar para desmontar la financiarización, la hipertrofia financiera de nuestras economías, que no hace sino aumentar la desigualdad de recursos y de poder, que nos esclaviza encadenándonos a una deuda impagable e impone la lógica económica financiera de la búsqueda de beneficio a cada vez más aspectos de nuestra vida.

Si el feminismo se enreda en sí mismo y no es capaz de contribuir a que la sociedad avance a lo largo de esas tres líneas de acción y transformación (la personal, la política e institucional y la que concierne al paradigma, los principios y los valores), de poco servirá que se elaboren brillantes políticas educativas, sanitarias o de igualdad, o nuestra aspiración a que los servicios públicos nos igualen y permitan a las mujeres no llevar en solitario el mandato de los cuidados y a los hombres ir adoptando lógicas vitales más solidarias, porque unas y otras se convertirán en quimeras.

Solo combinando esas vías desde la unión, la coherencia y el compromiso con los principios comunes se podrá lograr el imprescindible empoderamiento conjunto de los individuos y los gobiernos, de la ciudadanía en su conjunto. Las mujeres y el feminismo tenemos mucho que aportar a ese empoderamiento colectivo necesario para crear un mundo más justo y solidario. Y eso no será posible si hay pocas mujeres en los espacios de toma de decisión o se les da poca voz y autoridad como expertas. Las mujeres tenemos que llevar la voz cantante en el diseño y la construcción de instituciones y políticas que nos deben guiar hacia un futuro más justo e igualitario. Nuestro futuro no puede proyectarse desde una única perspectiva, la de los hombres, que una vez más se hace pasar por universal. Utilicemos este 8M para alzar la voz y recordar que el futuro también debe ser nuestro, es decir, de toda la humanidad.

La historiadora económica Claudia Goldin, quien, por cierto, es una de las personas que suenan en los últimos años para el mal llamado Nobel de Economía, desarrolló hace unos veinte años una teoría interesante, la teoría de la contaminación. Según ella, la oposición histórica que ha habido por parte de los trabajadores varones y los sindicatos que estos dominaban al ingreso de mujeres en determinados sectores, empresas o profesiones no tenía que ver con una actitud especialmente machista de estos hombres o instituciones, sino con una estrategia protectora de sus condiciones laborales y salariales. La teoría de la contaminación, como su propio nombre indica, hace referencia al proceso por el cual los sectores económicos y las profesiones se contaminaban con la entrada de mujeres, deteriorándose las condiciones laborales y los salarios. Por tanto, era económicamente racional —y añado, a la par que machista—, oponerse a la incorporación de mujeres en estos sectores. De hecho, si todavía hoy miramos la brecha salarial por sectores económicos, observamos que, aunque la brecha se da con todos los niveles formativos y en todas las profesiones y sectores, las mujeres ganan más en las industrias dominadas por hombres que en las que son mayoría las mujeres, que son los sectores más precarizados o “contaminados”, y además aquellos en los que no hay apenas posibilidades de promoción.

Según esta teoría, las mujeres desprestigiaban y precarizaban los sectores y profesiones. No estamos hablando por supuesto de decisiones voluntarias personales o colectivas por parte de las mujeres, sino de las características que los mercados de trabajo y nuestras sociedades e instituciones han asignado a las mujeres, tratando y remunerando en consecuencia. Los salarios de las mujeres eran considerados complementarios a los del varón, como en realidad lo era todo su trabajo. No importaba el hecho de que las mujeres tuvieran o tengan que depender sí o sí de un varón para poder vivir, o que a lo largo de la historia la idea del hombre como ganador de pan haya sido más un mito y al mismo tiempo un ideal, que una realidad, ya que muchos hombres no pudieron o no quisieron mantener a sus propias familias. Sólo hay que cotejar las tablas salariales con las del coste de la vida, para saber que algo no cuadraba en esa idea del hombre como ganador de pan. Otra cosa es que esa contribución de las mujeres, y mucho menos la que realizaban —y realizan en la casa— a modo de trabajo no pagado, se haya recogido en las estadísticas nacionales de manera conveniente, o simplemente se haya recogido.

Los sindicatos sabían que el salario de la mayoría de los trabajadores no era suficiente y por eso pedían el salario familiar que no era otra cosa que los varones pudieran obtener una remuneración suficiente para que otros miembros de la familia no tuvieran que integrarse en el mercado de trabajo. A las mujeres se las veía como una competencia, como quedó reflejado también en las primeras leyes laborales de finales del siglo XIX, que prohibían el empleo de mujeres y niños en determinadas industrias o el trabajo nocturno, y que en realidad protegían —niños y niñas aparte— a los varones de la concurrencia de las mujeres.

En todas las crisis económicas hasta la crisis financiera de 2008, la opinión pública y las acciones políticas siempre han sido favorables a que las mujeres abandonaran el mercado de trabajo para no hacer competencia a los hombres dada la disminución de empleos disponibles. A la vuelta de las guerras, también se solía pedir a las mujeres que abandonaran el mercado de trabajo para que se dedicaran al cuidado del hogar y del resto de miembros de la familia y para hacer sitio a los hombres que volvían del frente. Las mujeres casadas españolas fueron “liberadas del taller y la fábrica” por el Fuero del Trabajo de 1938, y así no hacer competencia a los hombres, poder realizar todos los servicios propios de un estado moderno en la casa y de forma gratuita, y eso sí, poder trabajar sin contrato y sin derechos en los servicios y en las manufacturas domésticas proporcionando enormes beneficios a sus empleadores.

El fantasma de la competencia siempre ha sobrevolado hasta las leyes y principios a los que hoy acudimos para enarbolar la bandera de la igualdad de género. Así, cuando en el Tratado de Roma de 1957 se incluye el principio de igual salario por trabajo de igual valor, la preocupación originaria no era tanto en la igualdad per sé sino el miedo de la competencia “desleal” que las mujeres pudieran hacerles a los hombres. No obstante, el compromiso de las instituciones europeas y sus países miembros con la igualdad de género ha ido cambiando porque la igualdad se ha ido imponiendo como principio fundamental de nuestras democracias gracias a la fuerza del movimiento feminista que también ha penetrado en la política y en el mundo del conocimiento.

También ha ido cambiando porque la amenaza de la “competencia desleal” no se ha cumplido, ya que las mujeres se han incorporado a los mercados de trabajo de manera fuertemente segregada, y la segregación ocupacional lejos de disminuir ha aumentado y es mayor en aquellos países con mayores niveles de empleo femenino, como los nórdicos. De hecho, para el conjunto de la Unión Europea, mientras que en el periodo 2010—2018 el nivel de segregación ocupacional se mantuvo invariable para los hombres (8%), fue en aumento para las mujeres llegando al 31% en 2018. En la mayor parte de las democracias, el compromiso con la igualdad de género también ha ido cambiando porque en gran parte del mundo, las mujeres constituyen el 60% de las egresadas universitarias. Ha ido cambiando porque desde los años ochenta ha ido disminuyendo la participación de los salarios en las rentas y ha vuelto a ser cada vez más necesaria la existencia de varios salarios en las unidades familiares, a pesar de que estas se han hecho cada vez más pequeñas. Así que podemos concluir en que ha ido cambiando tanto porque las mujeres lo hemos peleado, como porque esa mayor incorporación ha comenzado a convenir económicamente. A pesar de ello, sigue habiendo una narrativa política que contrapone igualdad de género con eficiencia económica y en la que el miedo a la competencia y a la “contaminación” están muy presentes.

El compromiso político y los cambios anteriormente expuestos explican que algunas brechas de género hayan ido disminuyendo, aunque han surgido algunas nuevas y otras se enquistan o se reducen muy lentamente como la propia brecha salarial. A pesar de que combatir la brecha salarial está en la agenda de prácticamente todas las democracias y los organismos internacionales. Así, la ONU preside la Coalición de Igual Salario, para promover la diminución de la brecha salarial de género, consciente de que al ritmo al que se está cerrando en estos últimos años aún se tardarán 257 años en eliminarla. Eso si la COVID-19 no lo retrasa aún más dado el impacto mayor que en términos de empleo e intensificación del trabajo no pagado está teniendo entre las mujeres. Por tanto, hacen falta políticas que aceleren ese proceso.

También la UE lucha para cerrar la brecha salarial. La igualdad y la transversalidad de género comenzaron a tener un protagonismo claro en las políticas europeas en los años noventa. La Estrategia de Empleo de la Comisión Delors de 1997 lo estableció claramente. No obstante, como había ocurrido anteriormente, la política de igualdad fue principalmente una política de empleabilidad, una política subsidiaria a la de empleo para favorecer la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, aunque esta fuera desigual y segregada, facilitándoles, por ejemplo, la conciliación de la vida familiar y laboral que seguía tratándose de facto como un problema exclusivamente femenino. No fue hasta después de la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, con la aprobación de la Estrategia 2020 en el año 2010, que los objetivos de igualdad se separaron de los de empleo.

Se estima que la brecha laboral de género cuesta a Europa 370.000.000.000 euros al año. La pérdida económica que supone no incorporar plenamente a las mujeres al mercado de trabajo es una narrativa que comienza a tener cada vez más predicamento, aunque en ella se obvien los intereses también económicos que hay detrás de facilitar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo pero manteniendo el mandato social de los cuidados feminizados, dentro de políticas económicas de corte deflacionista que buscan por un lado la limitación de los salarios pero también del gasto público social, desplazando la carga de cuidado a las familias, y dentro de ellas a las mujeres.

Ignorar parte de la fotografía de la desigualdad no ha impedido que la narrativa de la brecha salarial comience a hacerse un hueco cada vez más alto en la agenda política y económica. Y es que hay motivos más allá de la justicia social: incentivar y utilizar todos los talentos de forma más eficiente removiendo las rigideces causadas por una formación en cualificaciones y elecciones de empleo segregadas (aunque la segregación podría aumentar incluso en el corto plazo con la mayor participación de las mujeres en el empleo) en un contexto donde las mujeres obtienen mejores resultados educativos; disminuir el fenómeno de la pobreza en el trabajo, así como la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, muy especialmente la pobreza infantil fuertemente vinculada a los hogares monomarentales; contrarrestar el envejecimiento de la población ya que la tasa de fecundidad aumenta cuando mejoran las condiciones y la seguridad del empleo para las mujeres; mejorar el capital humano y social general porque sabemos que las mujeres tienen una mayor propensión a invertir sus recursos propios en el desarrollo de sus hijos e hijas, algo muy constatado sobre todo en los países en desarrollo; mejorar los ingresos fiscales, las pensiones y convertirse en un seguro frente a crisis económicas y shocks ya que contar con familias de dos proveedores protege a las familias, sobre todo cuando sabemos que las mujeres responden especialmente a la demanda y a las buenas condiciones de empleo, y a salarios justos y acordes con su formación.

A pesar de todas esas posibles bonanzas, en la UE todavía existe una brecha de empleo de 11,7 puntos porcentuales, mientras que la brecha salarial hora está como media en el 14,1. Y si hablamos de cuánto menos ingresan las mujeres anualmente, encontramos que estas ganan un 39,6% menos de lo que lo hacen los hombres, como consecuencia de tener un salario hora menor y estar menos horas empleadas. No podemos olvidar que solo el 8% de los hombres europeos realizan un trabajo a tiempo parcial, frente al 30,7% de las mujeres, que más que duplican a los hombres en el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La brecha salarial también varía por países, desde el 3% de Luxemburgo a países como Austria, Alemania, Chequia o Estonia, que superan el 20%. No obstante, a veces una brecha baja como en el caso de Italia, lo que esconde es una participación baja. Igualmente, hay países como Holanda donde la brecha por salario hora no es muy alta pero que el 50% de las mujeres están empleadas a tiempo parcial, aumenta la desigualad anual de ingresos. Comisiones Obreras acaba de lanzar un análisis sobre España con motivo del 22 de febrero, día de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que puede consultarse aquí, y que arroja las siguientes cifras: En 2018 las mujeres percibieron en España un salario medio de 21.012€ mientras que los hombres percibieron uno de 26.738€. De media general las mujeres ganaron anualmente 5.726€ menos que los hombres. Esa diferencia salarial se produjo en todos los tramos de edad con diferente intensidad, pero con especial incidencia en el tramo de 65 y más años en el cual la diferencia fue de 9.530€, seguido del tramo de 55 a 59 años donde la diferencia fue de 8.263€. En estos tramos de edad la brecha se situó en el 35% y 49% respectivamente.

La inclusión de los objetivos de igualdad en la narrativa económica ha facilitado que, aunque la UE incluya desde los años noventa el concepto de transversalidad de género, sea en esta legislatura cuando se estén poniendo las bases para su desarrollo. Por primera vez existe una comisaria de igualdad, la maltesa Helena Dalli, y el año pasado se presentó la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020—2025 que pone el énfasis en varias cuestiones, pero muy especialmente en velar para que las mujeres y los hombres reciban igual salario por un mismo trabajo y por un trabajo de igual valor, principalmente a través del fomento de disposiciones vinculantes en materia de transparencia salarial, garantizando que los estados miembros traspongan y apliquen las normas europeas de conciliación, así como un mejor reparto de los permisos de cuidado entre mujeres y hombres, además de la adopción de la  Garantía Infantil Europea. Aunque los fondos extraordinarios de la UE en los que se basan los planes nacionales de recuperación, transformación y resiliencia no incluyen al mismo nivel que las transiciones gemelas verde y digital, una transición trilliza, la que necesitamos hacia otra organización social de los cuidados si queremos avanzar en igualdad y transformar nuestras economías en economías con mayor bienestar, y hacerlas más sostenibles y resilientes.

El Parlamento Europeo también persigue el objetivo de cerrar la brecha salarial que ocupa un lugar preferente en la Estrategia de la Unión para la Igualdad de Género aprobada el pasado mes de enero de 2021. El Parlamento insiste en que, pese a estar consagrado en la legislación, el derecho a la igualdad de retribución para un mismo trabajo o un trabajo de igual valor no siempre está garantizado. Y es que la eliminación de la brecha salarial de género no será un objetivo fácil de conseguir, sobre todo si acertamos con la transversalidad de las políticas, no destinamos el presupuesto suficiente y no hacemos una vigilancia y evaluación continua de las políticas que desarrollamos. Ya que nos podemos encontrar con usos torticeros de las mismas y con resultados que no van en la línea de los esperados en su diseño original. Así, por ejemplo, la relación entre la igualdad de género y la flexibilidad ha sido bastante ambivalente y lo ocurrido con el teletrabajo durante los confinamientos de la COVID-19, muestran amplias diferencias de género en la manera en la que la flexibilidad del trabajo ha afectado a hombres y mujeres. E igualmente hay que tener cuidado y vigilar los procesos de actualización de descripción de puesto de trabajo, valoración de los puestos de trabajo, registro salarial de acuerdo con esa valoración, o análisis y auditoría salarial, que en España están diseñando las grandes auditorias para las empresas a raíz de las nuevas leyes aprobadas en esta materia como el RD 901/2020 de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo;  y el RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Es necesario estar vigilante al menos por tres razones. Primero, porque las posibilidades de diferenciar unos trabajos de otros y denominarlos de forma diferente pueden ser infinitas si se ponen recursos para obtener ese resultado. Segundo, porque el proceso de determinar el valor del trabajo se identifica con su precio. Y tercero, porque el salario tiene varios componentes que determinan el salario final bruto y los análisis pormenorizados de los mismos nos dicen que la brecha salarial no se ubica tanto en el salario base como en complementos tal que las horas extraordinarias, u otros pluses diseñados con el molde de un trabajador libre de cuidados, y asignados en mayor medida a los hombres, y donde las posibilidades de discrecionalidad son mayores, a pesar de la transparencia.

Y puesto que nos enfrentamos a un objetivo político complicado, sería interesante reforzarlo con otras políticas que también están escalando a la cima de la agenda política, como la del salario mínimo. El 28 de octubre, la Comisión Europea publicó un borrador de su propuesta de directiva de adecuación de salarios mínimos en Europa para sobre todo combatir el fenómeno de las y los trabajadores pobres, aquellas personas que a pesar de tener empleo y estar incorporadas al mercado de trabajo, están en riesgo de pobreza y exclusión social. Para ello la Comisión propone mejorar las leyes que regulan el salario mínimo en aquellos países que las tienen, mejorar los mecanismos de negociación colectiva —esos mismos que aquí en España ayudó a debilitar con la Reforma laboral de 2012—, y poner en marcha mecanismos que ayuden al cumplimiento de la legislación del salario mínimo. Se espera que con esta iniciativa mejoren los estándares de vida decentes; la lucha contra el dumping social, o que se mejore en la transparencia a la hora de fijar los salarios, aunque estas medidas puedan llevar a procesos de mayor individualización en la negociación. Sin embargo, esta estrategia no concita el apoyo de todos los agentes implicados ni de todos los estados miembros.

Hay que tener en cuenta que la propuesta europea no busca un salario único común, y ni siquiera busca un único método para establecer salarios mínimos, sino la fijación de unos estándares para que cada Estado decida. Y a pesar de ello, no solo se oponen a ella las oligarquías económicas y financieras, grupos políticos y gobiernos conservadores, y la ortodoxia económica, sino también tiene en su contra a parte de los sindicatos y partidos políticos de la izquierda europea, muy especialmente los de los países nórdicos. Para entenderlo quizás deberíamos de aplicar la teoría de la contaminación de Goldin también a este caso. En los países nórdicos no hay un suelo de salario mínimo, sino que éste se pacta en los convenios sectoriales cubriendo a una amplia mayoría de las personas empleadas. De esa forma los salarios mínimos en esos países junto con la magnitud y cobertura de sus servicios públicos son suficientes para que la mayoría de los trabajadores tengan condiciones de vida dignas. Y evidentemente, temen ser “contaminados” por una igualdad a la baja, como les ocurría a los hombres con las mujeres. Eurofound, en su último informe periódico sobre salarios mínimos, el de 2020, proporciona los números de la división del movimiento sindical europeo, aunque en la consulta de febrero pasado, el 83% votó a favor de la iniciativa.

Esta estrategia debería tener muy en cuenta las nuevas formas de empleo —y también algunas antiguas—, los impactos y las transformaciones que está acelerando la COVID-19, así como el posible impacto en el cierre de la brecha de género. Para ONU mujeres, la vinculación es clara: “Una de las maneras más rápidas y efectivas de reducir las brechas salariales de género es a través de salarios mínimos (o pisos salariales) decentes y de la protección social universal”. En España, si en 2016 un 55% de las mujeres tenían un salario de entre cero y dos veces el salario mínimo, solo el 35% de los hombres estaban en esa situación, mientras que en 2008 los porcentajes eran del 43 y 35% respectivamente. Laura Olías en este mismo periódico presenta cómo ha ido afectando de manera positiva a la brecha salarial la subida del salario mínimo en España. Aunque hay que tener en cuenta que la crisis de la COVID-19 puede acabar distorsionando algunos resultados ya que, si los empleos que se han perdido son principalmente aquellos con salarios menores, podemos observar una contracción de la brecha salarial que sea solo coyuntural. Y también hay que tener en cuenta el deterioro generalizado que esta crisis está suponiendo para los ingresos de capas importantes de la población. Los datos de Eurostat muestran que la renta disponible de los 27 países de la UE ha descendido un 5,4% en el segundo trimestre de 2020 comparado con el año anterior, y que es mayor entre los grupos de salarios más bajos que entre los de rentas más elevadas.

La iniciativa sobre salarios mínimos presentada por la Comisión Europea está ahora en el tejado del Parlamento Europeo y del Consejo, que tienen dos años para aprobarla. Es el momento de hacer ver a nuestros vecinos del norte, como también hizo el movimiento feminista a los hombres y los sindicatos que se oponían a la incorporación de las mujeres a determinados sectores económicos, que la racionalidad que pueda haber detrás de sus preferencias no está exenta de egoísmo, y que las opciones de izquierdas tienen que ser solidarias y feministas. Por ello es importante avanzar con la legislación europea de salario mínimo ya que, entre otras cosas, puede ser una buena herramienta para reducir la brecha salarial de género, que es injusta e ineficiente. Este 22 de febrero, día por la igualdad salarial de mujeres y hombres, es el día para recordarlo.

Este próximo jueves, como cada 11 de febrero desde 2016, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este año, en el contexto de lucha contra la pandemia, la celebración de Naciones Unidas, a través de la UNESCO, lleva como lema “Las mujeres científicas, líderes en la lucha contra COVID-19”. Pero el de la UNESCO no será el único acto de celebración; cada año se llevan a cabo más eventos de distinta entidad con este motivo a lo largo y ancho del planeta.

No en vano, la preocupación por la falta de mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología se ha incrementado. La pandemia nos ha hecho tomar mayor conciencia de nuestros desafíos globales y la aceleración de la digitalización en nuestras vidas ha hecho el resto. Teniendo en cuenta que los talentos están igualmente repartidos entre los sexos, pero no así las oportunidades, la infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia y sobre todo, en la tecnología, se convierte en un problema al que debemos prestar mucha atención.

Aunque los datos en educación muestran, en general, una brecha de género favorable a las niñas en casi todos los países del mundo, según la UNESCO menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres y sólo alrededor del 30% de las estudiantes escogen estudios superiores en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, según el acrónimo en inglés). Si estos datos ya son preocupantes, la brecha aumenta cuando nos centramos en la representación pública. Conocemos la ausencia de científicas y tecnólogas en los libros de texto, o de expertas en los medios de comunicación y en la cultura. Un estudio realizado en 2015 por el Instituto Geena Davis bajo el título de “Gender bias without borders” (Prejuicios de género sin fronteras) muestra que la representación cinematográfica de mujeres que trabajan en el campo de las ciencias se limita sólo a un 12%. Así no nos puede extrañar que, cuando en las escuelas se pide a niños y niñas que dibujen a una persona de ciencia o del mundo de la tecnología, estos tiendan a dibujar personajes masculinos. Las niñas carecen de referentes y los niños tienen donde proyectarse.

Además, los chicos crecen en un mundo en el que su realidad es el molde, lo universal, y donde las mujeres somos “lo otro”. Libros como Data feminism de Catherine D'Ignazio y Lauren Klein nos muestran los círculos viciosos que se generan con estos sesgos y su ocultación. ¿Se han parado a pensar alguna vez de qué selección hablamos cuando decimos “selección española de fútbol” sin más? ¿De la masculina o de la femenina? El mundo es por defecto masculino. En la Wikipedia, las entradas sobre mujeres incluyen las palabras “mujer”, “femenino”, “señora”, mientras que las de los hombres no incluyen los términos “hombre”, “masculino” o “señor”. Sólo tenemos emojis que representen las profesiones de ambos sexos desde 2016. Caroline Criado Pérez, en su libro Invisible women. Exposing data bias in a world designed for men, incluye numerosos ejemplos, algunos vinculados con la forma en la que se crían nuestros hijos e hijas. Se refiere, entre ellos, a un estudio sobre los dibujos animados entre 1990 y 2005, que reveló que sólo el 28% de entre los personajes que hablaban y que aparecían en ellos eran femeninos. Y así con todo. No nos puede extrañar, por tanto, que acabemos viendo como natural que los expertos que nos hablan sobre la pandemia en los telediarios sean mayoritariamente hombres. Ahora bien, en el futuro puede ser aún peor.

Tal y como ponen de manifiesto tozudamente las cifras, el acrónimo STEM esconde una brecha aún mayor, la que se conoce como “brecha digital de género”, ya que las diferencias se concentran en los estudios y profesiones tecnológicas. En todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja (un 3%) en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). En España, el documento Competencias transformadoras para la igualdad de género en la sociedad y la economía digital, presentado por el Grupo de Expert@s en Igualdad de Género en la Sociedad Digital (GEIGSD) a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados en junio de 2020, muestra cómo las mujeres cubren tan sólo el 15% de los puestos de especialistas TIC, el 23% del empleo en el sector digital, el 17% en la industria de los videojuegos y el 6% de los puestos directivos en el sector TIC y de contenidos. Y, como analiza aquí Cecilia Castaño, aún más escasa es la presencia de mujeres en los considerados sectores “frontera” de la innovación tecnológica: sólo hay un 18% de mujeres al frente de proyectos de Inteligencia Artificial; corresponde a mujeres la autoría de sólo un 18% de las investigaciones en congresos sobre machine learning; son mujeres sólo un 6% de los desarrolladores de aplicaciones móviles; un 6% de los diseñadores de software; un 11% de la fuerza laboral en el sector de ciberseguridad en el mundo, y en Europa esta cifra baja al 7%.

Y el problema no reside sólo en que hay pocas, sino en que la brecha no se cierra e incluso aumenta en algunos ámbitos, precisamente en aquéllos que están diseñando nuestro mundo actual y futuro, concentrando el conocimiento y el poder. Pensar que todo va a ir a mejor por arte de magia es un gran engaño. Es más, las mujeres fueron las computadoras en los primeros IBM o en organizaciones como la NASA. Recuerden la recreación hollywoodiense de Figuras ocultas, o que fue la esposa de John von Newman, la totalmente desconocida Klára Dán von Neumann, quien escribió en 1946 la mayor parte del código de programación que permitió al ENIAC, uno de los primeros supercomputadores, realizar las primeras proyecciones meteorológicas. No olvidemos que los avances en los ordenadores y en el mundo de la computación están ligados a los intentos militares de predecir y controlar el tiempo. Y las computadoras en muchos de esos proyectos militares o aeroespaciales eran mujeres porque a los hombres con conocimientos superiores en matemáticas se les contrataba para puestos de ingenieros, bien remunerados y con posibilidades de promoción, mientras que a aquéllas, aun teniendo las mismas credenciales académicas, se las mandaba a computación como mano de obra considerada no cualificada y mal pagada. Eran otros tiempos.

La presencia de mujeres en el mundo de la informática fue importante hasta los años ochenta, cuando, con la aparición del ordenador personal y de los videojuegos, comenzó a convertirse en un universo masculino. En España, las facultades de informática en los años ochenta tenían igual número de hombres y de mujeres en sus aulas, pero cuando la denominación cambió de “licenciatura en informática” a “ingeniería informática”, el número de mujeres comenzó a descender. Así, no es de extrañar que también las empresas tecnológicas se hayan convertido en un universo masculino y sexista. El porcentaje de mujeres que abandona este sector después de 10 años de presencia en él es del 40%, comparado con un 17% para los hombres. Y las razones que estas mujeres aluden es a su falta de satisfacción con el trabajo, destacando la sensación de estancamiento y la dificultad para ascender. Y es que, por lo que sabemos, los mecanismos de promoción de estas empresas son bastante interesantes. Fue tan sólo en 2018 cuando, después de muchas denuncias, que no sólo no acabaron con su carrera sino que incluso supusieron promociones laborales, Andy Rubin, el creador de Android para Google, recibió una indemnización de 90 millones de dólares por ser despedido tras haberse demostrado ciertas las numerosas denuncias de acoso sexual a trabajadoras de la empresa. Con frecuencia se descubren en este sector patrones de comportamiento tóxicos que expulsan a las mujeres y que, en una dinámica perversa, lo hacen a veces antes incluso de que estas entren en el sector o incluso piensen que esa podría ser una opción vital para ellas.

No podemos olvidar que nuestras decisiones se adaptan a nuestras preferencias, pero que estas se adaptan a su vez a nuestras oportunidades reales y a las condiciones que vayamos a encontrar en ese mundo. Gina Rippon lo cuenta de manera magistral en su libro El género y nuestros cerebros. La nueva neurociencia que rompe el mito del cerebro femenino: “Lo que hace nuestro cerebro con nuestro mundo depende en gran medida de lo que encuentra en ese mundo”, lo que nos lleva al terreno de las profecías autocumplidas. Al cerebro no le gusta equivocarse ni hacer predicciones erróneas. Si entramos en un sitio donde no hay gente como nosotras, percibimos que no somos bienvenidas. Si se nos mira como si formáramos parte de un expositor de carne, nuestro cerebro nos obliga a detenernos y evitar entrar o, si lo hacemos, marcharnos al poco tiempo.

Así las cosas y teniendo en cuenta que estamos en mitad de una disrupción tecnológica de ritmo exponencial, la conocida como brecha digital de género debe preocuparnos seriamente y hacemos bien, desde gobierno, parlamentos, instituciones, empresas y sociedad civil, en intentar, aunque todavía sin mucho éxito, cerrarla. Las nuevas tecnologías no solo limitan nuestras capacidades, sino que las determinan y dirigen activamente. Como nos dice James Bridle en su estupendo libro La nueva edad oscura. Tecnología y el fin del futuro, si no entendemos cómo funcionan las tecnologías complejas estaremos a su merced y a la de las élites egoístas y las corporaciones inhumanas que acaparan todo su potencial. Palabras que suenan aún más preocupantes cuando leemos noticias recientes, como que el estado de Nevada permitirá a las empresas tecnológicas constituir gobiernos del nivel de los condados, que tienen competencias importantes, por ejemplo, sobre las escuelas. Teniendo en cuenta que las ideas se copian fácilmente y conociendo el poder que comienzan a tener las grandes tecnológicas, miedo me da que nos puedan abocar, si no le ponemos freno, a una era tecnofeudal.

La preocupación sobre la baja participación de las mujeres en el mundo digital tiene ya unos años, pero ahora se ha incrementado por la pandemia y a la aceleración digital, y proviene desde distintos ámbitos o responde a distintas preocupaciones. Me voy a atrever a concentrar estos motivos en dos grupos: los de corte economicista y los vinculados a las reivindicaciones feministas.

Por la parte de los motivos economicistas está el argumento de la escasez de mano de obra cualificada y la geopolítica que esto lleva asociado. En el caso de Europa, el discurso es claro: si no queremos seguir quedándonos rezagados con respecto a EE.UU. y a China en la revolución digital, es necesario invertir en capacidades digitales y contar con todo el talento posible para que nuestros países y nuestra unión sean competitivos. Desde el punto de vista de la innovación también tiene sentido contar con todos los talentos disponibles y que estos sean cuanto más diversos mejor, porque de esa manera se amplía el abanico de soluciones y respuestas posibles a los desafíos que se abren ante nosotros. Esta retórica se inscribe perfectamente en los objetivos de las transiciones gemelas, la verde y la digital, que capitanean la política europea y los planes nacionales de reconstrucción, transformación y resiliencia a los que van asociados los famosos fondos europeos contra la crisis provocada por la COVID-19.

Este argumento está también muy presente en organismos internacionales, especialmente entre los países en desarrollo. Así, el Banco Mundial promociona este objetivo desde su World Bank Digital Development Global Practice. Algo muy interesante, si tenemos en cuenta que las brechas de género en las STEM son mayores en los países con mayores índices de igualdad, donde la libertad de elección es mayor, y menores en los países en desarrollo. Las grandes tecnológicas también están muy interesadas en esta política de reclutamiento de talento a lo largo y ancho de todo el mundo para aumentar la diversidad de sus sedes de Silicon Valley o Seattle, aunque esto podría acabar en una concentración cuasi vampírica del talento.

Por otra parte, existen razones de peso que venimos esgrimiendo las feministas desde hace años y que a su vez podemos dividir en dos conjuntos. En primer lugar, si los trabajos mejor pagados están y estarán en el ámbito tecnológico y digital, el futuro puede traernos un incremento de la brecha salarial de género que afectaría negativamente a la consolidación de los lentos avances que se han ido dando en igualdad en las últimas décadas. Sabemos que cuanto mejores son las condiciones laborales de las mujeres, mayor es su autonomía y su tasa de actividad, ya que los incentivos para abandonar el mercado de trabajo son menores. 

En segundo lugar, quienes dominan las nuevas tecnologías no solo están ocupando puestos mejor remunerados en el mercado de trabajo, sino que además están diseñando el marco cognitivo del porvenir. Los algoritmos que configuran nuestra vida, nuestros deseos, nuestro trabajo están siendo diseñados principalmente por hombres blancos de clase media alta que vierten en ellos todos sus sesgos. Y es que la tecnología no es neutra y no tiene solución para todo, a pesar de la idea que lo defiende y a la que Meredith Broussard se refiere como “tecnochauvinismo”. Esta supuesta neutralidad y este “solucionismo” son, en momentos de aceleración tecnológica exponencial, tremendamente peligrosos y van unidos a los sesgos arriba mencionados que a su vez se refuerzan con los sesgos de automatización y confirmación.

El sesgo de automatización nos lleva a fiarnos más de la máquina que de nuestras propias experiencias y conocimientos, lo que nos hace cada vez más dependientes de las tecnologías y, por tanto, de quienes las diseñan y dominan. El ejemplo más sencillo lo encontramos en el corrector ortográfico, pero también sabemos que nos hubiéramos ahorrado muchos accidentes de avión si las personas que los pilotaban hubieran confiado más en su experiencia y menos en las indicaciones de los pilotos automáticos. Sin el sesgo de automatización no existiría lo que se conoce como “muerte por GPS”. Porque, además, debemos tener en cuenta el sesgo de confirmación, que reajusta nuestra percepción del mundo para que se adapte mejor a la información automática. Quien está detrás del diseño tecnológico está detrás de nuestro mundo y lo domina.

Por tanto, podemos concluir que hay razones de peso suficientes para promover la mayor incorporación de niñas y mujeres a los estudios y profesiones técnicas. No obstante, deberíamos hacer una autocrítica y reflexionar sobre la forma incompleta en la que estamos persiguiendo este objetivo. Uno de los aspectos más importantes que aportó el llamado feminismo de la diferencia en los años ochenta al corpus principal del feminismo fue que la igualdad a la que aspirábamos no tenía por qué consistir en igualar al varón. Si todas nos comportáramos, por ejemplo en el ámbito laboral, como siempre lo han hecho los hombres, con sus larguísimas jornadas laborales y su llegar a casa cuando los niños estaban ya bañados, no hubiéramos tenido hijos o no los podríamos haber criado. De ahí que en aquellos años se hiciera común decir aquello de que no queríamos sólo la mitad de pastel, sino hornear una tarta nueva, según otras reglas.

Y tal vez ahora, con las STEM y muy especialmente en los ámbitos digitales, lo adecuado sea hornear una tarta nueva. Puede que, al insistir en que las niñas tienen que entrar de manera prioritaria en las STEM, estemos prestigiando ese ámbito que aún es tremendamente masculino y desprestigiando otros también muy importantes donde las niñas brillan de manera clara. Así se explica que a los adolescentes, chicos y chicas, que eligen opciones de letras en los institutos los llamen “letardados” sus propios compañeros. Si damos un lugar privilegiado a la técnica cuando sabemos que cambiar los estereotipos y la socialización diferenciada por género, que están fuertemente impresos en nuestra cultura, nos va a llevar aún mucho tiempo, puede que estemos privilegiando a los chicos que reciben una educación y tienen unos modelos vitales que encajan mejor en ese molde. 

Gina Rippon lo explica muy bien cuando expone los avances que ha habido en neurociencia y que están desmontando el neurosexismo y la neurobasura unidos a la idea de que los cerebros de las niñas y los niños son tan distintos que explican sus distintas aptitudes y preferencias frente a los estudios y las profesiones. No hay nada en nuestros cerebros que, en función del sexo con el que nacemos, nos predisponga hacia unas u otras ramas. Lo que sí ocurre es que, desde el momento en que nacemos, nuestros cerebros, que son esponjas y tremendamente plásticos, se enfrentan a las expectativas de nuestros progenitores, profesorado, familiares, medios de comunicación, industria del ocio… y, finalmente, a las nuestras. Un mundo sexista produce un cerebro sexista. Algunos estereotipos tiene su propio sistema integrado de refuerzo, porque una vez activados impulsan el comportamiento que se atribuye al estereotipo. De este modo, los juguetes pueden influir en las competencias que adquieren los niños y las niñas, los hombres y las mujeres del futuro. No hay que perder de vista que los estereotipos, que hacen natural lo que no lo es, tienen como propósito funcionar como atajos cognitivos, lo que hace que podamos encontrar más rápidamente nuestro camino en el mundo. Y eso es difícil de cambiar y provoca gran resistencia en las propias personas, pues todas necesitamos ser aceptadas.

Existen pruebas de que el cerebro procesa las categorías sociales asociadas a los estereotipos de forma distinta a cómo procesa otro conocimiento más general. Desde el tercer trimestre en el útero, los fetos tienen el cerebro preparado para la experiencia y una de las primeras experiencias que viven tiene que ver con una realidad sexuada, cuando son entregados a sus progenitores envueltos en mantas de distinto color o portando pulseritas rosas o azules. Esa sexualización ocurre ya incluso antes de nacer, con las mercantilizadas fiestas para revelar el sexo del bebé o con la decoración del cuarto donde éste dormirá. 

¿Cómo actuar entonces? Creo que a la promoción de mujeres y niñas en las STEM y, muy especialmente en el mundo de la tecnología digital, habría que añadir al menos dos conjuntos de actuaciones.

Primero, tenemos que incidir en la alfabetización digital y en promocionar las competencias digitales de toda la sociedad, en todos los estudios desde la educación básica. Deberíamos ser capaces de entender los sistemas tecnológicos sin necesidad de aprender a programar, ya que la alfabetización sistémica posibilita la crítica y nos permite ganar en libertad. Esto nos conduciría a ambientes profesionales digitales más interdisciplinares, mixtos y diversos.

Segundo, no podemos prestigiar sólo lo vinculado con las STEM y situar las ingenierías en la cúspide de las aspiraciones de los escolares. No sólo las niñas, también los niños deberían aprender desde pequeños que cuidar de otros, en un sentido amplio del término es importante y, por tanto, valioso. Pues no sólo tenemos que hablar del talento que perdemos con las mujeres y las niñas —como también con personas provenientes de familias con pocos recursos, pertenecientes a minorías étnicas o de origen inmigrante— cuando no se incorporan a las STEM. También tenemos que pensar en el talento cuidador que nos perdemos con los hombres no incorporados al campo de los cuidados porque de pequeños no han sido socializados en la ética del cuidado, ni siquiera en el de sí mismos, ni se les ha orientado a dichos sectores profesionales porque no son prestigiosos o no están bien pagados.

En este sentido, deberíamos reforzar a los niños y las niñas en aspectos contrarios a la sociabilidad predominante. Si a las niñas debemos ayudarlas a ganar en autoestima y a ser más valientes, con los niños deberíamos trabajar más la solidaridad y la ética del cuidado. Esto deberíamos hacerlo también en la adolescencia, cuando existe un fuerte impulso de pertenencia al grupo que se podría aprovechar para desarrollar iniciativas de estímulo más contundentes que las actuales. Dentro de la campaña Women in Science & Engeneering (WISE), el proyecto “Gente como yo” trata de demostrar que cualquier tipo de personalidad puede ser compatible con el desarrollo de una carrera científica. Como he dicho anteriormente, estas iniciativas deberían tener su correlato para los chicos en torno a profesiones cada vez más feminizadas, como las relativas a los cuidados, incluyendo la educación y las sanitarias. Por esto creo que debemos hablar de talentos perdidos en todos los ámbitos y en todos los géneros y comenzar a luchar de una vez por borrar los estereotipos de género que tanto nos limitan como sociedad.

Enfrente de mi casa hay un contenedor de papel y cartón, y no hay día en que no vea restos de cajas o sobres con el logotipo de Amazon dentro o alrededor de él. Cada día más, del mismo modo que las aceras se pueblan cada vez más de repartidores de Amazon disputándose la visibilidad con los riders de Glovo, Uber Eats o Deliveroo. Al mismo tiempo, el unboxing, el momento de desempaquetar, se ha convertido en una tendencia estrella en los vídeos de Youtube. A estas alturas es evidente que los sucesivos confinamientos han engordado nuestra dependencia de las grandes tecnológicas y las plataformas. Es el abrazo del oso.

La mayor parte de nosotros lleva encima un smartphone y, cada vez que abrimos el móvil para leer una noticia o entramos en alguna red social para ver las fotos de nuestros amigos o conocidos, nos bombardean con anuncios basados en nuestro historial de búsqueda, nuestro historial de compras, nuestra edad, nuestro sexo, el lugar donde vivimos… y se nos tienta con una espiral de consumo constante que incluye la promesa de que recibiremos ese producto en casa y en el menor plazo de tiempo posible. Lo que consumimos constituye una parte cada vez más importante de nuestra identidad personal, lo saben y lo potencian.

Nuestra manera de consumir, que ya estaba cambiando antes de la pandemia, parece que ha mutado definitivamente para dar continuidad a la “economía sin contacto”. Y los primeros en llegar a esta nueva realidad del mercado han ido creciendo hasta situarse en una posición monopolista o de cuasi monopolio que encierra mucho peligro para el funcionamiento de nuestras economías y de nuestros sistemas democráticos.

Precios competitivos, comodidad e inmediatez son las bases del paraíso para los consumidores y el infierno para los trabajadores. En los grandes almacenes de Amazon se estrena el nuevo sweating system de nuestra era: brazaletes de supervisión para saber dónde están y qué hacen en cada momento los trabajadores, ratings constantes que condicionan su continuidad en la empresa, inseguridad en el empleo, máquinas expendedoras de analgésicos gratis para poder aguantar el ritmo de trabajo. La cara y la cruz del sistema Amazon. No obstante, a la situación de los trabajadores se suman otros aspectos de la cruz: la unilateralidad en las condiciones y el precio de los proveedores-colaboradores y, por supuesto, la fiscalidad. Ambas han quedado claramente en evidencia estos días en nuestro país.

Con el nuevo año ha entrado en vigor en España la conocida como 'tasa Google', un impuesto tecnológico que busca gravar con un 3% adicional a las empresas dedicadas a la publicidad online, la intermediación online o la venta de datos cuyos ingresos sean superiores a los 750 millones de euros en todo el mundo y a los 3 millones en España. Obviamente, Amazon entra dentro de ese supuesto y es por ello que ha enviado un email a las pymes “colaboradoras” (unas 9000) que utilizan la plataforma de Amazon en nuestro país, informándoles de un incremento del 3% en su tarifa de referencia, que es la comisión que Amazon les cobra.

Sin duda, se trata de una doble estrategia. Por un lado, Amazon traslada el impacto del impuesto a un eslabón más débil de la cadena, en este caso a sus proveedores-colaboradores más pequeños. Por otro, le echa un pulso al Gobierno español para que dé marcha atrás y, sobre todo, da un aviso para navegantes a los gobiernos que pretendan seguir los pasos del español, precisamente cuando las entidades supraestatales y, por tanto, de mayor tamaño están trabajando para establecer tasas digitales y hay instituciones internacionales como la OCDE diseñando la puesta en marcha coordinada de un impuesto digital. Lo que hace Amazon es contraatacar con una idea clara, amenazar a los gobiernos e instituciones dando a entender que su afán recaudador, cuyo objeto es engordar un estado ya obeso desde su punto de vista, mata la rentabilidad de las pymes, acaba con el empleo que estas crean y perjudica a los consumidores, quienes ven repercutida sobre ellos, a través de un incremento de precios, la nueva fiscalidad. Del “para qué sirven los impuestos” en su relato, ni hablamos: ¿qué importancia puede tener contar con buenos hospitales y buenos profesionales cuando es posible conseguir a un precio ridículo el enésimo par de zapatillas de deporte que acaba de mostrar un influencer en un vídeo de Youtube? 

Cuando vuelva a dar clase, utilizaré sin duda este episodio para ejemplificar varios problemas presentes en nuestro ámbito económico que han adquirido una dimensión excesiva o específica en nuestra era: el funcionamiento de los monopolios en los mercados y el poder que han adquirido las grandes empresas globales en esta fase del capitalismo; las desigualdades de poder que se han generado durante la globalización neoliberal, sobre todo en relación con la libertad de circulación del dinero y la puesta en marcha de unas reglas de juego desreguladoras que han favorecido la concentración empresarial, de capital y de poder; y, sobre todo, el papel que puede jugar el multilateralismo en todo ello, aunque este no siempre lo haya hecho en la dirección correcta, para corregir esas desigualdades de poder que, tras varias décadas de globalización neoliberal, se han consolidado entre las grandes empresas, los fondos de inversión, las grandes entidades financieras, por un lado, y los trabajadores, los proveedores (otras empresas) y los estados, por el otro.

Los monopolios no son buenos ni para el capitalismo. “El capitalismo sin competencia no es capitalismo” dice Jonathan Tepper en su libro El mito del capitalismo. Los monopolios y la muerte de la competencia. Ya Marx hablaba del canibalismo empresarial al que tendía el capitalismo, en el que las empresas grandes acababan comiéndose a las pequeñas. Para garantizar la competencia en los mercados, algo que, por supuesto, no es un fenómeno natural como nos quieren hacer creer, se promulgaron hace cien años las leyes antitrust, especialmente importantes en los EE.UU. Pero estas leyes fueron progresivamente desmanteladas a partir de la década de 1980, bajo el Gobierno de Ronald Reagan y el nuevo orden neoliberal, que además impuso la idea de que lo pequeño era malo para la economía y lo grande, bueno. Esto ha provocado no solo una mayor concentración empresarial, sino también un secuestro de los gobiernos por parte de estos grandes jugadores globales, que pueden mover libremente sus beneficios hasta derivarlos a paraísos fiscales y presionar a aquellos para que confeccionen unas reglas de juego a su conveniencia. Esta tendencia no se ha contrarrestado hasta ahora y las puertas giratorias entre la administración pública y las grandes empresas han seguido siendo transitadas. 

La concentración empresarial no ha dejado de crecer en las últimas décadas, durante las cuales se ha reducido enormemente el número de empresas cotizadas en bolsa. Especialmente visible ha sido este proceso en los sectores tecnológicos y en aquellos donde operan las grandes plataformas, en parte porque muchas de las leyes que nos gobiernan en la actualidad se redactaron antes de la aparición de este tipo de negocios. La dinámica de las plataformas es distinta a la existente hasta ahora en otros sectores empresariales. El tamaño les favorece pues las hace crecer exponencialmente. Su éxito reside precisamente ahí. Si el número de personas que ponen sus pisos en alquiler en Airbnb aumenta, también lo hará el de aquellas que busquen en esa plataforma, pues saben que la oferta es mayor. Hay estudios que demuestran que la mitad de las búsquedas comienzan en Amazon porque es el mayor portal de productos, y casi todas las empresas acaban pasando por el aro de ofrecer sus productos allí, con honrosas excepciones como la del productor de sandalias Birkenstone, que abandonó la plataforma harto de que Amazon ofreciera también, sin ningún reparo, copias pirata de sus productos. Pero la mayoría de las empresas no tienen una marca tan potente como Birkenstone y acaban necesitando a Amazon para vender sus productos.

Y es que el poder de mercado y el poder para imponer las reglas de estas grandes empresas no para de crecer y, en muchos casos, absorbe o aniquila a sus competidores. La lista de páginas web que Google ha hecho desaparecer es muy larga, como lo es la de los competidores que Facebook o Amazon han aniquilado. Tepper lo cuenta muy bien su libro. Como Google es la puerta por la que la gente entra a Internet, el buscador principal, el motor de búsqueda por excelencia, puede efectivamente dejar fuera, y de hecho lo hace, a determinados anunciantes, relegándolos, apoderándose de sus datos o bloqueando sus anuncios. De esa manera, se vale de su dominio en la búsqueda universal para penetrar en otros mercados. Antes, en EE.UU., esta penetración era ilegal, pero ahora no lo es. Así se explica que en ese país Google controle el 90% de la publicidad basada en búsquedas, y Facebook el 80% del tráfico en redes. 

El impacto de estas prácticas sobre nuestras economías y sobre el funcionamiento de nuestras democracias no se puede desdeñar. Alcanza a los salarios, el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores, aumentando, por ejemplo, la tasa de temporalidad en los mercados de trabajo. Conduce a la reducción del número de empresas emergentes y, por tanto, restringe la innovación, ya que es difícil que el capital riesgo financie, pongamos, un buscador innovador que pueda hacer la competencia a Google. Provoca una disminución de ingresos fiscales que adelgaza las arcas públicas y, como consecuencia, la capacidad de los gobiernos de promover el bien común y paliar las desigualdades sociales a través de los servicios y las prestaciones públicas, y espero que con la pandemia de la COVID-19 hayamos aprendido lo importante que es poder contar con esos ingresos y servicios. 

Aun así, la avaricia de estas empresas parece no tener límite. Parece evidente que van a luchar con uñas y dientes para evitar que se impongan en la mayor parte de los países del mundo unas reglas de juego que van en contra de sus intereses de poder y de acumulación de beneficios. La falacia de la composición, que demuestra que aquello que es bueno para una empresa en particular no lo es necesariamente para la economía en general y puede, por tanto, acabar dañando los intereses de esa misma empresa, no va con ellas. Ni Zuckerberg ni Bezos son Henry Ford, quien supo ver que mejorando los salarios de sus trabajadores acabaría aumentando su propio mercado, y que la economía no era un juego de suma cero entre él y sus empleados.

La estrategia de estas grandes empresas de plataforma pasa por evitar que las reglas sean generales, porque su capitalización bursátil es superior al PIB de muchos países y les resulta fácil imponer sus propias normas, para lo cual gastan ingentes cantidades de dinero en lobbying y en “expertos” que elaboran informes cuyo objetivo es influir a la opinión pública en favor de sus intereses. Así lanzan el mensaje que justo ahora que con la pandemia y los confinamientos estas empresas están sirviendo a la población, los estados quieren limitar su desarrollo y el de la red que identifican engañosamente con ellas. Y la verdad es que, en casos como el de Google, no son pocos quienes afirman que provee un servicio público, que sin embargo permanece en manos privadas. 

Nuestra esperanza radica en que la ciudadanía sea consciente de lo que está en juego y apoye a sus gobiernos en la aplicación de estas tasas —como también debería apoyar la imposición de la tasa Tobin, que debería gravar los movimientos internacionales de capital, especialmente los que se hacen a corto plazo y tienen, pues, carácter especulativo. Radica también en el multilateralismo. Las grandes tecnológicas lo saben y por eso gustan de enfrentar a unos gobiernos con otros en una competición fiscal a la baja, y se resisten a las iniciativas supraestatales como las de la Unión Europea.Esto pudo comprobarse con claridad leyendo el documento que se filtró a finales de octubre, en el que Google atacaba al comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, y desgranaba su estrategia para escapar a las “limitaciones irrazonables” que la nueva Ley de Servicios Digitales europea impondría a su modelo de negocio y “reiniciar” la “narrativa política” con el propósito de convencer a la ciudadanía europea de que la nueva normativa pretende poner puertas a Internet. Todo ello justo cuando los creadores de Internet empiezan a afirmar que es el poder monopolista de estas grandes plataformas lo que está acabando con Internet y su espíritu original. Tim Berners Lee, uno de los considerados padres de internet, cree que la propia web está muriéndose, especialmente desde que en 2014 el tráfico en la red dejó de llegar de todas partes y se concentró de manera clara a través de Google y Facebook. 

La OCDE tiene ya finalizado el diseño técnico del impuesto a las tecnológicas, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo político. Esperemos que las previsiones que estiman que los 137 países que negocian este impuesto llegarán a un acuerdo a mediados de 2021 se cumplan. No obstante, el resultado de las elecciones en Estados Unidos, por muy bueno que nos parezca en todos los sentidos, no tiene por qué serlo en este. La suerte que corrió Microsoft a finales de los años 90 del siglo pasado, cuando el Departamento de Justicia de los EE.UU y veinte fiscales generales presentaron una demanda antitrust contra ella, no fue la de Google hace unos años, a pesar de que existían pruebas claras de sus abusos por su posición monopolista en el mercado. La Comisión Federal de Comercio emitió un informe en 2012 donde se llegaba a la conclusión de que Google había utilizado procedimientos anticompetitivos y abusado de su poder monopolista, y se recomendaba emprender acciones judiciales contra la empresa, que, sin embargo, nunca se iniciaron. La posible razón se desveló tres años después, a través de una información que llegó al Wall Street Journal y que señalaba a Google como la segunda fuente de financiación empresarial en la campaña de reelección del presidente demócrata Barak Obama. 

Es cierto que el pasado mes de octubre el Departamento de Justicia de los EE.UU. presentó una demanda antimonopolio contra Google, la cual tiene ahora un frente abierto que, sin duda, podría acabar afectando a todas las grandes empresas, especialmente a Apple. En la demanda se acusa a la compañía de mantener un monopolio sobre las búsquedas y los anuncios publicados en las búsquedas en Internet. Mantiene también que Google ha hecho uso de prácticas desleales para acabar con su competencia, como pagar miles de millones a Apple para ser el motor de búsqueda predefinido en sus dispositivos.

Existen antecedentes de condena en la UE. Cuando en 2014 Margrethe Vestager ocupó el cargo de comisaria europea de la Competencia —actualmente es la vicepresidenta de la Comisión presidida por Úrsula von der Leyden— y, tras examinar las quejas presentadas, acusó formalmente a Google de infringir las políticas de competencia, la Comisión falló en contra de Google y le impuso una multa de 3000 millones de dólares. Esperemos que el “efecto Bruselas” del que habla Anu Bradford, por el cual la UE se ha convertido en referente de la regulación global, pueda mantenerse en el ámbito digital. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR en sus siglas en inglés) es un comienzo, pero aún hay mucho más que hacer. Y por supuesto no solo en el ámbito de las tecnológicas, sino también en el de la política económica, suprimiendo de una vez los paraísos fiscales, fuera y también dentro de la UE o acabaremos con una seria indigestión de tanto consumir sándwiches irlandeses u holandeses.

No podemos cometer los errores del pasado. Google, Facebook y Amazon poseen ventajas tecnológicas claras que explican su poder de mercado, pero también lo explican una regulación favorable y el desmantelamiento de las leyes antitrust, sobre todo en los EE.UU. Fue así como Amazon pudo permitirse comprar a decenas de rivales de comercio electrónico y vendedores de libros online, como Google compró a su principal rival, Doubleclick, e integró verticalmente los mercados publicitarios, como Facebook pudo comprar Instagram y WhatsApp sin problemas, y como todas las tecnológicas han dejado de ser participantes en el mercado para convertirse en creadores de mercado, generando las condiciones bajo las que el resto puede intercambiar bienes y servicios. Una realidad que ha llevado a expertos en plataformas digitales como Frank Pasquale a afirmar que en realidad estas empresas están asumiendo funciones gubernamentales. En nosotros está decidir si queremos que nuestros gobiernos sean corporativos y privados o públicos y democráticos. Necesitamos una regulación valiente que no permita que los ganadores sigan llevándoselo todo.

Hace dos días, el 15 de enero, el Gobierno de los Países Bajos dimitió en bloque a raíz de un escándalo de discriminación institucional. La dimisión es más bien simbólica, ya que el Ejecutivo se mantendrá en funciones para capitanear la transición a un nuevo Gobierno que saldrá de las elecciones de marzo. El hecho de haber dimitido ahora, a las puertas de unas elecciones y en mitad de una pandemia, puede ser fruto del cálculo electoralista. Sin embargo, e independientemente del carácter oportunista que pueda tener la decisión de Mark Rutte y su gabinete, la historia es digna de análisis y reflexión, porque los mecanismos de disciplinamiento y punición de las personas más vulnerables que necesitan ayudas públicas para sobrevivir están más extendidos de lo que podríamos pensar, y no son nuevos.

Al mismo tiempo, el uso cada vez más intensivo y extensivo de nuestros datos y la digitalización de un número cada vez mayor de procesos administrativos pueden aumentar el riesgo de control y disciplinamiento de dichos grupos de población si estos procesos no se desarrollan con suficiente transparencia y control democrático, es decir, sometidos a una regulación específica.

El origen del escándalo que ha provocado la dimisión del Gobierno es una actuación continuada de las autoridades de los Países Bajos cuyo objeto era identificar posibles fraudes en las ayudas familiares por parte de personas que necesitaban ese dinero para poder llevar a sus hijos a la guardería –un gasto que suele ascender a unos 1800 euros al mes por niño o niña– mientras ellas trabajaban para mantener a sus familias. El servicio tributario retiró la ayuda a unas 26.000 personas sin disponer de auténticas pruebas de fraude, pero tomando nota del lugar de procedencia de los supuestos estafadores. Es por este motivo que se conoce que la mayor parte de las personas que sufrieron esta agresión institucional son de origen turco o marroquí, aunque muchas de ellas poseen la doble nacionalidad.

Son, por tanto, tan holandesas como los ministros del Gobierno, o la propia Eva González, abogada de padres españoles y nacida en Extremadura que destapó el caso. Estas familias vieron sus ayudas bloqueadas a pesar de presentar la documentación en regla, y en muchos casos se les exigió reintegrarlas, lo que llevó a muchas personas a endeudarse hasta niveles que en numerosos casos destrozaron su vida y a ser estigmatizadas como defraudadoras cuando su único delito era ser pobres, trabajadores mal pagados en una sociedad opulenta.

Esto ocurrió entre 2013 y 2017, en pleno deslumbramiento austeritario, durante un periodo en que el credo neoliberal de la austeridad y la frugalidad mal entendidas contaron con un gran apoyo político, mediático y cultural, lo que facilitó que gobiernos formados por personas cargadas de prejuicios los desplegaran alegremente desde las instituciones. Mientras disciplinaba a sus trabajadores pobres y mal pagados de origen inmigrante acusándolos de fraude, el Gobierno holandés castigaba a los países del sur de Europa con la austeridad y los acusaba de malgastar el dinero público de manera escandalosa. Creo que nadie ha olvidado al holandés Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, cuando en marzo de 2017 dijo: “Uno no puede gastarse todo el dinero en copas y mujeres y luego pedir que se le ayude”. Los ricos pueden gastarse el dinero en lo que quieran, los pobres no.

El periodista británico Owen Jones escribe en su libro Chavs. La demonización de la clase obrera: “Todos somos prisioneros de nuestra clase, pero eso no significa que tengamos que ser prisioneros de nuestros prejuicios de clase”. Él lo sabe muy bien, porque si hay un país donde los sucesivos gobiernos han sabido culpabilizar a las clases trabajadoras receptoras de ayudas estatales y han perfeccionado el proceso de disciplinamiento y mercantilización de sus vidas es Gran Bretaña, si bien en estos años de desarrollo neoliberal no ha estado sola. Creo que compartir algunos ejemplos de cómo funcionan estos mecanismos de culpabilización y disciplinamiento puede ayudarnos a comprender lo extendidos que están y el peligro que corremos si no sometemos el proceso de digitalización a firmes medidas de control y regulación.

Margaret Thatcher comenzó a disciplinar a la mano de obra británica acabando con los sindicatos, demonizando las ayudas públicas y ofreciendo la posibilidad de compra de muchas viviendas sociales para cambiar las preferencias políticas de la clase obrera británica. Los tories querían acabar con la idea de que “todo es gratis” y comenzaron a justificar a través de su think tank, curiosamente denominado Centro para la Justicia Social, la condicionalidad de las prestaciones y su vinculación al comportamiento individual de los prestatarios, que era convenientemente investigado. Se puso el foco en el fraude que cometían las clases menos pudientes con las ayudas públicas, a pesar de que, incluso en el hipotético caso de que todos sus receptores hubieran defraudado, el monto total habría sido muy inferior al resultante de las malversaciones y la evasión de impuestos consentidos a las clases más pudientes. Pero en las vidas y los gastos de estas nadie hurgó.

La llegada del Nuevo Laborismo de Tony Blair y Gordon Brown al poder entre 1997 y 2010 no cambió lo esencial de este sistema de control y disciplinamiento. Su insistencia en la meritocracia y, por tanto, en la responsabilidad individual de los logros no hizo sino ahondar en estos procesos. Por ejemplo, en 2005, el Gobierno introdujo la evaluación de la capacidad de trabajo, un test que debían realizar periódicamente todos los solicitantes de prestaciones por desempleo (incluidas las personas con discapacidad) para que se pudiera valorar si eran o no aptos para el trabajo. Este sistema siguió siendo aplicado y mejorado con entusiasmo por los nuevos gobiernos tories a partir de 2010. Si los solicitantes eran considerados aptos, se les revocaban parcialmente las ayudas y se les presionaba para que aceptaran cualquier trabajo a cualquier precio y bajo cualquier condición.

Para colmo, el examen no lo llevaba a cabo un departamento público sino una empresa privada especializada en tecnología de la información, que recibía una determinada cantidad por persona evaluada, además de incentivos por cada persona considerada apta. Como cuenta Oli Mould en Contra la creatividad. Capitalismo y domesticación del talento, entre 2010 y 2013 se produjeron 590 suicidios como resultado de un proceso de evaluación que devolvió al mercado de trabajo a personas con depresión u otros trastornos diagnosticados, como por ejemplo agorafobia crónica.

Eso no detuvo a David Cameron y su gabinete, que en 2015 pusieron en marcha el llamado “impuesto del dormitorio” mediante el cual se reducían los subsidios sociales a aquellas personas mayores de 18 años que vivieran en pisos de protección oficial con una habitación libre. Se estimaba que este impuesto podía afectar a unos 660.000 ciudadanos que perderían lo correspondiente a unos 863 euros al año si no ponían esa habitación en alquiler. La norma también implicaba que los niños y niñas menores de 10 años debían compartir habitación, al igual que los que tenían entre 10 y 16 años siempre y cuando fueran del mismo sexo, con el fin de liberar las habitaciones sobrantes para el mercado.

Desde la llegada de David Cameron al poder hasta ahora, el disciplinamiento de los pobres a través de las ayudas sociales no ha dejado de avanzar. Una nueva versión de las leyes y las casas de pobres británicas decimonónicas. Fue el ministro de Cultura de Cameron, Jeremy Hunt, quien, en octubre de 2010, afirmó que no era deber del Estado financiar un creciente número de niños en familias donde nadie trabaja. El parlamentario tory Philip Davies le apoyó al declarar que “muchas personas que trabajan duramente ahorran antes de tener hijos, y quien, en cambio, se queda en casa sin hacer nada no debería esperar que los contribuyentes paguen el precio de esta forma de vivir”.

Lo que subyace en el fondo de todo esto es la voluntad de controlar y disciplinar a las clases menos pudientes, de responsabilizarlas y culpabilizarlas de su pobreza, de forzarlas a mercantilizar cada aspecto de su vida: sus habitaciones sobrantes, su excedente de óvulos, sus vientres inutilizados, sus cuerpos deseados. Y de monetizar sus activos, sus bienes, como práctica supuestamente empoderante, frente a la “vergüenza” de ser mantenidos por la comunidad política de la que forman parte. En otras palabras, el viaje contrario al recorrido hasta la puesta en marcha de los estados de bienestar a mediados del siglo XX. Eso es lo que se esconde también detrás del escándalo del falso fraude en las ayudas sociales de los Países Bajos.

Lo interesante es que ahora, con la economía de los datos y el capitalismo de la supervisión, la capacidad para invadir nuestra intimidad y registrar nuestra forma de vida con el fin de disciplinarnos y decidir si somos o no dignos de recibir ayuda pública es casi ilimitada. Tal y como explica Shoshana Zuboff en su obra Capitalismo de la supervisión, nos enfrentamos a protocolos diseñados para influir y modificar nuestro comportamiento orientándolo hacia una nueva forma de acumulación basada en el conocimiento de cada persona obtenido a través de los datos. De este modo se generan enormes asimetrías de poder y de acumulación de ese poder, especialmente graves en esta especie de Mundo Feliz tecnológico en el que todos consentimos y nos creemos empoderados, creyendo que todo es gratis, cuando en realidad pagamos con nuestros datos.

En este sentido, las investigaciones de Carissa Véliz, reunidas en su libro Privacy as power, resultan iluminadoras. La autora describe los datos personales como un gran negocio para las empresas que comercian con ellos y con el comportamiento que se nos asigna en función de la información recabada, cruzada y tratada, y como una peligrosa herramienta al servicio del autoritarismo político si no cambiamos determinadas tendencias mediante su regulación. La privacidad importa porque la falta de ella les da a otros poder sobre cada uno de nosotros.

Carissa Véliz nos muestra un mundo en el que no somos tratados como iguales en función de nuestras características personales y los datos que de nosotros se recogen, lo que permite y permitirá discriminar y aplicar formas de disciplinamiento mucho más sofisticadas que las empleadas por el Gobierno holandés y de control por parte de los servicios de inteligencia que serían la envidia de los métodos de la Stasi de la Alemania Oriental.

En su opinión, primero, el uso y almacenamiento ilimitado de datos y la posibilidad de comercializarlos crean una gran concentración de poder que, como la energía, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Poder financiero, poder político, poder cultural y de comunicación que están en el origen de fuertes desigualdades que se acumulan y nos limitan como ciudadanos y ciudadanas. En segundo lugar, Véliz considera la recopilación de toda esa información personal como un activo tóxico, como por ejemplo el amianto, que antes era barato y fácil de utilizar y se empleaba en todos sitios sin tener en cuenta las consecuencias para la salud y la mortandad de las personas que habían estado excesivamente expuestas a él. Las empresas venden poder parar influenciarnos cuando venden nuestros datos.

Como consecuencia, concluye, y tercer aspecto, la economía de los datos, la posibilidad de mercadear con ellos, es uno de los principales problemas de nuestras democracias y por ello recomienda impedir su comercialización. No su recopilación, pues necesitamos datos para combatir el cambio climático o para encontrar una vacuna contra el COVID-19 en tiempo récord. Pero en absoluto necesitamos que esos datos se compren y se vendan para prevenir y modificar nuestras preferencias y decisiones, ni para obtener una información que permita disciplinarnos, excluirnos o penalizarnos, controlarnos, dominarnos. Como decía Michel Foucault, el conocimiento es en sí mismo una forma de poder. Y el poder puede generar en nosotros deseos y que tomemos decisiones que incluso van en contra de nuestros intereses, incluido el ámbito político.

Los datos y las estadísticas son esenciales para conocer bien los problemas, realizar el mejor diagnóstico y, en el ámbito público, dar el mejor servicio público y alumbrar las mejores políticas posibles. Pero nuestros datos no pueden ser una mercancía y su uso tiene que estar sujeto a mecanismos de transparencia y control democrático. El Gobierno holandés debería haber aprendido de la experiencia de ocupación de su país bajo el régimen nazi. Mientras que en países vecinos como Francia no se recogía información sobre el origen étnico o la adscripción religiosa de la población por motivos de privacidad, esta práctica sí existió en los Países Bajos. Esto facilitó a los nazis la localización de los judíos holandeses y su exterminio: un 73% de ellos fueron asesinados frente a un 25% en Francia. Es obvio que también hubo otros motivos, pero no podemos desdeñar el poder de los datos y la información cuando llegan a las manos y las mentes equivocadas. Los Países Bajos tenían el ejemplo en su propio país, pero los prejuicios y la superioridad que de ellos se desprenden son más poderosas que las enseñanzas de la Historia en un contexto en el que los estados se gobiernan cada vez más con lógicas de la empresa privada.

Las escenas de la toma del Capitolio frente a la mirada entre impotente y cómplice de las fuerzas del orden, y las de Trump y sus íntimos siguiendo el acontecimiento en un ambiente cuasi festivo, han sido difíciles de digerir. Pero igualmente lo es, al menos para mí, la interpretación, bastante extendida en medios de comunicación y redes sociales, de que esos miles de seguidores —y los millones de votantes de Trump— no son sino unos necios, personas con poca instrucción y fácilmente manipulables, los denominados rednecks —pueblerinos y catetos— en los EE.UU. Creo que esa lectura no sólo es incorrecta, sino, sobre todo, peligrosa, porque yerra en el diagnóstico y, por tanto, lo hará en la solución. Y si se consolida esa interpretación, la toma del Capitolio puede ser sólo un paso más del proceso de conquista y perpetuación de esa clase de neofascismo llamada Trumpismo, como el putsch de la cervecería de Múnich lo fue para el nazismo.

Es cierto que, en comparación con la media de los votantes demócratas, los seguidores de Trump tienen menos nivel de estudios. En las elecciones de 2016, Trump consiguió el voto de dos tercios de los electores blancos sin titulación universitaria, mientras que Hillary Clinton se impuso entre los electores con carrera. Es cierto que el nivel educativo, como la raza y el sexo, fueron mejores predictores de la dirección del voto que el nivel de renta. Pero no olvidemos que, en las elecciones del pasado noviembre, Trump consiguió más de 70 millones de votos y que entre ellos hay millones de titulados universitarios, así como individuos que ocupan puestos relevantes en el gobierno de muchos estados y en instituciones clave como las vinculadas con la seguridad nacional o la justicia. Y que, contrariamente a lo ocurrido en las elecciones previas, donde se podía decir que Trump era aún un melón sin calar, estas personas sabían muy bien a quién estaban votando, aunque muchas de ellas lo hicieran tapándose la nariz. Habrá que ver ahora cómo reaccionan esos votantes y las élites conservadoras a la toma del Capitolio y, sobre todo, a la pérdida de la Casa Blanca.

Por tanto, en vez de situarnos intelectualmente por encima de los votantes de Trump y los sediciosos manifestantes del asalto del 6 de enero, haríamos mejor en tratar de entender por qué está ocurriendo todo esto y si existen y por qué las condiciones en EE. UU., y en otras partes del mundo, para el avance de los populismos, la democracia iliberal o democracia sin derechos, y una retórica violenta e intransigente, machista y racista, y por tanto, contraria al respeto a los derechos individuales y a los de las minorías. Y comprobar si el coronashock puede o no suponer un punto de inflexión o, por el contrario, una aceleración de esas condiciones o tendencias, que apuntan hacia un neofascismo en su estado inicial.

Creo que si los populismos dan soluciones simplistas a problemas tremendamente complejos, no debemos combatirlos con explicaciones simples como el bajo coeficiente intelectual y cultural de los seguidores de Trump. La literatura, con Shakespeare y sus tiranos a la cabeza, y los análisis históricos explican muy bien qué pasa cuando se dan las condiciones para que líderes autoritarios y populistas consigan un fuerte apoyo popular y una complicidad generalizada, y cuáles son los mecanismos psicológicos que llevan a las y los ciudadanos de una nación a abandonar sus ideales e incluso sus propios intereses. El surgimiento de los fascismos y, muy especialmente, el nazismo en la Europa de entreguerras, o la revolución cultural de Mao son buenos ejemplos de hasta dónde pueden llegar las personas a confundirse con la masa, que, como bien describió Elias Canetti, las iguala despojándolas del miedo y dándoles arrojo para, por ejemplo, tomar el Capitolio.

Se trata de procesos en los que las personas transforman su ira, desesperanza, miedo e indignación en un impulso que les dota de sentido y les hace sentir que son protagonistas de su propio destino y del de sus pueblos, y que obedece fielmente los dictados de un líder. Estos días hemos oído cómo muchos manifestantes, o quienes declaran estar dispuestos a repetir acciones similares en otras partes del país, admitían que su repliegue respondía a la petición realizada por Trump. Ahora, Trump y su equipo, y aquéllos dentro del partido republicano que han callado y les han dejado hacer durante cuatro años, deben estar valorando la verdadera capacidad de arrastre de Trump. El caos despista a la gente, que necesita creer que lo que hace tiene sentido, y nadie mejor que un líder para proporcionárselo. Si Trump y su equipo saben utilizar esto y, sobre todo, siguen dándose las condiciones para que el todavía presidente arrastre a tantas personas, podemos ir preparándonos para tiempos convulsos.

Estoy segura de que todos conocemos personas que defienden posiciones supremacistas, racistas o machistas y que no tienen nada de incultos o de necios. Y también personas trabajadoras y bienintencionadas que “compran” argumentos populistas igualmente supremacistas, racistas o machistas a partidos como Vox en España, o el “Espanya ens roba” de los partidos independentistas en Cataluña, en un proceso de alterización de la culpa, que, desde estos puntos de vista, siempre es de otros. Sabemos, además, cómo estos argumentos son adoptados y se propagan con facilidad entre los perdedores de procesos históricos como la globalización, entre los excluidos y los desilusionados, o, simplemente, entre los que han visto truncadas sus expectativas de mejora o las de sus descendientes. El estatus social herido ha sido, de hecho, un fenómeno en expansión durante estos últimos años en los EE.UU.

Deberíamos, por tanto, centrarnos en por qué en estos últimos años se están dando las condiciones que permitieron que en 2016 un populista como Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de EE.UU., y que permiten que éste haya mantenido el apoyo de casi la mitad del país para salir reelegido y que haya miles de personas dispuestas a tomar la sede de la soberanía popular en respuesta a su llamamiento, en lo que ha sido un claro intento de sedición para impedir el juego democrático del traspaso de poderes al presidente electo, Joe Biden.

No existe una única explicación del surgimiento del anticosmopolitismo populista, y aún necesitamos tomar distancia de los acontecimientos para poder analizarlos con rigor, pero me voy a atrever a destacar algunos aspectos que creo son esclarecedores de lo que está ocurriendo. Me centraré en cinco ámbitos: la economía, la educación, la política, la tecnología y los cambios culturales.

En el ámbito económico, estas pasadas décadas hemos avanzado en un proceso de globalización neoliberal que más bien es una hiperglobalización financiera generadora de desigualdad dentro de los países, provocando una clara división entre ganadores y perdedores. De hecho, al tiempo que crece la brecha de renta, también lo hace el miedo a caer, sobre todo en contextos institucionales y culturales como el estadounidense donde no existe la cobertura universal de muchas prestaciones sociales, y donde el 70% de la población cree que la riqueza de las personas tiene que ver con su esfuerzo y su mérito, frente al 30% que lo cree así en Europa. El proceso de individualización de la culpa asociado al fundamentalismo de mercado siempre me ha parecido extremadamente mezquino y peligroso, aunque de él hayan surgido reacciones muy positivas, como las descritas por Karl Polanyi, en respuesta a los procesos de privatización y desamparo del surgimiento del estado liberal y del capitalismo industrial.

La concentración de la riqueza en EE.UU. no ha parado de crecer en estas últimas décadas de desarrollo del capitalismo neoliberal: el 0,1% de la población ostenta el 20% de la riqueza. Esto ha venido acompañado de un estancamiento de los niveles de vida, de un descenso de la esperanza de vida en los últimos años, especialmente entre los varones, y de una disminución del poder de negociación de la clase trabajadora, a causa de la disolución de los sindicatos, así como de la cobertura o accesibilidad a las prestaciones sociales.

En los años en los que gobernó el partido demócrata, se puso más énfasis en paliar los efectos del mercado, fomentando una igualdad de oportunidades que estaba lejos de ser real, que en cambiar la política económica que generaba esa desigualdad y que a su vez limitaba las posibilidades de ascenso social. Insistir en dotar de mejores cualificaciones a los trabajadores para que todos pudieran competir sin cambiar la política económica, no ha redundado ni en mayor igualdad ni en mayor movilidad social. Y esto debería darnos alguna pista sobre lo que nos espera también en los tiempos que vienen, porque ese discurso de la cualificación y la recualificación, aun siendo fundamental dentro de la revolución digital en la que estamos inmersos, no puede ser una solución aislada, ya que no todo el mundo está en condiciones de subirse a ese tren. Y con esto, siguiendo a Michael Sandel y su crítica a la meritocracia, engancho con las razones que podemos englobar dentro del ámbito de la educación.

Una educación que ya no representa un ascensor social en la mayoría de los países, sino un perpetuador de la desigualdad, porque la desigualdad en la propiedad y en la riqueza crea una enorme desigualdad de oportunidades en la vida. El sueño americano, es decir, la movilidad ascendente —junto con el proteccionismo y la ventaja de ser la primera potencia militar y económica mundial—, ha sido siempre la respuesta norteamericana a la desigualdad que genera una economía de mercado, frente a la alternativa europea de los estados de bienestar. Pero la fórmula ha dejado de funcionar, y lo que hay, en cambio, es una competencia feroz para acceder a las universidades de élite, que a su vez genera un incremento de la desigualdad en la remuneración vinculado con haber o no estudiado en ellas. No importa cuántas políticas de igualdad de oportunidades incorporen las universidades a sus procesos de selección del alumnado, siguen siendo los estudiantes de familias adineradas los que acceden a ellas de manera prioritaria, lo cual genera un sentimiento de superioridad moral entre quienes se han esforzado y trabajado duro para entrar y lo han conseguido. Y no entraremos aquí en la cuestión de las donaciones “desinteresadas” de ciertos progenitores a los centros universitarios, como, por cierto, hizo el propio Trump con sus hijos. Ese modelo tiene, además, importantes efectos sobre la salud democrática y los intereses comunes de una comunidad política dada.

Por tanto, como dice Sandel, habrá que lidiar con la cuestión de la meritocracia y la retórica que la acompaña. No sólo no existe tal sociedad meritocrática sino que, incluso si pudiéramos garantizarla, sería política y culturalmente peligrosa, porque genera soberbia entre los ganadores, que quieren creer que su éxito tiene una justificación moral, y humillación y resentimiento entre los perdedores, a los que se responsabiliza de su situación y que se sienten mirados con desdén. Ése es en gran parte el origen de la revuelta iniciada en 2016 con la elección de Trump. La idea de que nuestro destino está solo en nuestras manos es un arma de doble filo, muy inspiradora pero también odiosa, dependiendo del resultado.

En este sentido, tendremos que ver si Biden sigue esa misma línea neoliberal que estrecha el ámbito del debate democrático o da un giro, porque los cambios van a seguir sucediéndose, animados por la aceleración de la digitalización que hemos visto durante la pandemia y que tendrán importantes consecuencias en el mundo del trabajo y, por tanto, en los niveles de vida de la población y en los procesos de inclusión o exclusión social, fuertemente vinculados con la formación y el reciclaje de las personas, la cobertura universal o no de servicios esenciales y la garantía de seguridad que tenga la población. Estamos a las puertas de la imposición de nuevas lógicas de expulsión vinculadas con la digitalización, el cambio climático o los equilibrios geopolíticos, y el nuevo gobierno estadounidense tendrá que redefinirse en muchos aspectos si no quiere alimentar al ejército de desheredados, humillados y excluidos que van a continuar siguiendo a este Trump o a otro.

Para superar la polarización política de nuestro tiempo, será necesario también abandonar el enfoque tecnocrático de la política y dar paso a una mayor deliberación democrática que redefina los objetivos de cada comunidad política. La concepción tecnocrática de la política está muy unida a la fe ciega en los mercados y a la representación desproporcionada de economistas entre los asesores gubernamentales. Economistas formados en facultades de Economía donde se les infunde el fundamentalismo de mercado.

Yascha Mounk describe muy bien cómo ciertas condiciones que explican el camino que han recorrido juntos la democracia y el liberalismo ya no están presentes en nuestras sociedades, como el incremento del nivel de vida para la mayor parte de la población, la homogeneidad étnica —o jerarquía racial en el caso norteamericano—, o, con la llegada de Internet, el monopolio de la élite política y económica de los medios de comunicación. A medida que las opiniones de la población tienden hacia lo iliberal y que las preferencias de la élite se vuelven antidemocráticas, el liberalismo y la democracia comienzan a chocar entre sí.

El método tecnocrático no sólo ha fallado como método de gobierno, sino que también ha estrechado los márgenes del proyecto cívico al concebir el bien común sólo en términos económicos —el sacrosanto PIB—, lo que ha empobrecido el discurso público. Tener gobiernos más meritocráticos no los ha hecho más eficaces, pero sí menos representativos. Esto puede explicar también que el apoyo al partido demócrata haya basculado de las clases trabajadoras a las clases educadas, lo que a su vez como dice Thomas Piketty refiriéndose a los partidos progresistas en general, puede explicar que la lucha contra la desigualdad no haya estado en sus prioridades de política económica.

La realidad es que todo ello ha provocado una creciente sensación de desempoderamiento en extensas capas de la población. Quienes tomaron el Capitolio esta semana utilizaban, en muchos casos, un lenguaje lógico y democrático, iliberal pero democrático, al declarar que estaban ocupando la casa del pueblo norteamericano, su casa, y que lo hacían porque no sentían que sus intereses estuvieran siendo representados allí adecuadamente, hablaban de que estaban haciendo una revolución en nombre del pueblo norteamericano. Es cierto que Trump tampoco ha defendido sus intereses estos últimos cuatro años, pero esta parte de la población sí se ha visto representada en su retórica del “America first”. Trump es el síntoma de ese descontento, no su origen, y haremos bien en no centrarnos en la hipocresía de su mensaje. La mayoría de los que entraron en el Capitolio sienten que el sueño norteamericano se ha esfumado o, más concretamente, que se lo han robado, a ellos y a sus descendientes.

Si a esto sumamos el efecto de las nuevas tecnologías y las redes sociales, y su capacidad de difusión de las noticias falsas y la desinformación, el cóctel está servido. Aunque no sólo han contribuido las redes, también los medios de comunicación que venden como equidistancia periodística lo que en una sociedad democrática no puede serlo. No se puede tratar igual a los racistas y a los no racistas —como muchos hicieron con el seguimiento de un fenómeno tan importante como el de Black Lives Matter—, a quienes aterrorizan a las minorías y a quienes las defienden, a quienes tratan de disciplinar a las mujeres a través de la violencia y a quienes defienden la igualdad de género.

Dentro de la revolución cultural neoliberal, la tecnología y la economía funcionan como pegamento central de nuestros lazos sociales. Como dice la socióloga francesa Eva Illouz, los intereses económicos difunden una subjetividad basada en la satisfacción expeditiva de las necesidades, que hacen que el consumo capitalista funcione cada vez más por vía de un supuesto empoderamiento ayudado por la acción exponencial de Internet y las redes. La penetración de la racionalidad económica en cada vez más ámbitos sociales ha transformado muchos de éstos en mercados, incluyendo el mercado del sexo, con consecuencias importantes para nuestra vida privada e íntima, llenándonos de incertidumbre. Una incertidumbre que es carne de cañón para populistas y soluciones simples, y por tanto, imposibles, para problemas que son complejos.

La revolución digital y tecnocrática puede además escalar mucho de las circunstancias que explican las condiciones que estoy describiendo aquí. La aceleración en el uso de la tecnología, la digitalización y las nuevas formas de trabajo que se han impuesto durante la pandemia no van a cesar. Según un informe de McKinsey (aquí), la productividad en los EE.UU. ha aumentado en el tercer trimestre de 2020 un 4,6%, después de hacerlo un 10,6% en el segundo trimestre, el mayor incremento desde 1965. Obviamente, esto está muy relacionado con la disminución de las horas trabajadas, la mayor desde 1947, y con las actividades que han podido desarrollarse en esta “economía sin contacto” y las que no, lo cual puede generar aún más desigualdades, también en la posibilidad de adaptación a la realidad de las empresas, que será muy diferente a como era antes de la pandemia.

De hecho, las empresas están tres veces más dispuestas que antes de la crisis a mover al menos el 80% de la interrelación con sus clientes al ámbito digital. Esto tendrá impactos muy amplios en el mundo del trabajo y también en el del consumo, alterando profundamente nuestra forma de vida. Es cierto que el fuerte impacto de la pandemia sobre las cadenas de aprovisionamiento globales y el creciente empobrecimiento de las clases trabajadoras en los países ricos, que reduce las ventajas salariales de la deslocalización, generan nuevas oportunidades. También el desarrollo de la inteligencia artificial y la analítica de datos permiten conocer mejor los espacios de mejora de las cadenas de suministro, lo que podría limitar la dependencia de terceros países como China y generar más puestos de trabajo en países como EE.UU. Pero no está claro que eso sea suficiente para mantener unos niveles de empleo suficientes.

En cualquier caso, la digitalización de cada vez más aspectos de nuestra vida puede estar potenciando condiciones culturales de la revolución neoliberal que también explican los riesgos de que la toma del Capitolio sea sólo un paso en el camino hacia una era populista. La individualización del éxito, pero también del riesgo y del fracaso, que hemos mencionado antes y que van de la mano de la mercantilización de cada vez más aspectos de nuestra vida y, muy especialmente, de la resignificación de los grandes ideales democráticos, nos aleja de la formación de una comunidad política verdaderamente democrática. No es baladí en ese sentido que esté aumentando el porcentaje de jóvenes que no consideran que vivir en democracia sea algo muy importante. Tomemos pues para terminar la resignificación de los valores de libertad, igualdad y fraternidad.

Con la revolución neoliberal, la libertad como principio ha sido sustituida por la libertad individual, es decir, por los deseos. Esto tiene fuertes implicaciones en la arriba mencionada creciente mercantilización de nuestra vida y la entrada de la lógica economicista de mercado en nuestro espacio social, íntimo y hasta sexual. La concepción libertaria de la libertad, que la entroniza por encima del resto de los valores y que han defendido los seguidores de Trump negando el uso de mascarillas o las vacunas, es un buen ejemplo. El concepto de libertad, siguiendo a Wendy Brown y sus magníficos análisis sobre el neoliberalismo, ha sido un concepto fácilmente apropiable para los fines políticos más cínicos y opuestos a la lucha por la emancipación, como vemos actualmente.

La resignificación de la igualdad en estos movimientos populistas también está clara. Desde el feminismo lo sabemos muy bien, porque estos movimientos son tremendamente antifeministas y nos quieren hacer creer constantemente que quienes vamos en contra de la igualdad somos precisamente el movimiento que más ha luchado por conseguirla. La superioridad racial y de sexo de los hombres blancos norteamericanos, lo que se conoce como salario psicológico, se ha desvanecido. Y no sólo por las políticas de igualdad de oportunidades y por las acciones positivas que tienen como fundamento teórico la idea de que tratar igual a los desiguales lo único que hace es perpetuar esa desigualdad, sino por las dinámicas más generales vinculadas con la globalización, las políticas económicas deflacionistas y el papel de la educación que he comentado previamente. 

Por último, la meritocracia y la ética meritocrática, más extendidas en EE.UU. que en ningún otro lugar, dinamitan la solidaridad y la fraternidad. El fundamentalismo de mercado, con su énfasis en una inexistente igualdad de oportunidades y en la responsabilidad individual, erosiona la solidaridad y las obligaciones mutuas entre la ciudadanía. Este marco cultural e ideológico, que vende nuestra retirada hacia la individualidad como un proceso de empoderamiento, en realidad nos desempodera al despojarnos de nuestros vínculos con la comunidad. Desde la economía feminista hemos trabajado mucho la ética del cuidado y la falacia de la independencia. Tenemos que asumir que parte de lo que hemos conseguido se debe a la suerte, al hecho de haber nacido con unos dones, en una determinada parte del mundo, en una familia determinada y dentro de una determinada raza y sexo, pero también a la acción de muchas otras personas que nos cuidaron y siguen cuidando, de otras que nos han ayudado a lo largo de nuestra vida, e incluso de quienes perdieron su vida por defender sistemas políticos e instituciones que nos protegen y rebajan nuestra incertidumbre frente a las contingencias que nos acontecen a lo largo del ciclo vital.

Tenemos que ver a Trump como lo que es: un síntoma del avance del anticosmopolitismo populista, las opciones neofascistas y la democracia iliberal o sin derechos, y no su origen. Decía George Orwell que ver lo que tenemos delante de nuestras narices requiere un esfuerzo constante. Tenemos que cambiar realmente lo que no funciona, lo que tampoco funcionaba antes de la pandemia. Llamar necios a los votantes de Trump y a los que tomaron el Capitolio no es el buen camino para hacerlo.

La pandemia y el confinamiento nos han revelado lo que de verdad es más valioso para salvaguardar nuestras vidas y nuestro bienestar: el cuidado, la gestión solidaria y comprometida de nuestros recursos y espacios colectivos, lo común.

Es un cambio importante, porque en el último medio siglo se había generalizado, en la economía, la política, la cultura y los valores más personales, una ideología que sitúa el interés individual por encima de todo y presenta como natural la antigua fantasía de una individualidad que en realidad se sostiene en el trabajo de otros, de otras.

Lo curioso de esa ideología, convertida en práctica que sacraliza lo individual, es que se presenta como la mejor versión posible de la modernidad y el conocimiento científico. Sin embargo, es ajena a un hecho evidente. En las sociedades complejas como las nuestras, donde el conocimiento, la tecnología, la sinergia, las redes, la empatía o las organizaciones de todo tipo son imprescindibles para crear riqueza, no es de ninguna manera posible que la acción individual produzca valor sin el concurso de lo común.

Pero el valor de lo común no ha sido soslayado porque se crea que lo que no es propiedad de nadie no es valioso, sino porque asumirlo implica desvelar quién tiene el poder y puede beneficiarse de esos recursos en mayor medida que los otros. Y pone en jaque la racionalidad que sustenta nuestra forma de vida y nuestras instituciones desde el triunfo de los estados liberales, la economía y la sociedad de mercado.

El pensamiento dominante ha tratado de hacernos creer que el mercado podía resolver también el problema de asignar lo común. El mantra de que el mercado es más eficiente ha justificado las privatizaciones de todos los recursos y servicios esenciales. Pero su secuela ha sido la producción social de la escasez y la ineficiencia, pues, por mucho que se haya querido ocultar, la realidad es que el uso privatizado de lo común resulta a la postre más caro y es asignado en peores y más desiguales condiciones.

La pandemia ha hecho que todo ese discurso salte por los aires. Hasta los más conspicuos defensores del mercado reclaman ahora la ayuda de los gobiernos, el apoyo estatal para obtener recursos cuantos antes y facilitar acciones colectivas como la búsqueda de una vacuna.

Es el momento de asumir lo común como espacio prioritario. Eso no significa volver a un pasado idealizado –las mujeres no queremos volver al pasado–, o a sistemas políticos que buscaban el interés común pero asfixiaron la iniciativa y las libertades individuales. Lo común como espacio prioritario requiere repensar nuestras instituciones y leyes, nuestra convivencia, nuestra manera de producir y consumir, la forma en que educamos a las generaciones futuras. Requiere que seamos fiscalmente responsables y votemos en consecuencia, y participemos en los distintos ámbitos de la política, más allá de la institucional. 

No digo que no pueda haber vuelta atrás. Pero aprovechemos que el valor de lo común ha estallado ante nosotros como lo que es, el mejor recurso para transformar nuestra sociedad a favor de la paz y de una mayor libertad y bienestar para todas las personas.

Estos días estamos de enhorabuena en Europa, a pesar de que la segunda ola de la pandemia no acaba de darnos una tregua. Se ha conseguido desbloquear el presupuesto para los próximos siete años y el plan de recuperación asociado a la COVID-19. Ya solo falta que se llegue a un acuerdo para el Brexit para acabar este año aciago con esperanza.

El pasado viernes los líderes de los estados miembros de la UE aprobaron el Marco Financiero Plurianual de la Unión, dotado con 1,1 billones de euros, y dar vía libre a un fondo excepcional con deuda común, más conocido como Next Generation EU, que movilizará 750.000 millones de euros. Estos fondos no solo deben servir para ayudar a los países a paliar los efectos de la pandemia y la crisis económica asociada a ella, sino que tienen la vocación y la responsabilidad de servir como herramienta para la transformación de nuestras economías en pos de la sostenibilidad medioambiental y la digitalización, y sin duda también deberían servir para avanzar en justicia social, con la inclusión de los cuidados como un eje central de nuestras políticas.

El acuerdo en sí se fraguó en el mes de julio, pero el veto de Hungría y Polonia a la decisión de vincular las transferencias al respeto del Estado de derecho ha hecho que solo se haya podido cerrar in extremis antes del fin de 2020. La prioridad del gasto en proyectos transformadores que sustenten el pacto verde y la digitalización estaba ya clara, por tanto, desde el verano, en parte porque se alinea con los objetivos de la Comisión Europea en torno a lo que se conoce como las transiciones gemelas, la verde y la digital.

Eso ha valido para que los estados miembros y los distintos agentes económicos lleven desde entonces diseñando propuestas y organizando su gobernanza como ha hecho España con el real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Este plan conllevará la mayor modernización de la administración pública que hayamos visto hasta el momento, con un sistema de gobernanza distinto. Por ejemplo, se crea una nueva figura, la de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTES) o fórmulas más flexibles y adaptativas a los requerimientos de los proyectos financiables con el Instrumento Europeo de Recuperación.

En la mayoría de los países se han establecido oficinas u organismos estatales para su coordinación, que a su vez se nutren de inputs provenientes de oficinas regionales o municipales. Esa forma de proceder y ese espacio para proyectos desarrollados de abajo a arriba que sin duda dará diversidad y riqueza a las propuestas también conducirá a situaciones muy dispares en función de lo inclusivas o transparentes que hayan sido las distintas convocatorias a nivel municipal, regional o estatal. Si la oficina de un ayuntamiento solo ha convocado a los prohombres que siempre se han movido bien cerca del poder, es posible que esos proyectos acaben teniendo un sesgo más orientado hacia la inversión y la captación de rentas que hacia la transformación. Si, por el contrario, las convocatorias han sido abiertas y transparentes, la innovación transformadora tendrá más cabida en los proyectos, como también la tendrán las pymes, cooperativas y empresarias innovadoras poco presentes en los grupos de poder tradicionales.

Igualmente, las posibilidades de cada territorio dependerán en parte de las capacidades existentes en cada uno de ellos, que, como bien sabemos, son muy distintas a lo largo y ancho de Europa y en el interior de cada estado miembro. Así las cosas, a no ser que se arbitren medidas correctoras, aquellos territorios con menos capacidades, que coinciden con los de menos rentas y más necesidades sociales, podrían resultar menos beneficiados de esta ola financiera con vocación transformadora. El papel de las oficinas nacionales y el establecimiento de sinergias con otros fondos europeos, como los fondos de cohesión o los de investigación e innovación, agrupados bajo el paraguas del programa Horizonte Europa, serán esenciales para no dejar a ninguna persona ni territorio rezagado en este impulso modernizador. Como también lo serán las sinergias con el desarrollo del plan de acción del Pilar Social Europeo para evitar que haya pistas paralelas que no converjan en una transformación integrada, verde, digital e impregnada de justicia social.

En este sentido, el componente social de las propuestas y las exigencias que se arbitren debe ser tenido en cuenta de manera prioritaria y clara en la selección y seguimiento de los proyectos. La idea y la narrativa de no dejar a ninguna persona y ningún territorio detrás se repite constantemente en los documentos comunitarios y en las declaraciones de sus líderes, pero aún tiene que hacerse realidad. Es cierto que el carácter social está más presente que nunca en los programas comunitarios, y que desde el año 2017 contamos con el Pilar Social Europeo y con un conjunto de indicadores sociales que, aunque todavía no plenamente desarrollados, apuntan a un cambio en la narrativa deflacionista dominante hasta ahora.

Sin embargo, mientras que desde Bruselas se han establecido indicadores claros de seguimiento para la transformación medioambiental dentro del plan de recuperación, no ocurre lo mismo con los indicadores sociales. Y eso es algo que tenemos que corregir en todos los niveles de gobierno, porque la crisis de la COVID-19 está provocando que a nuestras sociedades leS salten muchas costuras que ya estaban muy dilatadas, como consecuencia de dinámicas globales de aumento de la desigualdad y precarización de los mercados de trabajo o a causa de los efectos de las mal llamadas políticas de austeridad. Recordemos que dichas políticas dejaron a muchas personas sin acceso a recursos básicos y acabaron debilitando nuestros sistemas de bienestar, los cuales han respondido con muchas carencias durante la pandemia, sobre todo en lo relativo al cuidado de las personas dependientes, muy especialmente las personas mayores, y de aquellas que los cuidan.

La crisis de cuidados y de mortandad que se ha vivido en las residencias de ancianos en toda Europa pone sobre la mesa un problema de enorme importancia y transcendencia, donde se mezclan dinámicas de desigualdad de género, etnia, renta u origen geográfico con problemas demográficos vinculados con el envejecimiento de la población, laborales relativos a la precarización de los mercados de trabajo y el surgimiento de contratos laborales no estándares que generan mucha inseguridad a las y los trabajadores, y fiscales resultantes de la globalización neoliberal que han ido adelgazando nuestros sistemas de bienestar.

En algunos países, como España, las consecuencias de esta crisis tienen derivadas bien sórdidas en los abusos que se llevan a cabo dentro del marco del cuidado privado, especialmente con respecto a las trabajadoras domésticas internas, normalmente mujeres provenientes de América Latina que carecen de las capacidades reales o de los papeles suficientes para hacer valer sus derechos en un mercado de trabajo que alberga uno de los niveles de paro más altos de la UE.

El miedo a llevar a los mayores a las residencias ha disparado todo tipo de abusos, con ofertas de trabajo para internas por 300 euros al mes y comidas racionadas para que ni siquiera salgan a la calle y así evitar el contagio de las personas mayores a las que cuidan. Tal y como nos cuenta David Brunat en un reciente artículo en El Confidencial, hablamos de condiciones de semi esclavitud que, en muchas ocasiones, también se dan a modo de trabajo no remunerado en el seno de las familias o a través de empresas que pagan los salarios más bajos del mercado a mujeres que se dedican al cuidado de la vida de otros seres humanos, una labor con un gran valor social pero con muy poco valor de mercado al haberse realizado siempre de manera no remunerada y no reconocida en el hogar por parte de las mujeres.

Por eso creo que, si queremos que la transformación económica que diseñamos sea también social, debemos incorporar a la narrativa comunitaria y de los estados miembros una hermana trilliza de las transiciones gemelas verde y digital, la de una nueva organización social de los cuidados. Entendiendo por cuidados —y me autocito en mi libro La Economía de los Cuidados— “una dimensión de la vida humana que es también económica en la medida en la que comporta uso de recursos escasos, materiales, inmateriales, de energía y tiempo, con costes directos e indirectos evidentes y la realización de un auténtico trabajo que satisface las necesidades humanas básicas”.

Las ideas de interdependencia y autonomía tan arraigadas en nuestros sistemas de valores tienen que ser descartadas definitivamente. La COVID-19 ha puesto de manifiesto algo que muchas ya sabíamos: que la humanidad es profundamente interdependiente y, por tanto, es fundamental arbitrar los mecanismos para que esta interdependencia y el cuidado que le va parejo no se den con explotación y sin derechos. Por este motivo son necesarios un Pacto de Cuidados y situar al mismo nivel que las transiciones verde y digital una transición hacia una nueva organización social de los cuidados.

Añadir esta tercera transición al esquema es imprescindible, como también lo es asegurarnos de que exista una absoluta coordinación entre las políticas sociales y económicas. Los gobiernos deben definir áreas estratégicas de inversión aprovechando la expansión monetaria, pero estas han de estar alineadas con las necesidades sociales de la población y con la lucha contra las desigualdades. Estas transformaciones requieren que el estado tenga un papel más activo en la economía y que los servicios públicos, también los vinculados con el cuidado, sean vistos como inversiones y no como cargas.

Que eso sea o no posible dependerá como siempre de la correlación de fuerzas que haya en nuestras sociedades. Esta semana debatiremos y votaremos en el Parlamento Europeo un informe denominado “On a strong social Europe for Just Transitions” que contiene tres partes. Una primera parte focalizada en la implementación del Pilar Social Europeo y la adopción de un Pacto de Desarrollo sostenible y de un Pacto de Progreso Social. Una segunda parte relativa a los instrumentos financieros para acometer una transición justa como el Fondo Social Europeo, la Garantía Juvenil, la Garantía Infantil, el instrumento SURE para financiar los ERTE y el Fondo de Transición Justa. Y una tercera parte que establece el corazón de la futura agenda social europea que debe discutirse en la cumbre de Oporto el año próximo y que girará en torno al establecimiento de objetivos relativos al trabajo decente, sostenible e inclusivo; la justicia social y la igualdad de oportunidades; sistemas de bienestar social robustos; y una movilidad justa. El resultado de esa votación anticipará cuán social exigirá Bruselas que sean los planes de recuperación de los estados miembros y si realmente acabaremos añadiendo la tercera transición hacia otra organización social del cuidado que nuestras sociedades y nuestras economías necesitan con urgencia.

Esta semana se ha llorado mucho. Me refiero a mediáticamente, porque llorar, lloramos todas las semanas por las injusticias, las penas, los dolores y hasta por las alegrías. Pero esta semana las lágrimas han estado en todas las portadas, análisis de los medios de comunicación y platós de televisión.

La cosa empezó con las críticas a las lágrimas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el acto institucional por el Día para la Eliminación de la Violencia de Género. La ministra leyó su discurso visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos. No nos debe de extrañar que se emocione quien tiene encomendada la responsabilidad de reducir una violencia que no remite, o no lo hace con la velocidad que necesitaríamos para salvar las vidas de muchas mujeres que acabarán muertas solo por el hecho de serlo, o muertas en vida cuando sus parejas o ex parejas decidan hacerles daño asesinando a sus hijos.

La violencia machista es una cosa muy seria, que genera rabia e indignación entre quienes llevamos años combatiéndola y encontrándonos con víctimas que han visto sus vidas rotas, con hijos e hijas que se han quedado sin sus madres, con mujeres que cuentan los horrores de los que finalmente consiguieron salir, y con la ceguera de una parte importante de la sociedad que niega la existencia de esta violencia estructural.

No debe parecerles un tema tan serio a quienes arremetieron contra las lágrimas de Irene Montero, como el ex alcalde popular de Valladolid, Javier León de la Riva, quien durante una tertulia en la televisión de Castilla y León habló del “numerito” de la ministra y de sus lágrimas, que él no se cree. Tampoco se las creyeron José Manuel Soto, Fernando Sánchez Dragó o Francisco Rosell, quien criticó duramente a la ministra en el plató de Espejo Público. Y no solo fueron hombres quienes la criticaron; Carla Toscano, diputada por Vox, afirmó: “Me río de vuestras lágrimas feministas”.

Cuando Isabel Díaz Ayuso lloró en el funeral por las víctimas de la pandemia en la Almudena hubo muchos que, desde el arco ideológico de la izquierda, no se creyeron sus “lágrimas neoliberales”. Y es que parece que las lágrimas y la aceptación o no de las mismas tienen color político. De hecho, la misma derecha mediática que ahora critica las lágrimas de Irene Montero defendió entonces las de Díaz Ayuso frente a los comentarios despectivos de sus adversarios políticos, “reflejo de la degradación de una izquierda decadente”.

Pero la credibilidad y el efecto de las lágrimas también tiene mucho que ver con el género de la persona que las vierte, aunque la mujer en cuestión esté entre las más poderosas del mundo, como la canciller Angela Merkel, a quien se le saltaron durante una cumbre del G20 o en una visita a Auschwitz. Hay incluso estudios científicos, como este realizado por investigadores en Israel y publicado en Science, que demuestran cómo las lágrimas de emoción de las mujeres contienen señales químicas que reducen la excitación sexual y los niveles de testosterona en los hombres. No se sabe si las lágrimas masculinas contienen señales similares porque no se ha investigado, curioso. Lo interesante es que las lágrimas emocionales son una respuesta que solo los seres humanos poseemos. Todos hemos visto animales con lágrimas en los ojos, pero en ellos tienen solo una función lubricante.

Por tanto, el llanto emocional es una señal evolutiva característica de la especie humana, esa que creemos superior. Y así parece que se ha interpretado también esta semana, no con Irene Montero, sino con todos los comentaristas deportivos, entrenadores de fútbol, etc. que han llorado en público la muerte de Maradona, lo conocieran o no. Con la muerte del jugador argentino, clamaban, había muerto el fútbol y no se podía hacer otra cosa que llorar, sin que por supuesto fuera necesario entrar a detallar los abusos que el propio Dios hecho hombre cometió con otros seres humanos, sobre todo con mujeres, muchas de ellas excesivamente jóvenes y vulnerables. El hombre que no quería mercantilizar el fútbol, pero que no tuvo ningún empacho en mercantilizar a las mujeres; el hombre que luchaba contra la explotación de los más desfavorecidos, pero que no tenía nada que decir sobre la explotación sexual de las mujeres.

Entiendo que todas las portadas y telediarios abriesen con su muerte, porque nadie puede negar su genialidad con el balón y porque, teniendo en cuenta la importancia del fútbol en nuestras sociedades y la personalidad del propio Maradona, el mito estaba servido. Pero no escribo este artículo para juzgar al ídolo, sino para hablar de lágrimas y de sesgos.

Sé que no tiene la misma responsabilidad pública una ministra que un comentarista deportivo, aunque es posible que los mensajes que transmiten estos últimos lleguen, desgraciadamente, a muchas más personas que los de una ministra, sobre todo si su cartera es la de Igualdad. Y no me parece mal que los locutores deportivos lloren; llorar es sano, también, o sobre todo, para los hombres. Lo que me disgusta es cómo se aplican los sesgos cognitivos de género de manera tan generalizada y acrítica en el debate público. Mientras las lágrimas de las mujeres son de cocodrilo o de debilidad, los hombres con sus lágrimas muestran su lado más sensible y humano. Y no solo se les perdona, sino que se alaba, sobre todo cuando esto ocurre en terrenos de la masculinidad dominante como el fútbol. Los tiempos de Boabdil quedan lejos…

Los sesgos cognitivos son efectos psicológicos que producen una desviación en el proceso mental y nos llevan a emitir juicios inexactos, en especial cuando se trata del sesgo del ángulo muerto, que precisamente nos vuelve ciegos a nuestros propios sesgos. Los estudios de género han analizado profusamente cómo funcionan los sesgos cognitivos y cómo las mismas actitudes o comportamientos pueden tener una connotación positiva o negativa dependiendo del sexo de la persona que los adopta.

Por ejemplo, si una mujer se ausenta de una reunión en compañía de su jefe se supone que están teniendo un affaire; si es un hombre el que marcha con su jefe, se entiende que es para hablar de negocios. Si una mujer tiene una foto de su familia sobre la mesa de la oficina, esto es interpretado como un signo de que la familia es lo prioritario para ella, por encima de su actividad profesional, mientras que, en el caso de los hombres, se considera una señal de responsabilidad y el individuo en cuestión se convierte en alguien confiable, un buen candidato para el ascenso. Todo esto se traslada luego a las estadísticas y a la materialidad de la vida. Los hombres con hijos tienen una tasa de empleo mayor y un salario medio superior que los hombres sin hijos, mientras que en las mujeres esta relación se invierte: las que no tienen hijos alcanzan una tasa de empleo y un salario medio superiores a los de las mujeres que los tienen. Aunque tampoco nos va bien a las mujeres cuando nos comportamos como no se espera de nosotras; esto sucede a causa del llamado sesgo de double bind o doble atadura. Así, hay mujeres que desarrollan comportamientos asertivos y ocupan espacios de autoridad y acaban siendo más criticadas que cualquier hombre que también lo hace. Del mismo modo que se critica más a una ministra que llora que a un entrenador de fútbol que se emociona en antena.

Pero tenemos que aceptar las lágrimas de las políticas y los políticos para lograr al menos dos cosas. La primera, desmontar esos sesgos cognitivos presentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad; sin ello, difícilmente podremos avanzar hacia sociedades más igualitarias. Y la segunda, humanizar la política y dejar de cuestionar a nuestros representantes cuando se comportan como humanos, porque recordemos que las lágrimas emocionales son un rasgo distintivo de nuestra especie.

A Maradona se le ha perdonado en todas las cadenas de televisión y en todos los periódicos estos días que fuera el más humano de los dioses, una manera muy fina de decir que, por ser él quien era, parece justo mirar hacia otro lado e ignorar todos los abusos que cometió, no solo consigo mismo y con su cuerpo, sino también con terceros, principalmente con terceras. Pues bien, del mismo modo necesitamos que nuestra política se humanice, pero a veces son los propios medios de comunicación y la gran polarización política existente en nuestro país (y en otros) los que impiden que avancemos hacia ese fin que tan sano sería para nuestras democracias y para la participación democrática en las distintas instituciones y la sociedad civil. Lloremos por Maradona, pero hagámoslo también y muy especialmente por las mujeres víctimas de violencia machista y por una sociedad que sigue tolerando lo intolerable.

El pasado 5 de noviembre se publicó en el BOE una orden ministerial con el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Algunas reacciones políticas y mediáticas de derechas no se hicieron esperar y, de manera superlativa y engañosa, hablaron de creación de un ministerio de la verdad, de control de los medios de comunicación y de instrumento de propaganda progubernamental. Como si se tratara de otros tiempos que muchos de ellos anhelan.

El esperpento mayor llegó cuando, en línea con la estrategia del Partido Popular y de Ciudadanos de hacer oposición al Gobierno y, en muchos casos, a los intereses de España en Bruselas, llevaron el caso ante la Comisión Europea, que tras estudiarlo concluyó que lo aprobado por el Gobierno de España no solo no era un ministerio de la verdad que atentase contra la libertad de prensa, sino que estaba en consonancia con las recomendaciones hechas desde las instituciones comunitarias en 2018. En primer lugar, fue la Comisión quién emplazó a los estados miembros a tomar medidas contra la desinformación, incluyendo la educación y la alfabetización mediática, y posteriormente, en diciembre de 2018, el Consejo de la Unión Europea aprobó un Plan de Acción contra la desinformación, encargando a los estados miembros establecer un sistema de alerta rápida. Esto es, en definitiva, lo que trata de poner ahora en práctica el Gobierno español, actualizando el mecanismo que ya estableciera de manera pública en marzo de 2019.

El Gobierno español acepta la definición del término “desinformación” propuesta por la Comisión Europea, que no alude a fake news o noticias falsas, sino a la difusión de información falsa o engañosa que pueda ser verificable y que se presenta o divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, pudiendo causar perjuicio público. Los episodios vividos durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos o durante el referéndum del Brexit son buenos ejemplos de campañas de desinformación que han causado un importante perjuicio público.

Y es que nuestros sistemas de información, como los sistemas e instituciones encargados de coordinar la economía internacional y muchos otros, no están diseñados ni preparados para un mundo de datos e inteligencia artificial que plantea desafíos y problemas que abarcan desde la necesidad de proteger nuestra privacidad individual a los derivados del gran poder de mercado que proporcionan a las grandes empresas, o problemas geopolíticos y de seguridad nacional, como la interferencia extranjera en procesos electorales, el hackeo de redes industriales o el ciberespionaje, sin olvidar la manipulación de procesos democráticos y la gestión de episodios tan complejos como la actual pandemia. Todos ellos necesitan ser resueltos por medio de respuestas institucionales y políticas acordes con la complejidad de los retos que conllevan.

El crecimiento de la información disponible hasta extremos que exceden con mucho nuestra capacidad individual para procesarla ha llevado, tal y como explica César Hidalgo en su libro El triunfo de la información, a aumentar las capacidades computacionales por encima del alcance de cualquier individuo. De esa manera, hemos generado formas complejas de información que requieren formas complejas de computación que, a su vez, permiten que la información crezca limitando la capacidad de los humanos de acumular conocimiento.

Este proceso se produce en paralelo con una comunicación generada en torno a silos y muy polarizada, que crea las famosas burbujas de información que tanto deterioran nuestra convivencia social y política. Está bien tener opiniones distintas, puesto que partimos de posiciones sociales, económicas, culturales o identitarias diferentes, pero eso no nos debe llevar al abandono de la argumentación como forma de alcanzar espacios de entendimiento y, sobre todo, no debe hacernos renunciar a la verdad. Actualmente, las personas reciben a diario una fuerte carga de desinformación sectorizada y vinculada de antemano a sus convicciones que no hacen sino reforzarlas y que empujan incluso a personajes públicos con gran poder de decisión, como el aún presidente estadounidense Donald Trump, a creerse inmunes a la verdad y a actuar en consecuencia. No debemos dejar nunca que la verdad compita con la mentira como si se tratara de dos opciones con la misma dimensión moral.

Por eso hacen bien las instituciones europeas y gobiernos como el español en intentar dotarse de mecanismos institucionales que combatan la mentira, siempre que esto se haga con transparencia y control democrático. De hecho, habría que persistir y avanzar más en esa dirección, mediante un continuo proceso democrático de discusión sobre la comunicación en el mundo de los datos y la inteligencia artificial. El uso del conocimiento científico puede ser un buen antídoto para la mentira, y espacios como el hub europeo de ciencia y comunicación del Parlamento Europeo, ESMH (https://sciencemediahub.eu/) por sus siglas en inglés, son una buena práctica que se puede trasponer a los estados miembros y más allá de las fronteras de la Unión Europea. La creación de espacios comunes y de redes de personas dedicadas a la política, la ciencia y la comunicación, ya sea vinculada a asociaciones periodísticas o a instituciones de educación e investigación que intercambian ideas, información y respuestas de manera continuada, es necesaria para enfrentarse de manera democrática a la desinformación y a los riesgos sociales, políticos y económicos que de ella se derivan.

Este país tiene una triste historia de desinformación, que resultó muy fructífera desde el punto de vista económico y político para algunos que hoy parecen querer seguir beneficiándose de ese perverso privilegio, pero de la que tenemos que alejarnos si deseamos seguir constituyendo una democracia. La historiografía española ha dedicado más esfuerzos a demostrar cómo el régimen franquista se impuso y mantuvo por la fuerza, lo cual es indiscutible, que a la labor de propaganda que desplegó para ganarse el favor de las masas, como denuncia Carme Molinero su libro La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista. En esta magnífica obra publicada hace casi quince años, Carme Molinero estudió las políticas desplegadas desde las instituciones franquistas durante la posguerra para afianzar los apoyos populares que ya tenía y, muy especialmente, para penetrar y seducir a las clases trabajadoras. Así surgieron mitos y mentiras que aún perviven en los nostálgicos discursos de muchos dirigentes de derechas y extrema derecha de este país, los mismos que atacan el procedimiento de actuación contra la desinformación del Gobierno de España. La democracia necesita de información y verdad para poder funcionar, no de las mentiras del pasado ni de las del presente.

Como ahora sabe casi toda la población, entre 1918 y 1920 se expandió por todo el mundo una mortífera epidemia de gripe que se saldó con entre 20 y 50 millones de muertos. Un desastre que se unió al de la Primera Guerra Mundial que, por su parte, costó la vida de 20 millones de personas entre civiles y militares.

Aquella epidemia ha pasado a la historia con el nombre de gripe española, una injusta denominación porque está demostrado que su origen no se situó en España sino en Francia, China o, lo más probable, en Estados Unidos.

Nuestro país sí fue, sin embargo, uno de los que sufrieron una mayor incidencia de la enfermedad: 8 millones de afectados y 300.000 muertos sobre una población total de poco más de 21 millones de personas. Y también fue uno de los primeros países en reconocer y hacerse eco de la pandemia pues era un país neutral durante la guerra y, por tanto, ni estaba sujeto a censura por interés militar ni estaba tan centrado en las consecuencias del conflicto bélico como sus vecinos. Quizá se habló tanto aquí de aquella epidemia que por eso acabó denominándose como Gripe española. 

Por otras razones, aunque con mucha menos justificación, parece que ahora hay quien estuviera interesado en que la historia se repita.

El diario Financial Times se hacía eco el pasado 29 de octubre de un estudio todavía pendiente de revisión científica, es decir, sin estar rigurosamente contrastado, en el que se analiza la aparición y extensión de variantes del SARS-CoV-2 por Europa en el verano de 2020, encontrando muestras tempranas de esta variante en España, aunque añade que todavía no está claro dónde podría haberse originado realmente esta variante (Emergence and spread of a SARS-CoV-2 variant through Europe in the summer of 2020).

Si se consulta el estudio puede leerse que sus autores insisten en que sólo a través de un seguimiento multi-país será posible detectar y seguir esta cepa pero que la ausencia de secuencias consistentes y uniformes a lo largo de Europa limita sus esfuerzos. Y, en consecuencia, reconocen que no saben el papel que esta cepa está jugando en los rebrotes de muchos países porque en la mayor parte tienen pocas o ninguna secuencia. De hecho, lo que se reitera en el estudio es la importancia de avanzar en un esfuerzo coordinado y regular para realizar secuencias genéticas del virus, especialmente en comunidades muy interconectadas como son las europeas.

El trabajo es, efectivamente, cauteloso sobre el alcance y las limitaciones de los resultados. Principalmente, porque los datos -a excepción de los relativos al Reino Unido con 7.207 casos- tienen escasa representatividad -20 en Francia, 1 en Italia o 256 para España. Sin embargo, sus aparentes resultados han terminado difundiéndose en algunos medios y en las redes sociales, sin mencionar, eso sí, los matices que obligan a poner en cuarentena, nunca mejor dicho, sus conclusiones.

Y, como no podía ser de otra manera entre una derecha española cuyo objetivo no es otro que debilitar al Gobierno y quebrar la confianza en nuestras instituciones, el susodicho artículo también está siendo utilizado por alguno de sus líderes para alimentar el fuego de la disensión y el desprestigio internacional de nuestro país sin importar si de paso se estaba dañando a industrias tan necesarias para la recuperación económica de nuestro país como la turística o a nuestro sistema de investigación y desarrollo científico.

Entre los que no han tardado en leer entre líneas para atacar a España destaca el eurodiputado por Ciudadanos Luis Garicano, quien no ha tenido empacho en extender la idea -sin prueba alguna- de que la segunda ola europea se ha originado en España.

Garicano enlazaba en su twitter el artículo del Financial Times con este texto: “Recuerdan la chapuza de la lucha contra el brote de Lleida? resulta que la segunda ola viene de una mutación originada 'entre trabajadores agrícolas del Noreste de España', extendida por turistas. 80% de los casos ingleses y españoles, procede de ahí”.

Si un comentario de ese tipo sería impropio de una persona culta y leída, de alguien que ama a su patria y se informa bien antes de echar porquería sobre ella, mucho más lo es de un académico como él que se supone que está al tanto de lo que significa la revisión de un artículo científico y la necesidad de tener en cuenta las evidencias y los hechos y no dejarse guiar por la demagogia o la ramplonería.

Los y las científicas están trabajando incansablemente para disponer de información útil que nos ayude a entender y doblegar la curva, y durante la pandemia los resultados de sus investigaciones se están publicando con mucha rapidez. Algo que tiene muchos aspectos positivos pero también negativos y por ello es fundamental que lo que se viene publicando se lea con prudencia e inteligencia, tal y como reclaman los propios autores del estudio y que muchos que lo citan posiblemente no se han tomado la molestia de leer. Los resultados de la investigación científica son esenciales para la toma de decisiones políticas y la información de la ciudadanía pero deben usarse con honestidad y rigor.

Por último, hay que destacar que la detección de la cepa que se analiza en el artículo mencionado ha sido posible porque España cuenta desde hace meses con equipos de investigación encargados de detectar y analizar nuevas variantes del virus y que tenemos equipos de investigación ya en marcha estudiando desde todos los puntos de vista su posible impacto. De hecho, como dice Iñaki Comas, uno de los autores del estudio en una entrevista en este periódico, España es el segundo país de Europa y el cuarto del mundo que más secuencias genéticas obtiene de este virus: “Esto nos permite ver cosas que otros países no pueden ver”.

Este es un paso esencial en el esfuerzo por comprender y controlar mejor los nuevos brotes. Un esfuerzo de transparencia que debemos evitar que sea penalizado, tal y como ocurrió en 1918.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró al inicio de la pandemia que nos estábamos enfrentando a otra peligrosa epidemia, la de la desinformación, y que la única vacuna para combatirla es la confianza. En primer lugar, la confianza en la ciencia y en segundo en las instituciones que siguen “un liderazgo receptivo, responsable y basado en evidencias”. Añadiría además la confianza en los medios de comunicación para combatir esta pandemia de menosprecio a la verdad y también en los representantes políticos de la ciudadanía, como somos los europarlamentarios.

Para recuperar esa confianza deberíamos recordar a los medios de comunicación, a los medios sociales y a los usuarios de ambos, a las personalidades públicas que crean o influyen sobre la opinión ciudadana la importancia de verificar y contrastar los datos para que no induzcan a error, y la necesidad de ser prudentes cuando la evidencia científica se basa en un universo muestral o geográfico limitado

Deberíamos defender una forma responsable y rigurosa de usar información, sobre todo cuando esa información puede agravar la actual situación que vivimos, ayudando a crear más caos y desinformación. No podemos dejarnos llevar por medias verdades o interpretaciones que nos convengan en un momento concreto con el solo objetivo de dañar a nuestros adversarios políticos. Ahora más que nunca deberíamos proceder con una cautela máxima y evitar afirmaciones categóricas, ya que la situación es cambiante y pocas situaciones son descartables. El rigor científico y la concreción semántica tienen que ser extremos para no generar una situación de desinformación aún más grave que genere desconfianza en la verdad que conocemos. Este es el momento para apoyar la ciencia y para apoyarse en la misma para transmitir una información rigurosa y contextualizada y para tomar las mejores decisiones políticas para el conjunto de la ciudadanía. No colguemos el sambenito de propagador de la segunda ola a una país y a una comunidad científica que están precisamente realizando un gran esfuerzo por secuenciar genéticamente el virus para conocer mejor su evolución y expansión.

En la película Gattaca, los trabajadores de la empresa de élite que da nombre al largometraje son seleccionados por su información genética, que ha sido prediseñada en la mayor parte de los casos y que se utiliza de manera predictiva para conocer el potencial desempeño futuro de los trabajadores. Igualmente, los trabajadores son sometidos a controles continuos, incluyendo un pinchazo en el dedo al pasar el torno de ingreso a los edificios corporativos, que permite a la empresa recolectar la sangre de sus empleados y refrescar su información genética como medida de identificación y control.

Si esa película se hubiera estrenado en la actualidad y no en 1997 se podría haber incorporado fácilmente a la historia alguna forma de comercialización de los datos personales de los trabajadores o el control de estos más allá de los límites físicos de la compañía, gracias a los dispositivos móviles que los empleados llevarían encima de manera “voluntaria”. Aunque esa incursión en la privacidad nos habría obligado a renunciar a la parte más interesante de la trama, no podríamos dejar de tener en cuenta que la supervisión del consentimiento forma hoy parte de nuestro día a día. Como dice Shoshana Zuboff en su libro El capitalismo de la supervisión, si algo es gratis es porque la mercancía eres tú, porque es algo que se hace desde nosotros pero no para nosotros. Es la idea que se defiende también en el documental de Netflix El dilema de las redes sociales donde éstas se nos presentan no como un nuevo espacio público sino como un nuevo espacio comercial en el que las personas somos los productos y donde se parametriza nuestro comportamiento con gran precisión.

Las novelas y películas de ciencia ficción están llenas de alusiones y propuestas de control de los trabajadores, de clasificación de los mismos, de manipulación y predicción de sus comportamientos a través de la tecnología, ya sea a través de otros humanos que utilizan las máquinas para controlar a los trabajadores, como la mujer-máquina de Metrópolis, o directamente a través de las máquinas, como en Matrix, donde los trabajadores son usados como baterías para generar la energía que estas necesitan para sobrevivir. Pero no hace falta recurrir al fascinante mundo de la ciencia ficción: los catálogos de las empresas de lo que se denomina “employee monitoring solutions” están bien surtidos. Se estima que, en 2023, esas empresas moverán 3.840 millones de dólares. Y es que, por ejemplo, el 98% de las empresas del índice Fortune 500, que reúne a las más grandes del mundo, utilizan inteligencia artificial para sus procesos selectivos, argumentando que se trata de mecanismos menos discriminatorios que los no digitalizados, cuando sabemos que los algoritmos que están detrás de dichos mecanismos han sido diseñados por personas que normalmente son varones blancos y que han vertido sus prejuicios sexistas, racistas u homófobos en el diseño, que a su vez se nutre y aprende de datos basados en una realidad que también es sexista, racista, clasista y homófoba. 

El catálogo de productos a disposición de las empresas para la gestión de su mano de obra aparece en rankings publicados en revistas como PC Magazine. Entre ellos podemos encontrar los siguientes: monitoreo sigiloso, captura de vídeo en tiempo real, control remoto del teclado, rastreo de documentos y archivos, reconocimiento óptico de caracteres, capturas de pantalla borrosas, alertas automatizadas, registro de tecleo, rastreo de ubicación, configuración de privacidad del usuario. También hardware como brazaletes, gafas inteligentes o dispositivos de asistencia que recogen datos sobre las paradas que hacen los trabajadores, su rigor a la hora de trabajar o su productividad. El más conocido de todos ellos es tal vez el brazalete que en 2017 repartió Amazon entre sus trabajadores para, en teoría, ayudarles a localizar la mercancía en los almacenes, pero que en realidad implica un monitoreo constante de los mismos, lo que ha llevado a una competición feroz por la supervivencia dentro de la empresa. Por eso no es de extrañar que en las máquinas expendedoras de los almacenes de Amazon en Estados Unidos los analgésicos se puedan adquirir de forma gratuita. A estos productos podríamos añadir también las tecnologías de control genético o las de inteligencia artificial emocional, como la descodificación de las expresiones faciales, las voces y el movimiento de los ojos.

Los datos, la información que se recoge a través de software o hardware, alimenta bases de datos selectivas que son creadas desde estos mecanismos extractivos y que alimentan los algoritmos diseñados previamente por o para los gestores de las empresas. Estos algoritmos buscan regularidades e irregularidades, establecen una normalidad de la que los trabajadores no deben alejarse y crean mecanismos de predicción de comportamientos futuros, que permiten tomar sin participación humana decisiones que afectan a las personas. Sin embargo, esta obsesión por la métrica extrema no oculta el hecho de que sólo se miden en realidad algunos de los esfuerzos y trabajos que están detrás de los resultados laborales. Como llevamos años advirtiendo desde la economía feminista y señala muy bien Phoebe Moore en sus investigaciones, quedan fuera de dichas mediciones todo el trabajo de preparación y todo el trabajo doméstico y de cuidados, incluyendo el emocional, que se necesita para poder ser un trabajador productivo y que normalmente realizan las mujeres de forma no retribuida ni reconocida. Esta fiebre sociométrica fomenta pues la competitividad, nos aleja de la cooperación como rasgo humano y genera estrés y ansiedad. 

Es verdad que los intentos de control de la mano de obra no son nuevos y que cuando se dan cambios en los procesos productivos éstos suelen traer aparejados cambios en la gestión de los espacios y los tiempos de la mano de obra. Entre los temas que más disfruto dando en mis clases de historia económica está el impacto que tuvo la puesta en marcha del sistema fabril para el disciplinamiento de los trabajadores, o, en mis clases de historia empresarial, las propuestas del taylorismo. No obstante, las nuevas tecnologías han abierto un mundo de posibilidades de supervisión y control que antes no existía y que el gran confinamiento está acelerando. De hecho, el mundo COVID-19 está actuando como catalizador de lo que será el trabajo en el futuro y, en ese sentido, esta segunda ola de la pandemia está normalizando aquello que durante la primera veíamos sólo como excepción.

Todo ello explica que muchos parlamentos y gobiernos se hayan apresurado a desarrollar normativas que deben dar respuesta a la aceleración del cambio digital en el mundo del trabajo. Así, se está comenzando a regular el teletrabajo y ciertos aspectos relacionados con la digitalización de las relaciones laborales, como el derecho de los trabajadores a desconectar. Pero, con todo, las tecnologías y los cambios en el mundo laboral se suceden a mayor velocidad que los cambios normativos. Por eso es necesario regular también la dimensión ética de las nuevas tecnologías, para que sirva de paraguas para normativas específicas y de guía para establecer los límites que deben imponerse al desarrollo de aquéllas. El desafío es, por tanto, lograr que las regulaciones sean tan ambiciosas como flexibles.

Se trata de una labor complicada, porque el desafío digital al mundo del trabajo, especialmente el desarrollo de la inteligencia artificial, la robotización y otras tecnologías relacionadas, abarca muchos aspectos. Desde la alteración de la demanda de trabajo y el consiguiente reparto de ese trabajo, la modificación de la competitividad de regiones o países, o los cambios sectoriales que pueden suponer la desaparición de industrias o profesiones tal y como los conocemos y la aparición de otros que ahora ni siquiera sospechamos—se supone que un 65% de los niños y niñas actuales tendrán trabajos que todavía no existen—, hasta los cambios en la educación y la formación de los trabajadores, los espacios y los tiempos de trabajo y de vida, las formas de organización y las propias relaciones laborales (de los trabajadores entre sí y de éstos con sus empleadores), la regulación de dichas relaciones laborales, la remuneración del trabajo y los derechos asociados a la actividad laboral, o la conciliación de la vida laboral con la familiar y personal. Y también atañe a otras cuestiones que pueden suponer una vulneración de nuestros derechos fundamentales a través de una mayor y más eficiente supervisión y monitorización de nuestro trabajo y nuestras vidas, del uso mercantil de nuestros datos biomédicos o de la predicción de comportamientos. Esto ocurrirá, por ejemplo, si los algoritmos toman decisiones sobre quién mantiene o no un puesto de trabajo, o si discriminan abiertamente en función de la raza, el género o la orientación sexual, como consecuencia de un proceso de aprendizaje en el que no se han corregido los sesgos. 

Frente a este desafío, el Parlamento Europeo es una de las primeras instituciones en realizar recomendaciones sobre la necesidad de regular los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robotización y las tecnologías relacionadas. Esta iniciativa legislativa que se discute y vota esta semana en el pleno del Parlamento Europeo y de la que ha sido ponente mi compañero Iban García del Blanco, puede consultarse aquí. Obviamente, las recomendaciones van más allá de los aspectos laborales, pero éstos juegan un papel esencial en las mismas, tal y como queda reflejado también en las recomendaciones realizadas por el Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, de las que yo misma he sido ponente y también pueden consultarse aquí.

Básicamente, lo que pretende esta iniciativa legislativa es dar un empujón a la innovación digital y a la digitalización de la economía para garantizar la competitividad de la Unión Europea sin que esto implique en ningún momento la vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se espera además que ayude a fomentar el desarrollo de mercados de trabajo más inclusivos, la creación de empleos de calidad y la mejora del bienestar de las personas. Para ello es necesario que el desarrollo de la inteligencia artificial, contrariamente a lo que su nombre indica, sea humano, en el sentido de que debe guiarse por el respeto a los derechos humanos y a los derechos y valores fundamentales de la Unión Europea, incluyendo el mantenimiento del dialogo social y la negociación colectiva para garantizar la dignidad de los trabajadores, evitar el trato discriminatorio, salvaguardar la privacidad, impedir la supervisión ilegal y proteger el derecho a desconectar. Deben ser personas quienes se responsabilicen y tomen las últimas decisiones en todo lo concerniente a los trabajadores, y esto obliga a que los mecanismos de toma de decisión basados en la inteligencia artificial sean responsables, discutidos y reversibles cuando sea necesario, y se sometan a una evaluación continua a base de chequeos y controles.

Las decisiones en el ámbito laboral deben ser siempre transparentes, justas y eludir implicaciones negativas para los trabajadores; más bien deben ayudar a mejorar sus competencias, también las de las personas con discapacidades. En ese sentido, debería ser obligatorio informar a los trabajadores de los mecanismos de inteligencia artificial que se usan en las empresas, particularmente si se trata de productos o servicios personalizados, y está información debería ser accesible, comprensible y ajena a cualquier coacción para su aceptación. Por otra parte, los trabajadores deberían ser los dueños de sus datos incluso después de que la relación laboral haya terminado para así evitar cualquier vulneración de la privacidad, discriminación o daño reputacional.

Tenemos que poner en marcha regulaciones que consideren la privacidad y la protección de nuestros datos como derechos fundamentales y esenciales para el funcionamiento de nuestras democracias. Nuestros datos no son una mercancía y debemos garantizar la ausencia de coacción de modo que, en la medida de lo posible, la supervisión participativa sea voluntaria. Si bien se espera que las nuevas tecnologías contribuyan al desarrollo de mercados de trabajo más inclusivos e impacten positivamente en la seguridad y la salud de los trabajadores, también existe la conciencia de que pueden ser utilizadas para monitorizar, evaluar, predecir y guiar los resultados de los trabajadores con consecuencias directas e indirectas para sus carreras y sus vidas. En definitiva, dichas tecnologías deben comprometerse con el bienestar y la protección de los trabajadores y ser transparentes, seguras y respetuosas de sus derechos fundamentales en su entero ciclo de desarrollo, desde su diseño hasta que se implementan en el espacio de trabajo.

Aunque el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías relacionadas puede ser inspirador y debería conducirnos a un mundo mejor, más justo e inclusivo, los peligros de la supervisión y el control que se pueden ejercer a través de ellas son también claros e inmediatos y están vinculados con asimetrías enormes de información y poder. No podemos prever el futuro, pero podemos intentar prepararnos para que éste se asiente sobre nuestros valores fundamentales y sobre los derechos, la dignidad y la autonomía de las personas como aspectos esenciales de nuestras democracias. La regulación es necesaria porque el desarrollo de las nuevas tecnologías no puede hacerse a expensas de la democracia. Del mismo modo que Thomas Piketty afirma que el capitalismo no se come crudo, podemos decir que las tecnologías no deben servirse crudas. La tecnología cruda es como la comida rápida, poco saludable. 

La antipolítica avanza en nuestros días como la Nada en La historia interminable. Sin embargo, en vez de ser un vacío absoluto y metafísico, como en la novela de Michael Ende, está poblado de expresiones de “sentido común” que, leídas o escuchadas de manera independiente, parecen cobrar todo el sentido y calan en la población. Es así como manifiestos que pueden estar cargados de razón y que en la mayoría de los casos son bienintencionados y están promovidos por personas de reconocido prestigio en su campo profesional, acaban siendo, a causa de su parcialidad y, por ende, de su simplicidad, utilizados por fuerzas antidemocráticas de distinto pelaje que llevan mucho tiempo picando piedra en esto de la antipolítica, es decir, vaciando de significado nuestra democracia y resignificando todos sus principios fundamentales. Una de las puntas de lanza habituales de estas fuerzas antidemocráticas, al hilo de la pandemia de COVID-19, es apelar a que sean los científicos —identificados siempre como los profesionales de las ciencias experimentales y de la salud— quienes ocupen el lugar de los políticos en la toma de decisiones sobre el gobierno de todos. 

Los científicos españoles de dichas ramas no son ajenos a este movimiento. Prueba de ello son el artículo publicado por varios científicos españoles en The Lancet o el más reciente manifiesto, firmado por un total de 55 sociedades científicas de nuestro país. La mayoría de quienes lean este último manifiesto asentirán a casi todo lo que en él se dice, especialmente si tienen en cuenta el espectáculo que está dando el gobierno de la Comunidad de Madrid con su gestión de la pandemia. Sin embargo, este manifiesto, de título pretencioso (“En la salud ustedes mandan, pero no saben”), se refiere a la COVID-19 como si únicamente se tratara de una cuestión médica, que sin duda lo es, pero no sólo. Y obviando que en política hay decisiones que tienen un carácter positivo y otras que tienen un carácter normativo.

Comenzaré por esto último, que se trata de una discusión muy antigua. A finales del siglo XIX John Neville Keynes ya decía que había decisiones políticas que eran de carácter positivo, y que por tanto se basaban en hechos probados, cuestiones que se podían demostrar empíricamente, ya fuera de manera experimental o no y que por tanto, son más susceptibles a poder ser propuestas por científicos sin injerencia política. Y otras que son de carácter normativo, que tienen que ver con el deber ser y que son frutos de acuerdos que en los sistemas democráticos normalmente se toman en los parlamentos. Es cierto que con el avance de las ciencias, hay cada vez más decisiones que pueden estar basadas en propuestas de tipo positivo, pero la realidad es que normalmente se trata de un mix y que las políticas que se imponen se resuelven o se deberían de resolver sobre propuestas normativas y positivas. Y las propuestas positivas es importante que vengan de científicos que llegan a ellas de manera rigurosa y contrastada. Pero ¿qué científicos?, ¿qué ramas del saber? Es obvio que en una pandemia las llamadas ciencias de la vida deben tener un protagonismo especial, pero no solo. 

La paralización de la economía y el endeudamiento público en el que han tenido que incurrir los estados para sostener a las personas, las familias y las empresas durante esta crisis podría ser el mejor ejemplo de que lo que nos está ocurriendo transciende el ámbito sanitario y de que, como consecuencia, las políticas que se pongan en marcha deben tener en cuenta esa complejidad. Pero no hablemos sólo de salud y economía. Las y los sociólogos también reclaman ser escuchados y dicen tener la clave de por qué medidas diseñadas para detener los contagios e inspiradas en las recomendaciones de expertos del campo de la salud funcionan en unos países y no en otros. Recordemos que, hace sólo unos días, la OMS no se explicaba qué está pasando en España, por qué las medidas que funcionan en otros sitios no lo hacen en nuestro país.

Los sociólogos afirman que, si se les hubiera escuchado, no se habrían cometido determinados errores vinculados con determinados sesgos en el comportamiento de las personas. Así, Héctor G. Barnés escribía, en este artículo publicado en El Confidencial, que la aplicación de las medidas sanitarias no puede hacerse en un “vacío sociológico”, sin pensar en la comprensión de las medidas y en su grado de adopción por parte de la población, o sin considerar el impacto desigual que éstas pueden tener sobre los distintos grupos sociales o en función de distintos ejes de desigualdad como el género. Y pone como ejemplo de modelo de fracaso el primer confinamiento madrileño de esta segunda ola, que establecía restricciones por áreas sanitarias, cuando ni siquiera los límites de estas áreas eran claros para la ciudadanía. 

Es evidente que en la toma de decisiones han pesado más unas ciencias que otras. ¿Y cómo pretenden los científicos dirimir entre ellos qué ciencia pesa más políticamente en cada momento? ¿Lo hacen las sociedades científicas en su nombre?, cuando en muchos casos éstas son estructuras de poder en cuyas cúpulas, por ejemplo, no hay mucha diversidad y donde están poco representadas las mujeres y los jóvenes. ¿Con qué mecanismos tienen intención de rendir cuentas a la sociedad estas asociaciones si de verdad asumen la gestión de los intereses de todos? Hasta 170.000 profesionales han elegido a los miembros de las cúpulas de las asociaciones científicas que ahora reclaman tomar las tiendas de la gestión de la pandemia. ¿Están ellos más legitimados que los 37 millones de españoles llamados a votar en las últimas elecciones generales? 

Con todo mi respeto al manifiesto y compartiendo plenamente la idea de que la ciencia debe informar la toma de decisiones políticas a través de las propuestas de carácter positivo, mucho más de cuanto lo hace en la actualidad, me gustaría comentar algunas cuestiones a las que alude el manifiesto y que creo que son más complejas de cómo se han expuesto en él. 

El manifiesto pide que los políticos acepten que las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político. Y que la respuesta sea coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes. Una demanda cargada de sentido común, porque el enfrentamiento político es reprobable en cualquier circunstancia. Ahora bien, los firmantes del documento deberían saber también, porque eso lo estudian otras ciencias, que los partidos políticos representan sensibilidades e intereses distintos dentro de la ciudadanía, y que como he dicho antes también se toman decisiones en base a propuestas normativas.

No lleva la misma vida, ni tiene las mismas oportunidades, ni se beneficia de las mismas políticas públicas una familia adinerada de una zona rica que otra que necesita del ingreso mínimo vital para salir adelante; una que se confina en una casa enorme con jardín que otra que lo hace en 40m2 sin ventanas ni balcones a la calle. Hablan de respuestas equitativas, pero ¿a qué se refieren exactamente, más allá de que toda la población tenga acceso a la sanidad, los rastreos o las pruebas? ¿Contemplan también el impacto sobre el bienestar de las mujeres y sus oportunidades laborales de la sobrecarga de trabajo impuesta por el confinamiento? ¿Tienen en cuenta las distintas condiciones laborales de quienes pueden teletrabajar con respecto a quienes tienen que hacerlo cara al público y para ello viajan a diario en vagones de metro o en autobuses atestados; de quienes pueden pagar un cuidado privado doméstico para sus mayores en comparación con quienes no tienen más remedio que internarlos en residencias donde la vida, como hemos visto, dista en muchos casos de ser digna? 

Habla también el manifiesto de lentitud burocrática que es, sin duda, un gran problema, pero nuestra cultura es garantista, para bien y para mal, y no se cambia todo un edificio legal, técnico y administrativo de un día para otro, como tampoco se revierten los efectos de las medidas de austeridad de un plumazo. Exigen sus autores, con toda la razón, que haya una reserva estratégica nacional de material para hacer frente a ésta y otras pandemias. Pero nadie se acuerda ya de la austeridad fomentada por gobiernos a los que, probablemente, muchos de ellos votaron. No sabían entonces y parecen no saber ahora que la austeridad mata, algo que denunciamos en su momento las asociaciones científicas de economía crítica, pero también científicos de sus ramas de conocimiento como David Stuckler y Sanjay Basu, quienes en 2012 publicaron un libro de gran impacto que incluía esa misma frase en su título: The body economic: Why austerity kills.

El manifiesto acaba con esta proposición: “Las sociedades científicas, en todos los ámbitos de la salud, ofrecemos nuestros conocimientos”. Nuestra sociedad debe estar tremendamente agradecida a los científicos por ello, así como por su dedicación, trabajo y generosidad. Y desde la política se deben recoger y escuchar esos conocimientos al margen de todo interés partidista para poder combatir la pandemia como es necesario. No obstante, si queremos hacerlo teniendo en cuenta su gran complejidad, habrá que tomar en consideración también los conocimientos de personas expertas en economía que desarrollan un discurso centrado en el bien común y no en los intereses de las entidades financieras y las grandes fortunas; los de personas expertas en psicología, que pueden valorar los efectos sobre el bienestar y la salud mental que tanto la enfermedad como las medidas restrictivas que aspiran a controlarla tienen sobre la población; los de expertos en ciencias sociales y del comportamiento, que pueden prever y analizar el grado de cumplimiento esperado de dichas medidas y su eficacia; etc.

Y entre todos tendremos que ser más humildes porque la ciencia de sistemas complejos como una pandemia no es exacta. Faltan datos y modelos para entender su desarrollo a muchas escalas, y dentro del los campos científicos hay muchas diferencias de opinión. Físicos, matemáticos, científicos de sistemas complejos difieren en los métodos y en los resultados. Las pandemias se estudian bien en retrospectiva. Pero como estamos viendo, ni su desarrollo a escala global ni local se pueden predecir. Todavía no sabemos si la inmunización de rebaño es posible o no. Ni siquiera se ha establecido el famoso número R, que puede estar entre 4 y 11, según las últimas estimaciones, repito, entre 4 y 11.

Gobernar un país, una región, un ayuntamiento, una universidad, una asociación científica y hasta una comunidad de vecinos es complejo porque hay que conciliar intereses y situaciones distintas e incluso desiguales o contradictorias entre sí, y hacerlo con recursos limitados. Estoy convencida, y trabajo para que eso sea así cada día, de que la ciencia, además de para avanzar en el conocimiento y, por ende, hacia un mayor bienestar colectivo, sirve para informar la toma de decisiones políticas. Ahora bien, no debe en ningún caso sustituir a la política. La ciencia la hacen principalmente personas que desean y necesitan formarse y disponer de oportunidades para realizar su trabajo con dignidad en espacios adecuados, con los instrumentos necesarios, con mecanismos que permitan la colaboración con sus pares y el retorno a la sociedad de la inversión que ésta colectivamente realiza en cada disciplina. Y todo ello requiere unas reglas de juego y un presupuesto que permitan que la ciencia nos ayude a conseguir un mundo mejor sin que se frustren carreras científicas por el camino. 

Es preciso, asimismo, cambiar la carrera científica de modo que ese retorno a la sociedad no esté penalizado o que no se produzca sólo cuando ya se tienen todos los tramos de productividad posibles reconocidos, en lugar de cuando se es joven y se está lleno de ideas y energía. Hace falta, igualmente, una ciencia que interactúe más con la sociedad. Una ciudadanía mejor informada, con una mayor y mejor formación científica (incluyendo las disciplinas sociales y las humanidades), sabrá tomar mejores decisiones, elegir mejor a sus representantes políticos y, quién sabe, hasta participar en la política institucional, porque es allí donde se dirimen muchos aspectos de nuestras vidas privadas y, sobre todo, públicas. También sabrá esta ciudadanía exigir un mayor presupuesto para ciencia, y estará más dispuesta a pagar impuestos con el objetivo de alcanzar el bien común.

Un amigo comentaba esta misma mañana en un chat, a propósito de este manifiesto de las sociedades científicas en España, que en un seminario de ESADE de 2008 al que él asistió y que organizó una mesa que se llamaba “Expertos sin poder, políticos sin ideas”, Felipe González, que era uno de los intervinientes, jugó con el título y dijo que sería más correcto hablar de “Expertos sin ideas, políticos sin poder”. La ocurrencia del expresidente del gobierno español es sin duda brillante, pero no determinista ni inamovible. Los expertos deberían tener ideas que permitan realizar progresos en el campo del conocimiento e informar mejor las decisiones políticas, y los políticos deberían tener poder para desarrollar las políticas que permitan la consecución de ese bien común y no sólo del de unos pocos.

Sé que lo inmediato es parar esta pandemia, pero difícilmente podremos alcanzar la deseada y genuina mayor aportación de la ciencia a la toma de decisiones políticas, si la ciencia que hacemos es una ciencia castrada por los intereses de grupos de poder en muchos casos ajenos a las propias disciplinas científicas, o una ciencia troceada en un sistema que premia dónde se publica y no lo que se publica. Difícilmente podremos lograrlo si seguimos favoreciendo un modelo político y económico, incluso civilizatorio, como el capitalismo neoliberal financiarizado, que vacía cada vez más de poder a las y los representantes elegidos por el pueblo. Me viene a la cabeza otra respuesta de un exmandatario, en este caso Frei Betto, asesor especial de del presidente de Brasil Lula da Silva, cuando, cuando increpado por no hacer suficientes políticas de izquierdas tras llegar al poder, contestó: No se equivoquen, hemos llegado al gobierno, pero no al poder. Pues todo eso, sobre todo eso, también hay que cambiarlo. La ciencia importa y mucho, y más que debería importar para la toma de decisiones políticas, pero con humildad. La ciencia y la política necesitan ambas más humildad para poder colaborar y avanzar en el bien común. 

Coincidiendo con el último día del verano, el gobierno de la Comunidad de Madrid va a confinar parcialmente a 855.193 personas que viven en 37 zonas sanitarias que coinciden con algunas de las de menor renta media de toda la región. Y es que el COVID-19 se solapa con otro virus, el de la desigualdad, que lleva décadas creciendo y que está a punto de mutar en el virus de la desconexión.

Al principio de la pandemia y tras la muerte de algunas personas que se encontraban entre las más ricas y poderosas de sus respectivos países, creímos que, contrariamente a la crisis anterior, ésta no entendía de clases. Pero pronto vimos que esto no era así, que la tan aclamada estrategia de Singapur y su app de rastreos para combatir el virus había hecho aguas frente al hacinamiento y las condiciones de vida poco dignas en los que viven muchos trabajadores inmigrantes.

Ahora que vemos rebrotes o segundas olas por todas partes, podemos identificar un patrón global. El virus se ceba con las zonas más pobres, con menos espacios y más reducidos, con menos servicios públicos, donde la mayor parte de las personas tienen empleos que los dejan más expuestos al contacto con terceros y sin posibilidad de teletrabajar, y viajan en un transporte público donde las más de las veces es imposible mantener la distancia de seguridad.

Es un paradigma global fruto de una realidad también global, que nos ha llevado a niveles de desigualdad económica desconocidos desde hace un siglo. Una desigualdad que no es casual, sino consecuencia de décadas de políticas y reglas de juego neoliberales centradas en recortes del gasto público y privatizaciones, de reformas fiscales regresivas, deterioro de los servicios públicos esenciales y disminución de la participación de los salarios en las rentas de los países, y, lo que es peor, de unos cambios culturales que hacen posible vivir sin percibir que esa desigualdad crece cada día.

Ahora bien, como siempre, hay territorios en que esta realidad se presenta de manera más descarnada por las propias dinámicas económicas, pero también a causa de las políticas impuestas, y Madrid ha sido una alumna aventajada en la puesta en marcha de esas políticas y reglas de juego neoliberales. No es de extrañar, por tanto, que las cifras de contagios muestren una desigualdad tan grande en función de la renta media de los distritos y municipios afectados.

Y es que esta pandemia se desarrolla sobre realidades muy desiguales. Muchos organismos internacionales y economistas nos alertan de que, si no acertamos con las políticas aplicadas, las desigualdades crecerán más que durante la crisis del 2008 y bajo las equivocadas políticas de austeridad que se impusieron para en teoría combatirla, lo que nos conducirá a una auténtica bifurcación o desconexión de consecuencias imprevistas y, muy posiblemente, nefastas. 

Acertar con las medidas es, por tanto, fundamental. Sin duda, hay que combinar las de corto plazo, entre las que detener los contagios debe ser la prioridad, con otras de medio y largo plazo, que frenen y reviertan los altos índices de desigualdad. Porque, de no ser así, la frustración de la población más afectada puede hacer naufragar las terapias inmediatas, impedir la reducción del número de contagios y agravar la situación económica. Y no parece que las medidas que entran en vigor en la Comunidad de Madrid vayan a la raíz del problema, sino que más bien pueden conseguir la estigmatización de cientos de miles de personas y su consiguiente indignación.

Eso no quiere decir que no haya que tomar medidas selectivas. Se puede constatar estadísticamente que las zonas del sur de Madrid tienen una incidencia más alta de contagios de COVID-19 que los municipios y distritos de mayor poder adquisitivo del centro y norte de la comunidad. Por otra parte, los confinamientos selectivos se vienen probando desde el inicio de la pandemia y buscan dar con la tecla del difícil equilibrio entre frenar los contagios y las muertes y mantener una cierta actividad que amortigüe la gran depresión económica que ya empezamos claramente a transitar. Nadie dice que sea fácil acertar, pero hay que intentarlo y con coherencia.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó estas medidas de restricción sólo días después de haber, una vez más, derrochado frivolidad en sus declaraciones, al culpar del contagio al modo de vida de las personas con menos recursos, y después de llevar la confrontación política hasta extremos esperpénticos. Días después, también, de comparecer en la Asamblea de Madrid para anunciar otra ración de políticas neoliberales, con su correspondiente bajada de impuestos, lo que redundará en el ulterior deterioro de los servicios públicos, ya de por sí muy castigados, y en el incremento de la vulnerabilidad de amplias capas de la población y, por supuesto, de la desigualdad. 

Una desigualdad que posiblemente muchos no vean, empezando por los votantes del PP de Díaz Ayuso y de los partidos, Ciudadanos y Vox, que la sostienen en el poder. Porque a veces es difícil percibir ese engranaje que, a base de trabajo precario y condiciones de vida poco dignas, permite el nivel y modo de vida del resto. No lo ven quienes votan a partidos que responsabilizan de la pobreza a quienes las sufren y no siempre lo ven en su día a día personas que optan por opciones políticas más solidarias y comprometidas con la igualdad. Sólo había que asomarse a los balcones durante el confinamiento y observar las caras de miedo de los riders, que no dejaban de pasar cargados de cajas de hamburguesas a sus espaldas, pero es que cuando no se quiere cocinar, eso no se ve, y es así como perdemos la conexión con nuestros conciudadanos.

Es difícil ver realmente a quienes nos sirven. No todo el mundo puede teletrabajar, no todo el mundo puede parar. Y no me refiero sólo a los cuidados que nunca paran, ni a los trabajos considerados esenciales donde se mezclan trabajos cualificados, relativamente bien remunerados y socialmente bien considerados, con otros mal pagados, con condiciones laborales indecentes que llevan a vidas precarias, y que, para colmo, no tienen ningún reconocimiento social. También están los que no pueden parar porque no tienen colchón financiero alguno o temen ser despedidos si no acuden a su puesto de trabajo cada día.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido apostar por esa desconexión entre barrios y entre personas para que sus votantes sigan sin ver ese engranaje que funciona especialmente en grandes urbes desiguales como Madrid y su hinterland. Con las medidas que entran en vigor mañana, no permite a las personas de esas 37 zonas tomarse un café o una cerveza en sus barrios, pero sí que crucen la ciudad en vagones de metro atestados para servir esos mismos cafés y cervezas en otros barrios, en otras realidades, a gentes que viven en otras casas, con otros metros cuadrados, y que tienen otras cuentas corrientes.

No autoriza a las madres a llevar a sus propios hijos a los parques infantiles de sus barrios, pero sí a llevar a los de otros en otros barrios, otros que llevan otras ropas, aprenderán pronto otros idiomas y también a no ver a quienes les sirven. Los intereses económicos de esos otros seguirán intactos, mientras los adolescentes de las zonas restringidas no podrán jugar al futbol al aire libre en los parques, pero sí hacerlo a puerta cerrada en las casas de apuestas, desarrollando una adicción que también entiende de clases.

No es de extrañar que haya protestas y que las asociaciones del sur de Madrid estén denunciado las medidas aprobadas con frases como éstas: “En lugar de proteger, cuidar y prevenir que la población más vulnerable de nuestra ciudad sufra como está sufriendo las mayores tasas de contagios, han optado por la estigmatización, la exclusión y la discriminación territorial [...]. Somos la mano de obra barata de esta 'ciudad global’, somos el lugar donde se ubica todo lo que la ciudad necesita pero le molesta”.

Tenemos que tomar esta indignación muy en serio porque no crece sobre la frivolidad de las caceroladas de Núñez de Balboa en pleno confinamiento, sino sobre un sistema desigual y unas políticas injustas y equivocadas. Debemos evitar como sea que haya reacciones violentas, por eso la solución no puede ser incrementar la vigilancia policial para garantizar que los afectados se confinen para unas actividades y no para otras, en unos espacios y no en otros.

La solución no puede ser la desconexión. Como escribía la novelista Harper Lee en Matar a un ruiseñor, “Nunca entiendes realmente a una persona hasta que consideras las cosas desde su punto de vista, hasta que te metes en su piel y caminas con ella”. El modo de vida de las personas que sufren mayores niveles de contagio no es un modo de vida elegido por ellos.

Necesitamos políticas en las que todas las personas cuenten y que garanticen unas condiciones de vida dignas a todas las personas de todos los territorios, incluidos los del sur de Madrid. Y necesitamos empatía y ponernos en los zapatos de esas personas que estarán confinadas en sus barrios de residencia, pero no en aquellos donde trabajan. Y si realmente lo hacemos, no querremos volver a la anterior normalidad, tremendamente desigual, injusta y depredadora del medioambiente, sino construir una nueva con luces largas. Pero para ello debemos acertar también con las medidas más inmediatas y tener presente en todo momento la dignidad de las personas más vulnerables. 

A lo largo del verano, se han publicado en los medios artículos y encuestas que mostraban que, en contraste con anteriores crisis que sirvieron de caldo de cultivo para el avance de la extrema derecha, la respuesta enérgica y más científica de los gobiernos frente a la COVID-19 habría supuesto un freno al sorprendente e inquietante avance inicial de esas fuerzas políticas.

¿Pero podemos realmente concluir que la extrema derecha es la gran perdedora de la pandemia tal y cómo se ha pronosticado a lo largo del verano? Aún es pronto para saberlo, pero de lo que no hay duda es de que la cuestión no es tan simple como para plantearla en términos futbolísticos. Independientemente de que hay eventos a la vuelta de la esquina, como las elecciones presidenciales norteamericanas, que servirán como termómetro para averiguar si este argumento de la derrota es correcto, hay al menos dos aspectos de la actual crisis que se desarrollan en planos distintos y que pueden aguarnos la fiesta. El primero tiene que ver con la extensión y profundidad de la crisis o incluso depresión económica que ha provocado la COVID-19 junto con la paralización de la economía vinculada al confinamiento y la restricción de movimientos. El segundo responde a fuerzas de más largo plazo y está relacionado con los cambios en la economía, la sociedad, la política y hasta el individuo que ha ido forjando la revolución neoliberal a lo largo de las últimas décadas.

Es cierto que, a pesar del constante ruido en las redes, de la extensión de las tesis conspiranoicas y el covidplanismo, y del canto a la libertad mal entendida de los antimascarillas, alentados por esta nueva extrema derecha que es liberal cuando le interesa e intervencionista cuando le cuadra con sus banderas, las encuestas muestran una caída de los partidos antidemocráticos y un mayor apoyo que antes de la pandemia a, por ejemplo, proyectos supraestatales como la Unión Europea. Aquí se puede comprobar cómo les fue a los distintos partidos ultra durante el confinamiento; también en los resultados de esta encuesta del European Council of Foreign Relations, donde puede observarse que contrariamente a lo ocurrido durante el confinamiento, la mayor parte de la ciudadanía europea —con los portugueses, los españoles y los italianos, por este orden, a la cabeza— está de acuerdo con un fortalecimiento de la unión, mostrando un claro deterioro de las opciones nacionalistas antieuropeas de los partidos de extrema derecha.

Pero hoy día, en mitad de lo que puede ser una segunda ola de la enfermedad y cuando las restricciones a la movilidad comienzan a retomarse limitando de nuevo la actividad económica, no hay que cantar victoria. Creo que las fuerzas antidemocráticas, parcialmente representadas por los partidos de extrema derecha, seguirán teniendo argumentos para sumar seguidores y que hay una parte de la población preparada para lanzarse a los brazos de sus planteamientos simples, aparentemente salvadores y sencillamente egoístas.

Por una parte, el éxito de los partidos de ultraderecha estuvo vinculado con dos crisis anteriores y con la mala gestión que se hizo de ambas: la gran recesión de 2008 y la crisis de los refugiados en 2014. La gran recesión dejó a muchas personas en la cuneta y a regiones enteras con altos niveles de paro insertadas en estados a los que se les impuso una batería de medidas austeritarias que, lejos de combatir la crisis y disminuir la deuda asociada a ella, provocaron un aumento de ésta y, consecuentemente, de la desigualdad y el malestar social, comprometiendo no sólo a las generaciones futuras, sino también a las presentes, como se ha visto en las limitaciones que algunos estados han experimentado a la hora de responder a la actual crisis de la COVID-19.

Los datos económicos que barajamos son sencillamente demoledores. Baste mencionar que estamos frente a la mayor caída del PIB sin que medie una guerra, desde que tenemos registros. Y claro está, no todos los países tienen el pulmón financiero necesario para mantener a flote actividades que siguen paralizadas o a medio gas, o para reforzar los subsidios y servicios públicos que protejan a las empresas y a la población. Por ejemplo, Alemania acaparó más de la mitad de las ayudas de estado a las empresas que concedieron los países miembros de la UE durante el confinamiento, ha prolongado los ERTE hasta finales de 2021, y reforzado varios programas presupuestarios, el más reciente, la sanidad pública, invirtiendo 4.000 millones que los Länder deben destinar a contratar más personal sanitario o a impulsar su proceso de digitalización. Pero muchos países con menor músculo financiero, que no cuentan con el abrigo de la UE o que poseen mercados internos más debilitados, sufrirán enormemente, cayendo posiblemente en una espiral de deuda que obligará a recortar el gasto público, que es precisamente lo que está sosteniendo las economías de todo el mundo y los servicios públicos esenciales, empezando por la sanidad, clave en el combate contra la COVID-19.

El deterioro de las condiciones de vida de grandes capas de población afectará especialmente a los países más pobres, que seguirán expulsando población dispuesta a lo que haga falta para llegar a las zonas más ricas del planeta del otro lado del Mediterráneo o de la frontera mexicana, por lo que el fantasma de la inmigración seguirá siendo una bandera útil para la extrema derecha. En este contexto, será fundamental la respuesta que den los gobiernos y, en el caso de la UE, que demuestre ser capaz de afrontar de manera conjunta ambos desafíos, el económico y el migratorio. La austeridad económica y la deshumanización de los migrantes no pueden ser la solución, en particular en el actual contexto de envejecimiento y despoblación de algunas regiones europeas.

Por otra parte, si el fértil abono lo aportan una situación económica crítica y el nunca resuelto desafío migratorio, el sustrato lo proporcionan cuatro décadas de modelo de racionalidad y gobernanza neoliberal. Como muy bien cuenta Wendy Brown en su último libro, In the ruins of neoliberalism. The rise of antidemocratic politics in the West, la racionalidad neoliberal lleva tiempo preparando el terreno para la movilización y legitimación de feroces fuerzas antidemocráticas durante la segunda década del siglo XXI. El argumento de Brown, que comparto, no es que el neoliberalismo en sí mismo haya causado el auge de la extrema derecha que vivimos en los países occidentales. O que cada dimensión del presente —desde las catástrofes que han generado grandes flujos de refugiados hacia Europa y Norteamérica a la polarización política y la consolidación de compartimentos estanco de pensamiento, generados o facilitados por los medios y las redes digitales— pueda ser reducida a producto del neoliberalismo. El argumento es más bien que nada queda fuera de la influencia de la razón neoliberal y que el ataque del neoliberalismo a la democracia se ha infiltrado en el funcionamiento y gobernanza de nuestra economía, nuestras leyes, nuestra cultura política y nuestra subjetividad política, y que, como consecuencia, esa racionalidad está ya muy arraigada y no va a ser fácil cambiarla.

De acuerdo con Brown, el surgimiento del autoritarismo blanco, cristiano, masculino y machista de las formaciones de extrema derecha no sólo estaría animado por el resentimiento acumulado en grandes capas de la población debido a la crisis económica y la gestión austeritaria de la misma, por el odio racial o por la pretendida pérdida de privilegio de los varones, sino que se estaría produciendo sobre más de tres décadas de asalto neoliberal a la democracia, la igualdad y la justicia social. El ataque actual a lo social y lo colectivo en nombre de la libertad de mercado y de la moral tradicional emana directamente de la racionalidad neoliberal, que difícilmente podemos limitar a eso que siempre hemos llamado “las fuerzas conservadoras”, pues tenemos aún fresco el ejemplo de los gobiernos de la tercera vía como el del laborista Tony Blair. Es una racionalidad que ha ayudado a cambiar muchos valores y también a trivializarlos, instrumentalizarlos o resignificarlos, como sucede con el recurso a la igualdad y la libertad para atacar al feminismo. Esta frivolización casa perfectamente con el uso de argumentos simples y anticientíficos por parte de la extrema derecha, que se beneficia de un sistema democrático que permite a las fuerzas antidemocráticas participar en el debate, las instituciones y las elecciones democráticas.

En consecuencia, creo que de ninguna manera podemos dar por sentado que la COVID-19 ha vencido a las fuerzas antidemocráticas parcialmente representadas por los partidos de extrema derecha. Existen poderosos sustratos y abonos que pueden hacerlas florecer de nuevo y con mayor fuerza si cabe. Por ello, esta vez no podemos fallar, como lo hemos hecho en estos últimos años.

No pueden fallar los gobiernos, tanto cuando actúan en sus propios territorios como cuando cogobiernan asuntos que trascienden sus propias fronteras, como en la UE, o los tratan en organismos multilaterales. No pueden fallar las élites económicas, que no pueden seguir funcionando con la lógica cortoplacista del “todo vale” si con ello incrementan sus ganancias y su poder. No podemos fallar los legisladores, que necesitamos imponer leyes que garanticen la justicia social y la igualdad como esencia de la democracia. No puede fallar la justicia, que en los últimos años ha servido en demasiados casos como herramienta de guerra antidemocrática o lawfare, coartando el poder de las urnas, como bien vimos en Brasil. No pueden fallar los medios de comunicación, cada vez más parciales y orientados al espectáculo en vez de a la información rigurosa y contextualizada. No pueden fallar los intelectuales, porque necesitamos que produzcan las mejores ideas y para ello es preciso dejar sitio en el Olimpo de la sabiduría a más mujeres y a representantes de grupos sociales no identificados con el poder y la autoridad.

Y no podemos fallar como ciudadanía, como individuos que viven en sociedad. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual y nuestra capacidad de cambio. No sólo a través de nuestro voto y fiscalizando a todas esas instituciones democráticas para que no vuelvan a fallar y seamos capaces de cambiar las reglas del juego. También debemos impedir que los autoritarios, intolerantes y antidemocráticos ocupen todo el espacio público y privado. Cuando recibimos en los grupos de Whatsapp mensajes o memes que son falsos, machistas o racistas, solemos callarnos para evitar el conflicto y procurar no señalarnos. Además, se nos ha dicho que, cuando recibimos insultos en las redes sociales, es preferible que no desafiemos a los agresores, que no les prestemos atención, pues eso es justo lo que quieren, y que optemos por bloquearlos. Pero, como muy bien nos recuerda Mary Beard en su Mujeres y poder, esos consejos no son más que una “ominosa reiteración de la vieja consigna que invita a las mujeres a 'aguantar y callar', dejando que los matones ocupen el terreno de juego sin oposición alguna”. Es hora de ocupar ese terreno si realmente queremos empujar a un espacio residual a las fuerzas antidemocráticas y a los partidos que las representan, y cambiar las reglas de juego de la gobernanza y la racionalidad neoliberal.

La pandemia COVID19 como desafío global, ha vuelto a poner sobre el tapete el debate sobre los límites del Estado nación, y si una entidad supraestatal como la Unión Europea (UE) puede funcionar como su alternativa, como diría Robert Schuman, no sólo para Europa, sino para el mundo. Desafíos como la propia pandemia, la globalización, el cambio climático o la digitalización suelen esgrimirse como problemas demasiado globales para ser tratados dentro de los límites del estado nación. Hace ya un tiempo que investigamos si la transformación feminista de nuestras sociedades entraría también en este marco. Si la UE es o podría ser más feminista que sus estados miembros y qué fuerzas serían las que limitan que esto ocurra.

El periodista Xavier de Mas Xaxàs escribía hace un par de días en un artículo de La Vanguardia titulado “La responsabilidad de ser Europa”, que hay vida más allá del estado nación y que es una responsabilidad de Europa el demostrarlo consolidándose. Partiendo de las investigaciones del historiador Timothy Snyder, de Mas Xaxàs decía que la UE era la mejor respuesta a la cuestión crucial del imperialismo. Al imperialismo de EE.UU, Rusia o China, como naciones explotadoras de la tierra exhausta y que continúan comportándose como imperios por el pánico ecológico; la deshumanización del diferente; y la destrucción y privatización del estado. Características que los hacen enemigos de la UE como alternativa a su imperialismo. Una UE que despierta también enemigos internos, ya sean los gobiernos de los estados mal llamados frugales que limitan la construcción de una Europa fuerte, o aún peor, los gobiernos nacional populistas húngaro o polaco que no respetan el estado de derecho, minando los principios fundacionales de la UE.

Resulta que muchos de esos enemigos de esa alternativa al estado nación y a la “cuestión crucial del imperialismo” llamada UE, son también abiertamente antifeministas y homófobos: Trump, Putin, Orban o Duda. Y lo son porque el feminismo está hoy por hoy en la vanguardia de la defensa de la democracia, el estado de derecho y los valores fundamentales. Quiere eso decir que ¿es la UE es una institución feminista y con un gobierno feminista? O por el contrario,  que no podría serlo como esgrimen muchos defensores de los derechos sociales que consideran que éstos sólo pueden materializarse en el contexto del estado nación que es donde pagamos nuestros impuestos y donde disfrutamos de los derechos asociados a una ciudadanía concreta. No se trata de un debate menor.

El “trilema de la economía mundial” acuñado por el economista Dani Rodrik plantea la existencia de un trilema entre globalización, soberanía del estado nación y democracia: cuanto mayor es el énfasis en la globalización, menor será el espacio para las diferencias nacionales de organización social y económica, y más pequeño el espacio para adoptar decisiones democráticas a escala nacional y, por tanto, menor el espacio para políticas de igualdad efectivas.

Ciertamente, en relación a la democracia, en las últimas décadas estamos asistiendo a un proceso de desdemocratización vinculado a un tipo de capitalismo globalizado y financiarizado que no acepta ataduras, por lo que trata de “hacer gobernable” la democracia, esto es, manejable para los mercados. El resultado de este complejo proceso ha sido una democracia devaluada que tiende a privatizarse a través de la labor de los lobbies, puertas giratorias, reglas fiscales favorables a las grandes empresas y fortunas a través de los paraísos fiscales. Todo ello favorecido por las nuevas tecnologías que nos encaminan hacia un capitalismo de la supervisión, que se desarrolla en paralelo al triunfo de políticas antidemocráticas, y que además vienen unidas de una clara estrategia antifeminista a la Trump, Orban o Bolsonaro, y que en un rizar el rizo también comienzan a cuestionar la globalización y la arquitectura multilateral global.

Nancy Fraser nos dice que en relación a la soberanía nacional, la globalización supone un reto fundamental desde el punto de vista de la igualdad de género, ya que ésta modifica el escenario donde se desarrollan las luchas por la redistribución, el reconocimiento y la representación. Ello supone que el Estado soberano westfaliano ya no sirve como la única unidad o ámbito de justicia en términos de igualdad, lo cual, paradójicamente, abre el espacio a organizaciones transnacionales como la UE que pueden suponer un muro de contención ante los retrocesos en igualdad de género que puedan producirse en determinados estados miembro. 

De hecho, en el ámbito concreto de la UE, tras la crisis de 2008 se llevaron a cabo importantes debates sobre las posibilidades de redefinir el proyecto europeo como un proyecto democrático e instrumento político para la gobernanza efectiva de la globalización neoliberal, el cual evitara su consolidación como instrumento disciplinario de los mercados y recuperara las raíces democráticas, la solidaridad, la paz y la justicia social. Desde los flancos feministas se exigía: por un lado, dar un vuelco a la política de austeridad, con una reforma fiscal progresiva que no favoreciera al modelo de familia hombre proveedor/mujer cuidadora y que luchara contra el fraude fiscal; por otro, que la disponibilidad de recursos públicos sirviera para revertir los recortes y avanzar en una nueva organización social del cuidado implementando nuevas prestaciones y servicios en un mix entre la provisión pública, familiar, mercantil y comunal; por último, que la transversalidad de género en las políticas y el presupuesto fuera real y efectiva. 

La denuncia de estas deficiencias en la arquitectura institucional de la UE llevó al desarrollo del Pilar Social Europeo en 2017; a la inclusión de los aspectos sociales e incluso de igualdad de género en el mecanismo del Semestre Europeo (2017) -que es el mecanismo de control macroeconómico de los estados miembros con carácter anual-, y a poner sobre la mesa un Plan Europeo de Igualdad en 2015, que ha culminado con el nombramiento de una Comisaria de Igualdad por primera vez en 2019, la presentación de una Estrategia Europea de Igualdad presentada en marzo de 2020,  así como la activación del grupo de transversalidad de género en el Parlamento Europeo. 

Si bien, las respuestas a la crisis de la COVID19 están activando nuevamente todas las alertas ante potenciales retrocesos al respecto. Nunca hay que olvidar, que la arquitectura comunitaria de género convive con realidades nacionales muy dispares. Según los últimos datos disponibles en el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), la UE registra un índice de igualdad de género de 67.4 sobre 100, por debajo de países como Suecia (83.6) o Dinamarca (77.5), pero por encima de otros como Grecia (51.2), Hungría (51.9) o Eslovaquia (54,1). Este espejo constante y la actuación de la Comisaría de igualdad, la socialista Helena Dalli, y la presión del Parlamento Europeo, han hecho que el impacto desigual de género de la crisis de la COVID19 haya estado presente al menos en la literatura de los planes de reconstrucción y las declaraciones institucionales.

Esto sin duda ha animado a muchos estados miembros a desarrollar medidas orientadas a combatir el aumento de la violencia de género experimentado en todos los países, o socorrer a personas con menos renta entre las que abundan las mujeres, o poner en marcha mecanismos de apoyo para el cuidado de niños para que sus progenitores hayan podido desarrollar trabajos considerados esenciales donde también abundan las mujeres mayoritarias en el ámbito del cuidado. Sin embargo, otros estados miembros como Hungría han aprovechado el estado de alarma para aprobar la no ratificación del Convenio de Estambul. Pero por eso y por otras medidas contrarias al respecto del Estado de derecho, se estudia sancionarlo. Aunque los problemas que existen dentro del Consejo para aprobar el plan de recuperación presentado por la Comisión, pueda implicar no establecer finalmente sanciones.

En este sentido, se puede decir que la gestión de la crisis de la COVID19 es un buen ejemplo de que la UE puede aportar unos estándares mínimos y sobre todo, limitar los retrocesos que pueden producirse en algunos países en procesos de des-democratización. Sin embargo, aún presenta dos limitaciones importantes: la primera es el lento avance en transversalidad de género, que ha sido significativo en algunos campos como la política científica pero inexistente en otros como la política económica. Y ahí es donde radica la segunda y mayor limitación: la arquitectura económica de la UE sigue siendo de corte neoliberal y deflacionista, lo cual impide un verdadero desarrollo del pilar social y de las políticas de igualdad. 

A este respecto, la UE parece haber aprendido de ciertos errores anteriores. Por ejemplo, la suspensión de los estrictos criterios del Mecanismo Europeo de Estabilidad han sido esenciales para que los estados miembros hayan podido diseñar importantes partidas de gasto en apoyo a las personas y las empresas. O el programa presentado por la CE “Next Generation Europe” en el cual se aumenta el presupuesto común principalmente a través de la inversión, en vez de via préstamos, financiado con deuda mancomunada a largo plazo y recursos propios, y orientado hacia las transformaciones ecológica y digital que tiene que acometer la economía europea. No obstante, en dicho plan no está presente la transición hacia una nueva organización del cuidado (a pesar de que el drama vivido en las residencias de ancianos demuestra que el sistema de cuidados aún basado en la errónea existencia de una mano de obra gratuita inagotable, la de las mujeres, ya no funciona). Esta ausencia puede agravar los efectos desiguales de género de esta crisis, ya que los empleos vinculados a la economía verde como son la automoción eléctrica, las energías renovables o la construcción sostenible están fuertemente masculinizados, como también lo están los vinculados al sector tecnológico. Por lo que, a no ser que los aspectos sociales e incentivos hacia una nueva organización del cuidado se pongan en marcha, en esta crisis ocurrirá como en crisis precedentes, con una recuperación más temprana del empleo masculino frente al femenino. 

La pata social de la que adolece el plan de la UE necesitaría de un cambio en las políticas económicas de corte deflacionista, un reequilibrio de prioridades o contar con más recursos comunes. Pero como ya ocurrió en la anterior crisis, vuelve a darse un fuerte enfrentamiento en el seno del Consejo Europeo entre los países denominados frugales y el resto de grupos de países. Si no se consiguiese solucionar, podría llevar a una segunda crisis de la deuda soberana derivando en otro ciclo austeritario con nefastas consecuencias para las mujeres y la igualdad de género. 

Ello nos remite nuevamente a las discusiones en torno al “trilema de la economía mundial” y al peligro que la integración supone sobre la soberanía y la democracia, a no ser que la integración económica se torne también en una unión política donde la política económica esté al servicio de los intereses del bienestar de la ciudadanía, la igualdad y la justicia social, y no al servicio de la deuda. Por tanto, la Unión Europea sí que puede ser esa alternativa al estado nación y al imperialismo, pero necesitamos no dar ni un paso atrás en la integración y el desarrollo de una Europa fuerte y soberana. Europa también tiene una responsabilidad para con las mujeres y la transformación feminista. Esperamos que el Consejo Europeo extraordinario de los próximos 17 y 18 de julio, esté a la altura.

El exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto publicó ayer un tweet en el que aplaudía un artículo de María Palmero con el desafortunado título: “¿Por qué la ministra Montero nos trata a las mujeres como auténticas subnormales?”. En este tweet, De Quinto escribía lo siguiente: “Interesante repaso a la ministra que alerta a las mujeres para que 'no se arrodillen ante los hombres'. Cabe reconocerle cierto conocimiento de este tema, porque así ha llegado a ser ministra”.

Pero ni el artículo suponía un repaso a la ministra, ya que solo se trataba de un cuestionamiento poco fundamentado del feminismo, ni el tweet de De Quinto ofrecía argumentos más allá del insulto. La superficialidad y zafiedad de su comentario no merecerían que yo les dedicara esta mañana de domingo escribiendo este artículo, si no fuera por el hecho de que su publicación no es un hecho aislado y, por tanto, está lejos de ser inocua.

El tweet de De Quinto no solo es un comentario repugnante, es también una pieza más de un engranaje mucho más amplio, vinculado con el ejercicio del sometimiento de las mujeres a una disciplina que confiere la autoridad a los hombres. El disciplinamiento de las mujeres es un mecanismo muy antiguo, pero con modalidades que se multiplican y renuevan a través de las redes y el mundo online. No es la primera vez que abordo esta cuestión, ya lo hice en el artículo 'Los violadores del click', y me temo que no será la última, puesto que se trata de un fenómeno en auge que cada vez afecta a más mujeres y niñas, y que requiere del desarrollo de una legislación y unas políticas públicas específicas.

Insultar y acosar a las mujeres significa amedrentarnos, pero también disciplinarnos para que no hagamos aquello que supuestamente no nos corresponde y dejemos ese espacio en manos de otros, o eventualmente de otras que no cuestionan el statu quo. El procedimiento consiste en violentar a quienes insistimos en estar allí donde no se nos espera para que el resto ni siquiera lo intente. Para que no digamos lo que no nos corresponde, para que no seamos ministras, y en otros sitios, y antes en España, para que no se nos ocurriera votar y decidir sobre los asuntos públicos de interés común… en definitiva, para que no cuestionemos la autoridad de los hombres.

Decía Clara Campoamor en su ensayo autobiográfico El voto femenino y yo. Mi pecado original: “[…] en la Cámara imperó durante la polémica una excesiva nerviosidad masculina, en cierto momento concitada contra mí, que representaba sola la pretensión femenina de la contienda. […] Finada la controversia parlamentaria con el reconocimiento total del derecho femenino, desde diciembre de 1931 he sentido penosamente en torno mío palpitar el rencor […] No hubo lugar ni momento de completa calma: en los pasillos del Parlamento, en sus escaños, en las reuniones de la Minoría Parlamentaria, en los locales del Partido, en las Asambleas, en la calle, en público y en privado, a cada momento y siempre en tono de agresiva virulencia se me planteaba la discusión poco pertinente sobre el tema. […] Llegué en ocasiones, por fatiga moral, a reducir mi presencia en el Parlamento”.

Es obvio que los mecanismos de escarnio público de las mujeres con objeto de disciplinarnos e inocularnos un miedo que neutralice cualquier intento de abandono del lugar asignado siempre han existido, pero en la web están adquiriendo un alcance y una gravedad muy preocupantes. De hecho, ya han sido calificados como ciberacoso y ciberviolencia por parte de las Naciones Unidas, los organismos europeos y los ordenamientos jurídicos de varios estados.

La naturaleza poco o nada regulada de las plataformas y redes sociales, que está en la base de su propio crecimiento, y el anonimato que se puede y se suele ejercer en las mismas incrementan el riesgo de acoso. Los estereotipos de género y la normalización de la violencia contra las mujeres en los medios tienen el efecto de culpabilizar a las víctimas e invisibilizar su perspectiva en lo relativo a la ciberviolencia contra las mujeres y los discursos de odio contra nosotras. Las desigualdades de género en el mundo de las tecnologías y los algoritmos con sesgos de género contribuyen a crear tecnoculturas tóxicas contra las mujeres.

No obstante, también hay que tener en cuenta que en la parte opresora de este engranaje no solo participan hombres como De Quinto, sino que también lo hacen mujeres como María Palmero. Mujeres que no son conscientes de que viven dentro de un sistema que las oprime y discrimina, mujeres que no pueden desembarazarse de esas servidumbres, pero también aquellas a las que les resulta cómodo el lugar de cierto privilegio que les concede el sistema si hacen lo que se espera de ellas, donde también vale publicar artículos antifeministas sin siquiera esmerarse mucho en conocer el pensamiento al que se combate. Lo mismo ocurre con las relaciones de pareja: cuando los hombres no han transitado aún a comportamientos más igualitarios, son las relaciones más desiguales las que tienen más posibilidades de sobrevivir y no acabar en divorcio, lo que explica que muchas mujeres toleren e incluso celebren esa desigualdad “libremente elegida”.

Para que el sistema funcione, tiene que haber mujeres que lleguen a puestos de poder tradicionalmente ocupados por hombres que no cuestionen el sistema o que se comporten como lo hacen los hombres. Así puede demostrarse que el sistema funciona, que no hay opresión y que quien vale llega, como muy bien ilustra el síndrome de la abeja reina, el referido a mujeres que creen que todo lo que han conseguido se debe solo a sus propios méritos y que nada deben a las luchas y los logros del movimiento feminista. Así, si otras no llegan, no consideran necesario imponer políticas de igualdad, ya que la razón de no llegar es porque no valen o porque no quieren llegar y eligen otros itinerarios vitales “más cómodos”, sin duda más acordes con lo que se espera de ellas. Para que el sistema funcione tiene que haber también mujeres que se unan a muchos hombres en la crítica de las mujeres que cuestionamos el sistema, de modo que si las feministas criticamos a esas mujeres podremos ser acusadas de machistas, a través de un retorcido mecanismo de resignificación de las palabras.

En la actualidad, estas mujeres que contribuyen a la reproducción del sistema basan sus críticas al feminismo en la sacralización de la libre elección. Según el mito de la libre elección y de nuevo resignificando las palabras, el comportamiento realmente feminista de una mujer se caracterizaría solo por su “libre” elección. Por eso estas mujeres están en contra de cualquier discurso o política de igualdad, puesto que, en su opinión, victimizan a las mujeres y sirven para tutelarnos. Para estas mujeres, poder elegir es lo realmente empoderante, incluido elegir prostituirse, elegir ser ama de casa, elegir gestar para otros, elegir participar en programas de televisión que las cosifican…

Pero obvian el pequeño detalle de que no existe tal cosa como la libre elección. Al menos, no para todas las personas en el mismo grado, porque hay precondiciones materiales que determinan nuestras elecciones “libres”, porque estamos sujetos a una socialización que nos hace ver como naturales cuestiones que no lo son, o porque vamos adaptando nuestras elecciones a las oportunidades reales que nos presenta la vida y que varían mucho dependiendo de nuestra renta familiar, el país en el que hayamos nacido, nuestra raza o nuestro género.

Ojalá no existieran diferencias tan grandes en nuestra verdadera libertad para elegir, de conseguirlo va precisamente el feminismo. Pero la realidad es que las hay, y precisamente por ello seguimos luchando desde muchos movimientos sociales y políticos que buscan transformar nuestras sociedades en unas más justas e igualitarias. Por eso no dejamos de denunciar que esas supuestas libres elecciones no solo tienen consecuencias para las mujeres que las toman de manera individual, sino para todas nosotras, ya que los estereotipos de género funcionan exactamente de esa manera, considerando natural lo que no lo es y juzgándonos y ubicándonos en el mundo en función del grupo al que pertenecemos; en este caso, el de las mujeres. De ahí que sigamos necesitando políticas de igualdad y una legislación y una acción política claras contra la ciberviolencia contra las mujeres y las niñas. Y las feministas lo vamos a seguir diciendo y reclamando, aunque quieran disciplinarnos con el insulto y otras modalidades de violencia y ciberviolencia.

Son 20 las voces de mujeres y hombres europeos que se unen en esta serie de vídeos lanzada en YouTube este viernes 19 de junio, con la que personalidades del mundo académico, político y del asociacionismo europeo quieren recordarle a las instituciones europeas y nacionales que no vamos a permitir que esta crisis, como tantas otras en el pasado, se salde con una factura que paguen de forma desproporcionada las mujeres y que más bien esperamos que la pandemia dela COVID ofrezca la oportunidad para reconstruir Europa desde nuevas premisas y una agenda feminista.

Muchas de las voces recuerdan la forma en que la pandemia ha afectado a niñas y mujeres de forma específica y desproporcionada. Lo hacen las eurodiputadas españolas Iratxe García Pérez y Lina Gálvez al mencionar la sobre-exposición de las trabajadoras que han estado en la primera fila combatiendo la pandemia o prestando servicios esenciales y recordando a las mujeres que, por su condición laboral precaria y su especialización en los cuidados, se han visto sobrecargadas y perjudicadas en materia de empleo o a las que han sufrido violencia en sus hogares durante el confinamiento. A su vez, Stefano Osella, investigador italiano, añade que la vulnerabilidad en términos de violencia y precariedad también ha afectado a minorías sexuales y de género, y Stefania Giannini, alta funcionaria de la UNESCO, alude al riesgo real de que, tras el cierre masivo de las escuelas en 190 países durante la pandemia, muchas niñas, que ya se han visto afectadas por la brecha digital y el ciberacoso, no regresen nunca a las escuelas.

Otras voces, como la de las profesoras María Stratigaki, Johanna Kantola y Benedita Menezes Queiros (voces griega, finlandesa y portuguesa, respectivamente) reclaman el compromiso, las estructuras, y los recursos para afianzar el liderazgo de las mujeres en la gestión de la pandemia y de la crisis apostando por una democracia paritaria que supere la actual brecha del liderazgo. Parten, para ello, de la constatación de que los países con liderazgo de Gobierno de mujeres han sufrido una sexta parte de las muertes en comparación con el resto, cosa que en parte atribuyen al hecho de que las gobernantas no han subestimado los riesgos, han optado por la prevención temprana y han priorizado el bienestar social a largo plazo frente a las preocupaciones económicas del corto.

A partir de ahí se recuerda de forma específica a las instituciones europeas la importancia de que no abandonen, sino antes bien, refuercen su compromiso con la participación paritaria en los procesos de toma de decisiones y con la transversalidad de género en todas sus políticas. El paquete de medidas de la Unión Europea para la nueva generación, recuerda Francesca Ratti (co-presidenta de Civico Europa) tiene que asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres y luchar en general contra la creciente desigualdad. Son necesarias medidas específicas, argumenta el eurodiputado y candidato a la presidencia polaca Robert Biedron, que solicita un Fondo Corona específico para las Mujeres, que permita la adopción de medidas en el mercado laboral y frente a la violencia apelando de forma específica a la solidaridad masculina. Otros, como el húngaro Lazlo Andor (secretario general de la European Foundation for Progressive Studies) aprovechan la ocasión para recordar que antes de la pandemia la Comisión había lanzado algunas importantes iniciativas para avanzar en la igualdad de oportunidades (por ejemplo, en materia de transparencia salarial) que ahora no pueden ser ignoradas. Son necesarias inversiones masivas en el sector de salud y de los cuidados, donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres, además de legislación para mejorar las condiciones laborales, incluyendo el aumento del salario mínimo. El recién aprobado plan de recuperación tiene que hacer de la igualdad de género una preocupación transversal. También ha llegado el momento, recuerda la eurodiputada Frances Fitzgerald, de invertir en el avance de las mujeres en los campos digitales, de inteligencia artificial y en las ciencias stem en general.

Se trata pues de aprovechar la oportunidad para pensar en grande y sentar las premisas de un nuevo contrato social, afirma Carlien Scheele, la nueva directora del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE por sus siglas en inglés). La pandemia ofrece una ocasión perfecta, recuerda Agnès Hubert, directora del thinktank europeo G-5, para reevaluar lo que realmente importa. En este sentido, varias voces como las de la profesora Ruth Rubio, la de Joanna Maycook (Secretaria general del European Women´s Lobby) y la de Claudia de Castro (de Redscope Consulting) apelan a la necesaria y pendiente revolución de los cuidados, una revolución que reconozca que la interdependencia y la vulnerabilidad son parte de la condición humana y que las sociedades que, como las nuestras, no reflejan en su forma de organización este hecho básico, acaban descansando inevitablemente en la explotación de las cuidadoras, autóctonas o importadas, pues en Europa muchas son migrantes procedentes de países más pobres. La inquietud por la sostenibilidad de la especie en condiciones de dignidad, nos recuerda la profesora Emanuela Lombardo, incluye pero va más allá del cuidado de las personas. La sostenibilidad del medio ambiente, la lucha contra la desigualdad, la defensa de la frágil democracia forman parte, nos recuerda, de una agenda feminista bien entendida, como la que debiera abanderar la Unión Europea.

Este nuevo contrato social, dice la profesora Eleonore Lépinard, no es posible sin reevaluar el lugar y el papel de los hombres en una sociedad no patriarcal, y esto, a su vez, requiere alterar las relaciones sociales y económicas en las que participan hombres y mujeres y la percepción de la importancia del cuidado dentro de esas relaciones. La científica Sonia Contera, física y nanotecnóloga, lo ejemplifica bien, mencionando el efecto que la carga de cuidados tiene en la productividad científica de las mujeres sin que las habilidades y la dedicación a tales cuidados sean, a efectos profesionales, considerados como productividad; lo que explica por qué las científicas solteras y los científicos casados son precisamente los dos grupos que antes logran consolidarse profesionalmente. Este nuevo contrato, nos recuerda la investigadora Daniela Alaattinoglu, que cierra la serie con un melódico “¡venga Europa, no nos decepciones!”, no puede lograrse con el compromiso de solo algunos países: el feminismo no entiende de nacionalidades, el esfuerzo tiene que ser compartido.