Los resultados de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha han sido desastrosos. De los 141.693 votos (13,08%) que lograron en total Podemos (107.463, 9,92%) y Ganemos-LV-IU (34.230, 3,16%) en 2015 se ha pasado a los 74.372 votos (6,96%) que ha obtenido Unidas Podemos (Podemos-IU-EQUO) en 2019; y de los dos escaños –casi tres- que se lograron entonces se ha pasado a no obtener ningún escaño ahora. Es decir, se han perdido la mitad de los votos y toda representación en las Cortes regionales. Un desastre sin paliativos.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno regional, José García Molina, que ha presentado su dimisión como Secretario General de Podemos junto a la de todos los miembros de su Consejo de Coordinación, se ha negado, sin embargo, a admitir cualquier relación entre estos resultados y el cogobierno en minoría con el PSOE de García-Page o la propia campaña electoral. Pero hay un elefante en la habitación.

Como ya expuse en un artículo anterior, la entrada en el Gobierno regional se decidió mediante una consulta-trampa que vinculaba esa entrada a la aprobación de los presupuestos regionales, privando deliberadamente a los inscritos e inscritas de Podemos de la posibilidad de optar por la aprobación de unos presupuestos con avances sin necesidad de entrar en el Gobierno de García-Page, una opción que, de haberse contemplado, probablemente habría sido mayoritaria. En cualquier caso, y con independencia de cómo se hizo aquella consulta, el cogobierno en minoría con el PSOE de García-Page ha resultado un evidente fracaso y se ha demostrado innecesario, inútil y, sobre todo, contraproducente.

Ha sido innecesario porque ya habíamos echado del Gobierno regional al PP de Cospedal al inicio de la legislatura mediante un acuerdo de investidura sin necesidad de cogobernar y porque era en el parlamento autonómico donde Podemos tenía una posición decisiva y podía fiscalizar al Gobierno desde una oposición autónoma, mientras que en el Consejo de Gobierno el voto de Podemos ha sido irrelevante. En las Cortes decidía Podemos, mientras que en el Consejo de Gobierno ha decidido García-Page.

Ha sido inútil porque, como era previsible, García-Page no ha cumplido y ha impedido que el Gobierno remitiese a las Cortes las dos leyes –la de Garantías y la de Participación Ciudadana- cuya aprobación constituía un compromiso inequívoco del cogobierno y que podían haberse presentado perfectamente en las Cortes desde nuestro Grupo Parlamentario, lo que al menos habría obligado al PSOE a retratarse en la votación.

Permanecer en el Gobierno de García-Page cuando este había evidenciado hasta la humillación que no tenía intención de cumplir no tiene otra explicación que el afán de aferrarse al sillón y negarse a admitir el error de haber entrado.

Pero sobre todo ha sido enormemente contraproducente porque Podemos pasó de ser alternativa a ser partícipe directo de las políticas antisociales, insostenibles y represivas del PSOE de García-Page, como la externalización de servicios públicos, el apoyo a la minería especulativa o a la ganadería intensiva de las macrogranjas o la petición de penas de cárcel para los repobladores y repobladoras de Fraguas, además de guardar un clamoroso silencio ante escándalos del PSOE como el caso Incarlopsa. Obviamente, el fracaso del cogobierno y la claudicación ante el PSOE de García-Page han tenido graves consecuencias políticas y electorales para Podemos. Para el PSOE de García-Page, en cambio, este “abrazo del oso” de manual ha resultado un negocio redondo.

A ello se añade una campaña electoral que ha sido un verdadero cúmulo de despropósitos. Sin duda el más sonado fue la propuesta de plantear el empadronamiento en Castilla-La Mancha como criterio de priorización en el acceso al empleo público, lo que implica asumir el marco discursivo de la derecha de la disputa por la escasez entre la gente de abajo y del “los de aquí primero” en lugar del discurso de la izquierda sobre la igualdad de derechos y el reparto de la riqueza frente a la minoría privilegiada.

Esta ocurrencia de José García Molina, que no pasó por el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos ni fue tampoco acordada con los socios de la coalición electoral, provocó el desmarque público de Izquierda Unida y el rechazo unánime de todos los sindicatos representativos de la Función Pública, que la tacharon, con razón, de xenófoba e inconstitucional. Concitar en tu contra la difícil unidad sindical en plena campaña electoral es, a todas luces, un error monumental.

“De la multitud indignada en las plazas al líder visionario en el páramo”

Pues bien, lejos de rectificar, el candidato de Unidas Podemos optó por huir hacia adelante y quedarse solo defendiendo la propuesta de marras. No en vano, esta iba envuelta, entre otras, en un programa de campaña que exhibía en su portada a José García Molina en solitario en medio de la estepa castellana subido a una lujosa moto de gran cilindrada en cuyo espejo retrovisor aparecía reflejada su cara con la mirada perdida en el horizonte, una fiel plasmación gráfica de la ética y estética del ‘molinismo’ y de su concepción de la política y del partido. De la multitud indignada en las plazas al líder visionario en el páramo. Mientras tanto, en la campaña sobre el terreno cundía la desorganización.

Pero difícilmente puede realizarse una campaña creíble y sólida cuando durante toda una legislatura no solo se ha seguido una trayectoria política errática y con fuertes bandazos, sino que además se ha llevado a cabo un desmantelamiento metódico y completo de toda la organización. En un polémico artículo publicado en diciembre de 2016 que constituía una verdadera declaración de principios e intenciones, José García Molina ya advertía que “habrá que hablar de «los que sobran» en Podemos”.

Y, efectivamente, bajo su dirección se ha practicado una política sistemática de exclusión y acoso contra cualquier persona que no se plegase a un seguidismo ciego y acrítico del ‘molinismo’; una política sectaria que ha atravesado todos los niveles y ámbitos de la organización, desde el Consejo Ciudadano Autonómico a los círculos, pasando por el Grupo Parlamentario y las redes sociales oficiales del partido, consagradas al culto al líder. Al final sobraba tanta gente que el partido quedó reducido a poco más que una camarilla de afines en torno al Secretario General.

Sin duda, uno de los capítulos más bochornosos ha sido la campaña de difamación dirigida contra mi persona a través de liberados de esa camarilla que me acusaron falsamente y sin pruebas de trato sexista y discriminatorio en un lamentable escrito que fue convenientemente filtrado a los medios de comunicación. En los días siguientes, José García Molina aprovechó la coyuntura para desautorizarme públicamente como portavoz parlamentario y María Díaz, la Secretaria de Organización, hizo declaraciones a la prensa en las que, vulnerando mi derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, se refería a las acusaciones como hechos y afirmaba que no se podía poner en duda su veracidad.

Afortunadamente, la maniobra fue ampliamente percibida como un torpe y repugnante intento de purga política, pero no deja de evidenciar crudamente hasta qué extremo de miseria moral y falta de escrúpulos se ha sido capaz de llegar. La querella que presenté por delito de injurias y calumnias ha sido ya admitida a trámite y ahora quienes firmaron esas falsas acusaciones deberán acudir al juzgado a declarar como imputados.

No se trata en absoluto de un hecho aislado. La lista de malas prácticas del ‘molinismo’ es francamente extensa, pero no es propósito de este artículo hacer inventario. No obstante, sí resulta especialmente preocupante la sospechosa opacidad en torno a las finanzas del partido y la rotunda negativa de José García Molina a mostrar la contabilidad completa que se le ha reclamado reiteradamente desde el Consejo Ciudadano Autonómico. Por un principio básico de transparencia, una de las primeras tareas de la gestora que se nombre por la dirección estatal o de la nueva dirección autonómica que resulte electa debería ser auditar las cuentas del partido en la región.

El final indigno y patético del ‘molinismo’ ha estado verdaderamente a la altura de toda su gestión. Aunque José García Molina ha dimitido de su cargo como Secretario General de Podemos, ha seguido aferrándose a su cargo de Vicepresidente Segundo de García-Page y cobrando del Gobierno regional. En cualquier caso, asumir responsabilidades no consiste solamente en dimitir de cargos, sino también y sobre todo en admitir errores y rendir cuentas de una gestión. Pero el Vicepresidente Segundo de García-Page ni siquiera ha tenido la decencia de convocar al Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos para dar la cara, analizar los resultados y ofrecer un balance colectivo al electorado y la militancia, lo que habría mostrado un mínimo de respeto por toda la gente que ha participado en la campaña y por la organización de la que ha sido Secretario General. Simplemente ha huido en su moto dejando tras de sí un rastro de nada más que humo y tierra quemada. Tanta paz lleve como descanso deja.

Algo huele a podrido en Castilla-La Mancha. Huele a podrido que se promueva la instalación de macrogranjas porcinas esgrimiendo el falso argumento de la creación de empleo, cuando las macrogranjas destruyen más empleo del que crean y el que crean es escaso y precario. La alta tecnificación hace que estas instalaciones generen muy pocos puestos de trabajo, subcontratando generalmente falsos autónomos en situación precaria. A cambio, se destruyen muchos otros empleos, por un lado, en el propio sector, donde los pequeños ganaderos no pueden competir con los bajos precios de las macrogranjas, lo que incrementa la concentración empresarial y la desigualdad de ingreso en el campo; y, por otro lado, también en otros sectores, como el turismo rural, debido a los impactos negativos en el entorno, lo que agudiza el problema de la despoblación en nuestro medio rural. 

Huele a podrido que se ponga en riesgo el abastecimiento y la calidad del agua con instalaciones que generan una demanda inasumible de recursos hídricos en una región donde estos recursos son escasos y se encuentran ya bajo una fuerte presión. No estamos luchando contra los trasvases y en defensa de nuestros ríos para que ahora se trasvase el agua a las macrogranjas para beneficio de unos pocos y perjuicio de la inmensa mayoría. Cuando decimos que hay que seguir no solo el rastro del agua, sino también el rastro del dinero, nos referimos precisamente a esto. Los purines y residuos tóxicos que generan las macrogranjas se almacenan en inmensas balsas que pueden romperse o filtrar su contenido y constituyen una importante amenaza de contaminación de los ríos y acuíferos, provocando restricciones y prohibiciones de beber agua del grifo, como ha sucedido ya de hecho en varios municipios de nuestra región. 

Huele a podrido que se subvencione con dinero público a grandes empresas como Incarlopsa o Cefusa-El Pozo desoyendo informes de la propia Junta que advierten sobre los impactos negativos de la ganadería intensiva sobre el medio ambiente. El informe ‘Impactos del cambio climático en Castilla-La Mancha’, encargado por la Junta a expertos en la materia, señala que la “producción ganadera intensiva tiene un papel importante como fuente emisora de ciertos gases que repercuten de forma negativa en el medio ambiente” y que, por el contrario, la ganadería extensiva, tradicional en nuestra región, puede “continuar siendo una excelente alternativa para mantener el equilibrio de los sistemas de producción.” 

Huele a podrido que la complacencia y claudicación ante los intereses particulares de Incarlopsa haya llegado al extremo de expedientar y apartar de su puesto de trabajo a veterinarios de la Junta que resultaban incómodos a la empresa por denunciar sus incumplimientos de la normativa de bienestar animal. Como establece la sentencia del 21 de septiembre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, “apartar de su puesto de trabajo a los dos funcionarios, con el único elemento para justificar tal cosa que las simples quejas de un administrado con evidente interés en el asunto, entra ya de lleno en el ámbito de la manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado (…), que a esta Sala le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general que la Administración debe defender de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Española. La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”. 

“Graves irregularidades en la tramitación de autorizaciones”

Huele a podrido que se estén cometiendo graves irregularidades en la tramitación de autorizaciones para la instalación de macrogranjas, como establece también otra sentencia, del 15 de enero de 2018, del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. Esta sentencia anula la autorización ambiental integrada para una explotación porcina por no haberse seguido el procedimiento legal establecido en la tramitación de la declaración de impacto ambiental, dado que no se ha sometido a información pública, privando a los interesados del derecho de información y participación que les corresponde. Uno de los magistrados emite además un voto particular en el que señala que, junto a los motivos formales, deben abordarse también los sustantivos porque “queda suficientemente acreditado (…) que las aguas de consumo público (…) están contaminadas por los nitratos procedentes de los purines y estiércol originados por las granjas de cerdos y vacas de la empresa autorizada” y que “la autorización concedida pone en grave riesgo la calidad de los recursos hídricos de toda la comarca”, lo que “prueba la insuficiencia de las medidas de gestión de estiércol”, que resultan “deficientes e ineficaces, ante un problema de salud pública tan grave”. 

Huele a podrido que en las Cortes regionales se haya rechazado, con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP, una resolución de Podemos en la que pedíamos simplemente que se deje de promover y de apoyar económicamente la instalación o ampliación de macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha y que se promueva, por el contrario, un desarrollo rural y agropecuario sostenible, apoyando a cooperativas y pequeños/as productores/as y priorizando actividades como la ganadería extensiva y ecológica y el turismo rural y de naturaleza. 

Porque todo esto huele a podrido, en muchos pueblos de Castilla-La Mancha la gente se está organizando para luchar contra las macrogranjas y esta lucha solo acaba con la paralización de los proyectos. Sabemos cómo se hace porque hemos logrado ya paralizar los proyectos de minería de tierras raras. Se hace con organización y movilización social y con una acción institucional coherente y consecuente. Por eso llamamos a la gente a organizarse y movilizarse para defender el futuro de nuestra tierra y resistir frente a las macrogranjas. Hay ya una rebelión en marcha.

"¿De verdad va a ser el PSOE de Page más conservador aún que el PP de Núñez Feijóo en la edad mínima para cazar?"

Un promedio de 28 personas mueren cada año en España en incidentes con armas de fuego durante la práctica de la caza [1] y Castilla-La Mancha lidera el ranking entre las comunidades autónomas acumulando cerca del 30% de todos los incidentes, según datos oficiales [2]. Esta elevada siniestralidad, que no es proporcional al número de licencias o a la extensión territorial de nuestra región, se explica en gran medida por la Ley de Caza de Cospedal, que fomenta a toda costa y con el menor control la caza intensiva y comercial, incluyendo modalidades de alto riesgo.

Por esta y otras razones, en las Cortes de Castilla-La Mancha se encuentra en tramitación un proyecto de ley de modificación de la Ley de Caza que ha incorporado ya en su elaboración previa importantes avances en aspectos como la defensa del uso público del monte, la conservación de la naturaleza y la protección del bienestar animal. Con el propósito de profundizar estos avances, desde el Grupo Parlamentario de Podemos hemos presentado varias enmiendas que serán debatidas y votadas próximamente en las Cortes regionales. Entre las diversas cuestiones planteadas, una de ellas en particular está suscitando un vivo debate social: la propuesta de aumentar a 16 años la edad mínima para cazar, en lugar de los 14 años que establece la Ley de Caza de Cospedal. 

Por un lado, la Plataforma contra la Ley de Caza, integrada por más de 40 entidades sociales de todo tipo, ha pedido a PSOE y Podemos un último esfuerzo para acordar un aumento de la edad mínima para cazar, con independencia de lo que establezca el obsoleto reglamento de armas estatal, apuntando incluso que lo lógico es que no se pueda cazar sin tener la mayoría de edad. Por otro lado, algunas asociaciones del poderoso lobby cinegético, que no representan a todo el sector, han manifestado su radical oposición a esta propuesta porque supone, en su opinión, cortar el relevo generacional para intentar acabar con la caza [3]. 

Conviene aclarar de partida que el declive del sector cinegético se viene produciendo desde hace décadas y no depende de la edad mínima para cazar, sino que responde a cambios sociales, económicos y culturales amplios que comprenden desde la creciente sensibilidad social contra el maltrato animal hasta la propia transformación del medio rural, donde han ganado importancia diversas actividades económicas y de ocio alternativas, que se ven afectadas negativamente por la caza. Quienes legislamos tenemos la responsabilidad de acompañar estos cambios con actualizaciones normativas a favor de la mayoría social.

En España la edad mínima para trabajar, para contraer matrimonio o de consentimiento sexual es de 16 años. Con 14 años no se puede ni siquiera conducir una motocicleta de la menor cilindrada, desde que en 2010 se elevó también la edad mínima para ello. Por debajo de los 16 años hablamos prácticamente de niños y niñas y un arma de caza no es un juguete. Tanto por una consideración de seguridad como de protección de los derechos de la infancia y del resto de personas que disfrutan el medio natural es necesario equiparar la edad mínima para cazar a al menos aquella en la que, en términos generales, el conjunto de la sociedad actual considera que una persona es mínimamente responsable. 

Por otra parte, el reglamento de armas estatal no impide en absoluto que las leyes de caza autonómicas incrementen la edad mínima para cazar. Que este obsoleto reglamento mantenga todavía a día de hoy los 14 años como edad mínima para manejar armas indica, en todo caso, la necesidad de actualizarlo también. Comunidades autónomas como Canarias o Galicia ya han dado el paso de aumentar la edad mínima para cazar, en este último caso, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo gallego y con el apoyo del PP de Núñez Feijóo [4]. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la enmienda de Podemos para aumentar a 16 años la edad mínima para cazar en Castilla-La Mancha aparece como una propuesta prudente, responsable y sensata que permite al menos avanzar en la dirección adecuada. La posibilidad de que esta enmienda se apruebe y se incorpore finalmente a la ley dependerá del voto del PSOE, que hasta ahora ha defendido, como el PP, la posición extremista y desfasada del lobby cinegético de mantener como edad mínima los 14 años de la Ley de Caza de Cospedal. ¿De verdad va a ser el PSOE de Page más conservador aún que el PP de Núñez Feijóo? Lo comprobaremos en las Cortes regionales en estas próximas semanas. 

[1] https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/info-verdades-caza.pdf

[2] https://www.ecologistasenaccion.org/article34057.html

[3] http://www.eldiario.es/clm/minima-cazar-enfrentamiento-cazadores-ecologistas_0_735626812.html

[4] http://www.europapress.es/sociedad/noticia-galicia-mantiene-16-anos-edad-minima-poder-cazar-permitira-batidas-zonas-vedadas-20130207180528.html