Dice el refranero popular que “en abril, aguas mil”, pero este año, “el agua de abril cabe en un barril”. No llueve nada. En algunos puntos de España y sobre todo en Andalucía, llevamos más de 120 días sin que haya caído una sola gota de agua. Además, como predijo la Agencia de Meteorología, AEMET, tenemos temperaturas propias de julio en abril, entre 5 y 10 grados más de lo normal en la mayor parte del territorio y en Andalucía rondan los 40 grados.

Hasta aquí, la preocupante situación en la que nos encontramos. Y cuando las administraciones deberían estar preocupadas y mostrar una responsabilidad máxima, Moreno Bonilla y Feijóo se enrocan en la arrogancia y en el negacionismo climático; con Vox como único aliado.

Moreno Bonilla siente pasión por la ultraderecha, no hay que olvidar que fue el primero que pactó en España con ellos. Ante la petición de Vox de ampliar regadíos en el entorno de Doñana ha dicho que sí, todo sea para que no se enfaden y para facilitar los pactos con ellos tras las municipales y, de paso, con la idea de conseguir un puñado de votos.

Está engañando a los regantes porque el agua no existe, pero eso le da igual. Está rechazando las advertencias de los científicos del CSIC que advierten que Doñana está en estado crítico al desaparecer más de la mitad de las lagunas, pero eso le da igual. No hay ningún informe técnico que avale esta iniciativa, pero esto le da igual. No escucha las advertencias de la Comisión Europea que habla de una multa millonaria para España, pero eso también le da igual.

En Bruselas

Sr. Moreno Bonilla, con una sequía extrema, con el acuífero en sus niveles más bajos y con los embalses a un 25% de su capacidad, ¿con qué agua dice usted que se va a regar? Y si riega obteniendo agua del entorno ¿de verdad piensa que no va a afectar a Doñana? No nos tome el pelo a los andaluces.

Europa ha avisado de una multa millonaria. De hecho, ha enviado una carta al Gobierno español alertando de que en caso de prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos anunciados, sería “una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia” de junio de 2021. Una multa millonaria que tendríamos que pagar los españoles. Sr. Moreno Bonilla ¿y por qué no la paga usted de su bolsillo?

El consejero de medio ambiente andaluz el pasado lunes se reunió con la Comisión Europea para abordar la iniciativa de PP y Vox sobre Doñana y recibió una bofetada política en toda regla, porque desde Europa le explicaron muy claro que dicha iniciativa iba en contra de lo dictado por la Justicia Europea y que deteriora el Parque Nacional.

 Previamente, el domingo, Moreno Bonilla ante las preguntas de una periodista, sacó toda su soberbia y le preguntó a ella si se había leído los 25 folios de la ley y “¿qué decía el artículo 5?”. Pero resulta que él ni siquiera se había leído su Ley, porque ni existía el artículo 5, solo tiene 4 artículos; ni tenía 25 folios, sino 20. Toca preguntarse ¿quién está al volante en la Junta de Andalucía?

El presidente Pedro Sánchez ha visitado el Parque Nacional y lo ha dicho alto y claro: “Doñana no se toca” y lo ha vuelto a repetir el martes en el Senado en su debate con Feijóo. Y el portavoz socialista en el parlamento andaluz y secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha dicho que el Sr. Moreno prometió la “legislatura del agua”, pero acabará siendo la de la sequía, y que el Gobierno andaluz del PP provocará un enorme daño a Doñana y a Andalucía. “Sr. Moreno, mójese y explique de dónde va a sacar el agua que le ha prometido a los regantes?”, ha dicho.

La irresponsabilidad de Moreno Bonilla está siendo cuestionada hasta en los medios internacionales. Así, The Washington Post se ha hecho eco del plan de PP y Vox en Doñana. Además, Supermercados europeos y marcas como Aldi, Lidl, Sainsbury´s o Tesco exigieron ya el año pasado a Moreno Bonilla que frene su idea que desprotege la reserva natural, lo que puede afectar a corto y medio plazo a las exportaciones agrícolas andaluzas.

El Ministro de Agricultura, Luis Planas, ha mostrado su preocupación por el daño de la imagen que puede suponer la iniciativa de PP y Vox respecto a la exportación de frutos rojos y en general de las frutas y hortalizas de España y particularmente en Andalucía en los mercados exteriores. De hecho, España exporta frutos rojos por un importe de más de 1.500 millones de euros de media, de los que una tercera parte corresponden al mercado alemán que puede resultar afectado por esta irresponsable iniciativa de Moreno Bonilla. Pero es que, además, todo esto dañará la imagen turística de Andalucía y afectará negativamente al empleo y a la riqueza económica de nuestra tierra.

El Parque Nacional de Doñana, con una superficie total de 54.252 hectáreas y una zona periférica de protección de más de 74.000, es Patrimonio Mundial de la UNESCO, constituye un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única. Destaca por su alto valor ambiental las marismas y las lagunas, esenciales como lugar de paso, cría e invernada para miles de aves. Allí viven especies únicas y en peligro de extinción, entre las que destacan el águila imperial y el lince ibérico.

El PP ya se cargó el Mar Menor y ahora va a por Doñana, un emblema de Andalucía y de España y un referente mundial del medio ambiente. Sr. Moreno Bonilla deje de mentir a los agricultores, deje de deteriorar la imagen de Andalucía, deje de dañar a nuestro medio ambiente y permita que nuestros hijos y nietos puedan seguir disfrutando de nuestro patrimonio natural y de la joya ambiental más importante de Europa que es Doñana.

El Gobierno de Moreno ha desviado 243 millones de euros de la sanidad pública a la sanidad privada. En Andalucía es la primera vez en la historia que se pone precio a la sanidad pública con el objetivo de que las empresas privadas hagan negocio.

Son contratos a dedo, sin control, ni publicidad o concurrencia competitiva con clínicas y hospitales privados. Unos contratos, que por cierto, siguen vigentes en la actualidad -hasta el 30 de junio de 2023-, dos años después de que quedase derogado el marco legal extraordinario habilitado por el Gobierno de la nación para hacer frente a la pandemia. Se trata de una información destapada y publicada por elDiario.es Andalucía.

Y aunque el presidente andaluz ahora trate de restarle importancia e intente escabullirse, debe aclarar, y cuanto antes, ante la ciudadanía todas estas adjudicaciones “de emergencia” a empresas sanitarias privadas durante dos años en lugar de destinar todos estos recursos a fortalecer la sanidad pública.

Hay quien piensa que todo este deterioro en la sanidad pública se soluciona haciéndose un seguro privado; creen que con poner un dinerito todos los meses ya está arreglado. ¿Y si no tienes dinero para poder pagarlo?

243 millones de euros es mucho dinero. Con esta cantidad se podrían haber contratado 4.800 médicos de primaria o 7.000 sanitarios para reforzar la sanidad pública, pero el presidente andaluz del PP optó por destinar todos estos recursos a la privada. Mientras, al mismo tiempo, echaba a la calle a 8.000 sanitarios andaluces y recortaba la productividad para el resto del personal sanitario.

Desde el PP andaluz tratan de justificar lo injustificable argumentando que estos 243 millones desviados a la sanidad privada fueron para reducir las listas de espera. ¿Por qué insultan la inteligencia de los andaluces? ¿A qué listas de espera se refieren? Hoy más del 10% de los andaluces están en lista de espera, concretamente hay 843.945 personas. Si hablamos de listas de espera quirúrgica, Andalucía es la segunda región con los datos más elevados, 136.000 pacientes andaluces esperando a una operación, con un tiempo medio de espera que alcanza los 110 días.

La realidad es que Juanma Moreno siempre ha tenido muy claro que iba a deteriorar la sanidad pública para favorecer el negocio de la privada. Buena muestra de ello lo constituyen la derivación de fondos públicos para estos contratos a dedo de muy dudosa legalidad, pero son múltiples los ejemplos. Tanto es así que recientemente conocíamos una estadística sobre que la Atención Primaria sanitaria es la peor valorada de toda España.

 Andalucía junto a Madrid son las comunidades donde menos se invierte per cápita en sanidad pública. A esto se une que al cargarse Juanma Moreno la subasta de medicamentos, se ha disparado el gasto farmacéutico, lo que se ha compensado con más recortes para la sanidad pública. Además, un millón de pacientes fueron derivados a la sanidad privada en 2022, cinco veces más de lo presupuestado. Pero no queda aquí la cosa, sino que el presidente andaluz del PP acaba de aprobar el marco para derivar las consultas de atención primaria a empresas privadas y fijar el precio de cada cita médica, que costará entre 65 y 150 euros a las arcas públicas; eso sí, mientras, baja los impuestos a los millonarios.

Hay quien piensa que todo este deterioro en la sanidad pública se soluciona haciéndose un seguro privado, como el que ya tienen un 40% de los madrileños o uno de cada cinco andaluces; creen que con poner un dinerito todos los meses ya está arreglado. ¿Y si no tienes dinero para poder pagarlo?

Con los recortes en la sanidad pública se restringen pruebas complementarias y hay una importante pérdida de seguimiento de la salud en pacientes crónicos

Pero es bueno saber que, aunque lo tengas, una buena sanidad pública debe seguir importándote. Tanto es así que hace unos días conocimos un Estudio de la Universidad de Oxford que concluye que privatizar la sanidad trae como consecuencia un aumento de la mortalidad.

La sanidad privada da respuesta cuando se trata de cuestiones menores no excesivamente complicadas, pero cuando se trata de operaciones de importancia, rápidamente la privada deriva el paciente hacia la pública. ¿O en esto no hemos pensado?

Con el deterioro de la pública hay menos acceso a los tratamientos, hay menos intervenciones quirúrgicas, se reducen transplantes, hay importantes restricciones en material ortoprotésico (sillas de ruedas, muletas, plantillas, camas articuladas…), hay menos profesionales sanitarios, lo que provoca que se cierren plantas de hospitales y unidades quirúrgicas; y reduce el número de camas hospitalarias, lo que trae aparejado que se den altas precoces y que el paciente salga del hospital antes de tiempo.

 Pero hay mucho más. Con los recortes en la sanidad pública se restringen pruebas complementarias y hay una importante pérdida de seguimiento de la salud en pacientes crónicos. A lo que se suma la falta de contrataciones, que no se cubran bajas ni jubilaciones, lo que provoca la extenuación de muchos profesionales sanitarios que se están marchando en miles de casos a otras Comunidades o incluso a otros países, buscando mejores condiciones laborales y salariales.

Se han abandonado las reformas y dotación de consultorios en los pueblos, solo han aprovechado los recursos aportados por el Gobierno de Pedro Sánchez para la lucha contra la Covid en los grandes municipios. El PP andaluz ha dejado abandonados sanitariamente a los pequeños pueblos de Andalucía.

Con Juanma Moreno la sanidad de los andaluces cada día está dependiendo más de la cuenta corriente, porque para él, la sanidad no es un derecho, sino un negocio. Frente a ello, el Portavoz socialista en el Parlamento y Secretario General del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, defiende una sanidad pública, universal, digna, de calidad y gratuita. Ahora que se acercan unas elecciones municipales los ciudadanos y ciudadanas tenemos que elegir alcaldes y alcaldesas que defiendan nuestra sanidad pública, que no miren para otro lado y que no sean cómplices.

Rajoy se aprovechó de la crisis para hacer recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales y desde hace algunos años va a por las pensiones. La derecha sabe que aquí hay un buen negocio para los fondos privados y un camino para debilitar el Estado del Bienestar hasta tal punto que su recorte puede hacer saltar por los aires el pacto intergeneracional basado en el principio de que los trabajadores y trabajadoras de hoy contribuyen al pago de las pensiones de hoy con la promesa de que los que vengan harán lo propio por las suyas.

Como siempre los que tienen dinero tendrán unas buenas pensiones y lo que no lo tengan pasarán a engrosar la cada día más preocupantes cifra de personas en riesgo de pobreza o la pobreza misma. La herencia que nos quiere dejar el PP es toda una vida trabajando para no tener ni siquiera una pensión digna y decente.

Nuestros mayores son hoy, un 20% más pobres que cuando el PP llegó al Gobierno, les ha subido todo: el IVA, el IBI, la luz, el gas, el teléfono. Además, con la implantación del copago tienen que pagar por primera vez por sus medicamentos. Esto ha permitido a Montoro recaudar ya 5.500 millones de euros del bolsillo de nuestros pensionistas. Se está demostrando que la reforma fiscal la están pagando, en buena medida, los pensionistas.

Pero además en 2012 retiraron del Sistema Nacional de Salud más de 400 medicamentos, los cuáles han subido de precio en cinco años un 75%. Sólo esto supone para nuestros mayores un gasto cada mes que ronda los 50 a 100 euros.

Todo ha subido menos las pensiones, que sólo crecen un miserable 0,25%, año tras año, lo que supone en el caso de las pensiones más bajas, las mínimas, las que cobran 2 millones y medio de españoles, aumenten poco más de un euro al mes. ¿Cómo se puede vivir con 600 euros teniendo que pagar luz, agua o teléfono?

La inflación sube mucho más que las pensiones, un 1,6% más en 2016 y un 1,1% en 2017. Por ello, de media los pensionistas han perdido en sólo dos años casi 600 euros de poder adquisitivo.

Con los gobiernos socialistas, las pensiones mínimas subieron todos los años; de media un 7% al año, veintiocho veces más que con Rajoy. Y el resto de pensiones nunca, absolutamente nunca, crecieron por debajo de la inflación. Los números no mienten, el PP sí.

La única herencia que dejó un Gobierno socialista a Rajoy fue más de 70.000 millones en la hucha de las pensiones, los cuales este Gobierno del PP ha esquilmado. Y Rajoy ha tenido que pedir un crédito extraordinario de 15.000 millones de euros para poder pagar las pensiones.

Además, este Gobierno del PP ha dejado sin una pensión digna a 163.000 cuidadoras familiares de la Ley de Dependencia, a las que ha quitado la Seguridad Social y ha perseguido como si fueran delincuentes a los pensionistas emigrantes retornados mientras aprobaba amnistías fiscales para los grandes defraudadores de este país.

Los socialistas queremos pensiones dignas para ahora y también para el futuro. El FMI ha asegurado que los que se jubilen ahora perderán un 30% de poder adquisitivo a lo largo de su prestación, hay otro informe económico que señala en 2050 la mitad de los pensionistas estarán en riesgo de exclusión social.

A ello se une otro informe, el de la OCDE. ¡Cómo habrá visto la OCDE el porvenir de las pensiones para decir que se incrementarán las desigualdades entre los futuros pensionistas y que vivirán mucho peor!

Por culpa de Rajoy, por dos cuestiones obvias: su reforma laboral y su reforma de las pensiones. La mitad de los jóvenes están en paro y los que tienen empleo es empleo precario y con salarios miserables, y vivirán peor que sus padres, lo dice la OCDE. Subir un 0,25% la pensión cuando la inflación sube mucho más es sencillamente indecente. Los socialistas exigimos derogar las dos reformas y buscar financiación que garantice un buen sistema público de pensiones.

El único partido que ha hecho una propuesta seria y concreta en materia de pensiones ha sido el PSOE, volviendo a ligarlas al IPC. Exigimos la suficiencia y la dignidad de éstas y planteamos entre otras cuestiones un impuesto a la banca. Los ciudadanos de este país tuvieron que rescatar a los bancos y ahora le toca a los bancos ayudar y colaborar en garantizar el futuro de las pensiones.

El FMI recomienda al Pacto de Toledo que tome decisiones cuanto antes y que proponga actuaciones concretas porque el futuro de las pensiones está en juego. Pero Rajoy siempre lo tuvo claro, él apostó por una privatización en educación, en sanidad y en pensiones, y ya han dicho lo que van a hacer también este año: más recortes, más recortes en educación, en sanidad, en protección social y también en pensiones.

Nuestros mayores son hoy mucho más pobres que hace seis años. Les ha subido todo, el IVA, el IBI, el recibo de la luz, este año ha aumentado un 12% y hasta el gas, que lo ha hecho un 4,5%.

Con el Gobierno del PP por primera vez la historia, nuestros mayores han tenido que pagar por sus medicamentos, aunque el Gobierno no quiere aclarar la cantidad, ronda los 5.500 millones de euros. 

Pero aún peor, han quitado 417 medicamentos del Sistema Nacional de Salud. Los cuáles han multiplicado hasta por 3 su precio en poco tiempo. Un simple resfriado supone ahora para los jubilados un gasto de 50 euros, mientras que cuando gobernábamos los socialistas no les costaba nada.

Todo crece menos las pensiones, que pierden poder adquisitivo, de hecho las más  bajas suben poco más de un euro al mes, una auténtica miseria. ¿Cómo se puede vivir con 600 euros al mes, teniendo que pagar agua, luz o teléfono?

Los socialistas, frente a la machacona demagogia del PP, todos los años subimos las pensiones más bajas, un 7% al año de media, 28 veces más de lo que lo sube Rajoy y también todos los años revalorizamos las pensiones en función del IPC. Nunca nuestros mayores perdieron poder adquisitivo.

La única herencia de los socialistas le dejamos a Rajoy fue una hecho de las pensiones con 70.000 millones de euros, que este Gobierno ha dilapidado año tras año.

El FMI dice que el que se jubile ahora va a perder un 30% de poder adquisitivo a lo largo de su prestación. A ello se unen otros informes económicos que apuntan que la pensión mínima actual que es de 634 euros, en 2050 se quedará en 445,2 euros. Otro estudio señala que el 50% de los jubilados estará en riesgo de pobreza en 2060.

Pero posiblemente el que ha hecho saltar las alarmas, ha sido un reciente informe de la OCDE, un organismo que no se caracteriza por ser especialmente de izquierdas. ¿Cómo habrá tenido que ver el porvenir de las pensiones en nuestro país para asegurar que habrá más desigualdad entre los futuros pensionistas y que éstos vivirán mucho peor.

El culpable se llama Rajoy por dos motivos: su reforma laboral y su reforma de pensiones.

La mitad de los jóvenes de nuestro país están en paro y los que tienen un trabajo, es empleo precario y con salarios miserables. De hecho nuestros jóvenes vivirán peor que sus padres, según la OCDE.

Por otra parte, una subida de sólo el 0,25% cada año de las pensiones, cuando la inflación sube mucho más, representa un pérdida todos los años de capacidad económica para nuestros mayores.

El de la revalorización de las pensiones de un 0,25 ha supuesto para el Estado un coste de 200 millones, pero sólo el copago farmacéutico y el medicamentazo ha supuesto para el bolsillo de nuestros pensionistas un total de 5.500 millones. Queda claro que nuestros mayores pierden y mucho.

Pero Rajoy apostó desde el primer día por la privatización en la educación, en la sanidad y en las pensiones. Hay mucho negocio con los fondos privados de pensiones, debe pensar el PP.

Y el próximo año, ya se ha anunciado, que volverán los recortes, más recortes en educación, en sanidad, en protección social y más recortes también en pensiones.

La actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020 que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea, propone mantener el gasto público en pensiones en un 11,8% para los próximos años, sin tener en cuenta que va a haber 6 millones de pensionistas más. En España tenemos 3 puntos menos de gasto en pensiones que en el resto de la Unión Europea.

El FMI ha recomendado al Gobierno que el Pacto de Toledo tome decisiones cuanto antes, que proponga actuaciones concretas, porque las pensiones del futuro están en juego.

Los socialistas exigimos que se derogue la reforma de las pensiones que condenan a los pensionistas a la pobreza. Pedimos revalorizar las pensiones conforme a la previsión de inflación y acabar con las reducciones, tarifas planas y exenciones que repercutan en los fondos de la Seguridad Social y abonar estas políticas activas de empleo con cargo a la fiscalidad general.

Esperamos un acuerdo, un pacto por la sostenibilidad y la suficiencia. Queremos el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones y la garantía de unas pensiones dignas y suficientes, periódicamente actualizadas y preservadas con medidas que aseguren el equilibrio financiero de dicho sistema.

Los socialistas queremos pensiones dignas para hoy, pero también queremos pensiones dignas para el futuro. 

El próximo curso más de 30.000 alumnos andaluces y sus familias tendrán más fácil continuar sus estudios universitarios en los nueve campus públicos de la comunidad gracias a que el Gobierno de Andalucía bonificará hasta el 99% del coste de sus matrículas.

Una vez más, los hechos demuestran que, mientras a algunos se les llena la boca al hablar de patriotismo o de derechos para todos, otros aplican las políticas necesarias para  lograr que nadie quede relegado de alcanzar sus objetivos por culpa de su situación económica.

Fueron los gobiernos socialistas de Felipe González, en la década de los 80, los que consiguieron que la universidad pasara de estar al alcance de unos pocos a facilitar el paso a esta educación superior a todas las personas con capacidad y voluntad de seguir sus estudios universitarios.

Gracias a esos gobiernos y con el esfuerzo solidario de toda la sociedad, España consiguió superar un retraso histórico y alcanzar al grupo de países europeos con una mayor proporción de estudiantes universitarios. Ese fue uno de los grandes retos que la socialdemocracia se fijó como objetivo de Estado para nuestro país y que salió adelante junto con la universalidad de la sanidad, las pensiones y la educación no universitaria.

Con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se consiguió alcanzar el objetivo previsto en cuanto a porcentaje de titulados superiores en el grupo de edad entre 30 y 34 años.

Pero los gobiernos de la derecha han venido a demostrar que los avances conseguidos pueden ponerse en riesgo con facilidad y que hay que seguir luchando, día a día, por mantener los derechos y profundizar en su desarrollo.

Prueba de ello es que, con el Gobierno de Rajoy se interrumpió bruscamente la mejora alcanzada y miles de personas tuvieron que abandonar sus estudios o ni siquiera pudieron acceder a ellos.

La falta de oportunidades para nuestra juventud, para quienes investigan, para quienes se dedican a la docencia universitaria, ha frustrado las carreras investigadoras de miles de personas y ha obligado al exilio económico a muchos de nuestros jóvenes.

Los socialistas creemos firmemente que en una sociedad basada en el conocimiento, las universidades son y serán aún más en el futuro, un motor por el desarrollo inteligente y sostenible.

Por ello no se pueden poner trabas a las familias y a sus hijas e hijos para que puedan alcanzar los objetivos universitarios que se propongan. Con las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Susana Díaz, se blinda la igualdad de oportunidades para todos, con independencia de los ingresos que tengan los que quieren estudiar o sus familias. Y, al tiempo, se premia el esfuerzo, la voluntad y la capacidad para adquirir conocimientos y aprovechar la gran oportunidad que la sociedad en su conjunto pone al alcance de nuestros jóvenes.

Para ofrecer esta, en la práctica, gratuidad de las matrículas, el Gobierno andaluz ha tenido que sortear, una vez más, los obstáculos que el Ejecutivo de Rajoy ha ido poniendo en estos años para dificultar el acceso a la universidad. Y con esta medida, Andalucía se convierte en la comunidad española que más facilidades da para cursar estudios universitarios y se acerca a los países europeos que tienen un modelo casi gratuito como Alemania, Finlandia, Escocia o Austria.

A pesar de la crisis, Andalucía es una de las comunidades autónomas donde menos se han incrementado las tasas universitarias. Y, mientras el Gobierno Rajoy ha recortado en becas e incluso reclama devoluciones a miles de estudiantes, el Gobierno andaluz sigue apostando por la mejora de la educación, en todos los niveles, por el incremento de las becas y, como ahora se demuestra, por las matrículas casi gratuitas como verdadera garantía de la igualdad de oportunidades.

Medidas como estas son las que hacen grande a un país. Porque hacer país no es otra cosa que facilitar la vida de sus habitantes, brindarles las oportunidades, con independencia de su situación económica, y garantizarles oportunidades de futuro. El futuro de un país está en su gente y el acceso al conocimiento es el mejor camino para garantizar un mejor porvenir colectivo.

Está siendo el inicio de año con más víctimas por violencia de género de la última década. Con las muertes ocurridas en los tres últimos días ya son 15 las mujeres fallecidas en España en lo que va de año y se investiga, además, si también la muerte de una mujer de 50 años en Redondela (Pontevedra) en la explosión de su vivienda es un caso de violencia de género. Cada cuatro días, una mujer muere por violencia machista.

No es soportable para una sociedad ni una sola víctima, así que estas cifras además de dolor deben provocar una reacción inmediata de los poderes públicos porque los sistemas de protección están fallando, como primera conclusión a la vista de los casos concretos de los últimos días. Estas disfunciones del sistema de protección deben ser resueltas a la mayor celeridad posible, con un firme compromiso del Gobierno de España, las fuerzas de seguridad y la Justicia. Por ello el grupo del PSOE en el Congreso ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno ante la Subcomisión del Pacto con la Violencia de Género. Es la persona responsable de esa coordinación.

Si importante son las medidas correctoras en términos de coordinación policial, judicial y política para acabar con los errores y fallos en la protección a las víctimas, igual lo es que la ciudadanía en general, y las mujeres, perciban que el Gobierno entiende y comparte la gran preocupación social, pero sobre todo, la conmoción y el dolor colectivo que causan estos casos, mujeres asesinadas brutalmente, niños que quedan huérfanos o asesinados para desgarrar las vidas de sus madres, familias desgarradas para toda la vida. Esperemos que el Gobierno atienda una reclamación que une las voces del movimiento feminista, las asociaciones de víctimas y contra la violencia de género y las personas expertas en la materia.

La protección a la víctimas es urgente e inmediata. Cerrar la brecha de desigualdad, acabar con un modelo social y alumbrar una convivencia educadora en los valores de la igualdad son los objetivos a medio y largo plazo. Y contra eso, un análisis de más calado nos permite afirmar que las políticas de recortes y de cambio de las competencias en materia de igualdad han tenido un efecto negativo en la protección de las víctimas y en la lucha contra la desigualdad.

El Gobierno de Rajoy ha recortado un 27% con respecto a los Presupuestos de 2011 en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de Género. En España ha crecido un 23%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, y éstas son fundamentalmente mujeres y jóvenes. Se han perdido más de 250.000 puestos de trabajo femeninos. En el sector público la destrucción de empleo femenino alcanza el 72%. Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina. Tras la reforma laboral se han perdido 183.00 empleos, de los cuales, el 60% del empleo asalariado es de mujeres. La pérdida de empleo femenino triplica la pérdida de empleo masculino.

¿Por qué son relevantes estas cifras en materia de violencia? Porque la dependencia económica es un caldo de cultivo de esa violencia y solo la emancipación económica asegura mujeres realmente libres e iguales.

Amelia Valcárcel, filósofa y consejera de Estado, se preguntaba ayer en Twitter: “¿Acaso es la violencia el mayor problema de las mujeres? Radicalmente no. Pero ella asegura el orden que origina casi todos sus problemas”. La violencia tiene una o varias víctimas, un crimen inmediato. Sin embargo, la violencia petrifica un modelo social de desigualdad, el germen de los problemas de la mujer en la sociedad. De ahí que la violencia de género sea un asunto de estado. Así lo consideramos los socialistas, de ahí nuestra presión política en todos los frentes para que sea una realidad ese Pacto de Estado, no solo por el acuerdo político en sí, de unir a todas las fuerzas y asumir la cuestión como prioritaria al máximo nivel, sino principalmente por la aplicación de medidas y, sobre todo, la reversión de otras que han contribuido a una mayor desigualdad.

Las y los socialistas tenemos claro que ese pacto debe avanzar esta legislatura porque no hay más tiempo que perder y la debilidad parlamentaria del Partido Popular debe obligarlo a replantear decisiones que han representado grandes pasos atrás en la igualdad real entre hombres y mujeres.

Hay quien da por cumplido su cometido en política denunciando injusticias y lanzando grandes soflamas que se ajustan a lo que algunos quieren oír.

La izquierda en la que milito desde mi juventud siempre ha luchado por buscar conquistas sociales y alcanzar, peldaño a peldaño, los logros del estado de bienestar que ahora disfrutamos como sanidad, educación, pensiones o dependencia.

¿Es suficiente? No. Seguimos trabajando para consolidar y mejorar estos derechos. No hay descanso para pensar de dónde sacar el presupuesto para sostener estos servicios cuando estamos en el Gobierno o en buscar fórmulas de acuerdo y de presión para hacerlo cuando estamos en la oposición.

Hay quienes nos acusan de no haber hecho nada por no haberlo hecho todo. Pero los socialistas seguimos, como diría Simeone, “partido a partido” que es la única fórmula eficaz y efectiva para seguir mejorando la vida cotidiana de la gente.

Mientras otros practicaban la política de la casta gestual, nosotros hemos demostrado que las soluciones se van consiguiendo paso a paso. Y ahí están los resultados en el último mes: hemos iniciado la demolición de la Reforma Laboral del PP que tanta injusticia ha traído a los españoles. Hemos conseguido paralizar la LOMCE y reunir a todos para conseguir una reforma consensuada con todos. Hemos negociado la mayor subida de una sola vez del Salario Mínimo en 30 años. Y, por ejemplo, hemos alcanzado un acuerdo parlamentario para derogar la Ley Mordaza.

Cuando los Ayuntamientos aprovechen el acuerdo conseguido por el PSOE para flexibilizar la regla de gasto y, los que tengan superávit, puedan dedicar dinero a inversiones productivas, los ciudadanos se beneficiarán de esta medida.

Y también se beneficiarán los cientos de miles de trabajadores subcontratados que, gracias a la iniciativa parlamentaria de los socialistas, se modifica la Ley para que ganen lo mismo que los de plantilla, tengan las mismas condiciones de contratación, el mismo tiempo de trabajo y descanso e idénticas condiciones en materia de igualdad, protección a la maternidad, lactancia, paternidad y protección frente a riesgos laborales que los trabajadores contratados por una determinada empresa.

Cuando el viento se lleva las frases grandilocuentes y arrastra los pasquines del suelo tras la enfervorecida manifestación, los socialistas seguimos trabajando para conseguir medidas útiles que beneficien realmente a los ciudadanos.

En las últimas horas hemos arrancado al Gobierno actuaciones concretas para proteger a las familias en situación de pobreza energética severa. Hemos conseguido que actúe para prohibir los cortes de luz a las familias en situación vulnerable y que el coste de estas medidas las paguen las comercializadoras eléctricas sin que supongan cargo alguno para los presupuestos públicos.

Los socialistas llevamos meses denunciando esta situación que afecta (como este diario relataba recientemente) a más tres millones de personas en el último año.

Han sido múltiples las iniciativas presentadas en el Congreso de los Diputados para ofrecer medidas de protección a los consumidores ante el sobreendeudamiento, la pobreza energética y, sobre todo, la situación en la que estaban cientos de miles de niños ante el drama que padecen sus familias al no poder hacer frente al pago de los suministros de energía.

El debate era entre la estética de escenificar nuestra preocupación de manera altisonante como hacen otros –pero sin conseguir nada productivo– o atender a la ética de la responsabilidad para buscar soluciones efectivas a esta situación.

Está claro que, mientras otros debaten, nosotros hemos propiciado medidas para atajar el problema del frío que sufren más de 5 millones de personas en España. Hemos conseguido una tregua social que impida los cortes de luz a las familias vulnerables.

En los últimos cuatro años la electricidad ha subido un 73% y el gas un 67%. Eso ha llevado a que 1 de cada 5 personas sufra pobreza energética en España sin que el Gobierno del PP hubiera mostrado sensibilidad alguna para atajar el problema.

Los socialistas creemos que es una obligación de los poderes públicos actuar de forma urgente ante este problema acuciante. Y más cuando la bajada de las temperaturas no entiende de plazos de negociación entre partidos políticos.

Contra el frío no servía con acudir a la estética. Una vez más, los socialistas hemos actuado con la ética de la responsabilidad a la que estamos comprometidos con los ciudadanos, especialmente con los más débiles.

Y hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno (el que tiene la capacidad ejecutiva de aplicar las medidas) para actuar ya contra esta lacra que, según los últimos estudios, está causando más de 7.000 muertes al año.

Habrá algunos que sigan criticándonos porque consideren que los conseguido en poco y que ellos piden un huevo duro más. A esos que no han conseguido nada no les aplicaré la misma insulsa crítica. Simplemente les digo que los socialistas seguiremos buscando, en cada momento, los votos precisos para seguir ofreciendo alternativas viables a aquellos ciudadanos que necesitan soluciones a sus problemas.

La situación actual del país y su reflejo en el Congreso no está para vetos ni exclusiones. Está para alcanzar acuerdos y ofrecer soluciones. Eso es lo que pretendemos seguir haciendo los socialistas. Y lo que creo firmemente que quieren y reclaman los ciudadanos.

Cuando los demás se hayan cansado de vetarse y de consumir energías en críticas fatuas, los socialistas seguiremos, peldaño a peldaño, consiguiendo medidas para mejorar la vida de la gente.