Un vehículo de paisano da vueltas por las explotaciones agrícolas de Beja, en la región portuguesa del Alentejo. Nadie sospecha nada, incluso preguntan al inspector si necesita ayuda. Un minuto después, mientras se colocan sus chalecos y credenciales, los patrones suben a los trabajadores en los vehículos y escapan rápidamente antes de que sean obligados a identificarse.

Ocho horas más tarde, una fuente alerta de la presencia de un gran grupo de ciudadanos rumanos en una vieja casa abandonada y acondicionada para el alquiler de trabajadores temporeros. En la entrada hay vehículos con matrícula española y en el interior de las viviendas, varias familias rumanas procedentes de Albacete.

La región de Beja, en el sur de Portugal, es una especie de oasis en medio de la sequía que afecta a gran parte de la península ibérica y se ha convertido en un paraíso para las empresas portuguesas, españolas y multinacionales que buscan producir alimentos y productos agrícolas baratos.

Pero no es sólo la promesa de agua en medio de unos recursos menguantes lo que atrae a los inversores –algunos de ellos, grandes fondos de capital riesgo–, sino también la búsqueda del menor coste posible con la mano de obra migrante. En los últimos meses, las autoridades portuguesas han intensificado las inspecciones en la zona con el objetivo de destapar redes de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Autoridad para las Condiciones Laborales, perteneciente al Ministerio de Trabajo luso, se encarga, junto a Fiscalía y cuerpos de seguridad, de realizar este tipo de inspecciones para garantizar las condiciones de los trabajadores. Desde primera hora de la mañana el día de la inspección, el inspector jefe de este departamento en la región portuguesa de Alentejo, Carlos Graça, se prepara junto a su equipo para investigar la recolecta de productos.

Desde finales de junio han notado un aumento de trabajadores en fincas agrícolas donde se siembran ajos. Su equipo ha fotografiado vehículos con matrículas españolas y sospecha que los trabajadores están siendo transportados desde España, ya que no se ha comunicado “mediante la comisión de servicio, como exige la ley”. Los acuerdos entre España y Portugal contemplan a los trabajadores transfronterizos, pero estos deben notificarlo a las autoridades del país en el que están desplazados.

“El jefe es español, él arrendó el campo y cultivó los ajos. Nosotros solo venimos a cortarlos y nos vamos”, asegura a elDiario.es Stefan Ionescu, que carece de contrato en Portugal y no confirma su situación en España. Ionescu cuenta que tiene que poner sus propias herramientas para realizar el trabajo.

El inspector Carlos Graça lo tiene claro. No es la primera vez que lo ve. “Son empresas españolas que contratan trabajadores en España y los trasladan a Portugal, lo que dificulta enormemente la actuación de las autoridades”, asegura el inspector a elDiario.es. “Muchas veces vienen aquí a diario y se van a España nuevamente. Otras veces se quedan durante la temporada”. Es el caso de Stefan y su familia, que estarán varias semanas en el Alentejo recolectado los cultivos de ajo.

Explotación laboral en el Alentejo

La región del Alentejo ha vivido una transformación histórica desde que en 2002 se inaugurara la presa de agua de la Alqueva en el río Guadalmedina. La zona pasó de ser agricultura de secano a cultivos de regadío, lo que permitió instalarse al modelo del agronegocio en la zona.

Según Héctor Rodríguez, responsable de agronegocio en la consultora CBRE, “en la península ibérica existen más de cuatro millones de hectáreas de regadío”. El riego permite incrementar las producciones y maximizar la rentabilidad para los inversores, que han aumentado su presencia en un 30% en la zona durante los últimos cinco años.

Mientras el negocio de la agricultura crece y muchos inversores inmobiliarios se asientan en Portugal, los delitos de explotación laboral y trata de seres humanos han aumentado. En los últimos seis años se han identificado 637 víctimas de explotación laboral, principalmente en el sector agrario. Los datos del Observatorio Portugués contra la Trata Laboral representan un aumento del 75% desde 2017.

El modelo de negocio en la región consiste en mucha mano de obra en poco tiempo. El nivel de trabajo y de jornaleros por la zona alertó a la Fiscalía portuguesa. Su responsable en Alentejo para el tráfico y explotación de seres humanos, Nuno Rebocho, explica: “Compran, pagan y declaran esta actividad. Pagan impuestos. Todo está correcto”. Sin embargo, el experto afirma que eso no impide que se den casos de explotación laboral. “Con la evolución de la investigación llegamos a la conclusión de que en nuestro Código Penal se prevé el castigo a los empresarios, los explotadores de grandes fincas, porque utilizan mano de obra objeto de trata”, añade.

La Fiscalía está coordinando grandes operaciones contra la explotación laboral, pero Rebocho alerta de un fenómeno transfronterizo: “Trabajan allí (en España) y vienen aquí. Desde aquí van allí, muchos caen en redes. Una vez legalizados aquí, se van a España a trabajar y viceversa”, dice.

Falta de regulación

España y Portugal comparten la frontera sin interrupciones más larga de la Unión Europea y conviven las dos grandes regiones agrícolas: Alentejo y Andalucía. Y uno de los problemas es el trabajo forzoso, que España aún no ha regulado de manera completa, según las propias autoridades españolas.

“Actualmente no tenemos esa regulación. Muchas veces estamos ante delitos que los juristas conocemos como normas penales en blanco, donde es difícil establecer la frontera entre lo que sería la simple infracción sancionable conforme a la legislación laboral y una conducta que fuera realmente relevante”, explica a elDiario.es Natividad Plasencia, fiscal delegada de Trata de Seres Humanos de la Fiscalía de Sevilla.

A menudo esos casos acaban en una condena al empleador por “delito contra los trabajadores” en lugar de explotación laboral. En 2022, el último año con datos disponibles del Ministerio del Interior, 516 personas fueron rescatadas en España en situaciones de explotación laboral. Además, otras 89 fueron liberadas de redes de trata de personas para la explotación laboral. La mayoría eran hombres veinteañeros procedentes de Marruecos, Colombia, Senegal, Ucrania y Rumanía.

La huerta de Europa

En el municipio almeriense de El Ejido, la unidad de Grupo Roca se prepara para llevar a cabo una inspección en invernaderos, la recolecta ha terminado y ahora se procede a limpiar los campos. Tras recibir una geolocalización en el buzón de denuncias, las patrullas se desplazan hasta ese punto.

El efecto sorpresa genera una huida generalizada. Invernaderos abiertos, pero vacíos. El equipo trata de identificar a los empresarios, pero sin éxito. Durante los últimos cinco años las autoridades españolas han realizado unas 25.000 inspecciones administrativas, según datos del Ministerio del Interior.

“Siempre que se llega a una finca, en cuanto ven que estamos accediendo, salen corriendo porque saben que el propio propietario de la finca le ha dicho que si ven a la Guardia civil o a gente con carpetas, que salgan corriendo”, asegura el teniente Raúl Yánez Ocaña, responsable del operativo. Los denunciantes suelen ser las propias víctimas a través de un buzón anónimo que levanta la voz de alarma a las autoridades y pone en marcha las inspecciones. 

Aferrados al eje del timón. Así ha encontrado la embarcación “Andalusí 1”, de los amarradores del Puerto de Málaga, a cuatro personas de origen nigeriano la noche del 14 de enero. Los cuatro hombres llevaban alrededor de 10 días en el barco, según los rescatadores de Salvamento Marítimo que lograron llevarlos a tierra firme tras una “peligrosa maniobra” que duró unos treinta minutos. 

Una luz desde el timón del “Marsk Cabo Verde” alertó a los amarradores sobre las 20 horas cuando se aproximaron al buque mercante que estaba fondeando a unas millas del Puerto de Málaga. “Íbamos a hacer un servicio cuando vimos una luz en la pala del barco y una persona pidiendo auxilio”, han contado desde la empresa de “Amarradores de Buques del Puerto de Málaga” a elDiario.es. La operación, añade, acarreó momentos de tensión mientras esperaban la llegada Salvamento a la zona. “Temíamos que esta persona caía al agua por el mal estado de la mar”.

Según Salvamento Marítimo, el buque hacía la ruta desde Nigeria hasta la ciudad andaluza sin escalas. Los migrantes, según han relatado a los rescatadores, “trataron de comunicarse con el barco pero la bodega estaba vacía”. Al ver un barco los chicos comenzaron a enviar mensajes de auxilio a los amarradores cuando estos se aproximaban al mercante. 

Un rescate in extremis

Dos horas más tarde, tras el aviso de la embarcación, se activó el protocolo de rescate por parte de la Salvamar Alnitak, con base en Málaga, que al llegar encontró a cuatro polizones en vez de uno como habían reportado las autoridades.

La mala mar y el fuerte viento de poniente complicaron la maniobra de rescate que se tuvo que hacer de popa para evitar que el pico de la lancha chocase con el mercante fondeado. Los cuatro supervivientes tuvieron que saltar unos tres metros de altura para ser rescatados en el aire por la tripulación de Salvamento, según han contado a elDiario.es, tras la compleja operación: “El mal tiempo aumentaba el riesgo de caer al agua”. 

Los cuatro hombres han sido trasladados a las dependencias policiales, tras ser asistidos en el Puerto de Málaga antes de la media noche por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja al presentar síntomas con hipotermia. Uno de los polizones estaba con “hipotermia severa” y fue trasladado al hospital, según Julio Pulido, Director Provincial de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Málaga.

Por su parte, el mercante con bandera de Hong Kong, que estaba fondeado en la bahía de Málaga desde el mismo jueves, ha logrado atracar sobre las 12 horas de este 15 de enero para descargar la mercancía procedente del Puerto de Lagos (Nigeria), desde donde partió el pasado 3 de enero, según la aplicación VesselFinder, y donde estaban agarrados los cuatro varones. 

Una ruta inusual desde Nigeria

No es la primera vez que ocurre esta peligrosa travesía en España. El pasado 23 de noviembre Salvamento Marítimo encontró a tres personas, entre ellas un menor, escondidos en la pala del timón de otro mercante en Las Palmas de Gran Canaria que también hacía la ruta desde Lagos (Nigeria) hacia Europa, como publicó El País. En septiembre de 2008 un buque mercante procedente de Ghana que atracó en el puerto de Málaga encontró a tres personas dentro de un contenedor en estado de deshidratación tras esconderse como polizones. Otro caso conocido hasta el momento, ocurrió en noviembre de 2007, cuando otros cuatro chicos se aferraron a la pala del timón de un petrolero nigeriano que estaba fondeado frente a las costas de Gran Canaria.

El Gobierno está a punto de abrir las nuevas instalaciones policiales del puerto de Málaga dedicadas a retener durante un máximo de tres días a los migrantes recién llegados en patera. Según los planos de la obra a los que ha tenido acceso eldiario.es, el Ejecutivo habilitará un espacio de 2,3 metros cuadrados (m²) de media a las 300 personas que pretende albergar en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de la ciudad andaluza. Es algo más de la mitad de lo que marca la normativa para quienes son encerrados en los calabozos policiales, un 42,5%.

Un informe arquitectónico encargado por este medio basado en los planos de la obra que se han desarrollado en el puerto de Málaga detalla que la instalaciones contarán con 1,7 metros cuadrados menos que los 4 m² mínimos de celda a los que obliga la instrucción sobre el diseño y construcción de áreas de detención, utilizada por el Defensor del Pueblo para analizar la situación de los migrantes en las comisarías donde, por lo general, acaban los rescatados durante sus primeras horas en España.

Fuentes del Ministerio del Interior han insistido a eldiario.es que esta instrucción no se puede aplicar a los CATE ya que, dice, son infraestructuras “creadas para una situación de urgencia ante una falta de previsión evidente en la recepción de la inmigración”. “No es una dependencia con celdas, puertas de seguridad ni nada parecido, sino un espacio de acogida y atención temporal”, reiteran las mismas fuentes.

Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que en la práctica estos centros son una extensión de los calabozos destinada a migrantes recién llegados a las costas españolas. La Ley de Extranjería obliga a trasladar a comisaría durante un máximo de 72 horas a quienes llegan a territorio español de forma irregular con el objetivo de identificarles, iniciar los trámites de expulsión y someterles a un interrogatorio. Por lo general, si no requieren atención hospitalaria, son enviados de forma directa a dependencias policiales. Algunos de ellos acaban en estas instalaciones tras vivir situaciones traumáticas en el mar, como ver morir a sus compañeros.

Preguntado sobre la figura de los CATE en el Congreso de los Diputados, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska respondió que es “una comisaría, pero donde se prestan muchos servicios que necesitan: intérpretes, medios sanitarios ambulatorios, que esté Acnur, CEAR y la Policía con la labor de reseña individual. Nunca están más de 72 horas, no es un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE)”. En dicha comparecencia el ministro no aclaró qué ordenamiento legal hay sobre estas instalaciones. Fuentes de Interior se limitan a explicar a eldiario.es estos centros se rigen por la “regulación de las comisarías”.

“La movilidad será casi totalmente impracticable”

“Los migrantes serán detenidos en espacios 'calabozo' sumamente reducidos y gestionados por Policía Nacional”, recalca la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía en Málaga (APDHA). Para la organización, los planos del CATE muestran que la movilidad “si se instalan literas” en su interior, será “casi totalmente impracticable”, y que los recién llegados serán “retenidos en condiciones preocupantes de hacinamiento”. Además, muestra su preocupación ante “la falta de zonas como comedor y la ausencia de espacios para el esparcimiento y el recreo”.

El Gobierno tiene previsto inaugurar en lo que queda de julio el centro de Málaga, que contará con 300 plazas, dividido con cuatro módulos, cada uno de ellos con un sanitario, con un total de 21 urinarios y 21 duchas. En el peor de los casos, tendrán que compartir un inodoro y una ducha por cada 22 internos del CATE, según el informe arquitectónico realizado para este medio. La ONG andaluza de derechos humanos considera que este lugar “no mejora las condiciones que se les ofrecía hasta el momento en el albergue municipal de Málaga o en viviendas de la Cruz Roja”.

Interior, encargado de gestionar el centro a través de la Policía, ha confirmado a este medio que habrá dos dormitorios y zonas de atención diferenciadas: una para hombres y otra para mujeres y niños que, de acuerdo con el departamento que dirige Grande-Marlaska, no estarán detenidos pero “deberán permanecer localizables en el CATE como fija la Ley de Extranjería”.

Antonio de Haro, inspector jefe y responsable de la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) en Málaga señaló durante las últimas jornadas sobre periodismo de Fronteras que “las personas una vez son desembarcadas, están en calidad de detenidas” y destaca que “tanto la Fiscalía como los juzgados competentes lo entienden así”. Interior, sin embargo, reitera que en estos centros, los migrantes “no están detenidos”, sino que “permanecen bajo custodia policial un tiempo máximo de 72 horas, que se dedican a identificarlos, ofrecerles información sobre su situación legal, darles asistencia médica y tramitar su eventual derivación a otros recursos asistenciales”.

La figura de los CATE no cuenta con regulación propia: no cuenta con protocolos, instrucciones o normativas específicos por los que regirse, algo denunciado por el equipo jurídico de Málaga Acoge. Según confirma Arantxa Trigueros, presidenta de Málaga Acoge, la asociación ha solicitado información al Ministerio sobre el régimen jurídico aplicable a las personas que se vayan a encontrar en el mismo así como su naturaleza, pero aún siguen a la espera.

“Las noticias que han ido saliendo hasta ahora es que en el mismo no van a estar privados de libertad, pero, entonces, ¿tendrán libertad de salir de allí en cualquier momento?”, se pregunta Trigueros. Desde la entidad temen que los CATE “se puedan convertir en centros opacos donde se puedan producir las mismas vulneraciones de derechos que se han visto ya en los CIE”. La organización destaca que el periodo que Interior marca de 72 horas coincide con el máximo que una persona pueda ser privada de libertad antes de pasar a disposición judicial.

Las instalaciones de Málaga serán el cuarto centro de estas características que entra en funcionamiento en Andalucía. En la actualidad hay tres CATE: en San Roque-Algeciras (Cádiz), Almería y Motril (Granada). El objetivo declarado de este tipo de centros, habilitados en las proximidades de los puertos, es que los migrantes recién llegados estén en unas condiciones más amables ante las numerosas denuncias sobre la “arbitrariedad” y la “improvisación” en la respuesta del Gobierno español ante el incremento de llegadas irregulares. Organizaciones como CEAR han documentado cómo los recién llegados son retenidos durante sus primeras 72 horas en España en algunos lugares que eran “insalubres, con colchones en el suelo y sus correspondientes barrotes”.

“No olvidar que se trata de centros de detención. A pesar de ser cierto que, en comparación a las condiciones que ofrecían las comisarías y los polideportivos, la situación ha mejorado, los medios aportados siguen siendo insuficientes”, indicó la APDHA en su último informe anual sobre los CATE. El propio Sindicato Unificado de Policía ha reclamado más medios, intérpretes y personal sanitario para el centro de Crinavis (San Roque), abierto el 2 de agosto de 2018, criticando la falta de recursos. Las dependencias de Motril acumulan un largo historial de denuncias, también del Defensor del Pueblo. “Las instalaciones no reúnen condiciones de salubridad y un acondicionamiento básico suficiente para la acogida de decenas de personas”, afirmó la institución tras su visita en noviembre de 2017, que repitió en septiembre de 2018, que seguía manteniendo “las mismas conclusiones”.

Málaga, sede del control migratorio en Alborán

En 2018, llegaron al puerto de Málaga 10.675 personas, según los datos de la Cruz Roja. La mayoría fueron derivadas al CATE de San Roque. Las nuevas instalaciones en la ciudad andaluza están situadas en un dique de mayor profundidad cedido por la Autoridad Portuaria de Málaga que permitirá atracar a grandes buques de rescate como la embarcación de Salvamento Marítimo Clara Campoamor.

Málaga se ha convertido en la sede del control fronterizo en la zona de Alborán con la instalación del centro de coordinación de operaciones de la Autoridad para la Inmigración en el Estrecho, Mar de Alborán y aguas adyacentes (Mando Único Operativo), situado en Capitanía Marítima de Málaga. A ello se añade el despliegue de 11 agentes de la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex) que, según ha señalado a eldiario.es, se encargarán de hacer entrevistas y registro de huellas.

La labor diaria del centro de coordinación (Mando Único) creado por el Gobierno de Pedro Sánchez consiste, a grandes rasgos, en centralizar todos los recursos destinados al control de fronteras, el rescate y atención a personas migrantes en la frontera sur. En él se integran representantes de Fuerzas Armadas, Frontex, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Civil, Policía Nacional, Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, Capitanías Marítimas, Salvamento Marítimo y Cruz Roja. Al mando de todos ellos se encuentra el general de División de la Guardia Civil Félix Blázquez González.

Según explica el Ministerio del Interior, sus funciones consisten en coordinar “las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las fronteras marítimas (Mar Territorial), las actividades de la Armada y de Vigilancia Aduanera en las labores de control de embarcaciones” de migrantes, así como “las actuaciones de los medios de Salvamento Marítimo y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) involucrados en la localización, ayuda y asistencia de las embarcaciones de inmigrantes y, en su caso, el rescate de sus ocupantes”.

Desde Interior recalcan como una de las prioridades del centro “proteger la vida de los inmigrantes náufragos y respetar su dignidad y los derechos humanos, con especial atención a los colectivos más vulnerables”. Para APDHA, sin embargo, se trata de la salvaguarda “de una frontera sur militarizada que actúa como dique de contención hacia los que buscan llegar a Europa”.

Tras una reluciente vitrina, Zinain Mohamed vuelve a ver a su hijo después de sobrevivir a la ruta del Mediterráneo. Están en la sala de visitas del centro Penitenciario de Archidona (Málaga), donde otros familiares también conversan con sus allegados a través de los teléfonos. Lo hacen después de días anclados frente a las puertas de la cárcel donde fueron encerrados más de 500 migrantes recién llegados a las costas españolas. Y ante la incertidumbre de si llegaron a tierra o se perdieron en la mar.

“Mi hijo no es un criminal”, asegura una y otra vez Zinain, desesperado al ver como su hijo “puede ser deportado tras ser encarcelado de forma ilegal en la prisión de Archidona”. Zinain Mahmud es un joven argelino que la madrugada del 17 al 18 de noviembre tomó una patera junto a otros compatriotas desde la ciudad argelina de Mostaganem, la ciudad más cercana geográficamente a Europa, a unos 150 km de la costa española. Fue interceptado por las autoridades españolas y puesto a disposición policial. Tras varios días logró llamar a su padre que vive en París para advertirle de la situación.

“Se encuentra en una situación muy, muy delicada. Él está enfermo y yo lo que pido es que sea liberado y todos los que están aquí en el interior”, señala el padre del joven, que fue trasladado desde Cartagena hasta esta cárcel donde “enfermó”, según su padre, ante “la falta de medicamentos y la ausencia de duchas de agua caliente”.

Zinain ha recorrido más de 1.000 kilómetros para llegar a Archidona. Fue su propio hijo quien le comunicó que había llegado a Europa y que estaba en una cárcel sin haber hablado con un abogado ni pasado por un juzgado. A través de la prensa, se enteró de existía esta cárcel y se trasladó hasta Malaga para verificar si su hijo podría estar en el interior. “En este centro no se respetan los derechos humanos. Ellos no son criminales. No son criminales”, afirma el padre.

“Tienen que liberarlos”

“No come, y no lo va a hacer hasta que quede en libertad”, asegura Zinain. Según algunos familiares, los internos solo se alimentan de dulces o zumos. “La mayoría de la comida tiene cerdo”, apostilla Abdelcader que lleva más de una semana a las puertas de la prisión buscando a un familiar.

En el interior más de 500 migrantes están durmiendo en las celdas de dos en dos, tras habilitar el Ministerio del Interior varios módulos de una prisión con casi dos mil plazas. “Hemos venido desde Cartagena donde hemos estado buscando a nuestros familiares, pero nos dijeron que los iban a apresar en este centro”, comenta este migrante argelino con residencia en Francia, quién clama por la liberación de sus compatriotas.

“Tienen que liberarlos, tienen que reflexionar y ver que han encerrado a humanos. Hay gente enferma que tienen que tomar medicamentos y algunos de ellos si no las toman van a morir, pedimos clemencia”, insiste.

“¿Dónde están los derechos humanos en España?”, pregunta una y otra vez, muy enfadada, Margarite. Lleva casi 15 días dando tumbos sosteniendo a una bebé y a un niño de siete años, mientras trata de encontrar una explicación a lo que le está ocurriendo a su marido, encerrado en Archidona por entrar en España de forma irregular, lo que es una falta administrativa, no un delito.

Margarite viaja con su bebé para ver a su marido

Margarite no se lo pensó dos veces. Agarró a los pequeños, a unos familiares más y en un coche se fueron hasta Cartagena desde Francia. Luego hasta Murcia y desde allí siguió el traslado de su marido hasta esta cárcel de la provincia de Málaga.

Igual que ella, más de una docena de familiares han llegado hasta el centro penitenciario donde la incertidumbre se mezcla con la esperanza de poder verlos.

Hasta el lunes pasado, el régimen de visitas no estaba abierto. Empujando el carrito de su bebé, Margarite. A su salida, todos estaban esperándola. Querían saber qué pasaba allí dentro y la respuesta tampoco fue muy aliviadora. “He tenido que ver a mi marido a través de un cristal. No he podido tocarle. Abrazarle. He hablado con mi marido y ha sido maltratado. Les están maltratando. No les están dando bien de comer. No tienen que estar ahí dentro porque esto es una prisión. Deberían de haberlos llevado a un centro, no a una cárcel. Son humanos, no perros. ¿Dónde están sus derechos? Están en lo peor de lo peor”, denuncia Margarite.

“Mi marido no ha muerto en la patera, pero va a morir en una prisión”, señala de forma contundente Margarite. Ella y sus hijos, como la mayoría de los familiares que principalmente vienen desde Francia, tratan de adaptar su estancia en España a la cercanía de la prisión.

Días a las puertas de la cárcel

Muchos duermen en el coche, otros lo hacen en albergues porque no tienen conocidos por aquí, pero todos los gastos corren a su cargo. También se han puesto en contacto con ONG como Málaga Acoge y Cruz Roja, para solicitar ayuda jurídica.

Sin embargo, Cruz Roja es la única organización no gubernamental que está dentro de la prisión. Para ello, tuvo que aumentar su plantilla a través de una oferta de empleo donde informaban, textualmente: “Acaban de abrir un CIE”. Para esta asociación, se busca “prevenir y aliviar el sufrimiento humano, sean cuales sean las circunstancias”. Cruz Roja no entra a valorar “la oportunidad o no de este tipo de centros ni de las decisiones judicales”, aseguran.

Fatiha también ha pasado varios días esperando en el kilómetro 6 de la A-7202 para ver a sus familiares, otro joven argelino que sorteó el Mar Mediterráneo tras la negativa de la reagrupación familiar por parte del Gobierno de Francia.

“Si se puede hacer una excepción a la deportación yo me hago responsable de este joven para llevarlo a Francia con su familia con un visado Schengen, en Argelia no le queda a nadie”, protesta Fatiha, quién explica que el joven encarcelado se ha quedado sin familiares directos en Argelia y no le quedó otra alternativa que tomar la patera rumbo a Europa.

“No le queda nadie en Argelia, y toda su familia tiene papeles en Francia desde hace más de 20 años. El intentó hacerlo de forma reglamentaria pero se lo denegaron”, añade.

Visados rechazados, reagrupaciones denegadas, jóvenes que huyen de la falta de oportunidades o en busca de nuevas oportunidades, son algunos de los perfiles retratados por los familiares que han recorrido más de mil kilómetros para exigir “justicia y libertad” para sus hijos, maridos o hermanos.

Tras días frente a sus puertas, muchos familiares han tenido que regresar a Francia, con la incertidumbre de lo que ocurra en la cárcel, ante la falta de fondos para mantenerse en la zona. Con un temor: que una deportación los aleje aún más de la distancia forzada por las rejas de Archidona.

Sobre las 8 de la mañana del pasado 28 de enero un vecino de la localidad de Barbate (Cádiz) alertó a los servicios de emergencia de que había divisado el cadáver de un niño subsahariano en la playa de El Roqueo de los Caños de Meca (Barbate). El cuerpo, de un menor de unos seis años, fue recogido por la Guardia Civil de la localidad, pero la Subdelegación del Gobierno no ofreció un comunicado de prensa.

Hasta el momento, colectivos como Caminando Fronteras han enviado toda la información a la Guardia Civil que se ha hecho cargo de la investigación, pero la ONG apunta a que el cuerpo del niño podría corresponder a Samuel, aunque todavía no ha podido ser identificado. El niño había desaparecido en la balsa que naufragó en aguas del Estrecho en la madrugada del 12 al 13 de enero, cuyos cuerpos fueron hallados en las playas gaditanas el sábado 14.

Samuel desapareció junto a su madre Veronique entre las costas de España y Marruecos. Su madre había huido de la República Democrática del Congo hace varios años. Su objetivo era cruzar desde Marruecos a Europa para continuar un viaje que le permitiera ponerse a salvo. Sin embargo, su balsa se perdió en el Estrecho y, pese a que Salvamento Marítimo inició su búsqueda, esta se suspendió al hacerse responsable Marruecos de la operación.

Los cuerpos de al menos seis subsaharianos aparecieron en las costas de España, entre ellos el de la marfileña Larissa, compañera de viaje de Veronique y Samuel. Pero Veronique, la supuesta madre del menor que ha aparecido en las playas de Barbate, continúa desaparecida.

Rafa Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, denunció que la Subdelegación del Gobierno había ocultado la información del hallazgo del menor “pese a que se encontró el viernes, y la información no se comunicó hasta el domingo”. El subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, sí habló del suceso el viernes 27 en la visita a dos pueblos afectados por el temporal.

La APDHA cree que es “sorprendente y denunciable” que no hubiera ningún comunicado hasta el domingo.

Caminando Fronteras, por su parte, cree que España “no lo ha ocultado, sino que al tratarse de un menor no ha querido difundirlo en medios, por respeto a las familias que lo están pasando muy mal”, ha detallado Helena Maleno, portavoz de la ONG. Maleno explica que, desde la aparición del pequeño, se han mantenido en contacto con las autoridades españolas, que ya cuentan con el listado de familias y están colaborando con el objetivo de identificar el cuerpo.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha asegurado este lunes en una rueda de prensa que “se va a hacer toda la investigación” sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del menor, según informa Europa Press.

En relación al hecho de que el cadáver se encontrara el viernes y no se comunicara hasta el domingo, el número dos del Ministerio del Interior ha aseverado que no tiene constancia, “pero en cualquier caso, los trámites que se seguirían son los que establece la ley”.“Habrá garantías que preservar durante el tiempo, son los profesionales los que saben cuándo se tiene que dar a conocer y qué cosas se tienen que realizar en ese trámite”, ha respondido Nieto.

La APDHA y asociaciones locales van a mostrar su repulsa y condena ante esta “continua tragedia y la indiferencia” con una concentración este martes 31 ante el Ayuntamiento de Barbate a las 7 de la tarde.

RECTIFICACIÓN. Una primera edición de esta noticia llevaba el titular: “El Gobierno ocultó durante dos días la noticia del hallazgo del cadáver de un inmigrante en una playa de Cádiz”. La información no era correcta, porque el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, habló del suceso el viernes 27 en una visita a Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera a causa del reciente temporal. En un encuentro con la prensa local, Muñoz informó que ese día había aparecido muerto “un menor de aproximadamente seis años” y que el fallecimiento se produjo “hace una semana o semana y media”. La hipótesis que se manejaba era que tuviera que ver “con aquellos cadáveres que aparecieron el 13 y 14 de enero”.

La APDHA mantiene su denuncia con el argumento de que el gobierno no hizo público ningún comunicado y que la información se trató de ocultar: “El domingo nadie lo sabía. Si lo ha dicho (el subdelegado) ha sido en un pueblo de Cádiz a saber con qué audiencia”, ha dicho Rafael Lara. “Es un modo de tratar de que no se difunda la noticia”. Lara comenta que “medios nacionales llamaron a Subdelegación y no le confirmaron la noticia”.

A 14 kilómetros de España, los familiares y amigos de las víctimas de los últimos naufragios sucedidos en el Mediterráneo esperan ansiosos más noticias sobre cuáles son los nombres y apellidos de los siete cuerpos localizados en las aguas del Estrecho durante este fin de semana.

“Seis cuerpos de origen subsahariano”. Es la única información oficial conocida por el momento y el punto en el que suelen quedarse las indagaciones. Tras naufragar sus correspondientes embarcaciones, todas las víctimas fueron halladas en las costas de Cádiz, salvo el de una mujer congoleña que seguía a bordo de una patera a la deriva próxima a Ceuta. 

El restante correspondía a otro de un hombre de origen magrebí que portaba un traje de neopreno y, según las indagaciones de la Guardia Civil, en principio no parece que su fallecimiento esté relacionado con una tragedia migratoria. 

Ante la falta de información oficial tras cada vida perdida en el Mediterráneo, el colectivo Caminando Fronteras activa sus redes para poder identificar quién está detrás de cada uno de los cadáveres que han aparecido en la costa andaluza. Para poder dar respuestas a las decenas de familiares y amigos que esperan saber si su hijo, hermana o marido están entre los que nunca llegaron al otro lado del Estrecho. 

Los miembros de la ONG han elaborado un listado de las personas que ocupaban la embarcación desaparecida que trató cruzar el jueves el Estrecho con once vidas a bordo. Es entonces cuando comienzan a intentar enlazar cada vida con cada cuerpo localizado. Cada nombre, con los cadáveres que se han quedado bajo el mar.  

“Pienso en Samuel, que la vida le duró cuatro años y en su madre Vero”, ha recordado Helena Maleno, portavoz del colectivo, en un texto difundido a través de su Facebook. “Miro las fotos de Larissa y Brenda, leo los 'wasap' que les escribí y miro la hora y la fecha de la última vez que se conectaron. Larissa, Brenda, Djibril, Merlín, Abdourrahmane, Thiare... y otros nombres van completando el puzzle de las pérdidas”.

Salvamento Marítimo recibió la alerta de una embarcación a la deriva en el Estrecho el jueves 12 de enero. Aunque la institución humanitaria –dependiente del Ministerio de Fomento– activó el dispositivo de búsqueda, lo suspendió cuando acordó con las autoridades marroquíes que ellas “se harían responsables”, según han confirmado desde Salvamento.

“Pienso en quién se aseguró de que estaban en aguas marroquíes y quién se aseguró de que Marruecos efectivamente les buscó”, se pregunta la activista. Finalmente, el operativo se activó también el 13 de enero tras un nuevo aviso que escondía la angustia de otras ocho familias: una embarcación con tres mujeres y cinco hombres que había partido de Marruecos durante el alba tratando de alcanzar las costas españolas.

Durante la travesía alertaron a Caminando Fronteras de que podrían estar pinchados, sin embargo la corriente los arrastró hacia el Mar de Alborán, donde ni el helicóptero ni la lancha de Salvamento lograron encontrarlos. Al caer la noche, se suspendió la búsqueda. 

España dejó de buscar las pateras durante la noche

“Por la noche no se realizan búsquedas en el Estrecho”, lamenta la portavoz de Caminando Fronteras. “Se cortó la búsqueda ayer por la tarde, pero no sabemos por qué no se hacen búsquedas nocturnas”, ha denunciado Maleno. “Si hubiese 21 franceses en el agua desde anoche, no se le ocurriría al Gobierno cancelar una búsqueda de noche”, critica.

Por su parte, Salvamento Marítimo admite que no existe un protocolo que establezca dejar de buscar durante las noches en aguas del Estrecho de Gibraltar, sino que la decisión la toman los técnicos de la Torre de Tarifa, donde según la “circunstancias” deciden abandonar la búsqueda. Aseguran que las dificultades para localizar pateras son más mayores debido al fuerte tráfico marítimo que dificulta la localización con medios aéreos como el Sasemar 101. 

Las búsquedas en el Estrecho se suspendieron durante las noches del 12 y 13 de enero, algo que no ocurre en aguas del Mar de Alborán donde embarcaciones como la Hamal o la Polimnia buscan durante toda la noche ante la alerta de personas en la mar.

Las evidencias del naufragio de alguna de las embarcaciones de las que Helena Maleno dejó de tener noticias. La aparición de un cadáver de origen subsahariano en la playa de Bolonia la tarde del viernes empujó de nuevo la reactivación de la búsqueda. A las 8.30 horas de este sábado Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento, retomó el protocolo de búsqueda de las dos pateras desaparecidas que clamaba Caminando Fronteras desde hace días.

A las 16.00 horas el avión de Salvamento Sasemar 101 alertaba de la localización de una pequeña balsa a 30 millas al este de Ceuta. Era una de las pateras desaparecidas y siete de los ocho ocupantes aún permanecían con vida. Una de las mujeres, originaria de la República Democrática del Congo, falleció durante el trayecto y su cuerpo yacía junto a los supervivientes, todos con síntomas de hipotermia. Todos ellos fueron rescatados por Salvamento Marítimo, cuyo barco desembarcó en el Puerto de Ceuta.

La difícil travesía acabó con la vida de tres de los ocupantes de esta patera, y uno de los hombres tuvo que ser trasladado al Hospital de Jerez en el helicóptero de Salvamento al encontrarse en estado crítico debido a la hipotermia.

“Me da pánico pensar que la entierren mañana”

El cuerpo que navegaba sin vida en las aguas del Mediterráneo era el de Brenda, relata Maleno. Los activistas recibieron con preocupación la información sobre el lugar al que irían a parar los restos de la congoleña: irían a Ceuta. Según alerta la defensora de derechos humanos, en la ciudad autónoma “se entierra inmediatamente a los muertos porque no se pueden conservar”, con lo que sería complicado que la familia de la fallecida que vive en Francia pudiese llegar.

“Me da pánico pensar que la entierren mañana y que a su familia de Francia no le de tiempo a llegar para verla, para llorarla, para abrazarla”, lamenta Maleno. 

Caminando Fronteras ha criticado la suspensión del operativo de búsqueda en el Estrecho durante las noches del 12 y 13 de enero, cuando al menos siete personas perdieron la vida. “Los migrantes no quieren llamar a Salvamento, porque temen que estos llaman a Marruecos y los coja, por lo que pese a que no estén muy mal no piden ayuda y tratan de llegar por sus propios medios”, añade Maleno.

21 vidas, más de 60 horas y un Estrecho teñido de tragedia una vez más. 

El 6 de enero, día de reyes, como todas las mañanas, José va a tomar su café a un hostal costeño de la localidad malagueña de Benajarafe. Son las 8 de la mañana y el sol comienza a deslumbrar un mar plata donde divisa una embarcación de plástico. Los ocupantes intentaban remar para llegar a la orilla. Entre ellos está Fuadi, un joven de 21 años de Gabón que, junto a otras 49 personas, trataba de alcanzar la costa de España tras más de 36 horas a la deriva en el Mediterráneo.

“Pasamos mucho tiempo en la patera, salimos el miércoles 4 sobre las 19 horas, estuvimos todo el día en el barco, se nos hizo de noche y llegamos a Málaga el día 6, cuando salió el sol”, relata Fuadi tras sobrevivir al cruce de una ruta que han atravesado cerca de 600 personas durante los primeros días de 2017.

Taoré también venía en la balsa. Este marfileño estuvo 36 horas en alta mar sin comida y con un poco de agua hasta que pisaron tierra. “El viaje en el mar fue muy duro. Sufrimos muchas dificultades ya que nos perdimos en el agua, pero al final llegamos a Málaga. La verdad es que no sabíamos dónde habíamos llegado pero un compañero nos dijo que era Málaga y comenzamos a gritar 'boza', 'boza'”, relata.

La embarcación navegó más de 90 millas hasta llegar a la playa de Benajarafe. “Cuando alcanzamos la costa empezamos todos a salir del barco, anduvimos y encontramos algunos policías de tráfico, estuvimos parados y empezaron a darnos algo de ayuda, algo de café, comida, etcétera”, comenta Fuadi. Los vecinos de esta localidad donaron sus roscones de reyes y llevaron agua para abastecer a los recién llegados mientras se activaba el protocolo de Cruz Roja.

Según EFE y Europa Press, desde el pasado viernes se han hallado los cadáveres de seis personas en playas del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, tras el naufragio de una patera en aguas del Estrecho. Además, Salvamento Marítimo ha localizado en Ceuta el cuerpo sin vida de otra mujer subsahariana que viajaba una balsa hinchable junto a otras siete personas.

En lo que va de año, han llegado a Andalucía cerca de 600 personas en patera a las costas de Motril, Almería, Málaga y Tarifa, algunas rescatadas por Salvamento Marítimo, mientras que al menos tres han llegado a la orilla por sus propios medios.

“Es lo normal cuando hace buen tiempo. De hecho, hay mucha menos gente en Marruecos porque este año han optado por la ruta de Libia”, asegura Helena Maleno, de Caminando en Fronteras.

Al buen tiempo también se han añadido otros factores que han anticipado la salida de los migrantes que esperaban refugiados en los campamentos autogestionados de los bosques del reino alauí, como las redadas de la policía marroquí.

Fuadi ha estado varios meses viviendo en los bosques de Marruecos de forma clandestina y asegura que durante el mes de enero no han parado las redadas y desmantelamientos. “Los policías marroquíes están entrando en los bosques ”, alerta este migrante. “Venían a los campos y lo destruían todo, han quemado las viviendas donde nos quedábamos todos nosotros. A muchos nos subían en el coche y nos devolvían justo a la frontera para evitar que pudiésemos venir”.

Este gabonés pasó sus últimas semanas en el campamento de Bolingo, donde cientos de migrantes –hombres, mujeres y menores– esperan para cruzar a Europa. “La policía marroquí venía a Bolingo y a otros campos. Por eso yo estoy aquí y muchos como yo decidieron salir de allí y venir a España”, relata Fuadi. Tras el intento de salto en la valla de Ceuta, en una muestra de colaboración a Europa, más de 1.000 policías desmantelaron y quemaron todo lo que encontraron a su paso en este bosque.

“Al tocar tierra gritamos 'victoria', porque los días de antes en Marruecos habíamos sufrido muchas dificultades con los policías”, sostiene Taoré, que también pasó varios meses en Bolingo. “Llegaron al campo, quemaron toda nuestra ropa, destrozaron nuestras casas y tuvimos que subir una colina para escondernos, pero después la policía volvió y detuvo a muchos de mis compañeros” apostilla.

“La gente todavía se está recomponiendo de las redadas porque han sido muy duras en el norte, donde lo han destrozado absolutamente todo”, confirma la portavoz de Caminando Fronteras. A la hora de tomar la decisión de partir, según Maleno, también influye el proceso de regularización para los migrantes lanzado por el Gobierno. “Con las regulaciones a los migrantes, Marruecos trata de demostrar a la Unión Africana que puede ser un buen socio porque respeta a África, las migraciones”, asegura.

“Entre ese equilibrio las personas ven Marruecos como un país de paso porque no perciben garantías. Aunque exista posibilidad de regulación, no hay integración, ni acceso a unos derechos sociales”, afirma Maleno, experta en migración y derechos humanos.

Según Fuadi, la violencia, el miedo a ser deportados en el desierto y el riesgo de sus vidas ante la represión empujan a muchos migrantes a saltar al mar. “Vine en la patera con 47 hombres y tres mujeres, no teníamos otra opción”, insiste.

El sur de España, puerta entre África y Europa, siempre ha sido canal de tránsito en el flujo migratorio. Las llegadas de personas en patera se han incrementando un 50% en 2016 con respecto al año anterior. Más de 6.100 migrantes han llegado por esta vía a las costas andaluzas, según el Ministerio del Interior.

A pesar del aumento, las cifras de llegadas a España son muy inferiores en comparación con la totalidad de las entradas registradas en la Unión Europea por vía marítima. En 2016, 339.783 migrantes y refugiados alcanzaron el territorio europeo de esta manera.

En libertad debido al “colapso” de los CIE

Taoré y Fuiadi se conocieron en el trayecto y ahora continuarán su viaje hacia Francia. El primero estudia la posibilidad de solicitar asilo en Francia, “será más fácil para mí allí. Habló francés y ellos nos colonizaron”.

Muchas de las personas llegadas en enero quedaron en libertad sin pisar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y ahora emprenden una nueva ruta hacia otros destinos.

Los 155 hombres y mujeres de origen subsahariano que llegaron en tres pateras a principios de enero a Málaga fueron puestos en libertad tras ser retenidos en la Comisaría Provincial, donde solo pueden permanecer un máximo de 72 horas.

Fuentes de Interior atribuyen su puesta en libertad al colapso en los CIE. Algunas ONG como Algeciras Acoge reiteran que los migrantes entran y salen de los centros, por lo que no deberían estar llenos. Caminando Fronteras añade que “están desbordados porque tienen que ponerlos en libertad inmediatamente y lo hacen una vez que han sido detenidos, privados de libertad. Además, al contrario de lo que dice el Estado español, la mayoría no son devueltos a su país”.

El CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa, los únicos aún abiertos en Andalucía, cuentan con 190 y 160 plazas, respectivamente. Sin embargo, el CIE de La Piñera (Algeciras), no está en funcionamiento en su totalidad, debido a las malas condiciones en las que se encuentra, tal y como ha señalado en un auto reciente Belén Barranco, titular del juzgado de instrucción número 1 de Algeciras.

La jueza destaca que existe una “absoluta masificación” e insta a la policía a que “solvente las graves irregularidades”. Según datos del Ministerio de Interior, 2.303 personas fueron internadas en este CIE en 2015, casi la mitad del total en España.

“Ahora estoy en un hotel en Málaga, estoy yendo al hospital, trato de recuperarme y me siento en calma, porque quiero continuar mi viaje. Tengo amigos que viven en París y quiero ir allí”, relata Fuadi días después de arriesgar su vida en el Mediterráneo.

Los ocho juristas internacionales pertenecientes a la delegación de observadores de derechos humanos, que han sido expulsados de Marruecos fueron expulsados este jueves cuando pretendía visitar a 13 presos saharauis en huelga de hambre, estudian presentar medidas legales ante la Unión Europea y el Congreso de los Diputados. 

“Nos parece mal que un país que es preferente para la Unión Europea no se le pida ninguna contraprestación en materia de derechos humanos”, ha declarado Juan Carlos Gómez, abogado del grupo internacional, quien además apostilló a su llegada en el Puerto de Algeciras que el grupo estudiará medidas que pretenden presentar en el Congreso de los Diputados ante una “expulsión muy grave” ya que la delegación había anunciado desde un primer momento que iba en calidad de observadores y no de turistas como se les acusa.

Francisco Serrano (ex alcalde del municipio sevillano de Montellano) ha informado poco minutos después de su expulsión que el grupo devuelto se volverá a reunir para tomar algunas medidas contra le Unión Europea y España. “Medidas va a haber. Hay que estudiarlas entre todo el grupo. Primero habría que recurrir a la Unión Europea, porque hemos sido detenidos ilegalmente, y nos han expulsado ilegalmente”, ha aclarado el jurista quien destacó que las autoridades alauíes no les han permitido realizar una observación internacional, ya que según han indicado el objetivo de la visita era realizar un informe en el que incluían en su agenda la visita del Tribunal marroquí, Asociaciones de Derechos Humanos y representantes de la Unión Europea en Marruecos, así como un encuentro con el embajador de los Estados Unidos.

Pero el Gobierno Civil de Rabat, ha señalado en un comunicado tras la expulsión administrativa, que los observadores internacionales pretendían  “entrar en Marruecos para sembrar la discordia y atentar contra el orden público”. 

Por su parte, fuentes diplomáticas españolas han informado de que la Embajada en Rabat ha estado pendiente desde el primer momento que tuvo noticias de este asunto y que hizo varias gestiones, pidiendo explicaciones oficiales de lo ocurrido. Sin embargo, los observadores denuncian que el cónsul se reunió siete horas después de la detención y que han sentido “desprotección”. “La actuación del cónsul general de Rabat ha dejado mucho que desear”, ha apostillado Serrano quien ha destacado que el cónsul les advirtió de  que: “no habláramos con la prensa hasta que pasara unos días porque si hablábamos nos podrían detener”. 

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un comunicado a través de la Oficina de Información diplomática donde confirma que España ha pedido “explicaciones oficialmente a la Embajada de Marruecos en Madrid” y ha mostrado su “preocupación por la expulsión administrativa”, de cinco juristas españoles. Información que obtuvieron los dos abogados andaluces durante el trayecto desde Rabat hacia el Tánger-MED en una patrulla con tres agentes marroquíes

“Nos quitaron el pasaporte en el hotel” 

A las cinco de la tarde del miércoles, y tras pasar varios minutos en la habitación en un hotel de la capital marroquí, el grupo de 8 juristas europeos (cinco españoles, dos franceses y un belga) que viajaron al reino alauí para preocuparse por la situación de los presos saharauis de Gdeim Izik, comenzaron a escuchar fuertes golpes en sus puertas.

“Acordamos descansar un poco antes de la cena para organizar la agenda de los próximos días, cuando escuchamos aporrear la puerta”, relatan los abogados que según han contado a eldiario.es salieron a abrir la puerta cuando se encontraron a los agentes de paisanos que les “invitaron a ir a comisaría”. Antes, les requisaron les pasaportes, y les acompañaron “forzosamente”.

“Una vez al llegar a la comisaría nos requisaron los teléfonos y nos tuvieron incomunicados durante cinco horas”, relata Francisco Serrano, quien señaló que los agentes les tomaron declaración. “Nosotros pusimos en la tarjeta de embarque que veníamos a trabajar, ellos alegan que veníamos de turismo y que mentimos” señala el jurista quien ha calificado la expulsión de “ilegal”.

Tras pasar más de cinco horas en comisaría las autoridades les informaron que iban a ser expulsados, “en primer lugar nos pretendían traer hasta Tánger a las 22:30, pero finalmente nos llevaron al hotel, donde estuvimos detenido hasta las 6 de la mañana”, ha explicado el abogado.  Durante toda la noche, diez agentes los vigilaban. Momento en el que se encontraron con el cónsul español a expensas de la inminente expulsión de los abogados andaluces y entre ellos el magistrado Jesús María Martín, la abogada francesa Ingrid Metton, el profesor de derecho internacional Eric David (Universidad Libre de Bruselas) y las abogadas españolas María Nieves Cubas y Altamira Gonzalo.

“En la mañana nos han llevado tres policías desde el hotel en una patrulla hasta el puerto de Tánger-MED, allí nos ha escoltado un policía hasta el Puerto de Algeciras, donde nos han entregado los pasaportes”, destaca Serrano a su llegada al puerto gaditano quien ha confirmado que desde las cinco de la tarde hasta que llegaron a Algeciras no les habían devuelto sus documentos.

El colectivo ha resaltado que “la expulsión se ha debido a que Marruecos no quiere que conozcamos la situación en la que están los presos de Gdeim Izik” en el que los observadores denuncian desde hace años “el juicio es nulo de pleno derecho” ya que según han explicado “la constitución prohíbe los juicios de excepción, y estos presos fueron juzgados en un tribunal militar”. 

El 17 de febrero de 2013 un tribunal militar marroquí condenaba a 25 civiles saharauis por su participación en el campamento de protesta de Gdeim Izik, que se dispersó violentamente por las fuerzas marroquíes el 8 de noviembre de 2010. Tres años después, 13 de los presos mantuvieron una huelga de hambre desde el 1 de marzo al declarar “nulo de pleno derecho” e “imparcial” el juicio al que han sumado su rechazo organismos internacionales como Amnistía Internacional.