Desde que entró en vigor la Ley de Igualdad Salarial el 14 de abril de 2021, los asesoramientos de UGT a empresas, aquí en Andalucía, se han incrementado exponencialmente. Esa Ley estatal obliga a las empresas a tener un registro retributivo, una auditoría de salarios, una Valoración de Puestos de Trabajo y, lo que no se cumple casi nunca, el derecho a la información a los delegados y a las personas trabajadoras de cuánto perciben los que realizan su misma labor.

Pero cuando realmente se produjo el incremento de solicitudes de asesoramiento, hasta un 500%, fue antes, con el Real Decreto Ley 6/2019 que estableció la obligatoriedad en las empresas de más de 50 trabajadores de tener planes de igualdad. UGT atiende con sus medios propios, técnicos y técnicas cuyos salarios los pagan las cuotas de los afiliados, pero para hacer cumplir las normas harían falta muchos más empleados públicos: especialistas en igualdad, inspectores, y un acuerdo de participación institucional con los agentes sociales, que permita hacer efectiva esa estructura jurídica.

El Pacto Andaluz por la Igualdad de Género concluyó en la Ley andaluza 9/2018 para la promoción de la igualdad de género. Una norma positiva si pudiera aplicarse, porque en los Presupuestos de la Junta de 2023 no cuenta con ninguna partida presupuestaria

Igual ocurre con las normativas en Andalucía. El Pacto Andaluz por la Igualdad de Género concluyó en la Ley andaluza 9/2018 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Una norma muy positiva, si pudiera aplicarse, porque en los Presupuestos de la Junta de 2023 no cuenta con ninguna partida presupuestaria.

Bienvenida sea la Ley de Paridad, impulsada por el Gobierno central que, por cierto, adelantó el Consejo de la UE en una directiva a finales de 2022, y que será de obligado cumplimiento en 2026, pero hoy en día, lo más importante, es hacer que se cumplan las normas ya existentes.

Este 8 de marzo, UGT quiere poner el acento en la necesidad de tomar medidas para que los cambios económicos, tecnológicos y sociales, no aumenten todavía más las desigualdades que sufre la mujer. La ONU celebra este año el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género”. Un mensaje, en línea con la concienciación que el sindicato viene desarrollando en los últimos años, para alertar contra esta nueva forma de desigualdad. Desde UGT Andalucía llevamos años defendiendo que las jóvenes estudien profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas).

Los avances en digitalización demuestran que cualquier evolución tecnológica exige una mirada de género. Basta con analizar la discriminación que suponen las nuevas formas de contratación o de promoción en las empresas, utilizando sistemas logarítmicos.

De no ser así, los progresos tecnológicos, no solo no ayudarán a la igualdad de oportunidades, sino que acabarán perjudicando a las mujeres, y perpetuando estereotipos discriminatorios.

El lema del manifiesto conjunto, este año, es “8M, Igualdad o Conflicto, Unidas ganamos todas”; desde el que exigimos la igualdad efectiva en las empresas de mujeres y hombres, que puede conseguirse con la estructura jurídica ya existente, si se aplica con efectividad; bienvenida sea la nueva Ley de Paridad, pero lo importante es que las leyes, que ya hay, se apliquen: las leyes de igualdad; la orden de igualdad salarial; los planes de igualdad en empresas con más de 50 trabajadores y trabajadoras. Y que se suban los salarios, a todas y a todos.

La Reforma Laboral ha mejorado las condiciones de muchos trabajadores, pero especialmente de las trabajadoras, que partían de situaciones peores, sobre todo en el tipo de contrato, temporales, y con reducción de jornada forzosa

La subida del SMI a 1.080 euros también ha sido un paso fundamental para reducir la brecha de género, aunque no veremos sus efectos con datos reales hasta dentro de dos años. De hecho, el informe de brecha que presentamos en UGT hace dos semanas, en referencia a los datos de 2020, concluye que la pandemia evitó que la brecha siguiera disminuyendo, en Andalucía, a pesar de la subida del SMI, debido a la mayor implicación de las mujeres trabajadoras en los cuidados familiares y del hogar. En Andalucía, subió en medio punto, hasta el 21,3%, mientras que en España bajó hasta el 18,7%. Las mujeres cobramos 5.200 euros menos, de media, que los hombres.

La Reforma Laboral ha mejorado las condiciones de muchos trabajadores, pero especialmente de las trabajadoras, que partían de situaciones peores, sobre todo en el tipo de contrato, temporales, y con reducción de jornada forzosa.

Desde UGT reivindicamos medidas laborales muy concretas que ayudarían mucho a la igualdad efectiva en las empresas. Por ejemplo, que se estableciera una delegada de igualdad, que vigilara por el cumplimiento de las normas. La jornada de 32 horas semanales, también ayudaría a la conciliación laboral y familiar de mujeres y hombres, y sería un incentivo a la igualdad de oportunidades.

UGT es un sindicato feminista, implicado en la lucha por la igualdad, y este 8M nos manifestaremos por la mañana, junto a CCOO, en las principales ciudades de Andalucía y de España, y por la tarde apoyaremos las manifestaciones organizadas por los movimientos feministas.

El miércoles, 6 de julio, bajo el lema “Salario o conflicto”, nos movilizaremos por toda España para exigir subidas salariales suficientes que eviten la pérdida del poder adquisitivo de las personas trabajadoras. 

El paro ha bajado en junio en 42.000 personas, pero en Andalucía ha subido en 6.000 porque seguimos dependiendo de un modelo económico obsoleto a base de campañas agrícolas y contratos temporales en el turismo. Es necesario afrontar, cuanto antes, una reforma del modelo productivo andaluz, y usar para ello los fondos Next Generation.

Con un IPC adelantado del 10,2%, los sindicatos de clase no podemos permitir la cerrazón de la patronal a firmar convenios con unas subidas de salarios razonables: 3,5% para este año, del 2,5% para el que viene, y del 2% para 2024; siempre, claro, acompañadas de una cláusula de revisión salarial que actúe en caso de que la inflación anual haya superado esas cuantías. 

Es cierto que los precios han subido para todos: personas, empresas y administraciones. Pero las personas son las únicas que no pueden repercutir ese incremento de gastos en sus ingresos

Ante el bloqueo de la CEOE a un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), no podemos hacer otra cosa que echarnos a la calle para evitar que esta crisis vuelva a pagarla la clase trabajadora. Porque es cierto que los precios han subido para todos: personas, empresas y administraciones. Pero las personas son las únicas que no pueden repercutir ese incremento de gastos en sus ingresos.

La hostelería ha subido un 25% los precios este verano respecto a 2021. Los alimentos se han disparado un 11% hasta mayo. Los combustibles, el gas y la electricidad, casi han duplicado su coste. La consecuencia: Repsol informa que ha multiplicado sus beneficios en el primer trimestre de año hasta los 1.400 millones. Lo mal que lo estamos pasando los españoles para poder pagar el recibo de la luz no le importa lo más mínimo al presidente de Iberdrola que anuncia beneficios obscenos este año para su compañía de entre 4.000 y 4.200 millones de euros, y el reparto del mayor dividendo de su historia. El Gobierno debe de tomar medidas más contundentes para frenar el precio de los combustibles y la electricidad. Porque, mientras, la tasa que mide las condiciones de vida, la tasa AROPE, señala que la población española en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en 2021 del 27% al 27,8%.

Así no vamos bien, y por ello vivimos una situación de conflictos. La Reforma Laboral nos ha dado más fuerza de presión y negociación y la estamos usando. El pasado 9 de junio, UGT y CCOO reunieron a 1.500 negociadores de convenios de toda España en Madrid, y se establecieron los criterios de negociación. Las ocho Uniones de UGT-A, y las tres Federaciones que engloban todos los sectores, tanto privados como públicos, están en modo lucha. 

Por ejemplo, los compañeros de Abengoa, encerrados en la SEPI y movilizados ante la empresa. A Abengoa hay que darle una solución. Lo último que necesitamos son dos administraciones echándose la culpa una a la otra. 

Y si hablamos de Correos, hemos organizado tres días de huelga y manifestaciones por toda España, para evitar el desmantelamiento de este servicio público esencial. 

Hablando del riesgo de privatizaciones: poco tardó el presidente andaluz, tras la mayoría absoluta en las elecciones, en desacreditar el trabajo de los compañeros de VEIASA, cuando su Consejero de Hacienda había puesto como ejemplo para toda España el magnífico servicio que prestan las ITV andaluzas. 

El sábado 25 terminó frente a San Telmo la manifestación de las compañeras de Dependencia, que sufren salarios de miseria y que no cuentan con los medios adecuados. También tienen problemas los empleados que gestionan el servicio de Dependencia. La Junta se niega a aplicarles la Ley 20/21 de reducción de la temporalidad. Un problema que también lo han denunciado otros entes instrumentales, como Canal Sur.

También tenemos en lucha a los bomberos forestales, que necesitan más medios y trabajo todo el año, como se demostró en Sierra Bermeja.

En Sanidad seguimos exigiendo la homologación salarial con otras comunidades, y sobre todo que los 12.000 contratos COVID, aplazados hasta diciembre, se conviertan en plantilla estructural. 

Hay algunos conflictos que son pura cabezonería de la patronal de turno. Como el de la construcción de Málaga, que se niega a que los trabajadores hagan jornada intensiva en verano

En Enseñanza, después de muchas protestas, hemos conseguido firmar el acuerdo de incremento retributivo, aunque aún nos queda la devolución de las pagas de 2013 y 2014, reducir la ratio, y evitar que la Junta cierre módulos educativos.

También están movilizándose las compañeras de Telemarketing, que hicieron huelga el pasado 13 de junio, son 25.000 en Andalucía.

Hay algunos conflictos que son pura cabezonería de la patronal de turno. Como el de la construcción de Málaga, que se niega a que los trabajadores hagan jornada intensiva en verano.

En el manipulado de alimentos de Granada, el lunes 20 de junio firmamos el nuevo Convenio, pero ha sido tras varios duros meses de negociaciones y movilizaciones. Como ocurrió con el Convenio de limpieza de Córdoba.

No puedo enunciar aquí todos los conflictos. Solo queremos advertir que, ante un escenario sin un acuerdo general con la patronal, lo que está ocurriendo es solo la preparación de lo que se viene encima en otoño.  

Vivimos un escenario muy complejo, con una séptima ola de nuevas variantes de la Covid y la invasión de Putin en Ucrania, que está convulsionando las relaciones políticas y comerciales del mundo. 

Ya suenan tambores de recesión para que los gobiernos impongan, otra vez, recortes, como en la crisis de 2008. Esta vez los tambores de guerra los ponemos nosotros.

Los sindicatos mayoritarios hemos demostrado nuestra responsabilidad durante la pandemia. Hemos hecho propuestas razonables en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y para la protección social de toda la ciudadanía. Las ayudas de los ERTE para evitar despidos; el Ingreso Mínimo Vital; la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros; la Ley del Teletrabajo; la revalorización de las pensiones con el IPC…

Todos esos grandes acuerdos se han alcanzado con propuestas de UGT, en el marco del Diálogo Social, al igual que la prórroga de los ERTE hasta final de mayo que pedimos que sea un trámite automático mientras dure la amenaza de la COVID. El último escollo, recuerden, fue el intento de la patronal de eliminar la condición de no despedir, lo que hubiera supuesto quitar la protección que corresponde a los trabajadores y eso no lo podíamos permitir.

El proceso de vacunación de la sociedad supone una gran esperanza en la que debemos calibrar los tiempos. Y, aunque en los últimos días la curva de contagios ha empezado a disminuir, no debemos bajar la guardia, ni hacernos trampa en el solitario, porque la salud y la vida de la población siguen estando en juego, y los gobiernos no deberían ceder ante las presiones de determinados grupos empresariales.

La pandemia nos ha hecho acelerara procesos que hubieran llevado años desarrollarlos, como la digitalización y el trabajo a distancia. Y ha puesto en jaque a determinadas actividades tradicionales

La pandemia nos ha hecho acelerara procesos que hubieran llevado años desarrollarlos, como la digitalización y el trabajo a distancia. Y ha puesto en jaque a determinadas actividades tradicionales que tienen que reciclarse para sobrevivir al nuevo sistema productivo que, tiene que estar más basado en la industrialización de Andalucía, la investigación y las energías renovables. Economía social y verde, con servicios públicos potenciados, sobre todo la sanidad, la educación y la dependencia; y que no deje a nadie atrás en protección social.

Un salario mínimo más alto

Pero UGT y CCOO llevamos mucho tiempo reivindicando la derogación de dos normas que, precisamente ahora, es cuando más daño hacen. Son las reformas laborales, especialmente la de 2012, que resta capacidad de negociación a los sindicatos; y la reforma de las pensiones de 2013, que establece un coeficiente reductor, por esperanza de vida, que puede suponer una bajada de hasta un 30% de la prestación al pensionista. Otra reivindicación básica es la subida del SMI. En 2020 subió a 950 euros, pero necesitamos aumentar el consumo interno y dar confianza a aquellos que tienen menos ingresos, que la mayoría de veces son “aquellas”: empleadas de hogar, ayuda a domicilio, envasadoras en la agroindustria… En 2021 el SMI debe subir a mil euros, para irnos acercando a lo que establece la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio, por lo que hay margen hasta los 1.200 euros.

Estas tres reivindicaciones sindicales (subida del SMI, derogación de la reforma laboral y la de las pensiones), son también compromisos de las dos fuerzas políticas que integran el Gobierno, por lo que no podemos esperar más tiempo.

En Andalucía la subida del coste/hora, anunciada por la Consejera de Igualdad, no es suficiente, puesto que no garantiza que ese dinero llegue a las trabajadoras.

Este 11 de febrero nos movilizamos para exigir su cumplimiento. La pandemia no puede ser excusa para seguir aplazando estas medidas que son fundamentales para la ciudadanía. Los actos presenciales han sido organizados para que se cumplan todas las medidas de seguridad frente a la pandemia pero, evidentemente, serán menos numerosos que en circunstancias normales, por lo que durante la jornada, desarrollaremos una campaña de movilización en redes sociales bajo el lema #AhoraSíToca

También reiteramos el llamamiento que hemos hecho a la Junta de Andalucía para que complemente algunas ayudas del gobierno central que, a veces, no alcanzan para vivir.  Especialmente las ayudas de los ERTE y a los fijos discontinuos no llamados, terreno en el que mantenemos el diálogo. También reclamamos que el gobierno andaluz reactive la Renta Mínima de Inserción, para que sea complementaria con el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central. El nombre no es el problema, pero no la vemos como un complemento del IMV, sino como una prestación independiente, ya que la Renta es individual, y el IMV es una ayuda para el sostenimiento del hogar.

Un acuerdo que ha pasado más desapercibido, pero que es fundamental para la protección social, es el de la ayuda a domicilio. El acuerdo mejora la financiación del sistema de Atención a la Dependencia, aumentando los fondos en, al menos, 600 millones de euros para 2021. En Andalucía la subida del coste/hora, anunciada por la Consejera de Igualdad, no es suficiente, puesto que no garantiza que ese dinero llegue a las trabajadoras. Es necesario que se desbloquee el Convenio Colectivo que afecta a las empresas de dependencia, y que los Ayuntamientos que gestionan dependencia, también lo cumplan.

Hay avances, pero es necesario mucho más. No podemos permitir que esta crisis vuelva a pagarla la clase trabajadora.

La subida del paro en noviembre en Andalucía en 1.097 personas es una mala noticia, pero no refleja la gravedad de la situación que estamos sufriendo la clase trabajadora. La tasa interanual, o la comparativa con la media española, es mucho más reveladora: casi 172.000 parados más que hace un año, lo que suponen 966.000 parados que representan el 25,10% de todos los contabilizados en nuestro país. Uno de cada cuatro parados de España está en Andalucía. El hecho de que nuestro principal sector productivo sea los servicios, el turismo principalmente, lastra los intentos de una posible recuperación económica. El paro seguirá creciendo, y nuestros técnicos no descartan que alcance el 30% a lo largo de 2021, teniendo en cuenta que la OCDE calcula la caída del PIB en España en 11,6%, y el Banco de España calcula que entre el 6 y el 10% de las empresas no podrán superar la crisis provocada por la Covid-19.

En este contexto, en el que todas y todos deberíamos estar unidos para superar la pandemia, y también la crisis económica generada, sin dejar a nadie atrás, el Gobierno andaluz ha dado la espalda a los intereses de las trabajadoras y trabajadores. El pasado 30 de julio firmamos el Acuerdo por la Reactivación Económica y Social de Andalucía, con objetivos compartidos, pero que no se han desarrollado con ninguna medida consensuada. La única aprobada han sido las recientes ayudas para las empresas del comercio y hostelería, dotadas con casi 700 millones de euros. Son ayudas necesarias para los empresarios de un sector que está sufriendo directamente la crisis. No sólo nos parecen bien; las consideramos insuficientes.

¿Quién controla ahora a un empresario que coja la ayuda, y los avales, y todas las ventajas del acuerdo, y después, en vez de incluir a trabajadores en ERTE, para después rescatarlos, despide a la mitad de la plantilla?

Pero a los sindicatos mayoritarios se nos ha hurtado la voz que legítimamente nos corresponde. No porque queramos “nuestra parte”, como malintencionadamente se han pronunciado los que quieren desprestigiar el papel de los sindicatos, sino porque nuestra voz es, la que en el Diálogo Social, defiende los intereses de la clase trabajadora. Y nuestra voz es fundamental, para que dichas ayudas se condicionen al mantenimiento del empleo y a los derechos laborales. ¿Quién controla ahora a un empresario que coja la ayuda, y los avales, y todas las ventajas del acuerdo, y después, en vez de incluir a trabajadores en ERTE, para después rescatarlos, despide a la mitad de la plantilla? ¿O quien tiene a trabajadores en ERTE a los que hace teletrabajar? Son sólo dos ejemplos, pero podemos hablar de cumplimiento de las medidas de prevención frente al contagio de la plantilla, o cumplimiento de vacaciones y descansos, pago de salarios según convenio con el suelo del Salario Mínimo Interprofesional…

Por eso nos movilizamos el pasado martes frente a San Telmo, y porque nuestras propuestas en defensa de trabajadoras y trabajadores no se han tenido en cuenta en el Proyecto de Presupuestos de la Junta para 2021. En vez de reforzar los servicios públicos, se apuesta por bajar impuestos. Sorprendente el rechazo del Gobierno andaluz al anuncio de medidas de armonización fiscal del Ministerio de Hacienda, que supondría reducir la competencia desleal “contra” Andalucía que hacen otras Comunidades, para atraer inversiones a costa de las arcas del Estado, y por ende, de mermar la calidad de los servicios públicos. Los impuestos son fundamentales para la igualdad de derechos de las personas y más en momentos de necesidades perentorias como el que vivimos. Cada contribuyente, cada empresa, debe aportar al sistema lo que corresponda, según sus ingresos y su patrimonio.

Un ejemplo de mala decisión que no hubiera ocurrido si se nos hubiera tenido en cuenta es la rebaja de 20 millones de euros de la Renta Mínima de Inserción (RMISA), y el bloqueo absoluto a las nuevas demandas que ya, con anterioridad, tardaban más de un año en tramitarse. Ayer mismo, UGT, CCOO y la Mesa del Tercer Sector pedimos a los grupos parlamentarios andaluces la modificación de la RMISA, para que fuera compatible y complementaria con el Ingreso Mínimo Vital del Estado. Las familias en situación de pobreza están creciendo, y estos dos ingresos, uno personal y otro para los hogares son complementarios, y no excluyentes, como actualmente pasa en Andalucía.

El ninguneo a la representación sindical que, últimamente, vivimos en Andalucía, contrasta con el valor que tienen nuestras propuestas en el ámbito estatal. El pasado 16 de noviembre se constituyó la Mesa del Diálogo Social del Plan para la Recuperación, Reconstrucción y Resilencia. Pues once días después, el 27, se reunía por primera vez la Mesa, con participación de Gobierno, sindicatos y patronal, y ya se están acordando las prioridades para el reparto de los 170.000 millones de euros que recibirá España del proyecto Next Generation de la UE. Esperamos que sirva de ejemplo y que, esta vez, la Junta sí nos llame y escuche nuestras propuestas en el desarrollo de las iniciativas, que se financiarán con fondos europeos en Andalucía.

Este Día del Trabajador no será un día cualquiera. Nunca lo ha sido, porque siempre ha sido un día importante para la ciudadanía, para los sindicatos, para la clase trabajadora, para los desempleados, para los pensionistas, para los jóvenes... Es el día en el que salimos a la calle para reivindicar que los derechos que hemos conquistado están ahí para cumplirlos y no para recortarlos y poner en valor lo que nos ha costado conseguirlos. Es el día de la clase trabajadora. Pero este año, todo es distinto, hasta el 1º de Mayo. Vivimos una pandemia que parece que poco a poco va descendiendo en su beligerancia. Pero los que no bajamos la guardia somos nosotros y nosotras, los sindicalistas de UGT Andalucía, a pesar de que este año no podamos llenar las calles, pero sí las redes.

Desde el comienzo de esta crisis sanitaria no hemos bajado los brazos ni un solo día. Hemos estado al pie del cañón para ayudar a los que más lo necesitan. Porque la evolución de la pandemia ha puesto de manifiesto la magnitud de las debilidades que sustentaban al conjunto de la economía andaluza.

Años y años de recortes en las partidas presupuestarias destinadas a la sanidad pública se han trasladado ahora a menos medios para tratar a los afectados; el abandono de los fondos destinados a investigación han provocado ahora retrasos en la obtención de medicamentos contra la enfermedad; ciclos enteros de bonanza económica sustentados en actividades de poco o nulo valor añadido se convierten ahora en interminables listas de trabajadores afectados por ERTEs, por despidos individuales o por el cierre de sus empresas.

A lo largo de la historia, las mayores crisis siempre han servido para, tras ellas, llevar a cabo profundas reformas en los modelos de construcción de la sociedad. En este sentido, los efectos que la expansión del Covid-19 está teniendo sobre sectores tan trascendentales en la economía andaluza deben ser aprovechados para, de una vez por todas, avanzar en el cambio de modelo productivo que precisa Andalucía.

En este 1º de Mayo vamos a exigir, como no puede ser de otra manera, la apuesta por la industrialización de nuestro modelo productivo y hacerlo de la mano de la innovación y la investigación, la apuesta por las energías renovables y más cuando Andalucía posee unos recursos naturales y una situación geográfica idóneas para la aplicación mayoritaria de ellas. Por supuesto vamos a exigir empleo de calidad y la erradicación de la precariedad laboral que se esconde detrás de los últimos periodos de crecimiento económico. Las personas y su bienestar deben ser la prioridad, por encima de los intereses económicos.

Este 1º de Mayo exigimos la regulación urgente de un Ingreso Mínimo Vital, unos más y mejores servicios públicos: sanidad, atención a las personas mayores y a las dependientes, educación, etc. Reivindicamos que las políticas públicas (y también privadas) atiendan sobre todo a las personas y sectores más vulnerables.

La solidaridad y el compromiso social tan puesto en valor en las últimas semanas tiene que terminar generando un nuevo impulso en el mejor Estado de Bienestar que hayamos tenido. Desde UGT Andalucía tenemos claro que este 1º de Mayo servirá para unirnos, para centrar nuestros objetivos, para gritar a la ciudadanía que estamos aquí, y que vamos a combatir la crisis económica, social, medioambiental e institucional que estamos atravesando.

Este 1º de Mayo es una una ocasión para reconocer la labor de los sindicalistas perseguidos, despedidos, amenazados o asesinados en todo el mundo por exigir más justicia y reparto de la riqueza, pero es también la ocasión de hacer un homenaje a todas las personas trabajadoras. Las que están en primera línea, poniendo en riesgo su salud, y también a las que teletrabajan, las que se reincorporan a su actividad, a las que han perdido su empleo… Todas las personas trabajadoras y especialmente las de servicios esenciales son un ejemplo para este país y no debemos olvidarlo cuando esto pase.

En definitiva, cuando salvar vidas y curar a los enfermos no sea la primera de las prioridades porque ya hayamos logrado vencer a la pandemia, tendremos que plantearnos qué modelo económico y social queremos seguir viviendo. Desde UGT Andalucía lo tenemos claro, uno en el que nadie se quede atrás.

Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía.

Ha sido asombrosa la capacidad de adaptación de trabajadores, empresarios, administraciones públicas, de la sociedad en general, a una situación de crisis sanitaria, productiva y de libertad de movimiento, como no tenía lugar desde la II Guerra Mundial. Tan sólo una parte de la clase política no ha estado a la altura y, en vez de comportarse como personas de Estado, se han dedicado a atacar al Gobierno de todas y todos los españoles, con argumentos partidistas, a veces falsos, en un momento de emergencia nacional. Serán los electores quienes juzguen más adelante.

Mi objetivo aquí es destacar la importancia que tienen los sindicatos y, en especial, en momentos como éste. Desde el 16 de marzo, UGT puso en marcha teléfonos de atención ciudadana y plataformas de consulta en las redes sociales, que han atendido, en sólo un mes, a más de 120.000 personas. Casi 800 ugetistas técnicos, delegados y cuadros, atendiendo a consultas sobre ERTEs, medidas de prevención, prestaciones, violencia de género, ayuda a autónomos. Aparte de la atención, in situ, de los delegados sindicales a los trabajadores en las empresas que han mantenido la actividad, y que han sido claves para que se cumplan las medidas de salud laboral.

Muchas de las medidas de protección que ha ido aprobando el Gobierno han sido propuestas sindicales, al principio consensuadas con la patronal: las bajas temporales mediante ERTEs en lugar de despidos, el permiso retribuido obligatorio recuperable, el aplazamiento de los pagos de las hipotecas… En la última etapa, sin embargo, se han producido discrepancias que, confiamos, podamos superar pronto. Como sobre un ingreso mínimo vital puente, de unos 500 euros por persona, hasta que se apruebe una ley de Renta Mínima, que consideramos esencial.

Las denuncias de las situaciones dramáticas que se vivían, y se viven, en algunas residencias de mayores, las hemos hecho las organizaciones sindicales. En la industria, UGT paró la producción en Madrid de la fábrica de Airbus por incumplimiento de medidas preventivas. Y en la factoría de Valeo, en Martos, Jaén, promovió la adaptación de la fábrica para construir miles de protectores faciales. Los sindicatos hemos sido la voz de la denuncia, de los colectivos más débiles, esos que ahora, algunos, se han dado cuenta de que son esenciales: las limpiadoras, las cuidadoras de personas dependientes, los riders y mensajeros.

Hemos negociado las condiciones del teletrabajo. Aunque hay mucho por hacer, y de esta situación estamos aprendiendo mucho en derechos laborales nuevos, desde UGT hemos promovido el teletrabajo en todas las actividades en las que fuera posible para minimizar los riesgos de contagio del Covid19, pero recordando a las empresas que deben cumplir con el Convenio.

A partir del lunes, volverán algunas de las actividades no esenciales, sobre todo la construcción y la industria. En la construcción hay unos doscientos mil trabajadores, y se notará en movilidad. En la industria hay unos trescientos mil, pero gran parte son de la agroindustria, que han mantenido la actividad, y otra parte, como las energéticas, siderurgias o químicas, donde se han mantenido a bajo nivel.

Desde UGT-A no entendimos al vicepresidente, Juan Marín, cuando anunció el desconfinamiento de todo el personal de la Junta de Andalucía, sin garantías de seguridad, también a partir del lunes 13 de abril. Fue cuando menos desconcertante, y contradictorio con el posicionamiento del Gobierno central de prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril. Un anuncio que, posteriormente, fue matizado por la Junta, de tal forma que los 160.000 funcionarios y personal laboral, no sanitario, se irían incorporando progresivamente y bajo negociación previa con los sindicatos.

Es momento de redoblar los esfuerzos en prevención, tanto en los desplazamientos como en los centros de trabajo. Ya hemos advertido a las empresas de que vamos a tener tolerancia cero con las que no cumplan las condiciones sanitarias apropiadas. Donde se pueda, teletrabajo, y donde no, si no se pueden mantener las medidas necesarias, no permitiremos que funcionen hasta que las tengan disponibles a sus operarios.

Quiero aprovechar para dar mi particular homenaje al sector sanitario, al que pertenezco y del cual me siento cada día más orgullosa. Desgraciadamente son ya más de 2.600 contagiados en Andalucía, que espero se recuperen pronto. Y mis sinceras condolencias a todas las familias que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia.

De todo esto debemos aprender varias lecciones. Los recortes a los servicios públicos suponen debilitar a la sociedad y al Estado. Quitar fuerza de negociación a los sindicatos, como ocurrió con las últimas reformas laborales, no sólo resta derechos a los trabajadores, sino garantías de mantener un sistema productivo fuerte para cuando lo necesitemos. Dejar sin protección a los más débiles debilita el consumo, a nuestra economía, y a la sociedad. Estoy convencida de que saldremos de ésta, y saldremos siendo mejores.

“Más derechos, más igualdad, más cohesión”. Es el lema de este 1 de mayo, en el año en el que UGT celebra su 130 aniversario. 130 años de lucha, de negociación, de servicio a la ciudadanía y de consecución de derechos.

Esta vez, el Día Internacional del Trabajo se celebra sólo tres días después de las elecciones generales en las que los partidos con propuestas más sociales pueden conformar una mayoría. UGT no ha sido imparcial en esta campaña electoral. Ha apostado claramente, junto a CCOO, por un giro social que garantice que la recuperación económica y el crecimiento llegue a las personas, no sólo a las grandes empresas sino a los parados, los jóvenes, los pensionistas y las familias en riesgo de exclusión social. La redistribución de la riqueza está en la base de nuestra Constitución y hacerla posible es un deber de los poderes públicos.

Desde UGT vamos a ser exigentes con el cumplimiento de los pactos alcanzados con el Gobierno progresista de Pedro Sánchez. Estaremos vigilantes para que los “viernes sociales” no se queden en una campaña de buenas intenciones previa a las elecciones sino que, una vez conseguido el éxito electoral, esos decretos se consoliden como la base de la política de toda la legislatura.

Igualmente, es necesario que se cumpla, en todos sus términos, el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, donde se recoge un Salario Mínimo Interprofesional de mil euros en 2020, la prioridad de los convenios sectoriales, frente a los de empresa, o la ampliación progresiva del permiso de paternidad hasta equipararlo con el de maternidad. UGT defiende el voto a opciones políticas que defienden el estado del bienestar y un reparto justo de la riqueza. Y recordamos que el 26 de mayo hay una segunda vuelta, con elecciones locales y europeas.

Hace falta un giro social para que la clase trabajadora tenga ingresos más altos, se recupere el consumo y se anime la economía, y para ello pedimos la derogación de las dos últimas reformas laborales, especialmente la última, en la que se restó fuerza a los sindicatos en la negociación colectiva. Es fundamental que la ultraactividad de los convenios no se limite a un año porque, cuando acaba, los trabajadores se quedan sin fuerza de negociación.

El 1 de Mayo hay que movilizarse por razones laborales. Por ejemplo, para que se cumpla el obligatorio registro horario del tiempo de trabajo y los inspectores puedan detectar fraudes en contratos a tiempo parcial, que no lo son; o para que los trabajadores puedan exigir sus horas extra. Hay que acabar, de una vez por todas, con la siniestralidad laboral, con el acoso laboral y sexual, y para ello desde UGT-A exigimos medidas contundentes y con dotación presupuestaria.

Pero también os animo a salir a la calle por cuestiones sociales: que se garantice un 7% del PIB para gasto en la sanidad pública; un 5% para educación; que se incremente la partida necesaria para dependencia, y se ponga en marcha la FP dual, para que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan desempeñar las nuevas funciones que exige la industrialización 4.0.

El incremento en el gasto social supone, necesariamente, la búsqueda de más ingresos. Para ello hay que aplicar una fiscalidad más justa, proporcional a los ingresos y al patrimonio, y debe ampliarse la plantilla de inspectores para luchar contra el fraude fiscal.

Este 1 de mayo hagamos que el próximo Gobierno promueva una reforma constitucional que blinde las pensiones y que recoja un suelo de gasto para políticas sociales. Queremos políticas para las personas.

UGT participa activamente, desde sus inicios, en las actividades de la Organización Internacional del Trabajo, como se refleja en el hecho de que nuestro secretario general, Largo Caballero, asistiera en 1919 en Washington al acto de constitución como representante de las organizaciones obreras españolas. Las OIT es la única agencia de la ONU que tiene un carácter tripartito: intervienen gobiernos, empleadores y trabajadores, origen de nuestro actual diálogo social.

El 28 de junio de 1919, en su preámbulo de constitución, se recogía lo siguiente: “El trabajo entraña tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universales”. De lo que se deriva que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. A partir de entonces empieza a hablarse del concepto “justicia social”.

Es precisamente la lucha por la justicia social uno de los pilares básicos y razón de ser de nuestra organización sindical a lo largo de toda su historia de 130 años. Es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, contribuir al diálogo y a la paz social, junto con el resto de interlocutores.

Más de 200 millones de personas en el mundo no tienen empleo y éste se está deteriorando, tanto en las economías emergentes como en las economías en desarrollo. La OIT estima que entre 2015 y 2030 se necesitarán unos 470 millones de empleos productivos para sostener el crecimiento y mantener la cohesión social. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cifra el número de empleos necesarios en 600 millones.

La mitad de la población trabajadora se encuentra en países que no han ratificado los Convenios sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Los datos justifican la toma de medidas inmediatas: 168 millones de niños y niñas trabajan en el mundo, 21 millones de trabajadores y trabajadoras son víctimas del trabajo forzoso, sólo el 27% de la población mundial puede acceder a una protección social adecuada, 2,3 millones de trabajadores pierden la vida al año por accidentes laborales, las diferencias salariales por género se sitúan por encima del 20%.

¿Recuperación social?

La OIT ha identificado a España como líder europeo de la creación de empleo de menor calidad y peor remunerado, por sus altas tasas de temporalidad, salarios bajos y jornadas laborales a tiempo parcial, entre otros. La recuperación económica no se ha traducido en recuperación social. Andalucía es una de las regiones con los mayores índices de paro de toda Europa, el 21,26% (paro juvenil 46%). Hemos terminado 2018 liderando el paro estatal: el 24,63% de los parados españoles son andaluces, y 30 de cada 100 desempleados andaluces han agotado sus prestaciones.

Los cambios a los que asistimos en estos momentos se están produciendo a un ritmo vertiginoso, transformando el mundo del trabajo. La economía está generando un desempleo y un subempleo masivos y una gran exclusión social. Es necesario impulsar y situar en la agenda política, como algo prioritario, no sólo el empleo, sino el empleo de calidad, igualitario y de justicia social.

Hay que luchar contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, las pensiones y las prestaciones por desempleo son pilares básicos de los sistemas de protección social sobre los que es necesario actuar. Necesitamos pensiones dignas para nuestros mayores. UGT reivindica que España ratifique la Carta Social Europea revisada y firme el Protocolo adicional.

La formación y cualificación durante toda la vida debe ser un derecho universal para poder hacer frente a los cambios derivados de la robotización, la digitalización, y las innovaciones que marcan la cuarta revolución industrial.

El último informe del Foro Económico Mundial, de diciembre de 2018, indica que, sólo en cinco años, desaparecerán 75 millones de empleos, aunque surgirán otros 133 millones de nuevos puestos de trabajo, relacionados con las nuevas tecnologías de producción y venta de bienes y servicios.

Uno de los problemas que se plantea es que los nuevos empleos son más técnicos, y las mujeres se forman más en profesiones de humanidades y servicios sociales (sólo 1 de cada 4 estudiantes de ingeniería es mujer), lo que puede acrecentar la brecha salarial si no se toman medidas específicas de formación y discriminación positiva.

UGT está preparando a sus delegados y delegadas en nuevas capacidades digitales, para que a su vez impartan cursos a los trabajadores y trabajadoras. Para ello ha firmado con Google un convenio de colaboración formativa que empezó a funcionar el pasado 24 de enero en el Google Campus de Madrid. Es sólo un primer paso, pero esperamos que dé sus frutos y facilite el camino a seguir a miles de profesionales.

“Tiempo de ganar. Igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas”. Es el lema con el que los sindicatos de clase salimos a la calle este 1 de Mayo. Este Día Internacional de los Trabajadores, y todas las movilizaciones que protagonizaremos en los próximos meses tienen más sentido que nunca. Hoy la sociedad tiene claro que las movilizaciones son la palanca necesaria para cambiar las políticas en este país.

Somos conscientes de que nos queda mucho por hacer, esta sociedad necesita avanzar en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y lo pelearemos en las mesas de negociación pero también en la calle. Este 1 de Mayo saldremos en manifestación por las calles de Andalucía en defensa de la igualdad, contra la precariedad en el empleo, por la recuperación de los salarios, por los jóvenes, por las mujeres, por los derechos de los refugiados, por los pensionistas… El acuerdo alcanzado por el Gobierno y PNV para subir las pensiones está lejos de lo que queremos y de lo que este país necesita. Solo es un parche. UGT no aceptará ningún acuerdo que no incluya recuperar la revisión automática de las pensiones, la subida de las pensiones más bajas hasta los 1.000 euros y la eliminación del factor de sostenibilidad que pretende rebajar la pensión un 30% en los próximos años.

España es un país en crecimiento y ese dinero hay que repartirlo, debe llegar a la clase trabajadora por la vía del empleo digno y el aumento de los salarios. Es hora de que los sueldos suban y las familias recuperen el poder adquisitivo perdido durante la crisis. En la actualidad, 312.100 hogares andaluces tienen a todos sus miembros en situación de desempleo y 290.500 hogares no perciben ninguna renta, no entra ni un euro. Se trata de 172.800 y 204.500 hogares más, respectivamente, de los que había en esa situación antes del impacto de la crisis. Y ya es hora de revertir esas cifras. El Gobierno debe poner en marcha planes específicos para la creación de empleo, de empleo de calidad. Como en otras salidas de crisis en España, los empleos temporales son los que más crecen y la tasa de temporalidad no para de crecer (26,7%, casi cinco puntos más que en 2013). Y la causa de este uso excesivo de la contratación temporal es el incumplimiento generalizado de la ley por parte de las empresas que realizan contratos temporales para cubrir puestos de naturaleza indefinida. Se trata, en consecuencia, de una situación de fraude masivo amparado en la ausencia de penalizaciones y de controles efectivos.

Pero no solo la temporalidad del empleo ha empeorado, temporalidad por cierto involuntaria (un 57,3% de los trabajadores así lo declaran). Las reformas laborales de 2010 y, sobre todo la de 2012, han promovido además una precariedad generalizada al aumentar los contratos “a llamada”, a merced de lo que quiera el empresario, ya sean horas o días sueltos, lo que hace imposible cualquier tipo de conciliación; con sueldos irrisorios y en condiciones más baratas para el empleador. Además han aparecido nuevas formas laborales que están generando condiciones de trabajo incluso peores porque burlan las garantías mínimas que establecen los convenios colectivos, como las empresas de multiservicios, y expulsan a los trabajadores y a las trabajadoras del sistema básico de derechos laborales o de protección social (falsos autónomos, freelance, plataformas digitales…)

Es hora de que los sueldos suban y las familias recuperen el poder adquisitivo perdido durante la crisis. Es fundamental que los sueldos más bajos crezcan y que se sitúe una barrera de 1.000 euros de salario mínimo por convenio colectivo. La patronal y el Gobierno deben asumir esta reivindicación, tan justa como necesaria. Ha llegado el momento de que los españoles en general, y los andaluces en particular, recuperen sus vidas, interrumpidas durante todos estos años de crisis. En UGT nos hemos propuesto lanzar una creciente movilización laboral y social, que obligue tanto a las patronales como al Gobierno, y a los grupos parlamentarios que le dan soporte en el Parlamento, a abordar las reformas necesarias en materia de negociación colectiva y de empleo de calidad.

Este 1 de Mayo solo es el inicio. La movilización continuará hasta que este país recupere todo lo perdido como consecuencia de las políticas de austeridad adoptadas con la excusa de la crisis.