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Diez años de trabas para las familias que buscan exhumar los restos de los suyos en el Valle de los Caídos

La mayor fosa común de España abre sus puertas para intentar recuperar los restos de cuatro personas tras una ristra de obstáculos entre burocracia, inacción de Patrimonio Nacional o la negativa del prior de la Abadía

La familia de los hermanos Lapeña se enteró en 2008 de que sus restos están allí e inició un periplo hasta lograr una sentencia en marzo de 2016

El organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia ha sido acusado de dilatar el proceso exigiendo varios informes 

Está documentado que al menos 81 cadáveres fueron trasladados desde Calatayud al Valle de los Caídos en 1959

El Valle de los Caídos. EFE

Dos años después de la primera sentencia que autorizó la primera exhumación en el Valle de los Caídos, las puertas de la mayor fosa común de España se abren para intentar recuperar los restos de cuatro personas. Los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción han entrado este lunes para comprobar las condiciones en las que se encuentra el lugar en el que se supone que están los hermanos Lapeña, fusilados en 1936, y Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno, pertenecientes al bando nacional.

Para llegar hasta aquí, los familiares han tenido que sortear una ristra de obstáculos entre las trabas burocráticas y la inacción de Patrimonio Nacional, la negativa del prior de la Abadía de Cuelgamuros y la dilación en el tiempo del proceso. La batalla comienza con Purificación Lapeña, nieta de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, que fueron asesinados en Calatayud.

En el año 2008 los familiares de estos hermanos se enteraron de que sus restos habían sido trasladados al Valle de los Caídos sin autorización de sus familiares. Ahí, y en el marco de la Ley de la Memoria Histórica, quisieron acceder a las subvenciones públicas para exhumar, pero se encontraron con la primera negativa. Es en 2012 cuando comienzan la pelea judicial con una demanda por la vía penal que posteriormente fue archivada, llegando incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Purificación Lapeña encontró luz verde en la vía civil y en marzo de 2016 el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) dictó un fallo que permitió sacar a los hermanos Lapeña para darles "digna sepultura". Sin embargo, la sentencia no se ejecutó.

Ahí entra en juego Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que en julio de 2016 no asumió el contenido de la decisión del juzgado y atascó el proceso exigiendo sentencia firme y encargado varios informes a expertos que retrasaron el cumplimiento del auto judicial. 

"Tuvimos que ir al Juzgado Central para que dijera que tenían la obligación de cumplir la sentencia", relata Eduardo Ranz. Ese mismo año se supo que una reforma legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy dificultaría que las piquetas pudieran volver a entrar para recuperar restos de otras familias que lo reivindican. 

La negativa del prior

La familia de los Lapeña prosiguió su cruzada y en julio de 2016 demandó a Patrimonio Nacional ante el Tribunal Supremo acusando al organismo de dilatar el proceso. "No se trata de un favor que ellos pueden hacer a las víctimas del franquismo, sino del deber constitucional de cumplimiento de las resoluciones firmes, así como del derecho a digna sepultura", decía entonces el letrado Eduardo Ranz.

Comienza entonces la etapa de la inacción que desembocó en que unos meses después Patrimonio hubiera logrado ahogar en burocracia la exhumación con Soraya Sáenz de Santamaría argumentando que "la oposición de terceros" y "la complejidad de este caso" retrasaba los trabajos y la oposición solicitando en el Congreso la ejecución del fallo. 

En aquella comparecencia, la vicepresidenta ocultó que era la Abadía la que había impedido hacía seis meses a los técnicos entrar en la cripta. Y es que en octubre de 2017 los monjes se opusieron por escrito a la entrada de los técnicos al Valle de los Caídos, según la documentación oficial de Patrimonio a la que ha tenido acceso eldiario.es. Una información que no estuvo en ningún momento sobre la mesa en el Congreso. 

El prior Santiago Cantera se negaba a que entraran las piquetas al argumentar que se trata de un cementerio religioso, pero las familias impulsoras de la causa ya han visto "reconocido por Patrimonio Nacional su derecho a exhumar, así como resuelto que se trata de una sepultura de cementerio público", explicaba Eduardo Ranz el mismo día en que denunció a Cantera por negarse a permitir las exhumaciones. 

Finalmente el prior rectificó y decidió anunciar la retirada del recurso contencioso-administrativo que las mantenía paralizadas. Eso después del toque de atención de la Conferencia Episcopal Española, que en palabras de Ricardo Blázquez, su presidente, señaló que la comunidad benedictina del Valle debía permitir las exhumaciones. 

Seis años después de que los familiares de los hermanos Lapeña pusieran la primera demanda en 2012, comienzan los trabajos de exhumación a la espera de que se confirme el estado de la zona. Y es que el Valle de los Caídos se está deshaciendo, según un informe interno de Patrimonio Nacional del año 2011. En él, alerta de las goteras y la "pudrición por hongos" del conjunto monumental construido por Franco con mano de obra esclava y en la que aún reposan los restos del dictador y de 12.419 personas sin identificar.

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