A nadie se le escapa que la situación que se ha vivido en Las Palmas de Gran Canaria en los últimos días es más que preocupante. Lo que empezó siendo agresiones racistas y xenófobas aisladas, se ha convertido en un verdadero horror cuando vecinos de diferentes barrios se han organizado contra la población migrante de origen magrebí. De cómo hemos llegado a esta situación solo se puede responder si relacionamos la irresponsable gestión por parte del gobierno de España de la llegada de migrantes a Gran Canaria conjuntamente con la situación de aumento de la pobreza y exclusión que viven alguno de nuestros barrios capitalinos.

Hay que decirlo bien alto: el auge del racismo que estamos viviendo en Las Palmas de Gran Canaria es producto de una gestión política en la que ha imperado la descoordinación, la dejadez y la absoluta irresponsabilidad. La decisión por parte del Gobierno de España, fomentado una política de control fronterizo de la Unión Europea e impidiendo el traslado de miles de personas migrantes a la península, ha ocasionado el caldo de cultivo óptimo para que los bulos racistas, aprovechados por algunos partidos políticos y medios de comunicación, hayan corrido como la pólvora por grupos de Whatsapp y redes sociales. 

La decisión de albergar a personas migrantes en hoteles no ha sentado bien a una parte de la población grancanaria que nunca se ha podido permitir pasar un fin de semana en uno de ellos con su familia. Si a esto se le añade la situación de cero turístico provocado por la COVID-19 y el ERTE generalizado a miles de trabajadores en el sector, nos encontramos con el caldo de cultivo para que un vídeo de unos jóvenes bañándose en la piscina de un complejo hotelero genere odio entre los isleños que sueñan con poder disfrutarla.

A ello se suma la decisión improvisada de utilizar espacios públicos como el Colegio CEIP León, en el barrio de El Lasso, para albergar a más de 400 personas migrantes. Un colegio cerrado por la Consejería de Educación, pero en el que parte del barrio reivindica su reapertura. El Lasso, un barrio con un paro estructural por encima de la media, ha visto la ocupación de este centro como una afrenta hacia los problemas de dotación y desigualdad social que viven los vecinos.

Esto viene acompañado de un aumento de la percepción de inseguridad entre los vecinos, debido a videos y noticias donde se muestran agresiones y robos de jóvenes migrantes de origen magrebí en diferentes barrios de la ciudad. Los medios de comunicación han lanzado estos sucesos al debate social maximizando estas noticias en vez de posicionarlas donde deben estar, en la sección de sucesos. 

Como consecuencia de todo ello, grupos coordinados han comenzado a organizar movilizaciones racistas sin parangón en nuestra ciudad. Estas movilizaciones anuncian una ola de violencia física y verbal sobre la población racializada de quienes quieren tomarse la justicia por su mano. Si hay un aumento de los delitos en Las Palmas de Gran Canaria deben ser los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Administración de la Justicia quienes tomen cartas en el asunto e investiguen a quienes cometan delitos, sean estos de donde sean, y apliquen la ley. Del mismo modo, deben proteger a las personas que por su condición están siendo hostigadas con violencia.

Y esto pasa ante la total descoordinación de las administraciones a la hora de actuar. Las decisiones y la gestión han venido de manera unilateral fomentadas por la urgencia de las ejecuciones durante toda la crisis migratoria. Sin contar con los agentes locales ni las organizaciones, sin el trabajo y el consenso con los vecinos; lo único que se ha provocado es malestar en barrios donde el trabajo en pro de la convivencia hubiera sido un factor clave para poder reducir el impacto de los discursos xenófobos que están a la orden del día y totalmente coordinados con una campaña global que capitaliza el odio.

El primer paso para frenar esta oleada es entender las motivaciones de quienes ahora están enarbolando la bandera de “primero los de aquí”. A partir de eso, necesitamos ponernos todos a trabajar para volver a la senda de la convivencia. En primer lugar, y de manera urgente, hay que generar dispositivos de protección y de denuncia ante las agresiones racistas sobre la población migrante y racializada. En segundo lugar, las instituciones canarias tienen que esforzarse en trabajar en el ámbito comunicativo para revertir el discurso de racismo y xenofobia a todos los niveles, y a ello deben aplicarse los medios de comunicación y los actores sociales de referencia. Y, finalmente, debemos conseguir, por todos los medios, que el Estado español permita la derivación de las personas migrantes que se encuentran hacinadas en Gran Canaria, vulnerando de manera lesiva todos sus derechos. Solo así, podremos bajar el fuego de esta olla a presión que nos puede estallar en cualquier momento.

A petición de la plataforma Canarias Libre de CIE, este viernes se  discutirá el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, bajo cuatro objetivos claros. En primer lugar, solicitar el cierre del CIE de Barranco Seco al Gobierno de España y la cesión de la infraestructura a las instituciones locales. En segundo lugar, apostar por medidas de acogida que no vulneren los derechos humanos de las personas que llegan en patera y cayuco a las Islas Canarias, en específico, incentivar la creación de dispositivos abiertos de primera acogida que oferte un asesoramiento integral (jurídico, psicosocial, laboral, entre otros) a las personas que llegan a costa. En tercer lugar, instar al Gobierno de Canarias a la creación de un Plan Estratégico de Acogida para personas migrantes en Canaria que permita realizar un seguimiento y donde exista una inversión real para el desarrollo libre de cada una de ellas. Y, por último, proponer la creación de un espacio museográfico en la Prisión Provincial de Las Palmas – actual CIE de Barranco Seco – con el fin de investigar y divulgar la Historia Reciente de Canarias, así como promover la reparación y dignificación de las víctimas de la represión franquista y de la Transición en Canarias.

Desde los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos en Canarias, llevamos años denunciando la situación de extrema vulnerabilidad que pasan las personas que son internadas en el CIE de Barranco Seco. En su gran mayoría, las personas internadas en esta cárcel lo hacen tras un periplo de días, incluso semanas en alta mar, en patera o cayuco, en condiciones de máxima inseguridad y jugándose la vida, como se demostró el pasado lunes 15 de enero en el que murieron siete personas ahogadas. A su llegada a Canarias pasan, en menos de tres días por ser detenidos, encerrados en calabozos, juzgados e internados en el CIE, en la mayoría de los casos sin las correspondientes y necesaria información y asesoramiento jurídico y social para poder ser sujetos de lo que la lógica deportadora del control migratorio está haciendo con ellos. De pronto, se encuentran en el patio de un penal franquista sin entender muy bien qué les deparará el futuro. Justo cuando estaban a punto de rozar Europa, se les obliga a pasar unas semanas encerrados, con el único objeto de infligirles miedo, dado que su posible deportación no pasa por el internamiento en un CIE en la Frontera Sur – El CIE de Barranco Seco es el que menos deporta del Estado español, no llegando al 1% de las personas internadas anualmente – y destruyendo por completo los ánimos de los más esperanzados.

Hasta que no existan vías seguras y legales que supongan que, por ejemplo, un vecino de la localidad de Smara que huye de la represión marroquí no tenga que pagar más de 800 euros para jugarse la vida en patera los 130 kilómetros que distan entre Tarfaya, en la costa africana, y la isla de Lanzarote; es labor de las instituciones canarias hacer todo lo posible para que, una vez llegados a costa, se garanticen todos sus derechos fundamentales. Y eso pasa, en primer lugar, por conseguir el cierre del CIE de Barranco Seco y el establecimiento de un protocolo de actuación en el que las personas que llegan a Canarias por vía marítima no tengas que pasar a estar detenidas ni encarceladas en una antigua prisión, sino que se ofrezcan dispositivos abiertos que no estén bajo dependencia policial, donde se garantice el respeto de los Derechos Humanos y el desarrollo integral de quien lo desee.

Si mañana desde los movimientos sociales y la institución insular, somos capaces de plantar cara a la impunidad que gira en torno al CIE de Barranco Seco, estaremos ante la posibilidad de agujerear esas herramientas del racismo institucional que son los CIE en la Frontera Sur del Estado español, reclamando el cumplimiento de los Derechos Humanos para las personas que llegan a Canarias por vía marítima. Frente a las políticas del Ministerio del Interior dirigido por Zoido que van en la línea de reforzar las costas andaluzas y canarias a fin de evitar lo que denominan “efecto llamada”, “invasión” o “avalancha”; tenemos el deber moral y legal de exigir el cierre de los CIE y el cambio de paradigma en las políticas migratorias, acabando con la criminalización de la movilidad humana y el derecho a migrar y empezando a exigir la creación de vías legales y seguras para ello.

Por otro lado, cerrar el CIE de Barranco Seco es una oportunidad para avanzar en materia de la memoria democrática de Canaria. Por ello, la propuesta de cierre de CIE va acompañada con la creación de un centro referencial de la Memoria Histórica en la Prisión Provincial, lo cual podría integrarse dentro de la primera “Estrategia para la Memoria Histórica de Canaria” que recoge el artículo 7 de la nueva Ley de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas Canarias en la Guerra Civil y la Dictadura Franquista presentada en el Parlamento de Canarias el pasado 14 de diciembre de 2017 y en fase de tramitación. Con ello, La Prisión Provincial abriría las posibilidades a una demanda de las canarias y canarios desde hace décadas como es la un centro memorial de la Memoria Histórica en Canarias, siendo además un espacio de investigación y reparación de los Derechos Humanos, tan necesario y urgente en Canarias.

Canarias, por sus condiciones actuales, puede convertirse en el primer lugar de la Frontera Sur en el que se genere un cambio real en las políticas migratorias, basada en una gestión local pero con compromisos globales, un modelo en el que se cumpla con el derecho internacional y se consolide un lugar de recepción, acogida, o tránsito. Ahora está en manos de los grupos políticos con representación en el plano del Cabildo de Gran Canaria retratarse este viernes en cuestión de Derechos Humanos.

Lo más probable es que no se abra ningún tipo de investigación más allá de la búsqueda de un culpable dentro de la patera. Culpable que no tendrá todas sus garantías jurídicas para defenderse de los cargos que se le imputan. Sin embargo, recordemos que una embarcación ha cruzado los 130 kilómetros que distan desde Tarfaya, en el continente africano hasta Playa Bastián, en Lanzarote, en un viaje de dos días sin ser detectada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En Canarias contamos con toda la tecnología disponible puesta al servicio del control de la Frontera Sur. Tras la llamada Crisis de los Cayucos entre 2006 y 2008, el Archipiélago se convirtió en un laboratorio europeo de tecnología de detección en alta mar de embarcaciones, consiguiendo los objetivos planteados y reduciéndose en el año 2009 un 92% la llegada de pateras a las islas, básicamente gracias a la militarización de las aguas de separan Canarias del litoral oeste de África y de acuerdos bilaterales con terceros países a costa de lo que fuera con tal de evitar la llegada de personas. Fue fundamental en esta estrategia de defensa del Espacio Schengen la llegada de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión (FRONTEX). A eso se suma el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), dependiente de la Guardia Civil, que entre 2004 y 2008 ya contaba con 16 estaciones sensoras de alta longitud en todas las islas del archipiélago.

Sin embargo, la llegada a costa de una patera, y la muerte de siete jóvenes, entre ellos niños, demuestra una vez más cómo la gestión securitaria de la Frontera Sur no sirve para evitar la muerte de personas en el mar, sino única y exclusivamente para repeler la llegada de personas a Europa desde el continente africano. Pero vayamos por partes.

Por un lado, el SIVE no detectó la llegada de la embarcación, a pesar de que se trató de un viaje de dos días. En varias ocasiones, diferentes colectivos sociales, incluso asociaciones de la Guardia Civil, han denunciado que el SIVE no ha detectado embarcaciones, las cuales han llegado a costa sin ser socorridas. Esto no puede ocurrir. Es responsabilidad de todos salvar a las personas que se ven obligadas a recorrer el mar para llegar a Canarias. En esta ocasión tocó tierra, pero no sabemos cuántas son devoradas por el Océano Atlántico.

Por otro lado, hay razones para pensar que la Guardia Civil prima el control fronterizo por encima de esa protección o auxilio. Ha pasado en innumerables ocasiones. Lo vimos en Tarajal, cuando fueron asesinadas al menos 15 personas en febrero de 2014, o cuando la Guardia Civil arrolló a una patera que se dirigía a Lanzarote en diciembre de 2012. En esta ocasión, y según el testimonio de alguno de los socorristas que colaboraron en el rescate de los jóvenes, la patera reculó cuando vio cerca a la Guardia Civil.

A todas luces, todas estas muertes se podrían haber evitado. En primer lugar con una visión de las políticas migratorias respetuosa con los Derechos Humanos donde se prime el socorro sobre el control fronterizo, pero también acabando con el absurdo que supone que la gente arriesgue su vida en una patera como única fórmula de llegar a Europa. Se podría haber evitado también si el presupuesto que durante los últimos años se ha destinado a FRONTEX tanto en el Mediterráneo como en el archipiélago canario se hubiera destinado a misiones de salvamento o a reforzar las dotaciones y plantillas de Salvamento Marítimo, quiénes hacen una encomiable labor.

Solo con un cambio de paradigma de las políticas migratorias europeas en el que desaparezca la lógica racista del efecto llamada y la vinculación entre migraciones y delincuencia/terrorismo, donde se garanticen vías seguras y legales para migrar sin que el viaje emprendido sea más peligroso que la propia estancia en el lugar de origen; y en el que la recepción de esas personas no pase por su criminalización e intento de deportación, sino por un verdadero sistema de apoyo y respeto de sus derechos; seremos capaces de evitar más muertes y de garantizar el derecho a la movilidad humana.

Desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos y por parte de las personas que luchamos por los derechos de las personas migrantes exigimos responsabilidades a todos los niveles. Al cierre de la jornada de este lunes, tan solo el Gobierno de Canarias y las fuerzas políticas e instituciones locales de Lanzarote habían mostrado su pésame por las muertes. Ausencia absoluta de la Delegada del Gobierno regional, Mercedes Roldós, o del Ministro de Interior, Ignacio Zoido. Para ellos son casos aislados que no tienen nada que ver con la violencia estructural que el control fronterizo ejerce sobre las personas que migran.

La que fuera la antigua Prisión Provincial de Las Palmas se ve hoy reconvertida en otro tipo de prisión, el CIE de Barranco Seco, en esta ocasión para personas migradas que, en su mayoría, acaban de llegar a las costas canarias después de recorrer los más de dos mil kilómetros que separan el archipiélago del continente africano. Sin embargo, a su llegada a las islas no son tratados como víctimas sino como números, siendo detenidos a la espera de que un juez dicte o no su internamiento. Ese máximo de 72 horas son encerrados en los calabozos de las comisarías, en varias ocasiones hacinados y en condiciones de insalubridad. Una vez dictado el internamiento, son trasladados al CIE Barranco Seco donde se les da muda de ropa limpia, empezando un periplo en el cual se encuentran incomunicados, sin garantías jurídicas, y donde las barreras lingüísticas y culturales se levantan como verdaderos muros de xenofobia. Las mismas celdas donde hace no mucho se cometían todo tipo de vulneraciones sistemáticas de Derechos Humanos, será durante unas semanas, un máximo de 60 días, el lugar en el que quedarán encarcelados, bajo el constante aullido de los perros de la Unidad de Guías Caninos de la CNP. No se trata de un secreto, sino de una realidad denunciada ampliamente por organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.

La antigua Prisión Provincial de Las Palmas constituye uno de los espacios paradigmáticos de la represión y las torturas por el franquismo y los primeros años de la Transición sobre miles de presos, tanto políticos como comunes. Tomando como ejemplo la remodelación de antiguos penales y espacios de tortura que en diferentes lugares se han convertidos en Centros de Interpretación de la Memoria – como es el caso del centro O Vello Cárcere, en la ciudad de Lugo, o espacios para la investigación de los Derechos Humanos, como el referente Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires –; proponemos la creación de un Centro de Interpretación de la Memoria Histórica de Canarias y su puesta en uso social.

En nuestra opinión, el CIE de Barranco Seco comprende unas condiciones óptima para, a través de un proceso participativo que implique  a vecinos y vecinas de la zona, asociaciones de Memoria Histórica de Canarias, instituciones públicas, especialistas del ámbito académico y colectivos de defensa de  los derechos humanos; caminar de esta manera a la implementación de  políticas públicas en esta materia desde un centro referencial que recupere y ponga en valor los Derechos Humanos.

El ahora CIE de Barranco Seco presenta una oportunidad para tal desarrollo. En primer lugar, se encuentra en un espacio patrimonial privilegiado. A las afueras del casco histórico de Vegueta, entre los populares barrios de San Juan y de San Roque, a diez minutos caminando del Mirador de las Baterías Militares de San Juan,  a lo que se suma su riqueza arquitectónica de principios de los años treinta.

Proyectado en 1930 y finalizado en 1934, se trata de una prisión con un importante valor arquitectónico que no cuenta con ningún tipo de protección. Proyectado por José Betancort, figura política y literaria de primer nivel en Canarias, durante su paso como Director General de Prisiones en 1930, ideó esta prisión como un espacio de reinserción social y educativa de los presos, un hito para el recorrido posterior de los sistemas penitenciarios. De este modo, al valor patrimonial inmaterial – entre sus muros fueron confinados miles de actores sociales y políticos de la lucha antifranquista y de los movimiento sociales durante la Transición –  se le suma ese otro valor no sólo arquitectónico sino también social.

La creación del Centro de Interpretación de Memoria Histórica, que viene siendo una demanda de sectores vinculados al movimiento por la recuperación y reparación de las víctimas del franquismo permitiría la puesta en uso científico de ingentes fondos documentales y la aparición de posibles alianzas con espacios de difusión historiográficos como la Fundación Juan Negrín, la cual cuenta con más de 150.000 documentos del que fuera el último Presidente de la II República, el Archivo de Memoria Histórica de Canarias, vinculado a la ULPGC, el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas o el Museo Canario; convirtiéndose en referente para la investigación de la Historia de siglo XX de Canarias, incluso referente para otros procesos similares en otros lugares de represión.

No se trata solo de una oportunidad para Canarias de hacer justicia con su memoria, con la memoria de nuestros antepasados. Hablamos de una oportunidad de hacer justicia con las miles de personas que fueron y son víctimas de la represión, las de ayer y las de hoy. Las miles de personas encerradas en la Prisión provincial y las otras tantas miles encerradas en los CIE.  Una oportunidad para escuchar los gritos de los presos allí encerrados que durante el franquismo lucharon por la libertad. Una oportunidad para escuchar los lamentos de Tony Gallardo o Juan García el Corredera y tantos otros. Una oportunidad para escuchar los gritos de resistencia de Malick o de Seydine. Una oportunidad para abrir ventanas, permitir que la memoria hable y nos explique nuestra historia reciente, la historia por la lucha de la libertad, los años de migración de unos y de otros por un futuro digno y compartido.

Se trata de una responsabilidad política de primer orden que pongamos en cuestión espacios de no derechos donde la vulneración de Derechos Humanos se ha evidenciado como sistemática. Existen las condiciones políticas óptimas a medio plazo para emprender acciones y políticas creativas que transformen el CIE de Barranco Seco en un espacio para la defensa de los Derechos Humanos y de la memoria colectiva de Canarias.