El viernes estalló la estampida de refugiados hacia Grecia, fruto del anuncio de Recep Tayyip Erdogan de no vigilar la frontera Occidental turca, y desde entonces las autoridades helenas han intentado contener las llegadas por la fuerza. Mientras el régimen sirio intensificaba sus ataques en Idlib contra posiciones turcas, Erdogan convocaba una reunión urgente que acabaría en una apertura de la frontera Occidental y la consecuente ruptura del pacto con la Unión Europea firmado en 2016.

La reacción griega a la crisis ha sido implacable, teniendo en cuenta las imágenes que empezaban a llegar a los despachos de Atenas. El mismo viernes por la mañana, horas después que 34 soldados turcos perdieran la vida en Idlib, decenas de autobuses salían del barrio de Fatih, en Estambul, hacia la frontera con Grecia. Lo hacían llenos de refugiados que, a través de las redes sociales, conocían la situación: Turquía abriría las fronteras y podrían pasar a territorio heleno.

Al convoy de autobuses, gratuito para los refugiados, se sumaban taxis y vehículos particulares que subían al norte del país. Poco a poco, miles de refugiados se iban acumulando en la frontera. Al principio lo hacían en el paso fronterizo de Pazarkule, a pocos kilómetros de la ciudad de Edirne. Más tarde, el lado turco del río Evros se iría llenando hasta alcanzar los cerca de 13.000 refugiados que la Organización Internacional para las Migraciones contabiliza.

En Pazarkule, las hogueras son la única fuente de calor para contrarrestar las gélidas temperaturas nocturnas. Si en la primera noche la mayoría de los refugiados eran hombres jóvenes, al día siguiente, por la mañana, el espacio se llenó de familias y niños. Todos querían pasar a Grecia, lo que alertó a las autoridades helenas cuando los miles de refugiados allí acumulados se decidieron a reclamar su entrada en Grecia. Como respuesta, recibieron gas pimienta y bombas de sonido.

Uno de los damnificados, Dahi, fue de los primeros en llegar. Sus ojos aún lloraban: “Hemos intentado cruzar por aquí, pero nos han tirado gas y hemos retrocedido”, aseguraba. La represión policial griega, a veces interrumpida por ráfagas al aire de fuego real por parte del cuerpo militar turco –presente en su respectivo lado del paso fronterizo– provocó varios heridos de poca gravedad, pero auguraba lo que muchos empezaban a sospechar: “Nos han traído aquí y las puertas están cerradas, nos han engañado”, decía Abdulhamid, refugiado afgano, junto a toda su familia. Esas puertas, que siguen cerradas, provocan la rabia de los refugiados que duermen a la intemperie sin servicios, sin comida y sin agua. El sábado por la noche, muchos empezaban a pensar que lo mejor era cruzar por el río Evros.

Deportaciones en caliente y robos

“Nos lo han robado todo y nos han devuelto a Turquía”, decía un refugiado afgano mientras caminaba, junto a otros dos compañeros, cerca del río Evros. Las deportaciones en caliente por parte de Grecia son múltiples estos días. “Ayer pasamos a las nueve de la noche. Nos pidieron 100 liras [15 euros] a cada uno por subir a las barcas y cruzar, pero los griegos nos atraparon y nos lo quitaron todo”, explica Masud, nacido en Siria. Él es uno de los miles de refugiados que la semana anterior lo abandonaron todo y ahora ya no tiene nada que perder. “Dijeron que la puerta [de Grecia] estaba abierta y dejamos el trabajo y la casa, pero la puerta sigue cerrada. Ahora mismo ya no tenemos nada ”, afirma.

Y él, que ya no tiene nada en Turquía, no tiene nada que perder. Otros, en cambio, han querido iniciar el camino de vuelta a casa, pero han chocado con un problema inesperado. “Volvíamos en un convoy de taxis, junto a 15 familias, pero la policía de tráfico nos paró y nos devolvieron a la frontera”, afirma Zekerya, de Iraq. Según los testimonios de los refugiados, el modus operandi de la policía griega pasa por las deportaciones en caliente; el de Turquía, por su parte, hasta el domingo era mantener a los refugiados en los puntos fronterizos.

Cerca del paso de Ipsala, una estación de autobuses está totalmente cerrada a los refugiados que quieren -o querían- sumarse al tren de Grecia. Pero en la estación hay buses que salen hacia Estambul. De hecho, entrar en la estación es fácil, pero salir se presenta complicado: sólo lo pueden hacer aquellos que se dirijan hacia Estambul o Ankara. Un joven afgano afirma que también salen otros buses, pero estos lo hacen hacia la frontera griega, ante la mirada y el control de la misma policía turca.

“No toleraremos ninguna entrada ilegal”

El primer ministro Kiryakos Mitsotakis fue claro desde el primer día en que la crisis empezó. “No toleraremos entradas ilegales”, dijo a través de Twitter. Después de ver que los disturbios en su frontera no mermaban durante el fin de semana, convocó una reunión de seguridad urgente donde decidió anular el proceso de peticiones de asilo. “A partir de ahora, no vamos a aceptar ninguna solicitud durante un mes”, dijo. La mano de hierro de la Administración griega también pasó por señalar a Turquía. “En lugar de reducir redes de contrabandistas, Turquía se ha convertido en un contrabandista”, dijo el portavoz del Gobierno heleno, Stelios Petsas.

“No cerraremos estas puertas y esto continuará. ¿Por qué? Porqué la Unión Europea debe mantener sus promesas. No debemos cuidar de estos refugiados, ni alimentarlos nosotros ”, dijo la semana pasada Erdogan. El presidente turco se queja de que los fondos para apoyar a los refugiados transferidos a Turquía desde Bruselas llegan demasiado lento y también ha pedido a la canciller alemana Angela Merkel que el dinero vaya directamente a las arcas del Gobierno turco.

Mientras Erdogan lleva al plano diplomático esta batalla, lo que empezó con simples amenazas se ha convertido en la mayor crisis migratoria desde 2015.

Grecia vuelve a ser en 2019 el primer país de recepción para los refugiados e inmigrantes que intentan alcanzar Europa. Según apunta ACNUR, un total de 9,981 personas llegaron a tierras helenas en lo que va de año. Por la ruta que atraviesa España, la más transitada hasta en 2018, han pasado 7.986 personas en el mismo periodo de tiempo. 

La mayoría de llegadas a Grecia se producen por mar: un total de 6,313 migrantes llegaron en precarias embarcaciones, mientras que 3,668 lo hicieron por la vía terrestre. El paso del Evros, río que separa Turquía y Grecia, es la ruta más utilizada para los que no quieren embarcarse en el Egeo. Según han afirmado en diversas ocasiones las principales organizaciones humanitarias, la zona del Evros está cada vez más concurrida: en 2017 cruzaron 6,592 personas, mientras que en 2018 se triplicó y alcanzó la cifra de 18,014.

En estos casos, los migrantes que consiguen alcanzar Grecia, lo hacen directamente al continente, esquivando así los efectos del acuerdo UE-Turquía. 

Eva Cossé, especialista en Grecia de Human Rights Watch, explica que las máximas preocupaciones en esa zona son las deportaciones en caliente. “La policía griega les expulsa de forma violenta”, afirma a eldiario.es. También destaca que las condiciones en los campos de registro no son adecuadas y fija su atención en las mujeres. “Nos preocupan las condiciones de los centros de detención, donde muchos refugiados no reciben el asesoramiento legal necesario para pedir el asilo y hay una gran falta de información. También vimos que algunas mujeres embarazadas no recibían la atención médica necesaria al llegar o las separaban de sus maridos durante días”.

En las islas, la situación tampoco mejora. En Samos, la saturación ha deteriorado de manera drástica las condiciones del principal campo, Vathy, donde malviven 3.200 personas en un espacio de 648. Anna Pantelia, trabajadora de Médicos Sin Fronteras, destaca que recientemente pudieron abandonar el campo alrededor de mil personas, pero “la situación es la misma, nada ha cambiado”, reitera.

En Moria, principal campo de refugiados de la isla de Lesbos, las condiciones son similares: 5.000 personas para un campo con capacidad para poco más de 3,000. Leonidas Alexakis, doctor para Médicos Sin Fronteras, describe desde el terreno para eldiario.es los números que ya se conocen, pero subraya que “poco a poco irán aumentando más debido a las condiciones meteorológicas”.  Cuanto más cálidos son los meses, mayor suele ser el número de embarcaciones que llegan a las costas.

A las preocupaciones se suman, añade Alexakis, todo tipo de enfermedades que “nunca veríamos si estuviésemos en sitios limpios o en casas, aquí hay muchos problemas de higiene”, denuncia.

La última situación denunciada por MSF en Lesbos es el caso de un refugiado con visibles problemas de salud mental. “Lo deportaron a Turquía el pasado 18 de abril”, afirma la trabajadora de MSF, Anna Pantelia. “Como organización médica no podemos opinar sobre un procedimiento legal, pero podemos afirmar que esta persona no tiene la salud para ser detenida ni deportada”, añade.

Según concluye MSF en un comunicado, “este tipo de situaciones ilustra perfectamente las brechas en el procedimiento de asilo para reconocer vulnerabilidades”. Los colectivos vulnerables suelen tener altas probabilidades, no solamente de resolver el proceso de asilo con mayor rapidez, sino también de abandonar las islas e ir a un lugar mejor en tierra firme. Su caso, aunque es extremo, no es aislado. Alexakis denuncia que “algunos pacientes no pueden hacerse pruebas médicas de importante calibre que demostrarían que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Pero Lesbos no goza de estas instalaciones y muchos deben seguir en precarias condiciones en los campos.

El año de la crisis de acogida

En 2015 el país heleno fue puerto de llegada de más de un millón de refugiados, un escenario que desbordó al país.  “Las llegadas eran masivas, los habitantes de la isla se tiraban al mar para salvarlos”, afirmaba para eldiario.es Theodoros Alexellis, coordinador de ACNUR en la isla de Lesbos. Pero el objetivo de la mayoría de los migrantes no era permanecer en Grecia, sino dirigirse hacia los Balcanes para continuar la ruta a países del centro de Europa.

Los interminables corrillos humanos huyendo de la conflicto y persecución sufrida en Irak, Siria o Afganistán ya eran una realidad dentro de suelo europeo. De tal forma, las fronteras de países como Bulgaria o Macedonia se reforzaron y la situación, si ya era difícil para Grecia, empeoró hasta dejarla aislada: los migrantes llegaban y no podían salir.

Fue entonces cuando Bruselas ratificó el pacto UE-Turquía, con el objetivo de frenar las llegadas a las islas griegas. El acuerdo suponía que aquellos refugiados que llegaran a las islas no podrían continuar su camino. Por lo tanto, quedarían varados en un campo de refugiados hasta que las autoridades griegas decidiesen darles luz verde para viajar a tierra continental.

Muchos lo siguen sufriendo hoy en día en campos como Moria o Vathy, donde las condiciones insalubres y la sobresaturación ha sido constante desde que Jean-Claude Juncker y Ahmet Davutoğlu, representando a la UE y Turquía, respectivamente, se estrecharon la mano para firmar el documento. Más tarde, se congratularon: las llegadas al conjunto insular decrecieron y Turquía absorbió casi la totalidad de refugiados que utilizaban esa ruta. Grecia dejó de ser el país de la Unión Europea por la que más migrantes entraban de forma irregular a la Unión Europea. 

La Italia con y sin Salvini

Cerrado el paso por Grecia, Italia era el principal punto de entrada a Europa durante 2016 y 2017. Lampedusa o Sicilia, entre otros, eran el nuevo foco. Más de siete mil personas murieron en dos años. Durante ese tiempo, alcanzaron el 181,436 y 119,369 inmigrantes y refugiados (respectivamente).

Durante este tiempo, aunque a gran distancia de las cifras registradas en Italia, el flujo migratorio por la ruta que atraviesa España presentaba aumentos significativos año tras año.

Eva Cossé, de HRW, no quiere especular sobre los motivos que provocan un aumento o descenso en el número de llegadas. “Cada zona es diferente y recibe personas de distintas procedencias dependiendo de lo que ocurra en sus países de origen”, destaca.

Después de que Matteo Salvini adquiriese la cartera como ministro del Interior la situación dio un giro: puertos cerrados y negativas al auxilio de aquellos que llegaban. Meses después, llegó la nueva ley de seguridad promulgada por el ultraderechista, por la que muchos inmigrantes, pese a contar con un permiso de residencia, no podían vivir en sus centros de acogida y muchos se quedaron en la calle. En 2018, año en que tomó posesión, la bajada en las llegadas se confirmó: 23,370.

España pacta con Marruecos

Con Italia y Grecia blindadas gracias a los acuerdos europeos, España pasó a encabezar el número de entradas clandestinas en 2018: Más de 65,000 personas llegaron de forma irregular, una cifra inferior a las registradas en Italia y Grecia en años anteriores. Poco después, las autoridades europeas pactaron con Marruecos un control más exhaustivo de las fronteras a cambio de 140 millones de euros.

Durante el verano, el Gobierno reactivó un acuerdo con Marruecos que permanecía prácticamente guardado en un cajón desde 1992, por el que permitía expulsar a quienes salten las vallas de Ceuta y Melilla en 24 horas: las llamadas “devoluciones exprés”. Sánchez mantuvo la práctica de las devoluciones en caliente de migrantes (inmediatas, realizadas a pie de valla y sin procedimiento previo) en sus fronteras terrestres a pesar de haberse comprometido a su derogación. 

Por otro lado, los operativos policiales en Marruecos se fortalecieron tras la promesa de la Unión Europea de aprobar más fondos para el Reino alauí. A su vez, el Gobierno español está apoyando al país vecino en la creación de un “servicio de rescate” basado en el salvamento marítimo español, para lo que el Ejecutivo de Sánchez ha ofrecido barcos y programas formación. 

Un informe reciente realizado por el CSIC y ACNUR revela que el 58% de los migrantes llegados a España a través de Marruecos o Argelia aseguran haber sufrido abusos y más de la mitad denuncian que los perpetradores fueron la policía y las fuerzas de seguridad. 

En 2019, y hasta el día de hoy, a España ha llegado un total de 7.986 migrantes por la vía irregular, según los datos de ACNUR. Mientras, Grecia ha recibido 9.981 personas. 

A pocos kilómetros del centro de Estambul, el barrio de Esenyurt despierta mientras la niebla matutina alza el vuelo. En una pequeña zona ajardinada situada a poca distancia del ayuntamiento municipal, una docena de sacos blancos y varias maletas se amontonan. Dos autobuses y una camioneta que saldrán en dirección a la frontera con Siria aguardan.

Para algunos refugiados es un gran día, vuelven a casa. Para otros, en cambio, se abre otra travesía por el desierto que no finalizará hasta volver a crear un hogar donde vivir. Al subir al autobús dejarán atrás la etiqueta de 'refugiados' que les ha perseguido en los últimos años para pasar a ser, otra vez, ciudadanos de pleno derecho. Son algunas de las 315.000 personas que, según los datos más recientes del Gobierno turco, han regresado a Siria.

Turquía ha acogido desde que empezó la guerra en Siria hace 8 años a 3,6 millones de personas procedentes de este país, según cifras gubernamentales. Todas ellas huyeron de sus casas en busca de una vida y un lugar donde empezar de nuevo, pero ahora muchas han decidido regresar a su tierra.

Un destino difícil

Turquía inició a finales de 2016 su primera incursión militar individual al norte de Siria para “librar la zona de terroristas”, según afirmó Ankara. De la bautizada Operación Escudo Protector del Éufrates se pasó a la polémica Operación Rama de Olivo, efectuada en las tierras kurdas de Afrin y con la ayuda de las fuerzas del Ejército Libre Sirio [ELS].

Los ataques se saldaron con la muerte de 200 civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, y 137.000 desplazados, de acuerdo con la ONU. Aunque la zona haya sido estabilizada a la fuerza, las denuncias por parte de organizaciones como Human Rights Watch alertan sobre el intercambio poblacional que existe: de la mayoría kurda se ha pasado a una mayoría árabe. Este enero, los ataques con coche bomba en las poblaciones de la devastada región de Afrin fueron continuos.

En cuanto al noreste del país, Estados Unidos, en combate contra el ISIS, ha anunciado que da por cumplida su misión y retirará sus tropas en un plazo que no se han aventurado a desvelar y que ya empieza a crear división en el seno de la Casa Blanca, puesto que el grupo terrorista está acabado territorialmente, pero sus ataques continúan.

En el caso en que los estadounidenses abandonen Siria, sus aliados, las Fuerzas Democráticas Sirias [FDS], se toparán de bruces contra un Ejército turco dispuesto a seguir con su incursión en el norte del desmembrado país. Ankara les acusa de tener a terroristas entre sus filas, concretamente a los kurdos de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), acusados de ser el brazo sirio del también catalogado terrorista PKK.

Ya lo anunció el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en diciembre: entrarían en Manbij, zona protegida por las YPG. La medida no es del agrado de Donald Trump: “Si atacáis a nuestros aliados kurdos destrozaré la economía turca”, afirmó el mandatario norteamericano en enero. Con Turquía vislumbrando el desfile de sus militares, otra vez, hacia tierras sirias, los combates parecen eternizarse.

De esta forma, la zona “protegida” por Turquía puede aumentar y los autobuses cargados de sirios provenientes del país eurasiático están enfilando una región que sigue en pie de guerra, mientras los convoyes de refugiados sirios se dirigen hacia el enclave kurdo de Afrin, controlado por el ELS.

El número de regresos a esta destartalada área se cuenta por centenares de mil. Según el Ministerio del Interior turco hasta 291.790 refugiados regresaron en 2018, mientras que la ONU prevé que en 2019 lo hagan cerca de 250.000. No todos finalizarán su camino en el norte de Siria, algunos seguirán hasta Damasco sorteando todos los peligros que conlleva la situación de conflicto. Entre los obstáculos que enfrentan, según Naciones Unidas, está los problemas con la documentación, sus propiedades confiscadas, el reclutamiento forzado y la presencia de minas y dispositivos sin explotar en áreas civiles.

“Dios proveerá”

En Turquía, la crisis económica ha encarecido el nivel de vida y muchos refugiados del país vecino no pueden permitirse el lujo de seguir viviendo aquí. La presión y el aumento del racismo por parte de la propia población turca tampoco es un mito: el barrio de Esenyurt vivió a principios de febrero una pelea entre turcos y sirios que acabó con varios heridos.

Partidos como el nacionalista IYI Parti han contribuido a crear el caldo de cultivo. Su líder, Meral Aksener, ya lo dijo en su fallida campaña por la presidencia: “Devolveré a los cuatro millones de sirios a su país”. El presidente Erdogan ha pasado de la acogida en sus inicios a fomentar su vuelta. Lo hace con las incursiones militares en el norte sirio y con los múltiples autobuses que, como el de Esenyurt, se dirigen a la frontera cargados de sirios hacia un futuro incierto. Sus integrantes niegan cualquier pago por parte del Gobierno turco, pero no esconden las facilidades que les dan por subir en uno de esos convoyes.

Bedrik es natural de Manbij, localidad donde los atentados continúan ocurriendo con frecuencia. El 16 de enero murieron cuatro efectivos del Ejército estadounidense, mientras que 15 civiles perecieron en el ataque reivindicado por ISIS. Manbij, momentáneamente controlado por las YPG, es tierra de nadie y los que vuelven lo saben perfectamente.

Ali es otro de los refugiados que integran un convoy cuyos viajeros son, mayoritariamente, hombres. También retorna, pero lo hará a Alepo. “Mi plan es ir allí y encontrar trabajo”, afirma. Su idea representa toda una hazaña: de las líneas del ELS pasará a las de las YPG, y de allí deberá entrar en la zona controlada por el Gobierno de Bashar al Assad. Pero Ali, que en Turquía se dedicaba a la venta ambulante de rosarios, confiesa que no quería seguir viviendo en una casa junto a otras 12 personas.

Yaman cuenta una historia similar. También viajará a Alepo. Subraya que quizá encuentre su casa hecha cenizas: “No sabemos si seguirá en pie”.

Turquía no conduce a los refugiados más allá de su “zona protegida”. De hecho, no lo hace más allá de sus fronteras. El alcalde de Esenyurt, Ali Murat, lo reafirma: “Llevamos a los refugiados hasta la frontera y de allí nos coordinamos con la Media Luna Roja, que los llevará hasta Afrin, Jarabulus o Azaz”. Una vez allí, cada uno inicia su camino bajo su responsabilidad. “Nuestra intención para finales de 2019 es llegar a los 20.000 retornos voluntarios”, destaca.

—¿Cuántos refugiados viven en esta región?

—Cerca de 65.000 —responde el edil. Sus pretensiones pasan por fomentar la vuelta de casi el 30% de los sirios que habitan en Esenyurt antes de que finalice el presente año.

En plena lucha dentro de la azotada Siria, la población civil sigue llevándose la peor parte. En diciembre, la oficina humanitaria de la ONU recalcaba que a pesar de que la intensidad de la violencia ha disminuido, los civiles seguían muriendo por ataques aéreos y terrestres. “Si las cosas no están tranquilas, iremos a Jarabulus”, destaca el joven Bedrik. Dicha localidad está bajo control turco, pero sigue siendo blanco de ataques de milicias kurdas.

Bedrik solamente se aferra a la idea de volver a pisar su país, a pesar de la incertidumbre y de los riesgos. Repite lo único que ronda su cabeza cuando sube al autobús del silencio: “Dios proveerá, Dios proveerá”.

Han pasado 25 años, pero Zübeyde se sigue haciendo las mismas preguntas que el primer día: “Si cometió un crimen, ¿por qué no le arrestaron? ¿Era culpable de algo?¿Por qué le mataron?”.

Su hijo Ferhat desapareció una calurosa mañana de julio de 1993 delante de su casa, en Bitlis, una región kurda del sudeste de Anatolia que encarnaba muchas de las desavenencias políticas y sociales de la década de los 80. Desde hace dos décadas, cada semana ha acudido a la plaza Galatasaray de Estambul para exigir justicia junto a decenas de familiares de desaparecidos tras el golpe militar de 1980.

Zübeyde describe que por aquellos días el clima era hostil, dominado por los tentáculos del Estado profundo y las fuerzas paramilitares turcas, por una fachada democrática que escondía crímenes que nunca se han resuelto y desapariciones. Ferhat Tepe es uno de sus tristes protagonistas: fue asesinado cuando tenía 19 años.

“Se lo llevaron en un Renault blanco”, afirma su madre a eldiario.es. El tipo de coche se convirtió en un tenebroso símbolo: muchos desaparecidos vieron su último amanecer después de montar en ellos, que eran ampliamente utilizados por los servicios secretos turcos. Ahmet Davutoğlu, primer ministro entre los años 2014 y 2016, hizo referencia al vehículo mientras ostentaba el cargo: “Si el AKP (Partido Justicia y Desarrollo) es expulsado de esta zona, volverán los Beyaz Toro”, dijo en referencia a la vuelta de la denominada “guerra sucia” en caso de que la formación del actual presidente Recep Tayyip Erdogan no gobernase.

Cuando los padres de Ferhat denunciaron su desaparición, recibieron una llamada donde pedían una considerable cantidad de dinero y el cierre inmediato del Partido de la Democracia del Pueblo (HADEP) en la zona si querían salvarle la vida. Su progenitor, İshak Tepe, era el presidente provincial de la formación política pro-kurda, actualmente denominada Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y votada en las últimas elecciones turcas por el 11% de la población mientras su candidato presidencial, Selahattin Demirtaş, permanece en la cárcel.

“Pudimos reunir algo de dinero, pero la petición de cerrar el partido no dependía de nosotros”, lamenta Zübeyde, ataviada con una camiseta descolorida con la foto estampada del joven, de rostro juvenil e imberbe. Dejaron el caso en manos de la Policía, pero al ver que su denuncia no daba resultado decidieron iniciar una huelga de hambre que duró 12 días. A ello se sumaron misivas enviadas a la primera ministra del momento, Tansu Çiller, o al jefe militar de Bitlis, a quien acusan de ordenar la desaparición de Ferhat: “Él sabía quien tenía a mi hijo y era responsable de ello”.

Al décimo tercer día de huelga, recibieron la llamada de las autoridades confirmando que el joven estaba muerto. “Ya lo habían enterrado, el juez nos enseñó una foto para reconocerlo”. Ferhat compartía fosa común junto a otros 20 cuerpos que en su día también desaparecieron. Su entierro reunió a miles de personas, pero no estuvo exento del intento reiterado, por parte del Estado, de sabotear el evento.

“Si buscas, tú mismo puedes ser el siguiente”

El crimen de Ferhat, a ojos de su madre, fue escribir en la publicación pro-kurda Özgür Gündem, famosa por sus reportajes de denuncia de la llamada “guerra sucia” y acusada de propagar el mensaje del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Otros periodistas de este medio, además de pensadores y empresarios, también fueron asesinados.

“Después de la muerte de Ferhat, la policía arrestó a mi marido”, narra Zübeyde. Cuenta que el primo de Ferhat, Sadettin Tepe, también siguió sus mismos pasos por sus artículos incómodos en el mismo diario: “Lo torturaron y mataron un año después”. Contaba solamente con 28 años.

28 también fueron los periodistas de Özgür Gündem 'silenciados' entre los años 1993 y 1995. Todos acabaron hacinados en una fosa. El abogado del joven Ferhat, Şevket Epözdemir, tampoco se salvó del castigo. “Le arrestaron y amenazaron con matarlo si seguía investigando el caso, sin embargo, no se detuvo”, explica la madre. El cuerpo sin vida de Epözdemir acabó apareciendo a escasos kilómetros de sus gafas, que yacían sin dueño cerca de una base militar de la zona.

Sin defensor legal y perseguidos decidieron publicar un libro sobre la corta vida de Ferhat que fue censurado y prohibido por el Gobierno. Finalmente, sola y rodeada, la familia Tepe huyó de su amada Bitlis. “Fue una migración forzada, nos obligaron a marcharnos”.

Pero Zübeyde es solamente una persona más en el gran éxodo de ciudadanos que se vieron obligados a escapar hacia las grandes ciudades. Cerca de un millón huyeron fruto de los combates y la política de tierra quemada. Estambul fue, en adelante, su hogar, y el colectivo de las Madres del Sábado se convirtió en su esperanza para dar visibilidad a los crímenes que se habían producido y continuaban produciéndose.

Hasan Karakoç fue uno de sus impulsores. También perdió a su hermano Ridvan en 1995 y decidió que investigar era perder el tiempo, o peor aun, la vida. “Si buscas en las regiones kurdas, tú mismo puedes ser el siguiente”, afirma. Las Madres del Sábado empezaron a ser una realidad incómoda para los Gobiernos que han ido sucediéndose y Hasan se autoconvence de que, con las protestas, empezaron a descender el número de asesinatos.

“Lo encontramos en un bosque 14 días después de desaparecer, fue torturado hasta la muerte”, recuerda sobre el asesinato de su hermano.

Más de dos décadas en Galatasaray

Hasta el día 25 de agosto el bullicio de la plaza de Galatasaray, en la concurrida calle Istiklal de Estambul, cesaba los sábados por la mañana y daba pie a un silencio sepulcral. Aunque sus protestas, inspiradas en las Madres de la Plaza de Mayo que también buscan a sus hijos en Argentina, empezaron cuando se fundó el colectivo en 1995, tuvieron que interrumpir sus encuentros cuatro años más tarde por las detenciones que solían producirse.

En 2009, año en que saltó a la luz mediática el caso Ergenekon, donde se juzgaron a varios personajes que formaban parte del llamado “Estado profundo”, volvieron a la plaza para dar visibilidad a su causa. El año pasado, el mismo día que cumplían 700 encuentros, medio centenar de familiares de desaparecidos volvieron a ser detenidos y nunca más pudieron volver a alzar la voz donde solían hacerlo. La protesta, paradójicamente, tuvo lugar pocos días antes del Día Mundial de los Desaparecidos.

Debido a la persistente acción policial, los familiares deben protestar ahora en una calle estrecha y poco concurrida. El número de manifestantes siempre es significativamente menor al de policías antidisturbios. Pero los desaparecidos siguen ganando la batalla de las cifras: más de 700 personas con nombre y apellido, según el mismo colectivo, se evaporaron en una guerra que se saldó con miles de aldeas quemadas y más de 20.000 personas torturadas, según estimaciones de diferentes organizaciones civiles.

Aunque la organización insiste en que se desconoce la cifra real de muertos, la mayoría de los que desaparecieron ya han pasado al olvido. En 2011, siendo ya primer ministro, el presidente Erdoğan se reunió con algunos familiares de desaparecidos. Prometió que su Ejecutivo investigaría esta mancha en la convulsa historia de Turquía, que abriría la caja de los truenos, que se encararía con la verdad.

Pero no cumplió. Y hoy, Ayse, hermana del desaparecido Ferhat, abraza a su madre sin la esperanza de consolarla. Porque Zübeyde solo busca respuestas que nadie dará.

“Nuestro reto es el más grande y el mejor”. Con estas palabras, Recep Tayyip Erdogan inauguraba el pasado octubre el que debería ser el aeropuerto más grande y avanzado del planeta. La construcción, de proporciones faraónicas, incluirá 22.000 cámaras de seguridad, tendrá el mayor Duty Free [tienda libre de impuestos] del mundo, transportará el equipaje de forma individualizada y tendrá capacidad para más de 160 millones de pasajeros anuales para el año 2025.

Turquía se postulará así como una de las capitales mundiales del transporte y hará frente a gigantes del sector como Hong Kong o Qatar. Según el director de la constructora del nuevo aeropuerto, Kadri Samsunlu, el coste total ha sido, hasta el momento, de 7.500 millones de euros. Se calcula que tendrá un coste final de 10.500 millones. Para el Gobierno turco y los promotores de la construcción, el importe se contará en ceros. Para muchos de los trabajadores que han participado en ella se contabilizará en vidas humanas que, denuncian, se perdieron por el camino.

Nihat Demir habla con eldiario.es en nombre de Özgür Karabulut, presidente de la Unión de Trabajadores de la Construcción, uno de los sindicatos que alzó su voz el pasado septiembre en contra de las condiciones en las que trabajaban los obreros del aeropuerto, lo que se saldó con 400 detenciones.

Karabulut es uno de los 31 que siguen encarcelados. Ante su ausencia, Nihat Demir, secretario de la organización, ejerce ahora de altavoz y denuncia una situación que se agrava. “Estamos cada vez peor, nos tratan como si estuviésemos en la época de los faraones”, asegura Demir, en referencia a la construcción de las pirámides egipcias.

El sindicalista denuncia condiciones insalubres y un número “considerable” de trabajadores fallecidos en accidentes durante las obras. “A uno de los trabajadores lo encontramos tres días después de que muriese. El Gobierno no dio parte del fallecimiento a la familia hasta semanas más tarde y quisieron encubrirlo”, asegura.

El hecho no es anecdótico, pero la cifra exacta sobre estos casos se desconoce. Mientras la empresa constructora del aeropuerto, IGA, y el Gobierno turco reconocen la muerte de una treintena de trabajadores, los números que dan los propios obreros son muy superiores. “Tenemos contabilizados hasta 117, pero creemos que pueden llegar a 400”, sostiene el representante sindical. La cifra, publicada por el diario Cumhuriyet a principios de 2018, rebasa todos los cálculos.

Samsunlu niega estos datos. Lamenta los fallecimientos confirmados por las autoridades, pero le resta responsabilidad a su empresa: “A los trabajadores se les está formando continuamente y deben ir con más cuidado”. Por su parte, el Gobierno también rechaza la cifra aportada por un diario, Cumhuriyet, que está en el punto de mira de Erdogan y que acumula decenas de periodistas investigados o encarcelados.

“Tienen miedo de que los trabajadores hagan fotos”

Según denuncia el mismo secretario del sindicato, los empleados no pueden llevar teléfonos mientras trabajan y son vigilados por guardias de seguridad en todo momento. “Tienen miedo de que hagan fotos”, asegura Demir. Un obrero del aeropuerto corrobora la versión del sindicalista: “La mayor parte del tiempo no puedo contactar con mi familia, a ellos les afecta profundamente”.

Los familiares de los trabajadores se llevan una de las peores partes de la construcción del mayor aeropuerto del mundo. En el mismo informe publicado por Cumhuriyet, también se denuncia el pago de hasta 400.000 liras turcas [alrededor de 65.000 euros] a los familiares de los fallecidos. Según informa el periódico, este importe busca comprar el silencio en torno a los sucesos.

Sindicatos y opositores denuncian la “opacidad” que existe en torno a estas muertes. Pocos días antes de la inauguración, se canceló un tour programado por las instalaciones para los profesionales de la prensa “por cuestiones de seguridad”. Algunos parlamentarios que han solicitado acceder a las obras, no han podido entrar. El mismo trabajador, que habla bajo condición de anonimato, también critica las prisas por acabar la obra y asegura que ciertos materiales deben reposar durante días antes de seguir con la estructura, algo que, según denuncia, no se respeta. “Será un problema para los pasajeros, este aeropuerto no se está construyendo bien”, defiende.

El pasado mes de septiembre los trabajadores dijeron basta. Desde 2015, año en que se inició la construcción, aseguran que han experimentado condiciones infrahumanas en los barracones donde se alojan y han visto morir a muchos de sus compañeros. Sus demandas pasaban por obtener mejoras en la comida que se les distribuye, en el área donde viven o en la seguridad laboral. La protesta finalizó con 400 detenidos. “Estoy abierto a las demandas, pero deben ser pacíficas”, asegura el director ejecutivo de IGA. 

Human Rights Watch ha exigido la liberación de los 31 obreros que aun siguen bajo custodia policial. “Los empleados encarcelados deben ser liberados y los que fueron despedidos por protestar deben ser readmitidos en sus puestos de trabajo”, pidió la directora de HRW en Turquía Emma Sinclair-Webb. “Es imperativo que las autoridades mejoren las condiciones de trabajo e investiguen las muertes y lesiones en lugar de utilizar a la Policía y los tribunales para reprimir las demandas de los trabajadores”.

El pasado 29 de octubre, ante una gran expectación, Erdogan mostró su nueva obra al mundo. Quería demostrar que Turquía está preparada para competir con cualquier país. Mientras, los ciudadanos, denuncian, pagan el coste. 

Las calles del centro lucen llenas, pero el panorama cambia en los suburbios o en los pueblos de alrededor. Muchas tiendas, casas y negocios permanecen bajo llave debido al vacío de población que dejó la batalla por el control de la ciudad. Hace siete meses, Afrin vivió sus peores días cuando Erdogan y su aliado, el grupo opositor Ejército Libre Sirio, lanzaron una ofensiva contra este enclave kurdo al norte del país.

El pasado 20 de enero, milicias anti-Assad y Turquía se adentraron desde el país anatolio hacia tierras sirias con el objetivo de “expulsar de la zona” a las YPG (Unidades de Protección Popular), grupo al que acusan de ser el brazo sirio del PKK, la guerrilla kurda.

La misión, además, tenía como objetivo, decían, “proteger las fronteras”, que hasta el momento estaban parcialmente controladas por el grupo armado. Los combates se saldaron con la muerte de más de 200 civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, y 137.000 desplazados, según Naciones Unidas.

“Los peligros se han esfumado y continuaremos aquí hasta que acabemos nuestro trabajo”. Con estas palabras, el ministro de defensa turco, Nurettin Canikli, dejaba clara la presencia de Turquía en la zona, mientras el presidente Recep Tayyip Erdogan anunciaba el 18 de marzo que las fronteras “estaban protegidas”. Los que habían tenido que huir de sus casas ya podían volver. Pero un gran número de ellos ha decidido que no vale la pena.

Siete meses después de la ofensiva, Amnistía Internacional ha acusado a las fuerzas turcas de “mirar hacia otro lado” mientras grupos armados sirios cometen “graves abusos” contra la población civil, entre las que se incluyen detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Asimismo, Human Rights Watch describe un “ciclo de abusos” por parte del ELS contra el extenso colectivo de kurdos que habitaba la zona, entre ellos la “confiscación, la destrucción y el saqueo” de casas y establecimientos, algo prohibido por el derecho internacional humanitario. “Destruir o mudarse a la propiedad de personas que han tenido que huir de los combates no es lo que deberían hacer los combatientes del ELS cuando lleguen a una zona”, ha afirmado Priyanka Motaparthy, directora interina de emergencias de HRW.

Por esta razón, muchos de los antiguos habitantes han decidido buscar otro lugar para vivir, lejos de la violencia y vejaciones hacia su grupo. Muchos no quieren volver a su hogar o, directamente, han tenido que buscarse otra vivienda. Turquía niega las acusaciones. “Todos los habitantes que vuelven lo hacen a sus casas, los que llegan nuevos van a un campo de refugiados”, explica un portavoz del Gobierno turco en Afrin.

Pero el relevo poblacional es un hecho. La mayoría kurda siente miedo al pensar en volver a su hogar en medio de la destrucción de todo símbolo kurdo. Nada más conquistar el centro de la ciudad de Afrin, el ELS destruyó la estatua de Kawa, símbolo de la resistencia kurda, pero nadie dijo nada. Muchos ya habían huido.

Con el paso del tiempo las calles de Afrin se llenarán otra vez, pero la mayoría de los nuevos habitantes serán de otras partes de Siria o refugiados que han decidido abandonar Turquía. Los árabes suníes se sienten seguros en la zona y las fuerzas que controlan el enclave promueven su llegada. Y ante el evidente relevo poblacional y la presencia del gigante turco, imperan los cambios: la antigua plaza Seray de Afrin recibe desde principios de agosto el nombre de Recep Tayyip Erdogan.

La presencia de mujeres en la calle tampoco es abundante y los transeúntes que se dejan ver no se oponen a las directrices de los milicianos del ELS y Turquía. Entre la multitud, dos chicas cruzan la calle de forma acelerada: “No queremos hablar, tenemos miedo”, dice una de ellas. “Ellos son nuestro problema”, sostiene su compañera mientras señala a un soldado del ELS.

Las jóvenes se pierden en el nido de calles que conforma el centro urbano. Los relatos entre gran parte de la población coinciden. Algunos vivían en Afrin antes de que las YPG controlaran la zona y después tuvieron que huir: “Escapé del PKK y fui a Idlib. Después de la guerra volví a Afrin”, destaca Muhammad Khaled. Este ciudadano defiende que “Turquía no ha invadido nada”, ante las críticas que ha recibido el país eurasiático por parte de la comunidad internacional. “Las YPG nos obligaban a luchar con ellos, nos robaban y arrestaban a gente”, denuncia otro habitante mientras camina por la calle.

Afrin, habitada antes por una mayoría kurda, ahora es una zona que acoge a refugiados de todas partes. Uno de ellos cuenta que tuvo que huir de Irak cuando el ejército estadounidense llegó su pueblo. Huyó a Siria, pero la guerra le volvió a alcanzar. Ahora vive en Idlib y se traslada cada día a Afrin para abrir su negocio. Aunque haya sido objeto de batallas, la zona tiende a la estabilidad, a la paz tensa controlada por milicianos del ELS y supervisada por Turquía. Sin embargo, los ataques de las YPG contra el poder establecido se siguen produciendo y los abusos de grupos leales al Ejército Libre Sirio contra la población kurda, también.

Bajo el control de la Policía local

Turquía defiende que Afrin posee un gobierno local votado en abril por el pueblo y que también está formado por kurdos. Después de haber expulsado a las YPG, el país anatolio ha comenzado una transición para dejarla en manos de la Policía local. “Ya hay dos mil policías operando y estamos entrenando a otros dos mil”, destaca un portavoz del Gobierno turco. Algunos miembros de esta misma Policía formaron parte de las filas del ELS, el mismo ejército acusado de perpetrar abusos contra los kurdos. Ellos serán los encargados de brindar seguridad a los habitantes de Afrin.

“Turquía paga bien y da servicios”, dice un agente. También admite haber luchado en el ELS durante toda la guerra para poder mantener a sus nueve hijos. La misma milicia, que surgió en 2011 para derrocar a Al-Assad, ha sido acusada por Washington de luchar junto a grupos extremistas como Jabhat Fateh al-Sham, antiguo Frente Al-Nusra y conocido por ser el brazo de Al-Qaeda en Siria.

En lo alto de un edificio gubernamental, el viento sacude las banderas de Turquía y del ELS. La turca aparece izada por encima. Mientras, millones de personas siguen desplazadas dentro de Siria y más de 5,6 millones de personas han huido del país de Oriente Medio, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

A escasos metros de la orilla, la estatua Madre de Asia Menor recuerda a sus habitantes el pasado de la isla griega de Lesbos. El monumento, escrupulosamente tallado, da forma a una madre y a sus tres hijos observando, situados frente al antiguo puerto, la isla que se alza a sus pies.

No es la primera vez que ese trozo de tierra se ve inmersa en la llegada de migrantes. En 1922, Mustafa Kemal Atatürk destruyó Esmirna y otros centros urbanos con población griega: miles tuvieron que huir hacia las islas que tenían enfrente. Finalmente, un total de un millón y medio de personas se refugiaron en Grecia, un intercambio con la población turca que incrementó en un 25% los habitantes de aquel momento. Lesbos no fue menos y se calcula que, actualmente, un 60% de sus ciudadanos tiene antepasados que, en su día, fueron refugiados.

Emmanuel Chatzichalkias es uno de ellos. Su tarea como abogado es imprescindible para que muchos de los que han llegado recientemente logren obtener el asilo. “Los primeros años no había problemas porque una gran mayoría de la gente de aquí son descendientes de refugiados, por eso se comportaron bien. Ahora, la gente parece ser xenófoba y racista”.

Emmanuel se refiere al ataque del mes de abril en que una simple reivindicación, la de un grupo de personas que pedía que se agilizaran sus trámites de asilo, degeneró en una batalla salvaje contra los refugiados que se encontraban acampando en una céntrica plaza de Mitilene en protesta por las condiciones en las que viven. Decenas de migrantes resultaron heridos por un grupo de ultras. No era la primera vez que se producían ataques ultras en la isla.

“Quemadlos, no me importa”

“Quemadlos, no me importa”, berreaba uno de ellos, un recuerdo que Lena Altinoglou, habitante del pueblo, tiene grabado a fuego. Es profesora y cuenta que un chico al que anteriormente había defendido cuando sus compañeros se metían con él se mostraba especialmente participativo en el ataque contra los refugiados.

“Él era uno de los que lanzaban objetos”, relata. Pero no era solamente un atacante, sino dos centenares. “A uno de los que protagonizaban los ataques le había comprado unas gafas en su tienda. Las hubiese roto en ese mismo momento”, recalca. Mitilene cabe en la palma de cualquier mano. La isla, más dividida que nunca, vivió uno de los peores episodios desde que empezó la llamada 'crisis de refugiados' en 2015.

“En los siguientes días tuvimos miedo”, dice Altinoglou. El ataque, según destaca, no fue improvisada. “Lo que ocurrió no es el reflejo de la gente de aquí, fue orquestado. Están expandiendo el miedo y es muy fácil que el discurso xenófobo cale en la población”. Chatzichalkias está de acuerdo con la teoría: “Es un juego político. El año que viene tenemos elecciones y aquí escogemos a tres parlamentarios. Amanecer Dorado está intentado arrebatar a uno de los diputados, por esto se ha incrementado el racismo”.

Por su parte, el máximo responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Lesbos, Theodoros Alexellis, también reflexiona sobre el sentimiento de la población. Él mismo es autóctono. “Hay frustración en la isla, todos quieren lo mismo: los refugiados se quieren ir de Lesbos y los griegos quieren 'normalidad”.

El país heleno vivió sus últimos días de tranquilidad cuando estalló la crisis económica en 2009. “La población local se resintió mucho”, asegura. Pocos años antes, entre 15 y 20 refugiados provenientes de la guerra de Irak llegaban diariamente a las islas. Una cifra ínfima si se compara con la existente a día de hoy.

Mientras los días de crisis económica se consumían y se divisaba cierta recuperación en el horizonte, la llegada de refugiados empezó a incrementar. Las grandes llegadas de 2015 y principios de 2016 representaron un reto de solidaridad. “La gente local se lanzaba al mar para salvar a los refugiados, podían llegar a desembarcar 200 botes diarios”, recuerda el trabajador de Acnur.

Pero esos migrantes pronto eran transferidos al continente para enfilar hacia los Balcanes. Después del acuerdo UE-Turquía de marzo de 2016, que según Bruselas ha sido el artífice del descenso en las llegadas, los refugiados no pueden ser transferidos a tierra continental hasta resolver sus trámites de asilo o, en el peor de los casos, la deportación a tierras turcas. Como resultado quedan atrapados en las islas y la larga estancia cansa. “El incidente fue algo aislado. No digo que las cosas no vayan a ir a peor, la tolerancia está agotándose en ambos lados”.

“Quienes dicen que se deteriora la economía, mienten”

Lesbos, tierra histórica de refugiados, tiene ahora más entradas que salidas. Los que llegan se quedan. Miles siguen esperando, pero no todos sufren en los campos. Acnur aloja a 500 personas en apartamentos en la isla y 23.000 en toda Grecia, algo que quieren expandir a 27.000, según palabras del organismo. Algunas ONG han pedido al Gobierno griego que acelere los traslados al continente y han criticado lo que consideran “una política de contención” en las islas.

La Agencia de la ONU ha ideado un programa en el que los alojados en apartamentos reciben 550 euros al mes por familia o 90 euros por individuo, en un proyecto financiado por la Comisión Europea. Pero es una cifra muy pequeña comparada con la totalidad de aquellos que se han visto forzados a dejar su destino en manos de las decisiones de los Gobiernos europeos.

Algunos han conseguido un trabajo, lo que permite mejorar su “inclusión” en la sociedad. “Los que dicen que el fenómeno de los refugiados ha deteriorado la economía, mienten. La isla se ha visto beneficiada”, asegura Emmanuel Chatzachalkias. Sobre el turismo, Chatzachalkias añade que la isla nunca ha tenido predilección por este factor. “Hace cuatro años venían cruceros los sábados o domingos con miles de turistas y todos los locales estaban cerrados”.

Este uno de los argumentos que ha esgrimido un grupo de vecinos y hoteleros que han emprendido un proceso judicial contra el campo asambleario y autogestionado de Pikpa. Según dijo la portavoz de Lesvos Solidarity a eldiario.es, “se quejaban de perder turistas” y aseguraban “sentirse incómodos” con la presencia del campo de refugiados en la zona. El juez dio la razón al campo el pasado 16 de julio, según informó Lesvos Solidarity, pero aún se enfrenta a las trabas de la administración, que amenazan con echar el cierre de las instalaciones.

Según afirma, desde la nueva llegada de migrantes se han creado nuevos puestos de trabajo. “¿Tu sabes cuántos amigos míos han encontrado trabajo en ONG o en puestos relacionados con la llegada de migrantes? Muchos. Ahora seguro que estarían desempleados por la crisis que hemos tenido aquí”. Con la llamada 'crisis de los refugiados' el Gobierno ha destinado a la isla más policías y efectivos. También han llegado trabajadores de la Agencia de la UE de Fronteras (Frontex), voluntarios o trabajadores de ONG, entre otros.

Los argumentos dejan entrever que una parte de la población rechaza a los refugiados y que utilizan cualquier excusa para expresarlo. A medio camino quedan los habitantes que, sin ocultar cierta frustración, un día se lanzaron al agua para salvar las vidas de las personas que trataban de llegar.

Los dos años que Europa se dio de plazo para acoger a 160.000 refugiados expiraron en septiembre del año pasado. Solamente se acogió a uno de cada cuatro migrantes. En cuanto a España, de los 17.337 que se comprometió a acoger, hasta esa fecha solamente llegaron a la península 1.983 refugiados. Ahora, un fallo del Tribunal Supremo le ha condenado por este incumplimiento.

Ante el recuerdo de aquellos que se arrojaron al mar para honrar a los que lo hicieron por sus antepasados, el trabajador de la ONU lanza un dardo: “Hay una gran solidaridad por parte de los habitantes de Lesbos no comparable con lo que ha demostrado Europa”.

Turquía deja de estar bajo un estado de emergencia prorrogado durante casi dos años. En este tiempo, la población anatolia ha vivido en un clima de detenciones e inseguridad jurídica, y con el peligro de ser despedidos de su trabajo bajo acusaciones de terrorismo. Con la reelección del presidente Erdogan y su mayoría en el Parlamento gracias a una coalición con el partido ultranacionalista MHP, se ha decidido no volver a extender la herramienta más utilizada para “proteger” al país del “terrorismo”, dos palabras ampliamente utilizadas por el Ejecutivo.

Turquía ha vivido con miedo tras el 15 de julio de 2016, fecha del intento de golpe de Estado. Cuatro días después de la fallida asonada, el estado de emergencia entró en vigor y dio lugar a un mar de purgas laborales y detenciones. La excepcionalidad, convertida en normalidad por sus múltiples prórrogas, daba luz verde al Estado turco para actuar contra los “sospechosos de pertenecer a banda terrorista”.

150.000 personas han llegado a estar detenidas desde entonces, según las estimaciones aparecidas en medios de comunicación turcos, mientras que los purgados de sus puestos de trabajo han sido 110.000. Turquía alega que 40.000 personas están en proceso de volver a sus puestos de trabajo, otros no tendrán tanta suerte.

Según la agencia Kamu, a fecha de 29 de diciembre de 2017, el desglose de despidos era el siguiente: 4.284 jueces y fiscales, 7.295 militares, 23.095 policías, 5.827 trabajadores académicos en universidades, 33.629 trabajadores educativos, 7.659 trabajadores de la sanidad, 6.165 trabajadores judiciales y 4.170 de administraciones locales. A las purgas personales se suman las institucionales. Más de 3.000 escuelas, residencias estudiantiles o universidades han sido clausuradas.

En cuanto a los medios de comunicación, la persecución de los periodistas del diario Cumhuriyet representa solamente la punta de un iceberg. Cerca de 200 medios han vivido el precinto de su redacción y su posterior cierre. En cuanto a empresas privadas, también objeto de persecución, hay más de mil compañías expropiadas, ahora bajo la tutela del Estado turco.

Procesos electorales “no creíbles”

De la misma manera, Turquía ha vivido dos procesos electorales bajo este estado: el referéndum para la reforma constitucional para pasar a un sistema presidencialista, y las elecciones del 24 de junio, donde Erdogan obtuvo la reelección y ganó la mayoría en el Parlamento.

Ante el anuncio anticipado de los comicios, la ONU pidió la derogación del estado de emergencia con el objetivo de celebrar un proceso electoral “creíble”. Derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión o reunión se han visto afectados por decisiones del Gobierno. “Las restricciones duraderas son incompatibles con un proceso electoral”, rezaba el comunicado emitido días antes de sacar las urnas a la calle.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) acudió como observadora y resaltó la misma situación: a pesar de que no había rastro de fraude, el proceso electoral resultó ser desigual por las condiciones en que los partidos de la oposición afrontaron los comicios.

Con menor presencia en los medios de comunicación, el principal candidato opositor Ince fue claramente derrotado por Erdogan. La misma OSCE también resaltó ciertas dificultades para ir a votar en las zonas del sudeste del país, donde el prokurdo y opositor HDP tiene un amplio apoyo.

Aunque el Gobierno alejó las urnas de los colegios clave para dificultar el voto alegando temas de seguridad, miles de aldeanos kurdos tuvieron que caminar horas para poder ejercer su derecho. Gracias a ellos, el HDP entró en el Parlamento, incluso con su candidato Selahattin Demirtas entre rejas.

La Segunda República

La promesa electoral de retirar el estado de excepción fue ofrecida por el AKP, el partido de Erdogan y exigida por las formaciones opositoras. El nuevo sistema presidencial, criticado por el mismo Erdogan hace 15 años, y su mayoría parlamentaria dotan al máximo mandatario de amplios poderes. Según dijo el periodista Murat Yetkin, “la capacidad del presidente para designar a altos jueces en el Tribunal Constitucional y otros a través de su poder parlamentario debilita el sistema de separación de poderes”.

En el nuevo sistema, los ministros no pueden ocupar un escaño en el Parlamento, medida que Erdogan ha resaltado para “asegurar la separación de poderes”. Una de las cabezas visibles del Gobierno será su yerno, nombrado ministro de Hacienda. Berat Albayrak, casado con la hija mayor del presidente, fue nombrado ministro de Energía en 2015 y ahora será el encargado de encarrilar la debilitada economía turca.

La caída libre de la divisa nacional y la inflación son sus prioridades. En cuanto a las relaciones internacionales, no hay cambios. Mevlut Cavusoglu seguirá al frente del Ministerio de Exteriores.

Despedida del estado de emergencia

“El estado de emergencia finalizará en pocos días”, dijo Abdulhamit Gül, ministro de Justicia. A día 18 de julio de 2018 se debería prorrogar por octava vez para seguir vigente. Pero nadie dirá nada, simplemente desaparecerá en silencio.

Aunque el estado de emergencia tenga las horas contadas, el mismo ministro de Justicia dijo que “la lucha contra el terrorismo seguirá”. Ideado para luchar contra el movimiento Hizmet, cofradía del autoexiliado Fetullá Gülen y acusado de perpetrar el intento de golpe de Estado, ha servido de excusa para silenciar a la oposición que también fue derrotada en las urnas.

Bañada en las aguas del mar Egeo y a tiro de piedra de tierras anatolias, la isla de Lesbos se divisa perfectamente desde la costa turca y su silueta ejerce de guía para cualquier navío: es Europa. Sin perderla de vista en ningún momento, cientos de miles de refugiados se han lanzado al mar para dar el último paso hasta el ansiado continente.

La ilusión por pisarlo pronto queda reducida a una precaria tienda de campaña y, quizá, a años de espera. Acaban de desembarcar en la “gran cárcel” en la que, dicen, se ha convertido Lesbos para quienes han llegado a las costas helenas desde la firma del acuerdo entre la UE y Turquía, que suponía la devolución de todas aquellas personas que alcanzasen sus playas de forma irregular.

Este jueves dará comienzo a miles de kilómetros de allí, en Bruselas, el Consejo Europeo, en el que está previsto que los dirigentes aborden, entre otros asuntos, la reforma del sistema europeo asilo, que establece que el primer estado que pisen los demandantes debe tramitar su solicitud de protección internacional. También vendrá marcado por el fracaso los compromisos de reubicación pactados por los países en 2015: de los 160.000 refugiados que acordaron acoger desde Grecia e Italia, apenas han recibido a un 21% de las personas comprometidas.

Los líderes de Francia, España y Alemania llegarán, además, con la propuesta bajo el brazo de crear “centros de desembarco cerrados” para los migrantes en suelo europeo desde los que se gestione su situación y su repartan a los diversos países de la UE. Mientras, en las islas griegas, miles de personas siguen esperando que se resuelva su petición de asilo y poder salir de allí.

Y siguen llegando. El flujo de refugiados que arriban a la isla ha aumentado enormemente en las últimas semanas. Sirios, iraquíes, afganos, somalíes, egipcios, congoleños o bangladeshíes, entre otras tantas nacionalidades, comparten espacio en una isla donde existen tantas vidas como historias de huida.

Caminando por la pequeñísima ciudad de Mitilene, capital de Lesbos, no es complicado ver a numerosos grupos de refugiados. Una experiencia les une: todos, sin excepción, se lanzaron al mar y sobrevivieron.

Las llegadas a la isla se multiplican

Entre abril y mayo de 2017, cada día llegaban a las costas de Lesbos una media de 17 refugiados. La cifra de este año en el mismo periodo se ha multiplicado hasta alcanzar una media de 78 migrantes diarios. “No podemos saber el por qué, pero en mi opinión hay una correlación con los conflictos o las acciones de los traficantes”, sostiene Theodoros Alexellis, el máximo responsable de Acnur en la isla griega.

El organismo ha constatado que en mayo llegaron a las islas griegas 2.900 personas. La cifra de abril fue de 3.000 llegadas, superior a la de marzo, que fue de 2.400, y que a su vez fue mayor que las 1.250 registradas en febrero. La isla está desbordada y existen pocos indicios de que la situación mejore. “No importa lo bien que respondas, hay una capacidad limitada”, admite. Solo en Lesbos, la isla que más refugiados recibe, las llegadas en mayo ascendieron a cerca de 1.500. La cifra, según destaca, es “inasumible” teniendo en cuenta que en mayo solo hubo 1.100 transferencias a tierra firme, lejos de las 1.600 de abril.

El flujo, sin embargo, se ha visto reducido considerablemente después del acuerdo entre la UE y Turquía, y el escenario actual es distinto al que había en 2015 y 2016. Según recuerda Alexellis, “en esa época las islas griegas registraban la llegada de hasta 200 botes al día”. Los refugiados que llegaban en ese momento no tenían pensado quedarse, por lo que seguían su camino realizando la ruta de los Balcanes y muchos ponían su meta en los países del norte de Europa.

Lesbos, que solamente era una sitio de paso, ahora se ha convertido en una ratonera en la que miles de migrantes se encuentran atrapados. Muchos están en el centro de Moria, donde según las ONG, cerca de 6.000 refugiados se hacinan en “condiciones deplorables” en un lugar preparado para recibir solo a tres mil.

Las restricciones geográficas del acuerdo son el principal motivo por el que las islas están saturadas. Recientemente, el Tribunal Supremo de Grecia ha fallado a favor de anular esta restricción, por lo que los refugiados que lleguen a partir de ahora a las islas griegas no tendrán que quedarse. A falta de ver si realmente se cumple, el fallo no se aplica a los miles de refugiados que llegaron después del 20 de marzo de 2016, cuando entró en vigor la declaración, hasta abril de 2018.

Lentitud en los procesos

En 2017 hubo 7.000 traslados, mientras que hasta la fecha del 2018 la cifra se aproxima a los 4.000. “Las transferencias al continente dependen de la disponibilidad de hogares para vivir”, alega Alexellis. Con un país al límite, dice, la posibilidad de que se realicen miles de nuevos traslados a la Grecia continental se presenta complicada. Las fronteras de Macedonia, Albania y Bulgaria también cerraron sus puertas hace dos años, por lo que no existe opción alguna. La desesperación pesa y algunos deciden escapar de forma irregular.

En caso de que sus solicitudes sean denegadas, los refugiados pueden apelar para no ser inmediatamente deportados a Turquía. El caso pasa a un comité independiente: hay doce en toda Grecia y el proceso puede llevar meses. Ante la lentitud en estos casos concretos, el Gobierno quiere ampliar el número de comités. Para el trabajador de Acnur, la rapidez en los trámites es clave para mejorar las condiciones de vida en las islas: “Si esto se acelera, la cosa mejorará sustancialmente”.

Según el abogado griego Emmanouil Chatzachalkias, “el proceso se limita a preguntar por qué se ha solicitado el asilo en Grecia, en lugar de hacerlo en Turquía”. Según asegura, las deportaciones a Turquía no son comunes: “A diferencia de lo que se piensa, no se suele denegar el asilo en Grecia”. La principal razón es, una vez más, en la lentitud. “No es que el Gobierno griego no esté realizando deportaciones a Turquía, es que los procesos para aceptar o denegar la solicitud no se están terminando”, asegura el letrado.

En mayo, 29 migrantes fueron deportados a Turquía, cifra que ya asciende a 1.630 desde que se firmó el acuerdo. La mayoría son de nacionalidad paquistaní, mientras que los sirios ocupan el segundo lugar.

El Parlamento de Grecia ha aprobado un proyecto de ley para simplificar y agilizar los procedimientos de asilo y aliviar la superpoblación en los campamentos de refugiados. Ante dicha aprobación, “hay que ver si realmente agiliza el proceso y si no afecta a los derechos humanos”, afirma el abogado, quien insiste: “No son números, son personas”.

Este año han llegado a Grecia más de 18.000 refugiados. Cerca de 7.200 lo han hecho a través del río Evros entre enero y mayo, cifra muy superior a las 5.600 llegadas de todo el año 2017. La ruta tiene un alto índice de mortalidad y Frontex afirma que cada vez es más utilizada. Muchos pescadores de la zona divisan cada día cuerpos sin vida de quienes han intentado cruzar.

Por su parte, las islas de Lesbos, Chios o Samos, entre otras, han registrado la llegada de más de 11.000 migrantes. Mientras el reparto de refugiados a países europeos se consuma a cuentagotas, el flujo de personas que huyen de sus países de origen y se juegan la vida para alcanzar el continente sigue activo. Y lo hacen pese a los intentos de la UE de frenar su llegada.

Cuando Ahmet llegó a Europa, la primera imagen que tuvo del continente fue la de un campo de refugiados. Es lo que, todavía dos años después, sigue viendo al despertarse. Llegó a la isla griega de Lesbos en 2016 tras jugarse la vida en el mar y aún sigue allí.

Son muchos los refugiados que llevan a sus espaldas un largo periplo hasta pisar el continente europeo. El caso de Ahmet no es diferente. Es de origen egipcio y se marchó a Libia cuando no le quedaba nada: “No tengo familia”. Allí vivió durante 15 años hasta que estalló la guerra. Combatió en ella, pero pronto decidió intentar cruzar el Mediterráneo. “Lo intenté a través de Túnez, pero no pude”.

Cogió un billete de avión desde El Cairo hasta Estambul, epicentro de todas las llegadas de refugiados por vía aérea y con visado. El último paso fue adentrarse al mar y acabar en Lesbos. Dos años después, sigue en la misma tienda de campaña del Olive Grove, campo anexo a Moria que suple la carencia de espacio de unas instalaciones abarrotadas que actualmente albergan a miles de personas en precarias condiciones.

El “parche” de Olive Grove es, dicen, denigrante, inseguro y carece de infraestructuras necesarias como agua corriente y electricidad. Ahmet vive con otros refugiados que están en la misma situación que él, han llegado solos. Su condición de solteros haciendo este camino sin familia les convierte en el último colectivo en recibir asilo o, siquiera, una respuesta acerca de su estatus.

“Preferiría haber muerto en la guerra que haber venido aquí”, sostiene Ahmet. La larga espera se traduce en desesperación. Es otro de los miles de refugiados atrapados en el país heleno tras el acuerdo que firmó la Unión Europea con Turquía en marzo de 2016 con el objetivo de frenar las llegadas de miles de personas al continente.

“En un principio el Gobierno construyó el campo de Moria para 750 personas”, recuerda Theodoros Alexellis, responsable de Acnur en Lesbos. Más tarde, y ante la llegada de miles de personas, se dijo que el espacio podía albergar un máximo de entre 2.000 y 3.000 personas. Hoy en día, Acnur y Grecia no se ponen de acuerdo en el número de personas que se encuentran allí. El Gobierno dice que hay 8.000 personas, mientras que la ONU rebaja la cifra a 6.000. Todas las estimaciones superan la capacidad máxima.

“Esto es inhumano”

Eric es de República Democrática del Congo. “Aquí nos tratan como animales y la comida es muy mala”, denuncia. Sus quejas no solamente las expresan los refugiados. Las organizaciones que trabajan en el campo también denuncian la mala calidad de los alimentos. “Muchas veces son la causa principal de malnutriciones, sobre todo en niños”, afirma Luca Fontana, coordinador de Médicos Sin Fronteras en el campo de Moria. Condiciones como estas están llevando al campamento, según la ONG, “al punto de no retorno”.

Las organizaciones sociales llevan meses denunciándolo. “Esto es inhumano”, afirma Fontana. “Estas personas tienen que luchar por ver a un médico, por ir al baño, por tener comida. Se pasan casi dos años esperando y luchando, sin tener información sobre lo que va a ser de ellos en el futuro y con miedo a ser deportadas. Con el miedo de levantarte una mañana y que te digan con un papel que ni entiendes que debes volver a Turquía, sabiendo lo que esto presupone. Es normal que todo esto alimente mucha tensión”, sostiene.

Una ducha para cada 50 personas, un baño para 100 y colas interminables para comer. En los improvisados contenedores viven 20 refugiados, lo que se traduce en dos metros cuadrados por habitante. Ante esta situación, se pregunta: “¿Podríais vivir así durante dos años?”.

En la clínica de MSF en Moria ofrecen atención primaria para menores y cuidado pre y post parto para mujeres. Además, también hay un servicio médico especializado en caso de violaciones. “Los abusos sexuales son relativamente comunes en Moria o en los países de origen”, denuncia Fontana. El simple hecho de ir al baño por las noches expone a las mujeres a sufrir una agresión sexual.

La atención se vuelve cada vez más difícil por un aumento de llegadas que, dice, supera sus recursos. En total, según Acnur, casi 7.000 personas han arribado a la isla este año. “Ahora tenemos una media de 60 niños al día, en marzo eran entre 25 y 30”, afirma Carola Buscemi, pediatra de MSF en Moria.

Lo peor, asegura, no es la saturación, sino las visitas que no se pueden hacer. En las últimas semanas, según admite la organización, se han tenido que dejar de atender una media de 15 menores al día. Durante los fines de semana, acceder a la atención sanitaria es casi imposible aquí. Ellos se encargan de suplir esta necesidad, pero a duras penas lo consiguen.

“Nos estamos acostumbrando a que lo pasen mal”

Mientras el número de refugiados, la desesperación y la tensión aumentan, la transferencia de personas a Atenas es muy limitada. “El mes pasado no transfirieron ni a 800 y llegaron más de 2.000”, destaca el coordinador de MSF. Acnur lo atribuye a la dificultad para encontrar alojamiento para tantas personas en la Grecia continental.

Una ciudadana de la isla resume en pocas palabras lo que muchos piensan: “Lo peor de todo es que nos estamos acostumbrando a tener a los refugiados pasándolo mal en campos y a pocos kilómetros de nuestras casas. Pero nos da igual”.

El polémico acuerdo entre la UE y Turquía ha tenido como efecto el descenso del flujo de refugiados, pero ha colapsado las islas griegas. Luca Fontana no puede evitar la indignación cuando se refiere al documento: “Esto es lo que la política de migración de la UE está haciendo”, afirma señalando a un grupo de niños.

“Estamos atrapando a esta gente en un campo inhumano y quitándoles el futuro de sus manos. Esto no puede ser la solución, debemos tomar medidas alternativas y que esta gente no pague la cuenta”. Se retira para continuar con su labor. Pocos días antes habían llegado más de 900 personas a las islas. Más de 400 lograron alcanzar Lesbos. Muchos acabarán en Moria.

En enero de 2014, unos camiones fueron intervenidos por fuerzas policiales cerca de la ciudad de Adana, al sur de Turquía. “No me toques, ahora te enseñaré mi identificación, no me trates como a un terrorista”, exclamó uno de sus conductores al agente que le hizo bajar del vehículo. Después de unas palabras, el cargamento prosiguió y se alejó rumbo al sur, pero las imágenes de la operación quedaron registradas.

En mayo de 2015, el diario turco Cumhuriyet las hizo públicas. Ejercer el periodismo en Turquía es un deporte de alto riesgo, ya lo era antes de que el director del periódico, Can Dündar, diera luz verde a la publicación de un vídeo donde se apreciaba un cargamento de armas y munición en dirección a Siria. Según denunció el diario, los camiones, del Servicio de Inteligencia Turco, se dirigían hacia posiciones con presencia de los grupos armados anti-Asad.

Tras la publicación, un enfadado Erdogan cargó contra el supuesto “Estado paralelo” que, decía, le intenta debilitar, y afirmaba que el convoy transportaba “material humanitario” para los turcomanos sirios. Pero lo peor aún estaba por llegar. “Pagarán un precio muy alto”, declaró el presidente. El director del periódico, Can Dündar, y su jefe en Ankara, Erdem Gul, fueron condenados a cinco años de prisión por “revelación de secretos de Estado”.

El mismo día del juicio, un ciudadano turco disparó en la puerta de los juzgados de Estambul al grito de “traidor” y un periodista resultó herido en la pierna. La bala iba destinada al director del rotativo opositor insignia del país. “En dos horas hemos tenido dos intentos de asesinato. El primero ha sido con una pistola; el segundo, en los juzgados”, afirmó Dündar. No hubiese sido el primero en morir: entre 1979 y 1999, siete redactores del mismo periódico habían sido asesinados por sus ideales de centro-izquierda y laicos.

A día de hoy, existe un pulso entre Erdogan y los responsables de la publicación, que no solamente representan a un simple periódico, también ejercen de embajadores a favor de la libertad de expresión. Dündar lo hace alejado de Turquía, exiliado después de una sentencia que le dejaba en libertad provisional. Mientras, su esposa se encuentra atrapada en el país porque se le ha retirado el pasaporte.

El presidente del consejo editorial del diario, Akin Atalay, regresó al país expresamente para ser encarcelado en 2016. Tras más de un año en prisión preventiva, pudo volver a abrazar a sus familiares hasta que la sentencia judicial alcanzada en abril le vuelve a situar entre rejas. El responsable editorial ha impuesto un recurso de apelación que mantiene sus esperanzas.  

14 trabajadores sentenciados

La purga no solamente se limita a perseguir a los responsables editoriales, como se ha denunciado en numerosas ocasiones. Dos periodistas del Cumhuriyet, cuyas identidades no pueden ser reveladas por miedo a represalias, han contado su experiencia a eldiario.es.

Uno de ellos relata el “sinvivir” que significa formar parte de la plantilla de este diario opositor, al que no solamente se enfrenta el Gobierno, sino muchas veces la propia población. La bala disparada en el Palacio de Justicia de Estambul es un resumen de los insultos que llegan a recibir. “La población turca prefiere ver series de televisión que enterarse de las cosas que ocurren”, afirma uno de los redactores.

Otro de los periodistas asegura que su familia le pide cada día que deje la profesión, algo que le impide su obstinación con el oficio en un país “lleno de noticias falsas”. La alteración de la verdad es, dicen, el antídoto que utilizan muchos redactores para evitar tener problemas: “Muchos de los periodistas del país no tienen derecho a llamarse a sí mismos periodistas”.

El caro precio que Erdogan anunció para los trabajadores de este medio se empieza a manifestar en forma de años entre rejas. La sentencia de abril resolvió dudas sobre el posicionamiento del Gobierno turco hacia los que ejercen la actividad periodística: un total de 14 empleados de Cumhuriyet fueron sentenciados. Entre todos suman 50 años de cárcel por “ayudar a organizaciones terroristas”.

Detrás de la humareda por las últimas sentencias, aun existen casos que el Gobierno no da por cerrados. “Yo tengo una investigación abierta”, destaca uno de los redactores. Algunos ni siquiera tienen relación con la actividad periodística: un contable del periódico ha sido sentenciado a tres años y un mes de prisión por hacer “propaganda terrorista”. 

“Lo volvería a hacer”

Aunque su caso es simbólico, los redactores de Cumhuriyet no han sido los únicos. Más de 120 periodistas siguen en prisión desde el intento de golpe de Estado de 2016, según Amnistía Internacional. “Todos viven bajo la amenaza permanente de la detención arbitraria, el enjuiciamiento y la sentencia condenatoria solo por hacer su trabajo o por expresar opiniones pacíficas”, denuncia la ONG. De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Turquía fue en 2017, por segundo año consecutivo, el país del mundo que más reporteros encarceló. 

La presión que ejerce el Gobierno hacia los periodistas se extiende, según los trabajadores de Cumhuriyet, al control en actos políticos. “Estuve en el sudeste del país cubriendo un mitin y la Policía identificó a todos los periodistas presentes. Hace dos años esto no ocurría”, señala uno de ellos.

La presión se extiende más allá del Gobierno. La población y muchas fuentes con las que deben contactar se niegan a hablar con ellos por oposición al diario o, simplemente, por miedo. “Cada día se hace más complicado contrastar una información y muchas veces nos ignoran”, afirman.

“Nunca habíamos experimentado un momento tan malo para los periodistas”, afirma a eldiario.es Tora Pekin, una de las abogadas del Cumhuriyet. En los últimos 10 años, un total de 45 periodistas del medio han pasado por los tribunales. Para la letrada, se trata de imputaciones “arbitrarias y abstractas”, puesto que el Gobierno “no tiene respuesta alguna” cuando los periodistas preguntan qué ayuda han prestado a las organizaciones de Gülen, el Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK) o el Partido Revolucionario de Liberación del Pueblo (DHKP-C).

Pekin destaca que la libertad de expresión “solamente existe” cuando el discurso es afín a Erdogan. “El Gobierno defiende su propia libertad de expresión”. Si las palabras vienen en forma de críticas hacia el Ejecutivo, sostiene la letrada, se convierten en crimen. “Nunca se habían producido detenciones por insultar al presidente, incluso en redes sociales, hasta que ha llegado Recep Tayyip Erdogan”. 

Ante unas elecciones que pueden destronar al líder del país, la abogada considera que el recorrido de las sentencias podría dar un giro. “Si el Gobierno cambia, la persecución dejará de existir, pero esto es una opinión personal”. Cumhuriyet, a ojos de algunos, hace “propaganda terrorista”, razón por la que todos sus trabajadores sufren las consecuencias. 

Ellos lo tienen claro: “Nos sentimos orgullosos de haber escogido esta profesión y de hacerlo para este diario, no nos arrepentimos de nada”.

“Golpeaban la puerta sin parar, mi hija pequeña se asustó, todos estábamos asustados”. Ante la fuerza de los golpes, Melike y Nihat abrieron la puerta. Con ello, su vida cambió. Aquella madrugada, que comenzó como otras muchas más y concluyó con un calvario que aún se prolonga cada vez que asisten a una nueva declaración ante el juez o son interceptados por la Policía.

El matrimonio, cuyos nombres no quieren revelar por miedo a represalias, vive en algún lugar de la profunda Anatolia. La joven habla en primera persona porque su marido lleva meses en prisión: “A mí me dejaron libre para poder cuidar de mi hija, pero también seré juzgada por lo mismo”.

Al igual que miles de personas en Turquía, han sido acusados de “pertenecer al grupo terrorista” FETÖ, siglas que apuntan a la cofradía de Fetullah Gülen, acusada de instigar el intento de golpe de Estado de 2016. Ambos se enfrentan a penas de cárcel de hasta seis años y serán juzgados próximamente.

Purgados por Erdogan

Eran unos niños cuando se vieron por primera vez. Se casaron y tuvieron una hija. La familia, de clase media, ganó lo suficiente como para poder pagar una vivienda y tener una vida sin sobresaltos. Eran felices viviendo en su pueblo natal y ejerciendo sus respectivas profesiones. Él era policía y ella, profesora. En pasado, porque como cientos de miles de turcos más, fueron purgados.

A partir del 15 de julio de 2016, el día del golpe fallido, vieron los esfuerzos de toda una vida reducidos a un controvertido proceso que les ha llevado a perder el trabajo y a remar a contracorriente para evitar el ingreso en prisión.

“En este país, el grupo de Gülen y el Gobierno de Erdogan estaban juntos, pero todo el mundo sabía que muchos de los que ostentaban los cargos claves eran integrantes de FETÖ”, explica Melike. El mayor deseo de Nihat era entrar a formar parte del cuerpo de Policía, institución con un amplio número de integrantes del Cemaat –FETÖ para sus detractores–.

Según asegura la mujer, “todo el mundo sabía que si querías ser policía y eras integrante de FETÖ, lo tenías mucho más fácil”. A día de hoy, el Gobierno pone parte de su foco en la institución policial para encerrar a miles de turcos, entendiendo que FETÖ infiltró a muchos de sus miembros en la Policía.

“Los nombres ya estaban escritos”

Poco después del fallido golpe de Estado, Nihat caminaba por la calle hacia su trabajo cuando unos hombres se lo llevaron. Tres días después, tras comparecer ante el juez, pudo volver a abrazar a su esposa e hija. “¿Te comunicaste con FETÖ?, ¿qué periódicos comprabas?, ¿ibas a sus cursos?, ¿te dieron alguna beca?, ¿te has casado con alguna chica que FETÖ te ha buscado?, ¿eres cliente de sus bancos?, ¿utilizas alguna aplicación tecnológica como ByLock?”, le preguntaron.

Las dos últimas preguntas desencadenaron unas acusaciones que derivaron en un proceso judicial aún en curso. “Todo el interrogatorio era un mero trámite”, asegura, “los nombres ya estaban escritos en alguna lista”.

La aplicación de mensajería instantánea ByLock, similar a Whatsapp, fue ampliamente usada, según el Gobierno de Erdogan, por el colectivo gulenista. Hoy sirve como prueba para encarcelar a sus supuestos miembros, los cuales niegan haber descargado la aplicación.

Nihat y Melike también lo niegan, al igual que en su día lo hizo el presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, acusado de pertenecer a FETÖ por la misma razón. A pesar de que cuatro exámenes periciales del teléfono determinaron que nunca hubo instalada tal aplicación en el aparato, su condena podría llegar a 15 años de cárcel y ya lleva más de 300 días encerrado.

La otra acusación sobre la joven pareja vino motivada por la entidad bancaria que utilizaban. En 2012, acudieron a Bank Asya, entidad que brindaba créditos a unos atractivos intereses. “Pedimos un préstamo para comprarnos una casa”, cuenta Melike, que a día de hoy observa ese sueño convertido en crimen.

Bank Asya estaba estrechamente relacionado con la cofradía de Fetullah Gülen, y era en gran medida su brazo financiero, algo que nunca fue motivo de temor, pues hasta 2013 Gülen y Erdogan tenían un trato cercano. A partir de ese año, la guerra entre ambos se hizo patente por una operación anticorrupción desvelada por fiscales gülenistas que salpicaba a los más altos cargos del Ejecutivo. Entonces, Erdogan culpó a Gülen de haber perpetrado un golpe de Estado judicial.

Paralelamente, Bank Asya sufrió una fuga de capitales que hizo que Gülen efectuase un llamamiento a sus seguidores para que la entidad no cayese en bancarrota. Algunos obedecieron: las arcas de la entidad recibieron una inyección de grandes cantidades de liras turcas.

Mientras, Melike y Nihat se esforzaban por pagar un préstamo del que se liberaron justo antes del intento de golpe militar. Cuando el Gobierno acusó al grupo de perpetrar la asonada, las represalias hacia el banco y sus usuarios se incrementaron: no solamente fueron señalados como una de las bases de financiación de FETÖ, también se realizó una persecución hacia todos los ciudadanos que hubiesen realizado pagos a la entidad después del llamamiento de Gülen en 2014.

Exactamente, Melike y Nihat habían participado, según el juez, en tal financiación de forma mensual. “Nosotros lo llamamos hipoteca”, afirma ella en modo sarcástico. Por aquel entonces, en 2014, Gülen no era considerado un terrorista y muchos turcos eran usuarios del banco en cuestión. A día de hoy, el gigante bancario está confiscado por el Gobierno de Erdogan.

Despido, tortura y marginación

Junto a la acusación de ser miembros de FETÖ, llegaron las represalias civiles. Nihat fue despedido del cuerpo de policía y ella, del centro educativo donde impartía sus clases: “En mitad de la clase me dijeron que estaba despedida porque habían descubierto que mi marido era un terrorista”. A la carga judicial se le sumaron las consecuencias económicas. Salieron adelante gracias a la compra de una camioneta de reparto que les ha ayudado a sobrevivir de forma autónoma. No había otra opción: ninguna empresa se arriesgaba a contratar a un presunto gulenista.

La angustia seguía cuando caía la noche y ciertas visitas se presentaban a las cinco de la mañana golpeando reiteradamente su puerta. “Entraron seis policías, me arrastraron por el suelo delante de mi hija, tuve una crisis de ansiedad y me administraron un medicamento”, relata.

Según su testimonio, en comisaría continuaron las vejaciones y presuntas prácticas que, según las convenciones internacionales, podrían constituir la tortura. “Me desnudaron delante de las cámaras de seguridad para registrarme y también me ahogaron continuamente bajo el agua en el lavabo”. Su relato prosigue: “Terroristas. Tú y tu marido sois unos terroristas. No llores. No grites”.

Poco después y sin darle explicaciones, la dejaron libre: “¿Y ahora por qué me soltáis?”. La pregunta, dice, le costó una bofetada y una escueta respuesta: “Ha sido un error, ya te puedes ir”. Melike cuenta que desde entonces debe frecuentar la consulta de un psicólogo para cicatrizar un daño que no se limita a los golpes y moratones: “Me he intentado suicidar dos veces”.

Meses más tarde, sin ninguna novedad en el proceso judicial que ya tenían abierto ni algo que lo hiciese presagiar, Nihat fue definitivamente encarcelado y su camioneta no volvió a salir del garaje. “Al ser llevado ante el mismo juez que anteriormente había determinado su libertad a la espera de juicio, le preguntó por qué no estaba en la cárcel con sus amigos”, afirma Melike.

Ella se libró para poder cuidar de su hija, con quien ahora debe vivir bajo el techo de sus padres sexagenarios por razones económicas. Después de ser purgada de su trabajo, se resigna a malvivir impartiendo algunas clases particulares. Su madre no trabaja, mientras su padre se enfrenta a largas jornadas laborales para sostener el peso de esta nueva vida.

“La ley se mezcla con la política”

Nihat y Melike defienden su inocencia. La vista oral ha sido pospuesta en más de una ocasión, la última hace escasos días. En uno de los juicios tuvo lugar un suceso que aún les inquieta. “Estábamos todos en el juzgado menos el abogado que nos defiende a mí y a mi marido”, destaca la acusada. Al parecer, el letrado recibió una llamada anónima argumentando que Melike había sido arrestada, razón por la que retrasó su comparecencia en los tribunales. Cuando el abogado contactó con Melike, acudió al juicio, pero no le dejaron entrar. Mientras, el juez interrogó a los acusados sin la presencia de ningún abogado. El juicio fue pospuesto otra vez a petición del mismo abogado defensor cuando pudo acceder, finalmente, a la sala.

El letrado, que tampoco quiere revelar su identidad, asegura llevar cerca de 150 casos de la misma naturaleza. Él mismo también fue purgado cuando ocupaba un cargo público pocos días después del intento de golpe. No esconde su deseo de la justicia finalmente se imponga en su país, pero lo ve complicado: “Desafortunadamente la ley se mezcla con la política. Si esto funciona así, no hay posibilidades de ganar”, argumenta en referencia a los clientes que representa.

Melike y Nihat pronto volverán a ser interrogados por el juez, al igual que miles de turcos que desean despertar de una pesadilla cuyo final puede ser la cárcel, que les ha arrebatado sus respectivos trabajos, les ha condenado a la marginación social y, en muchos casos, también se traduce en negar el derecho a abrazar a sus hijos más de una vez por semana. Erdogan, por su parte, se someterá a su propio juicio el 24 de junio, día en que millones de turcos están llamados a las urnas para reafirmar o rechazar la Turquía del presente.

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ACTUALIZACIÓN: la Justicia turca ha condenado finalmente a Melike y Nihat a seis de años de cárcel para cada uno por pertenencia al “grupo terrorista” FETÖ.

La guerra en Siria ya suma siete años, los mismos que Fatma acumula sin Aziz, su marido. “Teníamos una vida cómoda en Alepo y mi marido trabajaba en una fábrica de zapatos”, recuerda la mujer, ahora refugiada junto a sus dos hijos en Turquía.

En junio de 2011, cuatro meses después de las primeras protestas contra el Gobierno, Aziz cerró los ojos por última vez. “El pequeño no se acuerda de él”, afirma Fatma mirando fijamente a su hijo menor.

Recuerda como si fuera ayer ese caluroso día de junio. “No me dijo que se iba a una manifestación, dijo que tenía trabajo por hacer”. Según relata, él se encontraba en la primera línea de manifestantes y la violencia ya había alcanzado niveles insospechados. “Fue apuñalado por los hombres de Assad”, asegura. Una estampida le dejó solo y herido en el suelo, donde falleció poco después.

Este jueves se cumplen siete años desde el inicio de la guerra en Siria, que se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha obligado a 5,6 millones de refugiados a huir a los países de la región como Turquía, que alberga a algo más de 3 millones de desplazados sirios. Estas cifras contrastan con los 180.000 refugiados que la UE acordó acoger en 2015, un compromiso que los Estados europeos han incumplido.

La guerra en el país árabe ha provocado, denuncia la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), “una colosal tragedia humana”, recrudecida en las últimas semanas con la ofensiva del Gobierno sirio sobre Guta Oriental (Damasco), que ha dejado centenares de muertos.

La contienda iniciada en 2011 derivó en un conflicto internacional en el que intervienen Rusia, Estados Unidos, Francia y Turquía. ONG como Amnistía Internacional llevan años alertando de que las fuerzas gubernamentales, y también grupos insurgentes, están perpetrando crímenes de guerra como bombardeos indiscriminados contra la población civil.

Las trabas para iniciar una nueva vida lejos de Siria

El día de la muerte de Aziz fue un punto de inflexión en la complicada vida de la joven de 30 años, que dejó los estudios hace 15 para sumergirse en un matrimonio concertado. “A los 19 ya tenía dos hijos”, explica con una sonrisa, la misma que se apagó cuando Aziz murió y emergieron las consecuencias del abandono de los estudios tras su boda prematura. “Mi vida se vino abajo. Todos mis hermanos tenían que cuidar de su propia familia y yo me quedé sola con dos niños”.

Sus raíces turcomanas y el conocimiento de la lengua la empujaron a tomar la decisión de alcanzar Turquía en busca de un futuro mejor para sus hijos. La negativa de sus progenitores a emprender el largo viaje hacia zona turca no evitó que cruzara, de la mano de un grupo de traficantes, la frontera con destino a Gaziantep, una ciudad del sur de Anatolia que hoy acoge a 400.000 refugiados con el recelo de parte de la población local.

Allí vivió en un espacio minúsculo con diez sirios más, entre los que se encontraba su hermana, pero optó por trasladarse a la capital poco después. En Ankara, trabaja actualmente para sacar adelante a sus hijos. Su bilingüismo árabe-turco le permite trabajar como intérprete en un hospital atendiendo a otros refugiados. “A veces también voy a los juzgados u otros lugares para ayudarlos”, destaca.

Fatma puede desenvolverse en turco, pero otros muchos refugiados se encuentran con un problema lingüístico que les impide desenvolverse con normalidad. Como consecuencia, reconstruir su vida en una nueva sociedad resulta aun más difícil, a lo que se une la escasez de programas y servicios en su idioma que algunas voces han denunciado.

“Muchas ONG de mujeres carecen de los recursos financieros necesarios para contratar intérpretes. Las instituciones públicas importantes tampoco emplean traductores y esto se usa generalmente como una excusa para no proporcionar servicios a las mujeres refugiadas sirias”, señala Yelda Şahin Akıllı, activista turca de la Foundation for Women's Solidarity, en una entrevista a ONU Mujeres.

El idioma es una barrera para Hanan, cuyo esposo falleció hace cuatro años en un bombardeo. “¿Cómo voy a aprender turco? No sé leer ni escribir, dejé el colegio a los 14 años” se pregunta esta refugiada siria. A esa edad, al igual que Fatma y miles de mujeres sirias, se casó y comenzó a tener hijos.

Cuenta que, tras la muerte de su marido, su primogénito se enroló en el Ejército Libre Sirio y ella cocinó para sus combatientes. Con ese dinero, explica, pudo mantener a sus otras tres hijas y aguantó en Alepo hasta hace tres meses, momento en que la familia puso rumbo a Ankara.

Hanan explica que, además de tener pocas opciones de trabajar, sufre las presiones del machismo en el seno de su conservadora familia: “Él es el hombre de la familia y me impide tener un empleo”.

Para esta familia, la capital turca es solamente una parada en este largo viaje de ida y vuelta: “No nos planteamos llegar a Europa ni quedarnos en Turquía, cuando acabe la guerra volveremos a Siria”.

Un camino minado para las mujeres

Las mujeres refugiadas sirias están expuestas a mayores riesgos por el hecho de ser mujeres durante todas las etapas de su viaje, también en suelo europeo. El duro camino hasta zona denominada “segura” conlleva episodios de violencia sexual y de género que también se producen en el destino.

El informe Voces de Siria, editado por el Fondo de Población de la ONU, recoge testimonios de chicas que denuncian haber sido forzadas a realizar “servicios” sexuales a trabajadores de organizaciones humanitarias a cambio de pan en campos de refugiados sirios. El alto índice de violencia sexual en estos espacios es una amenaza para mujeres y niños que huyen de las zonas devastadas.

Cuando salen de ellos, Turquía no es el mejor destino para las mujeres. En 2017, fueron asesinadas 409 mujeres en el país, 81 más que en 2016. Es decir, más de un asesinato machista al día, según la plataforma turca 'We Will Stop Feminicide'.

Fatma niega haber vivido episodios de violencia machista, pero denuncia su existencia en Ankara. “Les dicen a las refugiadas que las ayudarán con comida. Luego las violan”, dice. Pero el silencio se impone y pocas mujeres denuncian al agresor, un dato que también recoge el informe Voces de Siria. “Es raro que hablen de ello abiertamente por razones culturales, religiosas y zona geográfica”. El Gobierno turco instruye a policías especializados en situaciones donde hay refugiados y, según defiende, pone especial énfasis en el conocimiento de la lengua árabe.

Mientras, en Turquía, Hanan vive gracias a la caridad de una ONG local y el trabajo de su hijo mayor. Fatma reconoce sentir una mayor libertad: “En Siria las familias no permiten que te puedas mover sola”. Aquí no tiene a nadie más con quien hacerlo, solamente a sus hijos preadolescentes.

Afronta el día a día mirando de reojo las últimas noticias de su desmembrado país. Pero no quiere volver. Los últimos ataques sobre Ghuta y Afrin alimentan una guerra que creen sin horizonte, al igual que la vida de Fatma: “Trabajo para dar un futuro a mis hijos. Yo no lo tengo, mi vida finalizó hace siete años”.

Caras pálidas y cansancio. La resistencia de los purgados por el Ejecutivo turco tras el intento de golpe de Estado sigue su curso, pero lo hará sin la herramienta más poderosa que habían tenido hasta el momento, jugar con la vida de dos personas. “El gobierno usa nuestro hambre para amenazarnos, nosotros lo usamos como arma”, afirmaba Semih Özakça un mes antes de acabar con el martirio que le ha mantenido, junto a Nuriye Gülmen, 324 días sin comer. Lo que algunos entienden como el final de un chantaje al Gobierno, otros lo consideran el acto más valiente de los dos símbolos de la purga. Semih y Nuriye no morirán por su causa.

“Amamos nuestra resistencia, cada día nos hemos sentido más liberados. La resistencia vino para proteger nuestro honor y lo hemos recuperado”. Con estas palabras, Nuriye justificó el final de su lucha el pasado 26 de enero. Para ellos no es un derrota, aunque seguro que Erdogan está degustando una nueva victoria. Otra más en su haber, otra más que arrastra historias personales llenas de épica.

Nuriye era profesora de la Selçuk University de Konya, ciudad conservadora de la profunda Anatolia. Respetada entre académicos y alumnos, sus clases bastaban para enmudecer a una tribuna entera. Pero el Gobierno apreció más bien “lazos con organizaciones terroristas” para expulsarla de las aulas. Semih, por su parte, era profesor en una escuela de educación primaria en Mardin, ciudad del sureste de Turquía situada a escasos kilómetros de la frontera con Siria.

Junto a su mujer, Esra, que también fue purgada del mismo trabajo y que inició una huelga de hambre cuando él fue encarcelado, construyó una vida articulada entre el colegio donde impartía clases y su familia. Pero la rutina de la pareja se truncó con uno de esos decretos del Gobierno que han dejado a más de 150.000 anatolios privados de sus trabajos.

Esos mismos decretos supusieron a su vez la unión de Nuriye y Semih, que decidieron luchar en Ankara por todos los purgados. Luego se unió Esra, que también fue purgada. Todos estaban en Ankara y, pese a que la protesta se hizo notoria, el Gobierno de Erdogan miró a otro lado inflexible ante éste y otros casos similares. Nuriye y Semih decidieron cambiar de estrategia: en un nublado 9 de marzo se sumergieron en una huelga de hambre.

Sus cuerpos fueron perdiendo la movilidad en un proceso en el que solamente se nutrían con agua azucarada o salada, té y comprimidos de tiamina (vitamina B1). Su cerebro también se resintió. “Mantener el cerebro funcionando era lo más importante”, admite Semih, que hoy apenas supera los 40 kilos, una decena más que su amiga Nuriye.

La lucha por la justicia se convirtió en su nueva vida. Cuando llevaban 75 días en huelga de hambre junto a la estatua de los Derechos Humanos de Ankara, en la peatonal calle Yüksel, fueron encarcelados y acusados de pertenencia al DHKP-C [Partido Revolucionario de Liberación Popular]. A dicho grupo, de ideología marxista-leninista y contrario a la OTAN, se le atribuyen varios atentados, entre ellos el que se llevó la vida del magnate Özdemir Sabanci en 1996.

Además, la Ley Antiterrorista turca, uno de los grandes escollos del congelado proceso de adhesión turco a la Unión Europea, asemeja simpatizante y militante. ¿Es cierta esa vinculación? “Yo no lo sé, pregúntale a la Policía”, responde irónicamente Nuriye. Semih, por su parte, ríe al ser interrogado por la misma cuestión: “nunca me pudieron relacionar con el DHKP-C”.

El ex profesor de Primaria puntualiza que su ideología anti-imperialista le puede llevar a coincidir con tal grupo, pero deja claro que “el DHKP-C tiene armas, yo solo soy un profesor”.

Las acusaciones se basaron en hechos como la posesión de una pancarta de color rojo: “nosotros somos socialistas, es nuestro color y no nos escondemos de ello. En la pancarta ponía que ‘el estado de emergencia ataca nuestros derechos y queremos recuperar nuestro trabajo’. ¿Dónde está el DHKP-C?”. Esra sintetiza el motivo del ingreso penitenciario alegando que obedecía a aspectos más estratégicos que judiciales: “No querían que la protesta creciese”.

El recuerdo de Gezi, aquellas protestas que en 2013 incendiaron las principales ciudades del oeste de Anatolia y que dejaron 8.000 heridos, ha creado una profunda cicatriz en el seno de un Gobierno irascible ante cualquier conato de resistencia popular. En esta atmósfera represiva el tiempo parecía una eternidad para Nuriye y Semih. En la calle, cada día a las 13:30 y 18 horas, varias decenas de purgados y otros simpatizantes protestaban ya no sólo por su trabajo, sino por sus dos compañeros encarcelados.

“Nos llevaron a un tipo de cárcel reservada para terroristas”, denuncia Semih al hablar del apogeo que significó para él estar encerrado. Las cárceles turcas catalogadas como Tipo-F son de alta seguridad y están integradas por presos acusados de terrorismo. Allí pasaron meses incomunicados.

“Era como un campo de concentración, me golpeaban y no me dejaban hablar con nadie”, denuncia. Según recuerda, recibió un castigo por hablar con un recluso que consistió en permanecer en pie durante dos horas. En esos días Semih ya acumulaba meses en huelga de hambre. Nuriye cuenta una experiencia similar: “me arrastraron hasta mi celda y me intentaron convencer de que abandonara mi lucha. Eso ya supone una forma de tortura”.

El 20 de octubre Semih fue liberado. Se trasladó a vivir a la casa en la que su mujer y otros afectados conspiraban contra el poder establecido. No estaban solos, y como símbolo de la nueva resistencia, las visitas eran constantes. En esos escasos ochenta metros cuadrados, los peregrinos debían acceder bajo estrictas normas de higiene: un pequeño virus podía significar la muerte para Semih y su mujer Esra. En cuanto a Nuriye, su liberación se produjo el día 2 de diciembre. Al igual que su compañero, fue hallada inocente.

Cazar al “terrorista”

El caso de Semih y Nuriye no es más que otra mota negra en el expediente de Erdogan. Desde que estallara la trama de corrupción de diciembre de 2013, que salpicó a importantes cargos del Gobierno, el giro autoritario del presidente se comenzó a evidenciar. Ya se atravesaba una crítica situación social antes incluso del fallido golpe de Estado.

Por ejemplo, a comienzos de 2016 más de mil profesores firmaron un manifiesto a favor de una solución dialogada al conflicto kurdo, revivido seis meses antes. El grupo de docentes, denominado ‘Académicos por la Paz’, después de firmar el documento, entendieron lo que se avecinaba en Turquía: una purga de voces contrarias al Ejecutivo.

“He firmado cientos de documentos sin que ocurriese nada, pensaba que este sería uno más, pero posteriormente ocurrieron muchas cosas”, afirma Halil Ibrahim Yenigün, exprofesor de la Istanbul Commerce University que firmó la petición. Él pudo huir del país a tiempo y ahora imparte clases en los Estados Unidos, pero otros no tuvieron la misma suerte y se han quedado sin pasaporte, sin la posibilidad de trabajar en el sector público y viéndose repudiados del sector privado.

Dos años después, decenas de miles de profesores han sido purgados de los centros educativos por real decreto, consecuencia del estado de emergencia que aún está en vigor. “Son unos traidores”, destacó el presidente en su momento.

Con el discurso polarizante, característico de sus últimos dos años, más de la mitad de los turcos aprueban su gestión, como refleja el 51% de apoyo que obtuvo el presidente en el referéndum de abril de 2017. Los más fanáticos opinan en la misma línea o, incluso, van un poco más allá: idam [pena de muerte] era una máxima que resonaba en la conmemoración de la fallida asonada.

Desde aquella noche en la que los militares fracasaron, las decisiones de Erdogan han ido enterrando cada uno de los grandes avances democráticos de sus primeras legislaturas y la esperanza de la comunidad internacional. Gracias a él se comenzó a hablar en el mundo académico anatolio del genocidio armenio.

Pero el país de hoy es diferente, y un adjetivo benévolo para la “Nueva Turquía” es el de “débil” democracia. Emma Sinclair-Webb, directora de Human Rights Watch en Turquía, así lo sustenta con la continuidad del estado de emergencia y con “los encarcelamientos arbitrarios hacia los más críticos con el Gobierno”.

La batalla sigue

En un país donde alzar la voz en contra del gobierno puede llevarte a la cárcel bajo acusaciones de terrorismo, muchos sindicatos y sus miembros se encuentran bajo el punto de mira gubernamental o han sido directamente clausurados.

El pueblo turco, con una larga tradición de resistir ante adversas circunstancias, sigue la lucha en la misma estatua donde Nuriye comenzó a protestar, pero con un ligero matiz: el espacio dedicado a los derechos humanos se encuentra delimitado por unas vallas que impiden al pueblo acercarse.

Decenas de policías armados hacen guardia las 24 horas y la jerga callejera de la ciudad define la situación como ‘el encarcelamiento de los Derechos Humanos’. Ni siquiera el arresto de los profesores amedrentó a una sociedad que siguió protestando. Cada día la tensa calma de Yuksel rompe en disturbios.

“Hoy la comisión ha rechazado nuestra apelación, pero la llevaremos a los juzgados. A partir de hoy, terminamos nuestra huelga de hambre, pero nuestra resistencia continuará”, concluye el comunicado que pone fin a casi un año de sufrimiento. En la calle Yüksel ya esperan la llegada de Nuriye y Semih, símbolos de un coraje que pocos se atreven hoy a mostrar en la Turquía de Erdogan.

“No tenemos miedo, pero deberíamos tenerlo”. Ozgür Gür tiene 23 años y estudia en la Universidad Técnica de Medio Oriente (ODTÜ), uno de los centros educativos más prestigiosos de Turquía. Desde que empezó su andadura en el movimiento LGTBI, no había vivido un momento tan determinante para reivindicar los derechos del colectivo, dice en una conversación con eldiario.es.

El veto a las movilizaciones “por razones de seguridad”, según el Gobierno turco, se sigue extendiendo hacia los grupos más molestos para el presidente, Recep Tayyip Erdogan. La última víctima ha sido la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), que en los últimos años ha ganado una fuerza considerable y se opone a las directrices de los sectores más conservadores del país.

El episodio que hizo estallar la ira tuvo lugar en noviembre, cuando Ankara prohibió la celebración de una festival de cine LGTBI alemán. Si hace unos meses trascendía la noticia de la prohibición de cualquier manifestación pública en la capital turca, ahora ya se persigue la celebración de reuniones.

“En los días previos a la prohibición del festival, el ambiente se hizo extraño y algo cambió”, resume Gür. Junto a muchos activistas, lidera el movimiento LGTBI estudiantil en un país con sectores conservadores poco receptivos a estas causas y, en ocasiones, agresivos con ciertos colectivos. Hasta el momento, la homosexualidad era ligeramente tolerada en suelo turco. Aunque no existen leyes específicas contra el colectivo ni estén criminalizados ante los tribunales, la realidad social es distinta.

La represión crece desde el intento de golpe de Estado

“No tenemos derecho a la protesta y tampoco existen reglas contra la violencia hacia los homosexuales”, señala el activista. Esta situación, lejos de arreglarse al ver que el mundo avanza en la conquista de derechos para el colectivo, empeora día tras día en un país que, según alertan numerosas voces, ha dado un giro antidemocrático en los últimos meses. Aunque no quiere dar más detalles de sus experiencias personales, Gür relata que no lo ha tenido fácil: “Dentro de la universidad me siento seguro, pero fuera corro el riesgo de ser atacado por los sectores más conservadores”.

Ante la presión del Gobierno, tampoco siente tranquilidad por figurar, dice, en una disuasoria 'lista negra'. Entiende que Ankara pretende frenar una posible oleada de protestas y se muestra firme, pero no oculta que la realidad puede llegar a ser dura con ellos: “No tenemos miedo, pero deberíamos tenerlo”.

Según el joven, el colectivo LGTBI “se ganó la enemistad” del Ejecutivo después de las protestas del parque Gezi (Estambul), en 2013, “debido al enorme peso del colectivo para movilizar a las masas”. Aunque las discrepancias fuesen en aumento, no pasaron a la represión hasta hace un año, según relata.

“Después del intento de golpe de Estado [15 de julio de 2016], Erdogan actúa con decretos y puede cerrar organizaciones sin previo aviso ni leyes que lo sustenten”, lamenta. Por esta razón, señala, las principales agrupaciones LGTBI del país, como Kaos o Pink Life, no alzan la voz con contundencia ni movilizan a la población. “Temen que les cierren la organización”, explica Gür. 

Por su parte, los partidos de izquierdas han optado por reivindicar la presencia del colectivo en sus filas, una postura que les hace ganar apoyo ante unas futuras elecciones y que Erdogan ya ha criticado. “El partido que se hace llamar el principal de la oposición [CHP] se ha alejado tanto de la nación que ahora en las elecciones a comités locales están poniendo una cuota de homosexuales, en proporción de uno de cada cinco”, dijo el presidente en un discurso el pasado noviembre. Y finalmente exclamó: “¡Que venga Dios y lo vea! Nosotros somos los que defendemos la moral”.

El festival prohibido

Cuando el coche se detiene, dos chicas se besan apasionadamente en la parte trasera del vehículo, ante la mirada de Lukas y Favio desde la parte delantera. Finalmente, ellas se marchan y ocurre lo mismo entre ellos. La escena pertenece a la película Romeos, uno de los largometrajes que se iban a emitir en el Festival de Cine Alemán LGTBI, prohibido por el Gobierno de Ankara.

Un día antes de las proyecciones, trascendía la denegación para celebrar el evento. Las autoridades locales se defendieron mediante un comunicado afirmando que los actos “podrían incitar deliberadamente a un segmento de la sociedad con características diferentes contra otro segmento de la sociedad”.

De tal forma, se pretendió frenar un supuesto enfrentamiento prohibiendo al colectivo LGBTI reivindicar sus derechos, alegando que podía haber “reacciones y provocaciones contra los grupos e individuos que participan en la organización debido a ciertas sensibilidades sociales”. Alertaron de que “podría conducir a un peligro inminente con respecto a la seguridad pública, y también puede dañar la protección de los derechos y libertades de otras personas, la salud pública y la moral”.

En sus comunicados, las principales organizaciones LGTBI del país condenaron los hechos y avisaron que tomarían medidas legales contra un acto “discriminatorio y arbitrario”. Las agrupaciones prosiguieron acusando al Gobierno de atentar contra “la libertad de expresión y de reunión”, derechos recogidos en los tratados internacionales que Turquía ha ratificado.

La comunidad universitaria desafía a Erdogan

Los preparativos para la celebración del festival se sucedían: mientras las asociaciones se juntaban para organizar los eventos, la embajada alemana participaba, en mayor medida, para facilitar la concesión de los derechos de las películas.

Después de que Ankara impidiese oficialmente su celebración, las universidades decidieron acoger los actos. El estudiante de la ODTÜ afirma que en los días anteriores a la prohibición el ambiente no era el habitual. Gür mantiene una relación fluida con el rectorado debido a su condición de líder estudiantil y afirma que “en las dos últimas semanas algo se rompió y ya no contestaban”.

Cuando se disponían a realizar una reunión rutinaria con estudiantes para discutir temas que conciernen al grupo LGTBI, señala, les “impidieron” reunirse “por primera vez”. Desde entonces, según explica, su nombre figura en una lista, al igual que el de un docente. “A mí no me investigaran por ser estudiante, pero tengo miedo de que lo hagan con el profesor”, destaca. Turquía ha purgado a miles de académicos tras el intento de golpe de Estado.

Después de la negativa, los estudiantes sabían que el único lugar donde la policía no podía entrar era en las universidades, que tienen cuerpos de seguridad propios y donde no les está permitido actuar. Romeos debía ser visionada en el interior de la Middle East Technical University. Ante la presión de la policía esperando en las puertas, la seguridad interna optó por entrar en la sala, medida que no funcionó porque los estudiantes habían instalado barricadas con sillas y mesas. Finalmente, cortaron la electricidad, pero tampoco dio resultado: “Instalamos unos generadores y pudimos ver la película”, relata Gür.

La resistencia no solamente se ejerce en esta Universidad. Otras como Hacettepe, también en Ankara, o la de Boğaziçi, en Estambul, tienen un alto poder de movilización y se coordinan para llevar a cabo las acciones. El Gobierno, afirma Gür, “no quiere que la protesta se extienda, pero ya lo está haciendo en Estambul”.

La ciudad más grande de Turquía tiene experiencia en esta lucha y celebra por sus calles el día del Orgullo LGTBI desde hace 15 años. El pasado mes de junio, las autoridades disolvieron la marcha por tercer año consecutivo y lo que debía ser un acto reivindicativo se convirtió en una batalla campal entre activistas y policía.

Desde 2003, la marcha se había celebrado sin incidentes y fue ganando adeptos hasta reunir a más de 15.000 personas en 2014, a pesar de las amenazas de los sectores más conservadores. Esto incitó a las autoridades a prohibir los actos el año siguiente “por razones de seguridad”. A pesar de la falta de autorización, la gente ha continuado asistiendo a unas manifestaciones que, desde entonces, han venido acompañadas de intervenciones policiales, con empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua.

A día de hoy y después de un largo mes de protestas, “todos los actos y reuniones han sido prohibidos”, lamenta el activista. El colectivo LGTBI, dice, ha sido la última víctima de un Gobierno turco volcado en debilitar a todo aquel que represente un problema para sus intereses.

El olor a madera quemada avisa que el invierno se empieza a asomar, y con él, los problemas que afrontan los más desafortunados. La ciudad de Ankara viste de negro ante las dificultades que sufren los refugiados en las fechas que se avecinan, unas circunstancias que alcanzan su máxima expresión en el barrio de Altındağ, bautizado como 'La pequeña Alepo'.

No es difícil encontrarlo, solamente hace falta seguir la niebla. El denso humo que se acumula en sus calles a primeras horas de la mañana, dónde el frío alcanza su apogeo, revela con creces la cara más amarga de esta estación del año. Sin dinero y poca ropa, las temperaturas les obligan a quemar todo cuanto encuentren a su paso y la nube tóxica se alza a medida que pasan las horas para indicar que un nuevo día acaba de empezar, otra jornada en el barrio donde malviven los que tuvieron que abandonar Siria forzosamente.

La huida precipitada es el denominador común en todas las historias que se cruzan en 'La pequeña Alepo'. Amani, una joven siria, llegó a la comunidad hace pocas semanas desde Idlib, primera parada después de partir desde Alepo. Allí creció y se licenció en Farmacia mientras la guerra se producía a pocos kilómetros de su facultad. No acusa la difícil situación: “Mi barrio estaba controlado por las tropas de Assad y reinaba la normalidad”.

Una vez acabada la universidad, la falta de oportunidades laborales la obligaron a dejar su ciudad, un paso que su padre ya había emprendido antes. Al tener familiares en Idlib, al oeste del país, decidió trasladarse a esta ciudad, ahora controlada por Turquía.

Desde allí, según afirma, “pagué 1.500 dólares a los traficantes para poder llegar a Ankara”, ciudad donde la farmacéutica malvive a día de hoy. Ahora espera con ansias poderse juntar con su padre en Alemania mediante el programa de reasentamiento de la Unión Europea. “Mi tío se irá pronto a los Estados Unidos, pero ha estado dos años esperando”, afirma.

Es consciente de que la demora siempre se puede alargar y por ello también estudia alemán para probar suerte con un visado de estudiante. El programa de reunificación familiar, en su caso, no es posible porque ya cumple con la mayoría de edad, por lo que la opción más rápida es la que muchos acaban realizando: “Podría hacer como mi padre y llegar ilegalmente”.

Su progenitor tuvo que cruzar el Mar Egeo en patera y aventurarse por la ruta de los Balcanes hasta llegar a suelo alemán. “No estoy segura, caminó unos tres o cuatro países”. Ese padre, a día de hoy y después de dos años, espera que su hija pueda llegar a Europa sin tener que arriesgar su vida lanzándose al mar y caminando a través de países como Bulgaria, Serbia, Croacia y Austria.

En 2017, Alemania recibió con el programa de reasentamiento a un total de 2.232 refugiados sirios que se encontraban en Turquía, según datos de la UNHCR, la agencia para los refugiados de la ONU. Por su parte, España alcanzó el escaso número de 147 personas. En esas cifras no se contabilizan los que no pueden esperar más y deciden cruzar fronteras sin el 'permiso' de las instituciones.

Demoliciones forzadas

Los sirios de Altındağ llegaron ligeros de peso y sin dinero. Su única esperanza era ocupar los edificios antiguos, algunos de ellos abandonados, y sin acceso a los servicios básicos, como luz y agua. Aun así, y después de haber visto sus casas en Siria reducidas a escombros, dieron una oportunidad al nuevo futuro que les esperaba. No obstante, las condiciones insalubres obligaron al gobierno a tomar partido y decidieron demoler esos hogares en el marco de un ambicioso plan de reurbanización.

Horoz explica el sentimiento que tuvieron las familias al ver su casa destruida por segunda vez: “Para ellos ya fue duro tener que abandonar su hogar o ver cómo era bombardeado, así que imagina que te ocurre lo mismo hasta en dos ocasiones”. El proyecto dejó a familias enteras en la calle buscando un techo en condiciones.

El barrio, al noreste de la capital turca, está en constante crecimiento, aunque ahora se encuentra delimitado por una alambrada que separa el territorio civil del militar. “Se supone que no se puede construir allí porque el terreno pertenece al ejército”, destaca Serkan Horoz, responsable de una ONG local que ayuda a los refugiados que acaban de llegar.

Sin la valla espinada, muchos decidirían improvisar su nuevo hogar a bajo coste. La población de sirios en la barriada se cuenta por millares y va en aumento. Aunque no existen cifras exactas ni están segregadas por nacionalidad, en 2015 el gobierno turco contabilizó cerca de 365.000 habitantes en el empobrecido vecindario, la mayoría de ellos de nacionalidad siria y, en su mayoría, de la ciudad de Alepo.

El camino de vuelta a la guerra siria

Con pocas perspectivas de prosperar, algunos también deciden regresar al país del que huyeron. Gadir malvivía junto a sus tres hijos en las calles de Altındağ hasta que decidió emprender el camino de vuelta “para honrar la memoria de su marido fallecido”, según destaca su familia que aun vive en Ankara. La sorpresa de esta madre de tres niños fue observar que su hogar seguía en pie, rodeado de casas en ruinas. Decidió quedarse y construir un futuro poco prometedor, pero en casa, su Siria natal.

Su hermano no podría regresar aunque quisiese. Muhammed, además de ser refugiado, es un proscrito. Una vez acabado el servicio militar, quiso concentrarse en un futuro lejos de las armas, pero justo después Assad comenzó la represión contra su propia población y él fue llamado a filas, asegura. Su negativa por acudir le valió una orden de arresto que aún recae sobre sus espaldas: “Si vuelvo a Siria, me matan”.

Sin posibilidades de hacer un camino de vuelta que muchos ya se plantean, sólo le queda la opción de aceptar trabajos precarios en este barrio de la capital. Según Horoz, muchos empresarios turcos han reflotado sus empresas gracias a la mano de obra barata de los sirios que han llegado sin educación previa y desesperados por sobrevivir.

Los “intelectuales”, tal como los denomina el joven cooperante, tienen más posibilidades de ser reasentados en países europeos, a los que acusa de aceptar en mayor medida las solicitudes de los refugiados que gozan de una carrera universitaria o una educación sólida: “Los peores se quedan en Ankara”.

Y mientras el sol se apaga, miles de familias encienden una hoguera que ahuyentará al invierno hasta el día siguiente. Su humo cubrirá la totalidad de las calles de la capital turca, pero la densa niebla solamente se manifestará en 'La pequeña Alepo' para indicar que los desafortunados siguen en Ankara. Otros volverán a su Siria natal y solamente los 'escogidos' abandonaran la densa nube de humo.

Amnistía Internacional quiere olvidar el pasado 5 de julio, cuando diez defensores de los derechos humanos fueron arrestados en un hotel de la isla de Büyükada, en Estambul. Quiere hacer lo mismo con el 6 de junio, cuando el presidente de la misma organización, Taner Kiliç, fue arrestado en su casa de Esmirna. Mientras el cautiverio de los activistas continúa, gobiernos y figuras mediáticas han pedido su liberación, incluidos órganos de la Unión Europea.

El desenlace podría comenzar este miércoles y jueves, cuando se enfrentaran a un juicio que les puede dejar en libertad, o la pesadilla seguirá para demostrar que defender los derechos fundamentales en Turquía es significado de delito.

La vida de Taner Kiliç, presidente de AI en Turquía, se detuvo la madrugada del 6 de junio cuando la Policía le arrestó en su casa de Esmirna, localidad mediterránea al oeste del país. La detención, junto a 22 abogados, del máximo responsable de la organización supuso un golpe para Amnistía y el presagio de que la purga de Erdogan se iba a extender hacia límites insospechados.

La acusación que recae sobre esta figura ligada a AI desde 2002 es la relación con la cofradía de Fethullah Gülen, acusada de instigar el fallido golpe de Estado de julio de 2016. Su crimen, haberse descargado una aplicación de mensajería instantánea que se ha relacionado con los miembros de un grupo que es considerado terrorista. Si la justificación resulta poco sostenida, los informes periciales de su teléfono indican que Kiliç nunca llego a descargar ByLock, la app ‘gulenista’ que según la Fiscalía utilizan cerca de 215.000 personas en Turquía.

Menos de un mes después, la directora de AI en Turquía, Idil Eser, se reunía con nueve activistas en un hotel de Estambul para realizar un taller rutinario. Pero la mala suerte quiso que un ciudadano turco denunciase a las autoridades el encuentro y un total de diez activistas fuesen arrestados.

Se les acusaba de conspiración y “delinquir en nombre de una banda terrorista”. Ocho de los acusados, entre ellos el informático alemán Peter Steudtner, el sueco Ali Gharavi y la directora de Amnistía se encuentran en prisión preventiva.

En total, los once defensores de los derechos humanos afrontan una acusación por parte de la Fiscalía de hasta 15 años de prisión.

“Sembradores del caos”

“Los diez de Estambul”, en referencia a los diez activistas que se reunieron, fue el nombre con los que la prensa afín a Erdogan les denominó, demonizándolos y haciéndose eco de las acusaciones que recibían por parte del Gobierno. “Se habían reunido con la intención de continuar el golpe del 15 de julio. Fueron detenidos siguiendo información de inteligencia que recibimos”, argumentó Erdogan.

El hotel Ascot, escenario de las detenciones, se convertía en el espacio funesto de la reunión “conspiranoica” que realizaban personajes, descritos por el diario Takvim, como “El Hacker” o “La que siembra el caos”. También se les relacionaba con el PKK (Partidos de los Trabajadores del Kurdistan) o FETÖ, organización de Fethullah Gülen. Según afirma la acusación, “ha quedado claro que el objetivo de los sospechosos eran marchas similares a las de Gezi [unas notorias revueltas en el año 2013] , bajo el nombre de 'Adalet' (Justicia), que se convertirían en violentas y crearían el caos social”.

La visita a la directora de AI

El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha sido de las pocas personas que ha podido acceder a la prisión de alta seguridad donde se encuentran los activistas detenidos en Estambul. Según indica, visitar a Idil Eser no fue fácil. “Había intentado visitarla en cuanto llegué a Turquía, unos días antes, pero me habían impedido el paso en las puertas de la prisión. Tras reunirme con el ministro de Justicia, Abdülhamit Gül, en Ankara, para reiterar nuestra solicitud de que se nos concediera una visita, pude verla por fin”, admite Shetty.

Según indica el activista de AI Andrew Gardner a eldiario.es, la situación, lejos de ser normal, se ha vuelto común. “Bajo el estado de emergencia solamente pueden visitar a los presos familiares o abogados una vez por semana”, afirma.

A raíz de esa visita, el secretario general describió que el aislamiento que reciben es total. “Aunque comparte celda con otra mujer, no ha podido siquiera hablar con los demás defensores y defensoras de los derechos humanos, como Özlem Dalkıran, a la que detuvieron al mismo tiempo”, afirma. Eser describió tal cuarentena destacando que “Özlem está a solo tres puertas, pero si quiero saber algo de ella tengo que buscarlo en los periódicos.”

Reacciones en todo el mundo

Una larga lista de gobiernos, instituciones y figuras mediáticas han instado a que sean puestos en libertad. Entre ellos figuran la Comisión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, funcionarios de la ONU, Angela Merkel y el gobierno alemán, así como los gobiernos de Austria, Irlanda, España o Bélgica.

Por su parte, Edward Snowden, exiliado por sacar a la luz el espionaje masivo y sistemático por parte de los Estados Unidos, se sumó a la causa destacando en un vídeo que “Amnistía luchó por mi cuando los necesité, ahora es momento de dar la cara por ellos”.

Gardner, que trabaja para la organización sobre el terreno, destaca que “el juicio no se basa en nada y deben ser puestos inmediatamente en libertad”. Él vivirá en primera persona las vistas y no confía mucho en un final feliz. “Está claro que es una persecución política, no tiene nada que ver con la justicia” y por ello sentencia que “desafortunadamente es imposible recibir un juicio justo”. Aun así, las pocas esperanzas que alberga se basan en la naturaleza de estos activistas: “Son personas que no han hecho nada malo, es frustrante que sigan en la cárcel”.