elDiario.es - Pablo J. Álvarez

Una empresa textil que fabrica para Nike en Nicaragua oculta su brote de coronavirus

Indiana Cajina, Elsa Cabria, Ximena Villagrán, Oliver de Ros, Pablo J. Álvarez — Sat, 12 Dec 2020 20:50:27 +0000

Extrabajadoras de la maquila New Holland Apparel, en Nicaragua, aseguran que hubo casos de COVID-19 en la fábrica. La empresa clasificó los contagios como casos de neumonía atípica y envió a las enfermas a sus casas a cuenta de vacaciones. Después, anunció 800 despidos

El coronavirus hace explotar la peor crisis en la excapital mundial de los pantalones vaqueros

Las compañeras la llamaban con cariño “la abuelita”. Era la mayor del área de bordado de la fábrica textil New Holland Apparel, en Nicaragua. Sonriente, decían que tenía una notoria voluntad por sus labores. Mayra del Socorro Cerda falleció el 19 de mayo de 2020 posiblemente por COVID-19. Tenía 61 años.

Cerda trabajó por más de 30 años como maestra hasta que ingresó a New Holland. Aunque ya debía retirarse —en Nicaragua la jubilación para maestros es a los 55 años—, sufría de violencia intrafamiliar y prefería pasar más tiempo en la empresa que en casa. Presentó síntomas de fiebre a principios de mayo. Para entonces, varias mujeres en el área de confección hablaban del brote de coronavirus dentro de la empresa.

Ni la empresa ni el Gobierno reconocieron la razón de su muerte. Su acta de defunción indicó como causa una neumonía atípica. Para evitar el reconocimiento oficial del verdadero impacto de la pandemia, esa fue y es aún la clasificación de los casos no confirmados mediante pruebas en el país.

New Holland rechazó los contagios de sus empleadas y siempre sostuvo que las enfermas debían presentar una valoración médica para aceptarlo. Una alternativa difícil ya que las pruebas para detectar el virus se encuentran únicamente bajo control del Ministerio de Salud (Minsa). Hasta el momento, la institución no informa de la cantidad de pruebas aplicadas.

De igual forma, al consultar al Ministerio del Trabajo (Mitrab) si había conocimiento sobre los contagios la única respuesta que se obtuvo a través de una llamada telefónica fue un “no señora” y se terminó la comunicación. También se intentó contactar a la Central Sandinista de Trabajadores pero no hubo respuesta.

La maquila está en la carretera Tipitapa-Masaya. Sus trabajadores se dedican a la confección de ropa deportiva para las marcas Under Armour y Nike. La matriz de esta se encuentra en Honduras. New Holland contaba hasta junio de este año con aproximadamente 1.260 trabajadores.

En Nicaragua nunca hubo confinamiento. Tras la llegada del primer caso de coronavirus, el 18 de marzo, prevaleció la normalización e incluso la vicepresidenta Rosario Murillo promovió actividades de concentración masivas. El Gobierno fomentó un sistema en el que la salud y la economía estaban en un mismo nivel. Las escuelas, centros de trabajo y centros recreativos han continuado abiertos hasta la fecha.

El director de Emergencia de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, reveló en abril que la interacción con Nicaragua se había reducido. Recibía información del gobierno sobre las pruebas PCR, pero no sabía qué pasaba con la donación de 26.000 pruebas rápidas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El féretro sellado

“La abuelita” fue a la oficina de recursos humanos para poder recuperarse desde casa sin goce de salario. Iba acompañada de Darling Baquedano, compañera de la maquila. Dijo que era una persona de riesgo. Padecía de múltiples enfermedades laborales, tenía túnel carpiano, tendinitis, insuficiencia venosa, diabetes e hipertensión. Sin embargo, su petición le fue negada.

Acudió dos días más a la maquila con fiebre. Al tercero, su condición empeoró. La empresa accedió a brindarle el permiso. Lo siguiente que supieron sus compañeras es que estaba intubada en el hospital. Murió en menos de 15 días.

El funeral fue el 19 de mayo, el día de su fallecimiento. Su cuerpo iba en un féretro sellado dentro de un carro, bajo medidas inusuales para un caso de neumonía atípica. El chófer utilizó durante todo el recorrido un traje de protección desechable. Era el traje que los sanitarios usan para protegerse ante infecciones.

El 13 de septiembre, Eugenia Meza Juárez, una ex bordadora de 27 años, lamenta que no pudo asistir al entierro. Ella también trabajaba con “la abuelita”. Ahora está en casa de Baquedano, a un par de kilómetros de distancia de la maquila. Cuenta que siguió el recorrido gracias a los videos que grabó su compañera, quien fue la única que pudo estar presente.

Meza debió permanecer en casa porque tenía fiebre, igual que otros trabajadores de su área.

Sentada en una esquina de la sala, esta joven de baja estatura y voz pasiva, recuerda cómo el deterioro de la abuela bordadora escaló rápidamente. A pesar de mostrar una actitud más introvertida, conversa abiertamente sobre su compañera.

Baquedano es más abierta, conversadora y segura de expresar sus opiniones. Hasta que llega el asunto de la muerte de Cerda. Entonces, se limita a señalar que el área de recursos humanos de New Holland les prohibió hablar de los contagios. Y si lo hacían, se les extendía un llamado de atención. Destaca que la situación fue manejada bajo un alto sigilo.

Una semana después del encuentro presencial, en una llamada telefónica, comparte su verdadera relación con Cerda. Mientras todas las trabajadoras del área de bordado reconocían a Cerda como “la abuelita”, Baquedano la llamaba “madre”. Ella perdió a su progenitora durante la guerra civil de los 70, cuando tenía apenas cuatro meses de vida. Con Cerda compartió siete años de amistad. En uno de los audios intercambiados con la anciana bordadora, se escucha como ella también con cariño la llamaba “mi bebé”.

Necesita días para explicar qué representa la muerte de su amiga. Aún carga con gran tristeza y culpabilidad por la muerte de su “segunda madre”. Baquedano fue la primera en enfermarse de las dos. Durante esos días, recuerda cómo Cerda cuidaba de ella sin mantener ningún tipo de distanciamiento e incluso compartir la comida, en el afán de “la abuelita” por lograr que comiera un poco. Impotente, se responsabiliza de haberle transmitido el virus.

“No estábamos claras qué era COVID-19, sabíamos que teníamos que tomar todas las medidas, pero no lo hicimos”, dice en una emotiva llamada de 20 minutos, cargada de rabia, ante la posibilidad de que su muerte pudo evitarse con un adecuado protocolo. Todas las trabajadoras de New Holland consultadas coinciden en que la empresa falló en la aplicación de medidas preventivas, como el respeto al distanciamiento físico y un adecuado suministro de equipos de higiene y protección dentro de la maquila.

De novena a tercera causa de muerte

La mayoría de casos de COVID-19 en Nicaragua fueron categorizados como neumonía atípica, según expertos independientes de la salud, quienes han reclamado al gobierno por un supuesto subregistro en los casos.

Estas denuncias provocaron el despido de al menos ocho especialistas de sus centros públicos de salud. Los afectados denunciaron que sus despidos derivaron de sus críticas al manejo de la crisis sanitaria del gobierno: por haber reclamado equipos de bioseguridad para proteger la vida del personal de la salud y por solicitar que se fomentaran medidas de prevención en la población.

Mercedes Somarriba, pediatra infectóloga, aclara que la conexión entre los casos se debe a la situación sanitaria mundial. Pero advierte que hasta ahora no tiene una evidencia clara de si es COVID-19 porque el Ministerio de Salud monopoliza y centraliza las pruebas en un único laboratorio. La más reciente alternativa, y solo para los que salen de Nicaragua, es pagar 150 dólares, siempre al ministerio. Los médicos no pueden acceder a la información. Lo único que asegura es que los casos de neumonía atípica aumentaron y por ende en un contexto epidemiológico como el actual se crea un nexo entre estos.

El Mapa Nacional de la Salud del ministerio refleja que la neumonía pasó de ser la novena causa de muerte más común en Nicaragua durante los últimos tres años, a ser la tercera causa de defunciones en el país, con un acumulado de 2.612 muertes por neumonía entre enero y agosto de este año.

La teoría de un subregistro se fortaleció ante las denuncias ciudadanas sobre los llamados entierros exprés, como el de “la abuelita”, en los que trabajadores del Ministerio de Salud entregaban ataúdes sellados a los familiares, a pesar de supuestamente no tratarse de casos de coronavirus. El departamento de comunicación de New Holland no respondió a las solicitudes para brindar su versión sobre los contagios internos vinculados con el fallecimiento de Cerda.

El Ministerio de Salud reconoce solo 4.533 casos positivos y 158 muertes hasta el 10 de noviembre. El Gobierno actualiza sus datos cada martes, pero no elabora mapas de zonas de riesgo ni sistematiza de forma pública la información acumulada.

El independiente Observatorio Ciudadano reporta el doble de casos sospechosos e informa de 2.786 muertes sospechosas por COVID-19, en base a reportes ciudadanos. En el número de fallecimientos, incluye tanto los casos confirmados del coronavirus, como aquellos catalogados como neumonía, que corresponden al 5% de las muertes registradas por el Observatorio.

La negación gubernamental al cierre de las fronteras y los negocios frente a la pandemia responde al hecho de que una cuarentena oficializada golpearía aún más la debilitada economía del país producto de la crisis sociopolítica. En abril de 2018, Nicaragua enfrentó un estallido social producto de la aplicación de una polémica reforma al Seguro Social.

La violenta respuesta de la Policía Nacional y grupos paramilitares afines al gobierno para reprimir las manifestaciones estudiantiles desencadenó una fuerte indignación en la sociedad nicaragüense. Las movilizaciones en Nicaragua dejaron un total de 325 personas fallecidas y más de 2.000 heridas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Solo en Costa Rica, país con el que persiste un mayor flujo migratorio, se registró un aumento del 1.376% de personas nicaragüenses solicitantes de asilo.

Meza, su mamá y La abuela

Durante varias semanas, Meza, la amiga de Cerda y Baquedano, soportó las fuertes fiebres. También el dolor en el cuerpo, la dificultad para respirar y la pérdida del gusto y el olfato.

La primera en contagiarse fue su mamá, Yadira Juárez Morales, que trabajaba también en New Holland en un área de empaque. La mamá fue a ver al médico de la clínica de la empresa. El doctor le confirmó que sus síntomas estaban relacionados con la COVID-19.

Seis días después, Meza también empezó a mostrar signos de contagio. La empresa le planteó que o iba a la clínica o pedía vacaciones. Por miedo de elevar el riesgo de contagio, tomó las vacaciones para tratarse desde casa.

Luis Espinoza, sindicalista independiente en New Holland, asegura que la empresa a veces no rellenaba los puestos de alcohol colocados de la fábrica. Dice que solo se les entregó una mascarilla de tela que tuvieron que lavar diariamente durante dos meses. Tuvieron que confeccionar sus propias mascarillas con los trozos de tela que encontraron. No fue sino hasta después de que se presentaron contagios dentro de New Holland que inició a aplicar medidas de protección para sus colaboradores.

Meza y Baquedano ya no trabajan en New Holland. Tras superarse los contagios internos, la compañía despidió a 884 trabajadores sin previa notificación. Según la empresa, las marcas de ropa Under Armour y Nike redujeron sus pedidos debido a la pandemia. Situación que niegan al menos dos obreros que continúan dentro de la maquila. Aseguran que la producción ha mantenido su ritmo habitual.

El 27 de julio, los más de 800 trabajadores que se presentaron a trabajar, notaron que dos largas filas se extendían en la entrada de la maquila. Quienes marcaran su carnet podían ingresar. A quienes no les marcara, significaba que estaban despedidos y debían pasar a retirar sus cheques.

Un grupo de 50 trabajadores, liderados por Baquedano, rechazaron retirar sus cheques. Se dirigieron al Ministerio del Trabajo para consultar el porqué de sus despidos. En el Ministerio de Trabajo se les informó que los despidos ya habían sido acordados con los sindicatos de la empresa en junio.

“Trabajamos bajo pandemia, trabajamos enfermos con COVID-19, yo traje el contagio para mi casa, todas llevamos el contagio a nuestros hogares”, dice. Extiende una pausa —a causa del recuerdo de Cerda— y dice: “Me preocupa la violencia que vivimos humanamente, laboralmente, en esta industria”.

Baquedano se pone en pie y camina hacia una pequeña mochila ubicada frente a ella. Contiene papeles. Entre ellos, el documento del acuerdo sindical con el gobierno y varias epicrisis. Constatan que la mayoría, como ella, sufre de enfermedades crónicas, lo cual violenta otro acuerdo firmado por la empresa en el cual se detalla que aquellas personas crónicas serían enviadas a sus casas con goce de salarios por la pandemia. Ella tiene cáncer de tiroides.

En un país sumergido por una crisis, los temas políticos están a la puerta de todas las agendas. Desde la llegada a casa de Baquedano, cuenta que su padre fue preso político por participar en las protestas de 2018. Comparte que fue tal el asedio que sufrió su familia en ese entonces, que perdió el miedo a denunciar. El pasado 4 de septiembre denunció junto a 159 compañeros por la vía legal a la empresa para que se les reintegre a sus puestos. Pero advierte de la afinidad que existe entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos con el partido del Frente Sandinista, que gobierna el país.

De bordar a la ropa usada

Meza, la bordadora que trabajaba con “la abuelita”, pasó varias horas al sol el día de los despidos. No pudo negarse a recibir el cheque, tenía varias deudas por pagar. Pero su liquidación se redujo a 323 dólares, un pago que Meza no considera justo. Por los ocho años de trabajo y su sueldo de 200 al mes, según la ley, tuvo que recibir, al menos 1.600. Aunque tiene 27 años, padece de diabetes, hipertensión, sufre de tendinitis en un hombro, de túnel de carpio en ambas manos, y tuvo un accidente laboral que le dejó dañado un nervio de una pierna de forma permanente, todas estas enfermedades que desarrolló durante los años que trabajó dentro de la maquila.

Desde entonces, vende ropa usada. Vive cerca del Sistema Penitenciario La Modelo y aprovecha los días de visitas, porque se vuelve transcurrida la zona para vender. Algunos días gana entre 50 córdobas (1,44 dólares) y 100 (2,89 dólares) al día. Entre risas, dice que una vez vendió apenas 10 córdobas, es decir 0,28 dólares.

Su madre por otro lado, continúa laborando para New Holland. Aunque no por mucho tiempo: le dieron una extensión del contrato por dos meses. El padre de Meza cuenta solo con una pensión reducida. Y tiene tres niños. Su hija de cuatro años padece de epilepsia, por lo que tiene grandes gastos en medicamentos.

Según la madre de Meza, no ha habido ninguna alteración en los pedidos, asegura que el trabajo continúa igual. New Holland reasignó personal en las áreas donde antes estaban las personas despedidas, como su hija, que espera que la contraten de nuevo: “La situación económica del país está dura, y pues los reales (dinero) se van rápido”.

Esta es la historia de una doble crisis, la sanitaria y la sociopolítica. También es la de cientos de trabajadoras que debieron tratarse a su suerte desde sus hogares, un despido masivo de personas con enfermedades crónicas y una obrera cuya causa real de muerte pudo no ser reconocida.

El coronavirus hace explotar la peor crisis en la excapital mundial de los pantalones vaqueros

Sat, 05 Dec 2020 21:47:16 +0000

En Tehuacán, la excapital mundial de la fabricación de vaqueros, los salarios de la industria textil han bajado, el trabajo ha disminuido y se ha perdido el 40% de los empleos. Lejos ha quedado la época de bonanza, ahora el municipio vive su tercera recesión en lo que va del siglo.

De fábrica textil a espacio feminista: trabajadoras salvadoreñas se defienden ante los despidos por la pandemia

Una puerta corrediza hecha de aluminio y hojas de vidrio conecta la calle sin pavimentar con el amplio dormitorio de Patricia Hernández Reyes. El piso de tierra consigna las huellas de los zapatos.

Desde abril de 2020, la habitación de paredes sin resanar funciona también como su lugar de trabajo y el salón de clase de sus dos hijos adolescentes. Por eso, además de la vieja cama de madera sin colchón, hay dos máquinas de coser de segunda mano.

Sin titubeo, la mujer de 33 años elige sentarse en una silla de plástico frente a una de las máquinas y permanece inmóvil, aunque su mirada inquieta va de un lado a otro. A finales de mayo, ella y su mamá pidieron un préstamo de 20 mil pesos mexicanos (775 euros) para comprarlas y así conseguir un ingreso extra.

Aunque todo vaya en contra, Patricia sonríe reiteradamente: sumandos los intereses, su deuda asciende a 45.000 pesos mexicanos (1.747 euros), que deberá liquidar en un plazo máximo de 18 meses.

La epidemia de coronavirus afectó su economía y la de miles de familias que dependen de la industria de la confección en Tehuacán, el segundo municipio más poblado del estado de Puebla, con 319.000 habitantes. El desarrollo económico de este lugar depende principalmente de la industria manufacturera, pero no hay datos actualizados sobre el número de maquilas de confección vigentes y el número de personas que emplean.

A finales de marzo, el gobierno mexicano declaró al país en emergencia sanitaria y ordenó la suspensión temporal de las actividades no esenciales, así como el resguardo de la población trabajadora en sus domicilios.

Algunas maquilas de confección en Tehuacán pararon operaciones. Muchas otras detuvieron sus líneas de producción de ropa para incursionar en la fabricación de productos sanitarios como mascarillas, batas quirúrgicas e incluso bolsas para guardar cadáveres.

La pequeña maquiladora sin nombre donde labora Hernández no fue la excepción. Primero pasó de fabricar pantalones de mezclilla para el mercado nacional a mascarillas. Pero cuando la producción se agotó, la empresa suspendió las actividades y el salario de su personal durante una semana y, después, durante un mes y medio más.

En junio, la empresa retomó su labor, pero a partir de entonces sólo empleó a Patricia Hernández y a otras seis costureras durante dos días a la semana y no siete como antes, por lo que les redujo el salario. Antes ganaban 800 pesos a la semana (31 euros) y ahora 500 (20 euros) si les va bien. Además, su sueldo es abonado de manera paulatina.

Apoyándose en los trabajos de costura que realiza por su cuenta y, ocasionalmente, de la venta de gelatinas, donas y aretes de fibra que ella misma hace, Hernández intenta sobrellevar los gastos que le significa ser madre soltera en tiempos de pandemia. “Me veo obligada a buscar diferentes formas para pagar mi préstamo y sacar adelante a mi familia. A veces tengo que velar para sacar el trabajo o quitarme el pan de la boca”, menciona.

La tercera crisis y la peor

Martín Barrios Hernández guía el recorrido por Tehuacán, territorio que a finales de 1990 fue considerado la capital mundial de los pantalones vaqueros, por el auge de sus maquilas de mezclilla que fabricaban prendas de prácticamente todas las marcas globales, como Levi's, Calvin Klein, Guess y Tommy Hilfiger.

El hombre, de ojos pequeños y nariz ancha, viste cómodo: tenis, pantalón de manta y una playera negra con letras blancas que dice Defender es proteger nuestro territorio. A sabiendas de que será una jornada larga, trae consigo una mochila en la que introdujo un suéter y una libreta.

A sus 48 años, el activista es un referente de la lucha obrera e indígena en el lugar que vio nacer a la etnia popolaca, tras haber dedicado más de la mitad de su vida a acompañar y a asesorar estas causas. Para ello fundó, en 2002, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán.

El aprecio que le tienen las obreras es notorio, pese a la distancia física que deben guardar para evitar la propagación de la COVID-19. Se conectan mediante los recuerdos de sus hazañas y el cruce de miradas cómplices.

De los cinco hogares de costureras visitados, el de Patricia Hernández es el más alejado de la zona metropolitana de Tehuacán. Se encuentra en Santa Ana Teloxtoc, localidad de 1.300 habitantes caracterizada por su alto grado de marginación. El trayecto es de 43 kilómetros en carretera hasta topar con un terreno plano de cactus y yucas, ubicado al pie de los cerros Viejo y de la Tarántula.

Los 40 minutos de traslado en vehículo son insuficientes para agotar la charla con Martín Barrios, cuya memoria es una enciclopedia sobre la historia de la industria del vestido en Tehuacán. En sus páginas consta la instalación de las primeras maquilas de confección en la década de 1960, así como el empuje que tuvo el sector 30 años después, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Lejos de la bonanza, hay un capítulo que consigna las peores crisis. Destacan las de 2001 y 2007, originadas por la contracción de la economía en Estados Unidos, primero a causa de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y después por la crisis hipotecaria que atravesó aquel país. Ambos episodios provocarían que los salarios de la población obrera se redujeran a la mitad y que migraran de Tehuacán la mayoría de las marcas globales, empujando así la consolidación de un mercado prioritariamente nacional, que es el que perdura.

La crisis de 2020 a causa de la Covid-19 sería la peor, de acuerdo con Martín y las obreras consultadas. Esto es así porque en otros momentos, tuvieron al menos la posibilidad de protestar para cambiar sus condiciones laborales, a diferencia de hoy que ni siquiera se reúnen por temor a contagiarse de la enfermedad.

Además, porque los tribunales laborales permanecieron cerrados seis meses, lo que imposibilitó que las empleadas se quejaran formalmente de los posibles abusos y arbitrariedades cometidos por sus empleadores.

Con la voz áspera que lo caracteriza, Martín advierte que los momentos de crisis son cruciales porque es cuando más se precarizan las condiciones de trabajo, al ser aprovechados por los patrones y los sindicatos para “cargar el costo a los obreros”.

Costureras de mascarillas

Sobre la máquina de coser, hay una pila de rectángulos de tela quirúrgica que Patricia Hernández transformará en mascarillas para protegerse de la Covid-19. Sentada frente a su herramienta de trabajo, la mujer de piel tostada y cabellera oscura muestra cómo lo hace.

Primero toma un trozo de tela azul y hábilmente desliza el contorno por la aguja de la máquina previamente alimentada con carretes de hilo del mismo color. En menos de un minuto, termina el dobladillo. Para finalizar, coloca el elástico a la pieza y la deshebra.

La actividad parece sencilla porque está a cargo de una costurera que ha trabajado durante 12 años en diferentes maquiladoras de Tehuacán, de las que ha tenido que salir ya sea porque le disminuyen el salario o simplemente porque las cierran.

Hernández no eligió dedicarse a este oficio, pero se embarazó de su primer hijo al terminar el bachillerato. Como muchas otras mujeres de Tehuacán, cesó los estudios y se incorporó a la industria maquilera como una opción de sobrevivencia.

Ella hubiera preferido destinar más tiempo al béisbol, el deporte que la apasiona y que varios integrantes de su familia han practicado como pasatiempo. Evidentemente emocionada, presume que fue la primera mujer de Santa Ana Teloxtoc que jugó en una liga fuera de su comunidad. Como prueba, muestra las fotos que atesora en su cuenta de Facebook.

La jefa de familia se sujeta a su máquina de coser. Entrecruza las manos para un mejor agarre y clava la mirada en la torre de tela para mascarillas que tiene a su izquierda. Comenta que pese al adeudo que contrajo, la compra de este aparato le ha permitido tener un ingreso extra ahora que el trabajo en la maquila donde labora disminuyó.

Como ella, muchas personas y grupos familiares en Tehuacán debutaron en la manufactura de productos sanitarios, en su intento de conservar el empleo durante la etapa más crítica de la pandemia de la Covid-19. También incursionaron en el negocio las grandes maquiladoras y los pequeños talleres de costura que han proliferado en el lugar.

En marzo pasado, las trabajadoras de Tehuacán llegaron a fabricar más de un millón de mascarillas a la semana para el consumo local y para ser enviadas a China y Estados Unidos, según la Cámara de la Industria del Vestido en Tehuacán.

Sin embargo, reconoció que esta actividad, que colocó a la ex capital mundial de los blue jeans como la principal proveedora de mascarillas a nivel nacional, generó un ingreso mucho menor que el de la confección de prendas de vestir.

La mano de obra fue la más resentida. Los testimonios de las obreras entrevistadas coinciden en señalar dos situaciones: que los patrones de las grandes maquiladoras y de los pequeños talleres recortaron a la mitad los salarios, y que en otros casos dejaron de asumir el costo total de la jornada laboral para pagar por pieza de mascarilla elaborada.

Todo ello, pese a la dificultad que significó para el personal costurar las mascarillas con la maquinaria que utilizan para las prendas de mezclilla que son mucho más gruesas. Las máquinas de coser no funcionaban o se atoraban.

Las personas y familias que hicieron negocio por su cuenta tuvieron que enfrentarse, en tanto, a los precios impuestos por los “coyotes” –personas que fungen como intermediarios con los empleadores–, quienes están pagando entre 30 y 70 centavos (US$0.014 y US$0.033, respectivamente) la hechura de cada mascarilla.

De junio a septiembre, Patricia Hernández elaboró 4,500 mascarillas sencillas (las que no tienen tablones) con su propia máquina de coser, pero el coyote con el que hizo negocio se las pagó al precio más bajo del mercado. La mujer que quería ser beisbolista apenas pudo ganar 1,350 pesos (US$64), 55 mascarillas por dólar.

Debido a la poca ganancia que obtuvo de la hechura de mascarillas y a que la maquila donde laboraba dejó de pagarle el de por sí recortado salario, en octubre, Hernández dejó atrás la costura y aceptó un trabajo para hacer tortillas.

El despido de trescientas

A diferencia de la costurera Patricia Hernández, Angélica Carrera Reyes habita en la zona urbana de Tehuacán, que concentra 80% de la población del municipio y también la mayoría de los complejos maquileros.

La dinámica del espacio público retrata esta realidad. El movimiento alrededor de las fábricas inicia a partir de las 7:30, cuando el personal empieza a arribar a los centros de trabajo que, en algunos casos, carecen de insignia que los identifique. La mayoría de las personas se traslada a pie o en bicicleta. Otras van en transporte público y las menos se mueven en motocicleta.

Es viernes a las ocho de la mañana. La jornada en la fábricas arranca, mientras Carrera arriba a su casa. Acaba de regresar del mercado de su colonia donde compró su despensa porque ahí todo es más barato. Viste pantalón de mezclilla y sudadera rosa. El armazón de sus lentes topa con la visera de su gorra.

La madre de tres hijos se encuentra desempleada desde agosto pasado. De otra manera no estaría en su domicilio, sino en las instalaciones de la maquiladora Hera Apparel, un amplio complejo de muros de tabique gris donde laboraba.

El 31 de julio pasado, sin previo aviso, esta empresa dedicada a la fabricación de prendas de mezclilla para la marca estadounidense True Religion se declaró en quiebra, dejando sin empleo a unas 300 personas, en su mayoría mujeres. Angélica Carrera y su esposo se cuentan en esta lista. Ella pegaba tapas a los bolsillos traseros de los pantalones.

Cerca del 40% del personal de las maquiladoras de confección instaladas en el municipio fue despedido por el cierre de varias empresas, según la Cámara de la Industria del Vestido en Tehuacán. A otra parte del personal lo mandaron a descansar indefinidamente sin goce de sueldo, tras el impacto económico que produjo el brote de coronavirus.

El caso de Hera Apparel, dedicada a la fabricación de prendas de vestir de exportación e importación, fue el más sonado por el número de personas que resultaron afectadas. También porque varias de ellas se atrevieron a denunciar públicamente que la empresa les estaba ofreciendo únicamente 35% de lo que les correspondía por concepto de liquidación.

Angélica Hernández se negó a recibir los 10,400 pesos (US$490) que pretendían darle los dueños de Hera Apparel por siete años de trabajo. Le pareció una injusticia porque cuando la despidieron de la maquiladora Tarrant Apparel Group, por el cierre de operaciones en 2003, le dieron 17,000 pesos (US$809) por dos años y ocho meses de servicio.

La mujer de cara redonda y semblante afable pide a las autoridades mexicanas atender de manera urgente la situación que se vive en Tehuacán, donde se cuentan por miles las y los obreros que perdieron su fuente de trabajo durante la pandemia.

“Ojalá que esto llegue a oídos del gobierno que piensa que nos liquidaron muy bien, pero no es cierto. Que sepan que mucha gente que trabajamos en las maquilas perdimos nuestra fuente de trabajo y que seguimos en el desempleo”, dice Angélica. Su pose de brazos entrecruzados refrenda su demanda.

La Confederación Patronal Mexicana calculó que se perdieron 12,000 de los 40,000 empleos que genera la industria maquiladora, así como los hoteles y restaurantes, desde que inició la cuarentena.

Tras el cierre de Hera Apparel, la patronal se fue de Tehuacán, por lo que no fue posible consultarlos durante el trabajo de campo. Posteriormente, se les pidió entrevista vía telefónica, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Tres máquinas como liquidación

Angélica Carrera cruza el comedor de su casa, que también es una habitación, y avanza hacia la cocina. Topa con un pequeño cuarto teñido de lila, donde hay amontonadas tres máquinas de coser de segunda mano.

Es el pago en especie que recibió como liquidación por parte de Hera Apparel, luego de que se uniera al pequeño grupo que decidió exigir lo que les correspondía por ley. Aunque el valor de los aparatos no satisface lo que marca la legislación mexicana, sí supera los 10,400 pesos (US$490) que inicialmente le ofrecían.

La liquidación es la indemnización que el patrón debe pagar cuando la responsabilidad de la rescisión es suya. La Ley Federal de Trabajo de México establece que este pago se compone de tres meses de salario por concepto de indemnización, 20 días de sueldo por cada año trabajado, una prima de antigüedad, más la parte proporcional de las prestaciones.

La costurera se coloca frente una de las máquinas que obtuvo. Dice que aún no sabe qué hacer con ellas. Una opción es venderlas y la otra es montar su propio taller. Ambos caminos son complicados: las máquinas requieren reparación y es difícil emprender un negocio en el contexto actual, reflexiona.

Antes de cumplir la mayoría de edad, Angélica se inició en el oficio de la aguja y la tela para poder mantener a su primer hijo. Con 28 años de trayectoria, la mujer fracasa en su intento por contabilizar todas las maquiladoras donde trabajó. Recuerda que la primera fue Diseños Hank, que ya no existe. Después vinieron otras pequeñas de producción de camisas y pantalones, donde no tuvo prestaciones.

Su paso por la maquiladora Tarrant Apparel Group, 17 años atrás, fue el más significativo. En esa fábrica propiedad del empresario de origen libanés Kamel Nacif –popularmente conocido como El rey de la mezclilla– se gestó la primera lucha independiente del sector obrero en Tehuacán, de la que fue partícipe. Entre marchas y paros laborales, conoció y aprendió a defender sus derechos humanos y laborales.

Entonces conoció también a Martín Barrios, un amante del punk que al enterarse de los abusos patronales que ocurrían en Tarrant, como despidos injustificados, repartió un volante en el que llamaba a la organización obrera.

El panfleto sería el detonante del movimiento que luchó por arrancar el poder a la Confederación Regional Obrera Mexicana, acusada de ser un sindicato leal a los intereses patronales y ajeno a las causas de la población trabajadora. Y aunque lograron el objetivo, Tarrant terminó por cerrar sus puertas y, como consecuencia de la presión ejercida, las y los trabajadores pudieron al menor tener una liquidación justa.

Martín Barrios y Angélica Carrera permanecen en contacto desde entonces. Luego de varios meses sin encontrarse producto de la epidemia de la Covid-19 y de sus propias rutinas, se saludan de forma afectuosa. En un diálogo fluido, intercambian información sobre su situación actual, sobre sus familiares y las personas que ambos conocen.

Antes de despedir a las visitas, Carrera convida de los plátanos y manzanas que compró esa mañana en el mercado local, el único lugar donde se surte desde su despido de Hera Apparel para intentar estirar al máximo el poco ahorro que le queda. Ni ella ni su marido han podido conseguir empleo.

Barrios sostiene que los derechos laborales en la industria textil de Tehuacán han ido en picada a partir de 2008. Y es que ahora la población obrera demanda el acceso a un empleo para subsistir, obviando el tema de las prestaciones sociales. Además, las batallas ya no son para conseguir un contrato colectivo, sino para que las maquilas indemnicen lo mejor posible o simplemente porque no se vayan sin pagar.

La crisis por la Covid-19 consolidó el retroceso. El momento fue aprovechado por los empresarios del sector para acelerar la aplicación de medidas a su conveniencia, tales como la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, la disminución de los salarios y el recorte indiscriminado de la planta laboral.

Son las 13 horas de aquel viernes. El sector obrero vuelve a apropiarse de las calles de Tehuacán, esta vez con tupper en mano. En pequeños grupos, comen sobre aceras y camellones. Quienes no llevan almuerzo, compran en los puestos callejeros. El más característico es el de las mujeres de Santa María Coapan, que tienen fama de hacer las mejores tortillas de la región. En canastas y bolsas de mandado típicas transportan, flautas y tacos.

Las obreras consultadas refieren que sí existen medidas para evitar los contagios de la Covid-19 al interior de las maquilas, como la obligatoriedad de usar la mascarilla y de desinfectarse las manos al ingresar. Pero guardar la sana distancia es prácticamente imposible en ese ambiente.

La salida de las fábricas es a las 18 horas, salvo para quienes cumplen jornada extra. Se observa de nuevo el desfile de la clase trabajadora. Las manos teñidas de azul por el contacto permanente con la mezclilla delatan al sector.

Las trabajadoras cuentan muchas historias sobre los patrones y los encargados de las maquilas. La mayoría son de maltrato y abuso hacia las personas que están a su cargo, tanto en el trato cotidiano como en el ejercicio de sus derechos laborales. Para el caso de las obreras se suman situaciones de acoso y abuso sexual que permanecen en la impunidad.

Qué sería si cada prenda de mezclilla, si cada mascarilla, llevara grabada en su etiqueta la historia de la persona que la maquiló.

Empleadas del gigante textil de Guatemala, golpeadas por defender sus derechos laborales en pandemia

Luis Ángel Sas, Oliver de Ros, Elsa Cabria, Ximena Villagrán, Pablo J. Álvarez — Fri, 04 Dec 2020 21:36:26 +0000

La compañía Winners, propiedad de la macroempresa surcoreana SA-E, resultó ser el escenario de una paliza y del despido de tres mujeres sindicalistas.

La líder sindical dice que cerró los ojos. Se aferró con sus manos a una reja de metal del área de producción de la fábrica. Sintió los tirones de cabello y los puñetazos en su rostro. Dos compañeras fueron golpeadas y amenazadas de muerte por protegerla. Ella resistió varios minutos. Hasta que sintió el dolor de una mordida quemándole la mano izquierda.

Tres trabajadoras la golpearon. La llevaron a la oficina de recursos humanos de su fábrica, ante la mirada de muchas empleadas. Así lo atestigua un vídeo que un empleado grabó con su móvil. Según la sindicalista, la llevaban para obligarla a firmar su renuncia. El 7 de septiembre de 2020, Odilia Caal puso fin a la fuerza a su contrato con la maquila textil Winners, tras 14 años de trabajo.

Tres semanas después de la paliza, relata su historia en la mesa de un café del centro histórico de Ciudad de Guatemala. La sindicalista de metro y medio de estatura y fuertes brazos dirige su mirada a la fuerte lluvia que cae en el exterior. Algunas lágrimas se asoman en sus ojos negros, pero se contiene. “No he llorado, ni voy a llorar” dice Caal, de 32 años, ahora exempleada de Winners y fundadora de Sitrawinners, un pequeño sindicato que agoniza.

Winners fabrica prendas para las marcas GAP, Banana Republic, Old Navy y para los grandes almacenes Walmart, en Canadá, Estados Unidos y México. Es una de las seis fábricas que el gigante textil surcoreano SAE-A tiene tiene en Guatemala, el primer país al que llegó fuera del continente asiatico, en 2003.

La relación diplomática con Corea del Sur comenzó en 1962. Pero fue en1974 cuando el país asiático abrió en el país su primera sede de Centroamérica. Según la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (CGCC), hay unos 10.000 residentes surcoreanos. Alrededor de 150 empresas se dedican a la industria textil, lo que representa el 40% del sector.

La maquila surcoreana Winners está en un complejo de bodegas privadas de máxima seguridad en el municipio de Mixco, a 13 kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala. Desde 2005, no paga aranceles, impuestos de importación ni IVA por los productos que ingresan al país como materia prima para sus actividades, un beneficio que aplica a todas las maquilas en el país.

Casi veinte años después, Winners fue una de las compañías autorizadas como industria esencial durante el confinamiento por la COVID-19. Llegado ese momento, Odilia Caal dice que ya era muy incómoda para la empresa. En marzo, trabajaba para la reinstalación de siete compañeros despedidos en 2018 de manera injusta.

En Centroamérica, SA-E también tiene maquilas en Costa Rica y Nicaragua. En este último país, hay un precedente de presunto acoso y despido de tres sindicalistas por parte de la empresa que llegó a los tribunales y concluyó con la reincorporación de dos de ellos.

Los siete trabajadores de Winners en Guatemala también ganaron el juicio, con apoyo de organizaciones y de Caal. Lograron regresar a sus puestos. Esto, dice la sindicalista, molestó a la empresa, que advirtió al resto de trabajadores que si judicialmente se ordenaban más reinstalaciones, iban a cerrar y todos perderían sus trabajos. Esto provocó, según Caal, la paliza que recibió.

Caal denunció ante la Fiscalía. Asegura que Winners utilizó a integrantes del otro sindicato mayoritario para golpearla y obligarla a irse. La violencia contra la sindicalista es comprobable en los vídeos que algunos trabajadores grabaron aquel 7 de septiembre y que le compartieron a Caal. No es posible verificar que las tres mujeres fueran obligadas por la empresa a golpearla porque Winners evitó dar declaraciones.

Durante más de un mes, El Intercambio solicitó entrevistas vía telefónica con los administradores de Winners para contrastar las acusaciones. La jefa de recursos humanos, Alicia Sajché, se ofreció dar respuestas. En una de las llamadas, declaró: “La lengua no tiene hueso” (una manera coloquial de decir que las personas mienten). Yo hablaré con el gerente y les diré cuándo pueden venir“.

La jefa de recursos humanos no ha respondido más. Ni el gerente administrativo, Daniel Kim. Ni SA-E, a la que se envió un correo electrónico al servicio de consultas. Tampoco la Municipalidad de Mixco —que recibe donaciones de la empresa—reaccionó a la solicitud de contacto directo con la maquila.

Como último recurso, el 12 de noviembre, El Intercambio visitó la sede de Winners. Al ser preguntado por el caso de Odilia Caal, el gerente de la empresa dijo que estaba en horario de trabajo y que no podía responder. Pidió a personal de la fábrica que invitara a salir del lugar a los periodistas. Estos solicitaron un número de teléfono, e indicaron que evaluarían dar una respuesta en el futuro.

Las 66 autorizadas

El 16 de marzo, el Gobierno de Guatemala anunció el cierre del país durante seis meses por la pandemia de la COVID-19. Al día siguiente, el presidente delegó en el ministro de Economía la decisión de qué empresas operarían como servicios esenciales. Solo once días después, el Presidente modificó las medidas y el ministerio dejó de dar permisos para operar. En teoría, ya solo autorizaba transporte. Una forma alternativa de permitir el funcionamiento.

La autorización favoreció a 7.487 empresas. Entre estas, 66 maquilas recibieron permisos como industria esencial. El Gobierno nunca dio los nombres —aunque se solicitaron mediante ley de acceso a la información y a través del departamento de comunicación del ministerio—, pero fueron obtenidos por El Intercambio a través del grupo parlamentario Semilla.

Una cosa fue la burocracia de los permisos y otra, la realidad. La totalidad de las 331 maquilas que operan en Guatemala permanecieron activas. Así lo admite la patronal textil ocho meses después. “Todas operaron. No cerró ninguna. Se mantuvo el trabajo para los empleados”, explicó Alejandro Ceballos, director de la patronal textil Vestex.

Las denuncias sobre posibles contagios en maquilas llegaron al Ministerio de Trabajo y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Estas entidades comenzaron a realizar inspecciones en la tercera semana de abril para determinar si se cumplían medidas de distanciamiento y sanitarias. En la segunda semana de mayo, trascendieron los primeros casos de contagios en maquilas. Algunos alcaldes y diputados pidieron el cierre de estas fábricas.

Cinco trabajadoras de Winners aseguran que el trabajo en la maquila continuó sin detenerse durante los meses donde se reportaron más contagios. Esto sucedió en las fábricas de un país cuya patronal textil calcula que el 46% de sus empleadas son mujeres. Winners no dice lo contrario porque eligió no dar declaraciones. Lo cierto es que de más de 15.000 denuncias presentadas en el Ministerio de Trabajo hasta julio, 4 fueron contra Winners por presuntos contagios. Nunca trascendieron los casos.

Vestex recibió una solicitud el 15 de mayo del Consejo Nacional de Organización Textiles, la patronal textil de Estados Unidos, para que no cerrara las maquilas. Y se la trasladó al ministerio de Economía. Como consecuencia, varias empresas se dedicaron a fabricar 80 millones de mascarillas, pero fueron negociaciones privadas.

Los contagios, sostiene Ceballos, se produjeron por no haber cerrado. En las dos primeras semanas de mayo se reportaron 250 casos en dos maquilas: Texpia II, propiedad de SA-E, y KP. Las cifras reales nunca trascendieron. “Eso fue el lado malo”, opina.

A partir de agosto, el sector maquilero de ropa de Guatemala fue el más competitivo del norte de Centroamérica, según Ceballos, porque gestionó contratos que los países vecinos no pudieron atender. Por dos razones: El Salvador no consideró industria esencial a la maquila y Honduras priorizó la vestimenta sanitaria y las mascarillas.

El bus amarillo estaba a cinco minutos de llegar a la fábrica textil. Eran las 6:30 horas del 13 de agosto, cuando dos oficiales de la Policía Nacional lo detuvieron. Estaban esperando al Enano, en un semáforo, justo antes de llegar al parque industrial. Los agentes acusaron al conductor de que el día anterior había intentado agredir a uno de sus compañeros, según el testimonio posterior de dos pasajeras.

Uno de los policías anunció que el vehículo estaba decomisado. Pidió la licencia al conductor y éste se negó a entregarla, recuerda Cindy. El Enano sugirió que uno de los agentes lo acompañara a dejar a las obreras. Dijeron que no. Las trabajadoras protestaron. No se querían bajar. Una de las operarias grabó un vídeo con su celular.

Aquel 13 de agosto, la detención policial escaló de nivel. “Miren, jóvenes, yo voy a tirar gas [lacrimógeno] ahorita, si nadie se quiere bajar”, amenazó uno de los policías. Un par de jóvenes en el interior del vehículo lo retaron: “Tírelo”. Cindy escuchó un chasquido y la unidad se inundó de humo. Las cuarenta pasajeras empezaron a gritar.

Algunos saltaron por las ventanas. Pero la mayoría en esta asfixiante carrera salió por la puerta del bus. Lloraron y se maldijeron. Cindy observó cómo un trabajador era pateado por sus compañeros mientras intentaba salir del bus. Otro cayó sobre un vehículo.

Minutos después del ataque, las víctimas fueron atendidas por personal de la maquila donde trabajaban: 16 sufrieron algún trauma, cuatro fueron trasladadas al Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) y 12 fueron incapacitadas temporalmente por efectos del gas lacrimógeno. Una de las incapacitadas fue Cindy. Cuando intentaba escapar del gas, escuchó gritos en el suelo. Intentó no pisar a su compañero. El salto salvador le costó un esguince en el pie izquierdo. Permaneció 21 días sin trabajar.

La noticia del bus gaseado fue viral en Honduras el 13 de agosto de 2020, pero luego cayó en el olvido. El Enano desapareció de Champerío, la comunidad de la colonia López Arellano donde vivía. A algunos conocidos les dijo que prefería irse de su casa tras haberse involucrado en un asunto con la policía.

Un policía a juicio

La brutalidad policial y militar en Honduras ha sido evidente en los momentos de crisis política. Durante el golpe de Estado de 2009, las fuerzas policiales y militares reprimieron las manifestaciones con un saldo de 20 asesinatos. Pero dos años después, la Policía Nacional entró en crisis por una serie de asesinatos cometidos por sus miembros y por sus vínculos con el crimen organizado. La depuración policial comenzó en ese entonces y se destapó el problema estructural en esa institución.

Para las elecciones del 2017, la Policía Nacional y el Ejército reprimieron las protestas de fraude electoral. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) identificó un patrón común en 22 muertes producidas por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los culpables de esta violencia no han sido juzgados. En enero del 2020, Leonel Sauceda, uno de los altos jerarcas de la Policía, fue encarcelado luego que no pudiese justificar 14 millones de lempiras (476.480 euros).

Un día después de que la policía gaseara el bus del Enano, la Policía Nacional reconoció que los dos oficiales aplicaron un procedimiento “inadecuado” al discutir con los pasajeros y detonar una bomba de gas lacrimógeno. Inadecuado, pero no excesivo. Condenó el hecho con un comunicado y suspendió temporalmente de labores en la calle a los dos agentes involucrados.

El portavoz nacional de la Policía, Jair Meza, aseguró semanas después a Contracorriente que el incidente con el Enano fue consecuencia del día anterior. Porque padecían “estrés laboral”. El alto oficial redujo el incidente a una falta y excusó a los agentes que atacaron el bus. “Hay muchas personas que no quieren hacer caso”, justificó ignorando que los empleados de la maquila no desobedecían, solo iban a trabajar en bus.

Tras dos meses de investigaciones, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) recomendó el despido para el oficial que lanzó la bomba. Pero consideró que el otro agente no tuvo participación activa en los hechos. Fue una recomendación, pues la decisión final corresponde a la Secretaría de Seguridad.

El caso está en los tribunales. La Fiscalía acusa al oficial de delimitación e impedimento de derechos fundamentales de las pasajeras del bus. El delito se produce cuando los funcionarios de gobierno violan derechos garantizados por la Constitución. El acusado irá a juicio, pero podrá defenderse en libertad.

Jerzees Nuevo Día lamentó el atentado mediante un comunicado. “Investigaremos este incidente y se procederá a realizar las gestiones pertinentes para evitar que este tipo de acontecimientos se repita”, reza el comunicado. No fue posible contactar con la empresa para obtener declaraciones sobre el día en que la policía tiró gas pimienta a un bus privado contratado por Jerzees para llevar operarias.

Aquel 13 de agosto, a las seis de la mañana, había unos 815 empleados de Jerzees yendo a trabajar en 13 autobuses privados. Los trabajadores reciben un salario mínimo mensual de 8,226.39 lempiras (370.45 dólares). Para preservar el empleo y obtener una bonificación extra deben superar el 100% de la meta de producción diaria. Es lo que se llama un récord de alta productividad.

Cindy lo tiene muy presente cada día al salir caminando de su casa hacia uno de esos buses. Aquel 13 de agosto, quería llegar al 110%. Su objetivo es ahorrar para apoyar a su hija de 17 años a estudiar en la universidad. Muchas empresas maquiladoras, como Jerzees, obligaron a las obreras a regresar al trabajo sin garantizar un transporte que las recogiera en su casa para llevarlas a las fábricas. Cindy, cada día, bajaba —y lo sigue haciendo— a las 6:10 de la mañana por la empinada calle que la lleva de su pequeña casa al punto de buses donde esperaba al Enano para trasladarse a Jerzees.

La pasajera del asiento intermedio

Cindy, 34 años, la empleada que se hizo un esguince en el incidente del bus, comenzó a trabajar en la maquila a los 18 años. Es mestiza, ojos grandes, pelo lacio y de voz fuerte. Durante la conversación, está muy seria. De cómo huyó del asiento intermedio del bus, sobre todo recuerda la urgencia.

Vive en la colonia López Arellano, donde habita casi la mitad de la población de Choloma y uno de los lugares más poblados del país. De allí es la mayoría de la plantilla de Jerzees que viajaba en el bus del Enano. Su nombre se lo debe a Oswaldo López Arellano, un militar que gobernó Honduras durante ocho años tras un golpe de Estado en 1963.

En el sector López Arellano viven unas 132.000 personas diseminadas en unas 40 colonias, según datos gubernamentales. Este sector es caliente, expresión que refleja su alto índice de criminalidad. Solo por debajo de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Una banda denominada La Rumba le disputa esta plaza a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Pelean territorios para vender droga y extorsionar a los negocios grandes de esta zona. La población sobrevive mayoritariamente del trabajo en la maquila, las remesas y el empleo informal.

Cindy es una mujer de pocas palabras. Actualmente vive en un pequeño cuarto que alquila por 1.200 lempiras (41 euros) mensuales. En la casa funciona también una pequeña tienda, donde se vende arroz, frijoles, azúcar y refrescos de cola. En esa pequeña pieza vive con sus dos hijas. La que cumplirá 17 años, estudia la secundaria. “Quiere ser psicóloga o abogada, será lo que a ella le guste”, dice Cindy ilusionada. Su otra niña tiene nueve años y está en la escuela primaria.

Cindy pide anonimato porque siente temor. No aclara si a las represalias en su empleo o por haber estado involucrada en una escena donde aparece la Policía Nacional. Mientras conversamos hace gestos de dolor. Después de 15 días del incidente en el bus, su pie izquierdo aún sigue inflamado por la contusión producida al escapar del gas lacrimógeno.

“Pensábamos que nos íbamos a ahogar”, arranca Cindy. En medio de aquella nube negra, mientras buscaba con desesperación respirar algo que no fuese humo, escuchó la voz de un hombre que pedía a gritos no ser pateado. Ella intentó no golpearlo y saltó. Caminó y vomitó. Desorientada se sentó a la orilla de la carretera. Cuando se quiso levantar, no pudo. Su pie izquierdo se había hinchado y estaba morado. También se golpeó la mano.

Fue trasladada al IHSS donde le indicaron que tenía un esguince en el tobillo y le dieron una incapacidad por 21 días. Durante este tiempo solo recibiría de Jerzees el 25% del salario mínimo. El IHSS no cubrió sus medicamentos y tuvo que comprar un analgésico inyectable que cuesta 206 lempiras (siete euros). Cindy se colocó más de diez dosis. Tuvo que regresar a trabajar con dolores por el esguince. Al menos, dice con alivio, no se contagió de COVID-19 en esa ida y venida al hospital. En seis meses de pandemia seis trabajadores del sector maquilero fallecieron por el virus —cuatro hombres y dos mujeres— y 151 más recibieron atención por contagiarse en las fábricas hondureñas, según datos oficiales del IHSS.

Contagios en la fábrica

María Medina, sindicalista de Jerzees, asegura que hubo contagios de trabajadores en su maquila y que dos compañeros murieron de la COVID-19. Aunque no determinó si estos se contagiaron en el trabajo. Esto no detuvo la operación de la fábrica, advierte la mujer cuya victoria más recordada fue lograr la reapertura de Jerzees Honduras en septiembre de 2009, después de que esta cerrase sus operaciones como medida de presión por la creación del sindicato. En enero de 2008, 1.300 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos.

En Jerzees, como en la mayoría de fábricas, los trabajadores fueron enviados por decreto de vacaciones obligatorias. Patrono y trabajador debían conciliar. La realidad es que los empleados fueron enviados de vacaciones sin su consentimiento.

Representantes de trabajadores, patrones y gobierno acordaron apoyar a los trabajadores suspendidos con una aportación solidaria de 6.000 lempiras (204 euros). El gobierno entregó la mitad para cada empleado.

El Estado invirtió más de 18 millones de euros en los empleados del sector maquilador. Solo a Jerzees Nuevo Día, le dio 5.358.000 lempiras (182.328 euros) para 892 obreras y obreros suspendidos. Esto alcanzó para pagar un bono de 100 euros a cada trabajador por dos meses. Con este acuerdo la industria maquilera no tuvo que destinar grandes cantidades para cubrir los salarios de sus empleados suspendidos, quienes sí tuvieron que acomodarse a un recorte en sus ingresos.

La pasajera del asiento de atrás

Maritza iba en el asiento de atrás del bus amarillo el 13 de agosto. Como su compañera Cindy. Con 41 años, es una mujer alegre de voz suave y pausada. Mientras hablamos con ella en su casa, su perro Oso, merodea y nos vigila.

Maritza prefiere hablar desde el anonimato, su historia no es fácil. No se llama así, así que tampoco elige un apellido falso. Llegó a trabajar en una fábrica de capital chino cuando solo tenía 15 años. Era menor de edad, por lo que usó documentos prestados de otra persona. Así funcionaba antes, dice ella, que llegó de un pueblo en el occidente del país.

Desde entonces han pasado 26 años. Es madre soltera desde que su pareja la abandonó. “Nunca quise ponerle padrastro a mis hijos”, dice esta mujer de tez blanca y mechas en su cabello castaño. Trabajando en la maquila, Maritza pudo criar a sus hijos. La mayor, de 24 años, es secretaria bilingüe. Su hijo, de 21, es mecánico automotriz. Ambos también se dedican a trasladar personal de empresas en un microbús que Maritza les compró.

Hace cinco años, Maritza compró una casa. Lo hizo con prestaciones laborales que recibió cuando Jerzees cerró en 2008 y con ayuda del abuelo paterno de sus hijos. “Si me voy por bajo rendimiento, no me iré avergonzada porque un día fui estrella (tuvo alta productividad)”, dice con un brillo especial en los ojos.

Maritza cuenta que en la calle donde vive en la López Arellano, es la única que utiliza mascarilla. En Jerzees sí hubo contagios, añade. Pero a su juicio hay poca responsabilidad de la empresa en esto. Durante la jornada laboral la empresa emite recordatorios a través de altoparlantes. A cada momento, se repite que no está permitido platicar y que las mascarillas y caretas son obligatorias. Hay abundante gel de alcohol, pero dice que muchos están cansados de los protocolos de seguridad. Algunos los ignoran en espacios no supervisados.

Aquel jueves 13 de agosto, Maritza abordó la unidad y se fue a los asientos traseros. Confirma que parecía que los policías estaban esperando el bus. Escuchó la conversación entre el piloto y los policías. Al Enano le dijeron que había tenido un problema el día anterior cuando intentó atropellar a otro agente de policía. Ella sostiene que no fue así. “El conductor nunca tuvo intenciones de dañar a nadie”, asegura.

“El bus tronó”

“Hubo un chispazo. Tronó el bus. Sentí que saldríamos volando en pedazos”, dice mientras hace ademanes y eleva la voz.

“Pensé que me iba a morir. No podía respirar y pedía agua, pero a señas. Sentía una gran picazón en la garganta”. Entre empujones y gritos, salió por la puerta. Al recuperar el aliento, comenzó a llorar. Entró en un colapso nervioso. “Gritaba que nos iban a matar”. Necesitó media hora para recuperar la calma. Su hijo, el mecánico, pasó por ella.

Su ceño se frunce cuando le preguntamos qué siente ahora al mirar a un agente de seguridad pública. “Ellos (la policía) no tienen piedad para quererlo matar a uno”, dice.

La maquila sigue operando. En la carretera principal, cerca de donde ocurrió el ataque al bus de las obreras de la maquila, se pueden ver decenas de personas, familias enteras pidiendo dinero. El largo confinamiento ha convertido en mendigos a miles. Cindy, Maritza y María, que no pararon de trabajar, agradecen mantener su empleo.

La vetusta unidad, con placa A-AE-4688, permanece en la Unidad Metropolitana Policial número 10. Está ubicada en la comunidad de Río Nance, a nueve kilómetros de donde ocurrió la agresión policial. En la parte frontal del vehículo decomisado aún resiste el rótulo con la leyenda Jerzees Nuevo Día. Después de la huida del Enano, el dueño del bus ha intentado recuperar su vehículo sin suerte.

Hasta ahora el único detenido es el bus amarillo.

De fábrica textil a espacio feminista: trabajadoras salvadoreñas se defienden ante los despidos por la pandemia

Wed, 02 Dec 2020 21:37:30 +0000

Tras un despido sin indemnización, un grupo de trabajadoras se convirtió en un caso excepcional en El Salvador. Ocuparon su lugar de trabajo para exigir la deuda que los dueños se niegan a pagar después de cerrar la empresa y acabaron convirtiendo la fábrica textil en un lugar de aprendizaje con enfoque de género

La maquila Florenzi ya no es maquila. Desde el 8 de julio del 2020, Industrias Florenzi es una fábrica textil tomada por sus trabajadoras. Las mujeres que durante años marcaron su entrada en jornadas de ocho horas por un sueldo mínimo, ahora pasean por la fábrica desierta que han hecho temporalmente suya.

Las máquinas de coser, los hilos, los botones y las prendas dejaron de ser materiales de trabajo para producir blusas Pierre Cardin. Son rehenes de las nuevas jefas de Industrias Florenzi. La nave es un campamento, donde 113 extrabajadoras resisten para recibir las compensación que les corresponde. La fábrica permanecerá bajo su control hasta que el propietario les pague su indemnización, prestaciones laborales y los cuatro meses de salarios que les debe. Sino, irán a las cortes y buscarán quedarse legalmente con la fábrica. Negocian sin contraparte. Pese a las denuncias, la demandas y la toma de sus instalaciones, el dueño no responde.

El 18 de marzo, el presidente Nayib Bukele ordenó el cierre durante cuatro meses de las 152 maquilas (fábricas textiles que importan sus productos sin pagar aranceles y los comercializan en el país de origen de la materia prima, generalmente EEUU) y call centers de El Salvador por su alta concentración de trabajadores. A diferencia de Honduras y Guatemala, el trabajo de las fábricas textiles no fue considerado esencial, lo que forzó a las fábricas a detener operaciones, retrasar la producción y pagar salarios mientras durase la emergencia. Muchas maquilas no cumplieron con los pagos. Entre ellas Industrias Florenzi.

Esta maquila operó 35 años en Soyapango, un municipio industrial del área metropolitana de San Salvador. La empresa no resistió el cierre temporal obligatorio y el 8 de julio una gerente anunció a las más de doscientas empleadas que Florenzi estaba en quiebra. Hasta entonces, contaba con clientes como la marca de uniformes sanitarios Grey's Anatomy by Barco y la de ropa de diseño Pierre Cardin. También subarrendaba a otras empresas.

Industrias Florenzi es parte de un complejo extenso compuesto por tres naves. En Soyapango, en el área metropolitana de El Salvador. En la primera, la más grande, las 210 empleadas trabajaban durante ocho horas diarias en corte y confección, carga y empaquetado de blusas formales.

En el nacimiento de Florenzi se vieron involucradas personas importantes en la vida social y política salvadoreña. Durante su primer año de funcionamiento, Carlos Humberto Henríquez, fue el apoderado judicial de la maquila. Durante 2014-2017, fue director de la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). La CEL es una empresa estatal que genera energía eléctrica a través de la explotación del Río Lempa, el río más grande de El Salvador y la geotermia.

El dueño y representante legal de Florenzi fue Roberto Pineda, quien murió el 12 junio de 2020, en medio de la pandemia. Años atrás, también fue director del Club Campestre Cuscatlán, el club social más exclusivo de El Salvador, donde la élite se reúne a jugar al golf.

Desde la muerte de Letona, Florenzi quedó en manos de su hijo Sergio Pineda, quien hasta la fecha no se ha presentado a reunirse con las trabajadoras.

Después de múltiples correos y llamadas a Sergio Pineda, actual representante legal de Florenzi, se visitó la residencia de los Pineda Letona para pedirle una entrevista. La vivienda está en las Lomas de San Francisco, una de las zonas más lujosas de El Salvador. El personal doméstico se negó a recibir la solicitud impresa. Hasta el cierre de este reportaje no se ha obtenido respuesta de Pineda.

La familia Pineda, dueña de la maquila, no pagó los cuatro meses de los salarios que le debían a las más de doscientas empleadas por la pandemia, ni la indemnización por los años trabajados. Para compensar, les ofreció una máquina de coser marca Singer o Brother.

De ser nuevas, su coste rondaría los 200 dólares (165 euros). Pero las máquinas llevaban más de 10 años funcionando. Casi la mitad aceptó. A otras las cuentas no les salían. Las que hicieron cálculos fueron 113 mujeres. Ellas ganaban 300 dólares al mes (248 euros), el salario mínimo en El Salvador. Según los cálculos de ese grupo de empleadas, Industrias Florenzi les debe, solo en salarios, más de 500.000 dólares (413.857 euros), por los últimos cuatro meses de trabajo de todas las trabajadoras.

El 8 de julio, esas 113 mujeres no solo empezaron una lucha legal. También se apropiaron del plan estatal lanzado por el partido Arena en los años 90. La clave del grupo político de derecha fue utilizar a las maquilas como uno de los grandes proyectos tras la guerra civil (1980-1992). La clave del entonces partido de gobierno fue reproducir el formato al que le apostaron todos los gobiernos centroamericanos: fábricas textiles con incentivos fiscales como generadoras de empleo, a cambio de mano de obra barata. El negocio funcionó y hoy hay 17 zonas francas con exoneración de impuestos, que generan más de 56.000 empleos. La mayor parte de la ropa producida por estas maquilas es importada por Estados Unidos.

La historia de Florenzi es la de unas mujeres que pelearon contra ese sistema neoliberal en donde los pobres cosen lo que los ricos visten. Sus exigencias conllevaron primero denuncias en el ministerio de Trabajo, la Fiscalía y la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero el cambio frente al modelo de protesta laboral, heredado de los movimientos sociales salvadoreños del siglo XX, fue el enfoque de género que las 113 le dieron a la toma al aliarse para recibir talleres con asociaciones feministas locales.

La primera de las 113

Nery Ramírez, de 40 años, dedicó siete años a Florenzi. Cosía el cuello de las blusas Pierre Cardin. Como no le alcanzaba, en los almuerzos vendía dulces para tener un ingreso extra. Ahora es la lideresa de las 113 mujeres. Su casa la usa para bañarse, lavar ropa o cambiarse. Por las noches, duerme con el resto de mujeres sobre colchonetas en los pasillos de Florenzi. El resto de su tiempo es una inversión política.

Habitar la maquila no es cómodo. No tienen muebles y se organizan en bancas o sillas de plástico. Consigue platos de comida para los grupos de cinco mujeres que hacen guardia. El menú es casi invariable: café, huevos, frijoles, arroz y tortillas que preparan ellas en cocinas pequeñas y fogatas en la acera.

La toma de Florenzi empezó por los derechos laborales de 113 mujeres y se convirtió en una lucha que las trabajadoras definen como feminista. Reciben charlas semanales gestionadas por colectivos feministas, como la organización Ormusa, que se adhirieron para darle enfoque de género a su causa. “Como hemos aprendido a romper patrones de violencia, muchas mujeres ahora entienden que no son objetos ni esclavas en el hogar y ahora los esposos ya no quieren que vengan”, dice Nery Ramírez.

Nery Ramírez pasa los días en la acera de la entrada a la fábrica: habla con abogados, periodistas o activistas y coordina víveres y ayuda. No supera el metro y medio de estatura, morena y de cuerpo grueso. Siempre usa una camisa gris de manga larga bajo una camiseta dos tallas más grande. Es para evitar que la queme el sol. Usa gorras que esconden un pelo corto y un cubrebocas negro de tela. Cuida a las mayores y se preocupa por las que están más enfermas. También es la encargada de la disciplina, las regaña si no cumplen sus tareas, como sacar el toldo bajo el que se sientan.

Aún cuando hace chistes, la voz de la lideresa de las 113 nunca pierde un tono formal. Como si permanentemente estuviera dando declaraciones. Ese tono de voz lo ha entrenado desde 2006, cuando inició como líder sindical en otra maquila, de la cual también la despidieron sin compensación salarial. Tres años después, la echaron de otra fábrica textil. Y, en 2020, de Florenzi.

Conoce de memoria cada detalle de las trabajadoras y los recita cuando hace una denuncia pública. Habla de todas menos de ella. Esta ex sindicalista ve el cambio en sus compañeras: “La vez pasada me contó una que por primera vez le dijo a su familia que ya no era su cholera (empleada doméstica); el esposo le dijo que le planchara la ropa y ella se negó”. Cuando cuenta la historia se ríe con orgullo. Ramírez no solo dirige los turnos de guardia, la cocina y la limpieza, también las batallas legales de unas trabajadoras que afrontan la situación decididas a marcar un precedente.

Las trabajadoras intentan no acercarse a las naves. Han hecho su espacio en la acera, frente a la calle y el pasillo de la entrada pero entran solo cuando es necesario. Las 113 son cuidadosas de no tocar nada. Las naves se mantienen cerradas e intactas desde el día en que tomaron la fábrica: cualquier daño a los materiales puede traerles peores consecuencias.

Maquileras y empoderadas

En El Salvador, la movilización feminista contemporánea ha estado más enfocada en la lucha por derechos reproductivos. Pero cuando Kayla Cáceres, de la asociación Colectiva Amorales, se enteró de la situación de Florenzi, se sintió reflejada: su mamá y su hermana trabajaron en la misma maquilas años atrás. Su hermana aún era menor de edad mientras trabajaba en la maquila.

Cáceres llevó la historia a la Colectiva Amorales y el caso se empezó a mover entre agrupaciones feministas. Organizaciones como Ormusa y la Red de defensoras de derechos humanos se comenzaron a presentar de manera regular en la maquila hasta convertirse en sus mayores aliadas. Así las 113 se aprendieron a organizar en las protestas, a dar a conocer su caso y a entender la importancia del acompañamiento político. La mayoría de las ex empleadas de Florenzi apenas habían oído hablar de feminismo hasta que se cruzaron con Kayla Cáceres.

El 17 de agosto, alrededor de 40 exempleadas protestaron en contra del ministro de Trabajo, Rolando Castro. Alegaban que el ministro ha protegido al dueño de la maquila y no a los intereses de las trabajadoras. Detuvieron el tráfico en el centro de gobierno, una zona de oficinas de gobierno que aglutina a la mayoría de ministerios, Procuraduría General de la República y Asamblea Legislativa. Se encuentra a pocos kilómetros del centro histórico de El Salvador, uno de los bulevares más transitados del país.

Con micrófonos y pancartas, exigían la renuncia del ministro y justicia en el caso. Sabían dónde protestar. Ahí la prensa conoció a las trabajadoras de Florenzi. En medio de la división de la carretera, bajo los 30 grados de San Salvador, Nery Ramírez tomó el micrófono y con voz alta dijo: “Más violaciones a los derechos y al ministro Castro no lo ven. Nada ha cambiado, ¿dónde están nuestros derechos? ¿solamente plasmados en los libros? Solo para gente pudiente y a nosotros no nos atienden. Mientras no alcemos nuestras voces, no nos vamos a dar a conocer”.

Las compañeras movían las pancartas, otras tomaban el micrófono para también exigir las respuesta del ministro. Grupos feministas radicales encapuchadas, como el colectivo Majes Emputadas, gritaban consignas. Cáceres también las acompañaba y las trabajadoras coreaban con ellas. A su alrededor los carros les pitaron por el tráfico que generaron, pero en dos horas de protesta, a una calle del ministerio de Trabajo, el ministro no salió a recibirlas.

“El valor que uno tiene para tomar este tipo de acciones no es de cualquiera [...] Algo que me ha motivado y me ha dado coraje es la injusticia, porque es bastante indignante las condiciones en las que estamos viviendo. Esto no es nuevo y las autoridades lo callan”, respondió Ramírez sobre por qué decidió organizar la protesta.

El ministro Castro las acusó en su cuenta de Twitter de manipuladas y mentirosas. El político alegó en la red social que nunca las ignoró. Dijo que las recibió más de 15 veces. Las trabajadoras aseguran que solo fue una vez. Semanas después, aclaró a Gato Encerrado que él no las recibió, que fueron varios integrantes de su equipo. Se desentendió del caso.

Castro adujo que el Ministerio de Trabajo no tenía “las suficientes herramientas legales” para ayudarlas y que el proceso ya estaba en los tribunales. Si el ministro hubiera atendido antes las exigencias de las 113, su protesta no habría llegado a etapa judicial.

El 28 de agosto, sucedió un hito para el grupo de trabajadoras. Cáceres —la hija y hermana de ex maquileras— se sentó junto a Ramírez en la comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa para denunciar el caso ante un grupo de diputados. Gracias a las protestas en el centro de gobierno, diputados de distintas fracciones se acercaron a ella para escuchar sus exigencias y las invitaron a la comisión. El dictamen fue unánime: recomendaban al ministro de Trabajo defender los derechos laborales de las trabajadoras.

Las trabajadoras aprenden a decir “no”

El jueves 22 de septiembre, la ministra de Vivienda, Michelle Sol —a raíz de la presión de las colectivas y la presión en redes sociales— se comprometió a reunirse con las 113 trabajadoras, llevarles alimento y escucharlas. No llegó. Envió 90 bolsas junto con su equipo de vídeo, que tomó las fotografías para mostrar en redes sociales que su ministerio dio el donativo.

Mientras Nery Ramírez observaba a sus compañeras hacer fila para recoger el alimento, reflexionaba en voz alta sobre el taller. La palabra 'sororidad' es la que más retumbaba en su cabeza por trabajar tan de la mano con tantas mujeres. Pero el feminismo es una palabra que todavía le producía incomodidad.

“Para ser feminista, hay que prepararse antes de tomarse el derecho de llamarse así. Debe de haber preparación. Las compañeras cada vez están más empoderadas, luchando y defendiendo. Yo puedo decir que estoy 50% y 50%, porque me hace falta, pero esto es una lucha feminista porque las que llevamos la batuta acá somos mujeres”.

Un mes después, en una casa comunal, a unos metros de Florenzi, una trabajadora anotaba como una estudiante todo lo que el instructor dicta sobre accidentes laborales. Se llama Elsa Chávez , tiene 49 años y laboró en Florenzi desde 1995. Hasta ahora, nunca había escuchado sobre derechos laborales. Tras más de 20 años en Industrias Florenzi, ahora asiste al taller. No lo dijo en la reunión, pero todas sus compañeras lo saben: cuando su hija menor tenía 12 años, fue violada por su padre. Ella lo denunció y la niña parió un bebé con síndrome de down. Elsa se hizo madre por cuarta vez con el bebé de su hija.

Cuando su nieto nació, en 2012, Industrias Florenzi le dio un adelanto de su indemnización. El niño de 13 años es hoy su hijo menor. Industrias Florenzi le debe ocho años de indemnización que se traducen en 2.400 dólares (1.983 euros), sin contar sueldos restantes, fondo de pensiones y seguro social. Con ese dinero quiere cuidar a su nieto antes de jubilarse.

Por personas como Elsa Chávez, Industrias Florenzi ha pasado de ser una maquila a un espacio de aprendizaje de derechos. Las asociaciones imparten a las exempleadas talleres de derechos laborales, género, educación y salud sexual, en los que se les insiste la importancia de chequeos médicos y ginecológicos. Algunas dicen que las ha ayudado a empoderarse a nivel personal y en su causa laboral. La mayoría son mujeres que superan los 40 años y aún dudan en llamarse a sí mismas feministas.

En las concentraciones y protestas algunas bailan y corean a todo pulmón: “El patriarcado se va a caer”. Otras lo hacen, pero con mucha vergüenza. Muchas no gritan, pero dicen que, aunque ellas no se identifiquen como feministas, la toma de la maquila es una lucha feminista.

El entorno de Florenzi es principalmente femenino, la mayoría son mujeres casadas, madres y abuelas. Los talleres han permitido crear espacios seguros para que muchas se identifiquen por primera vez como mujeres lesbianas o bisexuales en espacios cómodos.

A pesar de que la mayoría son mujeres adultas que provienen de hogares religiosos, muchas de las trabajadoras han encontrado espacios más cómodos y amorosos en la maquila que en sus casas. A Kayla Cáceres, de Colectiva Amorales, le impresiona ese proceso de reconocimiento de la diversidad sexual.

Otras mujeres han aprendido a reconocer situaciones de violencia y han conversado sobre el consentimiento sexual. En estos talleres descubrieron que pueden negarse cuando no quieren tener relaciones sexuales con sus maridos. Algunas no sabían que negarse era una posibilidad.

En cuatro meses, las 113 pusieron denuncias ante la Fiscalía, ante el Ministerio de Trabajo, hicieron visitas a oficinas de gobierno y protestaron. Para las trabajadoras de Florenzi la toma es una lucha, aún si eso significa pelear legalmente la maquila y quedarse con ella. Mientras resisten en los vestigios de lo que meses atrás fue su lugar de trabajo, las máquinas de coser retenidas acumulan polvo entre el equipo y la ropa que protegen como su única garantía de justicia.

Todas las trabajadoras se apoyan en Nery Ramírez. A ella le comienza a pesar esa carga. En su casa, necesitan que comience a trabajar para pagar la luz y el agua. Esto sumado al silencio del dueño de Florenzi, le estresa y desalienta. Algunas ya se comenzaron a rendir. Abandonaron la toma porque necesitaban apoyar en sus casas. Ellas pasan de vez en cuando y les llevan frutas, pollo o carne para ayudarles con el dinero que ahora ganan.

De las 113, ahora quedan 106.

MAPA | La brecha económica de la movilidad en Madrid: las zonas ricas se desplazan en coche y las pobres, a pie

Raúl Sánchez, Fátima Caballero, Pablo J. Álvarez — Sat, 07 Mar 2020 19:48:53 +0000

Nuestra renta condiciona cómo nos movemos en nuestro día a día: el uso del coche destaca entre los municipios más ricos y los desplazamientos caminando entre los de menos renta

Los viajeros que llegan o salen de la exclusiva urbanización de La Moraleja (Alcobendas), el barrio más rico de España, no se mueven de la misma forma que los que se trasladan cada día desde o hacia San Cristóbal de Los Ángeles, el barrio más pobre de la capital madrileña. Mientras que el coche es prioritario entre los primeros –73% de los viajes–, el transporte público y los trayectos a pie son la principal opción de transporte para los segundos –30% y 40%, respectivamente–.

No es un caso único. El coche es el principal modo de transporte de los desplazamientos que se inician o terminan en las urbanizaciones y zonas residenciales de Boadilla del Monte, que se encuentran entre el 1% más rico de Madrid. En el centro del municipio sureño de Leganés, los desplazamientos a pie o en transporte público son mayoritarios.

Los microdatos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid en 2018 analizados por eldiario.es muestran estas brechas de movilidad entre las zonas ricas y pobres; el centro y los municipios de la periferia; y el sur frente al norte y el este. La encuesta detalla cómo fueron los desplazamientos de los residentes de la comunidad autónoma en un día laborable por cada una de las 1.259 zonas geográficas de transporte, una escala aproximada de división territorial entre el barrio y la sección censal.

Para Miguel Álvarez, consultor del Mobility Institute de Berlín, estos primeros datos terminan con el “cliché” de que las políticas orientadas a menguar el uso del coche perjudican a los más pobres. “Siempre se dice que con estas medidas se quita el coche a los que menos tienen, pero los datos demuestran que los mayores usuarios del vehículo privado son las clases altas”, apunta Álvarez.

Los resultados, que muestran cómo el uso del vehículo particular había aumentado respecto al anterior estudio, señalan también cómo los desplazamientos en coche son mayoritarios en la corona periférica de Madrid mientras que los trayectos a pie o en transporte público son los más usados para los viajes con origen o destino el centro de la ciudad.

En el siguiente mapa mostramos esas diferencias de movilidad entre municipios, barrios y calles de toda la Comunidad de Madrid. Los datos determinan el número de desplazamientos con origen o destino en cada una de las zonas de transporte delimitadas por la encuesta según el transporte prioritario utilizado en el desplazamiento. Es decir, cuántos viajes se iniciaron o finalizaron en cada área en función del modo de transporte principal del viaje: bus, metro, cercanías, a pie, coche particular, bicicleta o taxi. Ver metodología

¿Nos trasladamos igual para ir o salir de cada zona de Madrid? ¿Se mueven igual las zonas residenciales del sur que las de el norte? Por ejemplo, en las áreas que cubren parques y zonas verdes nos movemos caminando, a las universidades se accede en transporte público y al aeropuerto y los centros comerciales principalmente en vehículo particular.

Fuente: Encuesta de Movilidad de Madrid

Esta geografía de la movilidad muestra cómo nos movemos para ir o venir de cada zona de la comunidad autónoma pero no cómo se desplazan sus habitantes. Por ejemplo, las áreas principalmente comerciales, lugares de centros de trabajo, sedes de las universidades, hospitales o aeropuertos atraen a muchos viajeros pero tienen muy pocos residentes.

Esto tiene que ver con el diseño de la ciudad y también de la región, explican los expertos. Un modelo que disgrega los servicios, la zona residencial y el trabajo, provoca que sea menos sostenible en términos medioambientales.

“La región ha crecido de espaldas a un planteamiento estratégico que integrase criterios de sostenibilidad. Ha crecido a golpe de intereses especulativos generando una región aún más desigual: se ha aumentado la polarización residencia-trabajo, se han segregado los núcleos urbanos y desconectado de los servicios públicos y se han generado mayores necesidades de consumo imitando prácticas del capitalismo fordista”, explica Samuel Romero. Es decir los trayectos largos son ineludibles.

Pero, ¿se mueven igual los residentes de las zonas más pobres y ricas de la Comunidad de Madrid? Para descubrirlo, analizamos los datos de los desplazamientos realizados por los habitantes de cada uno de los municipios madrileños según el transporte principal utilizado.

← Más pobre Más rico →

Cada punto representa un municipio de Madrid en función de la renta media (de izquierda a derecha) y por proporción de viajes realizados en coche particular (abajo a arriba).

El tamaño de la burbuja indica el número de habitantes del municipio

En la izquierda están los municipios madrileños con rentas inferiores a los 30.000€. Con la excepción de la ciudad de Madrid, los municipios del sur de la Comunidad son los que menos usan el coche para desplazarse

En la derecha se encuentran las localidades con más de 50.000€ de renta media. En estos municipios, el coche es mucho más prioritario: desde el 50% de los viajes para los residentes de Alcobendas hasta el 70% de Boadilla del Monte

Curiosamente, el transporte público no es el gran perjudicado por el uso del coche: la proporción de viajes en metro, cercanías o bús es bastante similar entre los municipios más ricos y más pobres de Madrid.

El porcentaje solo se dispara dentro de la ciudad de Madrid

La diferencia radica principalmente en los viajes a pie. Los residentes de los municipios más ricos realizan menos trayectos caminando que los de menos renta.

¿Qué quiere decir esto? Que en las localidades más ricas se están sustituyendo los viajes que se realizan en otros municipios a pie por trayectos en coche. Una cifra que coincide con la densidad de población: más viajes en coche a menos habitantes por kilómetro cuadrado

Los municipios más ricos de la periferia con muchas urbanizaciones residenciales son los que más utilizan el vehículo particular. El 62% de los desplazamientos entre los residentes de Pozuelo de Alarcón fueron en coche privado, en Boadilla del Monte alcanzaron el 69%; y en Las Rozas, el 65%.

Una cifra que señala como las zonas ricas han priorizado el coche frente a los trayectos a pie o en transporte público respecto a otros municipios periféricos del sur de Madrid. En Getafe, los viajes en vehículo particular solo suponen el 41%; en Leganés, el 36%; y en Parla, el 41%.

Una movilidad muy ligada al urbanismo y el modelo territorial de cada municipio. “Las políticas urbanísticas pensadas por y para el vehículo privado, en torno a especulaciones urbanísticas desconexas del entramado urbano y la polaridad residencia-trabajo hace que el uso del coche siga creciendo”, explica a eldiario.es el ingeniero de caminos Samuel Romero.

Las urbanizaciones exclusivamente residenciales, por ejemplo, obligan al uso del coche privado para desplazarse ya que no existen redes de transporte público, locales comerciales o de ocio para el resto de actividades cotidianas.

Los municipios más ricos, que principalmente se encuentran en el norte de la ciudad, se han diseñado con un tipo de urbanismo “muy americano”, apunta Marta Serrano, consultora de movilidad y fundadora de Mujeres en Movimiento. “Son urbanizaciones donde no se puede ir caminando a comprar el pan, para ir al colegio. Toda actividad que se quiera hacer está lejísimos. Pero no es solo eso, sino que, además, carecen de aceras para caminar y de infraestructuras para la bicicleta: todo está pensado para ir en coche”, añade.

Para entender este urbanismo cabe remontarse a los años 70, cuando se produjo el éxodo rural. En ese crecimiento de la ciudad de Madrid y los municipios colindantes se produjeron dos modelos de desarrollo muy distintos. “En los barrios y municipios de renta baja, la ciudad siguió creciendo siguiendo principios de proximidad y densidad, probablemente de forma forzada por la falta de recursos de los y las habitantes”, explica Samuel Romero.

“En ese éxodo, se produjo también el crecimiento de municipios del norte de Madrid asociados a rentas altas que huían del desborde de los núcleos urbanos”, continúa el ingeniero de caminos. “Los municipios del norte asociaron su crecimiento a un urbanismo de baja densidad y con una absoluta dependencia del coche. Ese foco se potenció como ejemplo de urbanismo moderno en detrimento de la sostenibilidad de nuestra región”, insiste.

Pero este modelo se está replicando en las ciudades con desarrollos residenciales que imitan a los de los municipios más adinerados. Los famosos PAUs, manzanas semicerradas con espacios comunitarios interiores, como piscina y un jardín, comparten con esas localidades su diseño con grandes rotondas y avenidas, manzanas cerradas y alta dependencia del coche.

“San Chinarro es un ejemplo de ello. Son barrios menos densos y en los que hay menos mezcla de uso (colegios, polideportivos, supermencados...). ”Hemos pasado a hacer grandes manzanas cerradas hacia dentro en las que en el exterior no hay comercio de barrio“, recuerda Miguel Álvarez, consultor del Mobility Institute de Berlín.

No extraña el hecho de que las zonas ricas son también las que presentan mayores ratios de vehículos por hogar entre las grandes ciudades madrileñas. El récord se lo lleva Boadilla del Monte, que tiene una tasa de casi dos vehículos por hogar en el término municipal. Una tasa que baja casi a la mitad en municipios como Leganés o Getafe. La consecuencia es clara: “Una vez que tienes más de un coche, lo usas más”, incide Serrano.

Aunque la mayoría de viajes diarios en coche que se realizan dentro de la Comunidad de Madrid tienen como destino la casa o residencia principal, más de 500.000 trayectos diarios son para compras; 260.000 para ir al médico; 240.000 para ocio; e incluso más de 170.000 desplazamientos diarios para hacer deporte o dar un paseo.

Para Romero, la política de transporte de la región y la gestión de Cercanías “puede comprobarse que es pésima”. “Los desplazamientos asignados a estos modos son muy pequeños por lo que se entiende que la mayoría de desplazamientos laborales se hacen en coche”, añade. Para el ingeniero de caminos los desplazamientos a pie “parecen responder a movimientos distintos a los laborales ya que, si atendemos al reparto residencia-empleo del atlas de la movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de Madrid, los municipios que concentran más población (sur) son los que tienen la oferta de puestos de trabajo más baja. Sucede al contrario en el norte”.

Por ejemplo, la mayoría de viajes con origen o destino en las áreas donde se ubican los grandes centros comerciales se hacen en vehículo particular. En la zona de la Feria de Madrid, que atrae más de 30.000 viajeros cada día, el transporte más utilizado es el coche a pesar de contar con su propia parada de metro.

Esto también se explica por el modelo de diseño. “Las pésimas políticas de ordenación del territorio de Madrid han derivado en la extrapolación de estos modos de desarrollo al resto de la región de la misma forma que el capitalismo fordista nos impuso necesidades adicionales que han derivado en un modelo totalmente antiecológico”, incide Romero.

Los datos no solo muestran el motivo sino también la distancia de los viajes en coche propio que realizan los habitantes de la comunidad. Más de 870.000 desplazamientos en vehículo privado al día, según la encuesta, se hacen para cubrir una distancia inferior a un kilómetro. Los trayectos en coche que cubren entre 1 y 2 kilómetros suponen casi 950.000 cada día del año.

La Laboral de Gijón, la imponente fortaleza franquista que alberga una pugna política estéril: "No es el Valle de los Caídos"

Mónica Zas Marcos, Pablo J. Álvarez — Sun, 01 Mar 2020 19:36:04 +0000

Recorremos el edificio más grande de España, un complejo de 27 hectáreas donde sigue retumbando el franquismo y la polémica

Es el edificio más grande de toda España, ocupa 130.000 metros cuadrados y se engloba en un complejo de 27 hectáreas. Para hacerse a la idea, es cuatro veces más grande que el monasterio de El Escorial y su superficie casi triplica la del Camp Nou, el estadio más grande de Europa. El complejo asturiano está siendo objeto de polémica por si debe incluirse o no en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, a la Laboral de Gijón le urgen otros asuntos que preocupan a expertos en historia del arte y conservación.

La razón que divide a la opinión pública y a los partidos asturianos es el origen franquista del monumento. La idea de la Universidad Laboral nació en la II República y con la loable intención de abrir un orfanato para los hijos de los mineros fallecidos en accidentes. Pero quienes tomaron la decisión de construirlo finalmente fueron los funcionarios del Ministerio de Trabajo de Franco en 1946 (hasta el 1956) bajo una premisa algo distinta a la anterior.

La Laboral pasó de ser un hospicio corriente a una “institución dedicada a formar en las doctrinas de la Revolución Nacional, de inspiración católica y española, a los huérfanos de los mineros a fin de que, ganados para la verdad y la emoción de la patria, puedan ser para ella herederos de la obra”. Si bien queda claro el adiestramiento que se impartía en esas aulas, no hay constancia de que su enorme estructura fuese erigida con mano de obra republicana, a diferencia del Valle de los Caídos.

De hecho, el mausoleo ubicado en Madrid y la universidad gijonense tienen poco que ver más allá del oscuro periodo en el que ambos fueron construidos: ni hay restos de Franco en el interior ni sirve como espacio de peregrinación para ensalzar hoy en día la figura del dictador. Hace años que la Laboral fue resignificada por los ciudadanos y dotada de un contexto didáctico y cultural que queda lejos del que rodeaba a su estructura hace siete décadas.

1 La Laboral Ciudad de la Cultura

2 Dimensiones La laboral cuenta con unas dimensiones de 130.000m2. Lo que supone un tamaño 4 veces superior al de, por ejemplo, el monasterio de San Lorenzo del Escorial

3 Su historia Concebido en principio como orfanato minero y transformado en el tiempo de su construcción en Universidad Laboral, el edificio de Luis Moya fue pensado como una gran ciudad ideal autárquica y cerrada sobre sí misma, que disponía incluso de una granja de 100 hectáreas y estaba preparada para formar a generaciones de hijos de obreros como profesionales altamente cualificados

4 En la actualidad Cuando en el año 2001 el Gobierno del Principado de Asturias se hace cargo del edificio de la Universidad Laboral de Gijón/Xixón, se decide renovar un espacio de gran complejidad consolidando sus funciones formativas y creando nuevos usos complementarios. Se concibe entonces sobreponer a la ciudad ideal de Moya una idea de ciudad nueva, un centro de producción cultural y creativa del siglo XXI, con espacios para aprender y enseñar; para ver, oír y consumir productos culturales; para compartir redes, intercambiar conocimiento y comunicar ideas

Ese plan de usos definido fue el que determinó una intervención integral en un edificio complejo y de escala monumental, con sus 130.000 metros cuadrados. A continuación exponemos algunos de los usos que se le da al espacio en la actualidad

6 El teatro de la laboral Concebido en su origen como un gran salón de actos para estudiantes y profesores de la antigua Universidad Laboral, el recinto se ha convertido en el primer teatro de titularidad autonómica en la comunidad y en uno de los mejores del norte de España en cuanto a espacios, capacidad y tecnología. Cuenta con 1.426 localidades repartidas en la sala principal, los palcos y el anfiteatro, a las que hay que sumar las de las salas de ensayo, reuniones y congresos, que aumentan la capacidad del aforo a 2.000 espectadores

7 La Radiotelevisión Pública del Principado de Asturias En la parte oeste de la Laboral se pueden encontrar los estudios de la Radiotelevisión Pública del Principado de Asturias

8 Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón En el curso 2008-2009 se trasladan a la Laboral, su sede actual

9 Centro Público Integrado De Formación Profesional Cifp De Los Sectores Industrial Y De Servicios El Centro Integrado de Formación Profesional de los Sectores industrial y de Servicios es un centro de formación profesional que desarrolla su actividad en todos los ámbitos de la misma: formación profesional inicial o reglada y formación profesional para el empleo, continua y ocupacional

10 Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Tras una profunda rehabilitación, la Facultad pasó a ocupar el ala sureste del recinto en enero de 2007. Se accede desde la entrada principal, a través de un patio abovedado con columnas de estilo corintio

11 LABoral Centro de Arte y Creación Industria Se inauguró el 30 de marzo de 2007 como espacio interdisciplinar para favorecer el intercambio artístico y fomentar la relación entre sociedad, arte, ciencia, tecnología y las industrias creativas

Cuando las asociaciones de antiguos alumnos de la Laboral lanzaron la candidatura este año, comenzó en el pleno de Gijón una pugna estéril entre izquierda y derecha que obviaba una realidad técnica: que, según los expertos en conservación y patrimonio, la solicitud ante la UNESCO nace fallida de antemano.

Por su parte, la propuesta, avalada por el PP, Ciudadanos y Vox, se encontró con el rechazo íntegro del bloque progresista de PSOE, IU y Equo por “ilustrar el franquismo”, un argumento que recogió la propia alcaldesa, Ana González, y del que más tarde se tuvo que desdecir.

Como denuncia la catedrática de Conservación y Restauración del Patrimonio de la Universidad de Oviedo, María Pilar García Cuetos, esto ocurre por culpa de que los bienes históricos “se usen siempre con fines políticos”. La experta asegura a eldiario.es que el debate “no tiene que ver con que este monumento sea franquista o no” y llama a reparar y a conservar la Universidad Laboral en lugar de perderse en controversias “de cara a la galería”.

García Cuetos entiende que la propuesta parta de las asociaciones de antiguos alumnos “porque tiene un componente de memoria vívida muy interesante, que es diferente a la memoria que le atribuimos los especialistas o el resto de la sociedad”. Precisamente por eso, cuando quisieron convertir la Laboral en BIC (Bien de Interés Cultural) en 2018, ella fue la encargada de elaborar el informe para defender la viabilidad de la moción. Ahora, en cambio, no se muestra optimista.

“Quizá haya un desconocimiento general de lo que significa la lista del Patrimonio Mundial. Son conjuntos, e incluso a veces tradiciones inmateriales, que tengan un carácter tan excepcional que puedan considerarse vinculantes para toda la humanidad. Una especie de memoria común a toda la especie humana”, explica la historiadora.

El problema es que en ese mapa iniciado en 1972 está copado por Europa y especialmente por España, país que cuenta con más ciudades patrimonio del mundo. “¿Qué calado va a tener esta lista para la humanidad si solo hay presencia europea?”, reflexiona García.

Además, sabe por experiencia que introducir un elemento en la lista es un proceso complicado y sobre todo muy costoso. “Son necesarios informes técnicos porque hay que garantizar su conservación y su viabilidad. Eso cuesta mucho dinero. Cada candidatura fallida, es dinero. Por eso los países pobres no se pueden permitir competir ni salir tanto”, desvela la profesora.

En su opinión, además, la Laboral es un monumento y esa categoría está sobrerrepresentada en la lista. Sería mucho más interesante invertir en “conjuntos y paisajes que incluyan patrimonio material e inmaterial, que en muchos casos se pretende que sea transterritorial. Por ejemplo, itinerarios entre autonomías, entre regiones enteras o incluso entre países”.

García Cueto piensa que el interés de España por calzar elementos en la UNESCO se ha convertido “en una imagen de marca, en una franquicia, y se ha perdido el significado de lo que es patrimonio”.

Lo que da vida al patrimonio es la sociedad que convive diariamente con él y, según ella, aunque eso beneficie a la industria turística, muchas veces es a costa de la realidad cotidiana de la gente. Su lucha y la de los equipos con los que trabaja en la Universidad de Oviedo, por lo tanto, es restaurar esa obra que tantas banderas ondea y orgullos políticos despierta.

“Mientras discutimos sobre si la Laboral debe de ser Patrimonio mundial o no, la cubierta de la capilla está en una situación delicada porque es la estructura de planta elíptica más grande del mundo, con un techo de nervaduras de ladrillo que hay que cuidar”, reivindica García Cueto.

Sin duda alguna, el elemento más espectacular del conjunto es la iglesia. Su planta elíptica, de 807 metros cuadrados, es la más grande del mundo con esta forma. Tales dimensiones se deben al anterior empleo previsto: acoger a mil alumnos y sus profesores.

Sin embargo, este edificio, así como el atrio corintio o el bello patio central, ya no son las piezas centrales de la Laboral. Su razón de ser ha cambiado y el mayor atractivo de esta pequeña ciudad grecorromana ha pasado a ser su espíritu cultural.

“Gijón tiene que estar orgulloso de la Laboral Asturias y de tener un conjunto de estructuras que es excepcional. Supone un ejemplo de arquitectura realmente peculiar porque no responde a un movimiento arquitectónico concreto, sino a una estética heterodoxa impuesta”, opina sobre el hecho de que, en efecto, se trate de un ejemplo de arquitectura franquista, materia en la que ella está especializada. “Me parece su mayor cualidad. Esto no es el Valle de los Caídos, ya está resignificado, pero sirve para no olvidar un momento oscuro de nuestra Historia”, reflexiona.

La resignificación como futuro

Al acoger el inmenso coloso franquista ubicado en la parroquia de Cabueñes, a cuatro kilómetros de Gijón, la ciudad tuvo que dotarle de una nueva función. Fue entonces cuando el Principado creó en 2001 Laboral Ciudad de la Cultura, que finalmente abrió sus puertas en 2007.

Las obras se acometieron sobre 80.000 metros cuadrados y se creó la sede de la televisión y radio RTPA en el anterior convento de las clarisas, una espectacular biblioteca, un espacio de conciertos en el patio corintio gracias a una cubierta de vidrio, un Paraninfo que acoge diversas facultades, el Conservatorio de Música y Danza y la Escuela Superior de Arte Dramático.

“Es muy difícil que ahora la gente vuelva a imaginarse la Laboral y las relaciones con José Antonio Girón de Velasco y con la Falange”, opina María Pilar García Cueto. “Se ha desvinculado de esa idea lejana del nacional catolicismo y ahora la población lo identifica como un edificio imponente que siempre ha estado ahí y que resulta muy atractivo”.

Por su parte, ella es firme partidaria de la resignificación de los espacios franquistas, pero nunca de la demolición. “Yo siempre pongo el ejemplo de la arquitectura fascista en Italia. El coliseo cuadrado de Roma que se creó para hacer la Exposición Universal, un escaparate fascista. Hoy es sede de la casa de modas Fendi. Fíjate en qué ha acabado”, resume la historiadora.

Lo mismo ocurre con el Campo Zeppelín de Nuremberg, inaugurado por Hitler como ciudad de los congresos del Tercer Reich y que tras su resignificación ha sido destacado con el premio de la UNESCO por la Educación de Derechos Humanos. “El futuro es ese: no eliminar los elementos del pasado porque si hubiéramos derribado Auschwitz los negacionistas tendrían muchos más argumentos”, asegura a quien le pusieron trabas para incluir la Laboral como BIC por ser de ese periodo.

Es el mismo caso que el escudo franquista que aún luce en la fachada de la Universidad Laboral y que muchos quieren arrancar: “Tendremos que poner paneles explicativos que identifiquen que es preconstitucional y lo que eso implica. Pero no vamos a quitárselos a un edificio histórico porque eso es también alterar el patrimonio”, defiende.

Como conclusión final, una reflexión necesaria: “La memoria incómoda, la memoria en conflicto, hay que verla, entenderla e integrarla. Pero claro, es más complicado educar que eliminar aunque tendríamos que luchar por ello siempre”.

MAPAS | Radiografía de la población española: la brecha generacional, de origen y género, calle a calle

Raúl Sánchez, Pablo J. Álvarez — Wed, 22 Jan 2020 20:53:41 +0000

Nuestra edad, género o lugar de nacimiento condiciona nuestro lugar de residencia: zonas rurales, el centro de las ciudades o la periferia de las áreas metropolitanas

¿En qué barrios viven más los jóvenes o las personas mayores? ¿Dónde nacieron los vecinos de tu manzana? ¿Estás en un vecindario masculinizado o feminizado?

Todos los mapas de eldiario.es

Fuente: INE

Tu lugar de residencia no solo está condicionado por tu nivel de renta, sino también puede estarlo por tu edad, lugar de nacimiento o sexo. Así lo demuestran los últimos datos de la Estadística del Padrón Continuo a fecha de 1 de enero de 2019, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y analizados por eldiario.es. Las familias con hijos prefieren las periferias de las ciudades mientras los jóvenes y adultos mayores apuestan más por vivir en los centros de las ciudades.

La brecha generacional se muestra entre ciudad y campo: en los pueblos de menos de 100 habitantes, el 40% de la población tiene más de 65 años. Los datos analizados a nivel de sección censal, la unidad geográfica más pequeña a nivel administrativo, señalan también las diferencias que se producen dentro de cada área metropolitana. En el caso de Barcelona, por ejemplo, los 'millenials' son el grupo de edad mayoritario de la zona del Barrio Gótico mientras que la población en edad de jubilación se concentra más en las zonas altas de la capital catalana.

La expansión de las áreas urbanas ha llevado a las familias con hijos a los municipios periféricos de las grandes zonas metropolitanas. En los casos de Madrid y Barcelona, prácticamente todos los municipios situados en las afueras de las capitales cuentan con mayor porcentaje de población menor de 20 años.

La brecha también se da por origen: no solo para la población extranjera, sino que también para las migraciones interiores. La mayoría de los residentes de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla) nacieron en el municipio en el que viven. Por el contrario, los residentes de los municipios periféricos de cada área metropolitana (Getafe, Santa Coloma de Gramenet o Mairena del Aljarafe) nacieron principalmente en otros municipios de la misma comunidad autónoma.

Las grandes urbes expanden sus áreas de influencia hasta incluso más allá de su comunidad autónoma. Es el caso de muchos municipios y secciones censales que colindan con la Comunidad de Madrid, donde la mayoría de residentes de esas zonas de las dos Castillas nacieron en otra autonomía.

Precisamente, son Madrid y Barcelona –los dos municipios con más de un millón de habitantes– los mayores perceptores de migración de origen extranjero y proveniente de otras comunidades autónomas. Un porcentaje que disminuye en las áreas rurales donde la proporción de residentes nacidos en la misma autonomía alcanza más del 82% en las localidades con menos de 1.000 y 100 habitantes.

Mickey Mouse ya tiene las Gemas del Infinito: una de cada tres películas que se ven en el mundo pertenece a Disney

Raúl Sánchez, José Antonio Luna, Pablo J. Álvarez — Wed, 08 Jan 2020 20:40:43 +0000

Una de cada tres personas que fue al cine en 2019 lo hizo para ver una película del gran imperio californiano, que se ha disparado tras comprar Pixar, Lucasfilm o Marvel

Te explicamos en 5 gráficos cómo Disney ha resucitado de su congelación y ya tiene las cinco gemas del infinito

La historia de Walt Disney Company es la del sueño estadounidense en sí mismo. Comienza en 1923, en una diminuta oficina de Los Ángeles cuyo alquiler costaba unos 10 dólares al mes. Walt y su hermano Roy, que por entonces se recuperaba de tuberculosis, producían una serie de cortos animados con los que intentaban llamar la atención de Hollywood. La suerte llegó con Alicia en el país de las maravillas (1923), que mezclaba dibujos con imágenes reales. Fue el primer cimiento de un gigante que alcanzaría dimensiones inimaginables.

A juzgar por los datos parecía que cualquier pequeño empresario podía acabar creando al ratón más famoso del mundo si se empeñaba lo suficiente. Sin embargo, las cifras actuales distan mucho de aquel supuesto humilde estudio forjado mano a mano por dos hermanos: al estudio de Mickey Mouse le han crecido las orejas, tanto que ha pasado de ser un competidor más en la taquilla norteamericana a convertirse en el líder absoluto.

Parte de culpa la tiene la capacidad adquisitiva de la compañía. Disney ha ingerido cualquier compañía capaz de hacerle frente: en 2006 fue Pixar (por 7.500 millones de dólares), en 2009 Marvel (4.000 millones de dólares), en 2012 Lucasfilm (4.000 millones de dólares) y, más recientemente, en 2019, 21st Century Fox (71.300 millones de dólares). No hay rival que se resista a la chequera del ratón.

En 2019 siete de las diez películas más taquilleras son de la factoría Disney. La expectación generada con los finales de sagas parece ser uno de los grandes responsables. Vengadores: Endgame o Star Wars: el ascenso de Skywalker no son películas sin más, sino el punto final a fenómenos con sus consecuentes años de taquillazos.

Una de cada tres personas que fue al cine durante el pasado año, lo hizo para ver una cinta de Disney. Pero ¿cómo hemos llegado exactamente este punto? Para ello tenemos que remontarnos hasta 1991, año en el que Sony Pictures era líder en la taquilla norteamericana con el estreno de Terminator 2.

Cada línea representa la cuota de mercado de cada uno de los mayores estudios de cine en Estados Unidos. Estamos en 1991 y Walt Disney se disputa el liderazgo de la taquilla americana con Sony (que acaba de estrenar la segunda parte de la saga de Terminator) y la Warner.

Aunque Disney llega a concentrar el 19% de la taquilla estadounidense en 1992 gracias al taquillazo de Aladdin , tanto Sony, Warner y Universal Pictures le siguen la estela o superan a la compañía del ratón.

Entre 1994 y 1996, Disney domina el mercado con una política comercial muy clara: abarrotar los cines de producciones cinematográficas.

Aupados por El Rey León y Toy Story (además de la compra de Miramax) los estudios de Disney llegan a estrenar 164 películas en apenas 3 años

Este dominio le dura poco a la compañía de Mickey Mouse, que ve como su amplia producción cinematográfica se ve eclipsada por los taquillazos de otros estudios como Titanic, Star Wars: La Amenaza Fantasma o Men in Black,

Los primeros años del siglo XXI trajeron un cambio de reinado: Warner lideró el mercado con la trilogía de El Señor de los Anillos y el inicio de la saga mágica de Harry Potter

Ya estamos en 2009 y Disney está en crisis de taquilla. Por esos años, había bajado hasta el quinto o sexto estudio por cuota de mercado. Pero algo cambia ese año: la compañía del ratón compra Marvel Enterteinment por 4.000M$.

Más de 5.000 personajes del universo de los cómics de Marvel son ahora propiedad de la empresa californiana

La estrategia del gigante del entretenimiento cambia por completo. A partir de entonces, solo van a estrenar una media de 12 películas al año.

En 2012, Disney adquiere Lucasfilm, se hace con los derechos de la saga de Star Wars y anuncia una nueva trilogía

A base de talonario, el conglomerado mediático ya acumula el 22% de la taquilla estadounidense en 2015. Lidera la venta de entradas con los estrenos de Star Wars: El despertar de la fuerza y Los Vengadores: la era de Ultrón

El dominio de The Walt Disney Company en 2016 ya supera el 25%. Uno de cada cuatro estadounidenses que fueron al cine ese año vieron cintas como Star Wars: Rogue One, Buscando a Dory o Capitán América: Civil War.

Cinco de las diez películas más taquilleras del año pertenecieron a la factoría del ratón animado.

En 2018 alcanzan un nuevo récord gracias al Universo Cinematográfico de Marvel. Lideran la taquilla con Black Panther y Los Vengadores: Infinity War y se distancia de sus competidoras Warner y Universal Pictures.

Ese año, Disney solo estrenó 10 películas frente a las 38 o 31 de los otros conglomerados

El oligopolio de la taquilla americana en 2019 ya es absoluto. Siete de las diez películas más taquilleras son de la factoría Disney : el cierre de las sagas de Los Vengadores, Star Wars, y Toy Story, además de la adaptaciones de los clásicos de la compañía en versión 'live-action' llevan a la compañía a concentrar casi el 35% de la taquilla.

Este último año, de cada 3 personas que fueron al cine, solo 2 fueron a ver cintas que no pertenenecían al imperio del entretenimiento californiano

Antes el dominio de Disney no estaba tan claro. Entre 1994 y 1996 su estrategia fue la de llenar el mercado con decenas de producciones, entre las que se encontraban El Rey León (1994) y Toy Story (1995). Pero no les funcionó del todo en los años venideros y es en 2012, tras la compra de Lucasfilm, cuando la estrategia de la compañía cambió por completo: reduce la media de películas estrenadas a cambio de llevar únicamente taquillazos a la gran pantalla.

9 de las 10 películas más taquilleras de la última década son de Disney

Comparación de las diez películas más taquilleras de las últimas tres décadas y el estudio que distribuyó la película. Datos ajustados a inflación únicamente del estreno original

Fuente: Box Office Mojo

Solo una de las diez películas más taquilleras de la última década no lleva el sello del conglomerado del ratón. Jurassic World (2015) es la única que ha sido capaz de colarse en un top donde Star Wars y Marvel son los claros protagonistas. Y eso, teniendo en cuenta que películas como Frozen 2 o El ascenso de Skywalker siguen en cartelera y, por tanto, sumando monedas en las arcas de la productora.

La variedad de los estudios era mucho más aguda en la década de los 90 o de los 2000. Solo hay que contemplar las tres primeras películas de cada una de ellas: hemos virado de un mercado repartido entre Paramount, Universal o Sony a otro con un solo nombre. De hecho, Avatar 2, el as bajo la manga que le quedaba a Century Fox para triunfar en la década venidera, ahora también es propiedad de Disney.

Cómo dominar el mercado cinematográfico con pocos estrenos... pero muy grandes

Cada punto representa un estreno que recaudó más de 50 millones de dólares en EE.UU. desde 1990 hasta la actualidad. En rojo, las películas estrenadas por Walt Disney Company. Datos ajustados a inflación únicamente contando las entradas del estreno original

Fuente: Box Office Mojo

Como ya se ha mencionado, uno de los éxitos de Disney fue apostar por pocos estrenos que a la vez fueran grandes taquillazos. La compañía descubrió que esta era la fórmula para hacerse con el mercado cinematográfico, estrategia que dista mucho de la empleada en la década de los 90 cuando llegó a lanzar más de 400 películas.

La concentración de cintas, como se puede comprobar, es más pronunciada a medida que pasan los años. Crear universos con significación propia, como ocurre con Star Wars o Marvel, genera la existencia de un gran número de adeptos expectantes por cada nuevo detalle revelado.

Además, muchas de estas películas no son autoconclusivas, sino que necesitan de una segunda parte (o muchas más) para ser entendidas en su totalidad. Se aplica la lógica de las series a la gran pantalla. Y el efecto es mayor si, como ha ocurrido este 2019, coinciden varios finales de tramas abiertas en estos sellos. No es gratuito que Endgame haya sido definida como el “crossover más ambicioso de la historia”. Hasta que llegue el siguiente.

Disney controla la taquilla estrenando menos películas que nunca

Evolución del número de películas estrenadas por Disney y el porcentaje de la taquilla en EE.UU. desde 1990. Incluyen las películas de Miramax entre 1993 y 2010

Fuente: Box Office Mojo

Pasemos a números concretos. Puede que tengamos la sensación de que Disney hace una película tras otra sin parar, pero lo cierto es que el pasado 2019 solo estrenó 10 películas que fueron suficientes para hacerse con 34,7% de la taquilla de EEUU.

Ni siquiera en 1995, cuando estrenaron la friolera de 51 películas, consiguieron tanto porcentaje de entradas vendidas (fue un 23,4%). ¿Cuándo se pasó a esta nueva estrategia? Como se puede comprobar, aunque parezca paradójico, la adquisición de Marvel y posteriormente de Lucasfilm fueron clave para reducir el número de estrenos.

Así monopolizó Disney los mayores estrenos del siglo XXI

Evolución de las 15 películas más taquilleras en EE.UU. desde 2000 hasta la actualidad. Datos ajustados a inflación únicamente contando las entradas del estreno original

Fuente: Box Office Mojo

Quizá no todos lo recuerden, pero comenzamos los primeros años del siglo XXI con una taquilla dominada por Harry Potter y la piedra filosofal y La comunidad del Anillo, ambas de 2001. Warner era responsable de arrastrar a miles de niños (y adultos) hasta las salas de cine, algo que un año después repetiría Sony con Spider-Man, la primera de la trilogía del arácnido dirigida por Sam Raimi.

Sin embargo, en la última década comenzamos a ver cómo Disney monopoliza la mayoría de los estrenos. El despertar de la fuerza llega incluso a arrebatar el trono de Avatar, que era la película con mayor recaudación de taquilla (según cifras ajustadas a la inflación contando las entradas del estreno original).

Mickey ya tiene todas las Gemas del Infinito y, por tanto, la fórmula para reventar casi la mitad de la taquilla con solo un chasquido de dedos. El tiempo dirá si en alguno de los 14 millones de posibles futuros existe algún otro estudio capaz de hacerle frente.

Forzamiento radiativo, GEI, huella de carbono: el diccionario básico para enterarte de cómo acaba la Cumbre del Clima

Marta Montojo, Pablo J. Álvarez — Thu, 12 Dec 2019 21:00:42 +0000

1,5º C, justicia climática, mitigación, adaptación... repasamos algunas de las más importantes en este glosario interactivo para entender qué puede querer decir el documento final de la Cumbre del Clima

¿Crees que se nos olvida alguna? ¡Te leemos en los comentarios!

En nuestro boletín diario, hemos seleccionado cada día aquellas palabras, cifras o expresiones que estamos escuchando en la COP25, pero no todos conocemos

Adaptación

La situación de emergencia climática no sólo implica mitigar el calentamiento sino, al mismo tiempo, prevenir y atenuar los impactos del mismo mediante la inversión en infraestructuras o espacios que puedan soportar el aumento de las temperaturas, la subida del nivel del mar, los cambios en los regímenes de viento y en las precipitaciones o los fenómenos meteorológicos extremos, eventos que a su vez derivan en problemas como la escasez de recursos (agua, comida, etcétera).

Conferencia de las Partes (COP)

En 1994 se puso en marcha la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC). El objetivo principal era estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero de manera que no alteraran peligrosamente el sistema climático. Su primera reunión fue en 1995 en Berlín. De ahí parte el orden de las conferencias que llega en Madrid a una cifra redonda: 25ª cumbre. Un cuarto de siglo.

Fondo verde

¿Quién paga todo el esfuerzo para intentar aplacar la crisis climática y sus efectos? El Fondo Verde para el Clima trata de dar respuesta a esta cuestión. Se trata de un mecanismo que puso en marcha en 2010 la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para financiar los proyectos de mitigación y adaptación en países en vías de desarrollo. Lo deben rellenar ya que así lo han convenido ellos mismos, los países económicamente más desarrollados. Las aportaciones de cada estado al fondo verde es una de las principales cuestiones que se abordarán en la COP25 de Madrid.

Forzamiento radiativo

La clave del cambio climático. Todo deriva en esto. El forzamiento radiativo es el fenómeno por el que la radiación del Sol que penetra en la Tierra y rebota en la superficie del planeta no puede escapar de nuevo al espacio. Los gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera son una capa, una costra química, que impide esa liberación. La radiación se queda en la Tierra y es absorbida por océnaos hielo y tierras. Sube la temperatura global y el clima se desbarajusta.

GEI (Gases de efecto invernadero)

Aunque es común hablar de las concentraciones de CO2 para explicar el cambio climático, el dióxido de carbono no es el único gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento del planeta. El metano (CH4) o el óxido nitroso (NO2) están en ese paquete. Sin embargo, sí es el principal responsable de la alteración climática debida a la acción humana. Es el responsable de casi el 80% del calentamiento desde mediados del siglo XX, mientras que el metano es culpable del 17% y el óxido nitroso del 6%. Además, es el gas de efecto invernadero que más tiempo permanece en la atmósfera, por lo que se suele emplear el término “CO2 equivalente” para simplificar el cálculo del impacto de las emisiones.

Huella de carbono

Se refiere a los gases de efecto invernadero que emitimos, directa o indirectamente, con las actividades que realizamos o los productos que consumimos. Por ejemplo, un viaje de ida y vuelta en avión de Madrid a Barcelona tiene una huella de carbono de 159 kg de CO2 equivalente por pasajero, según la calculadora de ceroC02 desarrollada por la organización Ecodes. También, según esta herramienta, una persona que siga una dieta mediterránea y que mayoritariamente (en un 80%) consuma alimentos de origen internacional y no ecológicos tiene una huella de carbono asociada a su alimentación diaria de 5,28 kg de CO2eq.

Justicia climática

Busca saldar la deuda que los mayores responsables del cambio climático —los países históricamente más emisores como EEUU, la Unión Europea o Canadá— tienen con los que menos han contribuido al calentamiento y que, además, suelen ser los más vulnerables ante sus efectos. También pretende un reparto de emisiones entre clases sociales. En 2016, un informe de Oxfam reveló que el 10% más rico de la población mundial es responsable de la mitad de las emisiones globales. Y también es una cuestión de justicia intergeneracional: las generaciones actuales tienen la responsabilidad de dejar un planeta habitable a las generaciones futuras.

Mitigación

Consiste en el esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que son la causa del forzamiento radiativo. Paralelamente también se incluye en este término el aumento de las capacidaes de almacenamiento de carbono mediante las técnicas de secuestro del CO2. En resumen: dejar de alimentar el calentamiento acelerado del planeta que origina la alteración del clima de la Tierra que deriva en la crisis climática.

Mercado de emisiones

Una herramienta que usan los países para controlar las emisiones de gases invernadero que se expulsan a la atmósfera. Significa que aquellos países o sectores económicos que emiten por debajo del límite que se les asigna, pueden vender ese ahorro a quienes necesiten rebajar la cantidad de gas que emiten. Como contabilizar luego cuál es el ahorro global de CO2 en el planeta es uno de los puntos de discusión en Madrid.

NDCs

Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), son los compromisos de cada país signatario del Acuerdo de París de reducir sus emisiones nacionales de gases de efecto invernadero y de adaptarse simultáneamente a los efectos del cambio climático. Los planes actuales sumados vaticinan un calentamiento por encima de 3ºC. En 2020, los estados deben entregar sus revisiones de estos compromisos. El objetivo mínimo es que, agregados, dejen ese calentamiento por debajo de 2ºC y, mejor todavía, lo limiten a 1,5ºC.

Precio del carbono

Es el precio que se tiene que pagar por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente emitida. La idea es que el que contamine pague y, además, que el precio no compense al emisor: que sea más rentable transformarse y no lanzar ese gas. Sin embargo, el nivel de precio del carbono varía mucho dependiendo del mercado. Precisamente, una de las grandes críticas al mercado europeo de derechos de emisión era que no fijaba un suelo para el precio del carbono. Así, la tonelada de CO2 equivalente ha llegado a estar en tan solo cuatro euros. Ahora, tras la reforma del ETS acordada a finales de 2017, el precio ha conseguido elevarse a los 25 euros por tonelada de CO2 equivalente en 2018, la cantidad mínima aconsejada por los expertos para desincentivar las emisiones.

Punto crítico

El punto crítico o “tipping point” es el umbral a partir del cual el sistema climático cambiaría de manera irreversible. A los científicos del clima les preocupa especialmente el punto de no retorno en el deshielo de los polos, así como en la deforestación de la Amazonía. “Hay un punto en el Amazonas en que, si se quema demasiado bosque, se activarían los bucles de retroalimentación de forma que necesariamente el Amazonas se deforestaría del todo, hagamos lo que hagamos”, explica el bioinformático Héctor Tejero.

Resiliencia

En el contexto climático, el término resiliencia alude a la capacidad de un individuo o de una comunidad de adaptarse a las consecuencias del calentamiento. Un territorio resiliente es aquel que cuenta con los mecanismos para recuperarse o salir ileso de situaciones adversas (huracanes, sequías prolongadas, olas de calor..), fenómenos que, según el Panel de Expertos de la ONU, serán más frecuentes y virulentos en un planeta más cálido.

Transición justa

No dejar a nadie atrás. La transición ecológica exige decisiones que transformen la economía por completo. Desde la forma de producir la energía hasta el transporte con el que nos desplazaremos o los alimentos. Supone medidas radicales y urgentes. Hacerlo con justicia significa que, si se apuesta por la fiscalidad verde con un impuesto al combustible fósil, se garantizar que no saldrán perjudicadas las clases populares. Y que si se ordena el cierre de las minas de carbón se ha de planificar la transición de los mineros hacia sectores más sostenibles.

Dónde acabaron los 680 millones de los ERE, quién devuelve el dinero y otras cuestiones que no resuelve la sentencia

Javier Ramajo, Pablo J. Álvarez — Wed, 20 Nov 2019 18:50:38 +0000

La jueza Alaya calculó que se desviaron 855 millones, la Fiscalía que 741,6 y la sentencia rebaja hasta los 680, pero parte de ese dinero se pagó a trabajadores que tenían derecho a cobrarlo

Las ayudas concedidas no han sido objeto de este juicio, ni su concesión, ni su pago, pero se ha sentenciado que proceden de dinero malversado mientras decenas de piezas desgajadas se siguen instruyendo dentro de la macrocausa

"¿Cómo puede condenar por malversación de caudales a mi cliente si no me dicen qué cantidad ha malversado?", se pregunta un abogado de las defensas, que cifraron el fraude en unos 140 millones de euros

“Yo no creo que hubiera un gran plan pero hubo un gran fraude”. Lo dijo José Antonio Griñán en abril de 2015 a las puertas del Tribunal Supremo, al que su abogado tendrá que dirigir el recurso de casación contra su condena de seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial. El caso es que, más allá de las lecturas políticas, la sentencia cifra en 680 millones ese “gran fraude” y condena el “plan”, pero no da más detalles. No desglosa esa cifra en qué parte se pagó a trabajadores que merecían cobrar -aunque el método utilizado fuera ilegal-, qué parte acabó en las aseguradoras en forma de comisiones y qué parte se destinó a “fines completamente ajenos”, a lo que también se refiere la sentencia pero sin concretar cifras.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla tampoco establece quién ni cómo se devuelve ese desvío indebido de dinero público ni si han de responder de alguna manera, además de con la cárcel, las diez personas condenadas por delito continuado de malversación de caudales. Tan solo les obliga a pagar entre todos las costas del juicio.

En definitiva, el tribunal no entra en el fondo de las ayudas concedidas. Tan solo incluye qué partidas se destinaron entre 2000 y 2009 a ayudar a empresas de manera fraudulenta: 680 millones en total. Es una cifra que está por debajo de lo que calcularon la jueza Mercedes Alaya, la Fiscalía y la acusación que ejerce el PP.

Alaya, primera instructora del caso, elevó la causa al Tribunal Supremo en 2015 con una exposición razonada que cifraba en 855 millones de euros las ayudas fraudulentas. Tomó esa decisión porque parte de los imputados estaban entonces aforados, pero renunciaron a sus actas y el caso volvió a la Audiencia Provincial. Sin embargo, el Supremo tuvo tiempo para poner en duda esa cifra: dijo que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”. Es decir, que parte de esos 855 millones acabaron en los trabajadores que lo merecían, aunque no por el cauce debido.

La tesis del Supremo coincide con la de las defensas, que rebajan la cantidad malversada a unos 140 millones de euros. Por su parte, en los escritos de acusación previos al juicio, la Fiscalía elevó el fraude hasta los 741,6 millones de euros. El PP se descolgó dando una cifra que nadie había contemplado hasta el momento: 1.200 millones de euros.

La sentencia concluye que la cifra de dinero malversado fueron 680 millones de euros, pero no hace más desglose. No dice qué parte acabó en las aseguradoras por los sobrecostes pagados -la Dirección General de Seguros calculó que fueron 66 millones- ni cuánto se fue en ayudas directas a empresas -la Guardia Civil dijo en un informe que fueron 73,8 millones-. No habla, por tanto, de cuánto acabó en manos de los trabajadores que tenían derecho a cobrar, ni quienes de ellos cobraron indebidamente.

Algunas de las defensas ya plantearon en la vista oral que por la malversación no podía enjuiciarse a los acusados de esta 'pieza política' porque no habían sido llamados a juicio los partícipes a título lucrativo, es decir, los reales beneficiarios de las prejubilaciones acordadas por la Junta de Andalucía, poco más de 6.000 personas. Hace cinco años y medio ya lo planteaba una empresa afectada por un ERE. Nadie sabe concretar cuánto de ese dinero han cobrado ya aquellos trabajadores que, de buena fe, al margen de los 'intrusos' (personas que aparecían en los ERE de las empresas pero que nunca habían trabajado para la misma), se acogieron al ERE de su empresa. “De los trabajadores nadie habla ni tan siquiera piensan”, comenta a este periódico uno de ellos.

El caso es que el tribunal recuerda en la sentencia que las acusaciones, ante la reserva de acciones civiles planteada por la Junta, retiraron su petición en ese sentido en este procedimiento. Y cita el tribunal, además, una sentencia del Supremo de 2015 en la que se afirma que no corresponde a la defensa de los efectivamente acusados, sino a la acusación, determinar contra quién se dirige la acción penal. En este punto, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ya ha pedido a Susana Díaz que “asuma responsabilidades” por haber retirado a la Junta de la acusación del caso. Su vicepresidente, Juan Marín, ha dicho que el Gobierno andaluz estudia “acudir a la vía civil e iniciar un nuevo procedimiento que tardará sabe Dios cuánto para intentar recuperar parte de este dinero”.

El caso es que la sentencia, más allá de imponer a cada acusado 1/37 parte de las costas por cada delito del que ha sido condenado, no alude a quién corresponde devolver el dinero malversado ni a qué cantidad ha de atenerse. “¿Cómo puede condenar por malversación a mi cliente si no me dicen qué cantidad ha malversado?”, se pregunta un abogado consultado por este medio.

El dinero de los 'intrusos'

La sentencia, por otra parte, alude a las “claras e importantes” consecuencias económicas para los fondos públicos de la Junta pero, con independencia de la decisión administrativa de 2012 no realizar ningún expediente de revisión o reintegro con respecto a las empresas por las denominadas ayudas sociolaborales, la Junta se limitó a los denominados 'intrusos' o irregulares y a las “compensaciones” recogidas en un decreto aprobado en 2012, precisamente por el entonces presidente José Antonio Griñán. En diciembre de 2017, según la sentencia, fijó en 233 expedientes la tramitación de revisión de oficio por importe de 128,8 millones pagados por el IFA/IDEA a empresas y entidades.

Respecto a los 'intrusos', fuentes del caso apuntan que el dinero del que se beneficiaron se sitúa en torno a los 12 millones de euros al afectar a 126 personas, cifras coincidentes con el informe que la Guardia Civil aportó a Mercedes Alaya allá por junio de 2012. Las mismas fuentes apuntan que la cifra se podría haber reducido a la mitad (60 'intrusos') por una cuestión a la que se refiere la sentencia: “La no exigencia de justificación de requisitos previos, y la ausencia de cualquier tipo de seguimiento de la situación laboral de los beneficiarios, permitió que un número indeterminado de ellos siguiera percibiendo las rentas, aun habiéndose incorporado de nuevo al mercado laboral, o pese haber pasado a situación de incapacidad”.

En cualquier caso, la sentencia distingue una triple tipología de los que denomina “compromisos a terceros”: ayudas a empresas en crisis (73,8 millones de euros, según el mencionado aquel informe la Guardia Civil), ayudas sociolaborales (de las que se han visto beneficiadas “unas 77 empresas”) y “fines completamente ajenos”, que no detalla en cifras la sentencia. En el apartado de ayudas sociolaborales habría que incluir los mencionados 66,1 millones abonados a mediadores e intermediarios en comisiones por encima de la media de mercado, que se investiga en una pieza aparte. Cabe recordar en ese punto que en 2017 el TSJA tumbó el intento de la Junta de recuperar las comisiones de los ERE anteriores a 2012.

El dinero que la Junta está tratando de recuperar es el derivado precisamente de aquel decreto de Griñán, pero que “nada tienen que ver con los ERE”, indican fuentes de la Consejería de Empleo. Hasta el mes de abril se habían abonado 363,39 millones de euros de “ayudas previas a la jubilación ordinaria y las pólizas de seguro colectivo de renta”, repartidos entre 6,5 millones para ayudas extraordinarias de ex trabajadores acogidos al Plan Linares Futuro, Astilleros de Sevilla, Delphi y Torras Papel; 141,9 millones para prestaciones hasta alcanzar la jubilación de ex trabajadores afectados por la quiebra de la aseguradora Apra Leven y las crisis de Santana, Boliden Apirsa y Delphi; y otros 214,9 millones para financiación de 35 pólizas de seguro colectivo de rentas, según informó la consejera Rocío Blanco en el Parlamento este mes de mayo.

¿Y el resto de las piezas?

Al margen de ello, como dijo la Fiscalía al inicio del juicio, del más de centenar de piezas desgajadas de la macrocausa por el juzgado instructor, apenas se habían practicado diligencias en unas 35 piezas de las 270 previstas (una por cada ayuda) en la que figuran como investigados supuestos 'intrusos', mediadores de seguros, empresarios, letrados, conseguidores, representantes sindicales, además de ex altos cargos de la Junta, algunos de los ahora condenados.

El caso es que a la macrocausa de los ERE, que tiene una sentencia ya dictada y decenas de juicios esperando con decenas de imputados, le costó dos instructoras dividirse en piezas (la jueza Núñez la desgajó en julio de 2015 en contra del criterio de la jueza Alaya) pero sigue envuelto en un embrollo jurídico del que aún no ha salido pese al fallo de este martes. Quizás esta sentencia no ha hecho más que despertar más interrogantes, muchos de los cuales parten del momento en que el juez Martín (el tercer instructor) incluyó en julio de 2016 toda la cuantía presuntamente malversada en la 'pieza política' que acaba de ser sentenciada.

La jueza María Núñez Bolaños ha mantenido un criterio firme respecto a que dos personas no pueden ser juzgadas dos veces por los mismos hechos para no vulnerar el principio non bis in idem. La sentencia del martes dice que las ayudas individuales no han sido objeto de este juicio, ni su concesión, ni su pago. Pero lo uno (el juicio al procedimiento y la condena por malversación) no puede separarse ya de lo otro (el dinero malversado de las ayudas). La sentencia dice que la Consejería de Empleo “permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado” pero no dice quién ha de devolver el dinero malversado.

“Es claramente apreciable una identidad de hechos entre ambos procesos, actuando el relativo al denominado 'procedimiento específico' como aglutinador de la totalidad de las ayudas concedidas”, dijo la Audiencia en mayo de 2017 en un auto sin entonces precedentes, que ya aludía a una “duplicidad de procesos”.

La situación es ya la del “salvoconducto procesal” del que avisaba la Fiscalía al inicio del juicio ya que “cerraría la posibilidad de dirigir la acción penal contra las personas acusadas en el procedimiento abreviado (del procedimiento específico), generando un intolerable espacio de impunidad”, alertaban los fiscales, que se apoyaban también en el criterio de la Sección Séptima en los recursos de Daniel Rivera en las piezas de las ayudas a Surcolor y Acyco, la misma sección que le acusó de sobredimensionar el caso de los ERE.

¿Una ley ilegal?

Otro punto a revisar, y que a buen seguro revisarán las defensas de los ahora condenados, es la que apunta Javier Pérez Royo en este artículo publicado este miércoles en eldiario.es. “Nada de lo que haya ocurrido en el proceso de elaboración de la ley es jurídicamente relevante, una vez que ha sido aprobada”, dice el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

El autor, cuyo planteamiento también llevarán algunas defensas, se refiere a la parte de la sentencia donde se indica que “la indebida presupuestación de las transferencias de financiación en los anteproyectos de presupuestos elaborados por la Consejería de Economía y Hacienda, aprobados por el Consejo de Gobierno, fue lo que permitió que se prescindiera total y absolutamente del procedimiento administrativo en la concesión y pago de las subvenciones, así como que los fondos se pudieran destinar a fines ajenos al interés público”.

Aunque la sentencia no entra en el conocimiento o no conocimiento que pudieron tener los parlamentarios, como insinuó la jueza Alaya en marzo de 2014, sí que determina que “los estados de gastos del proyecto de presupuesto de la Consejería de Empleo y de IFA-IDEA se encontraban incorrectamente elaborados en el momento de su remisión al Parlamento por el Consejo de Gobierno”.

Señala Pérez Royo, y a ello deberá responder el Supremo, “en el marco de la Ley de Presupuestos, los delitos que la sentencia atribuye a los expresidentes son delitos imposibles. El Tribunal puede estar convencido de que los Gobiernos presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán engañaron al Parlamento, pero eso no es delito. Se trata de una sentencia que raya con la ignorancia inexcusable”, concluye el autor.

De la prisión de Griñán a la inhabilitación de Chaves: las 19 condenas de los ERE, una a una

Pablo J. Álvarez — Tue, 19 Nov 2019 12:36:42 +0000

La Audiencia de Sevilla ha condenado a seis años de prisión al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a nueve años de inhabilitación a su antecesor Manuel Chaves

19 exaltos cargos de la Junta han sido condenados y dos de los acusados han resultado absueltos

Quién es quién en el caso de los ERE

Así es la mayor fosa común de España: más de 33.000 restos humanos en ocho capillas del Valle de los Caídos

David Velasco, Pablo J. Álvarez — Thu, 14 Nov 2019 18:45:13 +0000

Los restos de casi 34.000 víctimas de la Guerra Civil se encuentran emparedados en las criptas de las ocho capillas de la basílica

Patrimonio Nacional ha autorizado la exhumación de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos

1 La mayor fosa común de España Los restos de casi 34.000 víctimas de la Guerra Civil se encuentran emparedados en las criptas de las ocho capillas de la basílica. La exhumación de aquellos reclamados por sus familias –31 por el momento– podrá realizarse “sin problemas de seguridad”, según un informe del CSIC encargado por Patrimonio Nacional.

2 Enterrados junto a su verdugo Buena parte de los restos, pertenecientes a víctimas del bando republicano, fueron trasladados sin el consentimiento de sus familiares al mismo lugar donde estaban sepultados Primo de Rivera y, hasta el 24 de octubre de 2019, Francisco Franco.

3 Capilla del Santo Sepulcro En esta capilla se acumulan los restos del mayor número de víctimas: más de 18.500. Como en las demás capillas, los huesos se encuentran en el interior de unas cámaras ciegas que los técnicos del CSIC han inspeccionado a través de diferentes calas o huecos de prospección.

La mayoría de los restos están almacenados en el interior de cajas apiladas, pero otros, como los que se encuentran sobre el forjado del nivel 4, bajo la bóveda, están sueltos.

4 Capilla del Santísimo La otra capilla del extremo del transepto es la segunda con más restos (más de 10.000). Al igual que en la del Santo Sepulcro, los huesos se encuentran ocultos en distintos niveles del trasdós de la capilla. Los del nivel 3, el más accesible de ellos, fueron retirados en 1990.

5 Capillas laterales Las seis capillas distribuidas a ambos lados de la nave central acumulan los restos de unas 5.000 víctimas. En todas ellas, los columbarios, que son las cajas que contienen los restos, se encuentran en una cámara ciega tras el altar.

Para descubrir la trampilla que da acceso a las cámaras ocultas al fondo de cada capilla, los técnicos del CSIC han tenido que retirar los retablos.

MAPA | ¿Qué votaron tus vecinos el 10N? Los resultados de las elecciones generales, calle a calle

Raúl Sánchez, Héctor Figueroa, Andrea Pardo, Fernando Barrio, Pablo J. Álvarez — Mon, 11 Nov 2019 18:49:19 +0000

Consulta en este mapa qué partido fue el primero, segundo o tercero en cada manzana; en qué calles cambió el ganador respecto al 28A; los resultados del bloque izquierda-derecha; los barrios donde arrasó cada partido o dónde subió más la abstención de entre las 36.300 secciones censales de España

MÁS DATOS | Resultado, municipio a municipio | Los votos perdidos | La batalla de las derechas | La demografía del 10N

Fuente: Ministerio de Interior

Canarias está ubicada en su posición original

Metodología

MetodologíaEste mapa ha sido elaborado a partir de la información obtenida de las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, referente a las secciones censales del año 2018, por lo que pueden haber sufrido ligeras variaciones en 2019.

GRÁFICO | Así quedaría el Congreso con una ley electoral de circunscripción única

Raúl Sánchez, Pablo J. Álvarez — Mon, 11 Nov 2019 00:31:51 +0000

MAPA | ¿Qué votaron tus vecinos el 10N? Los resultados de las elecciones generales, calle a calle

En el sistema electoral español cada circunscripción o provincia elige un determinado número de escaños, pero ¿qué pasaría si se repartieran los 350 escaños en una sola circunscripción?

Ciudadanos y Unidas Podemos son los partidos más perjudicados por el sistema electoral en el 10N: pasaría de 10 a 24 y 35 a 46 escaños, respectivamente, en un sistema de circunscripción única

La mitad de los votos de Ciudadanos y Más País se quedaron sin representación este 10N

En el sistema electoral español cada circunscripción o provincia elige un determinado número de escaños. Pero, ¿qué pasaría si se repartieran los 350 escaños en una sola circunscripción? En el caso de las generales del 10N, el PSOE perdería 18 escaños y el PP 12. Ciudadanos y Unidos Podemos y sus confluencias serían los más beneficiados con este sistema y obtendrían 14 y 11 escaños más, respectivamente, de los que han obtenido.

Esta es una simulación realizada por eldiario.es utilizando un sistema de circunscripción única sin barreras electorales y aplicando los métodos de asignación de escaños d'Hondt y Sainte-Laguë con las candidaturas que se presentaron en las elecciones generales del 10N. Precisamente, este sistema beneficiaria a los cuartos y quintos partidos que tienen más dificultades de entrar en la pelea de escaños en las provincias pequeñas.

Pero, ¿cuál es el partido más perjudicado y beneficiado por la ley electoral en estas elecciones? El PSOE, primera fuerza en casi todas las provincias, es el partido más beneficiado en estas elecciones ya que consiguió el 34% de los escaños con el 28% de los votos. El más perjudicado es Ciudadanos, que sólo consiguió el 3% de los diputados con el 7% de las papeletas.

¿Cuáles han sido los partidos más beneficiados y perjudicados por el sistema electoral el 10N?

Diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños en todas las elecciones generales. Solo se incluyen las candidaturas que hayan obtenido más de 1 escaño

Fuente: Ministerio del Interior

MAPA | De izquierda o derecha: los resultados del 10N por bloques ideológicos, municipio a municipio

Raúl Sánchez, Héctor Figueroa, Pablo J. Álvarez — Sun, 10 Nov 2019 19:56:56 +0000

¿Dónde ha ganado el voto a la izquierda y el voto a la derecha? Consulta los datos del 10N por bloques ideológicos en cada municipio y compáralos con los del 28A

Puedes seguir la jornada electoral y todas las reacciones de los líderes políticos en nuestro minuto a minuto

Así vota cada grupo social | Los resultados de las elecciones, municipio a municipio | Así es la España de cada partido

Fuente: Ministerio de Interior

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Para el bloque de la derecha se han incluido los siguientes partidos: CCa-NC-PNC, Cs, EAJ-PNV, JxCAT, NA+, PP, Vox y XAV. Para el bloque de la izquierda se han incluido los siguientes partidos: BNG, CHA, CUP, Coalición por Melilla, En Comú Podem, EH Bildu, ERC, Geroa Bai, Más País, Més Compromís, Més-Esquerra, PACMA, U. Podemos, PRC, PSOE y Teruel Existe.

MAPA | Los resultados del 10N, municipio a municipio

Raúl Sánchez, Héctor Figueroa, Pablo J. Álvarez — Sun, 10 Nov 2019 19:56:13 +0000

Consulta en este mapa cuál es el partido más votado, y las candidaturas que quedaron en segundo y tercer lugar en cada municipio en las elecciones del 10N

La calculadora de pactos: estas son las opciones de Sánchez

Fuente: Ministerio de Interior

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MAPA | Así es la España de cada partido en el 10N

Raúl Sánchez, Héctor Figueroa, Pablo J. Álvarez — Sun, 10 Nov 2019 19:55:49 +0000

Descubre en este mapa dónde se concentran los mayores apoyos a cada partido y cómo ha cambiado su voto respecto al 28A, municipio a municipio

Sigue la jornada electoral y todas las reacciones políticas en nuestro minuto a minuto

De izquierda a derecha: los resultados por bloques ideológicos | Así vota cada grupo social | Los resultados completos

Fuente: Ministerio de Interior

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La familia de Franco, los símbolos del féretro y las autoridades: quién es quién en la exhumación del dictador

Pablo J. Álvarez — Thu, 24 Oct 2019 18:08:27 +0000

22 familiares de Franco han estado en su exhumación, entre ellos el nieto mayor, Francis Franco, y su bisnieto, Luis Alfonso de Borbón, que han portado el féretro al salir de la basílica

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha ejercido de Notaria Mayor del Reino y el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha oficiado un breve responso

El ataúd ha sido cubierto por un pendón con el escudo de la familia y la Cruz Laureada de San Fernando y una corona con una banda y la leyenda "Tu familia"

Por qué volver a la Luna

Pablo J. Álvarez — Wed, 16 Oct 2019 10:54:07 +0000