Unas amigas de visita reciente en Málaga me comentaban lo cambiada que habían encontrado la capital malagueña desde su visita anterior. Sobre todo, les había llamado la atención cómo había cambiado la fisonomía del centro de la ciudad y la variada y amplia oferta cultural que actualmente ofrece.

Ciertamente Málaga es quizá la capital andaluza que más ha cambiado en los últimos años, una ciudad que ha sabido reinventarse tras un parón industrial que, unas décadas atrás, dejó bastante tocada la economía local. La Málaga de hoy es una ciudad en crecimiento, que ha apostado por un turismo urbano y cultural que complementa la oferta de 'sol y playa' de la cercana Costal del Sol. En ese impulso ha jugado un papel importante la figura de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga desde el año 2000. Hay que reconocer que, al margen de filiaciones políticas, ha logrado el reconocimiento por esta labor, gracias a un perfil muy institucional y de apuesta decidida por la cultura y la modernización de la ciudad.

Pero debo decir que a mis amigas también les ha llamado negativamente la atención seguir encontrando coches de caballos circulando entre las calles con más tráfico de la ciudad, aparcados además a pleno sol en la Plaza de la Marina.

En Málaga, esta actividad económica sigue estando muy desregulada, y administrativamente nadie controla cuántas horas se ven obligados a trabajar estos animales. Además de esto, deben pernoctar en unas cuadras que actualmente se encuentran en un estado lamentable, con techos de hojalata o uralita, mal ventiladas y con algunos boxes tan pequeños que los caballos ni siquiera pueden darse la vuelta. De la precaria situación del sector, los animales y las instalaciones se hizo eco elDiario.es hace ya más de 3 años.

Hace mucho tiempo también que los colectivos animalistas y vecinos de Málaga vienen denunciando la precaria situación en la que se encuentran estos animales (se comprobó que un animal vigilado por activistas durante 24 horas trabajó 13,5 horas a 38 grados de temperatura y solo se le dio dos veces de beber). Ver a estos hermosos animales un día de terral (el viento cálido y seco que de vez en cuanto castiga la capital malagueña) a pleno sol, echando espuma por la boca y cargando con hasta 6 personas, es triste y desolador.

Cada vez que veo a esos caballos agotados, deshidratados y sufriendo el látigo del cochero, me acuerdo inevitablemente del episodio que vivió el filósofo Friedrich Nietzsche y que da nombre a este blog. Según relatan, al encontrarse el filósofo alemán con un caballo tendido en el suelo de las calles de Turín mientras un cochero le azotaba cruelmente, se arrojó al suelo y le abrazó hasta que fue detenido por desórdenes públicos. Según dicen, la honda impresión que le causó el episodio fue el punto de inflexión hacia una pérdida irreversible de la cordura.

Hace algunos años, el Ayuntamiento de Málaga inició un programa de recuperación de licencias, indemnizando a los cocheros para que cesaran su actividad, planteando alternativas para los trabajadores del sector y limitando las zonas de circulación por el centro para los coches de caballos. Pero la realidad actual es que el programa de recuperación de licencias no avanza y la situación de los animales, que se siguen viendo forzados trabajar casi todo el día por carreteras muy saturadas de tráfico y tragando humo, ha empeorado aún más.

Recientemente, Málaga presentó un proyecto titulado 'La era urbana: hacia una ciudad sostenible' con el fin de organizar una Expo Internacional entre el 5 de junio y el 5 de septiembre de 2027.

Esa decidida apuesta de Málaga por la modernidad, la cultura y la sostenibilidad tiene una difícil convivencia con una actividad que implica tan alto grado de crueldad con los animales y que empaña la imagen que se pretende dar de la ciudad.

El Ayuntamiento de Málaga debería reactivar la recuperación de licencias y acabar con esta actividad lo antes posible, porque supongo que a los técnicos de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) les llamará la atención, como a la mayoría de los visitantes de Málaga, la discordancia de una ciudad moderna que, sin embargo, permite un muy visible y evidente maltrato animal en sus calles más visitadas.

El bienestar de todos los animales debería tratarse como un asunto de Estado, pues atañe a toda la sociedad. Por tanto, la Administración y el Ordenamiento Jurídico deberían contemplarlo, regularlo y hacerlo cumplir. Sin embargo, en España su regulación sigue siendo la eterna asignatura pendiente y, a día de hoy, el Estado carece de una ley marco de protección y trato a los animales. La desidia en esta materia ha sido tal que España es el último país del Consejo de Europa que ha ratificado el 19 de julio de 2017 el Convenio Europeo para la Protección de Animales de Compañía de 1987, ¡30 años después!.

También ha habido que esperar hasta 2017 para que una proposición de ley cambiara el régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil y dejaran de ser considerados “bienes inmuebles”, susceptibles de formar parte de herencias, embargos o tratos de divorcio, y pasaran a ser considerados “seres vivos dotados de sensibilidad”.

La falta de esta ley marco tiene como consecuencia que en España haya 17 leyes diferentes de protección animal, tantas como Comunidades Autónomas, que a falta de una regulación estatal se decidieron a legislar sobre el sector de los llamados animales de compañía, siendo pionera Cataluña con la primera regulación en 1988. La realidad es que esta regulación autonómica es tremendamente heterogénea y ni siquiera encontramos un criterio común en la categorización de los animales, por lo que en una comunidad autónoma un animal puede ser considerado como 'de compañía' y, en otra, estar excluido de toda protección, como sucede con los caballos.

De todas ellas, la Ley de Protección aprobada por la Rioja el 30 de noviembre de 2018, se podría considerar la más avanzada y homologable a los estándares europeos, a pesar de algunas carencias. El objeto de la ley riojana es fomentar el civismo y la tenencia responsable, luchando contra el abandono y el maltrato, y promoviendo la identificación, la adopción y la esterilización, reconociendo la protección de las colonias felinas según el protocolo CES: captura, esterilización y suelta. Una de las novedades más importantes de la ley, y que venía siendo una larga reivindicación, es la obligatoriedad de la esterilización, cuestión esta que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el propio Gobierno riojano durante la anterior etapa de gobierno del PP y apoyado por 50 senadores de dicho partido, que afortunadamente ha sido recientemente desestimado.

Tanto la legislación estatal como la autonómica otorgan un papel protagonista a la Administración Local en lo que a la ejecución y puesta en práctica de la diferente normativa se refiere, y casi todos los municipios de nuestro país han dictado ordenanzas sobre los animales de compañía, con más pena que gloria, al menos en cuanto a la puesta en práctica se refiere.

La potestad municipal tiene una importancia primordial en cuanto a la protección de los animales, ya que las autonomías habilitan a los ayuntamientos para la gestión en la recogida de animales y su decomiso (cuestión clave para actuar en casos de malos tratos). Y, derivado de estas funciones de recogida y decomiso, está el depósito de los animales, que debería desarrollarse siempre respetando sus necesidades físicas y psicológicas, en espacios que lo permitan y respetando su derecho a la vida.

Lamentablemente, es ahí donde está el agujero negro de la protección animal, ya que son minoritarios los ayuntamientos que llevan a cabo estas funciones con unos estándares aceptables de bienestar animal. La falta de recursos, los intereses de algunos colectivos, la falta de conciencia sobre el bienestar animal y las licitaciones con criterios únicamente económicos o de amiguismo, hacen que nos encontremos continuamente con situaciones dramáticas en centros zoosanitarios de toda España. La falta de sensibilidad de muchos responsables municipales en esta materia es tal que, incluso en algunas capitales de provincia, este servicio está incluido en las licitaciones de recogida y gestión de residuos sólidos urbanos, y es prestado por empresas que nada tienen que ver y a las que nada les importa el bienestar animal.

Afortunadamente, el aumento significativo de la sensibilización social hacia el bienestar y los derechos de los animales, la presión de asociaciones, fundaciones y sociedades protectoras, están empezando a tener reflejo en las políticas llevadas a cabo en algunos municipios y mancomunidades. Por poner un ejemplo, recientemente la Junta de Gobierno de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha aprobado el contrato de recogida de animales teniendo en cuenta en los pliegos la legislación vigente en materia de bienestar animal, e incluso yendo más allá, especificando cuáles deben ser las condiciones de traslado y mantenimiento de los animales en las instalaciones de la empresa adjudicataria, exigiendo un transporte que garantice su bienestar y que el mantenimiento de los animales cumpla con unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, acordes con las necesidades fisiológicas y etológicas, con espacios de recreo para los animales y con lugares independientes donde separarlos por grupos según el carácter, tamaño, edad o estado de salud. Y, lo más importante, establece claramente el 'sacrificio cero' con la prohibición de inducir la muerte a los animales por cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar adoptante en un plazo determinado, enfermedad con posibilidad de tratamiento o animal peligroso con posibilidad de recuperación determinado por un etólogo. Como alternativa al sacrificio, los pliegos obligan a la adjudicataria a comprometerse en la puesta en marcha de colaboraciones con protectoras de animales o acciones de promoción para la adopción de los animales.

Las resistencias son muchas; de hecho, el contrato mencionado fue objeto de un recurso ante el Tribunal de Recursos Administrativos por parte de la empresa mercantil que ejercía ese servicio con anterioridad, alegando falta de motivación de la puntuación asignada por la Mesa de Contratación en las cuestiones relativas al bienestar animal y gestión de adopciones.

El monto total del gasto municipal en gestión y tenencia de animales asciende a muchos millones de euros en España y es una partida muy jugosa que los ayuntamientos han venido gestionando con manga ancha en función de intereses políticos y económicos, por lo que, si la regulación autonómica y estatal lo permiten, dependerá de su buena voluntad licitar estos servicios más allá de lo que establece la regulación (como en el caso de Horta Sud) y con un criterio que atienda al bienestar animal antes que a otros intereses. También queda, y parece que va a seguir quedando pendiente, la protección del resto de animales no considerados como de compañía, con los que compartimos espacios urbanos y cuyo tratamiento desde las administraciones va desde la ignorancia, en el mejor de los casos, a considerarlos plaga y promover su exterminio en el peor (como pretende hacer próximamente el Ayuntamiento de Madrid con las cotorras).

Para que la gestión municipal en materia de protección animal deje de depender de la buena voluntad de los gestores públicos se hace imprescindible una ley que haga de marco regulador.

El 10 de marzo 2020 se creó por primera vez una Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, y según el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, en su artículo 10.b) una de sus funciones es “el impulso de todas las medidas necesarias para incluir la protección de los derechos de los animales en el ordenamiento jurídico actual”. El pasado mes de diciembre la D.G de Derechos de los Animales ha sacado a consulta pública el Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal y esperamos que, tras las reuniones con asociaciones y diferentes colectivos que trabajan por el bienestar animal, esta Ley cubra por fin las carencias de nuestro ordenamiento y asegure que se proteja efectivamente a todos los animales.

Es de público conocimiento que la situación en los municipios españoles de las llamadas “perreras municipales”, los centros zoosanitarios y los centros de recogida y atención de animales abandonados es mala o muy mala, pero a veces nos encontramos casos que hacen estremecer hasta a los más curtidos animalistas.

Sobre la Perrera Municipal de Jaén, se vienen sucediendo desde hace ya algunos años las denuncias de asociaciones animalistas, de PACMA y de algunos concejales de la corporación de la capital jienense, y se han publicado en redes sociales numerosas fotografías que dan fe del lamentable estado de dichas instalaciones.

En la página web del Ayuntamiento informan de que dicho espacio, ubicado en el centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la capital (el vertedero municipal), consta de una nave con doce cheniles con patio posterior. Estos son de distintos tamaños para albergar a uno o a varios perros.

En las fotos y vídeos publicados en redes sociales puede apreciarse el calamitoso estado físico de las instalaciones, carentes de las más mínimas dotaciones higiénicas y con un espacio escandalosamente insuficiente para una capital de provincia cuyo eslogan es 'Capital del Paraíso Interior'.

Las denuncias anteriormente comentadas, y presentadas ante el Ayuntamiento y el SEPRONA, hacen referencia básicamente al insostenible estado de hacinamiento de los animales, que ya ha provocado numerosas muertes de perros por enfrentamientos, y al ruinoso estado físico del edificio y su precario mantenimiento, lo que provoca que los animales vivan en unas condiciones tan terribles que solo con ver las fotos producen escalofríos.

Al indagar un poco más en el funcionamiento de este centro municipal, averiguamos que la gestión del mismo corresponde a la conocida constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), quien por adjudicación del consistorio viene gestionando dicho servicio municipal desde hace varios años.

A pesar de las citadas denuncias, el Ayuntamiento ha vuelto a licitar este servicio municipal a finales de 2017, incluyéndolo en la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, desratización, desinsectación, gestión de animales abandonados (o sus cadáveres) y mantenimiento de parques y jardines. Lo que nos da idea de la sensibilidad con la que abordan el tratamiento de seres sensibles en una situación de absoluta vulnerabilidad, tratándolos como otro residuo sólido urbano más y haciendo caso omiso a las denuncias sobre el insostenible estado del centro, que reclamaban la licitación independiente de este servicio o su municipalización, así como su ubicación separada del vertedero municipal.

Si acudimos al pliego técnico que regula esta licitación, y al apartado 1.4.5. RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS, VAGABUNDOS Y PERDIDOS, nos encontramos con su referencia a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Cap. VI, art. 27-3 de la Ley 11/2003 de Protección de los Animales, art. 7 y anexos IV y VI de la Orden de 19 de abril de 2010, indicando que estos trabajos serán gestionados por el adjudicatario y será por su cuenta la ampliación o modificación de las instalaciones existentes si se considerase oportuno por parte de la Dirección del Contrato, y que este servicio habrá de reunir los requisitos establecidos en el artículo 20-3 de la citada Ley.

Igualmente, el adjudicatario seguirá escrupulosamente todas las demás instrucciones establecidas en dicha Ley, en las posteriores y en todas las vigentes del sector de animales (Orden de 19 de abril de 2010 y otras), así como en las Ordenanzas Municipales vigentes en cada momento relativas a ellos.

Animo a cualquiera a que se lea la citada Ley 11/2003 (una ley a todas luces ya obsoleta) y que valore, a la vista de las fotos y de las denuncias, si se cumplen siquiera mínimamente los artículos relativos a:

La adjudicación del paquete de servicios municipales que incluye el tratamiento de animales abandonados y perdidos ha vuelto a recaer de nuevo en FCC con un contrato por 12 años, lo que limita la capacidad de actuación municipal directa sobre este servicio por tres legislaturas completas, hipotecando con este contrato al actual equipo de gobierno o a futuros gobiernos municipales salidos de las urnas.

En este caso, como en otros tantos, estamos asistiendo a la externalización de servicios básicos para los municipios, y somos muchos los ciudadanos y votantes que consideramos el tratamiento que nuestras instituciones dan a los animales como una prioridad y un servicio básico, que debería cumplir al menos los estándares europeos de bienestar animal.

En este caso, el Ayuntamiento de Jaén ha ignorado las denuncias recibidas en relación al estado de la perrera municipal y no ha tenido en cuenta en el procedimiento para la contratación de dicho servicio ninguna de las peticiones recibidas para mejorar el estado de las instalaciones y el bienestar mínimo de los animales.

En esta licitación el Ayuntamiento de Jaén ha optado por externalizar el maltrato a sus animales, derivando la responsabilidad a una empresa constructora, en el marco de un macrocontrato de 240 millones de euros, donde el capítulo relativo a los animales abandonados es una ínfima parte del mismo, y no ha incluido en su pliego técnico la obligatoriedad de mejorar el estado de las instalaciones y la atención a los animales, a pesar de las denuncias previas que constaban en el Ayuntamiento y el SEPRONA.

Por otro lado está la responsabilidad social de FCC -una de las principales constructoras de este país, que acaba de lograr un contrato para construir tres líneas del metro en Riad (Arabia Saudí) por un valor de 6.070 millones de euros, el mayor de la historia de la construcción española en el exterior-, por ser capaz de permitir que unas instalaciones de las que es responsable, y que deben albergar a animales en situación de abandono y pérdida, esté en unas condiciones de absoluto deterioro e insalubridad.

Los ciudadanos debemos exigir a nuestras instituciones un trato digno a nuestros animales, asumiendo las responsabilidades necesarias para que así se produzca, y en el caso de que opten por externalizarlo, que cumplan con su obligación de vigilancia de las obligaciones de los contratos que de dicha externalización se deriven.

Desde luego sería deseable que en estas externalizaciones se tuviera en cuenta y se facilitara el acceso a las mismas a las asociaciones de protección animal que trabajan por todo el país y sin cuya ayuda, y la de sus voluntarios, ya habrían colapsado todas las perreras y zoosanitarios del país, o se habrían multiplicado exponencialmente los sacrificios de animales.

En cualquier caso, es absolutamente necesario que estos procedimientos cuenten con pliegos técnicos exigentes que garanticen el tratamiento y atención a los animales, y que ante flagrantes vulneraciones de las obligaciones de los adjudicatarios (como hemos visto tristemente en el caso de Jaén con Fomento de Construcciones y Contratas, y en otros muchos) se apliquen las correspondientes penalizaciones y/o se resuelvan los contratos con dichas empresas y se propicie la adjudicación del servicio a empresas realmente especializadas en el trato a animales, y no a constructoras.