En todas las capitales europeas de los países que sufrieron los regímenes criminales nazi-fascistas, en los edificios utilizados para la persecución, detención, tortura, asesinato o deportación de las personas miembros de la Resistencia, existen placas en recuerdo y homenaje a las víctimas o se convirtieron en lugares de la memoria antinazi o antifascista.

En Berlín, en los cimientos de la que fuera sede de la Policía Secreta del Estado nazi (Gestapo), en la calle Wilhemstrasse, se encuentra el MuseoTopografía del Terror para conocimiento de lo que fue la maquinaria brutal represiva del nazismo y en homenaje a todos los alemanes y alemanas que opusieron resistencia, muchas de las personas dando su vida en el mismo edificio o en campos de exterminio.

En París, en la rue Lauriston 93, en el edificio que fue el centro auxiliar de la Gestapo francesa durante la ocupación alemana, se colocó una placa “en homenaje a la resistencia torturada en este edificio durante la ocupación 1940-1944 por los franceses, agentes auxiliares de la Gestapo del grupo ”BONNY-LAFONT“. Además, en el este de París, en Champigny-sur-Marne existe el Museo Nacional de la Resistencia con todos los archivos documentales del periodo de la resistencia al régimen colaboracionista de Vichy y a la ocupación nazi y es habitual ver en todas las calles de París placas recordando episodios de la resistencia.

En Roma, en la via Tasso 145, en el edificio que fue sede del comando de seguridad de las SS, se organizó el Museo Histórico de la Liberación y en Milán se encuentra el Museo Nacional de la Resistencia que, para justificar su existencia, el ministro italiano de entonces de cultura afirmó: “Es importante que haya un lugar nacional para recordar a las futuras generaciones lo que han hecho nuestras madres y nuestros padres para darnos la libertad que hoy damos por descontado. Y que no es, en absoluto, obvia.”

En Oslo, en la fortaleza de Akershus, existe el Museo del Frente Interno (Museo de la Resistencia a la ocupación alemana de 1940 a 1945.

En Ámsterdam, en Plantage Kerklaan 61, se puede visitar el Museo de la Resistencia (Verzetsmuseum).

En Atenas, fuera del edificio que fue sede de la Gestapo durante la ocupación alemana, en el número 6 de la calle Merlin, se levantó un monumento con diferentes placas en recuerdo de todas las personas de la resistencia torturadas, asesinadas o deportadas al campo de concentración de Chaidari.

Podríamos continuar con todas y cada una de las capitales europeas que sufrieron el horror del nazi-fascismo y en todas ellas se acordó rotular, en los edificios utilizados para perseguir a la Resistencia, placas en su recuerdo, en homenaje a su lucha por la libertad y la liberación.

Y en todas esas capitales, los lugares de memoria, los museos o las rotulaciones en aquellos edificios siniestros de la represión, se decidieron por acuerdo de todos los partidos, de la derecha y de la izquierda.

La excepción europea es Madrid y la antigua Dirección General de Seguridad, centro de detención, tortura y en muchos casos, asesinatos de la Brigada Político Social, policía franquista creada en 1941 a imagen y semejanza de la Gestapo, con el asesoramiento del nazi Paul Winzer, ayudante de Heinrich Himmler.

Por las celdas de aquel edificio siniestro pasaron miles y miles de hombres y mujeres de la resistencia antifranquista que no se rindieron desde el mismo momento del golpe de estado al gobierno legítimo de la República. Personas republicanas, socialistas, anarquistas, comunistas, sindicalistas o simplemente demócratas, todas ellas unidas en el objetivo de acabar con la dictadura y recobrar las libertades, fueron detenidas, torturadas y en muchos casos, asesinadas a manos de la Brigada Político Social.

Las paredes interiores de ese edificio, sus sótanos y despachos conocieron el terror, la impunidad de la dictadura y la resistencia heroica de la oposición plural a la dictadura franquista.

¿Cómo es posible que este edificio sea la única excepción europea en recordar a las víctimas que sufrieron la persecución del fascismo?

La respuesta es sencilla, porque la derecha española, me refiero al Partido Popular, a diferencia de sus socios europeos, no es antifascista. Por eso gobierna con la ultraderecha, coalición gubernamental irrealizable de los Pirineos hacia arriba.

La colocación de una placa en el antiguo edificio de la Dirección General de Seguridad, hoy sede del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, que recuerde el papel de la resistencia antifranquista en la lucha por las libertades, es una signatura pendiente de la democracia para con la memoria de todas las personas que fueron allí encerradas, torturadas o asesinadas por defender la libertad, esa palabra bella, tan manoseada y manchada por la derecha y ultraderecha española.

“Nosotras, las mujeres reunidas en este congreso internacional... protestamos contra la locura y el horror de la guerra, que lleva consigo un sacrificio irresponsable de la vida humana y la destrucción de tantas cosas que la humanidad ha tardado siglos en construir (Resolución 1) ...protestando con vehemencia contra las odiosas agresiones de que son objeto las mujeres en tiempo de guerra y especialmente contra la violación, presente en toda guerra (Resolución 2).

Este Congreso Internacional de Mujeres, aboga por el desarme universal y consciente de que este sólo se puede asegurar mediante un acuerdo internacional urge a todos los países, como un paso hacia este fin, a que por acuerdo internacional pongan fin a la producción de armas y municiones de guerra y controlen el tráfico internacional de las mismas. Pues en los beneficios privados derivados de las grandes fábricas de armamento anida un obstáculo poderoso para la abolición de la guerra…“ (Congreso Internacional de mujeres en La Haya, 1915).

Europa y el Mundo, hoy como en 1915, se encuentra en un momento de máxima tensión militar. Somos conscientes de la ola fervorosa de militarización, rearme y escalada que existe, como si ese camino sirviera para garantizar la paz. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro, el camino de la militarización puede llevarnos a un objetivo que no sea el de la destrucción mutua.

La configuración de nuestro orden mundial se encuentra atravesado por el debilitamiento de los espacios democráticos y el retroceso de los Derechos Humanos, en favor de los instrumentos de la guerra, que como la OTAN apuestan por la unilateralidad y el beneficio de la industria de la guerra.

En Europa, hemos tenido oportunidades en los últimos años para construir una Seguridad Europea Compartida diseñada en el Acta única de Helsinki (1975), en la Carta de Paris (1990) y en los sucesivos acuerdos de la OSCE, de Budapest (1994) a Astana (2010), sobre la base de una seguridad integral europea, cooperativa, igual e indivisible, que relaciona el mantenimiento de la paz con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y vincula la cooperación económica y medioambiental con las relaciones pacíficas entre los Estados.

Esos pasos muy importantes para alcanzar un modelo de seguridad y confianza mutua, un espacio europeo que avance en su desmilitarización y en una zona libre de armas de destrucción masiva, naufragaron por la imposición de los países miembros de la OTAN de un modelo unilateral basado en la creciente militarización, el posible uso del arma nuclear, el aumento del gasto militar y una concepción de la seguridad basada en la seguridad de unos sobre la inseguridad de otros.

Según el SIPRI, en 2020, el gasto militar mundial creció hasta los casi 2 billones de dólares. En el primer año de la pandemia el gasto militar creció. El crecimiento del 2,6 % del gasto militar mundial se produjo en un año en el que el Producto Interior Bruto (PIB) se redujo un 4,4 % (proyección de octubre de 2020 del Fondo Monetario Internacional), principalmente a causa de los impactos económicos derivados de la pandemia de la covid-19. Como resultado de ello, en 2020, la proporción del gasto militar en el PIB —la carga militar— logró una media global del 2,4 %, respeto al 2,2% de 2019. Este fue el mayor incremento interanual de la carga militar desde la crisis financiera y económica global de 2009.

Parece poco razonable, desde el punto de vista de la Seguridad Humana que el gasto militar mundial en 2019 se estimase en 1,63 billones de dólares, el 2,2% del PIB mundial (la cifra más alta desde la guerra fría), frente a los 50.400 millones de euros de promedio anual durante el decenio de 1990 de ayuda oficial para el desarrollo.

Según Naciones Unidas con datos de 2019, más de 820 millones de personas pasan hambre y 2000 sufren su amenaza. El 26,4% de la población mundial no tiene asegurado un plato de comida al día y 80 millones de personas se convierten en refugiados al huir de las guerras.

El informe Social Mundial 2020 de Naciones Unidas, advierte de la creciente desigualdad, tanto en los países en desarrollo como en los ricos, exacerba las divisiones sociales y ralentiza el avance económico y social. Más de dos tercios de la población mundial viven en países donde la desigualdad ha crecido. El 1% de la población más rica tiene cada vez más dinero, mientras que el 40% más pobre obtiene menos de un 25 % de ingresos.

En ese escenario real, donde una parte muy importante de la humanidad vive en situaciones de insalubridad extrema, la apelación de los países OTAN a subir sus gastos militares al 2% del PIB, es una verdadera agresión a los valores y principios más elementales de equidad, solidaridad y justicia social.

En el caso de España, ese gasto militar inoportuno, comprometido por el Presidente de Gobierno Pedro Sánchez, se realizará, si no se remedia, a costa de la calidad de los servicios públicos, la lucha contra la pobreza en general y particularmente la infantil y una política estatal sobre los cuidados.

La sola existencia en el mundo de 13.865 misiles3 nucleares, tácticos y estratégicos, debería promover una acción urgente para alcanzar un Tratado de Prohibición y Destrucción ecológica de todo el arsenal nuclear.

Llama poderosamente la atención el silencio de las cancillerías europeas sobre la existencia de un arsenal nuclear y los comentarios que surgieron de su posible uso en la maldita guerra de Ucrania.

La prohibición de la guerra, solemnemente proclamada en el preámbulo y en los dos primeros artículos de la Carta de las NNUU, puede considerarse el principio constitutivo de la juridicidad del nuevo ordenamiento internacional con el nacimiento de las Naciones Unidas.

Para hacer imperativa esa prohibición, es necesario avanzar en la reforma de las Naciones Unidas para alcanzar, tal como lo define Luigi Ferrajoli, un modelo de “democracia internacional”, un ordenamiento basado en el carácter democrático-representativo de los órganos supraestatales y, sobre todo, en su función de garantía de la paz y de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos

Quienes suscribimos este artículo lo hacemos porque nos une una visión compartida del mundo basado en la solidaridad, igualdad, fraternidad, la justicia social, la paz y el desarme. Nos une el deber de garantizar para nuestro presente y para las futuras generaciones, un orden mundial democrático, guiado por el interés general, que sitúe la vida en el centro.

La paz entre pueblos no es una utopía, es una necesidad. Y sabemos que no hay paz sin derechos y libertades al igual que no hay derechos y libertades sin paz. La experiencia europea con las grandes guerras, con la guerra civil española, con la guerra de Yugoslavia, pero también con la guerra de Israel contra Palestina, o de Marruecos contra el Sáhara, o las guerras invisibilizadas, y ahora la guerra de Rusia contra Ucrania, nos demuestra que cualquier avance democrático de los pueblos será arrasado por la lógica de la guerra y el rearme.

La cumbre por la Paz a realizar en Madrid los días 24, 25 y 26 de junio, convocada por diferentes plataformas pacifistas, se convierte en una oportunidad para defender una alternativa viable a la cumbre oficial de la OTAN de los días 29 y 30 de junio que reafirmará su decisión de ampliación, aumento del gasto militar, su posible uso del arma nuclear y su disposición a actuar fuera del marco de la Carta de las Naciones Unidas.

Esa cumbre alternativa por la Paz se convertirá en un acontecimiento internacional que congregará a todas las mujeres y hombres del mundo dispuestos a seguir luchando por la desmilitarización de la seguridad y construir una Seguridad Humana compartida.

En palabras de la pacifista alemana Luise Rinser: “Hasta ahora tendíamos a considerar la guerra como una maldición, y la paz como una bendición divina. Actualmente sabemos que los humanos hacemos y permitimos las guerras y que a nosotros nos corresponde forjar la paz, si queremos gozar de ella”.

Irak, Libia y ahora Afganistán ponen al descubierto que la política de seguridad mundial, dirigida por las administraciones norteamericanas y la OTAN es, desde la autodisolución del Pacto de Varsovia en 1991, el único sistema de seguridad multinacional que actúa en el escenario internacional sobrepasando el mandato explícito de la Carta de las Naciones Unidas.

El mayor esfuerzo, para evitarle a la humanidad el flagelo de la guerra, se produjo finalizando la segunda Guerra Mundial, cuando los aliados que se enfrentaron al eje alemán-italiano-japonés, comprometieron un nuevo sistema de seguridad internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas.

En su preámbulo condensaba su compromiso: Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles……

Y tras el preámbulo, se articulaban las bases del nuevo derecho internacional, que pretendía evitar el horror y la devastación que producen las guerras.

En el capítulo I, sobre Propósitos y Principios, en su artículo 2 establece: Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

El incumplimiento de ese principio básico de las diferentes Administraciones Norteamericanas y la OTAN, desde su intervención en Yugoeslavia en 1999, ha desencadenado en diferentes zonas del mundo, procesos de desestabilización y conflictos armados que nunca se debieron producir de haberse respetado la Carta de las Naciones Unidas.

Como respuesta a los ataques terroristas de Al-Qaeda del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York, el entonces Presidente de los EEUU, George Bush, teorizando un nuevo concepto de seguridad, el de la doctrina de agresión positiva, por el que EEUU tenía derecho de tratar como terroristas a aquellos países que permitían mantener en su suelo grupos terroristas, atacaba en octubre de ese mismo año Afganistán junto al Reino Unido. A esa operación militar conocida como libertad duradera, se unieron más tarde fuerzas de la OTAN y en diciembre expulsaban a los talibanes del poder, replegándose éstos a las zonas rurales o Pakistán. Hamid Karzai fue seleccionado en una Conferencia en Bonn para dirigir la Administración Provisional Afgana y en las elecciones de 2004 fue elegido Presidente de la República Islámica de Afganistán. 

Según Amnistía Internacional, los 19 años de guerra han causado más de 150.000 muertos -casi 60.000 serían militares y policías afganos- y 1,2 millones de personas desplazadas.

A la doctrina de agresión positiva, Bush añadiría más tarde el concepto de guerra preventiva por el que sostenía que los EEUU podían derribar regímenes extranjeros que representasen una supuesta amenaza a los intereses de los EEUU. La guerra preventiva fue un argumento utilizado en Núremberg (1945) por la defensa de los criminales nazis intentando legitimar la invasión de Polonia.

Y con esa falsa legitimación, EEUU atacó en marzo de 2003 a Iraq.

El entonces Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan afirmó en 2004: “Desde nuestro punto de vista y el punto de vista de Carta de la ONU, [la guerra] fue ilegal”. Una guerra que, basada en mentiras, solo ha servido para destruir un país, hacerlo retroceder 50 años en su bienestar y justificar la creación del autodenominado Estado Islámico. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins, publicada en la revista The Lancet en 2006, estimaba en 655.000 muertos los producidos por  la guerra. A pesar de ser el tercer exportador de petróleo y uno de los cinco países con mayores reservas, los 39 millones de habitantes no pueden disfrutar de los niveles de vida de países exportadores debido a la devastación que produjo la intervención militar que dejaron a la mayoría de la población en la pobreza, sin servicios básicos como la electricidad o el agua potable y  sin un sistema sanitario universal y eficaz.

Después de Afganistán e Irak le llegó el turno a Libia en 2011.

En 2009, Libia ocupaba el puesto número 49 en el ranking del Índice de desarrollo Humano (IDH), que tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida dignos. La esperanza de vida en aquel año en Libia era de 72,13 años, su tasa de mortalidad del 4,7% y su renta per cápita era de 6.112 euros.

Con el puesto 49 del IDH se situaba a la cabeza de los países africanos muy por encima de Sudáfrica que ocupaba el puesto 118, Egipto con el 112 o Marruecos con el 127.

Pero en 2011, se sucedieron en Libia movilizaciones contra el entonces presidente Gadafi y éstas derivaron en enfrentamientos armados al facilitar Francia y Egipto armamento a los rebeldes con el consentimiento de los EEUU.

EEUU, Reino Unido y Francia se convirtieron en la fuerza aérea de los rebeldes al bombardear las posiciones del gobierno de Gadafi desde el 19 de marzo y el 31 de marzo la OTAN asumía el mando conjunto de las operaciones en Libia. 

El resultado es conocido: derrota del gobierno, ejecución extrajudicial, tras ser torturado de Gadafi, y Libia convertida en un territorio sin ley, fragmentado en diversos grupos militares, enfrentada la parte oriental y la occidental con apoyos respectivos de diferentes países extranjeros.

Y, como en Irak, lo que escondía esa intervención militar contra el gobierno de Gadafi era su riqueza petrolera, gasística y la mayor reserva acuífera de África.

En la actualidad, y debido al caos político interno, Libia produce un millón de barriles de petróleo diarios, medio millón todavía por debajo de los que se producían con el gobierno de Gadafi.

 Una década de guerra y enfrentamientos entre milicias ha acabado con las infraestructuras del país, se estima que la inversión necesaria para reconstruir el país supondrán más de 380.000 millones de euros durante los próximos cinco años, que deberán ir a infraestructuras críticas como el suministro de energía, agua corriente y telecomunicaciones.

Y ahora Afganistán, tras la retirada de las tropas de ocupación, se ha vuelto a talibanizar ocupando estos todo el territorio sin apenas resistencia, diluyéndose las instituciones del gobierno del Presidente Ashraf Ghani, desertando sus fuerzas policiales y militares y exiliándose el Presidente Ghani y sus colaboradores a Tayikistán

El fracaso estadounidense y de la OTAN en Afganistán, como en Irak o Libia es el fracaso de un sistema que atenta directamente contra la Carta de las Naciones Unidas, contra el Derecho Internacional al intervenir contra la integridad e independencia de los Estados.

Es cierto que existen muchos estados en el mundo que no cumplen con los derechos humanos más elementales, que en muchos estados islámicos a la mujer se la  excluye de la vida civil, no pueden viajar sin autorización de un familiar, no pueden conducir ni recibir educación o ejercer alguna profesión. Pero esa realidad ha de ser resuelta en todos y cada uno de esos estados con la cooperación internacional a través de las instituciones de las Naciones Unidas.

EEUU y la OTAN no se hacen responsables de estos fracasos, pero la sociedad civil y el movimiento pacifista internacional deberían asumir la responsabilidad de contribuir a la construcción de una alternativa a ese sistema de seguridad basada en la desmilitarización progresiva y el respeto escrupuloso a la Carta de las Naciones Unidas.

Los gobiernos miembros de la OTAN deberían tomar nota, asumir sus responsabilidades de estos fracasos y facilitar la disolución de la OTAN para construir un nuevo sistema de seguridad humana, sin armas de destrucción masiva, reduciendo los ejércitos nacionales y el gasto e investigaciones militares para dar paso a ese nuevo sistema desmilitarizado.

En cualquier caso, en la próxima cumbre de la OTAN a celebrar en España en 2022 tendremos oportunidad de recordárselo en las calles y las plazas.

“Toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura al fascismo"

Albert Camus

En 1963, Hannah Arendt publicó sus reflexiones sobre el juicio de Adolf Eichmann, coronel de las SS, acusado y condenado a muerte por un tribunal israelí por ser uno de los responsables de la organización y ejecución del exterminio de las personas presas en los campos de concentración nazis.

En aquella publicación, Arendt concluía que Eichmann formaba parte de “la banalidad del mal”, es decir, de aquellos individuos que actúan dentro de las reglas de un sistema basado en la tortura, la deportación, el asesinato o el exterminio genocida, sin reflexionar sobre sus actos. Con sus actos personales irreflexivos, convertían al régimen nazi en algo trivial, insustancial, es decir, banal

Recientemente, la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, en un medio televisivo declaró que “cuando te llaman fascista sabes que los estás haciendo bien. Estás en el lado bueno de la historia”.

Sorprendentemente, esas declaraciones banalizadas del mal, no han tenido la reacción esperada de cualquier sociedad democrática refractaria a los sistemas totalitarios nazi-fascistas que, como el caso de España, sufrió las consecuencias de un golpe fascista contra el gobierno legítimo de la II República y la consiguiente guerra antifascista, preludio de la II Guerra Mundial.

Esas mismas declaraciones, si las hubiese realizado un cargo público de la CDU de Angela Merkel, provocaría su inmediata desautorización y tal vez expulsión del partido por banalizar o ser cómplice de uno de los regímenes responsables de los mayores crímenes contra la humanidad del siglo XX.

En ese sentido, no hay que olvidar, que cuando la CDU de la región de Turingia votó en el parlamento del Land junto a la ultraderecha (AfD) para elegir a un presidente liberal frente al candidato de Die Linke, se produjo un verdadero terremoto en la CDU.

La entonces candidata a sustituir a Merkel en la presidencia de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, renunciaba a postularse como candidata al no haber sido capaz de gestionar en Turingia el cordón sanitario frente a la ultraderecha y, la propia Angela Merkel, imponía a la CDU de Turingia revertir el resultado de la votación y facilitar la presidencia del gobierno del Land a Bodo Ramelow de Die Linke, impidiendo así la confluencia de votos con la ultraderecha.

El Partido Popular, al contrario que la CDU, coordina sus acciones parlamentarias en las Comunidades Autónomas con la ultraderecha de VOX y en el caso del PP de Madrid, como se puede comprobar por las declaraciones de Ayuso antes mencionadas, aparece como fuerza política ideológicamente situada en la añoranza del franquismo y fascismo.

Precisamente, esa caracterización del Partido Popular de Madrid, convierte la campaña electoral del 4 de mayo en algo más que una campaña autonómica que dilucida quién gobierna una región. La historia ejemplar, heroica, abnegada y sacrificada de los centenares de miles de hombres y mujeres que lo dieron todo para acabar con la dictadura franquista en una resistencia continuada desde 1939 a 1977, debe ser restituida en Madrid.

Para Ayuso, el lado bueno de la historia está con los verdugos de la Falange, la Brigada Político Social, el Tribunal de Orden Público, de los militares criminales y golpistas dirigidos por el dictador Franco quienes torturaron, depuraron, asesinaron, exiliaron o exterminaron a todas las personas y organizaciones leales al gobierno legítimo y democrático de la II República.

La libertad y la democracia se conquistaron en España gracias a los antifascistas de todas las ideologías y partidos quienes, a pesar de Alianza Popular, el partido originario del Partido Popular, votaron una Constitución para cerrar la larga noche de piedra del franquismo.

Es por tanto una obligación moral de todos los partidos que consideran al fascismo como el lado criminal y perverso de la historia, impedir democráticamente que las ideas de Ayuso sigan gobernando Madrid.

A lo largo de la historia del siglo XX y en el XXI hasta nuestros días, dentro de la Guardia Civil han convivido dos almas, en relación a su funcionamiento interno, su carácter de cuerpo militar o civil, la posibilidad o no de sindicar a sus miembros y el grado de independencia y lealtad respecto a los poderes del estado.

La Guardia Civil, al igual que el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no fue ajena al proceso constitucional, que pretendía liquidar los aparatos del estado franquista en un proceso de reforma, evitando cualquier intento de depuración interna de los miembros destacados de la represión sistemática para aniquilar cualquier vestigio de la legalidad republicana y a la resistencia a la dictadura.

En el proceso de reforma, todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fueron evolucionando hacia modelos democráticos, en el marco de un modelo policial descentralizado pero con duplicidad de funciones. En ese proceso democratizador, fue determinante la presión de las personas de los distintos cuerpos para conseguir su derecho a la sindicación.

En el caso de la Guardia Civil, una de sus almas, la más partidaria de su carácter militar, se negaba a permitir ese derecho de sindicación. Es de dominio público que esa posición la mantenían fundamentalmente, con algunas excepciones, los altos mandos (Generales, Coroneles, Tenientes Coroneles y Comandantes) frente a algunos mandos intermedios, suboficiales, cabos y guardias que reclamaban la posibilidad de sindicación.

Uno de sus cabos, Manuel Rosa, reclamó desde 1986 la posibilidad de asociarse internamente, para defender sus derechos, lo que le valió más de 22 expedientes disciplinarios y la cárcel. Pero esa reclamación fue ganando fuerza entre los mandos intermedios y en 1994 se fundaba la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC).

La constitución de la Asociación contribuyó a desarrollar y ampliar el alma democrática de la Guardia Civil y sus más de 30.000 afiliados son una realidad presente en su Consejo Colegiado, regulador de los derechos y deberes de sus miembros.

Como tal Asociación, comparecieron en mayo de 1998 ante la subcomisión del Congreso de los Diputados, creada al efecto para debatir el modelo policial español, donde expusieron su visión para avanzar hacia un modelo desmilitarizado, federal y plenamente democrático en su funcionamiento interno.

En ese empeño, en 2014, tras conocerse la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contraria a la prohibición absoluta de la existencia de sindicatos en el Ejército francés por ser contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Asociación solicitó al Ministerio de Trabajo su inscripción como sindicato de Guardias Civiles.

Esas dos almas llegaron a expresarse con total dramatismo en momentos históricos que convulsionaron la vida democrática de España. Los más sobresalientes, el golpe militar del 18 de julio contra el gobierno legítimo de la II República y el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981.

En ambos casos, las dos almas de la Guardia Civil tomaron posición. La democrática, en el caso del golpe del 18 de julio, contribuyó a impedir en Madrid, Barcelona o Valencia el triunfo de los golpistas y en otras zonas se sumó al golpe sedicioso. La lealtad para con el Gobierno de una buena parte de la Guardia Civil supuso en la mayoría de los casos la persecución, ejecución o depuración por parte de los facciosos una vez ganada la guerra civil. Uno de los ejemplos del martirio heroico de esa lealtad fue la del general Antonio Escobar Huerta, en 1936 coronel de la Guardia Civil al frente de su 19ª comandancia de Barcelona, fusilado en 1940 acusado por auxilio a la rebelión precisamente por haber impedido con su lealtad el triunfo de la rebelión fascista en Barcelona.

El intento de golpe del 23 de febrero expresaba con rotundidad hasta qué punto el alma no democrática de la Guardia Civil estaba dispuesta a contribuir, junto a los sectores más reaccionarios de la sociedad, a impedir el libre desarrollo de las libertades y de la democracia conseguida en 1977.

Esas experiencias dramáticas pusieron en evidencia hasta dónde pudieron llegar esas dos visiones de lo que debe ser y representar la Guardia Civil en cuanto a su funcionamiento interno y el grado de su independencia y lealtad para con el gobierno.

Afortunadamente, al día de hoy sería impensable que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, como las Fuerzas Armadas, pudieran adoptar actitudes de insubordinación frente al poder legalmente establecido. No obstante, sus miembros no son personas sin criterio y aisladas de la realidad social, y precisamente por ello, toda vez que en la sociedad, se ha consolidado una posición de ultraderecha con representación institucional favorable a una involución en los valores constitucionales de libertad, derechos y democracia social, esa posición ciertamente minoritaria, también se expresará en algunos miembros de las Fuerzas Armadas o entre las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del estado, incluida la Guardia Civil.

Sin lugar a dudas, en el affaire del coronel Diego Pérez de los Cobos, subyace el intento, por parte del alma no democrática de la Guardia Civil, de convertir el asunto administrativo en un pulso al gobierno legítimo y con él, contribuir junto a la derecha y ultraderecha a desestabilizar o dificultar el normal desarrollo de la acción del gobierno.

Afortunadamente, el impulso democrático de la Guardia Civil impuesto desde abajo por el movimiento asociativo es una garantía que ayuda a neutralizar los intentos de algunos mandos de utilizar al Cuerpo contra el gobierno.

Corresponderá al poder ejecutivo impedir que en el seno de cualquier Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado pudieran cristalizar posiciones organizadas contrarias al mandato constitucional que se le otorga a esas fuerzas subordinadas al Gobierno.

Ha muerto Antonio González Pacheco (Billy el Niño), uno de los policías de la Brigada Político Social franquista que más se distinguió en la práctica de la tortura a las personas detenidas luchadoras por la libertad.

Descanse en paz.

La paz que no pudieron tener los hombres y mujeres de todo tipo de profesión y edad, comprometidos en la resistencia contra una de las dictaduras europeas más sangrientas sobrevenidas a un criminal golpe de estado militar. La tortura que practicó pretendía humillar, dañar y hacer sucumbir la dignidad de las personas detenidas comprometidas, desde diferentes organizaciones políticas y sindicales clandestinas, para conseguir el fin de la dictadura y la recuperación de la democracia.

Muchas de esas personas sucumbieron o quedaron marcadas para toda su vida sin ningún tipo de atención o reconocimiento de las instituciones democráticas conseguidas por la movilización popular y por el sacrificio de todas las personas asesinadas, torturadas, depuradas, exiliadas o encarceladas.

Su muerte le evita conocer la posible decisión gubernamental de retirarle todas las distinciones y medallas otorgadas en su día por la dictadura y durante la transición democrática y el resultado de los recursos interpuestos por las personas torturadas ante instancias internacionales ante la falta de respuesta de los tribunales españoles para otorgar justicia y reparación a las víctimas del franquismo.

Su impunidad, la de todo el aparato represor de la dictadura, sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la democracia. No podremos reconocernos como hombres y mujeres libres hasta que el Estado resuelva definitivamente la verdad, la justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo.

Antonio González Pacheco ya no podrá ver como se hace justicia pero sus víctimas sí.

Esperemos que los poderes del Estado resuelvan definitivamente la reparación para con todas las víctimas del franquismo, la verdad del exterminio de las personas que defendieron la República y la lucha contra la dictadura y la retirada de cualquier tipo de reconocimiento público para con todos los aparatos del estado franquista y sus funcionarios.

No descansaremos hasta conseguirlo.

Willy Meyer

Uno de los querellantes por torturas contra Antonio González Pacheco

“Vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo”

Marcos Ana

Un enorme desgarro me produce la noticia inesperada de la muerte del compañero y amigo Chato Galante. Nos vimos por última vez el 23 de enero, en la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, para rendir homenaje a Arturo Ruíz, asesinado en 1977 por un pistolero fascista en las inmediaciones de la plaza. En ese encuentro, y sin darle mayor importancia, Chato me indicó que estaba en tratamiento con quimioterapia por un cáncer de pulmón al que estaba dispuesto a derrotar. Muy posiblemente lo hubiese conseguido si no se hubiese cruzado en su camino el maldito coronavirus.

Chato Galante ha sido y es un referente en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo, delitos de lesa humanidad, que siguen sin ser investigados y depurados por la Administración del Estado. Su constancia y tenacidad en el impulso de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA), a las iniciativas de la Asociación de la Comuna de Presos del Franquismo o a las querellas contra el torturador Antonio González Pacheco –Billy el Niño–, son un ejemplo de dedicación a la justa causa de la Verdad, Justicia y Reparación para con todas las personas de la resistencia antifranquista. Su participación en la película galardonada 'El silencio de los otros' resumía en imágenes su persistente lucha en la exigencia de la reparación con las víctimas de la dictadura.

Me vienen a la memoria inolvidables momentos vividos en esa larga lucha compartida, el viaje al Parlamento Europeo para reclamar en la Comisión de Peticiones que la Justicia española depure las responsabilidades por tortura de 'Billy el Niño', las reuniones para preparar las querellas, innumerables actos públicos como el realizado en noviembre frente a la Cárcel de Carabanchel para reclamar un memorial a los presos políticos...

Su ejemplo, su lucha, sigue muy presente y sin duda, será un referente en el día a día hasta conseguir que el Estado asuma de una vez por todas la Verdad, Justicia y Reparación y garantías de no repetición a todas las víctimas de la resistencia contra la dictadura.

El confinamiento no nos permite despedirnos de Chato como desearíamos, pero en cuanto termine, podremos encontrarnos con su compañera Justa, su familia, amigos y compañeras para rendirle el homenaje que se merece.

Un fuerte abrazo compañero Chato

Por encima de la voluntad de su familia, que pretende que sus restos sean depositados en la catedral de la Almudena, el Estado debe garantizar, por respeto a todas las personas defensoras de la II República que fueron exterminadas o las que fueron perseguidas, detenidas, encarceladas, torturadas, depuradas o exiliadas en la larga lucha por las libertades, que no se permita que los restos del dictador se depositen en lugares que por su singularidad pueda derivarse un estatus de privilegio o de honor en Madrid.

El dictador nunca perdonó al pueblo de Madrid su heroica defensa frente al golpe de estado del 18 de julio, defensa que se sostuvo hasta el final de la guerra frente a los militares sediciosos apoyados, financiados y pertrechados por  Hitler y Mussolini.

Fue en Madrid donde el régimen franquista centralizó e institucionalizó toda la maquinaria del terror jurídico-policial para exterminar cualquier vestigio de las Instituciones Republicanas. Con el asesoramiento de las SS y Gestapo nazis (1940-1944), la Brigada Político-Social torturó, asesinó y encarceló a miles de personas resueltas a oponerse a la  sanguinaria dictadura.

El terror se apoderó del pueblo de Madrid y las cárceles habilitadas de hombres y mujeres (Porlier, Torrijos, Yeserías, Comendadoras, Conde de Toreno...) como las de Ventas y más tarde Carabanchel se llenaron de personas condenadas, muchas de ellas con la pena capital. La entonces Dirección General de Seguridad se convirtió en el centro represivo por excelencia del régimen y por sus sótanos padecieron tortura miles de hombres y mujeres madrileñas. El terror planificado pretendía silenciar cualquier tipo de oposición a la dictadura, pero pronto aparecieron focos de resistencia en las fábricas, en las universidades, entre personas de la cultura que, con su resistencia activa, convirtieron a Madrid en una de las ciudades más activas en la lucha contra la Dictadura.

Fueron esas personas, junto a los centenares de miles opositores a la dictadura de todo el Estado las verdaderas protagonistas de la lucha más heroica de la historia de España en defensa de las libertades y su restitución.

Por eso, sería una burla inadmisible, una falta de respeto a la Memoria Democrática, que se consintiera que los restos de Franco terminaran en la Catedral de la Almudena que, a ciencia cierta, se convertiría en lugar de culto para los neofascistas. Las propias redes cristianas y comunidades cristianas populares han manifestado que vendría a denigrar aún más a una Iglesia que asignó en su día el título de Cruzada a la guerra y la represión que generó el golpe militar fascista.

La mera polémica suscitada sobre su posible traslado a la Almudena confirma la triste realidad que España sigue siendo “la anomalía europea”. Somos el único estado europeo que sufrió una dictadura de corte fascista que, hasta el día de hoy, no ha asumido la Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición para con todos las y los combatientes por la libertad.

Sería impensable que en Alemania, Francia o Italia las familias de Adolf Hitler, Philippe Pétain o Benito Mussolini reclamasen ser recordados en las catedrales de Berliner Dom, de Notre-Dame o la Archibasílica de San Juan de Letrán de Roma. Irrealizable porque han sido los gobiernos de esos estados los depositarios del respeto al honor y dignidad de las víctimas del nazi-fascismo desde el fin de la II Guerra Mundial hasta nuestros días.

Incluso los restos el dictador portugués Oliveira Salazar, que colaboró en la sedición de los militares españoles el 18 de julio, yacen de forma discreta en el cementerio de su localidad natal, la parroquia de Vimeiro, sin ningún tipo de singularidad ni ornato.

Por respeto a la dignidad y al honor de todas las víctimas del franquismo en Madrid, no se puede permitir que los restos de Franco se trasladen a la Catedral de la Almudena.

Hace un año, el compañero, el amigo, el camarada Marcos Ana nos dejaba 96 años de lucha, de compromiso antifascista, de solidaridad inmensa con los presos políticos, de fraternidad con todas las causas internacionales de justicia y liberación social. Nos dejaba la poesía y la prosa que resumían su manera de entender la vida, una vida pensando siempre en las personas que más sufren, en las desvalidas y explotadas. “Si salgo un día a la vida mi casa no tendrá llaves: siempre abierta, como el mar, el sol y el aire. Mi casa y mi corazón nunca cerrados: que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire”.

Sus 23 años de encarcelamiento, lejos de doblegarlo, de reducirlo a la nada, se convirtieron en años fecundos de creatividad, de inmensa solidaridad con la lucha por la libertad que se libraba extramuros de las cárceles; en las fábricas, en las universidades, en las minas, en el campo y en el exilio. La que se libraba también en el arte y las ciencias. De la cárcel salió sin resentimientos ni sectarismo , “la única venganza a la que yo aspiro es a ver triunfantes los nobles ideales de libertad y justicia social, por los que hemos luchado y por los que millares de demócratas españoles perdieron la libertad o su vida”.

Sin él desearlo, Marcos Ana se convirtió en un referente de todas los centenares de miles de personas sin rostro, desaparecidas, asesinadas, torturadas o exiliadas por el régimen criminal franquista. Víctimas que siguen reclamando del Estado, la Verdad, la Justicia y su Reparación. Marcos Ana fue un referente también para la juventud luchadora, para todas las personas que como él, se enfrentaron y enfrentan aún hoy en día, a un sistema que castiga a las mujeres y los hombres con el paro, con salarios y pensiones de miseria, con el patriarcado y la desigualdad, con un deterioro progresivo de los servicios públicos y con una enseñanza cada vez más elitista. No faltaba a manifestación alguna, su firma estaba siempre en todos los manifiestos reivindicativos y se mantuvo hasta su último aliento comprometido con sus ideales de emancipación. “Mi pecado es terrible; quise llenar de estrellas el corazón del hombre. ” Desde la Asociación Marcos Ana queremos sumarnos en este día a su recuerdo, un recuerdo que nos ayuda a seguir luchando, a ser posible, con la misma fuerza, solidaridad y fraternidad que él dedicó durante sus 96 años. 

Antonio González Pacheco, miembro de la Brigada Político-Social de la Policía franquista y estrecho colaborador del inhumano y brutal comisario Conesa, volverá a ser objeto de querellas por torturas de parte de sus víctimas. Su compañero Conesa fue uno de los agentes más implicados en la represión, asesinatos y torturas a personas comprometidas con la resistencia antifranquista; entre sus “hazañas”, la detención de las 13 Rosas, jóvenes de la JSU asesinadas por el Régimen.

En plena persecución y exterminio de las personas implicadas en la defensa de la II República, en 1940, Paul Winzer, miembro de las SS y de la Gestapo, fue encomendado por Heinrich Himmler (Reichsführer de la Schutzstaffel, SS) para instruir a la nueva policía española, tarea que realizó hasta 1944. Por su organización, archivos, métodos de torturas para forzar confesiones y sistema de vigilancia y control, la Brigada Político-Social, desde su creación en 1941, era una réplica española de la Gestapo nazi.

Antonio González Pacheco era conocido entre los miembros de la resistencia al franquismo como “Billy el Niño”, por su gusto en enseñar la pistola de forma amenazadora en cualquier circunstancia y lugar. Durante el final de los años 60 del pasado siglo hasta 1977 fue uno de los policías más activos del Régimen en la persecución, detención y desarticulación de las organizaciones opositoras a Franco. Aunque su actuación fundamentalmente la desempeñó en Madrid, se jactaba en los interrogatorios de haber participado en la desarticulación de las huelgas del Marco de Jerez de los años 70 o en la detención de antifranquistas en el País Vasco, Asturias y Cataluña.

En aquel Madrid del Movimiento Obrero potente, del extraordinario poder de convocatoria de las Comisiones Obreras, de la permanente movilización de la Universidad contra la Dictadura y de la intelectualidad que realizaba continuos llamamientos en favor de la libertad, la amnistía y el fin de la Dictadura, es donde “Billy el Niño” desarrolló su labor como perro de presa del Régimen para intentar desarticular, detener y aterrorizar a un movimiento imparable a favor de la Libertad.

Las personas que militábamos por aquel entonces en la Universidad sabíamos del grado de “especialización” de González Pacheco en los interrogatorios a detenidos y detenidas y de su omnipresencia a la hora de proceder a detenciones o desarticulaciones.

En mi caso, siendo estudiante de la Facultad de Económicas, fui detenido la víspera de Reyes de 1970 en la Plaza de Callao por él y por un policía infiltrado en el movimiento estudiantil. Fui conducido en taxi hasta la Dirección General de Seguridad entre amenazas con matarme (en presencia del taxista) y me llevaron a los calabozos (era el único detenido en la DGS). En el consiguiente interrogatorio duro y amenazador, rodeado de policías, al negarme a contestar a sus preguntas, un Antonio González desquiciado y a gritos profería: “Aquí , en este despacho fue donde el cobarde de tu camarada Grimau se tiró por la ventana (...) y aquí es donde vas a morir tú, cabrón comunista”.

En ese momento cogió su pistola, hizo como si metiera una bala en la recamara, me puso el cañón en un costado y entre gritos me disparó “en seco”, es decir, simulando una falsa ejecución.

Era uno de los modus operandi, aterrorizar para desmoronar al detenido y conseguir la delación o la confesión. Las torturas físicas y psíquicas formaban parte de la actuación de la Brigada Político-Social en convivencia con jueces, médicos y fiscales franquistas, como forma explícita de intentar acabar con la oposición al Régimen.

Por eso, y atendiendo que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, decidí querellarme contra uno de los símbolos de la impunidad del franquismo, contra el torturador Antonio González Pacheco.

España, en este caso, la España de la impunidad de los criminales franquistas, sean policías, jueces o fiscales es, desgraciadamente, la excepción europea. Sería impensable que en Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Holanda o Noruega los verdugos fascistas no hubiesen sido procesados y sus responsabilidades, depuradas. Impensable que los Estados no hubiesen asumido su responsabilidad de garantizar la Verdad, la Justicia y la Reparación para con todas las víctimas del nazi-fascismo.

En España todavía no ha llegado ese día… pero llegará más temprano que tarde.

Algo ha tenido que ocurrir dentro del campo de la izquierda, de los movimientos pacifistas, de la intelectualidad, para que en un corto espacio de tiempo (ocho años desde la guerra de Irak a la de Libia), se produzca un cambio sobre el principio rotundo del “No a la Guerra” defendido masivamente en todos los lugares del planeta y muy especialmente en Europa Occidental durante el transcurso de la guerra de Irak.

Lo que en 2003 movió a las conciencias contra la guerra fue la oposición sin matices a intervenir militarmente para cambiar el régimen de Sadam Hussein, una intervención aplaudida por los amigos del Imperio, ávidos de hacerse con las reservas de petróleo de Irak.

Ocho años más tarde, primero en la guerra de Libia y ahora en la de Siria, pareciera como si la oposición a la guerra se matizase al presentarse esas guerras como solución para derrocar (en el caso de Gadafi, asesinar) a sus mandatarios.

Tal vez, el cambio de posición se debe a lo que se denominó como “las primaveras árabes”, las revueltas populares contra los regímenes de Ben Alí (Túnez), Mubarak (Egipto), Muamar el Gadafi (Libia), Hamad bin Isa Al Jalifa (Bahrein), y Bashar Al-Assad (Siria). Auténticas revoluciones populares que exigían la destitución de los jefes de estado y la iniciación, en algunos casos, de procesos constituyentes. Pero, esas extraordinarias movilizaciones populares se dieron de dos formas diferentes, una pacífica (Túnez, Egipto o Bahréin) y otras, al ser reprimidas violentamente, respondieron con el uso y empleo de las armas, terminando en verdaderas guerras civiles (Libia y Siria) con la intervención militar de la OTAN y de Rusia.

En estos últimos casos, los servicios de información de EEUU, del Reino Unido y Francia no dudaron en facilitar armamento a las fuerzas rebeldes, incluidas a los yihadistas, para contribuir a la derrota de esos regímenes.

En el caso de Libia, se produce por primera vez un cambio en una parte del pensamiento progresista o de izquierdas, al ver con buenos ojos la resolución de las Naciones Unidas (NNUU), que establecía una zona de exclusión aérea para, teóricamente, impedir el uso de la aviación de Gadafi contra los rebeldes, cuando en la práctica sirvió para permitir la intervención de la Fuerza Aérea de la OTAN, en apoyo del conglomerado de fuerzas rebeldes, entre ellas las yihadistas que, como bien dice Samir Amín, son aliados del imperialismo para desestabilizar regiones estratégicas.

Lo que vino a continuación es de sobra conocido, un Estado desmembrado, parte de él en manos del llamado Estado Islámico, un Estado que aparecía en los puestos más altos de los índices de Desarrollo Humano de Naciones Unidas en África. Un Estado con educación pública, alfabetizado, con atención médica asegurada, con vivienda garantizada y con tierras y vivienda gratuita para los agricultores. Pero la geopolítica del eje EEUU-Israel-Arabia Saudí, siempre con el beneplácito de la Unión Europea, aprovecharon el descontento para desestabilizar un país rico en petróleo y agua permitiendo el asesinato, previa tortura de Gadafi.

El imperialismo aprendió de la guerra de Irak y desde entonces crea hegemonía sobre lo que Jean Bricmont denuncia como Imperialismo Humanitario: la obligación de intervenir en cualquier lugar para imponer los valores de los países desarrollados de Occidente (la idea de libertad, democracia, libre mercado). Una parte del pensamiento progresista, de la izquierda, ha interiorizado esa teoría que no se argumentaba en la guerra de Irak.

La guerra de Siria, continuación de la guerra de Libia, tiene mucho que ver con el extraordinario interés geopolítico de la zona, donde está en juego y en disputa el eje Estados Unidos/Unión Europea-Israel-Arabia Saudí frente al eje Rusia-Irán-Siria. Es una lucha por la supremacía de la región y sus recursos naturales articulada en torno a actores locales.

Como telón de fondo, el yacimiento de gas más grande del mundo situado en el Golfo Pérsico (South Pars-North Dome) compartido por Irán y Qatar. En 2009, Siria se negó a firmar un acuerdo con Qatar para construir un gasoducto a través de Siria y prefirió firmarlo con Irán e Irak. Ese proyecto, conocido como “Gasoducto Islámico” será el más grande de Oriente Próximo dejando al margen a Arabia Saudí y Qatar.

Según Robert Kennedy, sobrino del expresidente norteamericano John F. Kennedy, “nuestra guerra contra Bashar al Assad no comenzó por las protestas civiles pacíficas de la Primavera Árabe en 2011”, sino en 2009, “cuando Qatar ofreció construir un gasoducto por valor de 10.000 millones de dólares que atravesara Arabia Saudita, Jordania, Siria y Turquía”.

Según Kennedy, esa negativa que tenía en cuenta los intereses de su aliado Rusia, hubiese permitido la construcción del gasoducto atravesando Líbano hasta Irán, convirtiendo a los iraníes en los mayores proveedores de gas a Europa, construcción que iría en contra de los Países del Golfo Pérsico aliados de los EEUU.

En ese contexto, la intervención de Rusia apoyando a Al-Assad se produce precisamente para garantizarse una presencia estable en una de las zonas del mundo más ricas en hidrocarburos, y el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea a las fuerzas rebeldes persiguen exactamente el mismo objetivo que Rusia. Esto es, impedir un retroceso en su influencia en Oriente Próximo con Israel y Arabia Saudí como fieles aliados. Y en el medio, el pueblo sirio, más de 160.000 muertos, y el consiguiente éxodo de 5 millones de personas desplazadas, que se hubiese podido evitar si las grandes potencias no hubiesen armado e incentivado la confrontación civil.

El “NO a la Guerra” sigue siendo absolutamente necesario, sin matices, sin recelos. ¿Acaso Sadam Hussein era menos déspota que Muhamar el Gadafi o que Bashar Al-Assad?

El nuevo Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump está tocando tambores de guerra a los que habrá que responder de norte a sur y de este a oeste con un fuerte, claro y preciso: “NO A LA GUERRA”.

Una dirección del PSOE que tímidamente comenzó a poner en cuestión aspectos importantes de la acción bipartidista –con, sobre todo, su voluntad de explorar un gobierno alternativo, de cambio– fue la señal de alarma para que todo el aparato orgánico del Bipartidismo se pusiese en marcha para abortar semejante "marrullería"

La fórmula que ha garantizado la hegemonía desde 1977 del actual Modelo Productivo y por tanto de modelo de sociedad, el Bipartidismo Monárquico, ha gobernado España en alternancia del PSOE y PP desde 1982, año que es derrotada la UCD por el PSOE del entonces candidato Felipe González. Esa alternancia se producía sobre la base de compartir aspectos muy importantes de la política llamada 'de Estado': relaciones exteriores, seguridad, defensa y un acuerdo central en relación a la orientación neoliberal de la Unión Europea que basa la desregulación económica en el eje central de la acumulación de capital, a costa del trabajo y del modelo social para el bienestar de las personas.

La reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, impuesta por la UE al gobierno de Zapatero y apoyada por el PP desde la oposición, que da prioridad al pago de las deudas del Estado antes que al cumplimiento de los derechos sociales, fue la constatación más clara del alcance del acuerdo de principios al que el PP y PSOE llegaron en las distintas legislaturas para garantizar el desarrollo del actual modelo productivo depredador para el empleo y los derechos de la ciudadanía.

El Bipartidismo, al compartir una misma visión del Modelo de Estado (Monarquía), de la Defensa y Seguridad (OTAN), del desarrollo de la Unión Europea y sus Tratados, de la Política austericida de la Troika, se aseguraba a través de la alternancia en el poder, una continuidad de los poderes económicos que son al fin y al cabo los que dirigen al día de hoy, desde sus Consejos de Administración, el verdadero Gobierno de España. El Bipartidismo se convertía en sí mismo en un ente, con su organicidad y sus aparatos de influencia para garantizarse siempre una hegemonía social, que no pusiese en peligro la acumulación y concentración de capital para las élites, para desarrollar y contribuir al gobierno conjunto de la UE y para sostener a la monarquía como Modelo de Estado.

Esa organicidad contaba y cuenta con actores fundamentales dentro de ambos partidos, de empresas influyentes, de medios de comunicación, de “creadores de opinión”, de la mayoría de los Consejos de Administración de las principales empresas españolas y de una parte importante del pensamiento que se reproduce y se enseña en el mundo académico.

Gracias a esa unidad orgánica y a esa hegemonía, consiguieron superar situaciones tremendamente delicadas para su ideario como la abdicación del Rey o las contestaciones masivas y activas de la ciudadanía contra la política austericida: la aparición del 15 M, las Huelgas Generales, las Marchas por la Dignidad, la defensa de los servicios públicos, que fueron la respuesta de la inmensa mayoría de la sociedad a los planes impuestos a nuestra soberanía nacional por parte de la Troika, con el beneplácito y ejecución del Bipartidismo Orgánico, que evitó que el actual Sistema se pusiera en jaque ante el mayor envite social desde el inicio de la democracia representativa.

Como consecuencia de todo ello, tras conocerse los resultados de las dos últimas elecciones generales, donde por primera vez, la suma de PP y PSOE no garantizaba la gobernabilidad de su Modelo Económico y de Estado, y ante una dirección del PSOE que tímidamente comenzó a poner en cuestión aspectos importantes de la acción bipartidista, como la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, su determinación a no permitir la investidura de Mariano Rajoy y sobre todo, su voluntad de explorar un gobierno alternativo, de cambio, fue la señal de alarma para que todo el aparato orgánico del Bipartidismo se pusiese en marcha para abortar semejante “marrullería”.

En su sala de máquinas, Felipe González, José Manuel García-Margallo, Juan Luis Cebrián, representantes de las principales empresas, la Banca, la Casa Real, comenzaron a diseñar el acoso y derribo del secretario general del PSOE que tuvo la osadía de poner en cuestión la permanencia del Bipartidismo Orgánico que tan buenos y sustanciosos beneficios reportó a las élites, las que mandan.

Y desataron un ataque mediático obsceno a través de sus empresas de comunicación que, curiosamente, a la cabeza de los máximos improperios se destacó El País, que dedicó calificaciones más duras que el ABC, El Mundo o La Razón.

“Marrullería de un dirigente contestado”, “un insulto a la inteligencia”, “secuestrador del PSOE”, fueron las palabras utilizadas por el País, que por su virulencia fueron criticadas por el propio Comité de Redacción.

En ese ataque premeditado y planificado se trataba de desacreditar cualquier fórmula alternativa al gobierno de Mariano Rajoy, “Gobierno Frankenstein” para, de forma obscena, ocultar que constitucionalmente es factible y por supuesto deseable, un gobierno plural alternativo al Partido Popular, al ser mayoría los electores opuestos a la reedición del gobierno del PP. Un ataque que dirigió toda su artillería al Comité Federal del PSOE para impedir a toda costa las pretensiones de su secretario general de no facilitar la investidura de Mariano Rajoy y su idea de trasladar a los afiliados del PSOE la decisión última sobre dejar gobernar o no al PP.

En ese ataque frontal han conseguido al día de hoy descabezar al PSOE, dividirlo como nunca desde la transición y hacer más difícil un gobierno alternativo. Es muy seguro que no todas las personas del Comité Federal que se opusieron a las propuestas de Pedro Sánchez se consideran proclives al Bipartidismo, pero las consecuencias prácticas son las que interesan a los “ingenieros orgánicos” del Bipartidismo como Felipe González, José Manuel García-Margallo o Juan Luis Cebrián, estas son, dejar gobernar a Mariano Rajoy para dar continuidad a un Modelo Productivo que garantiza la continuidad de a las élites, y la oligarquía, que conforman el auténtico gobierno de España.