Durante los años cuarenta, los más duros de la construcción del monumento emblemático de la dictadura, numerosos presos trataron de escapar de los destacamentos penales de Cuelgamuros, aunque pocos lo lograron. No solo se trataba de abandonar un recinto sin vallado perimetral y custodiado por un exiguo grupo de funcionarios y guardias civiles. El problema era qué hacer después. La vigilancia en carreteras y caminos, estaciones de autobús y de ferrocarril era grande, y aunque los fugados pudieran franquear la barrera natural de la sierra, sus posibilidades de éxito eran pequeñas si no disponían de ayuda exterior.

Ser capturado y regresar a las cárceles de Madrid, donde reinaba el hacinamiento, el hambre y las enfermedades, era una posibilidad que muchos descartaron, porque en cierta medida les compensaba esperar la caída del régimen, que se aventuraba cercana por la evolución de la Segunda Guerra Mundial. La resonancia que alcanzó la fuga de Nicolás Sánchez Álbornoz y Manuel Lamana -reconstruida para el cine por Fernando Colomo en Los años bárbaros- opacó otros muchos intentos. La evasión más numerosa tuvo lugar el 11 de septiembre de 1944, cuando se fugaron de manera simultánea once presos. Otros muchos lo intentaron individualmente o en pequeños grupos, pero la mayoría fracasó. Quien sí lo logró fue José Américo Tuero, cuya fuga es una de las menos conocidas, a pesar de tener tintes novelescos.

Su familia, de humilde extracción obrera, había emigrado a Argentina y regresado a Asturias cuando aún era un niño. Su participación en movilizaciones sociales y huelgas a finales de los años treinta forjó su espíritu autodidacta, combativo y revolucionario. Era aficionado al ciclismo, ganó carreras e incluso corrió la vuelta a España (quedó decimonoveno en la edición de 1935). En la guerra se afilió al PCE y combatió en diferentes unidades del Ejército Popular Republicano. El caótico final de la guerra le impulsa a huir a Valencia pero cambió de opinión y se quedó en la clandestinidad, en Madrid y León. Desde esta ciudad regresa una noche en bicicleta para inscribirse en el registro consular argentino y obtener documentación acreditativa de su ciudadanía de origen. Participa en la reconstrucción del partido, hasta que, en el invierno de 1941, es detenido por la Brigada Político-Social. Después de dos meses en los calabozos de la Puerta del Sol, donde sufre golpes y humillaciones, es trasladado a la prisión de Torrijos y luego a Porlier.

Consejos de guerra

Son meses difíciles para los presos políticos, la mayoría a la espera de consejos de guerra que mayoritariamente dictan sentencias de fusilamiento. El 22 de marzo de 1942 comparece en juicio sumarísimo. A partir de acusaciones, sin pruebas incriminatorias y sin defensa, cuatro de los veinte juzgados son condenados a muerte, Tuero entre ellos. Logra hacer llegar una carta al embajador argentino y después de ochenta y cinco días en la “galería provisional” (el 'corredor de la muerte' de Porlier), su pena capital es conmutada por la de treinta años de trabajos forzados. Se le traslada al campo puesto en marcha para construir la estación ferroviaria de Chamartín, y de ahí al destacamento penal de la empresa Banús, adjudicataria de la construcción del viaducto y la carretera de acceso al Valle de los Caídos.

Se integra en el grupo de presos comunistas, que aprovecha las misas dominicales para organizar una estructura jerarquizada. Crean comunas para compartir alimentos, cigarrillos y el poco dinero que envían los familiares, hacen circular en secreto noticias que facilita la organización y ejercen gran influencia sobre la población penal. Entre sus estrategias está acceder al destino de oficinas, donde el trabajo burocrático se realiza a mano y donde están los libros de registro de correspondencia, con lo cual tienen conocimiento de cambios, órdenes, instrucciones, traslados, libertades y sanciones antes de que se apliquen. Los oficiales se limitan a revisar por encima y firmar. Incluso el director de su destacamento suele dejar documentos firmados en blanco, entre ellos órdenes de libertad que los presos que se han ganado la confianza de los funcionarios van acumulando para usarlos cuando sea necesario.

En la primavera de 1944, los presos llegan a la conclusión de que pueden poner fin a su cautiverio adueñándose de Cuelgamuros. La célula comunista elabora un plan para apoderarse del armamento de los custodios y de la dinamita del polvorín de la futura cripta. Quieren organizar un frente guerrillero en Guadarrama. Para conocer mejor las montañas adyacentes, proponen exhibiciones y concursos de escalada, que son incluidos en las fiestas religiosas, sin levantar sospechas. Un domingo, su esposa Pilar le hace llegar, ocultas en una cesta de comida, las dos pistolas y la munición que Tuero había escondido en su casa. Solo queda el visto bueno de la dirección del PCE en el interior. Después de un mes de espera, el enlace les informa de que el Partido no aprueba constituir la guerrilla, pero autoriza su fuga. No era la idea de Tuero en aquel momento, porque tenía la convicción de que el régimen de Franco no podía durar más allá de la derrota del nazismo.

Una tarde, el jefe del destacamento le anuncia que al día siguiente va a ser trasladado a Madrid. Tuero cree que es a petición de la embajada argentina, pero sus contactos en la oficina le dicen que su nombre no figura en la planilla del día siguiente. Sospecha que quieren aplicarle la ley de fugas, es decir, simular su evasión para asesinarlo. Esa noche traspasa la dirección del grupo a un compañero y pide en la barbería un corte de pelo y un afeitado. En la casa del capataz del viaducto, que era de confianza, le espera una maleta con ropa nueva, zapatos, jabón, máquina de afeitar, cuchillas, colonia y una pluma estilográfica, que le había preparado su esposa. Además, tiene tres mil pesetas que su hermana le había hecho llegar por la venta de una casa y un terreno. Ahora sí está decidido a marcharse.

En la mañana del 17 de agosto, cuando el director le entrega -sin instrucción ni papel alguno- al cabo de la guardia civil encargado del supuesto traslado, tiene la certeza de que va a ser eliminado. Decide echar a correr y se interna en un jaral. Los guardias no tienen tiempo de armar sus fusiles y optan por tratar de capturarle en alguna población cercana, para lo que han de dar aviso a la policía. Como no hay teléfono, han de recorrer varios kilómetros a pie hasta la carretera y luego llegar a algún pueblo en el primer automóvil que pase. Tuero recoge la maleta y sigue montaña abajo. A la estación de ferrocarril más próxima hay doce kilómetros de senderos y una enorme dehesa. Su plan es coger un tren que pasa a las once por Villalba. En la dehesa se lava y se cambia de ropa. En uno de los documentos robados -vacío pero con sello y firma oficiales- escribe que ha sido puesto en libertad tras haber cumplido condena. En la estación compra un periódico fascista, se acomoda en un compartimento del tren y enciende un cigarrillo Camel, cerca siempre de dos guardias civiles, que no sospechan de una persona elegante y, por supuesto, adepto al régimen.

El tren que no cogió

En la embajada argentina se sorprenden con su aparición. Recibe un pasaporte pero no se fía del entonces cónsul general, que le aconseja salir de Madrid en un tren nocturno. Tuero cree que es una trampa. Acude a ver a su esposa, le anuncia que se marcha -aunque le dice, por cautela, que a Francia- y le da indicaciones para gestionar su salida y la de su hija de España a través de la legación argentina. Descarta el tren que le han aconsejado y opta por otro a Galicia, que ya ha salido de la estación del Norte.

En aquella época los trenes tenían que cruzar Guadarrama, lo que suponía una compleja maniobra ferroviaria, y tardaban diez horas hasta Valladolid, mientras que por carretera solo se tardaban tres. Tuero toma un taxi a Segovia y luego un autobús hasta la estación de Valladolid, donde enlaza con el tren. En el viaje disimula como puede sus tremendos nervios. Se aloja en un hotel de Vigo, donde planea variantes de actuación en función de los documentos que lleva, firmados pero en blanco. Decide hacerse pasar por un guardia de Cuelgamuros llamado Tomás Calvo, e inventa que el documento que lleva es provisional, porque ha perdido la cartera.

Gracias a la intervención del cónsul argentino y de un grupo clandestino de guerrilleros cruza en bote la frontera natural del Miño. En Portugal está en situación peligrosamente ilegal. Si la policía del régimen fascista de Oliveira Salazar le detecta, será devuelto a España, con consecuencias fatales. En Lisboa, ni la embajada argentina ni la agencia de los aliados que atiende a los perseguidos por el fascismo le facilita las cosas. Descarta viajar a la Unión Soviética -cruzando Europa en plena guerra o vía África-, a Estados Unidos -le ofrecen nacionalidad a cambio de combatir en el Pacífico contra los japoneses- o a Canadá o Australia -como colono-. Finalmente es detenido por la Interpol y expulsado mediante el procedimiento de embarcarle, provisto de un visado de tránsito en Cuba, en un buque español que zarpaba hacia América.

Después de treinta y cuatro días de navegación, con fuertes medidas de autoprotección por el miedo a ser capturado o incluso arrojado al mar, llega a La Habana, que a la postre sería su destino final. En 1947, dado que las gestiones para su busca y captura habían sido infructuosas, el juzgado número 3 del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo decreta el archivo provisional de su expediente. Tuero había logrado dejar atrás la negra noche del franquismo e iniciaba una etapa nueva, de dedicación plena al PCE y el PCC, en la que vivió acontecimientos históricos como el triunfo de la revolución y la defensa de Cuba durante la invasión de 1961. En 1987, después de dejar escritas sus memorias, que su hija Chely Tuero convirtió en libro autobiográfico (Mi desquite, publicado en Cuba), falleció a los setenta y tres años de edad.

“Franco va a salir del Valle de los Caídos antes o después”, dijo usted hace cuatro años en una entrevista en este diario. ¿Se dan ahora las condiciones idóneas para la exhumación de los restos del dictador?

Absolutamente, creo que el tema está maduro. Desde la Comisión de Expertos ya planteamos en 2011 la salida de los restos de Franco en los términos actuales, y en estos siete años ha habido un gran debate social, pero sobre todo se ha colocado en el imaginario un tema que está cayendo por su propio peso. Y es básico para romper el cordón umbilical con el franquismo aún latente en España. El Congreso aprobó el año pasado una PNL que exigía el traslado, y sea la fórmula un Real Decreto-Ley, como parece, o sea cualquier otra, lo cierto es que el dictador Franco fue sepultado allí -y entregado su cuerpo a los benedictinos- por un Decreto del rey Juan Carlos, por tanto es política de Estado, y ese acto puede deshacerse. El Estado tiene la razón. Eso sí, hay que analizar todos los escenarios posibles, ahí tenemos el ‘caso Sanjurjo’. Igual ha habido algo de precipitación, pero no tengo prisa, después de cuarenta años se puede esperar seis meses más. Tiene que hacerse bien. La salida de Franco tiene que ser irreversible. Es un cuerpo extraño en el Valle de los Caídos.

Franco está enterrado allí en un lugar preeminente, pero también José Antonio

El momento que transitamos ahora mismo ha de tener un carácter doble. Hablar de uno sin tener en cuenta al otro no tiene sentido. No se trata de trasladar a Franco, sino desmantelar la jerarquía funeraria del monumento. Abogo por una solución integral. Sacar a Franco y trasladar a José Antonio a otro lugar del recinto.

Están desarrollándose las labores previas a la exhumación de los hermanos Lapeña... Parece que el nivel de la cripta adyacente a la capilla donde se supone que están los restos no sufre el grado de deterioro de otras zonas... ¿Cómo valora este proceso?

En las imágenes que se han difundido estos días del sector donde están los hermanos Lapeña se ven las cajas colocadas e incluso algunas con nombres, por tanto creo que un equipo de especializado puede hacerlo, es absolutamente viable. Pero no nos podemos quedar ahí, la realidad es que hay veintiocho niveles de enterramiento separados por muros, y sería necesario conocer su situación para arrojar luz sobre el estado general de las criptas y evaluar de manera global las posibilidades de intervención. Desde luego, sería a un coste razonable si lo comparamos, por ejemplo, con el coste de un aeropuerto vacío o de una estación de AVE con poco tránsito.

Estamos conociendo estos días la posición del prior, atrincherado en la abadía y poniendo en jaque la exhumación de Franco... ¿Puede recurrir a la justicia y denunciar por profanación?

Es el derecho al pataleo. Recurrirán todo lo que haya que recurrir, pero en todo caso, son una minoría, tanto en el seno de la iglesia católica como en el conjunto de la sociedad española.

El prior Santiago Cantera -también el antiguo padre abad, Anselmo Álvarez- suelen decir que solo se puede alcanzar el sentido de la reconciliación “bajo los brazos redentores de la Cruz”...

Lo que ha ocurrido estos días es muy revelador, desde mi punto de vista. Defienden que el Valle es un monumento a la reconciliación, que la cruz es un potente símbolo universal de paz, pero hace unos días los ultraderechistas se movilizan y se concentran en la explanada en defensa del monumento cuando, según ellos, está “en peligro”. Ver a esa gente allí demuestra que el Valle no representó nunca ni representa a las dos Españas, sino a una sola. En resumen, el argumento de la reconciliación se les ha caído por completo.

Si la familia Franco mantiene su idea de no hacerse cargo, ¿qué se puede hacer con los restos del dictador? ¿Deberían de ir a un osario, como se ha especulado estos días?

Si el Estado cuenta con seguridad jurídica para la exhumación, podría dejar los restos en la puerta del recinto de Cuelgamuros. Entiéndame, es una forma de hablar, no creo que se produzca esa situación. La familia tendrá que plegarse, no les queda otra.

¿Realmente es posible la resignificación del valle de los Caídos? ¿Cuál de las opciones barajadas estos años le parece idónea?

Reconozco que en estos años he ido cambiando de opinión, conforme he ido conociendo las soluciones adoptadas en otros espacios de memoria del mundo. Ahora mismo creo que debería hacerse una recontextualización del Valle de los Caídos como monumento totalitario. Expertos de otros países consideran que, con diferencia, es el más impactante, por encima de los lugares que aún quedan en Berlín o Moscú, por ejemplo. A fin de cuentas, es la petrificación del nacionalcatolicismo de forma casi perfecta. Entonces, yo no lo tocaría, lo usaría para hacer pedagogía del totalitarismo, para explicar a través del monumento cómo funcionan las dictaduras.

¿Y cómo sería esa recontextualización? ¿Demolería la cruz?

Hoy día la museología está muy avanzada, desde luego no utilizaría fórmulas caducas como poner placas ni nada por el estilo, sino que convertiría el Valle en un ‘ciberlugar’. Es decir, si se me permite la expresión, en lugar de demoler la cruz la convertiría en un gran receptor que garantizase una wifi potente para que los visitantes pudieran acceder a contenidos de todo tipo e incluso pudieran subir fotos o vídeos. Desde luego, hay especialistas españoles y extranjeros que podrían desarrollar un proyecto puntero en el mundo y así transformar por completo Cuelgamuros, como se ha hecho por ejemplo en Hiroshima. Y así, con participación de la propia ciudadanía, transformar poco a poco el relato. Porque hasta ahora solo ha habido un relato monolítico, hegemónico, y no se trata de imponer un relato alternativo sino sumar una multiplicidad de relatos, envolver el Valle de otra manera, para facilitar el conocimiento de las nuevas generaciones y fortalecer la calidad democrática del país.

Esta semana usted ha codirigido el Congreso internacional entre otras cosas sobre fosas comunes. ¿Por qué las exhumaciones están transformando radicalmente los modos de gestión del pasado traumático?

El trabajo en torno a las fosas comunes tiene, desde luego, carácter simbólico, pero ahora mismo es central en los discursos y en las políticas de memoria y de derechos humanos. Cuando empezamos con este tema, en 2002, nos desbordaba su complejidad. Durante años hemos ido creando equipos y redes de investigación interdisciplinar que han ido arrojando luz a un debate paupérrimo, derivado del ‘vuelo bajo’ de la crispada situación política y del famoso ‘y tú más’. Hemos ido creando marcos comparativos porque queríamos entender mejor, a fin de superar la pobreza del debate. Ahora mismo la conexión de la ciencia forense con los derechos humanos es un proceso global, mundial. Para que te hagas una idea, el equipo argentino de antropología forense ha trabajado ya en cincuenta países. Son los instrumentos centrales de la justicia transicional. Porque cualquier conflicto deja evidencias, que permiten construir casos judiciales. Y la fosa común es, a fin de cuentas, el lugar del crimen.

¿En qué posición está España en relación a otros países?

España es un referente mundial, el caso español no es periférico, está en los mapas de análisis académicos, más aún con el tema de Franco de por medio. Lo característico de nuestro país es que fue un movimiento de abajo arriba, desde familias, asociaciones, equipos forenses... Está ocurriendo algo similar ahora mismo en países como Colombia y Méjico donde, frente a gobiernos, fiscalías, grupos mafiosos o paramilitares, están siendo las madres, o ciudadanos anónimos, quienes están buscando los cuerpos, objetos personales... Aquí, a partir de 2005 el apoyo institucional ha sido desigual, rácano y mal orientado. Ha sido un “búscate la vida” para las familias, y eso tiene que cambiar. No quiere decir que no haya problemas. Una exhumación reaviva traumas y a veces genera frustración, porque se ha pensado que con una identificación genética se resolvía todo, y no es tan sencillo, necesitamos seguir mejorando y analizando los procesos desde un punto de vista crítico.

¿Qué cambios deberían de producirse con la creación de la Dirección General de Memoria Histórica?

Con Mariano Rajoy como presidente, la fórmula era “cero más cero más cero igual a cero”. Sin embargo, paralelamente se destinaban recursos, se financiaban exhumaciones o se creaban institutos de memoria. La situación es desigual, pero se ha trabajado bien en Andalucía, País Vasco, Navarra... Hasta en Castilla y León se ha avanzado en esta materia. Hemos pedido mil veces que el Estado asuma las exhumaciones, que se cree un archivo único, que se ponga en marcha una oficina de víctimas... Precisamente en el Congreso de San Sebastián -que he codirigido junto a Francisco Etxeberría- ha participado el nuevo Director General de Memoria Histórica, que ha dejado importantes anuncios en sintonía con las demandas de las asociaciones, como la voluntad de asumir la gestión directa de las exhumaciones o la anulación de las sentencias franquistas. Es cierto que no ha sido sino expresar las líneas de acción de un programa, porque además tienen pocos diputados y poco tiempo por delante, pero hay mucho por hacer.

El reciente anuncio de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de “declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias” ha sido en general bien recibido tanto en el ámbito de la investigación especializada en el franquismo como en el de las asociaciones memorialistas. “Es el tema clave, el pilar fundamental del golpe militar y del régimen dictatorial posterior, porque Franco legitimó sus atrocidades a través de la ley, algo tan flagrante como aplicar el Código de Justicia Militar a los civiles leales a la República”, señala Mirta Núñez, historiadora y profesora titular de la UCM; “Fue un aparato judicial inmenso para no dejar ni un resquicio, para que no se escapara nadie”.

Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), considera que la reivindicación de la anulación de las sentencias ha sido y es “un clamor”, porque “aquellos juicios no se correspondieron nunca con los criterios básicos de la justicia, todo lo que produjo el franquismo en este ámbito fue ilegal e ilegítimo, los tribunales no eran tribunales, eran aparatos de represión sin ningún tipo de procedimiento y sin posibilidad alguna de defensa”. Gutmaro Gómez Bravo, historiador y también profesor de la UCM, considera que reconocerá definitivamente a las víctimas de la crueldad de la represión franquista, aunque cree que tendrá más carácter simbólico que real, dada la multiplicidad de situaciones generadas por la supervivencia del marco jurídico impuesto por la dictadura: “Está el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el de Responsabilidades Políticas, jurisdicciones especiales... Es complicado, desde una perspectiva garantista como la que otorga nuestro marco constitucional, llegar a entender cómo funcionó la justicia franquista. Y están los fusilados, los presos políticos, los exiliados, el concepto de víctima es amplio y complejo”.

Cuantificar el número de sentencias a anular y el número de personas afectadas es de una enorme dificultad. “Por ejemplo, el nazismo circunscribió su acción genocida a un enemigo étnico y sociopolítico concreto, y durante un periodo de tiempo al que puso fin la derrota en la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, la represión en España tiene mucho más peso, porque se extendió a medio país durante cuatro décadas”; explica Gómez Bravo; “la dictadura argentina no dejó rastro jurídico, y algo semejante ocurrió en Sudáfrica, Colombia, incluso la Italia mussoliniana... Aquí fue diferente, la Causa General actuó en cada pueblo, por pequeño que fuera”.

La anulación de las sentencias fue siempre una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de memoria histórica y de los colectivos de familiares de víctimas. “Cada familia tiene un (juicio) sumarísimo”, explica Tomás Montero, de ‘Memoria y Libertad’. cuyo abuelo fue detenido, sometido a consejo de guerra y fusilado en el cementerio del Este de Madrid el 14 de junio de 1939: “Somos escépticos, pero este anuncio del Gobierno suena bien. Desde luego, podría ser algo más que simbólico, tendría valor real porque vaciaría de argumentos a la derecha, que sigue dando validez a sentencias ilegales; se ha visto este año con la polémica en torno al monumento de La Almudena y la ofensiva en relación con los nombres de los chequistas fusilados, se sigue dando pábulo a esas sentencias, es una vergüenza”.

En junio del año pasado, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad anular las sentencias políticas del régimen franquista y declarar ilegales los tribunales de la ‘Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación’, llamada posteriormente ‘Auditoría de la IV Región Militar’, que actuó de 1938 al 1978. Respecto al conjunto del territorio español, la tarea es ardua y difícil de abarcar. Gómez Bravo no se atreve a aventurar cifras pero apunta algunas que pueden dar idea de la envergadura del reto: “En 1940 había 300.000 personas en prisión con sentencias firmes, 500.000 en campos de prisioneros y 90.000 en batallones de soldados trabajadores, es decir, casi un millón. Por hacer una comparación, recuerdo que la dictadura portuguesa encarceló a 25.000 personas en total. Además, habría que sumar las decenas de miles de cadáveres que aún esperan en fosas”.

El problema no está, sin embargo, en la posguerra inmediata (1939-1945), sino en que la dictadura consiguió instaurar un marco jurídico y legislativo represor de larga duración, con el Tribunal de Orden Público -creado en diciembre de 1963 y suprimido en enero de 1977- como piedra angular. “La justicia militar fue, podríamos decir, reutilizada durante años, y por eso siguió habiendo consejos de guerra y fusilamientos, como el de Julián Grimau y otros muchos, hasta poco antes de la muerte de Franco”, explica Núñez.

Charo Alises, jurista de la Federación de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB) , considera que el problema es la delimitación de la iniciativa anunciada por el Gobierno: “Además de los encarcelados por sus ideas políticas, muchas personas se vieron privadas de libertad simplemente por ser como eran; puestos a revisar, habría que contemplar hacerla extensiva a las resoluciones judiciales enmarcadas en la aplicación, por ejemplo, de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social”. La LPRS de 1970 estableció penas de hasta cinco años de internamiento para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos. Las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo (1970-1979) revelan la existencia de más de 58.000 expedientes y más de 21.000 sentencias condenatorias para todo el conjunto de tipos de peligrosos sociales. Alises explica que si se extrapolan a la totalidad los datos disponibles de los Juzgados de Peligrosidad de Madrid entre 1974 y 1975, donde alrededor de un 6% de los expedientes fueron por homosexualidad y un 5 por ciento se resolvieron con condenas, “estaríamos hablando de unos 3.600 expedientes por homosexualidad entre 1970 y 1979, y unos 1.000 condenados en este mismo periodo sin garantías y sin delito”.

Para Ruiz, la anulación de los antecedentes es fundamental porque “en los expedientes vitales de muchas personas sigue apareciendo que fueron delincuentes, cuando no hicieron otra cosa sino defender la legalidad, y lo que ocurrió fue que los verdaderos rebeldes hicieron un paripé judicial y humillaron a las víctimas”. Montero corrobora: “Ocurrió durante años con Marcos Ana y le sigue ocurriendo a muchas personas, que siguen escuchando que su familiar fue un asesino porque fue condenado, y no tienen posibilidad alguna de defenderse”.

Confían en que el anuncio de Dolores Delgado sea concretado desde la nueva dirección general de Memoria Histórica, para la que ha sido nombrado Fernando Martínez, catedrático de Historia y coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía: “Hay que aprovechar para hacer una cosa seria, poner de una vez por todas sobre la mesa nombres y casos, y por supuesto, que los archivos y la documentación estén a total disposición de investigadores y familias, y/o que deje de estar bajo la jurisdicción militar”, apunta Gómez Bravo.

“Estoy conmovida solo con pensar que pueda llevarse a cabo, marcaría un antes y un después en la lucha contra la impunidad”, añade Núñez, quien ve más complicado, sin embargo, que la eventual anulación de las condenas signifique abrir la puerta al resarcimiento económico. En esta línea, respecto a la posibilidad de que desencadenase un aluvión de reclamaciones patrimoniales (de terrenos, bienes muebles u otras propiedades, confiscados por la dictadura), Ruiz señala que “las prospecciones realizadas desde diferentes gabinetes jurídicos indican que, en todo caso, serían asumibles, y no sería, como se ha dicho, la ruina de las arcas del Estado”. Montero lo deja claro: “No creo que ese tema haya sido prioritario. Lo que queremos es restituir el buen nombre de nuestros familiares, y evitar que se siga denostando a los republicanos”.

El 18 de noviembre de 1976 las Cortes aprobaron la Ley de Reforma Política, impulsada por Adolfo Suárez. Entonces, una nueva España se abre camino, y sin embargo en el Valle de los Caídos se ha detenido el reloj de la historia. Este lunes han comenzado los trabajos de exhumación de los cuerpos de cuatro personas en la mayor fosa común de España tras una larga batalla. Diez años de pelea, en el caso de la familia Lapeña, para recuperar los restos de dos hermanos fusilados en Calatayud en 1936. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

El pacto de silencio de la transición impidió la reconciliación nacional a partir de la condena explícita de la dictadura y el reconocimiento político y moral de las víctimas y los represaliados. Ese factor, unido a la vigencia de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 son claves para entender la inacción y la falta de voluntad política para desbloquear la situación que desde hace décadas vive el monumento de mayor carga simbólica de la dictadura.

Aunque, en 1980, operarios del Ayuntamiento de Madrid comenzaron a sustituir placas de calles con nombres franquistas, la transición dejó intactos los principales monumentos. El Valle se convirtió en intocable: ni se cambia su nombre ni su régimen de funcionamiento y ningún gobierno democrático moverá los restos de Franco o de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange.

En este contexto de inmovilismo político tampoco se han puesto en marcha las recomendaciones de resignificación elaboradas por una comisión de expertos ni siquiera han sido retirados los escudos franquistas labrados en la exedra. Funciona la hospedería, el internado de la escolanía, la tienda de recuerdos, el bar, pero ni se ha revisado el convenio ni se ha frenado el deterioro del lugar ni se ha creado un museo o un centro de memoria. Esto unido a unas cifras que lo convierten en deficitario. Mantener el Valle costó a Patrimonio Nacional, según datos oficiales, 1,8 millones de euros en 2016. Aunque en 2017 visitaron el lugar 283.277 personas (un 8% más que el año anterior), al monumento no le salen las cuentas.

Actualmente la responsabilidad última de todo lo relacionado con el Valle de los Caídos recae en Soraya Sáenz de Santamaría, ministra de la Presidencia y de la que depende Patrimonio, aunque no tiene autoridad sobre la abadía. Sáenz de Santamaría no ha considerado el Valle como una prioridad de gestión, y los sucesivos presidentes del organismo, siete en total –entre ellos, Manuel Gómez de Pablos, Álvaro Fernández-Villaverde, José Rodríguez-Spiteri o el actual, Alfredo Pérez de Armiñán– se han caracterizado por una gestión en la sombra. Jamás han comparecido públicamente para dar explicaciones en relación con el monumento ni para ofrecer transparencia. Un manto de silencio y secretismo sigue cubriendo Cuelgamuros, que se encuentra en un callejón sin salida inmediata. La oposición parlamentaria sigue preguntando al gobierno, pero no ha habido en los últimos meses ni un solo anuncio que pudiese significar el desbloqueo.

Cambiar la ley para que nada cambie

El origen del inmovilismo se remonta a 1982, cuando el ejecutivo de Leopoldo Calvo-Sotelo dictó una ley reguladora del Patrimonio Nacional que le atribuye la administración provisional hasta que el Gobierno constituya una comisión con partes afectadas (comunidad benedictina, Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Gobierno autonómico madrileño, Patrimonio y Ministerio de la Presidencia) para establecer el régimen jurídico deseable para el complejo monumental. Cambiar la ley para que nada cambie.

En 1984, un Real Decreto del gobierno de Felipe González resucita esa comisión, sin utilidad alguna. A una de las misas de 1985, en el décimo aniversario de la muerte de Franco, asiste el militar Camilo Menéndez, condenado por el 23-F. En la de 1988, la primera sin Carmen Polo, se corean los gritos de siempre, unidos a otros como “Tejero, aguanta, España se levanta” y “Tejero, unidad y libertad”.

A pesar del escenario, ningún gobierno toma medidas y todo sigue igual cuando el PSOE pierde las elecciones en 1996 tras años en el poder. Aunque los nostálgicos denuncian el clima de “satanización” reinante y mantienen la existencia de un plan –guiado por un “odio enfermizo”, con complicidad de instancias gubernamentales– para limitar el acceso mediante desproporcionadas medidas de seguridad en el Valle, nada de eso ocurre durante los gobiernos de José María Aznar. Moncloa siempre hará la vista gorda ante la apología del franquismo que se repite cada 20N. Dejará hacer.

Con el cambio de siglo, las asociaciones de memoria comenzaron a localizar e identificar restos, a abrir fosas y a erigir monumentos de homenaje a las víctimas. Chocan con la resistencia de autoridades políticas, religiosas y judiciales, pero cuentan con la colaboración de vecinos, testigos e incluso personas que participaron en los enterramientos. Es entonces cuando empieza a quebrarse el silencio que la transición había impuesto y en 2003, los descendientes de los siete de Pajares de Adaja dan a conocer su caso y empiezan a reclamar los restos de sus seres queridos, sepultados en el Valle.

Las reclamaciones de las familias de Joan Colom, de los hermanos Lapeña y otras muchas –incluidas franquistas– han venido sucediéndose durante estos años, con la negativa tácita o expresa de todas las instituciones con algún tipo de relación o responsabilidad.

Paralelamente a los reclamos de las familias se inicia la batalla política. Por un lado, se abre el debate sobre el Valle, que sigue siendo escenario de actos de iconografía ultraderechista y paramilitar y por otro los partidos de izquierda instan al Gobierno de Aznar a que proceda a la retirada de símbolos, a la condena de la sublevación militar y al reconocimiento de las víctimas de la guerra y del franquismo. Sin embargo, el PP bloquea todas las propuestas en el Congreso con su mayoría absoluta.

La victoria socialista de 2004 abrió un paisaje nuevo, pero apenas hubo cambios en la consideración del recinto, que, hasta 2007, permaneció en el centro de agrios debates parlamentarios, sobre todo durante la tramitación de la Ley de Memoria Histórica. Desde la sociedad civil se aportan numerosas propuestas de reconversión, que asumen algunas formaciones políticas. Pero el consenso es imposible. A pesar de la insistencia parlamentaria y ciudadana, el Gobierno no contempla propuesta alguna.

El PSOE y su relación con la Iglesia

Se ceñirá en su decisión final a lo fijado por la comisión interministerial en su informe. Es decir, que el recinto se rija por las normas destinadas a otros lugares de culto y a los cementerios públicos, que no se autoricen actos de naturaleza política o exaltadores de la guerra civil, de la dictadura o de sus protagonistas, y que entre los objetivos de la fundación gestora esté el de profundizar en el conocimiento del periodo histórico de la guerra y la posguerra. Así figurará en el texto definitivo de la Ley de Memoria Histórica tras un largo y tormentoso trámite parlamentario. Queda claro que el ejecutivo no tiene intención alguna de abordar una reconversión profunda.

En estos meses de negociaciones a dos bandas –Izquierda Unida, por un lado, y las formaciones nacionalistas y el PP por otro–, adquiere protagonismo Teresa Fernández de la Vega, entre 2004 y 2010 ministra de la presidencia, y por tanto responsable última de Patrimonio Nacional.

Y es que el PSOE logra sacar adelante la Ley de Memoria Histórica en la comisión constitucional del Congreso gracias a darle el visto bueno a una enmienda de Convergencia i Unió que evita la liquidación de la fundación gestora del Valle de los Caídos. Un movimiento directamente relacionado con una información de La Vanguardia que desvela una de las claves del inmovilismo que caracteriza a Cuelgamuros: los monjes de Montserrat (Barcelona) intervinieron en favor de los benedictinos del Valle para defender su estatus, y los nacionales catalanes actuaron como correa de transmisión. Al PSOE le interesa evitar una colisión frontal con la Iglesia.

El paso del tiempo y los sucesivos gobiernos de la democracia han provocado que el Valle siga igual. Y ante escenario, el reciente fallecimiento de Carmen Franco Polo puede abrir una posibilidad de solución. Aunque se negó tajantemente a trasladar los restos de su padre al panteón familiar de El Pardo, el diferente talante de Carmen Martínez-Bordiu –nueva interlocutora de la familia para este asunto, que, además, ha solicitado que le sea otorgado el Ducado de Franco– ayude a arreglar lo que la política no ha logrado resolver en cuarenta años.

Manuel García Muñoz (Baza, Granada, 1948) ha formado parte del equipo multidisiciplinar –coordinado por el historiador Fernando Hernández Holgado– que ha elaborado el informe para el Ayuntamiento de Madrid sobre los casi 3.000 ejecutados en la tapia del cementerio del Este entre 1939 y 1944.

Su libro Los fusilamientos de la Almudena es una de las fuentes usadas para completar el listado y fue mencionado hace unas semanas por medios de comunicación conservadores y por el Partido Popular en el Consistorio. El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, solicitó que se excluyesen a 355 miembros de la Checa entre los represaliados por el franquismo a los que homenajear.

La obra ha sido utilizada para desacreditar el futuro memorial municipal a los fusilados. “Alguien ha sido capaz de interpretar mi libro en su propio interés, sin respetar mi voluntad; duele, porque ese uso va en contra del planteamiento y de mis motivaciones al escribirlo”, explica.

Y esas motivaciones no son otras que arrojar luz sobre la historia de las víctimas de la dictadura. Reclama el derecho de los investigadores a trabajar con documentos públicos y a acceder a sus datos, que fueron ocultados durante años: “Una vez descubiertos, ¿quién soy yo para ocultarlos, si podrían tener valor para alguien? Porque muchas personas aún no saben qué pasó en la guerra con sus padres o con sus abuelos. En el informe incluimos datos que pueden tener valor para familiares o interés para investigadores, y ahora alguien los ha utilizado de forma totalmente ilegítima”.

Para aclarar por qué no se deben eliminar los nombres de los 'chequistas' del listado –como defendió en pleno el concejal Mauricio Valiente, responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del consistorio madrileño–, García Muñoz explica que los juicios sumarísimos de posguerra, que desembocaron en la pena capital para miles de republicanos, fueron ilegales e ilegítimos, y por eso “pueden ser considerados nulos, no contienen ningún elemento probatorio, no son materiales judiciales, y sí documentos históricos. Por eso no tenemos elementos para entrar a juzgar a los llamados 'chequistas'. Estar a favor de alguien no significa pensar que no hizo nada, y entrar en lo que hizo o no hizo me provoca rechazo. Volver a juzgar es demencial”.

Influencia de Puig Antich

En su autodefinición como antifranquista influyó decisivamente el momento en que conoció a Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974, cuando ambos hacían el servicio militar en Ibiza: “Salvador estaba destinado en enfermería, ya por entonces estaba clara su disidencia anarquista. Dos años después, en 1973, vi su foto en el periódico. Nos reunimos varios compañeros de mili y seguimos con angustia las noticias del consejo de guerra y de su ejecución. Lo terrible es que conocí a su verdugo, Antonio López Sierra, porque Basilio Martín Patino y yo rodamos con él para la película Queridísimos verdugos. Aquel hombre, que había ejecutado a Jarabo, estaba destinado en Madrid y fue designado para cumplir la pena de muerte de Salvador”.

El caso Puig Antich le marcó de por vida, y despertó en él una radical oposición a la pena de muerte: “A ningún Estado, por muy democrático que sea, le reconozco la capacidad de disponer de la vida de las personas. Rechazo radicalmente que tengan la más mínima competencia en esta materia”. Dice “odiar” las cárceles, y su rechazo se extiende a las situaciones penitenciarias de cadena perpetua o prisión permanente revisable.

Además de trabajar con Martín Patino, fue ayudante de dirección de Pedro Lazaga y José Luís García Sánchez, entre otros, director de documentales como Testamento de un pueblo (Espiga de Oro en el Festival de Valladolid) y autor del libro ya citado y de 80 mujeres. Las mujeres fusiladas en el Madrid de la posguerra. Este mes de abril saldrá a la luz Detrás de las rejas. Ejecuciones en Carabanchel 1944-1975, un minucioso trabajo que concreta en 202 la cifra de personas muertas, por fusilamiento o garrote, en el centro penitenciario de Carabanchel desde su puesta en funcionamiento hasta la muerte del dictador.

La mayor parte tuvieron lugar en sus primeros años, cuando se cerraron la mayoría de prisiones madrileñas: “La última ejecución de un preso de la cárcel de Porlier fue en febrero del 44, y la primera en Carabanchel –tres atracadores a la vez– en marzo. Llevaban a los reos a campos de tiro en los cuarteles del barrio de Campamento, y después los enterraban en el cementerio de Carabanchel Alto. Antonio López, el verdugo de Salvador, fue el autor de muchas de las realizadas mediante garrote”.

Reparación de las víctimas

Aunque hubo miles de condenas a muerte en la posguerra inmediata, en 1945 Franco aprobó un decreto que concedía el indulto total a los condenados por delito de rebelión militar y otros cometidos hasta 1939. “Lo que ocurrió fue que mucha gente tenía varias condenas, por eso muchos antifranquistas siguieron en prisión en los años cincuenta e incluso los sesenta”, explica. A esa cifra de 202 ejecutados se han de añadir tres más: los militantes del FRAP José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso, presos en Carabanchel pero que fueron ejecutados en Hoyo de Manzanares (Madrid).

En su opinión, Franco y los militares que le acompañaban no supieron ganar la guerra, aunque aclara que muchos republicanos tampoco supieron perderla. Añade que el contexto bélico no puede hacer olvidar que solo hubo una responsabilidad: la de quienes se sublevaron y desencadenaron la contienda.

Y sobre el concepto de reparación para las víctimas de la dictadura, tiene una idea muy clara: “¿En qué cabeza cabe que las familias no tengan derecho a compensaciones, si les quitaron no solo dinero y propiedades, sino la posibilidad misma de trabajar? Sin ser familiar de víctima, comparto las reivindicaciones de estas personas. Cualquier posición de un familiar es legítima. Quienes no hemos vivido esa situación podemos entenderlas, pero no todo. Considero esas víctimas como mías, como también considero mías las de los familiares de las victimas de Paracuellos, por ejemplo. Tenemos que conocer lo que pasó, no para diferenciar las historias de los dos bandos sino para integrarlas; unas y otras son legítimas. Sus historias son nuestras historias. Si las incorporamos a nuestros recuerdos podremos reflexionar mejor sobre nuestro pasado y nuestro futuro”.

José Luis Galán creció fascinado por la imponente simbología del Valle de los Caídos. Como un primo suyo cantaba en la escolanía y había viajado a Japón para ofrecer recitales, se empeñó en entrar también en el internado. Ante su insistencia, su padre consintió, y en 1967, poco antes de cumplir diez años, fue admitido en la abadía benedictina, en pleno franquismo. Era un niño cantor, que, además de voz, tenía buen oído, afinaba.

Era uno de esos muchachos que recibían a Franco en fila de a dos cuando entraba bajo palio a la basílica junto al abad Luis María de Lojendio, mientras tronaban desde el imponente órgano los acordes del himno nacional: “Recuerdo los brillos de los correajes y las botonaduras, los cascos y de las botas de los uniformados, a Franco en el sitial ubicado tras el altar, a la derecha del coro, mientras el entonces rey Juan Carlos se situaba a la izquierda”.

Durante cuatro años presenció los homenajes a José Antonio Primo de Rivera y a los caídos del bando vencedor: “No recuerdo haber escuchado en las homilías referencia alguna a ideas como la de reconciliación; eran ceremonias de exaltación del Caudillo y de su obra, en las que jamás se mencionaba a los otros, a los republicanos, salvo para acusarles de los males de España”.

En 1971, antes de cumplir catorce años, rechazó seguir la carrera religiosa y volvió a Orcasitas (Madrid), donde se enfrentó a una vida muy diferente de la que había conocido. Fue entonces cuando su percepción tanto de Cuelgamuros como del franquismo cambió por completo. Leyendo La verdadera historia del Valle de los Caídos, de Daniel Sueiro, descubrió que buena parte de quienes habían construido aquel monumento de la sierra madrileña habían sido presos republicanos. Su propio padre también había sido esclavo de Franco, solo que en otro lugar. A partir de ese momento, se propuso descubrir la verdad sobre “aquello” de lo que nunca se había hablado en casa. Inició en solitario la tarea de esclarecer la historia -no contada- de la rama paterna de su familia.

Quería saber, por ejemplo, cómo, cuándo y por qué fue fusilado su tío. Tiburcio Galán, tejero de profesión y concejal de abastos de Santa Ana de Pusa (Toledo), fue detenido al final de la guerra, acusado junto a varias personas más de ser inductor del asesinato de dos sacerdotes el 18 de agosto de 1936, condenado a muerte y ejecutado el 29 de abril de 1940 en la tapia del cementerio del Este.

José Luis recorrió archivos y halló respuestas en los documentos: “El examen es terrible, acusaciones sin pruebas, condenas a muerte... Para mí el documento más estremecedor es el oficio por el que se entrega a mi tío al pelotón de fusilamiento. En ese momento, los condenados aún viven, pero unas horas después ya los han matado”. El drama familiar se acentúa porque José Luis cree que uno de esos sacerdotes pudo ser un primo de su abuelo materno, aunque la hagiografía que sirvió de base para su beatificación por Benedicto XVI en 2007 no concuerda con los relatos individuales que sirvieron de base para la redacción de la sentencia de muerte de su tío: “Como era habitual en aquellos procedimientos, las declaraciones de hechos recogidos en las sentencias solían obtenerse mediante torturas o dando validez probatoria a delaciones realizadas por personas de orden”.

Supo también que otro tío, Lucio, había muerto en la defensa de Madrid, y que su abuelo había sido detenido al final de la contienda por la denuncia de un vecino. “Nunca se habló de él en casa, ni de mi tíos”, añade. Adriano Galán estuvo dos años en el campo de concentración de San Bernardo, en Toledo capital, y como no había causa contra él, lo pusieron en libertad, pero, por su condición de familiar de ‘rojo’, le dieron una paliza al volver a casa. Tuvo que irse a otro pueblo, La Mata, donde había nacido y donde murió.

Le quedaba reconstruir la historia de su padre, que solo en los últimos años de su vida se animó a hablar. A recordar. Víctor Galán, tejero como su hermano Tiburcio, había sido movilizado en 1938 y destinado al frente de Pozoblanco (Córdoba). Tras pasar por un centro de clasificación de presos de Madrid -el colegio Miguel de Unamuno, donde, casualmente, después estudiaría el propio José Luis- fue destinado al Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 40, encargado de construir el aeródromo de La Morgal, en Lugo de Llanera (Asturias): “Aunque no tenían nada contra él, por haber sido soldado republicano lo enviaron a trabajos forzados a la espera de informes posteriores. De esos informes dependía la suerte de los soldados, que podían ser trasladados a una prisión con cargos o a un consejo de guerra sumarísimo”.

Su trabajo consistía en desecar la marisma en la que iban a construirse las pistas, sin herramienta pesada y en condiciones precarias de alimentación y abrigo. De noche, en los barracones, sufrían palizas a vergajo limpio. Allí permaneció un año. Al salir de aquel infierno, aún tuvo que cumplir tres años de servicio militar. Paralelamente empezó a grabar testimonios de otras personas, para establecer concordancias. Para comprobar que ese relato de su padre no estaba influido por la subjetividad o el olvido.

Como sus padres ya han fallecido, José Luis quiere contar su historia personal y familiar para acabar con lo que denomina ‘relato interpuesto’: “Ha prevalecido el relato de otros. Lo que ocurrió ha pasado por el tamiz de historiadores, escritores, cineastas, políticos, abogados, etc., pero han sido interpretaciones, han faltado muchos relatos directos de víctimas y familiares. Durante años se acudió a la fuente primaria solo como base testimonial de la represión, pero no se difundieron tantas y tan diversas tragedias que habrían cambiado la percepción social del trauma infligido por la dictadura”.

José Luis fue uno de los querellantes en el proceso instruido en Argentina. Gracias al esfuerzo de su abogada Ana Messuti acudió a declarar en el juzgado de María Servini de Cubría junto a Ascensión Mendieta y otros familiares de víctimas: “En Argentina se enjuició a los responsables, pero aquí no; aquí, el entramado judicial y político ha construido una arquitectura de impunidad que ha ocultado el daño que se hizo a miles de familias; si hoy se interpreta como odio lo que dicen raperos o tuiteros, no es descabellado interpretar como un acto de odio hacia las víctimas la dictadura la negación de la justicia. De no ser por ese sentimiento ya no existiría la Ley de Amnistía de 1977 y ya se habrían juzgado aquellas violaciones de los derechos humanos, se habrían reconocido a las víctimas, se habrían abierto las fosas, etc.; en el fondo creo que se actúa con una mezcla de desprecio y miedo hacia las víctimas. Parafraseando a uno de aquellos curas del Valle de los Caídos, diría que el tiempo pasa y solo la eternidad (de la injusticia) perdura”.

Su trabajo como memorialista consiste en la realización de audiovisuales inspirados en la idea de acabar con la manipulación de la historia que el régimen hizo a través del No-Do: “La imagen que se difundió durante décadas fue la de un régimen blando, paternalista, providencial; aquel dulcificado selfie se consolidó en el subconsciente de España, pero era una imagen irreal, porque la guerra no terminó en 1939, Franco siguió en estado de guerra reprimiendo ferozmente la disidencia, y causó un enorme trauma a millones de españoles”.

Con el corto titulado Franquismo ordinario ganó el Festival Internacional Ciudad de Soria. Además, es autor de una trilogía de documentales. En “Crónicas de aquel infierno” abordó la mecánica represiva; en “La luz que no apagaron”, el trauma; en el último, aún sin título, se centrará en la negación de la justicia. Ese trabajo incluirá las imágenes grabadas durante la reciente visita de los eurodiputados a Cuelgamuros, a la que se pudo sumarse: “El ambiente era extraño, artificial, sutilmente hostil, no sé que sensaciones se llevaron los europarlamentarios, pero no creo que fueran positivas. Para mí, volver al Valle fue como un desquite, como romper un maleficio. Alguien, con talante democrático y con voluntad de combatir lo que representó y representa el monumento, estaba allí, y yo estaba con ellos. La sensación fue reparadora. Me liberó”.