El mundo afronta una crisis sistémica multidimensional sin precedentes. Enderezar la situación implica resituar los valores y las prioridades con perspectiva y responsabilidad intergeneracional. La pandemia de la COVID19, la crisis climática, la pérdida global de biodiversidad, etc. no son más que evidencias de los desequilibrios introducidos en las reglas del juego ecosistémico, que amenazan seriamente la salud de las personas, la biosfera y la vida.

El bienestar de las generaciones actuales y futuras solo será posible si garantizamos que los organismos públicos y cualquier actor privado tenga en cuenta, en términos de bienestar ambiental, social, económico y cultural, las externalidades negativas de todas sus actuaciones y planificaciones estratégicas y el impacto de sus actuaciones sobre las generaciones futuras para garantizar el derecho a vivir en un contexto ecológico y territorial óptimo en una sociedad económicamente y socialmente justa. Desde el GOB - entidad ecologista de referencia en las Islas Baleares que este año cumple 50 años – hemos trabajado históricamente la defensa del territorio y de los recursos naturales, cuestionando planos y proyectos, políticas e inversiones, haciendo denuncia y movilizando.

Ahora nos encontramos en un momento crucial de cambio en el que, amparados por las declaraciones de emergencia climática, debemos poner en cuestión el conjunto del sistema. El modelo socioeconómico, las políticas públicas y las prioridades sociales deben enfocarse hacia una transición ecosocial que permita garantizar el sostenimiento de la vida con condiciones de justicia para las generaciones presentes y futuras.

Por ello, a finales de 2019 empezamos a trabajar en la idea de plantear una propuesta que situara una voz fuerte del ecologismo en este futuro de emergencias e incertidumbres. Queríamos lanzar una propuesta para impulsar el debate y la acción, hacia un urgente y necesario cambio de paradigma. Coincidíamos en que la asistimos a una oportunidad para exigir aquello que las inercias habituales del sistema económico, social y político, se considera utópico o imposible. Pusimos ganas, creatividad y muchas horas de trabajo para diseñar una nueva herramienta social para impulsar el cambio necesario. Así, después meses de reuniones, análisis e investigación surgió la propuesta de lanzar una Iniciativa Legislativa Popular con la primera Ley de Bienestar para las Generaciones Presentes y Futuras de las Islas Baleares, pionera en el Estado.

Con esta iniciativa pretendimos dar una respuesta global y ciudadana a un reto sin precedentes: poner la vida en el centro y garantizar la preservación de aquello que la sostiene (territorio, recursos naturales y personas) por encima y por delante de la economía dominante. El mercado pone el foco en la productividad y la generación de riqueza para unos pocos, a cambio de la sobreexplotación de los recursos y las personas, sin atender los límites biofísicos ni atender las necesidades de las generaciones futuras. Y sin embargo, nuestras islas lo tienen todo para convertirse en un espacio real de transición justa hacia una otra sociedad y otra economía.

Necesitamos un marco legal que garantice la preservación de la vida. Un esfuerzo jurídico sin precedentes que impulse el cambio de valores y ayude a definir colectivamente las prioridades en la toma de decisiones. Un marco normativo que impregne a todas las políticas económicas y sectoriales, tanto en el ámbito social, como en el ámbito de la salud de las personas, los recursos y del entorno que nos sostiene. Sabemos que esta es la única salida si queremos garantizarnos el futuro.

Así empezó un grupo de trabajo para crear una nueva herramienta social para el cambio. Empezamos analizando e investigando iniciativas similares, entre las cuales nos resultó muy inspiradora la Ley de Gales de Bienestar de las Generaciones Futuras. Desde del grupo, analizamos los pormenores de esta ley, gracias a un miembro del grupo, profesor de la URV que estaba haciendo su trabajo de investigación sobre ella. La aterrizamos al marco normativo e institucional propio, lanzamos una clínica jurídica con la URV1con la intención de tener un asesoramiento jurídico en relación a posibles problemas competenciales de la Ley propuesta y su conexión con otra normativa aplicable, analizar experiencias otros países con instituciones para las futuras generaciones y su posible inclusión en Baleares e identificar los indicadores de bienestar que podían ser de mayor utilidad para su inclusión a la ley.

En junio de 2021 disponíamos ya de un texto y elaboramos la estrategia de campaña, comunicación y movilización que debía acompañar la ILP. En octubre, constituimos el grupo promotor, registramos el texto de la Ley junto con un documento de justificación ante el Parlamento y la presentamos a la sociedad en rueda de prensa. En noviembre fue aceptada por el Parlamento e iniciamos todo el periplo para poder iniciar la campaña de recogida de firmas: cerca de 60 fedatarios para avalar e impulsar la recogida de firmas en todas las islas, recopilación de documentación, certificados, actas notariales y finalmente el acto de jura/promesa de los fedatarios en el Parlamento que dio inicio a la campaña de 4 meses que establece la ley reguladora de las ILP. Entonces se sucedieron multitud de actos informativos y festivos, mesas de recogida de firmas, talleres de serigrafía, charlas, debates, aparición en medios de comunicación, entrevistas, manifiestos de apoyo de otras entidades del territorio y fuera del territorio... hasta culminar con un gran mosaico humano que el 28 de mayo de 2022 se hizo en la Plaza Mayor de Palma seguida de conciertos populares.

Recogidas cerca de 12.000 firmas (necesitábamos 7000 según la Ley), pudimos presentarlas al Parlamento que, una vez validadas, puso fecha para la defensa de la Ley en el Pleno. El 28 de noviembre de 2022, el Presidente del GOB, hizo la defensa de la Ley en nombre de la Comisión Promotora y el Pleno voto a favor de su tramitación. Este ya fue un hecho histórico porque, hasta ese momento ninguna ILP había conseguido superar ese trámite en el Parlamento de las Islas Baleares. Se inició así, la última etapa del proceso: la publicación de la propuesta de Ley en el Boletín Oficial del Parlamento, el inicio del periodo de enmiendas por parte de los grupos con representación parlamentaria y un trabajo intenso y conjunto en el que también se implicaron la Consejería de Presidencia y la abogacía de la Comunidad Autónoma, para consensuar las enmiendas e iniciar su paso por ponencia y comisión, antes de llegar de nuevo al Pleno del Parlamento la propuesta definitiva.

Así, el 28 de marzo, la Comisión Promotora inició el debate en el Parlamento con una intervención de 10 minutos que dio paso al debate y votación de los grupos parlamentarios con el resultado de la aprobación por mayoría absoluta de la primera Ley para el Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras. Ahora tendremos que seguir la aplicación efectiva de la ley recordando que es una ley que sale de la iniciativa popular y que esta, va a defenderla siempre.

1El estudio fue realizado por estudiantes del Máster Universitario de Derecho Ambiental de la URV, en el marco de la asignatura “Clínica Jurídica Ambiental” y estudiantes del Máster en Derecho de la Universidad de Chile, en el marco del seminario denominado “Derecho Internacional del Medio Ambiento: desafíos actuales e impacto en los regímenes jurídicos internos”.

El passat dimarts 27 de setembre 9 ciutats -Barcelona, Donostia, Aiacciu, València, Venècia, Palma, Napoli, Marseille i Lisboa- de les que conformen part de la Xarxa SET varen convocar a l’acció, de manera simultània i unitària, per a contrarestar la celebració del Dia Mundial del Turisme. No és el primer cop. Des de la constitució de la Xarxa al 2018 i el llançament del seu manifest fundacional, el 27 de setembre ja ha estat en altres ocasions utilitzat per la reivindicació de tot allò que, des les entitats membres de la xarxa, venim denunciant i treballant des de fa anys.

Enguany, sota el lema “World Tourism Day = Collapse Tourism Day”, es convocaren espais de debat, rodes de premsa, accions de denúncia al carrer o mobilitzacions contra el que podem anomenar “el turisme del col·lapse”, o bé, contra el col·lapse al que s’aboquen territoris i societats àmpliament turistitzats.

A Mallorca, centenars de persones varen fer una cadena humana al voltant del Consolat de Mar i Plaça de la Llonja que, en alguns punts va ser triple volta, convocats per les entitats de la Plataforma contra l’Ampliació de l’Aeroport i comptant amb el suport i implicació de més de 30 entitats i altres plataformes actives d’arreu de Mallorca. Tot un èxit de participació després d’un estiu de represa intensa, i fins i tot superació, dels escenaris turístics previs a la pandèmia de la COVID 19, que per dos estius consequtius havia alentit de manera important l’activitat, i per tant, el negoci turístic.

La realitat és que els impactes i les conseqüències del turisme a les nostres illes tenen moltes vessants i molt diverses: des de la precarietat laboral i la manca d’oportunitats en una societat de serveis hiperturistizada, a la problemàtica d’accés a l’habitatge per l’augment de preu de l’especulació financera-immobiliària, la precarització de la qualitat de vida, l’abandonament i fracàs escolar, l’expulsió veïnal, la gentrificació, la sobreexplotació dels recursos, l’especulació del sòl, la construcció d’infrastructures sobredimensionades, la devastació del territori, la crisi climàtica, la pèrdua d’identitat, la mercantilització del qüotidià i dels comuns, la ruptura del teixit social, etc. I són moltes, per tant, les entitats i col·lectius de la societat civil organitzada que es mouen, no només contra la massificació dels mesos intensos d’estiu, sinó i sobretot contra les nefastes conseqüències de la turistització gairebé absoluta de la nostra economia i, per tant, de la societat que la sosté.

No és només un tema d’especialització turística, que també, sinó un problema de manca de diversitat, de no assumpció de límits i de fracàs absolut en termes socials, malgrat els anuncis a bombo i plateret d’haver tengut un estiu de plena ocupació. Perquè, com sempre, el que cal demanar-se és: en quines condicions? I són moltes treballadores i treballadors que adverteixen que a nivell de sobrecàrrega laboral ha estat una de les pitjors temporades viscudes: molta feina, menys gent per treballar, menys marges de guany per la pujada dels preus d’energia, aliments i combustibles pels empresaris, i per tant, pitjors condicions per la mà d’obra que acaba sostenint totes aquestes pressions per ajustar (i garantir) el marge de benefici esperat dels qui contracten la temporada.

Però a aquestes mobilitzacions i reivindicacions socials ens manca gent. Ens manquen els sindicats majoritaris a les Illes que es distancien d’aquest tipus de convocatòria i ens manquen els i les joves que hauran d’afrontar les conseqüències encara pitjors que estan per venir en els escenaris d’un futur ple d’incerteses i crisis successives que ha arribat molt abans del que tots imaginàvem. Ens falten sobretot les treballadores i treballadors, molt sovint migrants, dels sectors que directa i indirectament viuen del turisme. Perquè sovint aquestes mogudes surten d’aquells que des de les nostres esferes de privilegi analitzam, denunciam i, en alguns casos, ens sentim molestats o fins i tot dolguts, agreujats o indignats pels efectes negatius de l’excés de turisme. Però no hi són als nostres espais de confluència i mobilització –molt sovint excloents– ni aquells que, de manera encara més o menys abstracta veuen compromès el seu futur, ni aquells que de manera directa viuen, pateixen i sostenen el pitjor dels pesos d’aquest paradís de ficció que venem als turistes com a escenari de les seves vacances.

I el problema no és que ells no venguin. El problema és que nosaltres no siguem capaços d’interpel·lar les seves realitats, ni que la societat des de la que ens articulam no és vertaderament diversa i representativa de tota la diversitat i complexitat de realitats que hi convivim. En el cas de les treballadores i treballadors, sovint els tenim a la contra –i no sense raó– per atacar, des del privilegi, precisament allò que, encara que sigui precàriament, els sosté.

I aquí ens cal una reflexió profunda. Que ni en les exigències d’altres polítiques fetes des del suposat paradigma nostre de la transició ecosocial, ni en la construcció d’alternatives de suport mutu i espais col·lectius, sabem apropar-nos, respondre o assumir aquestes realitats que configuren els marges dels marges d’una realitat no aliena ni separada, sinó de la nostra mateixa realitat. La classe treballadora, les diversitats i les vides migrants i els joves no hi són amb nosaltres, o no hi som nosaltres amb ells, o senzillament no som u, i aquí, malgrat l’èxit llegit de la convocatòria de cadena humana, s’hi escau fer-nos les preguntes de: des d’on ens mobilitzam, per a qui, i per a què vertaderament ens estam mobilitzant, i també -i no menys important- com enfrontarem als reptes dels canvis que vendran, sí o sí, sense poder dissoldre'ns en aquest univers comú i divers, amb una mirada i un fer interseccional i integrat (que no integrador), i que tant i tant necessitam amb urgència.

Mallorca és un territori insular fràgil i limitat. La indústria turística no ha volgut ser mai conscient dels límits que això implica i les polítiques econòmiques, centrades gairebé exclusivament en el monocultiu turístic, s'han dedicat a dissenyar infraestructures i gestionar els recursos (inclòs el territori) de manera que aquesta limitació física no fos mai un impediment per a nous creixements i pel desenvolupament de noves inversions – abans d'especuladors locals, o grans empreses estatals, ara, cada cop més, dels impersonals fons d'inversió – i de nous productes turístics que compareixen de la mà del discurs dels suposats beneficis de la «desestacionalització turística» i últimament– de la mà d'un govern «progressista»- sota l'etiqueta de «turisme sostenible» per continuar amb el relat tou dels efectes del turisme i seguir alimentant el monstre.

Així, tot i que des de col·lectius ecologistes com el GOB (a Mallorca des del 1973) i altres col·lectius i moviments socials de les Illes, fa anys que advertim de la insostenibilitat i els impactes d'aquesta realitat – no només ambientals sinó també, socials i econòmics – a la qual ens ha abocat la turistificació total i absoluta de les nostres vides, podem assegurar que finalment, la situació se'ns ha escapat totalment de les mans. Som incapaços de controlar el nombre de persones, que només fa que créixer, que visiten les nostres illes – perquè no tenim competència sobre les grans portes d'entrada: ports i aeroport - i responem a l'allau de persones mercantilitzant pel turisme els nostres habitatges i tots els nostres racons, augmentant gairebé fins a l'infinit la nostra capacitat d'allotjament, i duent les infraestructures i l'explotació dels recursos al límit.

En només deu anys, Mallorca ha passat de rebre 5,9 milions de turistes anuals a quasi el doble,10,9 milions el darrer any. El parc d'automòbils ha augmentant un 35% des de l'any 2000, sense tenir en compte els més de 100.000 cotxes de lloguer que es posen sobre les carreteres els mesos d'estiu i amb el conseqüent rècord de consum de benzina i gasoil. En relació als recursos hídrics, tenim els la majoria dels aqüífers en situació de sobreexplotació i amb problemes de salinització i contaminació. Els embassament pateixen escassesa en temporades de sequera com la de l'any passat, i la mancança d'aquest recurs bàsic es compensa amb el funcionament a tot rendiment de plantes dessaladores d'aigua, amb el cost ambiental i energètic que això implica. Les aigües grises no es depuren correctament en unes infraestructures que han quedat obsoletes i que no estan en absolut dimensionades per les quantitats d'aigues grises que finalment han de depurar. Això es tradueix en abocaments d'aigües mal depurades per torrents i emissaris marins, i la pèrdua d'un recurs que es podria reutilitzar. El consum elèctric, la producció de fems, les emissions de gasos contaminants, confirmen la seva tendència a l'alça directament lligada a l'increment de la pressió humana sobre aquest territori, fent que les polítiques d'estalvi, racionalització o sostenibilitat (quan tímidament es plantegen) quedin en un no res i totalment neutralitzades per l'augment incessant de la demanda en termes absoluts.

I el territori, sotmès: espais naturals degradats, oferts com a nous i «sostenibles» productes turístics (que fàcilment es massifiquen) sense estudis previs de capacitat de càrrega i sense capacitat per garantir que aquesta pressió sigui compatible amb la conservació dels seus valors naturals; fondeigs irregulars arreu amb efectes negatius sobre les importants praderies de posidònia, ocupacions de les platges per instal·lacions temporals de platges il·legals amb la conseqüent degradació dels sistemes dunars; urbanització del camp o rurubanització, que converteix el sòl rústic, que hauria de ser d'ús exclusivament vinculat al sector primari, en un dels sòls amb més pressió immobiliària i per a usos turístics, ja sigui per lloguer de vacances dels habitatges (amb piscina òbviament) que s'hi continuen deixant construir, com per a ofertes de productes turístics que s'hi acaben implantant (camps de golf, allotjaments de turisme rural de luxe, etc.) convertint tota la illa en un autèntic parc temàtic, escenari de les vacances d'aquells que ens visiten.

A aquest panorama en termes ambientals, s'hi sumen ja els conflictes socials derivats de la precarització laboral generalitzada a tots els sectors de la illa, i especialment al sector turístic, els vinculats a la pressió que té actualment Palma, la Ciutat, com a destinació turística amb processos, incipients i consolidats en funció de les barriades, de gentrificació, de desplaçament de les persones residents per turistes, desnonaments, especulació, de reconfiguració dels espais públics i serveis que deixen de ser destinats a les persones residents i passen a convertir-se en serveis per a turistes visitants, i els relacionats amb la manca d'alternatives de diversificació econòmica que ens permetin pensar en un futur amb el turisme com un sector més d'una economia resilient, equilibrada i adaptada als límits de la nostra realitat insular.

Ara mateix la dependència del sector turístic és absoluta i aquest ens sotmet a les seves exigències per continuar extraient un alt rendiment econòmic a costa del territori i les persones que hi vivim. Una situació perversa i altament preocupant i que no només té Mallorca com a territori objectiu. Ciutats com Barcelona, València, Lisboa i Venècia pateixen també les conseqüències de la concepció de les ciutats com a espais de mercantilització turística sotmeses a estratègies de màrqueting de destinació i producció d'imatge, i venudes a través dels nous canals de comercialització que s'amaguen darrera la suposada «economia col·laborativa». Totes aquestes ciutats pateixen ara processos similars amb una conseqüència greu comuna: l'expulsió dels residents i la conversió de les ciutats en ciutats-escenari. En cap cas, trobam una resposta política capaç (ni amb voluntat suficient) per fer-hi front. Així, davant l'absència de coratge i voluntat política, la societat s'organitza i comença a qüestionar fortament el model: Ciutat per qui l'habita, el col·lectiu editor del Tot inclòs, les associacions de veïns de Palma, Terraferida, GOB són col·lectius que hi traballen a Mallorca, però no ho fan sols. Es van establint xarxes amb altres contramoviments socials d'arreu com l'ABTS de Barcelona, Entre Barris de València, Left Hand Rotation a Lisboa, No Grandi Navi de Venècia... col·lectius que treballam conjuntament per a incidir, a partir del conflicte social, econòmic i ambiental que genera el monocultiu turístic, en el debat social, en la denúncia i en la generació d'alternatives a una realitat desbordada que només respon a les lògiques dels interessos vinculats al negoci turístic.

Mallorca es un territorio insular frágil y limitado. La industria turística no ha querido ser consciente de los límites que ello implica y las políticas económicas, centradas casi exclusivamente en el monocultivo turístico, se han dedicado a diseñar infraestructuras y gestionar los recursos (incluido el territorio) para que esta limitación física no fuera nunca un impedimento para nuevos crecimientos y el desarrollo de nuevas inversiones –antes de especuladores locales, o grandes empresas estatales, ahora, cada vez más, de los impersonales fondos de inversión–. También de nuevos productos turísticos que comparecen de la mano del discurso de los supuestos beneficios de la “desestacionalización turística”. Últimamente, de la mano de un gobierno “progresista” bajo la etiqueta de “turismo sostenible” sigue un relato blando de los efectos del turismo y sigue alimentándose el monstruo.

Así, aunque desde colectivos ecologistas como el GOB (en Mallorca desde 1973) y otros colectivos y movimientos sociales de las Illes, hace años que advertimos de la insostenibilidad y los impactos de esta realidad –no sólo ambientales sino también, sociales y económicos– a la que nos ha empujado la turistización total y absoluta de nuestras vidas, podemos asegurar que, finalmente, la situación se nos ha escapado totalmente de las manos.

Somos incapaces de controlar el número de personas, que no hace más que crecer, que visitan nuestras islas –porque no tenemos competencia sobre las grandes puertas de entrada: puertos y aeropuerto– y respondemos a la avalancha de personas mercantilizando turísticamente nuestras viviendas y todos nuestros rincones, aumentando casi hasta el infinito nuestra capacidad de alojamiento, y llevando las infraestructuras y la explotación de los recursos al límite.

En sólo diez años, Mallorca ha pasado de recibir 5,9 millones de turistas anuales a casi el doble, 10,9 millones en el último año. El parque de automóviles ha aumentando un 35% desde el año 2000, sin tener en cuenta los más de 100.000 coches de alquiler que se ponen sobre las carreteras los meses de verano y con el consiguiente récord de consumo de gasolina y gasóleo. En relación a los recursos hídricos, tenemos la mayoría de los acuíferos en situación de sobreexplotación y con problemas de salinización y contaminación. Los embalses sufren escasez en temporadas de sequía como la del año pasado, y la carencia de este recurso básico se compensa con el funcionamiento a todo rendimiento de plantas desaladoras de agua, con el coste ambiental y energético que ello implica. Las aguas grises no se depuran correctamente en unas infraestructuras que han quedado obsoletas y que no están en absoluto dimensionadas para las cantidades de aguas que finalmente han de depurar. Esto se traduce en vertidos de aguas mal depuradas por torrentes y emisarios marinos, y la pérdida de un recurso que se podría reutilizar.

El consumo eléctrico, la producción de basuras, las emisiones de gases contaminantes, confirman su tendencia al alza directamente ligada al incremento de la presión humana sobre este territorio, haciendo que las políticas de ahorro, racionalización o sostenibilidad (cuando tímidamente se plantean) queden en nada y totalmente neutralizadas por el aumento incesante de la demanda en términos absolutos.

Y el territorio, sometido: espacios naturales degradados, ofrecidos como nuevos y “sostenibles” productos turísticos (que fácilmente se masifican), sin estudios previos de capacidad de carga y sin capacidad para garantizar que esta presión sea compatible con la conservación de sus valores naturales; fondeos irregulares, partes con efectos negativos sobre las importantes praderas de posidonia; ocupaciones de las playas para instalaciones temporales de playas ilegales con la consecuente degradación de los sistemas dunares; urbanización del campo o rurubanització, que convierte el suelo rústico, que debería ser de uso exclusivamente vinculado al sector primario, en uno de los suelos con más presión inmobiliaria y para usos turísticos, ya sea por alquileres vacacionales de las viviendas (con piscina obviamente) que se siguen dejando construir, como para ofertas de productos turísticos que se acaban implantando (campos de golf, alojamientos de turismo rural de lujo, etc.), convirtiendo toda la isla en un auténtico parque temático, escenario de las vacaciones de aquellos que nos visitan.

A este panorama en términos ambientales se suman ya los conflictos sociales derivados de la precarización laboral generalizada en todos los sectores de la isla, y especialmente en el sector turístico, los vinculados a la presión que tiene actualmente Palma, la ciudad, como destino turístico con procesos, incipientes y consolidados en función de los barrios, de gentrificación, de desplazamiento de las personas residentes por turistas, desahucios, especulación, de reconfiguración de los espacios públicos y servicios que dejan de ser destinados a las personas residentes y pasan a convertirse en servicios para visitantes. Así como los relacionados con la falta de alternativas de diversificación económica que nos permita pensar en un futuro con el turismo como un sector más de una economía resiliente, equilibrada y adaptada a los límites de nuestra realidad insular.

Ahora mismo la dependencia del sector turístico es absoluta y éste nos somete a sus exigencias para continuar extrayendo un alto rendimiento económico a costa del territorio y las personas que vivimos. Una situación perversa y altamente preocupante y que no sólo tiene Mallorca como territorio objetivo. Ciudades como Barcelona, Valencia, Lisboa y Venecia sufren también las consecuencias de la concepción de las ciudades como espacios de mercantilización turística sometidas a estrategias de marketing de destino y producción de imagen, y vendidas a través de los nuevos canales de comercialización que se esconden detrás de la supuesta “economía colaborativa”. Todas estas ciudades sufren ahora procesos similares con una consecuencia grave común: la expulsión de los residentes y la conversión de las ciudades en ciudades-escenario.

En ningún caso, encontramos una respuesta política capaz (ni con voluntad suficiente) para hacerles frente. Así, ante la ausencia de coraje y voluntad política, la sociedad se organiza y empieza a cuestionar fuertemente el modelo: Ciudad para quien la habita, el colectivo editor del Todo incluido, las asociaciones de vecinos de Palma, Terraferida y GOB son colectivos que trabajan en Mallorca, pero no lo hacen solos. Se establecen redes con otros contramovimientos sociales, como el ABTS de Barcelona, Entre Barrios de Valencia, Left Hand Rotation en Lisboa, No Grandi Navi de Venecia... Colectivos que trabajamos conjuntamente para incidir, a partir del conflicto social, económico y ambiental que genera el monocultivo turístico, en el debate social, en la denuncia y en la generación de alternativas a una realidad desbordada que sólo responde a las lógicas de los intereses vinculados al negocio turístico.