¿Qué es eso del “concebido no nacido” y por qué está de pronto en el centro de tantas conversaciones? Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una normativa en la Comunidad de Madrid a este respecto que es, cuanto más, insulsa en sus efectos reales y en lo que propone, pero relevante, una vez más, en la batalla discursiva. Una batalla que forma parte de una agenda política internacional extremadamente peligrosa en torno a las “familias correctas” que no debemos ignorar.

Entre la visita del papa y estas conversaciones llevamos unas semanas como si estuviésemos en otra época, con olor a naftalina, curas dictando leyes y políticos devenidos en burdos opinadores que mezclan términos religiosos y científicos sin pudor. Díaz Ayuso sabe perfectamente que regular en torno a una figura tan difícil de definir como el “concebido no nacido” es muy difícil, además de peligroso e injusto. La normativa en sí pone habla más bien de las unidades familiares, asimilando las familias en las que hay mujeres embarazadas a aquellas en las que ya hay menores para calcular cuestiones como el nivel de renta per cápita al acceder a algunas ayudas. El núcleo central de la norma es poder adelantar el reconocimiento de estas unidades familiares como “familias numerosas” en caso de cumplir el resto de criterios, una asimilación que se podrá pedir a partir de las 14 semanas de gestación y que se deberá justificar tras el nacimiento. Poco más que eso.

Que la norma sea más bien insulsa no hace que la batalla en el lenguaje lo sea, y no debemos permitir que la gane. Sobre todo porque, más que al pasado, esta agenda busca propulsarnos al distópico futuro que nos dibujan las alianzas de ultraderecha a nivel internacional. Por ello, es importante señalar lo problemático de abordar el debate político sobre el comienzo de la vida con términos religiosos sin base científica como el de “concepción”. Además, conviene alertar del uso de medidas populistas dirigidas al momento de la gestación mientras se olvida a las infancias reales, víctimas de políticas adultocéntricas que les condenan a una falta de cuidados sociopolíticos vergonzosa.

Miremos de frente la idea de “concepción”. Existe una tendencia en el lenguaje común a equiparar la concepción con la fecundación, o la concepción con el embarazo: son relatos vinculados al famoso “de dónde venimos” que tienen más de discurso cultural (con grandes dosis de dogma religioso) que de consenso científico. Ayuso habla de proteger “desde el primer minuto”, y su director de gabinete da muestras de una grave incapacidad para la comprensión del funcionamiento de los cuerpos y la biología al vincular ese primer momento con la eyaculación o el coito (en qué tristes declaraciones). Pero incluso su propia normativa se ve obligada a establecer una línea muy clara para asimilar el embarazo a “un hijo más” para ser reconocida como unidad familiar: superar las 14 primeras semanas de embarazo.

La legislación española actual ya reconoce, de forma cuestionable, los embriones como entidades a proteger: es la causa de que se acumulen sine die en las neveras de las clínicas de reproducción asistida (siendo muy difícil dejar de preservarlos, incluso cuando ya no se van a usar), generando problemas de diverso tipo que no podemos abordar en este artículo, pero que son de gran relevancia política. Nuestro ordenamiento jurídico maneja diferentes formulaciones para la protección de estas células, fórmulas que arrastran un sesgo religioso muy cuestionable y cuestionado por la sociedad civil. Cuestionamiento que se ve, por un lado, en el apoyo mayoritario a la libertad de decidir sobre la continuidad o no de los embarazos, y por otro, en una creciente conciencia de la imposibilidad de controlar el primer desarrollo humano. No obstante, el discurso del fanatismo conservadurista trata de dibujar como estable e incuestionable lo que no lo es: el comienzo de la vida.

Poner la “concepción” (sin clara equivalencia científica) en el centro del debate ignora no solo que esas primeras semanas de embarazo son el tiempo legítimo e incuestionable en el que quien gesta puede decidir interrumpir el embarazo, sino que en torno al 25% de las veces esto sucede de forma involuntaria y como parte de un mecanismo meramente biológico: al menos 1 de cada 4 embarazos termina en aborto espontáneo, precisamente porque, que se genere un embrión, se implante, devenga en feto, el embarazo se logre sostener hasta el nacimiento… es algo mucho menos lineal o escrito en piedra de lo que estos políticos intentan hacer ver. Cualquiera que haya pasado por una unidad de reproducción asistida lo sabe.

Centrar el debate en “el concebido” es políticamente peligroso porque busca atentar sobre el derecho a decidir, pero es también profundamente dañino en tanto que ratifica la idea de que lograr un embarazo es algo sencillo que siempre equivale a llegar a tener un bebé, algo que genera muchísimo sufrimiento en todas las personas que viven abortos espontáneos. El hecho de que mucha gente cuide a quién y cómo contar un embarazo hasta que pasa el primer trimestre responde a esta realidad que el Partido Popular se empeña en ignorar. Y, si bien estos silencios pueden no ser la mejor estrategia para acompañar y visibilizar estas pérdidas gestacionales y los duelos perinatales, insistir en crear imaginarios en los que “el primer momento” de una vida es un punto tan temprano y tan incierto, genera mucho daño. No es inocuo presentar como realidad dada algo que es, más bien, una posibilidad abierta.

¿Por qué hablan de “concebido no nacido” si las ayudas son para la unidad familiar? ¿A quién buscan proteger? No es fácil responder porque quizás no buscan proteger a nadie, sino atacar a quienes decidimos sobre nuestros cuerpos y nuestras biografías reproductivas. A quienes no dejamos que nos impongan un discurso culpabilizador y rancio con, además, nula base científica.

No hay consenso histórico, ni científico, ni legal claro sobre el comienzo de la vida que no sea el que marca el nacimiento, y no hay entidad previa a esta que pueda convertirse en sujeto de derechos. La edad gestacional a nivel médico se mide a partir del desarrollo del óvulo (calculado con la última regla, momento en que reactiva su crecimiento, no de la fecundación). La ley habla de “preembriones” tras la fecundación y hasta el día 14 (fecha en torno a la que se calcula la implantación en el útero), y los considera embriones solo a partir de entonces, cuando se calcula que puede haber un embarazo. El momento en que empieza a hablarse de feto y no de embrión varía, pero tiende a situarse en torno al paso del primer al segundo trimestre de embarazo, coincidiendo con las fechas más claras en nuestro ordenamiento jurídico: la semana 14 que marca la ley de interrupción voluntaria del embarazo (22 para algunas casuísticas). En todo caso, hablaríamos entonces de fetos que, y esto es de central importancia para cálculos y reflexiones, no alcanzan la potencial viabilidad fuera del útero de forma significativa hasta la semana 24 de embarazo, y eso con necesidad de muchísimo apoyo tecnológico y biomédico.

“Desde el primer minuto”, o “antes de ducharse” no son eventos temporales rigurosos con los que legislar, y el barullo terminológico en el que nos estamos dejando meter en los últimos días, hablando de fetos donde solo hay embriones, o de fecundación donde solo hay eyaculación, es peligroso y nada inocente. No dejemos que nos marquen la agenda: si bien la normativa tiene poco calado, este nuevo episodio de guerra cultural va dirigido a ir cambiando la forma en que pensamos e imaginamos lo posible y lo deseable, y buscan allanar el camino para hacer viables futuras leyes más restrictivas, que recorten los espacios de libertad que tanto nos ha costado conquistar.

Madrid es una región con una necesidad flagrante de protección a la infancia: la huelga del sector educativo 0-3 lleva meses señalándolo. Nos reproducimos en un contexto de creciente desigualdad, en el que tener criaturas nos empobrece y en el que un porcentaje vergonzoso de criaturas viven por debajo del umbral de la pobreza. Jugar con las ayudas a las embarazadas y a las familias para colocar discursos ultraconservadores que allanen el camino a propuestas restrictivas de nuestros derechos es ruin y peligroso.

Hay muchas fórmulas para mejorar la protección del embarazo y de los fetos (por ejemplo: reducir la contaminación que se ha demostrado que afecta a su peso al nacer), pero ninguna puede pasar por inventarnos una figura jurídica que le dé entidad de sujeto a lo que no lo es, y todas ellas deben ahondar en proteger a quienes sí estamos aquí y ahora. Como dice Ana Requena, debemos arrebatar el término provida a las derechas. Ir a favor de la vida pasa por resolver el problema del calor extremo en los colegios, por abordar la violencia obstétrica y la infrafinanciación de los hospitales, por acabar con la escasez de plazas en escuelas infantiles, por garantizar el acceso a interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos, por asegurar la gratuidad y calidad de los comedores escolares.

Desterremos de nuestro lenguaje conceptos religiosos con nula base científica y un peligroso poder ideológico y centrémonos en garantizar condiciones materiales dignas para que la charlatanería de estas figuras se quede en eso, y no nos devuelvan a esos mundos con olor a naftalina ni nos propulsen a futuros distópicos plagados de familias homogéneas y maternidades marcadas por la abnegación y el sufrimiento en lugar de por el goce y la ternura.

La ministra y vicepresidenta Carmen Calvo declaraba hace unos días que no había que legislar en torno a lo que denomina vientres de alquiler. Lo argumentaba diciendo que estos “son la utilización del cuerpo de las mujeres más pobres”. Muchas personas, desde posiciones ideológicas diversas, compartimos la preocupación por la expansión de la gestación por sustitución1 y, en términos más generales, la mercantilización de los procesos y materiales biológicos. La cuestión, no obstante, no se soluciona en absoluto con “no legislar”.

Si bien la gestación por sustitución está actualmente prohibida, la normalización de esta práctica está vinculada a que algunas familias recurren a ella fuera de nuestras fronteras, por lo que la regulación debe confrontar este nuevo escenario y actuar sobre el mismo, sea en la dirección que sea. Es necesario, además, asegurar que lo que no queramos permitir aquí sea igualmente respetado por los ciudadanos españoles cuando se van fuera, algo que, de hecho, se hace con otras cuestiones como las donaciones de órganos no vitales.

En este artículo propongo algunas claves para abordar este tema. Las extraigo de mi trabajo en torno a las bioeconomías reproductivas como investigadora, por un lado, y de las múltiples conversaciones y debates mantenidos en torno al tema desde mi activismo feminista. Estamos, como sociedad, enfrentando un debate de gran importancia, que tiene que ver con cómo se introducen, o no, en un mercado cada vez más globalizado, los denominados trabajos clínicos o biológicos. ¿Cómo hacemos para llevar la preocupación que nos mueve hacia un terreno fructífero?

El negocio de la reproducción asistida

La reproducción asistida se ha desarrollado en el Estado español principalmente en el sector privado. Si bien se incluyen la mayoría de tratamientos en el sector público, el privado es el más fuerte, constituyendo uno de los principales mercados reproductivos en Europa y suponiendo una parte destacable del PIB.

Si bien se habla mucho de las familias que buscan acceder a ser p/madres a través de la gestación por sustitución2, no podemos olvidar que existe un gran negocio detrás. Lo que motiva de forma fundamental las regulaciones favorables a la “gestación subrogada altruista” no es el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, es la libertad de las empresas para hacer grandes negocios y generar lucro o, en el mejor de los casos, la libertad de los potenciales p/madres para acceder como clientes a un servicio privatizado. Esto se da en una doble vía: permitir el lucro de las clínicas privadas aquí (a través de la gestación altruista y compensada, es decir, prácticamente gratis para las clínicas) y el negocio de las agencias intermediarias fuera (donde sea aún más complicado asegurar los derechos de las gestantes).

El principal motor que impulsa estas regulaciones es la expansión del negocio en torno a una bioeconomía, la reproductiva, con un fuerte crecimiento en los últimos años, particularmente en el Estado español. Uno de los motores principales de este mercado está vinculado, no tanto a las técnicas de reproducción asistida en sí, como la participación de terceras personas.

Las donaciones de semen y óvulos, que también están compensadas, son además el principal atractivo del llamado turismo reproductivo, del que España es el principal destino en Europa. Esto es así porque aquí existe mucha más disponibilidad de óvulos (cuya donación es anónima y se compensa con en torno a 1000 euros por ciclo, a diferencia de la gran mayoría de países europeos). Como vemos, la participación de terceras personas en los procesos reproductivos está ya generando un importante mercado reproductivo en el Estado español: ¿qué pasaría si se regulase a favor de la gestación subrogada?

La gestación por sustitución no es una técnica de reproducción asistida

En múltiples ocasiones se habla de la gestación subrogada como una técnica de reproducción asistida. Si bien esta práctica es posible gracias a las técnicas de reproducción asistida, no es en sí misma una técnica, sino una práctica relacional que implica que una mujer se someta a tratamientos de reproducción asistida, primero, para después gestar y parir un bebé para una persona o pareja que así lo haya contratado. Estas prácticas no deberían abordarse en términos técnicos, sino con base en el tipo de relación que queramos que exista entre estas partes: ¿debería existir esta relación?, ¿sujeta a la existencia un vínculo afectivo, o económico, laboral, o emocional? Aquí, creo, está la discusión principal.

En este sentido, resulta necesario hablar de distintos modelos. Un primer modelo pasaría por no permitir que una persona geste para otras en ningún caso; un segundo modelo sería el de la gestación altruista o relacional (entre gente conocida y sin compensación económica, como se realizan las donaciones de órganos no vitales); la denominada gestación “altruista” pero con compensación económica sería un tercer modelo, en el que sí se monetiza la práctica pero no se paga a precio de mercado. El cuarto modelo sería de tipo comercial o laboral, donde la gestante accediera a mayor remuneración y a una serie de derechos laborales3.

La mercantilización de la gestación: generación de lucro y estratificación de la reproducción

Tanto el modelo de altruismo con compensación en el ámbito privado como el modelo laboral o comercial supondrían una mercantilización de facto de los procesos reproductivos. Resulta erróneo pensar que el sólo hecho de no “pagar” a las gestantes suponga que no hay mercantilización. Debemos poner el foco en los intereses de las clínicas de reproducción asistida y las agencias intermediarias que no paran de crecer en el sector: mientras ellas puedan lucrarse de estos procesos, la reproducción se estará mercantilizando.

Introducir en el mercado español de la reproducción asistida la gestación por sustitución pondría en cuestión algunos acuerdos sociales básicos: esos que nos llevan a haber decidido no mercantilizar la donación de sangre, de médula, o de órganos, y que cuentan con un gran apoyo social. Esos son los acuerdos que hacen que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) nos haya situado a la cabeza mundial de este tipo de prácticas, realizadas en principio al margen de la generación de beneficio económico (es decir, en el sector público) y de forma no pagada (en relación tanto a las personas que donan y como a las que reciben).

Además, este tipo de mercantilización de la gestación (ya sea a través de compensación o pago), tiene el peligro de aumentar aún más la estratificación de la reproducción. Esto es, habrá unas personas legitimadas para ser p/madre a través de unos cuerpos legítimos para reproducirse genéticamente (los de las donantes) y otros disponibles para gestar para los primeros. Esto está ya sucediendo en los casos de gestación subrogada internacional, en los que se escogen óvulos de donantes blancas que son luego gestados en muchos casos por mujeres racializadas. ¿Cuál sería el efecto de regular la gestación por sustitución en un país que establece una obligada coherencia fenotípica entre receptoras y donantes de óvulos?, ¿qué cuerpos van a destinar a unos procesos y a otros? El peligro de asentar regímenes racistas de estratificación es uno de los temas clave en este debate, sin embargo, raramente se nombra. ¿Qué mujeres accederán a gestar por una compensación económica?, ¿cuáles lo harían dentro de un régimen laboral?, ¿cuáles a través de un vínculo afectivo?

Plantearnos todas estas cuestiones es fundamental a la hora de abordar el debate. Si la preocupación es la no invasión de los cuerpos y las vidas de las mujeres más pobres o vulnerables, hay que sentarse a pensar y debatir de forma informada. No legislar va a dejar exactamente igual de desprotegidas a quienes supuestamente nos importan. Frente al gran negocio de la gestación subrogada, ¿cuáles son los derechos que nos importan?

Pensar cómo nos reproduciremos en unas décadas es preguntarnos por los mundos que vamos a habitar, cuáles deseamos vivir y dejar. ¿Qué familias, qué vidas, qué redes de parentesco serán posibles o deseables?, ¿qué identidades, qué crianzas, qué paternidades y maternidades? Siento que proyectar es más fácil para pensar el hoy de la reproducción que conversar sobre el presente: salirnos de la casuística individual, del deseo (o no) propio de crianza. Pensar un futuro justo y factible para la reproducción requiere ampliar los límites de lo imaginable y poner en práctica una valentía política y social que haga, de futuros deseados, futuros posibles.

Tenemos una responsabilidad histórica en relación a lo reproductivo, tanto por las prácticas asociadas a las técnicas de reproducción asistida, como por el contexto de globalización, deslocalización y crisis ecosistémica. Aquí me centraré en las primeras, pero es fundamental no perder de vista su contexto.

Las técnicas de reproducción asistida que se han expandido desde finales del siglo pasado dibujan un escenario marcado por dos cambios principales. Por un lado, posibilitan la transferencia de capacidad reproductiva o participación de terceras personas en la generación de embriones, gestación y partos. Esto se ve en las (mal) llamadas donación de óvulos y gestación subrogada. Por otro lado, estas técnicas posibilitan la intervención y selección, ya sea a nivel morfológico o genético, de gametos (óvulos y espermatozoides) y embriones.

Si el futuro se rige por las mismas lógicas que, en las últimas décadas, han tendido a la identificación de los problemas desde lo individual y a la búsqueda de soluciones privatizadas y mercantilizadas, el futuro de la reproducción estará fácilmente ordenado en una línea a la que ya se apunta en el presente: fragmentación del proceso reproductivo y externalización cada vez de más partes del mismo, regido por una lógica de selección que, según el contexto, se ampliará más o menos, en unas u otras direcciones. Si el problema que buscamos resolver es garantizar el acceso individualizado a unos bebés determinados, posibilitaremos unos mercados reproductivos particulares (acceso a técnicas de reproducción asistida, de selección reproductiva y disposición de material genético y gestantes para quienes quieran resolver proyectos individuales de p/maternidad y puedan permitírselo). La selección de donantes y gestantes podrá crecer, la de características concretas en la descendencia, también. Ya hoy se oferta selección de embriones por sexo en algunos países, ya hoy existen cuidadas selecciones de gestantes y donantes. Si este modelo se afianza, resolverá el deseo de crianza de una parte de la población en una dirección concreta. Y generará nuevos nichos de ¿empleo? para otra parte de la población.

Este futuro posible, cercano, contiene fundamentalmente dos problemas. El primero es que se construye sobre las desigualdades globales que en la actualidad estratifican el acceso a estos mercados reproductivos: salvo contadas excepciones, serán las clases más bajas las que opten a ser gestantes y donantes, y las mejor posicionadas a escala global las que puedan permitirse acceder de este modo a la p/maternidad. Dentro de este segundo grupo, para el que se abriría un nuevo nicho de empleo, algo quedaría trastocado en la forma de entender el yo físico, que devendría mercantilizado de una nueva manera; desde el momento en que las niñas empiecen a menstruar, esta parte de sí podrá ser vista no sólo en términos de potencial reproductivo sino en términos de potencial trabajo, empleo o generación de beneficio1. Si la lógica de regulación continúa por donde viene funcionando, estos empleos serán además parte de los trabajos feminizados, infravalorados tanto social como monetariamente. Un salto más en la mercantilización de la vida íntima y la estratificación por sexo.

Pero volvamos al juego de pensar a unos años vista, en el que proyectar futuros posibles desde preguntas abiertas. Algunas feministas hablan de la apuesta por medidas políticas de resistencia, transición y transformación. La resistencia apela a defender lo que queda fuera de las lógicas de acumulación de capital: ¿podemos considerar la reproducción hoy un afuera? En cierto sentido no, pero en muchos otros —el monetizado fundamentalmente—, lo continúa siendo de forma generalizada. No es un ámbito libre de presiones o violencias, pero sí tiene elementos otros a la lógica de acumulación sobre los que reflexionar. La idea de transformación nos habla desde otro lugar: ese desde el que propongo ampliar la imaginación de lo posible: ¿qué pasaría si proyectamos un futuro en el que el deseo de crianza se situase fuera de la familia nuclear tal y como la conocemos?, ¿no sería una respuesta más lógica, frente a la necesidad biofísica de decrecimiento poblacional y la necesidad ética de un acceso más igualitario a una vida digna, empezar a testear modelos de crianzas más compartidas, en los que la implicación de terceras partes se minimice en lo monetizado y se amplíe en lo vital? Ese futuro que queramos dibujar, ese accesible para todas, necesariamente transfronterizo, necesitará medidas de transición particulares que resuelvan las necesidades y deseos del ahora permitiendo labrar un camino diferente, unas dinámicas y lógicas distintas, otras vidas posibles y buenas.

Transformar los modelos de crianza parece necesario, tanto por el hecho de que hay muchas personas que quieren ser padres/madres y no pueden (y al revés), como porque muchos de los que sí tienen bebés no tienen tiempo o recursos para cuidarlos, con muy distinto significado a uno y otro lado de las cadenas globales de cuidados. Estas cadenas están lidiando con, que no resolviendo, la llamada crisis de los cuidados, esto es: el acceso desigual al derecho al cuidado, que hace que estas necesidades se resuelvan cada vez más en el mercado por quien puede pagarlas y de forma precaria por quienes no. Entender la injusticia en este acceso a los cuidados necesarios para una vida digna es fundamental para repensar la reproducción de la vida. Existen, tanto en el pasado como en el presente, modelos que observar en los que la crianza se comparte y existe también una necesidad imperiosa de atreverse a crear modelos nuevos desde la responsabilidad real para con las criaturas que traemos al mundo.

Para ello hay que romper con un sentido común limitado y limitante que nos dice que todo lo justo, que todo lo bueno, es imposible. Las utopías que queramos serán las que creemos: revolviendo todo, impugnándolo todo. Abrir los espacios a la disidencia pasa también por impugnar el modelo de familia nuclear como eje organizador de la vida y los derechos. Hay que darle la vuelta a todo para dejar de reproducir lo mismo: el único futuro posible que combine el realismo con la justicia en el reconocimiento y el acceso pasa por ahí, también en lo reproductivo. La valentía política y la apertura de mundo es hoy la única forma de intentar conseguirlo.