En la mentalidad conservadora hay Dios castigador que todo lo ve, y sólo Él puede redimir de los pecados (léase delitos) mediante su piedad. Por supuesto que en este esquema el castigo es el centro de todo el sistema. A la expiación de los pecados se llega por el sufrimiento, cuanto más intenso mejor. Frente a esta concepción, sobre todo a partir de la ilustración se abre paso el concepto de que, de cara a evitar delitos, lo más importante no es la retribución por el mal causado, sino la certeza de las penas, es decir, que el potencial infractor sepa que va a ser perseguido y castigado con seguridad. El castigo en sí pierde la ejemplaridad y el impacto de anteriores tiempos. Además, la ley penal se aplica por igual, sin privilegios de clase o condición. 

En la actualidad estas consideraciones siguen vigentes en tanto en cuanto desde los sectores conservadores de la sociedad se asocia la protección de la víctima con la dureza de las penas, su infinitud y el endurecimiento de las condiciones del castigo. Los  sectores más progresistas, en cambio, tienden a cifrar esa protección en otros factores: una investigación pronta y eficaz del hecho victimizante, que impida su impunidad; que el sistema penal sea capaz de poner a la víctima en el centro, de manera que pase de ser considerada un mero testigo en el proceso, a ser escuchada con empatía y ver atendidas sus necesidades de forma integral; y una lucha efectiva contra la reincidencia, por medio de programas de reinserción amplios y comunitarios financiados por el Estado que reduzcan el riesgo de reincidencia y los efectos más inhumanos del encierro prolongado.

Como es obvio, esto último resulta molesto a las corrientes más neoliberales, para las cuales cualquier gasto público social es superfluo y que, por supuesto, apuestan por la seguridad para quien pueda pagársela. Por eso, estos sectores siempre defienden que la mejor protección de las víctimas es meter al infractor en la cárcel y tirar la llave. Y además argumentan, en contra de todas las evidencias criminológicas, que a mayor dureza de las penas, menos delitos y menos reincidencia. El caso extremo de esta irracional forma de pensar es la férrea defensa de la pena de muerte en países como Estados Unidos, donde efectivamente se acaba con la posibilidad de reincidencia mediante el expeditivo método de acabar con el posible reincidente. 

La eficacia es nula en términos de prevención, pero ello no impide el éxito de esta suerte de punitivismo mágico por el que abogan los think tanks conservadores y que se expresa en la “tolerancia 0”, tan querida en los discursos políticos de todos los partidos. Su formulación es aparentemente sencilla: no vamos a dejar pasar ni una, porque cuando dejamos pasar una, crece la sensación de impunidad y entonces se nos va la sociedad de las manos. Evidentemente, esto acaba con una saturación del sistema penal, cuyos recursos nos son infinitos, en forma de juicios rápidos y sumarísimos para infracciones leves de ilegalidades populares, mientras qué en los grandes delitos, esos elaborados en despachos, con documentos públicos y más costosos de investigar, o bien carecemos de medios para descubrirlos o bien nos sobran gateras para evitarlos. Así vamos contribuyendo alegremente a una justicia penal clasista. 

Los sectores más neoliberales argumentan, en contra de todas las evidencias criminológicas, que a mayor dureza de las penas, menos delitos y menos reincidencia

Lo paradójico es el predicamento que estas visiones punitivistas han conseguido en sectores del feminismo, que tras haber sufrido históricamente los sesgos de un derecho penal patriarcal, parecen fascinados por la posibilidad de hacer uso de la última ratio de un poder al que acceden por primera vez. La contradicción que de ello resulta es evidente. No solo porque la política criminal punitivista se haya revelado poco efectiva y revictimizante, sino porque no parece una buena idea utilizar el marco ideológico conservador, cuando no lo eres. Es cierto que durante mucho tiempo la justicia patriarcal ha tendido a ser completamente indulgente con aquellos delitos cuyas víctimas eran y son mayoritariamente mujeres. Pero eso no se corrige, volviendo la mirada del Dios castigador hacia otro objetivo, para que descargue sobre él la ira de la justicia de los hombres. Eso no hace más que reforzar el poder autoritario del Estado, de determinado Estado, sobre los conflictos, robárselos a la víctima, a quien se trata como una incapacitada o una menor de edad, y atesorar el saber experto, esotérico del derecho, sobre el sentido común mayoritario de la sociedad. Y no nos olvidemos del juicio moral a la víctima, que tiene que ser exquisita y correcta, incluso renunciar a los derechos que la ley le otorga en favor de una opinión pública dispuesta en todo momento a colocarla bajo el juicio de Dios o de los programas estos de la tarde.

Si no se tienen claros los principios, las cosas se pueden complicar muchísimo. Y me temo que esto es lo que ha pasado con la Ley Orgánica 10/2022. Una  Ley que viene a satisfacer una demanda social, como es eliminar las posibilidades de interpretación contrarias a las víctimas de agresión sexual, poner el consentimiento en el centro del debate jurídico y clarificar como violencia tanto la denominada intimidación ambiental como la sumisión química. Es una ley que castiga más conductas, y que aporta elementos para hacerlo de forma proporcional al daño causado en cada caso, aumentando con ello su eficacia. 

Pero lo verdaderamente relevante es que es una ley integral, es decir, articula una serie de medidas de protección de las víctimas muy relevantes y que sería largo detallar. El error comienza cuando se vende exclusivamente como una ley penal “solo si es si”, y además una ley punitiva. Como si quienes aspiramos a diseñar políticas públicas feministas hubiéramos dado por perdida la batalla cultural frente al discurso conservador,  y buscáramos decirle a la sociedad:   somos como ellos , queremos castigar mucho, la única diferencia es que queremos castigar mucho a los violadores y a los agresores machistas y ellos no, porque en el fondo no les parece tan grave. 

Para la derecha esto es un chollo. No tienen que hablar de la Ley. Les basta con demostrar su supuesto buenismo, para que entremos de nuevo en su dinámica. Para hablar de nuestras contradicciones y no de las suyas. La falta de una disposición transitoria y la existencia de interpretaciones judiciales discrepantes son suficientes para generar un estado de alarma social inducida y una corriente de opinión que en el fondo difunde un mensaje muy simple: el Ministerio de Igualdad y el de Justicia está lleno de personas inútiles que desoyen a los expertos en derecho y está dejando a los violadores en la calle y a las víctimas indefensas. 

Llegados a este punto, el nerviosismo se instala y los errores crecen. La parte socialista en el Gobierno, como reconocida maquinaria electoral, renuncia a dar la batalla de los principios, como ya han hecho por ejemplo con la prisión permanente revisable, y busca salir del charco con el menor desgaste posible. Y el Ministerio de Igualdad, abrumado por las críticas que le llueven, no consigue zafarse del marco conservador y punitivista en el que se formulan para proyectar con asertividad, como a mi juicio debería, las evidentes bondades de la ley. Por supuesto que las sutilezas políticas de la judicatura escapan al común sentir de la ciudadanía. Pero el papel de los medios de comunicación conservadores es clave. 

Por ejemplo, la L.O. de 5 de junio de 2010 modificó el artículo 368 del Código Penal en materia de tráfico de drogas, rebajando las penas máximas y posibilitando la no entrada en prisión de hechos de menor relevancia. Como consecuencia de la misma, hubo muchísimas revisiones de condena y un notable número de excarcelaciones. A nadie se le ocurrió decir que el Gobierno estaba poniendo en libertad a multitud de peligrosos narcotraficantes que iban a acabar con la población joven, que las víctimas de los posibles delitos estaban angustiadas e inaugurar un contador de revisiones de condena, mezclando rebajas con excarcelaciones y con cualquier cosa. Podía haber ocurrido. No pasó. Sin embargo, todo esto ya lo sabíamos o deberíamos haberlo sabido, antes de entrar en el saloon a repartir guantazos. ¿Qué problema había con explicar que hay otra manera de hacer las cosas? Que la sociedad está mejor protegida al haber hecho desaparecer la antigua distinción entre abuso y agresión, y que al unificarlas resulta lógico  que los tribunales reajusten las penas asignadas a determinadas conductas, sin que ello suponga una menor protección  a las víctimas; que es una ley integral y, por lo tanto, lo más importante son las políticas públicas de protección; Que una justicia feminista, en definitiva, es aquella que pone  el acento en los cuidados sociales, en la prevención, la escucha a la víctima y la reparación del tejido social dañado por el delito. Y que en la mejor tradición ilustrada, desecha por irracional la tentación retribucionista a la hora de prevenir los delitos, para centrarse en lo que verdaderamente disuade al infractor: la certeza de la pena y el consenso social sobre su necesidad y proporcionalidad

¿Es que nadie va a dar esta batalla? Porque si no damos esta igual tampoco damos ya la siguiente.

La española no es la única justicia que en Europa se imparte en nombre del rey. El caso más conocido es el de los tribunales británicos, que dictan sus resoluciones en nombre de Su Graciosa Majestad. La diferencia es que nadie en aquella cultura política, por conservador que fuera, asociaría esa referencia a la cabeza del Estado con nada que no fuera el fin que lo legitima: la defensa de un sistema basado en las libertades civiles. 

El conservadurismo español, sin embargo, tiende a considerar el Estado como un fin en sí mismo. Y por eso, cuando hay jueces que reclaman administrar todavía hoy la justicia en nombre del rey, y exigen airados recibir los despachos de su mano, no solo debemos contemplarlo como un rito simbólico y muy significativo de lo que culturalmente reclaman como identidad: se trata de un gesto de hondo calado constitucional, que les lleva a verse como servidores del Estado, no de la ciudadanía. Lo que no es sino el correlato autoritario de una visión de esa ciudadanía como cliente de servicios, más que sujeto soberano del Estado y fuente última de su legitimidad.

Por esa razón resulta imprescindible reivindicar, frente a las injerencias del poder político, la independencia del poder judicial como instrumento al servicio de la ciudadanía. Un Poder Judicial que no es único, porque se encarna en cada persona que tiene que juzgar un caso. Tan peligrosa puede ser la presión puntual de quien busca coaccionar a quien juzga para que falle en su favor, como la creación de un sistema organizado en el que quien juzga “ya sabe lo que tiene que hacer” si quiere hacer carrera. 

Por otra parte, la carrera judicial es mayoritariamente conservadora, ya sea por convicción, por extracción social y porque el derecho en sí es reticente a los cambios poco reflexionados o rápidos, lo que genera un tipo de mentalidad cautelosa. La mayoría de las democracias conviven sin problemas con este hecho, y establecen mecanismos de corrección en los que de una u otra manera se asegura la representatividad social derivada de la legitimidad del voto popular. No otro significado tiene la afirmación constitucional de que la justicia emana del pueblo. No puede haber un poder judicial desconectado de la sensibilidad social en una materia, lo que no obsta para armonizarla en todo momento con el respeto escrupuloso a la técnica jurídica. Así ha ocurrido, afortunadamente, con una reivindicación tradicional de la sociología jurídica feminista, como es la incorporación de la perspectiva de género en las resoluciones judiciales. Y es que no corregir estas situaciones supondría   una desafección ciudadana con su sistema de justicia, con un servicio público que supone garantías fundamentales en un estado de derecho. 

Por eso no es posible un consejo monocolor, como ocurriría si los jueces y juezas se eligieran entre ellos actualmente. Lo que ha ocurrido es que tras la reforma de la LOPJ efectuada por el ministro Gallardón, el sistema de nombramientos y cooptación que propició llevó al sector más conservador y a veces reaccionario de la judicatura a copar sus órganos de gobierno, amparándose en el ejercicio de una independencia cuyo concepto han pervertido. Y cuando el poder legislativo, singularmente desde el año 2018, ha tratado de revertir esta situación, se ha encontrado una y otra vez con el bloqueo de estos mismos sectores a quienes esta situación favorece: asegura sus cargos, sus carreras y su interpretación particular de lo que tiene que ser el Estado con mayúsculas, no por supuesto el Estado de Derecho ni el Estado de los derechos fundamentales. Se ha hecho de la excepción la norma, se han tomado decisiones inéditas y se ha llegado a involucrar al Tribunal Constitucional, que no es un órgano perteneciente al poder judicial para que impida legislar a las cámaras, depositarias de la soberanía popular.

El pasado día 20 de diciembre recogíamos en nombre del Gobierno de Navarra el premio a la calidad de la justicia de manos del Consejo General del Poder Judicial con presencia de las más altas instancias judiciales. Además de agradecer el premio, recordé que en espacios de gobernanza compleja como es la Administración de Justicia, no cabe otra opción que el diálogo permanente, el acuerdo y el respeto mutuo y recíproco a las funciones de cada uno, porque el Poder Judicial no puede convertirse de facto en legislador por encima o en contra de la soberanía popular y porque no es admisible que pueda haber personas en el Poder Judicial que se dejen seducir por estrategias partidistas o ambiciones personales, perdiendo no sólo la neutralidad sino la apariencia de imparcialidad.

Porque tenemos una mayoría de personas dentro del Poder Judicial, y no sólo jueces y juezas, sino fiscales, letrados y letradas de la Administración de Justicia, abogacía, procura, gestores procesales, auxiliares, ciudadanía, que todos los días se levantan y hacen su trabajo con profesionalidad, necesitamos un Consejo renovado que los represente a todos y todas, necesitamos que una minoría en posiciones de poder vuelva a posiciones de cordura, que recuerde a quién sirve y para quién ejerce sus responsabilidades antes de que las instituciones sufran un deterioro mayor del que ya tienen. Cuanto antes mejor. Nunca fueron tiempos buenos para jugar con algunas cosas, pero ahora menos.

Eduardo Santos es consejero de Políticas Migratorias y Justicia; y Rafael Sainz de Rozas es director general de Justicia del Gobierno de Navarra.

Antes de entrar en una polémica con quien esgrime un discurso xenófobo del tipo “los extranjeros delinquen”, hay que pensárselo dos veces si alguien ostenta una responsabilidad pública. En primer lugar, porque en una sociedad bien informada, soltar este tipo de afirmaciones, evidentemente falsas, no debería tener premio ni salir gratis. En segundo lugar, porque lo que se puede conseguir es engrandecer tanto la talla del xenófobo de turno como dar algún tipo de credibilidad a sus argumentos. Si debate conmigo sobre esto es que este problema existe. Al xenófobo le puede salir bien. A los discursos basados en datos, difícilmente.

Ahora bien, cuando quien emite discursos xenófobos es el alcalde de Pamplona-Iruñea y cuando quien ostenta la responsabilidad pública es el consejero de Políticas Migratorias, no hay opción. El alcalde por su cargo tiene una alta responsabilidad institucional que hace que sus palabras tengan eco ante sectores amplios de la sociedad. La misma responsabilidad por cierto que le debería llevar a medir sus expresiones si toma en consideración que es el alcalde de toda la ciudadanía, cada vez más diversa, de su ciudad. Por tanto, lo que dice no pasa desapercibido. Y se corre el riesgo de que el silencio otorgue.

Recordemos brevemente el origen de la polémica. Un desgraciado delito cometido en la ciudad tiene como víctima al hijo menor de edad de un diputado de la coalición del señor alcalde, quien no duda en hacer público el hecho y señalar como culpables a personas “de fuera”. A partir de aquí sectores de ultraderecha de fuera de la comunidad foral, movidos por cuestiones ajenas a la natural solidaridad con las víctimas, señalan un problema de seguridad en zonas de la ciudad y hacen responsable al alcalde de la misma. El partido del señor alcalde tiene que salir públicamente a desmentir esas afirmaciones evidentemente falsas de estos sectores de la ultraderecha.

Sorprendentemente, después de este desmentido, el señor alcalde empieza a hablar de inseguridad creciente. Recordemos que la seguridad de la ciudad recae en el Ayuntamiento que él dirige, con una policía municipal ampliamente dimensionada y formada. No explica el señor alcalde, que no es un recién llegado, desde cuándo se ha dado cuenta y en qué consiste ese pretendido aumento de la inseguridad. Pero descubre una manera de eludir su propia responsabilidad. La jugada es buena en su opinión. Flirtea con esos sectores de ultraderecha a la vez que saca en campaña cuestiones relativas a la seguridad ciudadana que cree que son cosas que al mundo conservador le vienen bien electoralmente porque el imaginario de su votante siempre tiende a apoyar figuras fuertes que calmen su ansiedad.

Para redondear el tema hay que buscar un culpable. Es fácil. Ya lo están repitiendo los tabloides de ultraderecha. La responsabilidad es de los menores extranjeros no acompañados y del Gobierno de Navarra que incumple sus obligaciones de tutela. Y él eso lo sabe. Él tiene datos. Como es obligación del Gobierno, la consejera de Derechos Sociales se pone en contacto directamente para contrastar. Una puntualización. Cuando un menor tutelado por Gobierno está un procedimiento judicial en el Juzgado de Menores, la Fiscalía avisa al Gobierno, igual que avisa a los padres o tutores del menor. Es prácticamente imposible que el Gobierno no se entere de que un menor tutelado por la entidad pública está en una causa. La consejera de derechos sociales dice que no le consta ningún menor.

Recordemos a estas alturas la tesis del señor alcalde. Hay un aumento de la inseguridad y ese aumento es por delitos cometidos por menores bajo tutela del Gobierno por la negligencia del Gobierno en tutelarlos. Claro, como el alcalde sabe que esto no lo va a poder sostener mucho tiempo, cambia el discurso. Ahora la responsabilidad es de los MENAS, tutelados o no. Una puntualización. La palabra MENA es un acrónimo de “menor extranjero no acompañado”. Como no están acompañados y son menores, las entidades públicas, cumpliendo la legislación internacional, tienen la obligación de tutelarlos, y así se hace en Navarra con todos los menores, sin excepción. Con lo que no existe el concepto de MENA como “menor extranjero”, sin tutelar.

Pero al alcalde esto ya no le interesa porque sabe que la ultraderecha ya ha estigmatizado el concepto MENA como algo negativo y no está mal contribuir a la confusión para salir del lío. En este momento cabe decir otra cosa. Los datos que pueda tener el señor alcalde lógicamente corresponden a datos de denuncias ante la policía municipal de Pamplona-Iruñea. No son datos que tenga en exclusiva. La policía tiene la obligación de perseguir delitos y de identificar a los culpables. A veces, cuando identifica sospechosos, consigna su nacionalidad y otras veces no. Sencillamente porque para la policía, como para el sistema judicial, la nacionalidad no es un dato definitorio a la hora del tratamiento del delito. Nos interesa lo qué has hecho, no quién eres.

Cuando estos discursos se emiten por gente con esta responsabilidad institucional, tienen consecuencias directas sobre personas que viven y trabajan entre nosotros y que empiezan a ser discriminados por su acento, color de piel, etc.

Estas denuncias aparecen en las memorias de la fiscalía, en los datos de la administración de justicia, en los registros del ministerio del Interior, en las diligencias del Juzgado de menores. Muchas veces para conocer cuáles son los fenómenos asociados a un incremento o no de la delincuencia hay que examinar muchos datos y sacar muchas conclusiones, que lógicamente pueden ser refutadas con otros datos y otras conclusiones. Es una ciencia y se llama criminología.

Tradicionalmente la criminología ha abordado las causas personales y sociales del delito, pero el origen del presunto delincuente no es significativo. Pero aquí ha llegado el señor alcalde y ha zanjado la cuestión. Huyendo del jardín donde se había metido con los menores y en la clásica huida hacia adelante donde reivindica su propia realidad, la realidad de la gente “normal”, hace unas declaraciones donde llega a decir que “casi todas las personas que cometen delitos no son nacidas aquí”, responsabilizando a todo un colectivo, el de la población migrante, de la comisión de los delitos. O a todo un colectivo no lo sé, porque ya puestos podríamos pedirle al señor alcalde que nos diga dónde hay que nacer para no ser responsable de la criminalidad y por ende del aumento de la inseguridad en su ciudad.

A lo mejor haber nacido en Alemania y ser directivo de la Volkswagen te libra. Y en cambio ser originario de Ecuador y trabajar de soldador en la misma fábrica, no. Son cuestiones sin duda interesantísimas que añaden una perspectiva nueva y ciertamente electrizante al panorama criminológico de la época y que le animo a ir desarrollando de una forma argumentada, no sea que haya gente, entre la que me incluyo, que pueda pensar que lo que realmente ha hecho el señor alcalde con su conjunto de declaraciones es un discurso xenófobo e irresponsable estigmatizando a toda la población de origen migrante de toda la delincuencia que se produce. Empezando por los menores, los más vulnerables, y siguiendo por todos los demás.

Lo que ocurre con este tipo de discursos es que cuando se emiten por gente con esta responsabilidad institucional tienen consecuencias directas sobre personas que viven y trabajan entre nosotros y que empiezan a ser discriminados por su acento, color de piel, etc. en cuestiones básicas como el acceso al trabajo, a la vivienda o sencillamente en su convivencia diaria. Y hay que ponerse literalmente en su piel. Porque eso es inadmisible en un Estado que proclama la igualdad de todos sus ciudadanos con independencia de su origen. Porque eso es directamente racista y yo tengo la obligación de salir al paso, denunciarlo, condenarlo y pedirle que rectifique.

Por la dignidad de la ciudadanía navarra, que es una ciudadanía mayoritariamente de acogida. Por respeto a los derechos humanos y por respeto a la verdad. Y a partir de aquí yo estoy dispuesto a tener un debate público, insisto, público, con el señor alcalde para hablar de criminalidad y de sus causas. Mientras tanto que asuma sus responsabilidades en la gestión de la ciudad como el resto asumimos las nuestras. Con transparencia en los datos, respeto a la verdad, honestidad y sobre todo procurando respetar a todas las personas en el ejercicio de nuestras responsabilidades públicas e institucionales.

Reflexionaba como ejemplo sobre las palabras que Lesmes dirigía en el acto de entrega de despachos en la escuela judicial: “Tendréis la sensación de ser los únicos baluartes del Estado de Derecho”. Este pensamiento forma parte de la construcción corporativamente identitaria en la que el actual presidente realmente está interesado. Todas las demás personas, especialmente quienes ejercen la política, están contaminadas de impulsos impuros. No pueden hablar de Justicia con autoridad. Sólo a quienes lleven toga realmente les ha sido concedido el preciado don de la ecuanimidad, de la equidistancia. La sagrada misión de defender en solitario la democracia, la monarquía, la constitución, y el derecho habéis sido llamados y llamadas, investidas por el poder de una dura oposición.

El deseo tecnocrático de aparecer como alguien que no tenga otra ideología se ha revelado hipócrita en la realidad. El actual presidente del Consejo practica una comunicación selectiva que pasa por alto injerencias graves a determinados jueces y juezas en casos conocidos, para rasgarse las vestiduras con declaraciones de determinados líderes políticos en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de su representación política, esta sí refrendada por la soberanía popular a través del voto. 

Hemos perdido de vista algunas cuestiones importantes. En primer lugar, la justicia es un ideal al que aspiramos. En segundo término, es un servicio público, que para ser correctamente prestado requiere del concurso de diversas administraciones públicas y un amplio elenco de colegios profesionales que colaboran en su correcta prestación. En tercer lugar, el poder judicial se encarna en cada uno de los jueces, juezas y tribunales que están ejerciendo su labor jurisdiccional, de manera profesional y encomiable, y que deben poder tomar sus decisiones al margen de toda presión, no sólo política, sino de cualquier índole.  Por tanto, la independencia judicial no se encarna en el CGPJ. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial dice que “la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional se extiende frente a todos, incluso frente a los propios órganos jurisdiccionales, lo que implica la imposibilidad de que ni los propios Jueces o tribunales corrijan, a no ser con ocasión del recurso que legalmente proceda, la actuación de sus inferiores, quedando igualmente excluida la posibilidad de circulares o instrucciones con carácter general y relativas a la aplicación o interpretación de la ley”. 

En cuarto lugar, el Consejo no es un órgano de gobierno, es un órgano gubernativo. Su función debería ser dar servicio y asegurar la correcta prestación de medios, dar cobertura a la labor de las personas que juzgan, sin arrogarse un papel político para el que no tiene legitimidad popular y menos por encima de toda crítica.

No se nos olvide que la Constitución dice que “la justicia emana del pueblo”. Del pueblo. No de Dios, no del Rey, no de la voluntad de tal jueza o ese otro tribunal. Del pueblo. Y eso quiere decir ni más ni menos que su legitimidad viene del ejercicio de un Estado Social y Democrático de Derecho. 

Hemos visto que la Jefatura del Estado se ha identificado con las versiones más conservadoras que pretenden que la entrega del despacho a los jueces y juezas que acaban de salir de la escuela judicial sea una especie de traspaso simbólico de parte del poder real a la potestad de juzgar desde una interpretación anacrónica del ya anacrónico texto constitucional que establece que la justicia se administra “en nombre del Rey”, para dejarnos claro que sin monarca no hay justicia, sólo el caos, la anomia y la indigencia moral.  

La actuación del Jefe del Estado, poniendo en duda por acción u omisión el refrendo necesario del Gobierno, ataca el presupuesto de su propia inviolabilidad. Como poco se ha dejado manipular, consciente o inconscientemente, por un Presidente del Consejo que ya hace dos años que practica una política de tierra quemada con cuanta institución se pone a su alcance y es de una torpeza impropia de quien ejerce o pretende ejercer las funciones que la institución le encomienda. O bien quien asesora al Rey y quienes le rodean viven en una burbuja cortesana donde no penetran las opiniones desafectas o bien el monarca ha decidido alinear la defensa de su trono únicamente con las opciones políticas que no son, al menos ideológicamente, republicanas. Ambos son errores graves que afectan a la legitimidad de su función.

Me consta que en todos los partidos políticos hay personas preocupadas por la Justicia, entre ellos juezas, jueces y fiscales, que la entienden como un auténtico servicio público con vocación de construir una sociedad más cohesionada, más ecuánime y en la que los derechos de todas las personas se vean defendidas y fortalecidas. Es a todas estas personas en realidad a las que se dirige este artículo.  Porque la lucha ideológica en este momento está entre quienes entendemos que la Justicia tiene vocación de ser un servicio público regido por criterios de legitimidad democrática y transparente en sus decisiones y aquellos quienes lo ven como un poder que se expresa en un lenguaje esotérico inalcanzable para la ciudadanía e inmune a toda crítica pública. Hay una justicia del siglo XXI, una Justicia 2030, pugnando por emerger del siglo XIX. Y merece una oportunidad.

El Tribunal Constitucional acaba de anular la condena a un año de prisión que el Supremo impuso a César Strawberry, líder del grupo musical Def con Dos. Aquella condena, por unos hechos tipificados como enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas, se debía a unos mensajes en Twitter, con expresiones como “cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco” o “a Ortega Lara habría que secuestrarle ahora”.

Cada cual puede juzgar, desde su libertad, si esos tuits son o no reprobables. A mí, personalmente, me parecen un exceso. Me ofenden. Pero no hablamos del gusto, de la moralidad o de la ética: hablamos de Justicia y de derechos fundamentales. En definitiva: yo no tengo un derecho a no ser ofendido que esté por encima de la libertad de otra persona de decir lo que le dé la gana. Si se generalizara ese derecho, nadie diría nada. Nos convertiríamos en una sociedad muerta, sin opinión, porque pondríamos por delante de los derechos de los demás nuestros propios sentimientos. Por eso la libertad de expresión es tan frágil. Iniciado el camino de la represión, se impone la autocensura.

Y eso viene a decir, precisamente, el Constitucional: que el Supremo no “ponderó lo suficiente” los derechos fundamentales en juego. Los jueces del Constitucional señalan que era necesaria una valoración previa acerca de si la conducta enjuiciada era una manifestación del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión. Afirman que deberían haberse valorado, “entre otros aspectos, la intención comunicativa del recurrente en relación con la autoría, contexto y circunstancias de los mensajes emitidos”. Strawberry siempre negó que su objetivo fuese humillar a una o varias víctimas concretas; pero su condena se debió a que el ponente de la sentencia, más allá de la propia intención del autor, consideró que a él sí le ofendía. El Tribunal Supremo puso así el sentimiento de ofensa (en su particular visión), por encima del derecho a expresarse de un cantante, persona pública en su libertad individual o artística.

Fuera de contexto, sin tener en cuenta la intención de una frase… ¿qué no puede ser reprobable? Cosas más graves aún nos toca leer en redes sociales.  O incluso escucharlas en sede parlamentaria que algunas personas se empeñan en asimilar y devaluar con la “cultura del zasca”, esa carrera loca por ver quién la suelta más gorda para llamar la atención. Pero así como tenemos la obligación cívica de combatir las ideas que nos parecen nocivas para el interés general, y por tanto proteger a las víctimas del terrorismo, tenemos el deber individual y colectivo de soportar aquellas  expresiones que no nos gustan ni en la forma ni en el fondo. 

En marzo de 2017, cuando quien escribe estas líneas era diputado en el Congreso, desde Podemos presentamos una proposición no de ley que instaba a suprimir en su redacción actual el delito de enaltecimiento del terrorismo. El motivo era que ese tipo delictivo, modificado hasta extremos incompatibles con la certeza legal en la reforma del Código Penal de 2015, estaba convirtiéndose en la excusa desde el que intentar coartar la libertad de expresión de personas y colectivos concretos en las redes sociales. El instrumento penal estaba empezando a ser usado por diferentes sectores al modo en que el Franquismo empleaba la ley de “vagos y maleantes” para llevar ante el Tribunal de Orden Público a gays, lesbianas, travestis, rojos de todo tipo, universitarios con barba y –finalmente y en su conjunto– a toda aquella persona que no fuera adicta a un pensamiento autodenominado correcto. 

Señalábamos entonces que el resultado de esa deriva era que, en aquel momento, la Audiencia Nacional estaba juzgando a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA actuaba y llevaba a cabo atentados terroristas. Y no hablamos de una falta: hablamos de un delito castigado con una pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses por un tribunal especializado. Parece demasiado para un tuit. O incluso un retuit. Y por tanto infringía el principio de intervención mínima del derecho penal para arreglar conflictos sociales.

El hecho de que una persona pueda proferir comentarios desagradables en la red no requiere una regulación distinta; lo que no es delito en la calle, no es delito en Twitter… que no deja de ser una gran plaza pública virtual, y nada más. Que un comentario en las redes sociales pueda ser de mal gusto y condenado socialmente, no justifica la utilización del derecho penal. Hay otras formas de defenderse ante injurias, calumnias, difamaciones o amenazas sin necesidad de introducir o utilizar indiscriminadamente ese tipo de “enaltecimiento del terrorismo”. 

Nuestro sistema, y las libertades fundamentales que protege, ha de ser el elemento que nos una. Emplear la Justicia para cercenar esas libertades fundamentales –en la opinión, en la creación artística o en cualquier otra forma de expresión– no es propio de una democracia madura, sino de sociedades acomplejadas o de regímenes que sobreviven gracias al miedo de la población a verter cualquier tipo de crítica. Así que, del mismo modo en que en mayo del 68 jugaron con aquella paradoja del “prohibido prohibir”, uno se ve tentado a concluir esta reflexión sobre exabruptos con algo así como “¡es la libertad, estúpido!”.

*Eduardo Santos Itoiz es consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra*Eduardo Santos Itoiz

Uno de los perjuicios graves de la concesión de la Medalla de Oro de Navarra este año ha sido reeditar viejos debates que fuera de contexto son un arma arrojadiza. No en vano es peligroso adoptar en política un presentismo histórico que trata de preservar sólo una parte de la visión de una época para arrimar argumentos a debates del presente. Decir que Campión era racista y supremacista blanco y euskalduna en su época (quién habla del resto de premiados y digo premiados porque premiadas no hay apenas), es ignorar que mucha parte de la intelectualidad de Europa lo era, de una manera u otra.

Transcribir parte de una cita de Cánovas del Castillo causa sonrojo en la actualidad, por mencionar a algún político de otra tradición: «Los negros en Cuba son libres; pueden contratar compromisos, trabajar o no trabajar, y creo que la esclavitud era para ellos mucho mejor que esta libertad que sólo han aprovechado para no hacer nada y formar masas de desocupados. Todos quienes conocen a los negros os dirán que en Madagascar, en el Congo, como en Cuba son perezosos, salvajes, inclinados a actuar mal, y que es preciso conducirlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ellos. Estos salvajes no tienen otro dueño que sus propios instintos, sus apetitos primitivos….“

Por tanto, no deberíamos estar haciendo una enmienda a la totalidad histórica a un personaje. Lo cual no significa por supuesto que comulguemos con él o con sus ideas. En su época también hubo gente que hizo lo correcto y que no defendía esas afirmaciones. Sin embargo, con un poco de mala fe y de partidismo, nadie saldría vivo (viva), de semejante escrutinio y menos con los criterios sociales de un futuro que a todas las personas se nos escapa en buena medida. Con todo este ruido político y mediático no faltará quien cuente partidarios y detractores de una medalla o de otra. Y así nos vamos entreteniendo.

En realidad el problema es el decreto que regula la concesión de la medalla de oro de Navarra, porque su otorgamiento es tan discrecional que permite la utilización del Gobierno de turno por razones partidistas que no sirven a la sociedad a la que tales reconocimientos tienen el deber de unir, como cuando UPN se la concedió a Huarte y a Urmeneta como impulsores de un plan industrial en Navarra. Y ahora en el contexto de un debate político entre nacionalistas vascos y nacionalistas navarristas para ver quién se queda con la bandera de Navarra. Esto no interesa a la mayoría de la sociedad que asiste al espectáculo estupefacta. Y desde luego no forma parte de nuestra manera de hacer las cosas.

Es por eso que desde Podemos Ahal Dugu queremos cambiar el decreto que regula la concesión de la medalla de oro de Navarra para que su otorgamiento no sea arbitrario.

Algo que nos debería unir en defensa de unos valores compartidos no puede ser utilizado como arma política arrojadiza. No podemos utilizar la más alta distinción de Navarra para honrar a personajes históricos según la interpretación que del presente hacemos de sus actuaciones, sino para honrar a personas e instituciones navarras que sirven de ejemplo actual de los valores que defendemos y que queremos defender, relacionados con la solidaridad, la igualdad, el pluralismo. De lo contrario, la tentación de caer en el uso banderizo de todas las cosas que nos pertenecen a todas es muy grande. Por eso hay que hacerlo de forma participada por la sociedad y motivada por quien concede.

Nosotros, nosotras, sí que creemos que hay una sociedad navarra viva, solidaria, acogedora. Gente cuyos valores nos estremecen, nos emocionan a todas seamos del color político que seamos. Están ahí. Esperando que todas los reconozcamos como se merecen.

*Eduardo Santos Itoiz es secretario general de Podemos Ahal Dugu

Sobre relaciones entre política y derecho penal se podría escribir largo y tendido. Baste un apunte. Cualquier responsable político que cuestione el orden hegemónico de las cosas y pierda está sometido al relato de la parte vencedora. La represalia le esperará a la vuelta del camino en forma de proceso penal, jaleado por la masa de la opinión publicada que sin duda pedirá mano dura contra el transgresor, convertido en blanco de las iras del poder felizmente restaurado para regocijo general. Por ello, cualquiera que practique la desobediencia civil en cualquiera de sus formas, sabe que debe aceptar este destino desde la convicción profunda y de conciencia de que hace lo correcto. Sin fanatismo, con las dudas que acosan a quien se ve en minoría social. Pero con la fe inquebrantable que le dan sus creencias políticas sostenidas y coherentes.

Por eso quizá es menos entendible la estrategia de algunos líderes independentistas en el momento actual. Mucha parte del pueblo catalán se ha partido la cara por ellos y por un ideal compartido. Deberían asumir ahora ellos y ellas el dar la cara por ese mismo ideal en la parte que les puede tocar, como única forma de mantener el simbolismo de la lucha política. Aunque esas consecuencias partan de la evidente venganza y la injusticia que deriva de la interposición de una querella penal por parte de la Fiscalía que tiene un evidente impulso político como por otro lado es evidente porque es la Fiscalía la que baja a acciones concretas la política criminalidad de un Gobierno en su actual configuración. Y en ese sentido hay que destacar algunas cosas que llaman muchísimo la atención.

En primer lugar, se mezclan las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales, que no tienen nada que ver, como el propio Partido Popular mantiene cuando se habla de casos de corrupción. La Fiscalía sostiene un concepto de autoría omnicomprensivo. Similar al todo es ETA, ahora en su versión de “todo es independencia”, planteando una acción concertada de todos los elementos independentistas, Gobern, Junts pel Si, la CUP y asociaciones como ANC y Òmnium en el objetivo común de delinquir, según el relato de unos hechos en que todas las acciones están perfectamente orquestadas y organizadas en pos de un objetivo común, pero sin aportar prueba alguna penal de que esto sea así, más allá de la interpretación política de que se comparten fines.

Nos encontramos con un relato penal de fantasía en el que el sujeto omnisciente, como un escritor de ficción, decide qué hechos son relevantes en función del objetivo al que quiere llegar, configurar un grupo de conspiradores con el objetivo común de romper el orden constitucional de una manera concertada estratégicamente como si se tratara de un mapa de batalla. Aceptemos que los hechos son así, cosa por otra parte nada extraña si hablamos de estrategia política, que por definición necesita una concertación de voluntades de ámbitos diferentes para lograr una transformación social. Al fin y al cabo, todos los partidos aspiran a ello, y que sepamos, ningún fin es estrictamente ilegítimo en una democracia que el propio Tribunal Constitucional ha definido como “no militante”, es decir, que no exige una adhesión ideológica incondicional.

Dentro de ese concepto de autoría además el reprobado fiscal Maza ha decidido que sean imputables directamente a los impulsores del proceso independentista cualquier hecho que dentro de ese proceso sea protagonizado por terceronas personas, se pruebe que lo conozcan o no. La máxima es: si tú impulsas una acción política, vas a ser responsable penalmente de lo que terceras personas decidan autónomamente dentro del marco que tú has generado con tu impulso. Es decir, se asumen jurídicamente las responsabilidades penales de otras personas, que se atribuyen al responsable político en virtud de un fin que supuestamente (aquí tampoco es necesaria la prueba penal) se comparte. Pero todo ello no es suficiente. Para que sea delito de rebelión, tiene que entrar en juego otro concepto, el uso de la violencia, a priori difícil en un movimiento cuyos líderes han hecho extensas y repetidas afirmaciones de una exteriorización pacífica y cuyas multitudinarias manifestaciones se han distinguido por no tener ni un sólo acto de violencia (cosa por lo demás difícil porque como se ha dicho muchas veces no depende de los convocantes sino de la decisión de un tercero).

Con respecto al concepto de violencia que se maneja, la querella establece la imputación directa de cualquier acto de violencia que se pueda producir en la calle a los y las querelladas. Se utilizan declaraciones públicas de diversos responsables políticos atribuyéndoles permanentemente un sentido intimidatorio hacia personas indeterminadas (los no independentistas) que no necesita prueba (y obviando declaraciones presuntamente igual de intimidatorias de otros responsables en sentido contrario, como cuando la ministra de Defensa aclaró a todo el mundo que no creía que tuviera que intervenir el Ejército).

Más grave aún, cualquier manifestación o concentración pública, dentro del concepto manejado en la querella, tiene un sentido intimidatorio y ha sido previamente orquestada para ese fin. Para ello utilizan un concepto en el que los querellados y las querelladas han inoculado en la sociedad catalana la creencia de que se pueden desobedecer las leyes y que por tanto, todo está permitido en contra de la constitución. Se hacen interpretaciones dudosas sobre la presunta utilización de los Mossos como fuerza armada potencialmente utilizable para el enfrentamiento con otros cuerpos armados, también sin aporte de prueba material alguna sobre ese juicio de intenciones. Con el riesgo, es suficiente.

La resistencia pacífica y la desobediencia civil son conceptuados como actos de violencia frente al Estado, para acabar de complicar más el asunto. Y por último se asimila al concepto de violencia la fuerza sobre las cosas, exceso que cualquier penalista comprenderá fácilmente porque sólo se ha utilizado ese concepto por parte del Supremo en ocasiones contadas, como por ejemplo calificar como coacción el cambio de cerradura a una persona para echarla del piso que ocupa. Así, son muy expresivas las palabras de la querella cuando dice “Pero es que, además de ese gran escenario intimidatorio articulado a través de los sectores independentistas de la población, los querellados eran conscientes y asumían que esa misma muchedumbre iba a protagonizar también, como así ocurrió, actos de violencia material y física para la consecución de ese fin primario de celebrar el referéndum que ineludiblemente llevaría a conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España”. En definitiva, se responsabiliza a los responsables políticos sin prueba alguna de lo que está en el dominio de otras personas, es decir, la utilización de la violencia sobre las cosas“

Sobre el ejercicio de otros derechos fundamentales, se califica a la huelga convocada no como un acto en defensa de los derechos de los trabajadores sino “como un acto más de fuerza”. 

En resumen, hay múltiples ejemplos de cómo se convierte por la Fiscalía el ejercicio de un derecho fundamental en ilegítimo y violento por su finalidad, por su finalidad que no le gusta, claro. Porque de las manifestaciones a favor de la unidad de España no se ha oído a nadie decir que eran ilegítimas o que pretendían crear un marco general intimidatorio frente a los y las independentistas.

Incluso criminaliza el diálogo conceptuándolo como forma de presión cuando dice que: “Tras la celebración del referéndum y la presentación de sus resultados en el Parlament, el President de la Generalitat ha iniciado una nueva etapa de presión a las autoridades españolas, en las que insiste en un teórico diálogo con la mediación de la comunidad internacional, con especiales llamamientos a la UE para cubrir el rol de mediador.”

Todo esto serían disquisiciones puramente académicas si no acabaran con gente en la cárcel, agudizando de forma partidista con la utilización del derecho penal un conflicto político de por sí fuertemente polarizado. Y llevándonos a todas y a todos de paso a un escenario autoritario de advertencia sobre la forma de hacer política y sobre la represión en el ejercicio de los derechos fundamentales. Afán en el que, todo hay que decirlo, el Partido Popular, ahora con la ayuda inestimable de Ciudadanos, lleva unos años. Pero, no lo olvidemos, todo esto no sería posible sin la inestimable ayuda y colaboración del PSOE, que con sus protestas de “volver al orden”, del “respeto a las actuaciones judiciales” y a la “independencia judicial”, se niega a combatir un estado de cosas que al menos desde el lema de “somos la izquierda” que reivindican para sí mismos, deberían cuestionar. A todas esas voces críticas, si es que las hay, las esperamos con los brazos abiertos para defender el Estado de Derecho.