El país en el que creció Sonia Mutesi, una periodista de 28 años, ha desaparecido. Los ruandeses como Mutesi han sustituido una nación en la que el eco de la muerte resonaba en cada rincón por un territorio poblado por jóvenes conscientes de que repetir los errores de sus padres sería un error inaceptable.

Veintisiete años después de uno de los peores genocidios de la historia –una escabechina en la que murieron al menos 800.000 personas en tres meses–, Ruanda está preparada para pasar página. Pero antes de enterrar las sombras de su pasado sangriento, Mutesi cree necesario mirar con lupa el vínculo de Francia con el régimen que organizó las matanzas, aunque eso signifique poner el dedo en una herida abierta en la historia del gigante europeo.

Hace unos días, el Gobierno de Ruanda presentó un informe de más de 600 páginas que, con la colaboración de un bufete de abogados de EEUU, reúne toda clase de pruebas –entre ellas, telegramas diplomáticos, entrevistas antiguas y transferencias bancarias– para esclarecer la implicación del ejecutivo francés en el genocidio contra los tutsis. Su conclusión: el presidente francés François Mitterrand ignoró todas las alertas y cooperó con el régimen que lideró el baño de sangre en Ruanda.

El pulso de Francia contra el régimen ruandés actual, encabezado por el presidente Paul Kagame, se remonta a 1990, cuando Kagame estaba al mando de un grupo de rebeldes armados: el Frente Patriótico Ruandés (FPR). Desde las montañas cubiertas de bosque tropical del norte de Ruanda, donde el frío y el hambre empezaron a cobrarse más bajas que las batallas, el FPR había declarado la guerra a las políticas divisionistas, impulsadas por la administración ruandesa, que separaron a los ciudadanos en dos grupos enemistados: “hutus” y “tutsis”.

Francia decidió proteger a toda costa al que era el guardián de su puerta estratégica en la región de los Grandes Lagos: el régimen presidido por Juvénal Habyarimana desde 1973 hasta 1994. París consideró que tenía que protegerle mandándole cargamentos enormes de armas, dinero, programas de entrenamiento militar e incluso centenares de paracaidistas que lucharon mano a mano con el ejército ruandés en contra del FPR. 

“El genocidio no explotó de la noche a la mañana”, dice el historiador Paul Rutayisire, de la Universidad Nacional de Ruanda. “En realidad, fue un proceso largo. El Gobierno ruandés planificó las masacres durante años, recopilando armamento y entrenando milicias. Francia sabía todo eso, pero no hizo nada”.

Según la investigación de Ruanda, el Elíseo ni siquiera reconsideró su relación con los cabecillas de las matanzas después de que las imágenes de esa carnicería humana revolviesen los estómagos de una buena parte de la comunidad internacional. En vez de disuadir al Gobierno del genocidio, nuevos soldados, desplegados en Ruanda en una misión presuntamente humanitaria, concentraron sus esfuerzos en impedir que el FPR tomase el control de Ruanda. 

“Este estudio es muy importante”, dice Mutesi. “Nosotros, como pueblo, necesitamos que se haga justicia. Ponte en el lugar de los ruandeses que perdieron a sus seres queridos. Francia debería pedirles perdón”.

El conflicto con Francia

El último informe ruandés marca un hito de una disputa de más de tres décadas en la que tanto Ruanda como Francia se han acusado mutuamente de fomentar el genocidio de 1994 por beneficios políticos o económicos.

El 6 de abril de 1994, el magnicidio del presidente Juvénal Habyarimana –dos misiles derribaron el avión en el que viajaba– desató la carnicería. Las ondas de radio de una emisora popular, con una relación estrecha con el entorno del mandatario, enseguida transportaron hasta el último rincón de Ruanda una llamada a la acción tenebrosa: había llegado el momento de matar sin un ápice de piedad. Era el punto culminante de una campaña de terror que empujó a una buena parte de los ruandeses a pensar que la única opción que tenían para sobrevivir era asesinar a los que su gobierno señaló como “tutsis”, es decir, el 14% de la población. El miedo, unido a las órdenes de la élite política, aniquiló cualquier posibilidad de mesura, de reflexión, y convirtió al país de las mil colinas en un matadero humano que se prolongó 100 días ante la pasividad internacional.

Bajo las instrucciones de Kagame, el FPR marchó con la meta de derrocar a los cabecillas políticos que organizaban las matanzas. Lo consiguieron el 18 julio de 1994. Sus combatientes, que tomaron el timón del gobierno, pararon el genocidio. A partir de entonces, muchos analistas han destacado su liderazgo, alineado tanto con el Banco Mundial como con el Fondo Monetario Internacional, pero deseoso de marcar sus propias líneas políticas y económicas, como una de las razones principales de la transformación de Ruanda en las últimas décadas, desde una nación devastada por la sombra del genocidio hasta una de las economías más pujantes de África.

A menudo, el presidente Kagame usa esa reputación para resguardar la legitimidad de su administración en un momento en el que grupos internacionales de derechos humanos han empezado a ensombrecer los logros del mandatario con informes sobre la ausencia de libertad de expresión.

Kagame siempre ha atribuido la autoría del asesinato de Habyarimana a la camarilla del exmandatario, descontenta por la aproximación de su administración a los combatientes del FPR para firmar un acuerdo de paz. Pero el Elíseo puso en tela de juicio esa explicación. En 2006, después de culpar al FPR del asesinato del expresidente ruandés, París emitió órdenes de arresto en contra de nueve personas cercanas a Kagame. Esas acusaciones estaban basadas en las declaraciones de excombatientes del FPR que confesaron haber disparado los misiles que despedazaron el aeroplano de Habyarimana desde una colina cercana a la capital.

El líder ruandés dio por falso ese informe: su gobierno decidió cortar las relaciones diplomáticas con Francia durante tres años. Para muchos observadores, el desafío de París era un intento de reescribir la historia del genocidio, reemplazándola por una versión en la que el presidente Kagame no era el visionario que había rescatado a su país de la aniquilación, sino un tirano que abrió deliberadamente las compuertas de la matanza para convertir en papel mojado su diálogo con Habyarimana y avanzar militarmente hasta eliminar su gobierno.

Desde Kigali, la capital ruandesa, una ciudad de un millón de almas, calles limpias, tráfico ordenado y edificios modernistas, el historiador Paul Rutayisire califica las investigaciones de Francia como un escándalo artificial, una cortina de humo para tapar un asunto mayor: la implicación del Elíseo en las matanzas de 1994.

Cómo cicatrizar las heridas del genocidio

La luz inunda una librería de Kigali, como si el sol también se hubiese convertido en el aliado de una ciudad que quiere desprenderse de las sombras de su pasado. Amina Uwera, de 23 años, exrecepcionista de uno de los hoteles más lujosos de su ciudad, mira con curiosidad una estantería llena de libros sobre el genocidio de 1994.

Muchos de esos libros están publicados por editoriales internacionales. Uwera es consciente de que, en el imaginario mundial, Ruanda es conocida, sobre todo, por esas matanzas. Pero no lo considera una humillación ni una molestia. Según ella, Ruanda no debe esconder su pasado: para cicatrizar las divisiones y terminar con la posibilidad de que sean manipulados para otro desastre, los ruandeses tienen que comprender qué ocurrió en las matanzas de aquellos días.

Ruanda no es un museo de los horrores del genocidio: el 61% de la población actual no había nacido o tenía menos de cinco años cuando ocurrieron las masacres. La esperanza de vida se ha duplicado en menos de dos décadas y la mortalidad materna ha caído en picado, aunque las constantes desigualdades sociales todavía son una espina clavada en esas mejoras. Ruanda es un país en construcción en el que Uwera acaba de tener su primer hijo: se llama Aayan. 

— “¿Dentro de unos años, a él también le contarás qué pasó durante el genocidio?”

— “Necesitamos mantener viva nuestra historia”, contesta. “Si los jóvenes conocen los problemas que tuvimos, también sabrán cuáles fueron sus causas y lucharán en contra de las ideologías que nos hicieron sufrir en el pasado. Así que sí, por supuesto: mis hijos también escucharán la historia del genocidio”.

Julius Kibisi*, de 20 años, siempre tuvo que valerse por sí mismo. Después de crecer en un barrio humilde de la capital ugandesa, en una habitación pequeña que compartía con cinco hermanos, nadie le dio otra elección. Era un conductor de moto-taxis. Estaba acostumbrado a arañar jirones a la vida con una motocicleta de segunda mano. Todos esos años sorteando con rapidez los atascos de Kampala a cambio de unos pocos billetes arrugados le dieron las agallas suficientes para respaldar al líder opositor en Uganda.

No escondió sus predilecciones políticas, una decisión arriesgada por la que pagó un precio alto: las fuerzas de seguridad lo arrestaron el pasado 27 de diciembre, dos semanas antes de las elecciones presidenciales. Unos hombres armados le obligaron a montarse en una furgoneta sin matricular, con los cristales tintados. Desde entonces, sus familiares no saben dónde está, a pesar de que no han parado de buscarlo. Y no es el único. Como centenares de simpatizantes de la oposición, Kibisi desapareció sin dejar rastro.

El ministro de Asuntos Internos, Jeje Odongo, admitió el pasado jueves que al menos 222 ugandeses “desaparecidos” en realidad permanecen en custodia policial y están acusados de participar en protestas contra el Gobierno o de planificar actos violentos, así como de posesión ilegal de munición y armas.

Sin embargo, el líder opositor del gobierno, el músico Bobi Wine —su nombre real es Robert Kyagulanyi— dijo que el número real de arrestos es superior al anunciado por las autoridades. “¡Nosotros hemos registrado 458 desaparecidos!”, dijo Bobi el viernes.

Esas detenciones empezaron semanas antes de las elecciones del 14 de enero. Entonces, los ugandeses acudieron a las urnas rodeados de soldados, que patrullaban las calles más concurridas tanto en formación militar como en el interior de vehículos blindados. Además, las autoridades ordenaron el bloqueo de todas las conexiones de internet. Los amigos de Kibisi no dudan en identificar esos hechos como una prueba del miedo del mandatario ugandés a perder su cargo. Según ellos, Yoweri Kaguta Museveni, que preside esta nación del este de África desde 1986, está jugando sucio.

En vez de asustarles, la detención de su compañero no ha hecho más que engrosar su desencanto con el régimen. Ahora tienen otro revés más que reivindicar, otra razón más por la que seguir peleando.

Bobi Wine: la voz del gueto

En un país donde cerca del 80% de la población no había nacido cuando el presidente Museveni alcanzó el poder —Uganda es una de las naciones más jóvenes del mundo—, muchos ciudadanos señalaban los procesos electorales como una pérdida de tiempo: su legitimidad era prácticamente nula. Quizás por ese motivo a Kibisi nunca le interesó la política de su país. Prefería hablar con sus compañeros de otros temas: los problemas familiares o la liga inglesa de fútbol ocupaban sus conversaciones. Pero Bobi Wine, un cantante popular de 39 años que creció en una barriada humilde de Kampala, cambió sus rutinas.

“Al principio, acudía a los mítines de Bobi porque me gustaba su música”, dice Shina Nambooze (nombre ficticio para proteger su identidad), una peluquera de 25 años. “La política no me llamaba la atención”.

Bobi Wine era diferente al resto de los políticos. En el 2017, cuando el músico obtuvo un escaño en el Parlamento para representar al distrito de Kyadondo Este, Nambooze empezó a escuchar con más atención sus discursos.

“Por primera vez, sentí que un político hablaba sobre nosotros, de nuestros problemas”, dice Nambooze. “Por eso decidí unirme al equipo de su campaña electoral. Me dedicaba a vender las camisetas y mascarillas de su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP). No ganaba mucho dinero. Pero no acepté ese trabajo para enriquecerme. Ni siquiera pensaba que estaba trabajando por Bobi. Lo hacía porque quería una Uganda nueva, un país mejor para mis hijos”.

Los cuerpos de seguridad arrestaron a Nambooze el 27 de noviembre. Ni siquiera pudo despedirse de sus dos hijos, de seis y tres años. Sin explicarle sus cargos, varios soldados la encerraron en el interior de un cuartel. Allí, a través de los barrotes de su celda, Nambooze escuchó por primera vez los resultados de los comicios: el presidente Museveni fue reelegido con el 58,38% de los votos, mientras que Bobi Wine recibió el 35,08% del sufragio. El 15 de enero, 24 horas antes del anuncio oficial de los resultados electorales, Bobi Wine había descrito esos comicios como los “más fraudulentos de la historia de Uganda” y pidió tanto a los ugandeses como a la comunidad internacional rechazar la victoria del mandatario ugandés.

Nambooze salió de la cárcel el 1 de marzo. Todavía le duelen los golpes que le propinaron los militares. Tiene marcas por todo el cuerpo. Después de reunirse con sus hijos, descubrió que cinco de sus mejores amigos desaparecieron mientras ella estaba detenida. Pero ni sus experiencias en la cárcel ni el arresto de sus compañeros han reducido su fervor revolucionario. Nambooze no se arrepiente de nada: “Nuestro país no será seguro mientras que este gobierno permanezca en el poder. Debemos luchar pacíficamente por un cambio”.

Fantasmas del pasado

En una barriada en las afueras de Kampala, Judith Mirembe*, la madre de Julius Kibisi, una costurera de 70 años, habla con una mezcla de rabia y cansancio. Está agotada. Desde que su hijo desapareció, Mirembe tiene la responsabilidad de cuidar de sus nietos, pero sus ingresos son insuficientes. Además, a la ansiedad se suma el temor de que los jóvenes también lleguen a conocer el horror que ella vio de pequeña.

“Las situaciones que estamos viviendo ahora mismo me recuerdan a las del pasado”, dice Mirembe. “Los regímenes anteriores también hacían desaparecer a muchas personas. Eso es exactamente lo que está pasando en este momento”.

Mirembe no ha olvidado la tensión de la década de los 70, cuando los militares secuestraban a todos los presuntos opositores del presidente Idi Amín Dada. Un rumor era suficiente para convertirse en el blanco de las fuerzas de seguridad: los sospechosos morían torturados. Según Amnistía Internacional, el aparato estatal de Amín asesinó al menos a 50.000 personas desde 1971 hasta 1979.

Al comprobar que su predecesor, el presidente Milton Obote, tampoco detuvo los asesinatos extrajudiciales ni los secuestros de sus opositores, Museveni, que en ese momento era un político de 37 años, empezó una guerra de guerrillas para detener los ríos de sangre que despedazaban su país. En 1986, durante su toma de investidura, todavía vestido con un uniforme militar, el mandatario ugandés prometió restablecer la democracia; construir un gobierno moral y de base amplia; y crear una nación industrial, moderna y autosuficiente. 

Treinta y cinco años más tarde, Bobi Wine y sus seguidores acusan al guerrillero que aseguró luchar por “la libertad” de sus conciudadanos de haberse convertido en un representante de todo aquello que él mismo detestó.

*Los nombres son ficticios para proteger sus identidades

El este de la República Democrática del Congo es el campo de batalla de una guerra sucia en la que el pillaje ha sustituido en buena medida los objetivos políticos de los grupos rebeldes. Pero también es el hogar de miles de jóvenes dispuestos a movilizarse para conseguir cambios sociales.

Para Jonathan Mwamba, un adolescente de 16 años, luchar era una manera de satisfacer su sed de venganza. Durante tres años, Mwamba patrulló los bosques del este de la República Democrática del Congo con un kaláshnikov al hombro y la esperanza de encontrar a los guerrilleros que mataron a sus padres. Su objetivo: matarlos sin miramientos. Los rebeldes Maï–Maï Kirikicho se convirtieron en su nueva familia. Enseguida se ganó su confianza. En los campamentos, escondidos entre la vegetación, mientras fumaban toda clase de plantas para soportar mejor las picaduras de los mosquitos y olvidar por un momento los fantasmas del pasado, hablaban sobre los motivos que les empujaron a elegir ese estilo de vida, según relata el joven.

“Quiero proteger a mi gente de los ‘interahamwe’”, dijo uno. Mwamba asintió con la cabeza. “Interahamwe” es el nombre popular de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), una milicia que nació del anhelo de los cabecillas del genocidio de Ruanda de 1994 por recuperar el poder político en su país natal. Ellos mataron a los padres de Mwamba. Aunque su número de combatientes ha decaído durante los últimos años, todavía son uno de los grupos armados más fuertes de la región. El pasado miércoles, el Gobierno congoleño les acusó de asesinar al embajador italiano en ese país, Luca Attanasio, durante un ataque contra un convoy de la ONU.

El humo de los cigarrillos caseros se mezclaba con la humedad de la selva. Las conversaciones continuaban entre bocanadas. Otros guerrilleros tenían objetivos menos solidarios. En una región arrasada durante más de dos décadas de guerras, donde el Estado ni siquiera garantiza al pueblo los servicios sociales más básicos y las oportunidades económicas escasean, muchos identifican a los grupos rebeldes como una opción para sobrevivir: usan las armas para controlar el comercio de minerales, o para exigir un porcentaje de las cosechas de los campesinos e impuestos especiales a todos los vehículos y transeúntes.

En la actualidad, el este del Congo es el campo de batalla de al menos 122 grupos armados, según el recuento de un grupo de expertos de la Universidad de Nueva York. Y su violencia está lejos de terminar. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó de una cifra récord de ataques a civiles el pasado año, con más de 2.000 civiles asesinados en manos de las milicias.

A Félix Mudekere (nombre ficticio para proteger su identidad), de 18 años, uno de los excompañeros de Mwanda, no le cuesta trabajo admitir que ha matado, aunque asegura que está arrepentido. También dice que ha violado a mujeres. Después, encoge los hombros. Según él, a menudo, se limitaba a seguir las órdenes de sus comandantes sin pensar demasiado en las consecuencias de sus acciones. En otras ocasiones, dice que lo hacía para conseguir un plato de comida caliente.

Mudekere y Mwanda abandonaron la guerrilla en 2018, cuando sus líderes perdieron el control de su territorio. Otros grupos más poderosos los expulsaron. Después de nomadear durante varias semanas por la selva, el hambre les obligó a rendirse. Ambos regresaron a su pueblo, Karasi, un puñado de casas de barro rodeadas de colinas verdes.

“Nadie liberará al Congo por nosotros”

A unas pocas decenas de kilómetros del bosque donde Mwamba y Mudekere lucharon durante años, la activista Grâce Maroy, de 22 años, reconoce su desazón. Le “duele mucho” admitir que su pueblo es uno de los más empobrecidos del planeta, a pesar de que reside en un país “con un potencial enorme”.

Ocho de cada diez congoleños intentan sobrevivir con menos de 1,25 dólares diarios, a pesar de que su subsuelo esconde un tesoro estimado hace una década en 24 billones de dólares: oro, coltán, cobalto, estaño, cobre, diamantes… minerales que nutren la tecnología mundial. Maroy habla en una orilla tranquila del lago Kivu. Según ella, es el momento de transformar esa frustración en “energía para luchar por la justicia social”.

LUCHA (Lutte pour le changement), el movimiento ciudadano al que pertenece Maroy, se ha transformado en la plataforma de una sociedad que anhela cambios profundos. Sus miembros han declarado una guerra no violenta a las injusticias de su país. Después de lamentar el asesinato del embajador italiano, los activistas de LUCHA identificaron el incidente como otra prueba de la creciente inseguridad en el este del Congo. “No fue un suceso aislado. Necesitamos medidas urgentes para mejorar la seguridad”, destacaron en sus redes sociales.

“Efectivamente, el Congo tiene muchos problemas. Pero también tiene a muchas personas interesadas en encontrar soluciones”, dice la fotógrafa Raïssa Karama Rwizibuka, de 24 años. “Los jóvenes hemos comprendido que nunca conseguiremos cambios sociales si no nos esforzamos por conseguirlos. Nadie liberará al Congo por nosotros”.

Los miembros de LUCHA saben que tienen mucho trabajo por delante. También comprenden que recorren un camino peligroso. Algunos activistas estuvieron detenidos durante meses y denuncian que fueron torturados a manos de las fuerzas de seguridad. Otros están muertos. Las autoridades congoleñas no dudaron en responder con gases lacrimógenos e incluso munición real a las manifestaciones contra el gobierno.

En diciembre de 2018, la tenacidad de esas protestas obligó al gobierno congoleño a celebrar unas elecciones generales. El expresidente Joseph Kabila, una de las personas más poderosas del Congo, que había adoptado todo tipo de estratagemas para mantener su cargo más allá de los límites constitucionales, abandonó el gobierno. La presión social le forzó a improvisar. En medio de acusaciones de fraude electoral, las autoridades congoleñas nombraron a su sucesor: Félix Tshisekedi, un político impopular que, para muchos analistas, permite al expresidente controlar sus intereses desde la sombra. Fueron unos comicios amargos pero los expertos coinciden en que, sin los esfuerzos de los movimientos ciudadanos, las votaciones se hubiesen postergado indefinidamente.

“Esas elecciones abrieron los ojos de muchos congoleños”, dice Maroy. “Nos marcaron el camino a seguir. Fueron el primer paso de nuestra revolución. Demostraron que, si permanecemos unidos, podemos influir en las agendas políticas. Estamos preparados para tomar las riendas de nuestro país y cambiar su futuro”.

Cuando Dominic Ongwen, el excomandante rebelde que la Corte Penal Internacional condenó este jueves por más de 60 crímenes de guerra, señaló con su dedo índice a Sabina Adyero, ella pensó que sería ejecutada de inmediato. Después de varios años aún recuerda con nitidez ese momento.

Ambos estaban en el norte de Uganda. A Ongwen lo rodeaban una multitud de hombres armados. Entre esos guerrilleros, Adyero reconoció a aquellos que la habían secuestrado la noche anterior, cuando atacaron el campamento de refugiados donde vivía con su familia. Era la primera vez que Adyero veía a Ongwen, un hombre delgado, vestido con un uniforme militar desgastado, que en ese momento lideraba una de las secciones más sanguinarias del Ejército de Resistencia del Señor (LRA). Sus hombres eran conocidos por su crueldad.

“¡Tú! ¿Por qué estás tan gorda?”, dijo Ongwen. Adyero permaneció en silencio, temblando de miedo. Ni siquiera sabía si sus hijos seguían vivos. La noche anterior, los rebeldes dispararon contra los civiles sin contemplaciones. En cuestión de minutos, el campamento de refugiados de Lukodi se transformó en un campo de batalla.

“¡Sólo las esposas de los soldados son tan gordas!”, continuó el rebelde. Los soldados del ejército regular eran los enemigos directos de los guerrilleros. Adyero pensó que una acusación de ese tipo equivalía a una sentencia de muerte. Pero Ongwen tenía otros planes para ella, “ahora nos ayudarás a transportar nuestra comida” aseguró.

Adyero, una campesina que ahora tiene 65 años, describió la milicia de Ongwen como “la peor cárcel del mundo”. Los rebeldes la violaron en una ocasión. Ese fue su castigo por detenerse en mitad del camino para recuperar el aliento, mientras cargaba sacos de comida bajo un sol abrasador. Nadie podía descansar. Adyero consiguió escapar pocas semanas después de su secuestro, a mediados de 2004, pero todavía conserva cicatrices en el vientre que le recuerdan el horror de aquellos días.

Por eso, 17 años más tarde, bajo la sombra de un árbol frondoso, a unos pocos metros del sitio donde los rebeldes la secuestraron, Adyero sonrió tímidamente al escuchar en la radio la sentencia de la Corte Penal Internacional para Ongwen. Según ella, el veredicto calmó su dolor. “Todos los que estamos escuchando en la radio la sentencia, hemos sufrido mucho por su culpa”, dijo la campesina. “Sus hombres mataron a dos de mis hijos y a mi marido. Pero ahora me siento mejor”.

Justicia para las víctimas del LRA

Human Rights Watch celebró la condena de Ongwen como “un paso importante para la justicia por las numerosas atrocidades cometidas por el Ejército de Resistencia del Señor en el norte de Uganda”. Con esta sentencia, los funcionarios de La Haya cerraron un proceso judicial que empezó en 2016, cuando el exguerrillero fue capturado en una selva de la República Centroafricana. Los jueces le declararon culpable de 61 crímenes contra la humanidad y de guerra, como de ataques a la población civil, asesinatos, torturas, matrimonio forzado, embarazado forzado, esclavitud, y reclutamiento de niños soldado, entre otros.

La guerra del LRA terminó en 2006 con una serie de ofensivas militares que obligaron a los rebeldes a ocultarse en las junglas impenetrables de la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana. En la actualidad, en vez del sonido de los disparos o las explosiones de las minas antipersonas, en los pueblos del norte de Uganda reina la tranquilidad. El campamento de desplazados de Lukodi, donde los guerrilleros de Ongwen realizaron varias masacres, se ha convertido en un llano donde los niños juegan al fútbol y en el cual varios campesinos han aprovechado parte de sus parcelas para cultivarlas. Los antiguos ocupantes de este asentamiento regresaron a sus pueblos. Los únicos restos de esos días son un memorial modesto y una cruz con los nombres de algunas de las personas asesinadas a manos de los rebeldes del LRA. Las paredes del colegio, que estaban marcadas con los impactos de numerosas balas, fueron restauradas.

Él también fue raptado y convertido en niño soldado

Los combates se sucedieron en el norte de Uganda durante 20 años. En 1986, el cabecilla del LRA, Joseph Kony, consiguió movilizar a centenares de combatientes para luchar en contra del gobierno del presidente Yoweri Kaguta Museveni, que había dado un golpe de estado pocos meses antes. Los campesinos, exhaustos por las desigualdades sociales que existían entre los pueblos del sur y del norte del país desde la época colonial, tomaron las armas de inmediato. Además, en una nación que había soportado cinco golpes de estado durante las últimas dos décadas, así como regímenes que masacraron a decenas de miles de personas, muchos norteños pensaban que el nuevo gobierno los mataría simplemente por pertenecer al mismo grupo étnico que el mandatario anterior.

Sin embargo, a principios de los años noventa, con la colaboración del presidente sudanés Omar-al Bashir, los rebeldes del LRA se transformaron en una pesadilla para el mismo pueblo que apoyó, al principio, su revolución. Esos combatientes raptaron a Ongwen cuando tenía 10 años. Como a otros niños de su edad, le obligaron a luchar en las misiones más peligrosas. Ongwen creció en el campo de batalla, con un fusil semiautomático en el hombro, hasta que su crueldad y ambición superaron a las de sus maestros. Por eso, sus abogados en la Corte Penal Internacional defendieron al exguerrillero como otra víctima del LRA que sufrió “daños psicológicos” mientras crecía al lado de los rebeldes.

“La gente decía que Ongwen tenía poderes mágicos con los que podía sobrevivir a las heridas de bala, pero nunca creí en esas habladurías”, dice Julius Oloba, un campesino de 76 años. Además, todo el mundo coincidía en que Ongwen era un chico ambicioso que podía sustituir a Kony en cualquier momento.

El pasado jueves, Oloba recorrió 15 kilómetros a pie para escuchar el juicio de Ongwen en la tranquila esquina donde los funcionarios locales de la Corte Penal Internacional retransmitieron ese evento en directo. Para él, escuchar con atención ese juicio era una manera de honrar las memorias de su mujer y uno de sus hijos, que fueron quemados vivos a manos de los rebeldes que dirigía Ongwen.

Olaba intenta no pensar en el pasado porque prefiere concentrar sus esfuerzos en ofrecer a sus nietos “la mejor educación posible para que puedan obtener buenos trabajos”. Pero el nombre de Ongwen regresa a menudo a su cabeza. Entonces recuerda las imágenes de horror que observó durante la guerra. En palabras Olaba, la sentencia de la Corte Penal Internacional para Ongwen es una oportunidad para que sus víctimas pasen página y puedan mirar al futuro.

Rachel Baraka tenía 25 años y un compromiso por el que luchó hasta el final: cuidar los bosques de su país. Había superado un entrenamiento riguroso para convertirse en guarda forestal del parque Nacional de Virunga, en el este de la República Democrática del Congo. El 11 de mayo, unos asaltantes la mataron mientras intentaba proteger a dos turistas británicos y a su conductor.

El parque nacional anunció poco tiempo después que los atacantes habían liberado a los visitantes. Permanecieron dos días secuestrados y ahora se encuentran bien. Las autoridades no han dado más detalles sobre el rescate, ni han dicho si los secuestradores pertenecían a una banda rebelde. Con la muerte de Baraka, ya son ocho los guardas asesinados en lo que va de año en este parque nacional

Bosques tropicales, gorilas de montaña, picos recubiertos de glaciares, lagos enormes, ríos repletos de hipopótamos y sabanas llenas de elefantes, búfalos, leones, antílopes y otros animales. Todos forman parte del paisaje de Virunga, Patrimonio de la Humanidad y uno de los principales destinos turísticos de Congo. Los viajeros atacados la semana pasada ascendieron el Nyiragongo, un volcán de más de 3.000 metros de altura. Pasaron una noche en la cima, observando, escuchando e incluso sintiendo el calor del lago de lava más grande del planeta.

Allí, en el punto donde comienza la ascensión del Nyiragongo, un cartel metálico indica que es parte del parque nacional. Tiene decenas de agujeros de balas. Los guardabosques aseguran que los hicieron los mismos rebeldes que en el 2012 tomaron la ciudad de Goma durante semanas. Los combatientes dispararon contra las oficinas del espacio natural para proteger sus posiciones.

Durante los últimos años, el número de grupos armados que operan en la región no ha parado de crecer. En muchas ocasiones, los guardabosques son los únicos representantes de las autoridades en lugares donde solamente mandan los más fuertes.

“Elegimos hacer esto y conocemos los riesgos”

En este momento, el parque nacional de Virunga, que tiene una extensión un poco menor que la comunidad de Madrid –7.800 kilómetros cuadrados–, emplea a alrededor de 800 guardas forestales para proteger a los turistas e impedir que los cazadores y los taladores ilegales entren en el espacio protegido. Se estima que, tanto dentro del parque nacional como en los alrededores, rondan cerca de 2.000 rebeldes. Durante los últimos 20 años, 176 guardabosques congoleños han muerto.

“Esta no es una profesión fácil. Perder a tus amigos y compañeros es muy doloroso. Pero elegimos hacer esto, y conocemos los riesgos”, explicó Innocent Mburanumwe, subdirector del parque.

Cuando los turistas se retiran a dormir, en las selvas frondosas o sentados alrededor de una hoguera para soportar el frío en la cima del Nyiragongo, los guardas forestales lamentan que esos extranjeros pagan mucho dinero al parque nacional, pero ellos reciben una parte diminuta.

Proteger la naturaleza durante una guerra

El subsuelo congoleño tiene miles de minerales imprescindibles para las industrias de todo el mundo. En la actualidad, 130 grupos rebeldes luchan por diferentes motivos, pero sobre todo para conservar esta situación, conseguir una posición más lucrativa, o simplemente sobrevivir en medio del caos.

No está claro si el último ataque está relacionado con los rebeldes, pero los combates han aumentado en las provincias orientales. Las agencias de cooperación alertaron que el país se encontraba “en un precipicio”.

Como resultado de los enfrentamientos, 13 millones de congoleños necesitan asistencia humanitaria y 4,5 millones abandonaron sus hogares. Kivu Security Tracker, un programa de Human Rights Watch y el Congo Research Group para documentar la actividad de los grupos armados, ha registrado un “aumento dramático” de la violencia.

La población trata de seguir adelante pese a la guerra. El lunes por la tarde, el mercado de Rumangabo, a menos de 40 kilómetros de donde se produjo el secuestro, estaba lleno de colores y personas. La gente bebía y escuchaba rumbas congoleñas en los bares, como todos los días. Mientras tanto, decenas de guardabosques se reunieron en silencio en las oficinas del espacio protegido para recordar a su compañera recién fallecida.

El director del parque nacional, Emmanuel de Merode, explicó a los periodistas de la BBC que Rachel Baraka “era extremadamente capaz y dedicada”. “Recibió entrenamientos específicos para proteger a los visitantes en este tipo de situaciones. Desafortunadamente, el ataque fue más grave de lo que podríamos haber predicho”, comentó.

El parque permanece cerrado

Las autoridades han decidido suspender las actividades turísticas durante un tiempo. “El turismo ha sido fundamental para financiar programas de desarrollo y conservación”, dice Emma Norton, responsable de prensa del parque. “Sin embargo, pensamos que la seguridad de nuestros visitantes es lo más importante. Nuestro equipo analiza constantemente la situación sobre el terreno para poner en marcha los protocolos de seguridad adecuados. El parque permanecerá cerrado hasta que consigamos garantizar la seguridad los turistas. Este es nuestro compromiso”.

El parque nacional necesita todos los años ocho millones de dólares. El Gobierno congoleño solamente proporciona el 5%. El resto llega de los donantes internacionales, como EEUU y la Unión Europea, las organizaciones de conservación de la naturaleza y el turismo.

Emmanuel de Merode cree que la suspensión de las visitas turísticas supone un golpe duro para el espacio natural, pero reconoce que no tienen otra opción. “El último secuestro nos ha demostrado que existe un peligro que debe ser gestionado. (...) La seguridad de los visitantes es nuestra prioridad”.

El parque nacional de Virunga es el hogar de la mitad de toda la biodiversidad del África subsahariana. Tiene más de 700 especies diferentes de aves y 200 especies de mamíferos. También posee una cuarta parte de la población mundial de gorilas de montaña, que solamente pueden observarse en las cordilleras que marcan las fronteras de Uganda, Ruanda y Congo.

Los esfuerzos de los guardabosques son imprescindibles para conservar el espacio protegido, aunque a menudo pagan un precio demasiado grande: probablemente tienen uno de los oficios más peligrosos del mundo.

La tarde en que se celebró el funeral de Rachel Makissa, este medio preguntó a uno de los guardabosques con más experiencia, que ha soportado decenas de ataques, qué pensaba sobre la escalada de la violencia:

—Tout va aller [todo estará bien] —contestó con calma.

En agosto del 2003, Kilama Adiction tenía 13 años y había luchado en el Ejército de Resistencia del Señor desde hacía uno. Estaba en un campamento en Sudán, cerca de la frontera ugandesa. Lo acompañaban cientos de rebeldes –la mayoría niños y adolescentes, como él–, y un hombre se dirigió a ellos. Alto, corpulento, con una voz grave. Quería saber si los soldados necesitaban algo.

Kilama pensó que ese hombre se trataba, sin duda, de algún comandante. Alguien importante, a pesar de que nunca lo había visto antes. La actividad en el campamento se había detenido. Los demás cuchicheaban, hablaban bajito.

―No lo supe hasta un poco más tarde, y no podía creerlo ―dice Kilama― ese hombre era Joseph Kony.

Para Kilama y sus compañeros, Joseph Kony era el líder incuestionable, un ser con poderes sobrenaturales y terribles, una especie de mago dispuesto a aplicar a sus enemigos los castigos más crueles. Por eso habían intentado imaginarlo muchas veces en los campamentos o después de los combates.

Entonces, Kilama miró sus botas cubiertas de barro, sus heridas, y se sintió decepcionado.

―Después de todo Kony era un humano, como cualquiera de nosotros.

Kilama luchó durante más de tres años con los rebeldes. Después escapó en mitad de un combate. Como miles de menores soldados, solamente recibió la atención de un psicólogo durante dos meses, aunque este apoyo resulta vital. En la actualidad, según UNICEF, más de 300.000 niños combaten en guerras de todo el mundo. En lo que va de año, algo más de 500 niños soldados –los últimos el pasado 18 de abril– han sido puestos en libertad en la vecina Sudán del Sur.

Joseph Kony, el “hechicero del Nilo”

Joseph Kony, mundialmente conocido por la campaña Kony 2012 de Invisible Children, es el cabecilla del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), un grupo que luchó en el norte de Uganda desde 1986 hasta el 2006. Durante mucho tiempo, los milicianos nunca atacaron a los civiles: únicamente querían derrocar al presidente Yoweri Museveni, imponer una sociedad nueva basada en los diez mandamientos cristianos y acabar con la desigualdad entre los pueblos del sur y del norte del país, que existía desde el período colonial.

En los años noventa, los soldados ugandeses colaboraron con los rebeldes sursudaneses. El presidente sudanés Omar-al Bashir respondió entregando armas y entrenamiento al LRA, y los pueblos del norte de Uganda se convirtieron en sus víctimas principales. Estos rebeldes asesinaron a más de 100.000 personas y secuestraron a al menos 66.000 niños. La mayoría escapó poco tiempo después; otros fueron utilizados como soldados o como esclavos sexuales.

Finalmente, los rebeldes se escondieron en la República Democrática del Congo en el 2006. Los militares reforzaron sus posiciones en el norte de Uganda y los combates terminaron, aunque la pobreza extrema y los trastornos mentales se extendieron por toda la región y continúan afectando a miles de personas.

En el 2005, la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura contra Joseph Kony. Estaba acusado de cometer crímenes contra la humanidad y de guerra, y el Gobierno de EEUU ofreció por su cabeza hasta cinco millones de dólares. Durante seis años, los militares ugandeses y estadounidenses rastrearon sus movimientos en las selvas más remotas de Sudán del Sur, Congo y la República Centroafricana, pero nadie, todavía, conoce dónde se esconde.

“Me obligaron a dar una paliza brutal a un hombre”

El Gobierno de Uganda obligó a Kilama Adiction y su familia a establecerse en los campamentos de desplazados internos e impuso restricciones severas a su libertad de movimiento. “En el campamento no teníamos terrenos para cultivar. Dependíamos de las Naciones Unidas. No podíamos comer todos los días. No había letrinas, no había leña para cocinar: era una vida miserable”, recuerda.

1,8 millones de personas se hacinaban en estos campamentos, donde el cólera y otras enfermedades provocaron más muertes que el propio conflicto. El subsecretario general de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) explicó que el norte de Uganda era uno de los peores desastres humanitarios del mundo en ese momento y uno de los menos conocidos. Los rebeldes y los soldados del Gobierno, mientras tanto, seguían perpetrando crímenes. Los militares también violaron, golpearon, arrestaron, torturaron y mataron a civiles en los campamentos de desplazados.

Cinco días después del duodécimo cumpleaños de Kilama, su madre, su hermano y él abandonaron el campo para buscar un sitio mejor. “Escuchamos las voces de los rebeldes en el camino: eran dos hombres armados. Intentamos escapar, pero ellos eran demasiado rápidos. Mi madre se escondió entre la vegetación; mi hermano y yo fuimos capturados”, relata.

Kilama ahora habla despacio, pensando cada una de sus palabras. “Me separaron de mi hermano. Fue la última vez que lo vi. Nos llevaron a campamentos diferentes. Había muchos soldados y me obligaron a golpear a un hombre. Una paliza brutal. Con palos. Ese hombre sangraba por todas partes. Gritaba de dolor. Pero yo tenía que resistir, era como una prueba. Si no la superaba, moriría. Sentía tanto odio que solamente pensaba en matar a ese hombre”.

Miles de niños nunca han recibido la atención necesaria

En el 2006, el 54% de los adultos entrevistados en los campamentos de desplazados internos tenía síntomas de estrés postraumático y el 67%, síntomas de depresión. Todos los estudios recientes reflejan que la prevalencia de trastornos por estrés postraumático todavía es “inaceptablemente alta”, pero en el norte de Uganda apenas existen especialistas y hospitales, y pocas personas pueden pagar los medicamentos que necesitan.

Cuando Kilama regresó al campamento de desplazados donde vivían sus padres, sus vecinos y familiares lo rechazaron. Tenían rencor, o quizás miedo. Muchos pensaban que los milicianos introducían espíritus malignos en las personas que secuestraban. En la actualidad, más del 87% de los exniños soldados son reconocidos como tales por sus vecinos, y con frecuencia les acusan sin pruebas de cometer crímenes nuevos.

El periódico New Vision ha publicado que menos del 20% de los excombatientes que escaparon del LRA participaron en los programas de formación e integración del Gobierno. “Nadie se preocupa por ellos. Creo que todavía los ven como rebeldes. Se han convertido en niños invisibles”, comentó Macleod Baker Ochola, antiguo obispo y director de la Acholi Religious Leaders' Peace Initiative (ARLPI).

Kilama se quedó en ese campamento de desplazados desde el 2005 hasta finales del 2006. Muchos amigos estaban muertos y dos hermanos habían sido secuestrados. No volvió a verlos nunca más.

Ahora Kilama tiene 27 años y está casado con dos mujeres –la poligamia es normal en las zonas rurales–. Es padre de cuatro niños. En ocasiones consigue algún trabajo en las aldeas de los alrededores o ayuda a sus vecinos a construir casas. Eso es todo. Sus ingresos siempre son bajos. Posee dos terrenos pequeños donde cultiva patatas, cacahuetes, judías, mijo, maíz y yuca. Las cosechas apenas alcanzan para alimentar a toda la familia.

El norte de Uganda presenta los peores índices de desarrollo humano de todo el país. En el distrito de Pader –donde vive Kilama– el 26% de los hogares no tiene dos mudas de ropa para todos sus miembros, y solamente el 8% dispone de electricidad.

Son las siete de la mañana. Lawino –una de las esposas del joven– planta brotes de patatas en una parcela cuadrada, apenas siete u ocho metros en cada lado. La luz es gris, espesa, casi grumosa, como si el día se resistiera a comenzar. La tierra húmeda, oscura, huele a la tormenta pasada.

―Lo único que puede cambiar el futuro de mis hijos son unos estudios superiores ―dice Kilama―. Pero no tenemos mucho dinero, y cuando terminen la escuela primaria tendrán que ayudarnos en el campo: no tenemos otra opción, comemos lo que producimos. El futuro de mis hijos tampoco será bueno.

Kilama está preparando, agachado, surcos con su azada. Cuando termina de sembrar los últimos brotes de patatas, Lawino se sienta a descansar en un costado. Sus pies desnudos están cubiertos de tierra.

―¿Contarás a tus hijos las cosas que hiciste durante la guerra?

Kilama se incorpora despacio.

―Sí. Cuando crezcan. Yo todavía no he olvidado nada de lo que sucedió.

Betty dice que ser refugiada significa permanecer en un sitio donde no querrías estar.

—La guerra —concluye— nos obliga a tener una vida que no esperábamos.

Betty escapó de la guerra por primera vez cuando tenía tres años. Quedarse en los pueblos de la provincia de Jei, el suroeste de Sudán, era extremadamente peligroso. Su familia decidió establecerse en un campamento de refugiados de Uganda.

Uno de sus primeros recuerdos es el dolor que sentía mientras caminaba hasta ese campo: era demasiado pequeña. Anduvo durante semanas, ocultándose entre la vegetación, evitando los senderos. Pasaba mucha hambre.

Huyó por segunda vez cuando tenía cinco años: los rebeldes del Ejército de Liberación del Señor (LRA), liderados por el ugandés Joseph Kony, atacaban a los refugiados, y sus padres y ella emprendieron el camino de regreso, aunque el conflicto en Sudán no había terminado.

Betty ahora tiene 25 años y seis hijos. La guerra era insoportable y ha escapado de nuevo: está en Uganda, en uno de esos campamentos de cabañas endebles, niños, el sol que se desparrama por todas partes.

Sudán del Sur, mientras tanto, está cerca de otra hambruna que pone en peligro a más de siete millones de personas, según ha advertido en las últimas semanas Naciones Unidas.

Una investigación reciente de la ONU ha documentado “aberrantes casos de crueldad” contra civiles, entre ellas, masacres, violencia sexual y destrucción de hogares, hospitales y escuelas que pueden constituir crímenes contra la humanidad. Desde diciembre de 2013, más de cuatro millones de personas han sido expulsadas de sus hogares.

“Los soldados atacaban nuestro pueblo cada semana”

Betty quedó embarazada durante la guerra: “Los soldados del Gobierno atacaban nuestro pueblo todas las semanas. Mataron a decenas de personas y robaron nuestra comida. Teníamos miedo. Por eso nos escondimos en los bosques. Dormíamos en el suelo, hacía frío. Cuando corría, sentía dolor en el estómago”.

Durante muchas semanas, la familia de Betty caminó sin rumbo. Después, decidió huir a Uganda. No podía utilizar los caminos, controlados por bandas armadas. El vientre de Betty crecía, y en ocasiones le era difícil seguir el ritmo de los demás. Tenía náuseas.

En noviembre, toda la familia se estableció en un campamento de refugiados en el norte de Uganda. Desde entonces, los grupos armados no los persiguen, pero pasan hambre. No tienen trabajo. Venden la mitad de la comida que reciben para comprar productos básicos.

Acnur ha elogiado a Uganda por tener una de las mejores políticas de acogida de refugiados del mundo. Todas las mañanas, varios autobuses enormes esperan a los sursudaneses en las fronteras. Después, son trasladados a un centro donde pasan los primeros días, hasta que los funcionarios del gobierno y la ONU les asignan un terreno en un campamento.

Reciben alimentos mensualmente, aunque últimamente son tantos que las raciones son más pequeñas. También, reciben una parcela para cultivar, materiales para construir una cabaña, mantas, esterillas, mosquiteros. Pueden desplazarse libremente: salir de los campamentos, buscar un trabajo, comenzar un negocio. Pueden estudiar en las escuelas públicas. Pueden acudir a los hospitales públicos.

Pero Betty y su familia no quieren quedarse: “La vida aquí no es buena” , dice y señala alrededor: centenares de refugiados que también huyeron. “Rezo todos los días para que la paz llegue a Sudán del Sur y mis hijos puedan vivir allí”.

Uganda acoge a más de un millón de refugiados sursudaneses. En ocasiones se han registrado 4.000 llegadas en un único día, aunque estas cifras pueden estar infladas por algunos funcionarios para conseguir más fondos, un presunto fraude que está investigando las autoridades ugandesas. Terrenos gigantescos que hasta hace unos meses estaban prácticamente despoblados, ahora albergan algunos de los campamentos de refugiados más grandes del mundo. Y las necesidades son inmensas.

En Sudán del Sur, aunque los principales grupos que participaban en la guerra firmaron un alto al fuego en diciembre, los ataques continúan: solo en enero hubo más de 3.300 llegadas, según Acnur.

El horror que se repite

Betty ha dado a luz en un centro de salud público. La población de refugiados en este distrito supera en número a los ugandeses. Desde entonces, Medical Teams International colabora con el Gobierno para ofrecer atención sanitaria a todos. Es tremendamente complicado, explican. La sala de maternidad está llena de mujeres sursudanesas; solamente hay tres matronas y diez camas.

Ahora, el bebé de Betty duerme entre sus brazos, envuelto en una manta gruesa de colores claros. Ella está sentada en la puerta de su cabaña. Un grupo de chicos se acerca despacio. Sonrisas tímidas, pies descalzos: quieren conocer a su nueva hermana, que ha nacido hace unas horas y todavía no tiene nombre. Solamente pueden ver una cabeza diminuta.

—Cuando era pequeña escapé a Uganda con mis padres —dice Betty—. He crecido en un campamento de refugiados, he pasado hambre, y ahora tengo los mismos problemas.

Un país devastado por décadas de guerra

En Sudán del Sur, las tensiones políticas entre el presidente y el exvicepresidente desataron en 2013 un conflicto que despertó rivalidades históricas anteriores, sobre todo, entre las etnias mayoritarias: dinkas, clan del presidente, y nuers, al que pertenece su rival. Como telón de fondo, la disputa por las enormes reservas de petróleo que alberga el país.

Sin embargo, la región lleva años azotada por la violencia. Los rebeldes del sur de Sudán combatieron contra el Gobierno central desde 1983, pero los soldados del presidente Omar-al Bashir eran superiores gracias a los ingresos del petróleo y el apoyo de China. El Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA) exigía más autonomía para los pueblos del sur, marginados desde el período colonial.

A partir del 2001 la Administración de George W. Bush apoyó a estos milicianos y convirtió la independencia de Sudán del Sur en un asunto de preferencia para EEUU. Los estadounidenses creyeron que un gobierno nuevo podría ser favorable a sus intereses en el petróleo de la región, la tercera reserva más grande de África. Poco tiempo después, en 2005, los rebeldes y Omar al-Bashir firmaron un acuerdo de paz.

La guerra había durado 22 años y Sudán del Sur era un territorio devastado. No había escuelas, hospitales, carreteras, instituciones fuertes. Las divisiones étnicas eran rampantes. John Garang, el líder del SPLA, pensaba que no estaban preparados para independizarse; propuso un parlamento en el que todos los pueblos –tanto del norte como del sur– estuviesen representados.

Tres semanas después de firmar el acuerdo con el Gobierno de Sudán, Garang murió en un accidente de helicóptero y la comunidad internacional y los políticos sursudaneses secesionistas ignoraron estos problemas: crearon un país que dependía casi en absoluto de los donantes extranjeros. EEUU entregó miles de millones de dólares, pero el Gobierno de Sudán del Sur prefirió vender el petróleo a China, y las relaciones de los políticos sursudaneses se quebraron enseguida.

El 8 de julio del 2016 el presidente Salva Kiir y el exvicepresidente Riek Machar combatieron por enésima vez. Después la violencia se extendió por todo el país. Se registraron asesinatos, violaciones en masa, bloqueos de ayuda humanitaria. La población estaba tremendamente dividida. En enero del 2017, un experto de las Naciones Unidas advirtió que esta guerra podría transformarse en un genocidio.

Para millones de sursudaneses como Betty, la guerra es como una pesadilla dolorosa y constante, repetida.

—¿Dios se ha olvidado de Sudán del Sur? ¿Cuál es el problema?

El hombre hizo un agujero en la pared de la casa –una cabaña endeble y pobre, construida con barro, con cañas de bambú entrelazadas–; después introdujo su brazo y abrió la puerta con facilidad. Solamente necesitó unos minutos, piensan los vecinos. Eran las dos, quizás las tres de la mañana.

Mauwa –seis años, pelo corto, ojos enormes y oscuros– dormía con sus hermanos en una esterilla sobre el suelo. La noche estaba tranquila, oscura. No había luna ni estrellas en el cielo. Los chicos seguían durmiendo y el hombre se acercó en silencio hasta ellos, agarró a Mauwa y se marchó.

―Sus hermanos no escucharon nada ―explicaron los vecinos― porque estaban embrujados; el hombre había lanzado sobre el tejado gotas de sangre de otras niñas.

Un grupo de campesinos encontró a Mauwa al amanecer en un campo de yucas en las afueras de su ciudad. Y con heridas gravísimas. Estaba en estado de shock, no reaccionaba, no podía andar, no sabía qué ocurría a su alrededor: había sido violada.

A finales del 2013, los funcionarios de Coopera –una ONG española– y organizaciones locales registraron una serie de violaciones a niñas muy pequeñas en Bugorhe, una agrupación de pueblos de la provincia de Kivu Sur. Las niñas tenían menos de 10 años. La más pequeña era un bebé de 18 meses.

En mayo del 2014, la frecuencia de estos ataques creció sin control y nadie comprendía los motivos. Durante mucho tiempo se escucharon rumores: había algunos hombres que utilizaban la sangre de estas niñas para hacer magia: si se la untaban, las balas podían traspasar sus cuerpos sin hacerles daño.

Se organizaron protestas en varios pueblos. “Detengan la violación de nuestras niñas pequeñas”, se podía leer en las pancartas de los manifestantes. Los médicos exigieron al Gobierno una intervención rápida.

En junio del 2016, un tribunal militar acusó a Frederic Batumike, un político que representaba a Kivu Sur en el parlamento y a 70 miembros de su grupo de rebeldes –muchos políticos y empresarios tienen milicias armadas para protegerse, mantener sus influencias o conseguir beneficios económicos– de ser los autores de estos ataques.

En la primera vista acudió tanto público que decidieron trasladar el juicio a un campo de fútbol. Desde entonces, aunque las violaciones contra niñas y mujeres son frecuentes en otras zonas del país, no se han conocido ataques nuevos en Bugorhe.

Hasta el momento del arresto del parlamentario Batumike, Coopera denunció 50 casos, y Mauwa, con seis años, fue una de ellas: la violaron en abril del 2014. 

“Los hombres no quieren casarse con una niña violada”

Mauwa necesitaba una intervención quirúrgica urgente. Los doctores comprobaron la gravedad de sus heridas y le recomendaron medidas preventivas contra el VIH, pero no podían hacer nada más: no tenían medios suficientes. El único centro donde los médicos podían tratarla era el hospital de Panzi, en Bukavu, a más de 40 kilómetros.

Los genitales de Mauwa estaban destrozados. Necesitó una reconstrucción minuciosa, muy complicada. Su madre, que en ese momento se encontraba enferma de malaria, viajó al hospital al día siguiente y pasó una semana entera llorando. Pensaba que los vecinos nunca aceptarían a su pequeña. Que las demás niñas no jugarían con ella. Que los hombres no querrían casarse con ella. Que tendrían miedo de que transmitiese enfermedades venéreas: VIH, sida, hepatitis. Que a partir de entonces todos la considerarían “impura”.

“Sabemos que existen algunas madres que no han denunciado las violaciones de sus niñas porque les da vergüenza”, dice Lorena Aguirre, psicóloga y directora de Coopera en el Congo. “Durante nuestras reuniones con las comunidades, los hombres nos decían que nunca se casarían con una niña que hubiera sido violada”.

Mauwa estuvo ingresada durante tres meses en el hospital. La ONG costeó su escolarización y el alojamiento de su madre. Ellas no podían permitírselo. Como casi todas las mujeres de Bugorhe, su madre no tenía un trabajo fijo. De vez en cuando conseguía un poco de dinero labrando en el campo de algún vecino: 1.500 francos por jornada, 1,20 euros. Y con este sueldo debía comprar comida y cocinar para sus siete hijos. En ocasiones su familia pasaba hasta una semana sin probar bocado. Nada.

Batumike, condenado a cadena perpetua

Los abogados de Frederic Batumike –acusado de ser el autor intelectual de estas violaciones– intentaron parar el juicio en varias ocasiones, pero no lo consiguieron: el 13 de diciembre los jueces sentenciaron cadena perpetura para el parlamentario y 10 de sus hombres, un veredicto sin precedentes en Congo: nunca antes se había condenado a una persona tan destacada. En las calles de Kavumu, uno de los pueblos más grandes de Bugorhe, las mujeres cantaron durante horas y se pusieron sus mejores vestidos. Sus vecinos nunca habían visto a tanta gente bailando en las calles.

Pero el horror contraataca demasiado a menudo en Congo.

Felix Mughiso, presidente de la sociedad civil de Kavumu y testigo principal del juicio, escuchó esta noticia escondido en una ciudad cerca de la frontera de Ruanda. Unos días antes, dos hombres armados habían entrado en su casa. Felix llamó inmediatamente a los soldados congoleños y se salvó. Los cascos azules de la ONU le explicaron que no podían protegerlo, así que escapó en un autobús y ahora está en otro país.

Unos hombres también se metieron en la casa de una de las niñas que había sido violada y la llamaron por su nombre. Su madre avisó a los vecinos, que entraron a ayudarlas. Desde entonces, al menos ocho familias han desaparecido y nadie sabe nada sobre ellas. Las celebraciones han durado poco tiempo porque parece que los rebeldes de Batumike se reúnen periódicamente. Muchas personas están asustadas.

Las mujeres resisten

En Congo, las violaciones son un método para intentar destruir a las mujeres –a menudo nunca consiguen recuperarse de los efectos físicos o psicológicos de estos ataques y son rechazadas por sus vecinos y familiares– y, con ellas, a sus comunidades. Desde 1998, seis millones de personas han muerto en la guerra, y Naciones Unidas estima que al menos 15.000 mujeres son violadas cada año. Otros estudios sugirieron cifras aún mayores: 400.000 violaciones anuales. O 48 cada hora. 

Se supone que la última guerra terminó en el 2003, pero el número de rebeldes no ha parado de crecer: en el este de República Democrática del Congo existen más de 130 milicias. Aunque se formaron por motivos diferentes, muchos grupos pelean, sobre todo, para mantener el caos y controlar algunos recursos naturales. El subsuelo congoleño está repleto de oro, casiterita, estaño, cobre, cobalto, coltán y otros minerales imprescindibles para las industrias occidentales.

En este contexto, las mujeres se transformaron en los motores de sus comunidades. Las normas sociales que importaron los colonos europeos les entregaron la responsabilidad de mantener a sus familias. Incluso cuando la guerra está cerca, las mujeres siguen trabajando los campos, buscan leña en los bosques, van a los mercados. Por eso son el objetivo de muchos grupos.

Algunas organizaciones internacionales y medios de comunicación extranjeros dicen que desde hace varios años la mayoría de las violaciones son perpetradas por civiles y no están tan relacionadas con la guerra, pero periodistas congoleñas como Caddy Adzuba insisten en que la violencia sexual está estrechamente vinculada al conflicto y la explotación de minerales: estos ataques horribles tienen, dicen, “objetivos políticos claros”.

“Las violaciones son un instrumento de control muy poderoso. Permiten controlar una comunidad, una aldea, una ciudad, un territorio. [...] Los rebeldes, cuando violan a las mujeres, lo hacen con esa conciencia. [...] Lo han planeado de manera estratégica”, dice Azduba.

Está anocheciendo y el todoterreno de Coopera avanza despacio en una carretera llena de baches. Los faros alumbran de repente a decenas de mujeres que caminan en los arcenes. Forman una hilera interminable. Llevan en sus cabezas sacos o barreños de plástico atiborrados de tomates, cebollas, patatas, pescados pequeños. Muchas están descalzas. Han pasado todo el día en el mercado de Bukavu, sentadas en un rincón en el suelo, intentando vender una parte de sus cosechas, y ahora vuelven a sus casas andando.

Esta imagen no es solamente el resultado de unas circunstancias que obligan a las mujeres a trabajar. También revelan una revolución en curso. Decenas de mujeres que caminan cargadas con sus productos, que a pesar de los ataques constantes no admiten la situación que viven sus familias y siguen trabajando para conseguir por lo menos un poco de comida, que continúan avanzando por los costados de las maltrechas carreteras congoleñas, que continúan resistiendo. Las violaciones no han funcionado para detenerlas.

Las mujeres van a ganar la guerra.

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Nota: Mauwa es un nombre falso para proteger la identidad de la pequeña.

Leon está acostumbrado a escuchar disparos. Son, dice este joven de 24 años, los “ring tones” de su barrio, Mathare, uno de los más pobres de Nairobi, la capital de Kenia. La tarde del 11 de agosto se tendió vestido en su cama, esperando el infierno de la noche, y publicó en Facebook fotografías de neumáticos ardiendo en mitad de las calles. “Recen por Kenia. Hay mucha confusión, caos y disparos aquí en Mathare”, escribió.

Raila Odinga, el líder de la oposición y el candidato más popular en los barrios empobrecidos, había rechazado los resultados de las elecciones presidenciales celebradas tres días antes, en las que fue reelegido el presidente Uhuru Kenyatta, miembro de una de las familias más ricas de África.

Entonces, cientos de personas formaron barricadas en algunas calles y protestaron contra el Gobierno y la comisión electoral. “Uhuru debe irse”, coreaban los partidarios de la oposición.

Este jueves, las protestas han vuelto a Mathare y también a otros bastiones de la oposición, en una nueva jornada electoral en la que se han repetido los comicios tras la anulación judicial debido a las irregularidades cometidas durante el proceso. Los helicópteros han sobrevolado los slums de Nairobi. Se han vuelto a escuchar los disparos de la Policía y al menos seis personas han muerto.

33 muertos durante la represión policial en agosto

El país votó a su nuevo presidente en un clima de “brutal represión” policial, según denuncian las ONG, que han criticado el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. En agosto, los policías utilizaron munición real y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que consideraron “criminales violentos” que aprovechaban el caos para robar.

En Nairobi murieron al menos 33 personas. Un médico explicó que era difícil llevar el cómputo de cadáveres porque los policías los recogían y los almacenaban en sus camiones. Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han documentado que, en ocasiones, la policía persiguió a los manifestantes por los callejones, disparando y golpeándolos. También lo hicieron, aseguran, con personas que no participaban en las protestas.

David Ochieng recibió un disparo mientras protestaba la noche del 11 de agosto en el condado de Kisumu. Eran las once de la noche y Ochieng estaba arrojando piedras cuando los agentes comenzaron a dispararle. “La bala pasó por su oreja derecha y salió por el otro lado”, relató a HRW un conocido que estaba en aquel momento con él. El hombre murió dos días después en el hospital.

En la mañana del 12 de agosto, la policía entró en la casa de Onyango Otieno y Ochieng Gogo. Según los testigos, los adolescentes fueron golpeados por los cuerpos de seguridad, que les dijeron que huyeran. “Mientras huían, la policía les disparó por la espalda y se llevó sus cuerpos”, dicen en una investigación de la ONG.

“Vimos saqueos y vimos hombres con uniformes militares, verdes como la jungla. Escuché a un oficial gritar 'matad a esos criminales' y dispararon”, cuenta un testigo del asesinato de Raphael Ayieko, de 17 años, Privel Ochieng Ameso y Shady Omondi Juma, ambos de 18, en el área de Babadogo. Solo estaban, dice el testigo, presenciando la escena.

Vincent y su tío volvían de ver un partido de fútbol a las nueve de la noche “cuando los oficiales de policía, que se escondían en la Escuela Primaria Bar Union, comenzaron a dispararles”, relata su tía. Vincent estaba hablando por teléfono. “Los primeros dos disparos lo sobresaltaron y él se cayó. Fue el tercer disparo lo que lo mató”.

Repetición electoral entre acusaciones de fraude

El 1 de septiembre el Tribunal Supremo de Kenia canceló la validez de las últimas elecciones presidenciales, a pesar de que todos los observadores internacionales habían emitido anteriormente comentarios positivos sobre las votaciones. Este movimiento deslizó que los enviados extranjeros no eran totalmente neutrales.

Raila Odinga, el líder de la principal alianza de partidos opositores de Kenia (NASA por sus siglas en inglés), rechazó durante semanas los resultados de las pasadas elecciones incluso antes de que se publicasen, calificando el proceso como una “farsa”. El político aseguraba que el sistema electrónico que contaba los votos y publicaba los resultados online estaba manipulado, pero el Gobierno y la comisión electoral ignoraron estas advertencias, y el 11 de agosto anunciaron la victoria de Uhuru Kenyatta, que ha presidido el país desde el 2012.

Cuando las protestas estallaron, los observadores internacionales llamaron a la calma, y acusaron a los políticos de la oposición de “avivar tensiones étnicas” con sus declaraciones. Los comentarios de Odinga también asustaron a muchos analistas y empresarios, que recordaban en todos los medios de comunicación que después de las elecciones del 2007 más de 1.100 personas murieron durante enfrentamientos por los resultados.

Las autoridades keniatas han repetido las elecciones este jueves, aunque todavía no se han aplicado las reformas que el Tribunal Supremo y la oposición recomendaron. El mismo presidente de la comisión electoral ha denunciado las interferencias de políticos, y ha advertido que “será difícil garantizar unas votaciones libres, justas y creíbles”.

El líder de la oposición decidió retirar su candidatura en un proceso que ha calificado de “falso” y ha pedido a sus seguidores que se quedaran en casa. Sin embargo, según la agencia EFE, las barricadas han vuelto a algunos bastiones de la oposición para evitar que llegaran los materiales de votación a los colegios electorales. De nuevo, la respuesta de las fuerzas de seguridad: gas lacrimógeno, disparos al aire y camiones con agua. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá durante los próximos días.

El Gobierno de Kenia: un aliado clave de Occidente

Los analistas keniatas sugieren que, a pesar de los comentarios de Raila Odinga y otras pruebas que señalaban que las elecciones habían sido falsificadas en agosto, los observadores internacionales de la UE y el Centro Carter felicitaron a la comisión electoral para evitar posibles protestas masivas en las calles o incluso un cambio de régimen.

Las irregularidades eran bastante evidentes, y la doctora Wandia Njoya ―una de las comentaristas políticas más populares de Kenia― escribió en su blog: “Nunca hubiese podido imaginar que en nombre de la democracia se pudiese cometer un fraude masivo contra el pueblo keniata con la participación de la comunidad internacional. (...) Los comentarios que alaban estas elecciones son cómplices del capital internacional racista y están en contra el pueblo de Kenia”.

Durante meses los medios de comunicación “alimentaron al pueblo keniata con una narrativa que equiparaba la paz con la aceptación de Uhuru Kenyatta como presidente, y la violencia con el cuestionamiento del régimen”, sostiene Njoya. Los periodistas condenaron fuertemente las críticas de la oposición. Cualquier persona que plantease preguntas era considerado un defensor de la violencia, y las fuerzas de seguridad ―financiadas en parte con dinero de Occidente, como la reciente donación de helicópteros por parte de EEUU― se desplegaron en los barrios pobres.

Lo cierto es que Kenia es un aliado importante para Occidente y otros países de la región. La economía del país está creciendo con una tasa del 5% anual, más del doble del promedio mundial, y la lista de empresas extranjeras que operan dentro de sus fronteras sigue aumentando.

En los años 80 y 90, Kenia fue uno de los países africanos que menos obstáculos pusieron a las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial: los Programas de Ajuste Estructural que, entre otros resultados, iniciaron una serie de privatizaciones que colapsaron el sistema sanitario, y redujeron la producción de alimentos básicos, fortaleciendo las relaciones de dependencia con el sistema internacional capitalista.

Kenia también ha colaborado estrechamente con los Estados Unidos para defender los intereses de Occidente en África. Por ejemplo, el ejército keniata está implicado en la guerra estadounidense por el control de Somalia.

Desde el 11-S, el Departamento de Estado de los EEUU ha descrito Kenia como un “estado en primera línea” en la guerra contra el terrorismo, y tanto el ejército estadounidense como el británico tienen bases permanentes en su territorio.

En parte, por estos motivos, en el 2015 Kenia se convirtió es el segundo país africano que más dinero recibió de los donantes internacionales: 1.505 millones de dólares.

El 42% de los keniatas vive en la pobreza

Los invasores británicos introdujeron la propiedad privada y se convirtieron en los dueños de los terrenos donde vivían miles de africanos. En los años 50, un grupo de keniatas comenzó una revolución contra la dominación colonial. El gobierno británico declaró el estado de emergencia y mató a 11.500 rebeldes y presuntos colaboradores, frente a los 32 blancos que murieron.

La organización militante se llamaba 'Ejército de la Tierra y la Libertad de Kenia', pero, según el escritor Ngũgĩ wa Thiong'o, los invasores británicos y los periódicos difundieron un nombre diferente, Mau Mau, para “sugerir algo tenebroso y salvaje”. El historiador Martin Meredith explica que los colonos blancos, los funcionarios, los misioneros y el Gobierno británico fueron unánimes en considerarlos “un movimiento tribal siniestro que ocurría en un pueblo en gran medida primitivo y supersticioso, confundido y desconcertado por su contacto con el mundo civilizado, y víctima de los proyectos malvados de políticos ambiciosos”.

Ahora los medios de comunicación dicen algo parecido sobre las personas que apoyan a Odinga en los barrios marginales y organizan protestas. Los periodistas escriben en todas partes que están manipulados. O que han tomado las calles debido a sus afiliaciones “tribales”, ya que el presidente Kenyatta pertenece a la etnia kikuyu, y Raila Odinga es luo.

La doctora Njoya dice que “Occidente siempre ha deseado controlar Kenia como un medio para controlar la región. Solamente existe un inconveniente: el pueblo de Kenia. (...) Somos un pueblo orgulloso. Hemos dejado una huella en el mundo al resistir el colonialismo y el neocolonialismo. Acabamos de avergonzar a los grupos de observadores occidentales al exponerlos como estafadores. (...) Conocemos la retórica de la democracia de los enviados extranjeros y sus países de origen. Sabemos que Occidente (...) está dispuesto a sacrificar una cantidad enorme de vidas keniatas para apoyar a un dictador que le entregará lo que desee”.

En Kenia, “una élite pequeña posee casi toda la tierra y la riqueza, mientras la mayoría se está hundiendo en un sistema opresivo que la condena a la pobreza y las dificultades”, afirma el periodista Henry Makori. A pesar del crecimiento económico, el 42% de los keniatas son pobres. En el 2014 un estudio reveló que aproximadamente dos tercios de la economía de Kenia estaba en las manos de un grupo de 8.300 personas, y casi todos los millonarios tenían conexiones políticas o enormes extensiones de terrenos.

“¿Para quién está trabajando este tipo democracia?”, preguntaba Makori.

Mientras caminaba hacia su casa, Shakira tuvo un presentimiento extraño. Echó un vistazo a su alrededor y no encontró nada raro. En Kampala, la capital de Uganda, el sol era temible y las motocicletas y las furgonetas de tránsito de pasajeros inundaban las calles, como siempre.

Shakira aún no sabía que una fotografía estaba a punto de cambiar su vida.

“Mis familiares y los miembros de mi clan descubrieron que era transexual. Estaban esperándome en casa. En cuanto llegué comenzaron a insultarme. Intenté explicarles todo, pero mi tío me interrumpió y le dijo a mi padre que debían matarme”, recuerda en una conversación con eldiario.es.

Shakira escapó esa tarde. En Uganda, las autoridades gubernamentales se esfuerzan por perseguir y castigar a la comunidad LGTB, y Shakira sabía que pocas personas le ayudarían. Ella tenía 19 años. Se escondió en la casa de un amigo. Abandonó el instituto. Desde entonces no ha hablado con su padre, ni con la mayoría de sus hermanos, y muchas noches se ha acostado sin probar un bocado: quedó confinada a una existencia que ni siquiera había imaginado antes.

De “asunto privado” a delito

La homosexualidad era frecuente en muchos pueblos africanos precoloniales. Las personas LGTB no eran perseguidas. En el siglo XIX, los británicos introdujeron en su imperio los códigos sociales extremadamente conservadores de la época victoriana, incluyendo leyes contra la homosexualidad y la sodomía. Los invasores impusieron con éxito la idea de que las religiones y las normas sociales occidentales eran las únicas válidas. En 1950, la administración colonial británica de Uganda penalizó con hasta siete años de cárcel las relaciones carnales entre personas del mismo sexo.

Todos los gobiernos postcoloniales mantuvieron las leyes británicas que castigaban la homosexualidad, pero los ugandeses las ignoraron durante mucho tiempo: la homosexualidad era un asunto privado. Esta situación cambió en 2009, cuando un grupo de líderes religiosos y políticos de Uganda comenzó una campaña homofóbica violenta, influidos sobre todo por pastores evangelistas estadounidenses, como Scott Lively.

Los pastores evangelistas se asentaron en Uganda después de la caída del régimen de Idi Amín. Su misión era “frenar el posible avance del comunismo y de la URSS” en África. Gastaron millones de dólares para construir escuelas, orfanatos e iglesias, y en la actualidad disfrutan de una influencia enorme en la política y en la sociedad ugandesas. Algunos pastores tienen tantos seguidores como los cantantes más famosos, sus canciones se escuchan por todas partes, incluso en algunas discotecas, y han modificado leyes.

Ahora los líderes cristianos y musulmanes imitan los discursos homofóbicos de los pastores evangelistas. En Uganda el 95% considera que la religión es muy importante en sus vidas, y pocos cuestionan las ideas que escuchan en las mezquitas e iglesias. Una encuesta reciente descubrió que el 96% de los ugandeses no tolera la homosexualidad.

Yoweri Museveni –el presidente de Uganda desde 1986, un líder autócrata, acusado por los grupos de derechos humanos de reprimir a la oposición y los manifestantes con violencia– también utilizó los discursos homofóbicos para aumentar su popularidad.

En 2014, Museveni aprobó una ley que castiga a los “homosexuales reincidentes” con la cadena perpetua. Fue en un acto multitudinario. Seis meses después el Tribunal Constitucional la anuló debido a un error durante su votación en el Parlamento, pero ya era demasiado tarde: la homofobia se había extendido por todo el país.

Ese año, Sexual Minorities Uganda (SMUG) documentó arrestos, ataques violentos, torturas, amenazas, despidos, desalojos forzados, discriminaciones familiares, negación al acceso de servicios sanitarios y otros abusos de los derechos de la comunidad LGTB. Museveni, mientras tanto, obtuvo los apoyos suficientes para derrotar a los oponentes de su partido y presentar su candidatura para las elecciones del 2016.

“Salí de la casa y me lanzaron piedras”

En enero del 2014, mientras los discursos homofóbicos se propagaban como un huracán en las iglesias, las calles, el parlamento y los medios de comunicación, Rihanna –23 años– fue detenida y acusada de ser homosexual. A las seis de la mañana, alrededor de 30 personas rodearon la casa de un amigo con el que Rihanna había pasado la noche y comenzaron a insultarlos. Gritaban que debían recoger sus cosas y marcharse de allí cuanto antes.

“Entonces salí de la casa y me lanzaron piedras. Me golpearon en la cabeza y perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos estaba en la celda de una comisaría de policía”, dice.

Tenía heridas y golpes en todo el cuerpo. Un médico le hizo un “análisis anal”, una prueba que algunas ONG consideran una forma de tortura. Estuvo una semana en una celda de la comisaría central de Kampala, en la que no le permitieron que sus padres ni los abogados la visitasen.

Rihanna escuchó por primera vez sus cargos en un tribunal: mantener presuntamente relaciones carnales con una persona del mismo sexo. El juez decidió trasladarla a la prisión de máxima seguridad de Luzira mientras tomaba una decisión.

En la cárcel los reclusos y los guardias la obligaban a desnudarse en público para comprobar “si era una mujer”. Se reían de ella. Le daban pienso para gallinas. Ningún preso le hablaba porque creían que entonces se convertirían en homosexuales. Dormía en el suelo porque sus compañeros de celda no la dejaban entrar en las habitaciones.

Cuando amanecía Rihanna se sentaba en un rincón discreto, sola, y esperaba que el tiempo pasase rápido. Rezaba mucho y pedía a Dios que todo terminase: “En una ocasión mi padre lloró en el tribunal. Y yo me sentí culpable. Me derrumbé. Estaba llorando por mi culpa, por lo que soy, y todos lo miraban”.

Rihanna permaneció seis meses en la prisión de Luzira. Después, los medios de comunicación publicaron sus fotografías durante semanas. Cuando caminaba por la calle muchos la señalaban. En ocasiones le tiraban piedras. Perdió su trabajo y el apoyo de su familia.

“Ni siquiera tenía 500 chelines [14 céntimos de euro] para comprar un cepillo de dientes. Me escondía en las casas de mis amigos. Tenía miedo de salir a la calle”.

Rihanna, ahora, ha alquilado una casa en el extrarradio de Kampala. Han pasado casi tres años, pero algunas noches aún se despierta preguntándose dónde diablos está. Piensa que está en la cárcel y suda y llora y tiembla y maldice mil veces su historia: “Mi madre ha muerto. Mi padre no quiere saber nada de mí. Todo ha cambiado. Me miro en el espejo y no puedo reconocerme”.

“Si no nos ayudamos entre nosotras, nadie lo hará”

Los miembros de la comunidad LGTB de Uganda son rechazados, y con frecuencia, perseguidos, por el Estado, los líderes religiosos, sus familias, sus comunidades; pero siguen luchando: denunciaron a Scott Lively en un tribunal estadounidense, organizan conferencias y eventos, publican informes, editan una revista anual. Rihanna y un grupo de amigos están preparando un proyecto para entregar microcréditos y asesoramiento técnico y legal a las personas transexuales más vulnerables.

“Queremos rescatar a nuestras compañeras que han sido rechazadas por sus familiares o han estado en la cárcel, para que tengan la posibilidad de comenzar una vida nueva. Sabemos que si no nos ayudamos entre nosotras, nadie lo va a hacer”.

El equipo trabaja desde hace meses y creen que este proyecto podría eliminar la homofobia en algunas comunidades: “Si nos escondemos nunca conseguiremos integrarnos en la sociedad. Tenemos que abrir tiendas y otros negocios. Que nos vean todos los días. De esta forma demostraremos que también somos personas”.

Obligada a prostituirse para sobrevivir

Después de caminar durante 15 o 20 minutos en un laberinto de calles de tierra, donde los niños juegan y chillan y las mujeres trabajan sin descanso –lavan sus ropas, cocinan con hornillos de barro en las puertas de sus casas–, Shakira nos abraza: “¡Bienvenidos!”, dice.

La casa es una habitación pequeña. Un catre y un colchón de matrimonio ocupan casi todo el espacio. Hay una mosquitera, dos alargadores en el suelo, cables, vestidos, un armario viejo. No hay ventanas y hace un calor de perros. En esta habitación viven cinco personas. Transexuales. Todas tienen menos de 20 años. Cuando sus familias descubrieron quiénes eran, las rechazaron de inmediato.

Shakira se ha sentado en el suelo. Dice que el día de Navidad encontró a sus hermanos en un mercado abarrotado. Ellos gritaron, la insultaron: “He hablado solamente con mi madre. Me dijo que me echaba de menos. Que me comprendía. Pero no podía hacer nada porque mi padre, el jefe de la casa, seguía enfadado”.

Durante mucho tiempo Shakira quiso estudiar y convertirse en una periodista especializada en moda. Pero sin el apoyo de sus padres no puede pagar las matrículas, y como muchas transexuales ugandesas, ahora se ve empujada a prostituirse para sobrevivir. “Los clientes me encuentran en Facebook. Suelen ser hombres mayores. Se ponen en contacto conmigo, negocian el precio, y después quedamos en algún hotel barato. Pasamos la noche juntos. Gano como 40.000 chelines” [aproximadamente, 11 euros].

Cuando las personas transexuales pierden sus trabajos o son expulsadas de las escuelas, a menudo deciden trabajar como prostitutas en los bares y en las calles de Kampala: no tienen otra opción.

Amnistía Internacional entrevistó a una prostituta transexual de Kampala que había estado detenida en más de 20 ocasiones y sufrió abusos sexuales y palizas por parte de la policía y otros reclusos. Antes de dejarla marchar, los policías exigieron sobornos. Otras transexuales dijeron a este medio que sus clientes casi siempre rechazaban los preservativos. Si intentaban negociar, las amenazaban con palizas, o con ser denunciadas.

“Mi vida era tan... normal. Tenía agua, luz, comida... Iba al instituto y mis padres me querían... Escuchaba música y navegaba en internet... Nunca imaginé que trabajaría como prostituta”.

Shakira es cristiana “renacida”, y acude a una iglesia evangélica todos los miércoles, reza con frecuencia: “Pido ayuda a Dios para convertirme en periodista. No quiero vivir como una fugitiva el resto de mi vida”.

En ocasiones los pastores gritan que los homosexuales tienen pactos con el demonio, o que comen los excrementos de sus parejas, y entonces Shakira intenta pensar en otras cosas: “A veces es doloroso. Pero bueno. Así es la vida, ¿no?”.

Sentada en el piso de su casa compartida, Shakira parece una chica tímida: habla despacio, la voz delgada, y tiene el pelo corto, pantalones morados, estrechos, una camiseta con escote. Pocos días después de aquella tarde de abril ganó un concurso de belleza, y unos amigos muestran fotografías y vídeos. Shakira desfilando en un escenario. Focos. Música. El vestido que alquiló en una tienda de su barrio. Los tacones que le prestaron sus amigas. Extensiones en el pelo. Mucho maquillaje. En el escenario de ese bar clandestino –un bar LGTB–, Shakira se transformó en ella misma: en una mujer valiente.