Todos los años los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) tienen una gran relevancia al representar en torno a una quinta parte del PIB cántabro y ocuparse de cuestiones esenciales como la sanidad, la educación, las políticas medioambientales, el desarrollo de infraestructuras o el fomento de la actividad productiva y el empleo. Pero para 2021 su importancia es mayor dado que a las características anteriores se añade, por la crisis causada por la pandemia, la tarea de sostener e impulsar la economía cántabra en un momento de gran debilidad de la demanda privada.

Recientemente hemos conocido el proyecto de los PGC para 2021. La cuantía agregada de los mismos asciende a 3.076 millones de euros, que suponen un incremento del 6,6% sobre los PGC 2020. Constituyen una declaración de política fiscal expansiva, aunque de menor intensidad de la necesaria, en respuesta al contexto de crisis socioeconómica en que se aplicarán. Tras su aprobación por parte del Gobierno de Cantabria, el proyecto presupuestario afronta una tramitación parlamentaria en la que, dada la mayoría PRC-PSOE, se espera su aprobación final para el 22 de diciembre. Pero, más allá de su previsible aprobación, cabe preguntarse si las características del PGC 2021 son positivas o negativas para el futuro socioeconómico de los cántabros.

La principal característica positiva del proyecto presupuestario para 2021 es que sigue un sentido expansivo. Ante una crisis económica severa, la política fiscal se puede orientar en dos grandes sentidos: el neoliberal, de las denominadas políticas de ajuste, o el enfoque de las políticas expansivas financiadas con endeudamiento. El primer enfoque, el neoliberal, generalmente implica una intensificación de la contracción agregada y una redistribución regresiva, esto es, más desigualdad. Las políticas de ajuste en mitad de una crisis garantizan el fracaso. Basta con hacer un poco de memoria sobre las consecuencias que tuvieron en Cantabria los recortes indiscriminados del Gobierno de Diego (PP) o en España la aplicación de los recortes inaugurados por el Gobierno de Zapatero (PSOE) en 2010 e intensificadas por el de Rajoy (PP).

El segundo de los enfoques, el de las políticas expansivas, lleva a una vía capaz de amortiguar el impacto de la crisis, reducir la tendencia de las crisis a la desigualdad y evitar la pérdida masiva de empleos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no toda política fiscal expansiva es exitosa por el mero hecho de ser expansiva. Dependerá de su diseño, intensidad y ejecución el que sean políticas expansivas capaces de producir los efectos contracíclicos buscados para amortiguar la crisis económica y acelerar la fase de recuperación.

El PGC 2021 cumple con la orientación expansiva que necesita la economía cántabra para el próximo año, lo cual supone una característica positiva. Como muestra el gráfico 1, por primera vez en la historia un PGC supera los 3.000 millones. Además, dos de las tres áreas que más incrementan sus fondos son la sanitaria y la educativa. En ambas el impacto de la pandemia hace muy necesarios esos fondos adicionales presupuestados. Por otra parte, el sector público cántabro actúa como contrapeso a la caída de actividad del sector privado motivada por la crisis económica. De 2005 a 2009 el peso del PGC aumentó del 16,9% del PIB cántabro hasta el 19,5%. Desde entonces se mantuvo en el entorno del 20% del PIB. Importancia relativa que el Gobierno de Cantabria preveía mantener, con su aprobación unos meses antes del impacto de la pandemia, en el PGC 2020 (en naranja en el gráfico).

Con el PGC 2021, tomando en consideración la previsión de crecimiento de la economía cántabra para 2020 y 2021, se incrementaría notablemente dicha relevancia relativa, llegando casi hasta el 23% del PIB (en negro en el gráfico) por dos factores: el incremento del 6,6% del PGC en 2021 y la previsión de reducción del PIB cántabro en 2020 por la caída de la actividad privada que no se compensaría con el incremento del PIB en 2021. Este papel contracíclico resulta esencial para impulsar la economía, acelerar su recuperación e impedir una crisis en forma de otra década perdida en Cantabria (como la sufrida por la aplicación de las políticas neoliberales de ajuste como respuesta a la Gran Recesión).

Pero, lejos de los anuncios triunfalistas habituales del Gobierno de Cantabria, el PGC 2021 deja un sabor agridulce debido a que la intensidad de la expansión fiscal es demasiado reducida y la composición funcional del presupuesto deja sin cubrir necesidades básicas para el bienestar de los cántabros. El PGC 2021 ni llega a cubrir las necesidades coyunturales derivadas de la crisis causada por la pandemia ni, desde luego, avanza en lo más mínimo en la solución de problemas que previamente ya arrastraba la economía cántabra como la precariedad laboral, una estructura productiva débil basada en actividades de bajo valor agregado o que uno de cada cinco cántabros se encontrara en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social antes de la pandemia.

A la insuficiencia del carácter expansivo del PGC 2021 se le añaden otros problemas como que el incremento de 70 millones para el Servicio Cántabro de Salud no llega a cubrir ni siquiera su déficit presupuestario crónico en PGC previos. Si con el incremento nominal en gasto sanitario en el PGC 2021 no se llega a cubrir ni siquiera el gasto estructural previo a la pandemia, es muy difícil pensar que el PGC sirva para dar respuesta a las necesidades sanitarias incrementadas por la COVID-19.

Una crítica análoga se debe realizar en el presupuesto relativo a la educación. Ya existían carencias estructurales previas a la pandemia que no se encontraban completamente cubiertas en los PGC anteriores. Por ello, pese a que se destinen 30 millones más al presupuesto educativo en 2021, es claramente insuficiente la cantidad total destinada a un sector que ha desaparecido de las prioridades de gestión del Gobierno de Cantabria (tómense como ejemplo el carácter subalterno que desde el Gobierno de Cantabria se dio a la educación en el inicio del curso y en la reciente polémica sobre la suspensión de las vacaciones escolares). 

Por su parte, el presupuesto destinado a políticas de empleo aumenta menos de un 2% en un contexto de crisis que ha afectado y afectará enormemente a la dimensión laboral. En un momento de gran debilidad del mercado laboral, el PGC aumenta globalmente un 6,6% mientras que lo destinado a empleo se incrementa a un ritmo que no llega a un tercio de dicha cifra. Lo cual es indicativo de que, inexplicablemente, para el Gobierno de Cantabria el fomento del empleo ha dejado de constituir una prioridad en la práctica. Es grave que se produzcan estas deficiencias presupuestarias en tres áreas centrales como la sanidad, la educación o el empleo. 

A lo anterior se le añaden también, entre otras cuestiones de alta relevancia socioeconómica que debieran corregirse, que la inversión en I+D+i sigue siendo demasiado baja en Cantabria, que se desaprovecha nuevamente la oportunidad para avanzar en un reparto más justo de la estructura tributaria mediante una reforma progresiva de la misma o que, inexplicablemente cuando aumenta la pobreza y la vulnerabilidad socioeconómica, las partidas destinadas a cubrir necesidades sociales básicas también pierden peso relativo en el presupuesto al incrementarse a una tasa que se sitúa en casi la mitad de lo que aumenta el PGC 2021.

Además, por la experiencia reciente sabemos que no todo lo que figura en el PGC es lo que finalmente se ejecuta y solo lo ejecutado tiene efectos reales sobre la economía de Cantabria. El gráfico 2 muestra las cantidades, que pese a estar incluidas en los presupuestos, nunca se llegaron a ejecutar. El gobierno del PP con Diego llegó a dejar sin ejecutar hasta 200 millones de euros en 2014. En la pasada legislatura, con PRC-PSOE en el ejecutivo autonómico, la falta de ejecución presupuestaria se movió en una horquilla de entre 40 y 84 millones de euros (sin considerar el año 2015, de ejecución compartida entre los gobiernos del PP y PRC-PSOE), un 2,6% de media del PGC. Por lo tanto, los anuncios que se realizan desde el Gobierno de Cantabria en la presentación de los PGC deben tomarse como declaraciones de intenciones a la espera de ver qué se ejecuta de todo lo anunciado.

En resumen, el PGC 2021 se ha enfocado en la dirección correcta, pero se queda notablemente corto. Es un presupuesto que no llega a lo que se necesita para cubrir las carencias coyunturales en sanidad, empleo, educación o bienestar social ni para avanzar en la solución a los problemas estructurales de Cantabria. Es cierto que llegarán fondos europeos, pero tardarán en llegar y no hay certeza ni de su cuantía final ni de su naturaleza funcional concreta. Por lo que no se debiera depender de estos fondos ni para dar respuesta a las acuciantes necesidades socioeconómicas derivadas de la pandemia ni para comenzar a impulsar la recuperación. Una reforma tributaria progresiva, la ampliación del margen de endeudamiento a largo plazo o un menor peso presupuestario del modelo de hormigón y asfalto (tan del gusto del PRC) hubieran permitido incrementar la intensidad expansiva del PGC 2021 así como destinar recursos adicionales a las funciones esenciales para responder a la pandemia y a la crisis económica.

Como en El pastor mentiroso, la fábula atribuida a Esopo, cuya versión en cuento conocemos como Pedro y el lobo, Pedro Sánchez lleva meses pretendiendo sacar ventaja electoral de un particular ¡que viene el lobo de la ultraderecha! Dejó pasar, de una manera tan irresponsable como altiva, la oportunidad de formar un gobierno de coalición progresista y hoy, tras la repetición de las elecciones, nos encontramos con una situación peor que en abril. Con el lobo fortalecido por la estrategia de Moncloa y unas cifras más complicadas para alcanzar un gobierno progresista. El problema es que, a diferencia de lo narrado en la fábula, en la realidad las consecuencias no las paga quien manipula y se sirve de la mentira, sino que las pagamos todos en forma de una menor probabilidad de formación de un gobierno progresista y una mayor probabilidad de nuevo bloqueo o de gran coalición neoliberal. Resumen de la jugada de Sánchez: menos diputados progresistas y ascenso de la ultraderecha.

En Cantabria también tenemos nuestra particular versión política del cuento, tómese en varias acepciones. Incluso contamos también con un Pedro, Casares en este caso, como representante autonómico del Sánchez estatal, que ha visto desvanecerse la victoria del mes de abril, pasando de dos diputados y tres senadores a un diputado y un senador. Y pueden dar las gracias desde el PSOE cántabro por haber sufrido únicamente un retroceso de dos puntos, 15.000 votos menos, en un contexto en el que su partido y Sánchez han sido los mayores responsables de la ausencia de gobierno progresista, de la repetición electoral y de un año y medio de gobierno en el que han ido olvidando las promesas realizadas en la moción de censura para devenir en una versión edulcorada de Rajoy. Todo ello ha llevado a una desmovilización del voto progresista y a los resultados de este 10N. Es hora de que tomen nota y eviten repetir errores.

Lo más preocupante en Cantabria es el giro hacia la derecha y ultraderecha. La victoria del PP en Cantabria, subiendo cuatro puntos y obteniendo dos diputados y tres senadores, donde solo habían conseguido un representante en cada cámara en abril, supone un nuevo refuerzo para las políticas neoliberales que ya se han mostrado fallidas y han generado un enorme sufrimiento y atraso en nuestra tierra. Pero lo preocupante se torna en alarmante cuando a la victoria del PP se suma la entrada de un diputado de ultraderecha que no consiguió escaño en las elecciones de abril. Es obvio que el hundimiento de Ciudadanos, con una pérdida de más de diez puntos y del escaño obtenido en los pasados comicios, ha alimentado a PP y Vox. Pero no es menos obvio que la sustitución de un diputado del PSOE y otro de Ciudadanos por uno del PP y otro de Vox es una pésima noticia para nuestra tierra. Hoy Cantabria se ve más en blanco y negro y se ancla más en el pasado. El progreso social y la tolerancia sufren un duro golpe.

Por su parte, el PRC, el partido al que más rentable le salen las eternas promesas incumplidas, también se ha aprovechado del hundimiento de Ciudadanos, así como de la caída de apoyo a PSOE y Unidas Podemos. Renuevan el escaño de Mazón en Madrid con seis puntos y medio más que en abril, la mayor subida de todos los partidos de Cantabria. Han sido capaces de rentabilizar electoralmente las demandas firmadas por el ejecutivo de Sánchez. Que no por haber sido antes firmadas, e incumplidas, por gobiernos del PP y PSOE, les han rentado menos en las urnas. No obstante, su diputado sería mucho más útil para Cantabria si en lugar de un AVE, que no beneficia a nadie más que al propio PRC y a las constructoras, consiguieran realmente, y no solo sobre un papel, el tren de altas prestaciones a Madrid y Bilbao, la mejora de la red de cercanías, el tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega, el pago efectivo de la deuda por Valdecilla, la cofinanciación en temas de dependencia o la mejora del sistema de financiación autonómica, que es donde realmente nos jugamos la calidad futura de los servicios e inversiones públicas de Cantabria. Y no digamos si desde el PRC se acordasen de exigir los 250 millones que aprobó el Congreso de los Diputados para inversión en la reindustrialización sostenible de las comarcas del Besaya y Campoo. No deja de ser llamativo que desde el PRC hayan ignorado, ya sea por desconocimiento o porque no lo consideran relevante, estos 250 millones para inversión productiva. ¿Cuánta creación de empleo están dejando pasar por su negligente actuación en esta cuestión?

Finalmente, Unidas Podemos ha repetido el piñazo de las pasadas elecciones. Incluso intensificado, al reducir en un punto y medio los apoyos recibidos, dejándose casi 9.000 votos en medio año y mostrando una preocupante incapacidad para recabar los apoyos que permitan recuperar el escaño obtenido en 2015 y 2016. Este resultado, que no se explica solo por la tendencia estatal ni por la presencia del PRC, debe llevar a una profunda reflexión sobre la deriva de un proyecto político que ha olvidado de dónde venía y ha tenido demasiado protagonismo de grupos de interés con excesiva fijación en la espalda de los compañeros. Se ha confirmado que un candidato, como del Piñal, que ha estado en el centro de este tipo de dinámica, no puede llevar a una mejora de los resultados ni genera confianza en el votante progresista.

Se vuelve imperiosa la necesidad de reiniciar y reconstruir el proyecto progresista en Cantabria, para reconducir el descontento con la situación socioeconómica y política y evitar la deriva de nuestra tierra hacia posiciones de derecha y ultraderecha. Para ello, como condición ineludible, se debe generar confianza en la sociedad y dejar de lado, de una vez por todas, tanto las dinámicas de camarillas como la patrimonialización del proyecto. Ni puede ser propiedad de una persona ni debe basarse en exclusiva en la preeminencia de un partido. Pocas cosas hay menos progresistas que hacer política por interés exclusivamente personal o de una red clientelar. Construir un proyecto o plataforma progresista con ambición de un profundo cambio social, vocación de mayoría y de ganar, abierto a la sociedad civil, sin control férreo de uno o varios partidos es posible. Con más razón en una tierra en la que, según el CIS, el 41% de la población se define progresista, socialista, socialdemócrata, feminista o ecologista. Hay espacio.

Acudiendo al estudio de los PGC de ejercicios previos ya cerrados, en concreto al del año 2017 que es el más cercano en dicho sentido, se observa que la ejecución del gasto público difirió significativamente de lo presupuestado. En concreto, se ejecutaron 84,8 millones de euros menos de lo aprobado en los presupuestos de ese año. En el gráfico 1 se muestra, además, que dicha ejecución fue asimétrica según el capítulo presupuestario considerado. Únicamente en el capítulo de personal y de pasivos financieros se ejecutó lo presupuestado, incluso un 2% más en el primer capítulo. Las transferencias corrientes, con una ejecución del 99% se acercaron en su ejecución de manera razonable a lo presupuestado. Sin embargo, en otros capítulos hubo una ausencia de ejecución notablemente diferente a la presupuestada, siendo especialmente perjudicial, en términos socioeconómicos para Cantabria, la deficiente ejecución presupuestaria en los capítulos de inversiones y de transferencias de capital. En el caso de las inversiones se dejaron sin ejecutar el 27% de las previstas (43,7 millones de euros) y en el de las transferencias de capital quedaron sin ejecutar el 13% (11,5 millones de euros).

Un patrón que no es exclusivo del año 2017 y se repite a lo largo de la presente legislatura, llegando incluso a agravarse a lo largo del año 2018 cuando al cerrar octubre, y a falta de dos meses para finalizar el año, únicamente se había ejecutado el 37% de las inversiones presupuestadas. Lo que hace muy complicado que se vayan a ejecutar en estos dos meses los 115 millones de euros restantes presupuestados para inversiones que todavía no han salido del cajón de las consejerías. Es altamente probable que buena parte de dicho capítulo presupuestario quede nuevamente sin ejecutar con el consiguiente perjuicio para la economía de Cantabria.

Gráfico 1. Gastos del Gobierno de Cantabria ejecutados en millones de euros (en gris, eje izquierda) y porcentaje de gastos ejecutados sobre presupuestados (en rojo, eje derecha) en 2017, por capítulos presupuestarios

Si en lugar de poner el foco del análisis en los capítulos presupuestarios se pone en las secciones del PGC se pueden obtener otras interesantes conclusiones complementarias. Por ejemplo, los gráficos 2 y 3 muestran, respectivamente los gastos del Gobierno de Cantabria presupuestados y ejecutados por sección y la relación porcentual entre estas dimensiones. Dichos gráficos dan una idea, por una parte, del peso absoluto y relativo de cada una de las secciones presupuestarias sobre el total del presupuesto y, por otra parte, del grado de ejecución que se ha producido en cada sección.

Las secciones relativas a sanidad y el Servicio Cántabro de Salud (SCS), educación, cultura y deporte y deuda pública son, con diferencia, las que concentran una mayor parte del presupuesto y de su ejecución. Entre estas secciones abarcaron prácticamente dos terceras partes del gasto ejecutado por el Gobierno de Cantabria en 2017, en concreto el 67,6%. Por otra parte, cerca de una ejecución de 200 millones de euros se encuentran los gastos dedicados al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y a la denominada “macroconsejería” que se ocupa de universidades, investigación, medio ambiente y política social. Y por debajo de 100 millones de euros se situó la ejecución del resto de secciones presupuestarias.

En cuanto a la ejecución porcentual de gasto en relación a lo presupuestado, se observa que, generalmente, se han producido incumplimientos significativos en la ejecución situándose esta por debajo del nivel previsto inicialmente. Únicamente hay tres excepciones a esta tendencia: sanidad y SCS, educación, cultura y deporte y el Parlamento de Cantabria. De hecho, en el caso de las secciones de sanidad y el SCS y de educación, cultura y deporte la ejecución ha sido un 2% y un 3%, respectivamente, superior a lo presupuestado. Debido principal, aunque no únicamente, a la insuficiente dotación presupuestaria para los pagos por medicamentos y las remuneraciones de los profesionales sanitarios y docentes. Algo que va camino de convertirse en una mala práctica crónica en la elaboración de los PGC y que debiera resolverse ajustando al alza, a las necesidades reales, las cantidades presupuestadas para tales fines.

En el resto de secciones se produjeron insuficiencias de ejecución. Estas fueron desde casos no preocupantes, como pudiera ser el de la sección de economía, hacienda y empleo (98%), hasta casos en los que las deficiencias en la ejecución han ocasionado graves perjuicios en términos socioeconómicos en Cantabria como los ocurridos en el Servicio Cántabro de Empleo (SCE), con solamente un 77% de ejecución; obras públicas y vivienda, con un 81%; e innovación, industria, turismo y comercio, con un 85% de ejecución. Traduciéndolo a dinero que se presupuestó pero no llegó realmente a la economía de la manera en que se prometió y, por lo tanto, no tuvo impacto en la creación o mejora del empleo, la intensificación en términos de I+D+i, el cambio y modernización en la estructura productiva o la mejora de infraestructuras, el SCE presentó una deficiencia de ejecución de 21 millones de euros, la consejería de obras públicas y vivienda otra de 17 millones y la de innovación, industria, turismo y comercio otra de 11 millones.

Pero no solo el empleo se vio afectado por estas carencias en la ejecución presupuestaria del Gobierno de Cantabria, también la política social las sufrió. Por ejemplo, el programa de políticas sociales de la “macroconsejería” se ejecutó por debajo del 80% y el ICASS dejó sin ejecución 17 millones de euros, afectando esta deficiencia de manera muy intensa al programa de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.

Gráfico 2. Gastos del Gobierno de Cantabria presupuestados (en gris) y ejecutados (en rojo) en 2017 (en millones de euros), por secciones presupuestarias

Gráfico 3. Porcentaje de gastos del Gobierno de Cantabria ejecutados sobre presupuestados en 2017, por secciones presupuestarias

En síntesis, dadas las significativas diferencias entre lo que se aprueba en los PGC y lo que finalmente se ejecuta, resulta razonable dudar, en base a la experiencia reciente, del realismo de las propuestas que contienen los PGC. Al menos de buena parte de las mismas. La deficiente técnica presupuestaria del Gobierno de Cantabria, como se pudo observar en el análisis previo de los ingresos, provocó un incremento del endeudamiento y, además, una menor disposición de recursos en relación a los planificados. De dicha falta de ingresos ejecutados, así como de la negligente planificación del gasto, se derivan las importantes desviaciones identificadas en la ejecución presupuestaria que, y esto es lo relevante, han tenido y tienen importantes consecuencias negativas para Cantabria en términos de empleo y cohesión social.

Los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) suelen ser uno de los temas que monopolizan la discusión política en nuestra tierra durante varias semanas. O durante varios meses como ocurrió en la negociación de los PGC 2017. Y no es para menos, pues estamos hablando de una planificación fiscal que actualmente representa en torno al 22% del PIB cántabro.

Su negociación suele provocar noticias sobre el contenido del propio presupuesto, pero también sobre cuestiones más superficiales relacionadas con las puestas en escena, a lo largo del proceso, realizadas por los partidos políticos del arco parlamentario. Dada la relevancia de los PGC convendría centrar el análisis y la discusión en el impacto socioeconómico real que tendrían los presupuestos en caso de aprobarse y ejecutarse. Y esto último es muy relevante, pues en los últimos años el Gobierno de Cantabria ha realizado una ejecución presupuestaria que se separa significativamente de los anuncios realizados durante la negociación presupuestaria y de los PGC aprobados por el Parlamento de Cantabria. Es decir, lo relevante para la sociedad cántabra no es la politiquería en torno al debate presupuestario, sino el realismo de lo que se aprueba (cuestión aún más relevante cuando viene un año electoral), que el PGC responda de alguna manera a las necesidades socioeconómicas de Cantabria y, lo más importante, cómo se realice su ejecución.

Pero realizar un análisis detallado de los PGC no es sencillo ni se puede hacer de manera puramente superficial. Es necesario entrar al detalle de las cifras y, a poder ser, tener una visión más amplia para cuestionar no solo los guarismos presentes en el documento sino también su realismo, pues del mismo dependerá en parte que su ejecución a lo largo del año sea más o menos fiel al proyecto detallado en el documento. Esto es, al analizar un presupuesto se debe cuestionar si los ingresos sobre los que se basa son reales, pues de no serlo se sabe que a lo largo del año no se ejecutarán parte de los gastos previstos. También se debe cuestionar si en años anteriores el mismo Gobierno de Cantabria encargado de su ejecución ha cumplido su palabra o no y, en este último caso, en qué medida se ha desviado de lo aprobado por el Parlamento y cuáles han sido las consecuencias socioeconómicas.

Por todo lo anterior planteo el análisis del PGC 2019, aprobado por el Gobierno de Cantabria y en fase de negociación parlamentaria, en tres artículos diferenciados. Este primer artículo centrado en la presentación de la cuestión y, a continuación, el análisis de los ingresos reales obtenidos por el Gobierno de Cantabria en los años inmediatamente anteriores. El segundo en el que analizaré la ejecución detallada del gasto del Gobierno de Cantabria en los años recientes. Y el tercero, y último, en el que recogeré el estudio de las principales características del PGC 2019 que propone el Gobierno de Cantabria.

Entrando ya en materia, es importante analizar el realismo de los ingresos previstos para evitar que una previsión poco realista, como ha ocurrido en años previos, lleve a lo largo del año a retenciones y no ejecuciones de partidas presupuestarias (lo que supone recortes reales sobre las cantidades presupuestadas y aprobadas). Se podría pensar que esa falta de ingresos, en relación a lo presupuestado, se debe a shocks económicos externos, pero hay pocas evidencias de ello en esta legislatura. Más bien cabe pensar que los partidos del Gobierno de Cantabria tienden a resolver sus cuitas presupuestarias fijando primero unas cifras en los gastos para, posteriormente, cuadrar los ingresos de una manera no precisamente realista. Es por ello que, ante cualquier nuevo anuncio sobre presupuestos, conviene primero realizar un análisis del realismo de los ingresos previstos, para ver si también los gastos anunciados son realistas o si es la propia realidad la que se va a encargar de redimensionarlos a la baja a medida que vaya transcurriendo el ejercicio presupuestario.

Para cuestionar el realismo de los ingresos previstos en los PGC podemos acudir a ejercicios previos ya cerrados. El más cercano es el del año 2017. En el gráfico 1 se observan los ingresos del Gobierno de Cantabria presupuestados y los ingresos reales de dicho el año por capítulos presupuestarios. Y en el gráfico 2 el porcentaje de ingresos ejecutados sobre los presupuestados. La mayor ejecución de ingresos por impuestos directos e indirectos, entre ambos capítulos se recaudaron 62 millones de euros más de lo presupuestado, no llegó a compensar la falta de recaudación real en tasas y precios públicos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y transferencias de capital, donde, en global, se recaudaron 117 millones de euros menos de lo presupuestado. Esto es, en el total de los ingresos no financieros se recaudaron 55 millones menos de lo previsto. Lo anterior, unido al descuadre de ingresos por activos financieros de 26 millones, provocó, por una parte, un aumento de 66 millones en el recurso al endeudamiento (capítulo de pasivos financieros) que se había presupuestado en 433 millones y finalmente fue de 499 y una falta de ejecución presupuestaria de 15 millones de euros. En síntesis, la realidad de los ingresos obtenidos durante el año 2017 por el Gobierno de Cantabria se alejó significativamente de la planificación presupuestaria provocando un incremento del endeudamiento y una no ejecución presupuestaria que tiene su contrapartida lógica en el lado de los gastos públicos.

Gráfico 1. Ingresos del Gobierno de Cantabria presupuestados (en gris) y ejecutados (en rojo) en 2017 (en millones de euros), por capítulos presupuestarios

Gráfico 2. Porcentaje de ingresos del Gobierno de Cantabria ejecutados sobre presupuestados en 2017, por capítulos presupuestarios

Se podría pensar que esta mala planificación de los ingresos presupuestarios fue puntual en los PGC 2017 y que por un año no se puede explicar una legislatura. Por lo que se puede ampliar el análisis para estudiar las características completas de esta cuestión en los años de la legislatura en los que el actual Gobierno de Cantabria ha aprobado y ejecutado los presupuestos. El gráfico 3 recoge el porcentaje de ingresos del Gobierno de Cantabria ejecutados sobre presupuestados en 2016, 2017 y la estimación para 2018 por capítulos presupuestarios. En el mismo se observa que el patrón expuesto anteriormente para la ejecución de ingresos del Gobierno de Cantabria en 2017 es constante a lo largo de la legislatura. Las ejecuciones cercanas al 100%, incluso ligeramente superiores, en los impuestos directos e indirectos no llegan a compensar la falta de ejecución global del resto de ingresos no financieros. Como resultado, en 2016, 2017 y la proyección de 2018 se estima que la recaudación real por ingresos no financieros es inferior a la presupuestada en 118, 55 y 32 millones de euros, respectivamente. Lo anterior, unido a la muy pobre ejecución de ingresos por activos financieros, ha llevado de manera consistente a lo largo de la legislatura a no ejecuciones reales de gasto y a un mayor recurso a la deuda (pasivos financieros).

En resumen, a partir de la experiencia de la presente legislatura, resulta lógico dudar del realismo de los ingresos presupuestados en los PGC y, por consiguiente, del realismo de los gastos anunciados. Se observa que una mala planificación de los ingresos públicos ha provocado un incremento del endeudamiento junto a un recorte en la ejecución presupuestaria en relación a la prevista.

Gráfico 3. Porcentaje de ingresos del Gobierno de Cantabria ejecutados sobre presupuestados en 2016 (en verde) 2017 (en rojo) y la estimación para 2018 (en gris), por capítulos presupuestarios

El Banco de España informaba a finales del pasado mes de septiembre sobre el estado de la deuda pública autonómica a mediados de 2018. En el caso concreto de Cantabria la información revelaba que se había llegado al récord histórico de la comunidad autónoma en volumen de deuda pública, alcanzando los 3.131,9 millones de euros. Usualmente ante las noticias de la deuda pública, tanto en Cantabria como en España, el estado de ánimo en su recepción abarca desde el extremo de quienes se tapan ojos, oídos y boca pretendiendo ignorar (y que ignoremos) dicha información, hasta quienes creen ver la señal del inicio de las diez plagas bíblicas. Y ni una cosa ni la otra.

Tapándote los ojos no evitarás que, estando sobre una vía, el tren que viene de frente pase por encima de ti. Tampoco el anuncio diario del apocalipsis hace de este un hecho cierto en el presente o el futuro. Ni todo volumen de deuda pública es sostenible ni tampoco cualquier tipo de endeudamiento es necesariamente negativo. Es necesario entender la dinámica del endeudamiento y sus características tanto estructurales como coyunturales para poder actuar desde la política fiscal de la forma más certera y útil posible.

Poniendo cifras a la evolución nominal de la deuda pública en Cantabria, como se observa en la figura 1, hasta el inicio de la Gran Recesión el volumen se podría considerar bajo con una tendencia leve de crecimiento. Es a partir del año 2010 cuando el endeudamiento público se acelera, especialmente hasta el año 2013 incluido este.

En esos años el incremento interanual de la deuda pública superaba normalmente el 30%, llegando a un aumento máximo del 82,2% al inicio de 2011. Desde 2013 hasta la actualidad se ha mantenido la tendencia al crecimiento, aunque moderando su incremento interanual. Desde 2016 este nunca ha superado el 10% y se ha ido reduciendo hasta el 2,8% en el segundo trimestre de 2018, último dato publicado por el Banco de España.  

No obstante, la evolución del endeudamiento nominal no es del todo satisfactoria para explicar la relevancia de la deuda pública. Conviene también analizar el endeudamiento en base a la capacidad de pago. En la figura 2 se muestra una aproximación simple a dicho enfoque, analizando la evolución del ratio de deuda pública en relación al PIB de Cantabria.

En general se pueden corroborar las tres fases previamente identificadas en la evolución de la deuda pública cántabra: 1) bajo endeudamiento hasta la Gran Recesión; 2) crecimiento acelerado de la deuda pública entre 2010 y 2013; 3) crecimiento, con moderación en su ritmo, desde entonces. Sin embargo, también se observan matices relevantes al considerarlo en términos de ratio sobre el PIB.

En primer lugar, el crecimiento nominal de la deuda pública antes de la Gran Recesión no se corresponde con un crecimiento de su peso sobre el PIB, estable en torno al 3 o 4%. Lo que significa que el PIB creció a un nivel similar o superior que el endeudamiento público neto, siendo relativamente liviana la carga de la deuda pública.

En segundo lugar, este enfoque permite dar una idea relativa del incremento del endeudamiento en los peores años de la Gran Recesión. Desde inicios de 2010 hasta finales de 2013, el ratio de deuda pública sobre el PIB se multiplicó casi por 4, pasando del 5 al 18,5%. Este fue el periodo esencial de generación del endeudamiento del Gobierno de Cantabria. Y es cierto que una parte del mismo era prácticamente inevitable debido al efecto de la crisis, con la caída general de la actividad económica, así como, de manera relacionada, el incremento de las necesidades del gasto público (que no se cubrió al completo), el aumento del coste de financiación y la reducción de los ingresos tributarios.

Sin embargo, también se deben señalar los errores en la política fiscal como otro de los factores que explican tanto el incremento de la deuda como el agravamiento de la crisis económica. Errores cometidos por el anterior Gobierno PRC-PSOE y, especialmente por la gravedad de la política de recortes indiscriminados, por el Gobierno del PP. Errores que no tuvieron consecuencias meramente estructurales, sino que han dejado una indeleble huella estructural en la economía y la sociedad de Cantabria. Errores de un enfoque de política económica neoliberal tremendamente perjudicial.

En tercer lugar, en el análisis de los datos de la deuda pública como porcentaje del PIB se observa que desde el año 2016 se ha estabilizado en torno al 22 o 23%. Parece que se han acompasado los ritmos de crecimiento del endeudamiento y de la producción, permitiendo en un futuro próximo, siempre que no se produzcan más errores en la gestión de la política fiscal o shocks exógenos negativos, afrontar un nuevo escenario de reducción del volumen relativo de deuda pública sin que se produzcan efectos negativos sobre la economía de Cantabria. Sin embargo, conviene también no olvidar que el margen de maniobra todavía es bastante limitado debido a que el volumen de endeudamiento es considerablemente superior al existente hace una década (23,5% actualmente, 3,1% hace una década). Y esto en absoluto es neutral o trivial.

La situación en el aspecto de la deuda pública y la política fiscal, como en todo en la vida, es la que es. Ni se puede cambiar el pasado ni se puede ignorar la situación presente. Pero sí que se puede aprender de lo ocurrido para actuar a partir de este momento. En base a lo aprendido es necesario adoptar una posición más responsable ante la política fiscal en Cantabria. Es posible adoptar una senda que, a la vez que permita una reducción relativa del volumen de deuda pública, refuerce el Estado de Bienestar y contribuya al cambio en la estructura productiva cántabra. Se trata, sencillamente, de acompasar la amortización de la deuda pública existente con la priorización de inversiones económica y socialmente (no políticamente, y menos en año electoral) necesarias.

Sirvan como ejemplo, la necesidad de multiplicar la inversión en I+D+i o incrementar la inversión en educación, dependencia o sanidad. En estos ejemplos, la inversión y el gasto público, si se realizan de manera acertada, pueden llevar a fortalecer la economía cántabra a medio y largo plazo, permitiendo no solo un desarrollo socioeconómico deseable sino, además, incrementando la facilitad del pago del endeudamiento previo.

Si esto se complementase con una obtención de recursos tributarios más progresiva en términos de renta y riqueza se incrementaría la probabilidad de una entrada de la economía cántabra en una espiral virtuosa. En las próximas semanas se negociarán los presupuestos generales de Cantabria. Buen momento para dejar de hacer lo de siempre, que se ha mostrado como modelo fallido, y comenzar un cambio en este sentido.

La estrategia Europa 2020 fue adoptada hace ocho años por los países de la Unión Europea con el objetivo general de alcanzar un crecimiento inclusivo y sostenible que permitiera obtener mejoras en el empleo. La iniciativa fue aprobada en el peor momento de la reciente crisis económica y financiera, pero no solo como una mera respuesta coyuntural a la misma, sino como una estrategia para la transformación estructural de las economías europeas pensando en el largo plazo y en un contexto mundial de creciente globalización e intensificación tecnológica.

Para ello se establecieron objetivos específicos cuantificables en materias como el empleo, la tecnología, el medio ambiente, la educación y la distribución de la renta. En concreto, alcanzar en el año 2020 los siguientes umbrales de referencia: el 75% de empleo para la población entre 20 y 64 años, el 3% del PIB destinado a I+D+i, un 20% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que las existentes en 1990, un aumento del 20% de la eficiencia energética, llegar al 20% de energía procedente de fuentes renovables, bajar del 10% en el abandono escolar, que al menos el 40% de la población entre 30 y 34 años tenga estudios superiores y que se reduzca en 20 millones el número de personas en situación de pobreza o exclusión social en la Unión Europea.

Se puede discutir si la cuantificación de los objetivos específicos es suficientemente ambiciosa para el objetivo general, si este se enfoca adecuadamente o si esos objetivos específicos son los mejores indicadores del desarrollo socioeconómico en un país. Seguramente también fuera deseable incluir objetivos específicos relacionados, por ejemplo, con la igualdad de género, la lucha contra la precariedad laboral, una visión de la distribución de la renta más completa o el reto demográfico al que se enfrentan los países de la Unión Europea, entre algunas de las cuestiones relevantes que pueden venir rápidamente a la cabeza. Y, sin duda, todas estas dimensiones y otras de relevancia análoga deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo socioeconómico a largo plazo. No obstante, también resultará difícil negar que los ocho objetivos de la estrategia Europa 2020 son, todos ellos, altamente relevantes no solo en el ámbito económico, sino también en lo relacionado con el bienestar individual y social. Encontrándose todos ellos muy ligados a la potencial mejora social y económica en el largo plazo.

Pasando de la estrategia declarada a los hechos, cabe preguntarse si se está avanzando en el cumplimiento de los objetivos específicos de Europa 2020. Es cierto que todavía quedan dos años y unos meses para completar el año 2020, momento a partir del que se podrá evaluar definitivamente el grado de cumplimiento de los objetivos específicos. No obstante, ha pasado el tiempo suficiente para analizar si en España avanzamos en la dirección adecuada para su cumplimiento. En el siguiente gráfico podemos observar el grado de cumplimiento, respecto a los objetivos originales acordados en 2010 (posteriormente se configuraron objetivos asimétricos por miembro), para España en el último año con datos disponibles, 2017 o 2016 según la variable, así como para la media de la Unión Europea.

Cumplimiento de los objetivos específicos de la estrategia Europa 2020 (en %)

En general, en España hay un menor avance hacia el cumplimiento de los objetivos que en la Unión Europea. Aunque quizás el aspecto que más destaca en el análisis es la desviación, tanto para España como para la Unión Europea, en el objetivo de reducción de pobreza o exclusión social. En ambos casos, aunque con mucha mayor intensidad en el español, ha aumentado la población en dicha situación en lugar de reducirse. Hecho significativamente indicativo tanto del impacto especialmente duro de la crisis sobre las rentas más bajas como del fracaso o la falta de políticas públicas que corrijan dicha situación.

En el empleo, mientras que la Unión Europea parece cerca de alcanzar el objetivo de la estrategia, en España todavía nos encontramos notablemente lejos. En I+D+i en España, hasta el momento, no se llega ni a la mitad del objetivo planteado. En las cuestiones medioambientales hay resultados asimétricos según el objetivo. En términos de eficiencia energética, tanto España como en la media europea se ha alcanzado prácticamente el objetivo en su reducción. En energías renovables se está algo más lejos, pero el ritmo de avance invita a pensar que se puede lograr. Sin embargo, en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, mientras la media europea ha alcanzado el objetivo, en España apenas se ha superado la mitad del mismo. En lo relativo a la educación, una de cal y una de arena. Mientras que en España se ha cumplido con el objetivo para el nivel de educación superior, en términos de abandono escolar el país se encuentra muy lejos del objetivo fijado. Por su parte, la media europea parece en condiciones de alcanzar ambos objetivos educativos.

En resumen para España, el avance hacia los objetivos de la estrategia Europa 2020 ha sido nítidamente inferior al de la media europea, claramente insuficiente para cumplir los objetivos planteados en 2010 y, lo más preocupante, el país tiene graves deficiencias en cuestiones vitales para nuestro futuro como son la reducción del abandono escolar, la inversión en I+D+i, la reducción de gases de efecto invernadero, la creación de empleo y, especialmente, la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

La solución a los problemas derivados, directa e indirectamente, del incumplimiento de la estrategia Europa 2020 en España junto a la ampliación de la perspectiva más allá de dicha estrategia, lo que sería deseable, solo puede venir de un giro de 180 grados en la política económica del país. Reincidir en el error de una política económica que se ha mostrado fallida, sea por la vía dura como aplicó el Gobierno de Rajoy o por la vía edulcorada seguida por el Ejecutivo de Zapatero, resultaría fatal para las aspiraciones de mejora real en la vida de la gente.

Hacen falta recursos adicionales y una nueva orientación de política económica si se pretende converger con los países más desarrollados económica y socialmente de nuestro entorno europeo. No cambiar dicha orientación de política económica nos llevará a perder nuevas oportunidades de desarrollo socioeconómico y perder calidad de vida. Y ya hemos perdido demasiado en este sentido.

La España del 38% o la España de Montoro. Un país que un día comenzó a separarse de Europa y empezó a navegar en solitario por el Atlántico. Como en 'La balsa de piedra' de Saramago, pero en esta ocasión sin la compañía de Portugal. Mientras nuestros vecinos portugueses han comenzado a poner en práctica una política fiscal que les acerque a la Unión Europea, en España el vetusto ministro de Hacienda ha decidido que el camino marcado en la novela de Saramago es el que desea y ha trazado hace tiempo un rumbo que nos aleja progresivamente de franceses o alemanes y nos acerca nuevamente a un estilo fiscal subdesarrollado.  

Volvemos a desandar, sin haber llegado siquiera a completarlo, el camino de la convergencia con nuestros vecinos europeos. Avanzamos, como país, en dirección contraria a lo que se supone que debiéramos. Ahora mismo la convergencia fiscal avanza más hacia lo latinoamericano que hacia lo europeo. Volvemos a mirar hacia el subdesarrollo fiscal, hacia el modelo castizo que ansía Montoro, un ministro mucho más cercano a las prácticas fiscales del siglo XIX que a las del siglo XXI.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 vuelven a mostrar que la idea de Montoro de lo que debe ser España es la de un país atrasado, con una élite que disfrute de un gran bienestar económico y una mayoría de población que deba trabajar más en actividades de bajo valor, gane menos por su trabajo, pague proporcionalmente muchos más impuestos de lo que venía pagando y, por supuesto, no reciba los mismos servicios públicos de calidad ni universales ligados al Estado de Bienestar. Es decir, una sociedad que viva en el siglo XXI, porque al ministro no le queda otra más que aceptar el paso del tiempo, pero que lo haga con unas condiciones distributivas como las del siglo XIX, revirtiendo los avances conseguidos con el Estado de Bienestar y las políticas redistributivas progresivas.

Por suerte Montoro no tiene la capacidad directa de imponer un país de ese estilo. Lo cual no es óbice para que en su programa de reforma silenciosa imponga paso a paso su modelo fiscal castizo, su vuelta al pasado. Y no lo hace con un plan secreto, lo hace públicamente y con orgullo. Al menos se ha de reconocer al ministro su claridad al declarar hace menos de un mes que “en España estamos ocho puntos por debajo de la carga fiscal media: un 38% frente al 46% de promedio europeo. La izquierda quiere equiparación con Europa pero yo no, porque esa es también nuestra ventaja competitiva para industrias como el turismo”.

No lo oculta, para Montoro un país con una política fiscal y unas condiciones económicas atrasadas son una ventaja. Lo que no dice es para quien resulta una ventaja. Claramente lo es para las grandes empresas y los grandes capitales que se han beneficiado, por una parte, de las reformas tributarias regresivas que han trasladado su carga fiscal hacia el resto de la población y, por otra parte, pueden hacer negocio con los servicios públicos recortados o directamente privatizados por la política fiscal inducida por el ministro.

A su vez, está claro que dicho estilo de política fiscal afectará negativamente a la vida de la mayoría de la población. En primer lugar, porque sobre está recaerá, probablemente a través de impuestos regresivos como el IVA, el pago de las cargas fiscales de las que se libran los pocos beneficiados por el estilo fiscal castizo de Montoro. En segundo lugar, también será la mayor parte de la población la perjudicada por una provisión menor y de peor calidad de servicios públicos.

Hay que tener presente que no nos dicen la verdad cuando afirman que no hay dinero para mantener el poder adquisitivo de las pensiones o mejorar las que son más bajas, incrementar la calidad de la educación, reducir las listas de espera en sanidad, asegurar el acceso a la vivienda, invertir en I+D+i y modernizar nuestra estructura productiva, luchar contra la precariedad laboral o para evitar que tengan que emigrar los jóvenes de nuestro país por falta de oportunidades.

Si otros países europeos cercanos tienen todo esto y más es porque no se conformaron con repetir en los siglos XX y XXI las condiciones con las que se vivió en el siglo XIX, porque no se conformaron con ser países del 38%. Por eso en la Unión Europea los servicios públicos se financian con un 45-46% del PIB y no con el 38% como se hace en España. Incluso en casos como los de Francia, Suecia, Finlandia o Dinamarca llegan a superar el 50%. Un diferencial con España que puede explicar por sí solo las distancia en la calidad de vida y las perspectivas de futuro con estos países.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 suponen un nuevo paso más en la construcción del país del 38%. Un tipo de país castizo y subdesarrollado frente al que se puede y se debe plantear y poner en marcha una alternativa. El modelo lo tenemos en otros países europeos próximos. Ni siquiera sería necesario inventar nada nuevo, sino que sería suficiente, para avanzar notablemente, con adaptar lo que ha funcionado en estos. Pero mientras no se haga nada en este sentido sabemos que Montoro seguirá avanzando en la construcción fiscal de su modelo de país. Y la mayoría de los que lo vivamos lo sufriremos significativamente.

En términos históricos es muy complejo señalar cuál puede haber sido la mayor pérdida del patrimonio común para nuestra tierruca. Sin embargo, acotando el horizonte temporal desde que Cantabria se constituyó en comunidad autónoma hasta nuestros días, quizás se pueda señalar lo ocurrido con Caja Cantabria como la mayor pérdida de nuestro patrimonio común.

Todo lo acontecido durante las dos últimas décadas en torno a Caja Cantabria ha llevado a la pérdida de una herramienta de primer orden para el desarrollo de Cantabria. En un breve repaso de lo que hemos perdido por las decisiones políticas y de gestión empresarial tomadas sobre la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (de denominación comercial y popular Caja Cantabria) especialmente en los últimos años de su existencia, podemos identificar efectos negativos a varios niveles: para los hogares, las empresas y el sector público.

En términos generales, el crédito en Cantabria ha caído desde 2008 un 36,7%. El hecho de que la economía cántabra tenga actualmente acceso solo a dos terceras partes del crédito existente hace una década no se explica únicamente por la crisis, pues esta afectó a toda la economía española y en Cantabria la caída relativa ha sido mayor. En el caso cántabro, buena parte del diferencial negativo con el marco de comparación estatal se encuentra en la pérdida de Caja Cantabria como entidad financiera propia tras su integración en Liberbank.

Pero la pérdida para la economía de Cantabria no solo es una cuestión que afecte al crédito en términos generales. También se han producido importantes efectos asimétricos en el acceso al crédito. En el caso de los hogares, hoy en día en muchos casos es muy complicado acceder a la financiación de una vivienda. Lo que en la práctica resulta en una exclusión al acceso a un bien básico para el que hace unos años no hubieran tenido problemas. Por otra parte, los cierres de oficinas de la antigua Caja Cantabria, la sustitución de empleo por máquinas y negocio por internet o la adopción plenamente de prácticas de negocio bancario han supuesto el incremento del riesgo de exclusión en el uso de los servicios financieros de las personas de más edad o de personas que viven en entornos rurales. Por no hablar de la comercialización de productos que no se corresponden con el perfil de las personas a las que se ofrecen. En esta última cuestión seguro que muchos pensarán en las participaciones preferentes, y no es para menos, pero el caso llega mucho más allá. Por casualidad, esta misma semana al ir a utilizar un cajero pude ayudar a una persona mayor que no sabía utilizar una tarjeta que le habían vendido y que, en su frustración, me comentó que ni siquiera la quería pero que ahora pagaba por ella y no la sabía utilizar. Este caso, para nada trivial, nos habla del día a día de la asimetría de información en el sector financiero, de la exclusión financiera en la práctica y de cómo hay quien gana y quien pierde con ella. Y aquí una herramienta como fue Caja Cantabria durante buena parte de su historia (hasta que empezó a funcionar progresivamente como un banco… llegando, posteriormente, a ser parte de uno), hubiera podido desarrollar una línea de funcionamiento con mayor peso de los criterios sociales que del criterio de maximización del beneficio.

Los efectos se extienden también a la financiación empresarial, donde muchas pequeñas y medianas empresas tienen un acceso muy limitado al crédito, o no tienen acceso al mismo. Esto ha afectado negativamente al empleo que se ha podido crear en Cantabria, así como a la falta de financiación para la necesaria modernización de nuestra estructura productiva. Añadamos la pérdida directa de cientos de empleos dentro de la propia entidad financiera. Que, quizás por tener una mayor fragmentación de sus centros de producción no haya sido tan visible pero que si quisiéramos hacernos una idea podríamos visualizarlo como el efecto del cierre de una gran factoría.

También el propio Gobierno de Cantabria hubiera podido financiar parte de su endeudamiento a unos tipos de interés mucho más reducidos en caso de haber dispuesto de una herramienta que primase el desarrollo socioeconómico común sobre la maximización del beneficio. Pero esa herramienta se perdió cuando Caja Cantabria abandonó su naturaleza histórica (antes incluso de dejar de ser legalmente una caja). Sin dicha pérdida los cántabros podríamos haber evitado pagar parte de los intereses que el Gobierno de Cantabria ha abonado (en los últimos cinco años algo más de 300 millones) de haber contado con una financiación más asequible con Caja Cantabria como herramienta financiera. La misma lógica que para el ejecutivo autonómico podríamos aplicar para los ayuntamientos.

Y estos son solo algunos de los efectos sin entrar en otras cuestiones relevantes como, por ejemplo, la capacidad perdida de la potente obra social que realizaba la entidad o la pérdida de capital de más de 300 millones de euros entre lo que suponía la antigua Caja Cantabria y la participación de la fundación actual en Liberbank. La pérdida económica para Cantabria por esas decisiones tomadas en torno a Caja Cantabria ha sido uno de los mayores lastres con los que nuestra tierra ha podido afrontar la crisis que la azota desde 2008. Y no pensemos que fue una pérdida producida en un único momento o por la crisis.

Se comenzó a comprometer el valor de Caja Cantabria como herramienta común de desarrollo para nuestra sociedad y nuestra economía desde que se sustituyó progresivamente un modelo que fue exitoso (tanto como para batir al mismo Banco Santander en varios segmentos del negocio financiero en Cantabria), sostenible durante más de un siglo y contribuyó al desarrollo cántabro por una caja que cada vez funcionaba más como un banco. Posteriormente, sucesivas vueltas de tuerca en esa dirección, tanto por decisiones regulatorias, políticas y de gestión en la entidad, no hicieron sino agravar el problema. Por lo que no fue la crisis ni fue algo inevitable lo que ha ocurrido con Caja Cantabria. Más bien fue algo que se alimentó voluntariamente, cuando se tomaron sucesivas decisiones que acabaron poniendo en riesgo un patrimonio público común cántabro.

Dada la pérdida común de esa herramienta de desarrollo y el vacío que ha dejado en la economía de Cantabria, hay que preguntarse qué pasó. Es necesario investigar cómo y por qué se tomaron las decisiones para este resultado, estudiar con profundidad y rigurosidad las consecuencias de tales decisiones y, si se diera el caso, exigir responsabilidades. Es difícil de entender por qué a nivel estatal o en otras comunidades autónomas se está investigando en los parlamentos qué ocurrió con situaciones relativamente similares y aquí no. Es, también, difícil entender que una pérdida común que superaría los cientos de millones de euros se haya producido en medio de un silencio ensordecedor, en lo social y en lo mediático. Lo ocurrido con Caja Cantabria merece una investigación que arroje luz sobre la cuestión. Por el daño económico y social causado, por la pérdida de una herramienta para el desarrollo que ahora echamos en falta y, también, porque un mejor conocimiento sobre lo ocurrido puede permitirnos aprender para no repetir errores en las pocas herramientas comunes de desarrollo que nos quedan.

Lakoff ha hecho mucho por recordarnos que las palabras ni son inocentes ni son neutrales. Con el ejemplo sobre el efecto al que induce la expresión “no pienses en el elefante” sobre quien la lee o escucha (¿en tu cabeza ahora hay una imagen de un elefante?), su relación con el lenguaje político y su análisis, busca encontrar salidas de marcos en los que las posiciones conservadoras neoliberales han encadenado sucesivas victorias desde la década de los 80. Cuando, utilizando como punto de inflexión la situación socioeconómica, política y cultural existente tras las crisis del petróleo de la década anterior, el paradigma neoliberal forjó una hegemonía duradera hasta la actualidad.

Sin embargo, quizás convenga pensar en un elefante, uno en particular. En el gráfico o curva del elefante de Milanovic, una de las representaciones gráficas más famosas de los últimos años en la economía. Los trabajos de Piketty, Stiglitz, Deaton, Galbraith o el propio Milanovic, junto a la reciente crisis económica y financiera y a las tensiones derivadas del impulso globalizador en las tres últimas décadas, han llevado a situar las cuestiones distributivas y redistributivas en el centro del debate académico y político. 

Milanovic en Global Inequality: a new approach for the age of globalization, su último libro, analiza detalladamente la desigualdad global, entre países y dentro de los países. Sin duda acertó en la decisión de utilizar esta representación gráfica sobre el crecimiento de la renta (eje vertical) por niveles de renta (eje horizontal, cuanto más a la izquierda menos renta, cuanto más a la derecha más renta) durante las últimas décadas.

Simplificando la representación con una figura como la de debajo, podemos observar, en un principio, cuatro zonas diferenciadas: I. Las rentas más bajas en el mundo (20% menor), incluyen a la mayor parte de la población de los países menos desarrollados, que, además de ser rentas extremadamente bajas, han crecido poco en las últimas décadas; II. Las rentas medias mundiales (del 20 al 75%), principalmente economías emergentes no completamente desarrolladas, que durante este periodo han tenido un crecimiento notable, creando un germen de clases medias en países donde previamente dominaba la polarización en la distribución de la renta; III. Las rentas medias-altas y altas del mundo (del 75% al 99%), incluyen la mayoría de la población de los países desarrollados (España entre ellos) que ha visto como desde los años 80 su crecimiento real ha sido muy bajo; IV. Las rentas más altas en el mundo (1% más rico), estrato que ha ido caracterizándose porque recibe remuneración de un capital transnacionalizado, con gran crecimiento.

El gráfico del elefante refleja de alguna manera el reparto del crecimiento de la renta mundial entre los diferentes grupos de renta existentes. Pese a que el interés, tanto del gráfico como del tema en cuestión, da para mucho más (tanto como para un libro… que ya ha escrito Milanovic, de indispensable lectura), por cuestión de espacio y por focalizar en lo que más directamente afecta al lector potencial de estas líneas, acotaré el análisis en la zona señalada como III y en las dos flechas azules que salen de la misma, una hacia la zona II y otra hacia la IV.

En esa zona III, donde nos encontramos, por ejemplo, la mayoría de quienes vivimos en España, el crecimiento relativo de la renta real desde los años 80 ha sido significativamente bajo si se compara con el crecimiento medio de la renta mundial. Esta evolución, que ha afectado principalmente a la población asalariada y a los pequeños empresarios en Europa y Norteamérica, no puede separarse, por una parte, de lo que ha ocurrido en el sistema global y, por otra parte, de las dinámicas económicas y políticas nacionales. Se han producido dos grandes desplazamientos de la apropiación potencial de rentas desde la población del grupo III hacia parte de la población de los países en vías de desarrollo (nos sonará, por ejemplo, el proceso de deslocalización, también el de desindustrialización) y hacia el 1% más rico del mundo (tengamos presente, por ejemplo, el incremento de la desigualdad en España). Estos son los flujos de transferencia señalados por las flechas azules, uno transfiere apropiación de renta de unos trabajadores y pequeños empresarios de países desarrollados hacia otros de países en vías de desarrollo, mientras que el otro la transfiere de los trabajadores y pequeños empresarios de los países desarrollados hacia los grandes propietarios de capital a escala transnacional.

¿Y con todo esto qué? Pues esto es, ni más ni menos, que el sustrato común para las principales transformaciones económicas, sociales y políticas que vivimos en nuestro día a día en España y en Europa. ¿Te preocupan las pensiones? ¿Crees que tu trabajo se ha precarizado? ¿Qué trabajo? ¿Tras estudiar la carrera, el máster e idiomas no se han cumplido las expectativas que te animaron a tener? ¿Y la tecnología? ¿Consideras la vivienda un lujo y antes no lo era? ¿Qué explica el Brexit, la presidencia de Trump u otros cambios políticos que se han dado y se seguirán dando en Europa? Será difícil encontrar respuestas satisfactorias si, además de las características propias de cada una de estas cuestiones, no tenemos en cuenta el condicionante que ha supuesto el marco hegemónico neoliberal desde los años 80 y las crecientes tensiones que ha ido acumulando.

Las reformas introducidas a través de las políticas económicas nacionales e internacionales de inspiración neoliberal, han acelerado el proceso de traslado de la renta y la riqueza a escala global (o proceso de shifting wealth). Este proceso ha transferido estructuralmente renta a escala global, absoluta y relativamente, erosionando la posición relativa en términos de renta de las clases populares en países como España. De ahí que Stiglitz, en la revisión de su libro El malestar en la globalización haya incluido a dichas clases populares entre las dañadas por este proceso globalizador de enfoque neoliberal, señalando la necesidad de reformarlo profundamente.

¿Es posible dar un nuevo rumbo a la globalización? Claro que la hegemonía económica neoliberal tiene alternativa. Siempre es posible el cambio, aunque las posibilidades no sean siempre iguales. Otra cosa es cuándo o como se dé. En la reciente historia económica, sin ir más allá de los siglos XIX y XX, ya encontramos ejemplos de ello. La fase liberal parecía estable pero medio siglo después de su colapso encontramos el desarrollo del Estado de Bienestar en Europa y la conocida como fase dorada de la economía mundial (1945-1973), con una reducción histórica de la desigualdad en los países desarrollados. Sin embargo, también existen riesgos y nuevamente la historia reciente nos lo recuerda con lo ocurrido entre 1914 y 1945. Por ello, no se trata meramente de poner sobre la mesa alternativas al neoliberalismo, sabemos que existen. La clave práctica, como lo fue entre 1945 y 1973, es construir esa alternativa, teniendo en cuenta las características específicas de nuestro tiempo y las probabilidades de cambio futuro, dentro de una narrativa inclusiva, aglutinadora, que permita desarrollar mecanismos que corrijan los desequilibrios actuales de forma coherente con las demandas económicas y sociales centrales siendo capaz de ganar apoyo hasta el punto crítico en que esa alternativa potencial sustituya a la hegemonía neoliberal.