Bruselas advierte de que la ley para indultar los regadíos “deteriora” Doñana tras la reunión con el consejero andaluz

La Comisión Europea asegura que la ley que está en tramitación en el Parlamento andaluz para indultar los regadíos de Doñana “deteriora” ese espacio protegido. Bruselas lleva un mes advirtiendo de las consecuencias que tendría la entrada en vigor de esa legislación, pero este lunes lo hace tras haber recibido al consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, que quería explicar de primera mano la normativa impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz, avalada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.

“En absoluto perjudica a Doñana”, ha dicho el consejero y portavoz de la Junta desde Bruselas. Pero no ha convencido al comisario lituano, Virginijus Sinkevičius, que asegura que esa legislación va en la “dirección contraria” a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Parque Nacional. No obstante, también ha dado un tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que las medidas que ha puesto en marcha “no son suficientes” para cumplir con lo que establece ese fallo.

“El comisario recordó que la Comisión está profundamente preocupada por que la legislación andaluza, si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000”, explica un portavoz del gobierno comunitario. “La proposición de ley crea un marco legal favorable para reconocer los derechos del uso de agua de lluvia y de agua en superficie que añadiría una excesiva presión al ya sobreexplotado acuífero”, señala esa fuente europea.

Esta respuesta de Bruselas coincide con las advertencias que la comunidad científica -un centenar de expertos-, el CSIC, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, los grupos ecologistas y el Gobierno de España habían trasladado al presidente andaluz: la Comisión Europea no ha entrado en los pormenores del debate político que estos días ha enfrentado al Gobierno de Pedro Sánchez con el Ejecutivo de Juanma Moreno: si las parcelas afectadas estaban cerca o lejos del Parque Nacional -“a 30 o 40 kilómetros”, advertía la Junta.

Que si los derechos de riego que reconoce la ley se limitaba a agua en superficie, no del acuífero, y que estaría condicionada a las infraestructuras hidráulicas que el Gobierno de España tiene pendientes de hacer (una presa, un trasvase, un túnel...). Aun conociendo los detalles y la letra pequeña que el consejero andaluz ha trasladado al comisario, la conclusión de Bruselas es que la situación del acuífero del mayor humedal de Europa no permite riesgos del tipo que representa la iniciativa andaluza.

Terremoto político

La respuesta de la Comisión Europea también recuerda que “la importancia del riego para la economía local” debe conjugarse con la legislación de la UE, que “exige un uso sostenible del agua y la conservación de los lugares protegidos, en beneficio de todos los usuarios del agua y de todos los usuarios de los servicios ecosistémicos”.

La situación sigue siendo, por tanto, dramática para el Parque Nacional de Doñana y más con la sequía que afecta al sur de España, de la que también son conscientes en la Comisión Europea, donde recuerdan que la AEMET no ha registrado lluvias entre el 1 y el 17 de abril. Pero el gobierno comunitario advierte de que la crisis va más allá de la reciente propuesta de PP y Vox al señalar que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la condena a España por el expolio del agua en Doñana “no son suficientes” para cumplir con el fallo del TJUE.

“Las medidas adoptadas hasta ahora por España para hacer frente a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de junio de 2021 en relación con Doñana no son suficientes, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta, que parece ir en dirección contraria”, señala la Comisión, que reitera el contenido de las cartas que ha enviado a este respecto a España.

La última ya advertía de que la proposición de ley de PP y Vox supone una “violación flagrante” de esa sentencia y amenazaba con una multa multimillonaria como consecuencia de un procedimiento de infracción que se abrirá en caso de que España no tome las medidas necesarias para proteger el acuífero. Tras la recepción de la misiva, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pasó al ataque y aseguró que acudirá al Tribunal Constitucional para paralizar la norma que, previsiblemente, saldrá adelante con la mayoría absoluta del PP de Moreno Bonilla y Vox. 

“Los valores naturales excepcionales de Doñana deben preservarse, ya que son importantes para Andalucía, España y la UE en su conjunto. Es probable que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea tenga efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos críticos de biodiversidad de la UE”, zanja la Comisión Europea.

La conclusión de Bruselas es un varapalo para el Gobierno de España, pero sobre todo para la Junta de Andalucía, que había pedido la reunión con Sinkevičius para responder al “aluvión de bulos y mentiras” que, en palabras del consejero, ha proferido Moncloa. Fernández-Pacheco ha insistido al acabar ese encuentro en que la ley no perjudica al acuífero y ha cargado contra el Ejecutivo, al que ha acusado de dejación. “Hablamos de agua que vendría siempre en superficie a través del trasvase que el Gobierno prometió por ley en 2018 y cuya construcción de la infraestructura no ha empezado”, ha declarado a los periodistas.

“La mayor parte de la reunión ha versado sobre la preocupación que tiene la Comisión Europea acerca del cumplimiento de la sentencia que en un 80% es responsabilidad del Gobierno de España, independientemente de la `presentación de la proposición de ley o no y también me ha mostrado la preocupación por todo el revuelo mediático que estamos viviendo en nuestro país”, ha afirmado el consejero, convencido de que si el asunto fuera en Catalunya no produciría el “torbellino de declaraciones e incluso insultos” que, según él, el Gobierno está lanzando sobre la Junta. Además, ha insistido en que el Gobierno regional ha solicitado sin éxito desde noviembre reuniones técnicas con el Ejecutivo para analizar la situación de Doñana.

Así, se ha mostrado dispuesto a hacer cambios sobre la ley presentada. “Si no estuviéramos dispuestos a cambiar, esas conversaciones o esas reuniones no tendrían sentido”, ha aseverado antes de recordar que los grupos podrán presentar enmiendas y que los “agentes sociales implicados van a tener la ocasión de comparecer en el Parlamento”. Los proponentes de esta ley -PP y Vox- tienen mayoría absoluta en la Cámara, y el resto de fuerzas de izquierdas ha exigido la retirada de la iniciativa y ha amenazado con recurrirla ante el Constitucional si llega a aprobarse.

La Junta, “satisfecha”

La reunión de este lunes se ha celebrado a petición de la Junta de Andalucía, a través de su delegación en Bruselas, adelantando el encuentro programado y anunciado para el 3 de mayo, que había sido solicitado por el grupo parlamentario popular y al que el consejero andaluz pensaba sumarse. El conflicto político en torno a la polémica ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana se ha recrudecido en los últimos días, saltando a la primera de precampaña electoral con sendas visitas de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a la zona afectada.

Horas después de hacerse público el comunicado de Bruselas, desde el Palacio de San Telmo respondían que estaban “satisfechos con la reunión”, y señalaban que las advertencias del mensaje del comisario sobre la ley andaluza formaron parte de su “intervención inicial” en la reunión, “antes de que tomara la palabra el consejero”.

Fernández Pacheco intentó “tranquilizar” al comisario entregándole un documento para explicar la proposición de PP y Vox y “las acciones que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en materia medioambiental y para la protección de Doñana”, entre ellas, la construcción de infraestructuras de depuración de aguas residuales para evitar situaciones que ya provocaron una multa millonaria de la UE a España. Según la Junta, el comisario se comprometió a estudiar ese documento.