La campaña del 17M, como todas, se hace puerta a puerta, forrando ciudades con carteles y banderolas, o con sonoros debates en televisión. Pero si hay un espacio en el que la confrontación electoral es decisiva ese es el de las redes sociales, como demostraron con una tarea invisible para muchos, primero Podemos, y después Vox. Y ahí es donde el talento puede valer más que el volumen y favorecer a candidaturas más modestas, como la liderada por José Ignacio García (Adelante Andalucía). Si consigue el doble de diputados tras estos comicios, como le auguran muchas encuestas, tendrá bastante que ver la capacidad de penetración de su mensaje a través de las redes sociales.

De este modo, mirando los números de los cinco principales candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno casi roza cifras de influencer, aunque todavía está muy lejos de las que maneja su homóloga Isabel Díaz Ayuso. De todas maneras, si se suman todos sus perfiles, está muy por encima del resto de aspirantes del 17M y de sus propias siglas en Andalucía. María Jesús Montero, segunda en el ranking, y más modestamente Antonio Maíllo, ambos viejos conocidos de la política, también superan a sus propias siglas. No es el caso de Manuel Gavira: la marca Vox pesa mucho más. Y otro tanto ocurre a José Ignacio García, aunque con menos diferencia en su caso entre candidato y partido, debido sobre todo a la tradición en estas plataformas de Podemos Andalucía, de la que es heredero. Es, en todo caso, el tercero en seguidores, tras Juan Manuel Moreno y María Jesús Montero, todo un logro para quien parte en esta carrera con menos diputados que ninguno.

Sin embargo, no todos saben sacar el mismo partido a estos números. Ana Salazar, presidenta de la Asociación de Comunicación Política, apunta que, en un momento en que cualquier campaña no puede entenderse ya sin redes sociales, su mayor ventaja es “la capacidad de penetración, segmentación y alcance”. Poco a poco se ha ido entendiendo por parte de los distintos partidos “que X forma parte del ecosistema político y mediático, pero que tenían que entrar en otras redes sociales”. En 2022 no estaban en Instagram ni en Tiktok, pero en 2026 la mayoría lo ha hecho. Destaca, no obstante, “la falta de apuesta por Linkedin, donde Juanma Moreno lleva una muy buena campaña, y es una red interesante para dirigirte a colectivos profesionales, como ganaderos, médicos, docentes…”. También “Manuel Gavira la trabaja bien”, opina.

De la habilidad de Adelante Andalucía al vídeo de María Márquez

En esta línea, la politóloga considera que “la mejor campaña sin duda” es la de José Ignacio García. “Es milenial y sabe. Se dirige a su público y además viene de una tradición de partido en este terreno. Basta recordar que Teresa Rodríguez [quien, por cierto, cierra simbólicamente la lista por Cádiz de Adelante Andalucía] ya lo hacía. Cierto que es una campaña pequeña y más controlable. En el caso del PP y el PSOE, manejan muchas más cuentas: las del candidato a la Presidencia, las cabezas de lista de cada provincia… Se les desborda y no tienen una única estrategia, sino varias”, analiza.

Es precisamente en Instagram y Tiktok donde está el gran caladero de voto joven. En la primera, Juan Manuel Moreno duplica los números de sus rivales (el lunes felicitó a los fans de Star Wars, con un mano a mano con Chewbacca) pero en Tiktok José Ignacio García le pisa los talones con casi el mismo número de seguidores y creciendo en impactos. El líder de Adelante Andalucía ha encontrado en estas plataformas “un formato donde se siente cómodo y usa con acierto”. En Instagram, incluso, apuesta por “directos cada semana” para acercarse a sus votantes, con vídeos de campaña que acumulan miles de reproducciones.

Pero ni siquiera son siempre los candidatos a la Presidencia los que tiran en redes sociales. Basta con mirar a Ángeles Ferriz, número 2 por Jaén, con una presencia en Tiktok que no tiene María Jesús Montero (ausente) y que supera incluso a la de Juan Manuel Moreno en seguidores y en impactos.

Estas cuestiones marcan la diferencia. “Hay partidos y candidatos que saben explotar cada red social, adaptando el formato, como hace sin duda Adelante Andalucía, pero otros no, como por ejemplo María Jesús Montero, que se limita a colgar cortes de entrevistas o de intervenciones. No tiene nada que ver con lo que hace Ángeles Férriz, o el vídeo que, por ejemplo, ha hecho María Márquez, de manera sencilla, grabado y guionizado por ella, con su móvil, en el patio de su abuela, su vestido rojo... Es un vídeo de campaña maravilloso”, resume Ana Salazar.

“Muy potente”, coincide David Hijón, de Dialoga Consultores, para quien la cuestión clave es adaptar los mensajes a cada red social y a cada audiencia. “No son los mismos códigos ni los mismos formatos los que tienen éxito en X que en Tiktok o en Instagram. Cada red social tiene una idiosincrasia propia y el éxito de la comunicación en las mismas es saber adaptarse a cada espacio digital”. Por ello, este consultor subraya: “Lo fundamental es entender los códigos y tener claros los objetivos y las audiencias a las que diriges el mensaje. No puedes llegar normalmente a un público joven con vídeos de 2 o 3 minutos, y a la inversa. De hecho, a los partidos tradicionales les cuesta más trabajo entender los cambios de paradigma, pero poco a poco, lo van consiguiendo. Un ejemplo evidente es la campaña del Perro Sanxe en 2023”, explica.

En este sentido, “los errores derivan fundamentalmente de no haber realizado una buena investigación y análisis de datos, lo que lleva a confundir los canales, los formatos y las audiencias objetivo”, recalca. La investigación es la base de cualquier campaña de marketing. En el caso de las electorales, “las buenas campañas conjugan un buen análisis de datos, una buena definición de audiencias electorales, una buena elección de los canales de comunicación y, por supuesto, unos buenos contenidos, que son la guinda del pastel”.

Entiende que las campañas siempre van adaptándose a los comportamientos sociales. “Por ejemplo, muchas campañas españolas están explorando con publicidad los videojuegos online; el espacio de los gamers. La primera vez que lo vimos fue con Barack Obama hace ya más de una década. En alguna campaña latinoamericana, por ejemplo, un candidato se abrió incluso una cuenta de Tinder. Sin excesivo éxito electoral, pero con gran repercusión mediática”.

Cada vez se puede hacer más con menos. “Mira, por ejemplo, las campañas que hace Adelante Andalucía”, resalta David Hijón. Cree incluso que “la habilidad de Adelante Andalucía y de José Ignacio García en redes sociales está opacando en exceso” a Antonio Maíllo, cabeza de lista de Por Andalucía, una campaña que le parece “plana”. Como también ve la del PSOE: “Necesita romper. Sigue siendo demasiado clásica para un partido que está muy por detrás en las encuestas. Pero empiezan a verse cositas interesantes, como la recuperación del color verde Andalucía”.

En cambio, cree que la campaña del PP está muy bien pensada: “Se centra en la figura de Juanma Moreno, sin pisar callos ni a izquierda ni a derecha. Es la campaña típica de un partido catch all [atrápalo todo], que aspira a la mayoría absoluta. No cometer errores, movilizar a su amplia base electoral y repetir sin cesar el mantra de ‘o nosotros o lío’”.

Finalmente, señala que las campañas autonómicas de Vox suelen parecerse: “Centradas en la figura de Santiago Abascal y con un mensaje que se repite, da igual dónde. Poco apegadas al territorio, pero intentando imponer la agenda. No parece de momento que esté teniendo mucho éxito en la precampaña andaluza”, concluye.

Con el decreto de medidas para paliar la crisis de vivienda en España recién enterrado, un caso particular sucede en Sevilla. Cuando se levantó el bloque de 102 viviendas en el número 27 de la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, prolongación de la calle Torneo, se culminaba un proyecto de la Obra Social La Caixa y el desarrollo urbanístico del paseo fluvial, convertido en uno de los enclaves más caros de la capital hispalense (en los bloques de renta libre de la misma vía, los pisos a la venta se anuncian por más de medio millón de euros). Hoy, 15 años después de haberles sido adjudicadas las viviendas, por sorteo y en alquiler social, se topan con un incierto futuro, tras vender el bloque la Fundación La Caixa, vinculada a un banco que es el mayor casero de Andalucía y que había adquirido en 2007 la parcela, situada al final de la avenida y que hasta entonces era pública.El Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado ejercer el derecho de tanteo e incorporar al parque público de vivienda este inmueble, dejando así a las familias a merced del mercado.

El inmueble fue puesto a la venta por Inmocriteria Arrendamiento SLU (perteneciente a InmoCaixa, filial inmobiliaria del banco) con un precio de cerca de 4,2 millones de euros, lo que arrojaría una media de poco más de 40.000 por piso. Lo paradójico es que la mayoría de los residentes, que se han organizado en un grupo de WhatsApp (siendo inquilinos no pueden constituirse en comunidad de vecinos), están dispuestos a comprar sus pisos incluso “por el doble”. Sin embargo, rechazada la ganga por el Ayuntamiento de Sevilla, se ha interesado en el edificio Inmoviling SXXI SL, una compañía radicada en Catalunya. Desde la Fundación La Caixa confirman que el inmueble “ya no es propiedad de InmoCaixa” porque “se vendió a un tercero, que se ha subrogado las condiciones preexistentes de los inquilinos”. En cuanto al precio de venta, no facilitan detalles por ser “una operación privada”. Sobre las ofertas de compra a los inquilinos, “alguno pidió información, pero no mostraron interés de forma general”, agregan.

La Gerencia de Urbanismo alegó que no lo compraba por estar una decena de los pisos “ocupados ilegalmente”, por lo que los vecinos, los que pagan puntualmente el alquiler desde 2011 y niegan que tales ocupaciones existan, aguardan con temor. Desde la oposición, el concejal del PSOE Ignacio González critica que se haya permitido “hacer negocio a una empresa” que previsiblemente optará por la “descalificación” de los pisos pasados los 25 años de rigor, en lugar de apostarse por una política de vivienda protegida “seria”.

Temen la descalificación en 10 años

“Hasta el pasado 14 de abril nuestro interlocutor era InmoCaixa (Obra Social La Caixa). Pero un vecino fue a poner una reclamación telefónica y le comunicaron que ellos ya no gestionaban el edificio”, explica Adolfo, uno de los inquilinos, y que fue adjudicatario de uno de los pisos destinados a menores de 35 años (85 de los 102). Junto con los mayores de 65 años (otros 14) y tres adaptados, eran los que podían optar a estas viviendas con garaje (por un alquiler que actualmente oscila entre los 300 y los 350 euros), si cumplían también los requisitos de ingresos.

El último recibo, explica este vecino que comparte un piso de dos dormitorios con su hijo pequeño, lo abonaron el 3 de abril a Inmocriteria Arrendamiento S.L.U. En esta sucesión de nombres y siglas, siguen sin un pronunciamiento por parte de los gestores. “Lo único que tenemos son promesas políticas de protección hasta que finalice la calificación de suelo público (2036), nada de la opción preferente de compra que teníamos los inquilinos. Por lo que a partir de 2036 nuestra alternativa habitacional es incierta”, remarca.

“No sólo a largo plazo, cuando tengamos que buscar una solución habitacional, por como está, y como estará, el mercado, sino por la malas e inseguras situaciones en las que nos hemos visto envueltos en estos años”, apostilla Javier, quien vive con su mujer y su hijo. “Se nos presenta un panorama complicado. También tenemos desconfianza en las promesas políticas de amparo hasta la desclasificación de la vivienda, por la inacción y omisión de los organismos públicos a los que nos hemos dirigido en todo este tiempo. Y por la impunidad mostrada por La Caixa” asevera.

“¿Qué ocupas?”, se preguntan los vecinos

Los vecinos del 27 aclaran también el caso de “los supuestos ocupas”. Tienen constancia de que “dos vecinos están depositando el alquiler en los juzgados” porque abrieron un proceso judicial contra InmoCaixa. Es decir, siguen pagando el alquiler, aunque sea en depósito judicial. Hay también proceso en los juzgados porque a la hora de la renovación del alquiler a una vecina que había accedido por el paquete para jóvenes, le dijeron que ya no le prorrogaban el contrato otros cinco años por haber superado la edad, cuando en las cláusulas sólo se contemplaba este requisito para la primera adjudicación, y como así lo han podido ir haciendo otros en su mismo caso.

Las demás situaciones, hasta la decena en la que se excusaba el Ayuntamiento de Sevilla, las desconocen, pero no están dispuestos a aceptar que se les meta a todos en el mismo saco. “Creemos que en la actualidad hay una vivienda vacía. En 2022 llegó a haber hasta 12 viviendas vacías porque, por mucho tiempo, incluso algunas más de un año, no se adjudicaban. Parece que por la falta de personal de la Junta de Andalucía para visar los contratos. De hecho, eso es lo que dos técnicos aseguraron en la cita presencial” que tuvieron dos vecinas el pasado 17 de abril en la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla.

El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, subraya que se ha cumplido con todo lo establecido en el pliego de condiciones y que el derecho de tanteo se ejercerá cuando corresponda, en 2036. “Yo garantizo que el objetivo de este equipo de gobierno es defender los derechos de los vecinos y que sigan siendo viviendas protegidas”, apunta. Pero Gloria, otra de las inquilinas y quien se ha encargado de llevar el caso hasta el pleno del Ayuntamiento de Sevilla para denunciar “la venta del edificio a un fondo inversor, de cuanto menos curiosa estructuración societaria”, no está convencida: “¿Qué garantías se ofrecen a partir de 2036 para evitar la descalificación y su eventual incorporación al mercado libre?”.

Se lamentan también del abandono de las zonas comunes por parte de la gestora, incluso en materia de acceso y seguridad, lo que genera inseguridad para los residentes y sus bienes, que han sufrido hasta el robo de motos en los garajes. Hablan también de “fallos en el sistema de alarma contra incendios y una puerta de acceso que no puede abrirse desde el interior del edificio, requiriendo el uso de llave, lo que compromete gravemente las condiciones de evacuación en situación de emergencia”. Se unen a esto filtraciones recurrentes en viviendas, zonas comunes y garaje, averías continuas en ascensores o que las placas solares están sin funcionar desde 2021. “Pese a las reiteradas solicitudes de información por parte de los residentes, la gestora ha omitido facilitar documentación detallada, vulnerando los principios de transparencia y buena gestión exigibles en este tipo de promociones”, concluyen.

En plena carrera global por los minerales que sostienen la transición energética, Andalucía vuelve a situarse en el centro del debate sobre el impacto de la minería y la necesidad de compatibilizar desarrollo económico y protección del territorio. Habiendo sido escenario del mayor desastre ecológico de España, la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998, y estando a la cabeza en el sector, la tensión se redobla. Lo plasmaba hace unas fechas la presentación de un estudio de nueve investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, publicado en la revista Integrated Environmental Assessment and Management, que revela la contaminación del estuario del Guadalquivir por dos minas pendientes de reapertura: Cobre las Cruces y Los Frailes.

Pero cierto es también que otro estudio, de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía y el departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, tras analizar 13.000 datos de agua, 3.500 de sedimentos y 900 de biota, determina que no se han producido alteraciones significativas. “Son datos de entidades acreditadas, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, universidades y centros de investigación, con los que se ha determinado que los valores elevados se corresponden con elementos vinculados a la agricultura y urbanos, no a la actividad minera”, defiende Enrique Delgado, presidente de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero‑Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer).

Todo esto se produce en un contexto de renacimiento de la minería. Las estadísticas del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico revelan un incremento de casi el 50% en el empleo en este sector en la última década. Si en 2014 el empleo vinculado a la minería en Andalucía era de 5.288 personas, en 2024 se ha situado en 7.925, lo que supone el 26,2% del total nacional. De hecho, Andalucía, Galicia, Cataluña y Castilla y León concentran más del 61% del empleo minero. Un reducido número de comunidades autónomas agrupa una parte muy significativa de las explotaciones. Andalucía encabeza el ranking con 479 explotaciones, seguida de Castilla y León (405), Cataluña (355), Castilla-La Mancha (275) y Galicia (206). Desde Aminer destacan, asimismo, la capacidad de arrastre del sector: por cada puesto de trabajo directo en minería se crean aproximadamente tres empleos adicionales en industrias auxiliares.

Andalucía se consolida, pues, como el principal polo minero de España, ya que lidera también el valor de la producción extractiva, sobre todo por su peso en la metálica, donde destacan proyectos como Cobre las Cruces, en la provincia de Sevilla, y Minas de Aguas Teñidas, Sotiel Coronada Mine, Magdalena Mine y Minas de Riotinto, en Huelva. “Andalucía, que fue clave en la minería del siglo pasado, lo sigue siendo en un momento de resurgimiento, porque alberga reservas importantísimas, sobre todo en la Faja Pirítica Ibérica, que concentra alrededor del 90% de la producción nacional de metales”, sentencia Enrique Delgado.

Primer mapa de minerales críticos

La reactivación tuvo un punto de inflexión hace unos tres lustros, cuando el aumento de los precios del cobre y otros metales devolvió la viabilidad económica a varios proyectos. Este impulso permitió recuperar parte del empleo perdido en décadas anteriores y reactivar la economía de antiguas comarcas mineras, al tiempo que el sector debía adaptarse a estándaresambientales y de seguridad mucho más exigentes. Con ello, la Faja Pirítica Ibérica volvió a consolidarse como uno de los principales polos mineros de Europa, especialmente en cobre.

En este sentido, la Unión Europea ha identificado 34 materias primas críticas para garantizar su autonomía energética y tecnológica, de las cuales 17 han sido declaradas estratégicas. España, y Andalucía en particular, cuenta con una posición relevante en algunos de estos recursos. Es la segunda productora de cobre en la UE, y Granada, la única de estroncio, cubriendo prácticamente el 100% de las necesidades del continente y alrededor del 35% de la producción mundial. De hecho, Andalucía concentra aproximadamente la mitad de las explotaciones españolas que producen materias primas para tecnologías clave, como baterías de vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, paneles solares o turbinas eólicas. En total, alberga 10 de las 21 minas del país en las que se extraen estos recursos.

En paralelo, se trabaja para identificar nuevos recursos. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME‑CSIC) lleva años colaborando con la Junta de Andalucía en la elaboración de un mapa de minerales críticos y tierras raras. Este trabajo ha permitido identificar áreas con potencial geológico donde podrían desarrollarse futuras investigaciones, convirtiendo a Andalucía en la única comunidad autónoma que dispone actualmente de una cartografía específica y donde “se han podido identificar hasta 22 materias primas fundamentales”, según apunta Enrique Delgado.

El contexto político también parece alinearse con esta nueva etapa del sector. Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el primer Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030. Se articula en torno a cuatro grandes ejes: autonomía estratégica, impulso industrial, economía circular y sostenibilidad ambiental. E incluye, además, el primer Programa Nacional de Exploración Minera en medio siglo.

Mayores exigencias ambientales y laborales

“Más allá del incremento del número de operaciones mineras, empleo o generación de riqueza, la principal evolución en estos años ha sido la modernización de un sector que se esfuerza por ser seguro y sostenible sin dejar de ser competitivo. Para ello, la minería lleva años apostando por la innovación para alcanzar procesos más eficientes, implantando tecnologías respetuosas con las personas y con el entorno, una creciente digitalización y un firme compromiso con los más altos estándares ambientales y de calidad”, detalla el presidente de Aminer.

Pero ¿por qué sigue siendo una apuesta tan polémica? “En parte responde a una percepción todavía asociada a la minería del pasado. La realidad hoy es muy distinta: se desarrolla bajo una normativa ambiental y de seguridad muy exigente y con controles rigurosos que nos están permitiendo cuidar del medio ambiente e incluso reparar daños de otras épocas. La transición energética, la electrificación o el desarrollo de nuevas tecnologías limpias requieren minerales como el cobre o el níquel. Por tanto, si queremos avanzar hacia ese modelo energético, descarbonizado y digital, conducir coches eléctricos o tener placas solares, necesitamos la minería. Por no hablar de si pretendemos seguir usando móviles, ordenadores, sistemas de inteligencia artificial o datos que nos permitan desarrollar las smart cities, poner satélites en órbita o volar en aviones. La cuestión por tanto no es minería sí o minería no, la pregunta es qué tipo de minería”, incide.

“Si tuviera que destacar un cambio claro en los últimos años, sería la incorporación de tecnología y sistemas de control ambiental cada vez más avanzadosa. Hoy las explotaciones trabajan con herramientas de monitorización, digitalización de procesos y sistemas de gestión del agua que permiten operar con un mayor control y con menores impactos sobre el entorno. Se suma un avance importante en economía circular, con proyectos orientados al aprovechamiento de residuos mineros y a la recuperación de materiales. Son ejemplos claros de cómo el sector está evolucionando para desarrollar su actividad con cada vez más garantías”, concluye Enrique Delgado.

Los riesgos constatados por expertos

Jesús Manuel Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla, lidera el estudio que se mencionaba en el primer párrafo: “Llevamos trabajando en ecotoxicología, fitorremediación y ecología de estuarios desde los años noventa. Principalmente, en el estuario de los ríos Tinto y Odiel, altamente contaminado con metales desde el siglo XIX. Cuando nos enteramos que se producían vertidos de metales en el Guadalquivir, quisimos investigar para poner esta información al servicio de la ciudadanía, como empleados públicos que somos”, apunta.

Subraya que este asunto no es una cuestión de opinión: “La realidad es que los sedimentos del estuario del Guadalquivir están altamente contaminados con metales desde por debajo de La Puebla del Río hasta la presa de Alcalá del Río, y estas altas concentraciones están provocando efectos ecotóxicos demostrados en experimentos de campo y laboratorio”. De igual modo, “la desembocadura del Guadalquivir presenta concentraciones relativamente altas de zinc y arsénico”.

Por otra parte, insiste en que debería haber normas de calidad ambiental para metales en los sedimentos en España, igual que las hay para las aguas. “Los metales se acumulan principalmente en los sedimentos, en el fondo de los ecosistemas acuáticos, no en las aguas”, aclara.

Todos estos datos están publicados “en revistas internacionales de impacto y han pasado por revisores y editores”, matiza el experto, quien agrega que, además, la acción de Cobre las Cruces y las características de su efluente “se relacionan con la contaminación de metales en los sedimentos del estuario interior, y los albures bioacumulan metales, especialmente plomo”. En cambio, recalca, “los informes de Cobre las cruces no pasan por revisores, ni editores, no se publican en revistas especializadas y son muy pobres a nivel científico”.

Entonces, ¿es compatible la protección ambiental con la actividad minera? Entiende que depende de muchos factores. “En el caso de los vertidos mineros al Guadalquivir, tal y como están planteados, no son compatibles ni con la protección ambiental, ni con multitud de actividades socioeconómicas como la pesca, la agricultura la ganadería y el turismo, asociadas al estuario, ni con una buena salud pública. Esto no es sólo un conflicto entre puestos de trabajo de las minas y la conservación ambiental”, asevera.

Sobre este estudio, Enrique Delgado remarca que “merece ser analizado con respeto, pero también es importante recordar que la minería en España está sometida a controles muy estrictos y a evaluaciones ambientales muy rigurosas, y que el sector se esfuerza no sólo en cumplirlos, sino en mejorarlos, para alcanzar los más altos niveles de excelencia ambiental”. Recuerda también que tras estudiar distintas denuncias contra la mina de Aznalcóllar, “el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado las autorizaciones del proyecto, confirmando la validez de los procedimientos técnicos y administrativos seguidos”.

¿Para la transición ecológica o para armamento?

Por su parte, Antonia Herrero, doctora en Biología y presidenta de la asociación Salvemos el Guadalquivir, considera que “la minería, en cualquiera de las modalidades desarrolladas hasta ahora, es un proceso enormemente disruptivo del terreno donde opera, en el que deja profundas alteraciones, y siempre genera enormes cantidades de derivados potencialmente tóxicos que provocan contaminación de suelos y cursos de agua, con los consiguientes efectos negativos, a veces devastadores, sobre las actividades económicas, el acceso al agua y la tierra, e incluso la salud”.

Cree que “hasta cierto punto, y sólo en parte, los efectos de los pasivos mineros se podrían paliar aplicando tecnologías de depuración más eficaces, que generalmente no se utilizan porque, al suponer un mayor coste económico, disminuirían las ganancias de las explotaciones”.

La premisa de la necesidad de continuar con la minería extractiva es, a su juicio, errónea, “porque supone que podremos mantener nuestro nivel de consumo energético, además de basarse en una paradoja: la de diseñar la transición a formas de energía menos contaminantes contaminando y destruyendo territorios y, por ende, las actividades productivas locales; o sea, determinando zonas de sacrificio”. En esta línea, alega que “no es cierto que lo que se extrae o proyecta extraer en Europa de las llamadas materias primas estratégicas tenga como destino aportar a la transición ecológica”. Por el contrario, “las compañías que explotan las minas generalmente son consorcios transnacionales que ingresan los productos en los mercados globales, desde donde se venden al mejor postor, tanto para construir parques de energías renovables como armamento que se utiliza en guerras que, además de catástrofes humanitarias, provocan desastres ambientales”.

La paralización por parte de la cooperativa Dcoop de su operación para comprar el 100% del capital de la estadounidense Pompeian, de la que ahora este gigante del aceite de oliva con sede en Málaga tiene la mitad, describe a la perfección la incertidumbre que pesa entre los empresarios andaluces que invierten en EEUU tras la amenaza de guerra comercial a España por Donald Trump.

En la segunda comunidad autónoma, por detrás de Cataluña, que más exporta a EEUU y la primera en el sector oleícola, afrontan con preocupación el nuevo escenario sin haberse recuperado todavía de la guerra de los aranceles emprendida por el republicano. No en vano, Andalucía copa más del 85% de las ventas de aceite de oliva de España a EEUU y el mismo producto supone uno de cada cuatro euros de sus exportaciones con este destino.

El pasado ejercicio, con los nuevos aranceles en vigor, Andalucía exportó 132.700 toneladas de aceite de oliva, un incremento de casi el 30% respecto a 2024, si bien bajaron los ingresos por el descenso del precio derivado de la elevada producción. El top 3 lo completan los combustibles (más de 500 millones de euros) y la piedra natural (unos 250), sobre todo desde Almería, hasta el total de 2.607 que Andalucía vendió a EEUU en 2025, con una balanza comercial —diferencia entre lo que exporta y lo que importa— prácticamente equilibrada.

Reiteradas amenazas

No es la primera amenaza de Donald Trump a España el último año: “Vamos a hacer que paguen el doble”, “quizá les castigue con el comercio a través de aranceles”, “quizá deberíais expulsarlos de la OTAN”... Desde los distintos sectores y en las 2.766 empresas de Andalucía que, según datos de la agencia pública Trade, exportan a EEUU, aguardan con inquietud el resultado de este último pulso, pero también con cierta resignación, tras haber afrontado las consecuencias de su política proteccionista en las aduanas.

Lo explican desde otro de los productos donde Andalucía también es líder en exportaciones y que fue la primera víctima: la aceituna de mesa. De hecho, la negra no se ha recuperado del mazazo de 2019, con los aranceles específicos para España que entraron en vigor entonces, aunque la verde sí ha salvado su posición. El secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Antonio del Moral, refiere así que la situación derivada de la guerra en Oriente Medio se une a la entrada en vigor del nuevo arancel global del 10% de EEUU después de que la Corte Suprema tumbara la mayoría de los gravámenes impuestos por Donald Trump.

En declaraciones a elDiarioand, reconoce, sin embargo, que “no ha trascurrido tiempo suficiente para hacer una valoración”, pero que “en el caso de la aceituna de mesa y de la mayoría de productos, el fallo de la Corte Suprema no ha supuesto un arancel superior al que se tenía”. En cuanto a la nueva advertencia de Washington, apunta: “Confiamos en el trabajo diplomático y el diálogo para conseguir que prevalezcan las buenas relaciones y tener un clima de seguridad en todos los sentidos, que es lo que necesitan los empresarios”. Por ello, pide a las administraciones que “en todas las decisiones que tomen tengan siempre en cuenta a las empresas, que son las que crean riqueza y empleo”.

Clave para el sector agrolimentario

El aceite de oliva, la aceituna…, y también el vino. Desde la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) indican que, en términos de valor, EEUU es el segundo importador, por detrás de Alemania, con más de 330 millones de euros el pasado año para el conjunto del país.

El presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, César Saldaña, en declaraciones a la agencia Europa Press, recuerda que sufrieron una bajada en 2025 por los aranceles. “Esto no es bueno”, lamenta sobre el actual conflicto diplomático. Dentro de este marco, con más de dos siglos de historia y con tres décadas en EEUU, el Grupo Osborne rehúsa hacer valoraciones precisamente por esta “incertidumbre”.

Una intranquilidad que llega también a pymes como Inés Rosales. Sus tortas de aceite se venden en los 50 estados y en lugares tan peculiares como Hawaii y Alaska y territorios estadounidenses como Puerto Rico. Lucía Conejo - Mir, vicepresidenta de ventas de Inés Rosales USA, la filial que la empresa creó tras su éxito en este mercado, comenta que en los últimos años todos los exportadores españoles han tenido que gestionar muchos retos. “La pandemia y sus efectos en la distribución y el consumo, la subida de los costes de producción, materias primas, la disponibilidad de contenedores y precios del transporte, las fluctuaciones de la divisa, por poner tan sólo algunos ejemplos. La situación arancelaria supone un reto más, sin duda, pero como tal lo afrontamos y buscamos soluciones que nos permitan continuar la misión de llevar productos de calidad a EEUU”, subraya a elDiarioesand.

Para esta empresa, EEUU es el mercado de mayor relevancia a nivel internacional y segundo en ventas después del nacional. “Nuestros proyectos de expansión y penetración en este país siguen vigentes y nos generan oportunidades y desarrollo empresarial. Permanecemos atentos al posicionamiento de España en la guerra de Oriente Medio y cómo esto puede afectar a la respuesta de EEUU en materia de comercio exterior”, recalca.

La Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía (Landaluz) es tajante: la comunidad autónoma “se juega casi 3.000 millones de euros en exportaciones” en su primer mercado no comunitario y el quinto del mundo. Buscar otras alternativas no es fácil, porque detrás del actual nivel de penetración hay muchos años de trabajo.

No son sólo los aranceles y la respuesta de Donald Trump al veto del uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota para sus operaciones en Irán, sino también otras consecuencias del conflicto bélico, como apuntan desde la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA). Su presidente, Jesús Posadas, quien ya advirtió una ralentización de los pedidos en EEUU por los impuestos, habla ahora del “incremento de costes y retrasos en las exportaciones” por el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

En definitiva, todos coinciden: EEUU, en muchos casos el primer destino internacional para Andalucía después de la propia UE, es un mercado muy dinámico, el más competitivo y claramente estratégico, por lo que toca contener el aliento.

En la concentración masiva que tuvo lugar el domingo ante las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla -sede de la Junta de Andalucía- miles de manifestantes exigían a gritos la dimisión del presidente Juan Manuel Moreno por la crisis de los cribados de cáncer de mama, que tiene en jaque al Gobierno andaluz desde hace un mes. Uno de los gritos de protesta que lanzaba la multitud iba dirigido a la Radio Televisión pública de Andalucía (RTVA): “¿Dónde está Canal Sur? ¿Dónde está Canal Sur?”

Días antes de la protesta, un grupo de trabajadores de la RTVA había tratado de responder a esa pregunta promoviendo un manifiesto donde vuelcan su “malestar” por el tratamiento informativo que ha dado la cadena pública a la mayor crisis sanitaria y política que ha vivido Andalucía desde la pandemia de Covid-19.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es una carta firmada por periodistas de Canal Sur con nombre, apellidos y DNI, que han enviado este lunes a la presidenta de la asociación que destapó el escándalo (Amama), Ángela Claverol: “Consideramos que nuestra empresa no ha estado a la altura como medio público andaluz impidiendo a los profesionales realizar su trabajo para garantizar una información libre, plural e independiente a las andaluzas y los andaluces. Le aseguramos que muchos profesionales de la radio y la televisión pública nos sentimos abochornados”.

Un grupo de profesionales de Canal Sur empezó a mover el manifiesto en la redacción central la semana pasada, al principio, al margen del Comité Intercentros de la RTVA, donde están representadas las cinco secciones sindicales mayoritarias: Agrupación de Trabajadores de Canal Sur, CCOO, UGT, Sindicato de Periodistas de Andalucía y CGT.

La iniciativa, según fuentes del Comité Intercentros, nació del “boca a boca” en una redacción “muy dolida” con la cobertura de la crisis de los cribados, entre otras cosas, porque “hay redactoras y trabajadoras de esta casa que están entre las afectadas por los diagnósticos tardíos de cáncer”.

El sábado, un día antes de la concentración ante San Telmo, se habían recogido casi 200 firmas de periodistas “en el documento original en papel”, y entonces deciden mover el manifiesto a través de WhatsApp entre los compañeros, habilitar un correo electrónico para recepcionar todas las firmas (radiotelevisiondeandalucia@gmail.com) y convertirlo en una “carta” para enviárselo a la presidenta de Amama.

La iniciativa se ha filtrado este lunes a algunos medios, de modo que los promotores decidieron enviarle ya el documento a Claverol con las firmas que por ahora han suscrito la protesta contra la dirección de Informativos: unos 200 trabajadores, según datos facilitados por los responsables. A 1 de enero de 2025, la plantilla de la RTVA ascendía a 1.345 trabajadores, de los cuales 343 son redactores, según las cifras aportadas por Recursos Humanos para las últimas elecciones sindicales.

La dirección general de la RTVA, “sorprendida”

Preguntada sobre la carta que los periodistas de Canal Sur han dirigido a Amama, la dirección general de la RTVA ha evitado pronunciarse porque “desconoce” el documento y porque “no nos ha llegado carta alguna”. “Esta dirección se ha visto sorprendida al saber que, al parecer, hay una carta que no han remitido a la empresa. Desconocemos su contenido y el número de profesionales de la casa que la firman. Sin tener estos datos que nos permitan analizar el grado de malestar, el número de profesionales que sustentan esta carta y los motivos concretos de esta iniciativa, ni podemos ni debemos pronunciarnos, puesto que sería una grave imprudencia entrar en una polémica con un grupo de trabajadores sin datos y por una vía externa impropia de los sistemas internos y formales que tiene la empresa para gestionar estos asuntos”.

El Comité Intercentros de la RTVA no ha hecho un “mailing” para hacer llegar la carta a todos los trabajadores de la plantilla y tampoco ha informado de la iniciativa a la dirección de la empresa porque, dicen, “partió de un grupo de periodistas y enseguida creció mucho y se decidió enviárselo como carta a Amama”.

En origen se trataba de una propuesta que sí se aprobó en noviembre de 2023 en el Comité Intercentros, que consistía en ponerse en contacto vía mail con organizaciones y movimientos asociativos cuyas actividades o denuncias “estaban siendo silenciadas” por los informativos de Canal Sur, “para hacerles llegar el desacuerdo de los periodistas con la dirección”. “El ninguneo de Amama en medio de esta crisis de cribado fue tan gordo, que se decidió dar un paso más y enviar una carta firmada con nombres y apellidos por nuestros redactores, y que no fuera sólo un comunicado institucional de los sindicatos”, advierten estas fuentes.

Entre 30.000 y 8.500 manifestantes ante San Telmo

La manifestación del domingo ante la sede del Ejecutivo andaluz convocó a miles de mujeres y hombres: unas 30.000 según los organizadores; en torno a 8.500 según la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, que desplegó a la Policía Nacional para controlar la protesta.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, decidió dar su propia cifra de participación, de manera inusual, usando como fuente la Policía Local, aunque entre sus competencias no está el seguimiento de una acción de protesta. El Consistorio que dirige José Luis Sanz hizo el cálculo más bajo, en torno a 4.500 manifestantes, que fue la cifra a la que se aferró el PP andaluz para tildar de “rotundo fracaso” la protesta.

La presidenta de Amama ya había denunciado públicamente que Canal Sur tardó “tres días” en ponerse en contacto con la asociación desde que estalló la crisis de los cribados, cuando ya era noticia de ámbito nacional y había salido en todos los medios. La carta que le envían los profesionales del ente público incide en esta misma denuncia: “No compartimos los criterios impuestos desde la dirección de informativos. Entendemos que el tardar 72 horas y 19 minutos en dar la primera información sobre el tema, no obedece al criterio de actualidad”, dice el escrito.

La iniciativa de denunciar el tratamiento informativo ante la asociación que representa a las víctimas de la crisis de los cribados parte de la propia plantilla, en un momento en el que su representación está descabezada tras la dimisión del Consejo Profesional de la RTVA, cuyo mandato ya había caducado, pero no se había iniciado el proceso interno para su renovación.

En el escrito, los trabajadores de Canal Sur se quejan también de que su empresa “no haya contado todavía” con Claverol ni nadie de Amama “en directo”, “cuando ha sido entrevistada en todas las televisiones del país”. “Esto no obedece al criterio de interés. Dedicar cinco veces más tiempo en un día a la presentación del Plan de Choque de la Junta que a las protestas de las mujeres andaluzas por los errores en los cribados de cáncer de mama en una semana, no obedece al criterio de relevancia”, dice el texto, que añade: “La ocultación deliberada, siguiendo un plan, para contrarrestar la indignación social creada, no obedece al criterio de imparcialidad. Sin respeto a los criterios de actualidad, interés, relevancia e imparcialidad, sabemos que no existe la buena práctica del periodismo”.

En primera página desde el 1 de octubre

Las denuncias de Amama por los diagnósticos tardíos de cáncer de mama saltaron al debate público con una primera información de la Cadena Ser, el pasado 1 de octubre. La entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, respondió que se trataba de “cuatro casos aislados”, pero 48 horas después elevaría la cifra a 2.000 afectadas. Mujeres que se habían hecho una mamografía meses o años atrás y no les habían informado de la detección de un hallazgo “sospechoso” o “no concluyente” que, en algunos casos, degeneró en un tumor maligno por falta de tratamiento.

Hernández dimitió el 8 de octubre, una semana después, cuando el presidente de la Junta ya había pedido disculpas públicas y admitido el “error” en el protocolo de cribados de cáncer de mama. Ese mismo día, miles de mujeres ya salieron por primera vez a la calle a manifestarse, a las puertas del SAS, exigiendo la dimisión de Moreno. Desde entonces, el escándalo de los cribados ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación -incluido Canal Sur- y se ha convertido en centro del debate político, dentro y fuera de Andalucía.

El Ejecutivo de Moreno y el PP andaluz acusan a las izquierdas de “manipular” a las mujeres con cáncer y han afeado al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevara el asunto a la última sesión de control en el Congreso.

Con los días, la Junta también ha tensado la cuerda con la propia asociación que destapó el asunto, acusándola de lanzar “infundios” cuando decidió denunciar ante la Fiscalía la supuesta manipulación y desaparición de historiales clínicos en las plataformas digitales del SAS, algo que ha motivado la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.

Sobre esto último, los trabajadores de Canal Sur también acusan a la dirección de Informativos de “esconder el error informático por el que desaparecieron las pruebas del portal del SAS y dar voz al consejero que les acusaba de lanzar infundios”. La televisión pública tildó la denuncia de Amama ante la Fiscalía de “escrito” -en los rótulos que acompañaban a la noticia-, algo que rompe “el principio de imparcialidad y de veracidad”, dice el escrito, que también reprocha que se hayan “ocultado” los movimientos judiciales del caso o las dimisiones de responsables.

“Sin independencia, objetividad, veracidad, rigor o pluralismo se quiebra nuestra obligación de servicio público a la hora de garantizar el derecho a la información de los andaluces”, concluye la carta de los trabajadores de Canal Sur a Amama.

El escándalo que ha sacudido el sistema sanitario público en Andalucía por los errores en los cribados de cáncer de mama por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es un punto y aparte en una cronología de incumplimientos en un sistema que el Gobierno del PP había prometido mejorar desde el inicio de la legislatura.

ElDiario.es Andalucía ya publicaba hace año y medio los retrasos en la puesta en marcha de la que había sido una de las promesas de la última campaña electoral del presidente y candidato del PP, Juan Manuel Moreno: extender las mamografías a mujeres desde los 40 hasta los 75 años. Una promesa que luego reiteraro y hasta calendarizaron hasta tres consejeros de Salud.

Aquel compromiso llegaba en un momento especialmente delicado porque los datos del SAS mostraban cómo la pandemia de la Covid-19 había incrementado los casos de cáncer de mama, tanto por la disposición de una tecnología más precisa como por el retraso en los controles que fueron relegados debido a esa crisis sanitaria extraordinaria.

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que ha destapado el escándalo de los diagnósticos tardíos, ya trasladó el problema al primer consejero de Salud, el hoy presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. “Nos llamó miedicas”, recuerda la presidenta de Amama, Ángela Claverol, que recuerda que entonces todo el sistema sanitario se detuvo para volcarse en la pandemia. “Le dijimos a Aguirre que preferíamos morir de Covid que de cáncer”, asegura.

Desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) recuerdan que el Ministerio de Sanidad establece la realización de mamografías cada dos años en las mujeres de entre 50 y 69 años, pero dado que la Comisión Europea recomienda incluir los tramos de 45-49 y 70-74 en estos programas, algunas comunidades autónomas ampliaron el rango.

Según sus datos, “hasta los 74 años, lo han hecho Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana”, apuntan desde la entidad. Y a partir “de los 45 años, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla”. En Andalucía, hasta hace poco se ha seguido el mínimo, pero desde hace años la Junta viene prometiendo el máximo. La última vez ha sido tras el estallar el escándalo de los cribados.

2022: las promesas

En junio de 2022, a tres días de las elecciones autonómicas y en un acto en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Juan Manuel Moreno prometía ampliar la edad del cribado basándose en que los estudios de oncología han mostrado un incremento de casos en mujeres por debajo de los 50 años, por lo que “la mejor política es un diagnóstico precoz”. Días después, en una visita a una unidad especializada del centro de salud Carlos Castilla del Pino, Córdoba, el consejero Aguirre reiteraba ese compromiso y recordaba que era el cáncer de mayor incidencia entre las andaluzas: un 15,5% de tasa de mortalidad.

En octubre de 2022, tras la abultada mayoría absoluta del PP en las andaluzas, el Gobierno de Moreno concreta el inicio de este compromiso anunciando la ampliación del cribado a cinco nuevos grupos de edad: 47, 48, 49, 70 y 71 años con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y ya con Catalina García de consejera de Salud. “Tenemos la obligación de poner todos los medios para frenar la incidencia de esta enfermedad”, expone. Esto suponía extender la medida a otras 300.000 mujeres, lo que la consejera calificó de reto “necesario y vital”.

2023: sin apenas avances

Tuvieron que pasar otros seis meses para que el SAS empezara a llamar a las primeras personas en esta nueva población diana: mujeres de 70 y 71 años. Se citó a 25.999 mujeres en el tramo 70-71 años y respondieron a la invitación 14.649, según datos del SAS.

En noviembre de 2023, cumplidos los 50, Cristina Fernández, una de las afectadas por la sucesión de errores en la comunicación de los diagnósticos que se ha conocido este mes, se hacía una mamografía. No recibió ninguna información tras la prueba. “Sólo te llaman si ven algo”, era la respuesta. Un año y medio después se descubrió un nódulo: “Ya aparecía algo en la primera mamografía, pero nadie me informó”. Todavía se está recuperando del cáncer.

Teresa Gómez no es de las atendidas en el Hospital Virgen del Rocío, donde según la Junta de Andalucía se concentra el 90% de los casos. Ella lo fue en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva: “Me hicieron una mamografía porque me tocaba un 4 de septiembre de 2023 y tardaron más de tres meses en llamarme para decirme que necesitaba urgentemente una ecografía y una biopsia”. Perdió el pecho el pasado año.  

2024: sin noticias

Pasan casi dos años desde la promesa de Moreno y las mujeres de menos de 50 años seguían esperando. En abril de 2024, la Junta de Andalucía responde al artículo de este diario sobre el retraso en las mamografías (citado en el segundo párrafo) que empezará a llamarlas en el último trimestre de 2024. Como justificación de la espera, se apuntaba a los “numerosos cambios” que se están produciendo en el sistema para ampliar el cribado a nuevos grupos de edad.

Ese 2024 era Anabel Cano la que se hacía el control, todavía sólo para mayores de 50 años. Tampoco la llamaron, hasta pasado más de un año, para otra prueba. Como resultado de un cáncer, ha perdido un pecho: “Quizá si me hubiera llamado antes, no habría llegado a esta situación; ahora sólo espero que no le pase a más mujeres”.

Se acaba el último trimestre de 2024 sin noticias para las mujeres de menos de 50 años. La organización de consumidores y usuarios Facua elevó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz. Precisamente, el responsable en funciones de esta Oficina, Jesús Maetzu, ha anunciado ahora la apertura de una investigación de oficio a raíz de las denuncias conocidas en estos días, si bien todavía no facilita información sobre la queja de Facua.

2025: la crisis

Finalmente, ha sido ya arrancado el año 2025 cuando el SAS empezó a llamar a las mujeres de 49 años para mamografías (las de 47 y 48 todavía esperan). Para ello, explican desde la Consejería de Salud y Consumo, se tuvo que formar específicamente a 70 profesionales “ya que para este cribado se realizan mamografías con tomosíntesis, una técnica específica que permite detectar estos tumores a edades más tempranas”.

Desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) insisten en que “la detección precoz es fundamental para mejorar tratamientos y pronósticos de la enfermedad y está directamente asociada con la supervivencia. Los programas de cribado son una herramienta esencial, pero faltan datos públicos y accesibles sobre los tiempos de espera en las distintas fases del proceso oncológico”, para “mejorar la prevención, detección precoz y supervivencia”.

Casi tres años después de aquella primera promesa, y ya con la tercera consejera en este departamento, Rocío Hernández, hablaba de que se han incorporado 30 mamógrafos nuevos con tomosíntesis, un “avance más” para diagnosticar “mejor” a las más jóvenes. “Estamos haciendo esta inversión muy importante”, destacaba a finales de mayo la todavía consejera Hernández en una entrevista a la agencia Europa Press. También anunció, ya sin fecha, que se iba a bajar la edad del cribado a mujeres de entre 40 y 45 años, y que también se iba a incluir este servicio preventivo para las de entre 71 y 74 años. La última propuesta, a raíz de la crisis, ha sido que en 2026 el objetivo es llegar a los 48-47 y para 2027 hasta los 45 años.

Esta promesa ha vuelto a hacerla personalmente el presidente Moreno, con un pie en la mayor crisis política que ha vivido desde que gobierna, y el otro pie en la precampaña para las elecciones andaluzas. El anuncio no lo ha hecho su última consejera de Salud -cinco titulares de la cartera en siete años- porque Hernández presentó su dimisión el jueves, mientras miles de mujeres se manifestaban en Sevilla a las puertas del SAS, exigiendo la dimisión del propio presidente de la Junta.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha puesto en marcha un plan de reorganización de los equipos de pediatría en Atención Primaria que implica retirar a especialistas de los centros de salud donde trabajan para destinarlos a otros de la misma localidad, pero con mejor dotación asistencial.

El motivo principal de esta reestructuración de plantilla, reconoce la propia Consejería de Salud, es “optimizar” los recursos humanos que tienen en un contexto de “escasez de especialistas” en medicina infantil que afecta, no sólo a Andalucía, con un 43% de plazas de pediatría sin cubrir, sino “al conjunto del país”.

La estrategia del SAS echará a andar en tres provincias andaluzas -Sevilla, Córdoba y Cádiz- el próximo 1 de julio, coincidiendo con el inicio del Plan de Verano, que contempla un frenazo brusco de la atención asistencial en la sanidad pública durante los meses de vacaciones. La consejera del ramo, Rocío Hernández, anunció un despliegue de recursos y personal inferior al del año pasado -36.500 contratos de uno a tres meses; frente a los 37.320 presupuestados en 2024-.

La estimación de Salud para este verano apuntaba al cierre por las tardes del 75% de los centros de salud -aunque todos abrirán de mañana julio y agosto- y la disponibilidad del 78% de camas hospitalarias, en torno a 11.700. Los sindicatos sanitarios, que llevan meses manifestándose y en abierta disputa con la consejera, consideraron la previsión “claramente insuficiente”, y han criticado que el Gobierno de Juan Manuel Moreno presuma de “récord de presupuesto” en sanidad y de “contar con más profesionales que nunca”, pero “ser incapaz de mejorar los recursos que ofrecieron ellos mismos hace un año” [en 2024 se anunció una disponibilidad del 84% de camas en hospitales].

En este contexto de tensión en el sector sanitario, el SAS anuncia un plan para optimizar la plantilla de pediatras de la que dispone, reagrupando al personal en los centros de salud para, dicen, mejorar la coordinación y acelerar la atención al ciudadano. El objetivo sobre el papel es ese, pero de momento la puesta en marcha de esta estrategia ha supuesto dejar sin pediatras seis centros de salud -tres en Sevilla, uno en Córdoba y dos en Jerez de la Frontera (Cádiz)-, cuyos profesionales han sido derivados a otros ambulatorios de la misma localidad.

En Sevilla, los pediatras destinados en los centros de salud de los barrios de La Plata y de Palmete han sido redirigidos al ambulatorio de El Cerro del Águila, a unos tres kilómetros de distancia; y los que estaban en el Puerta Este Dr. Pedro Vallina, del distrito Sevilla Este, irán al María Fuensanta Pérez Quirós, que se encuentra a poco menos de un kilómetro.

En Córdoba, el equipo de pediatras del centro de Salud poniente empezará a trabajar en el ambulatorio Aeropuerto, a unos 800 metros en el mismo barrio. Y en Jerez de la Frontera, los especialistas del centro de salud La Serrana y los de Montealegre serán trasladados a los centros de Atención Primaria en Jerez Centro, Jerez Sur y San Benito.

Equipos más amplios concentrados en menos centros

Desde el SAS, subrayan que el objetivo es “mejorar la calidad asistencial, reforzar la continuidad de los cuidados y optimizar los recursos profesionales y tecnológicos en beneficio de los menores y sus familias”. Esta organización, subrayan, se hace teniendo en cuenta “la recomendación de la Sociedad Andaluza de Pediatría”.

Lo que plantea la consejería es cambiar los dispositivos con dotaciones mínimas (de uno a tres pediatras) a equipos más amplios, cohesionados y con mayor capacidad organizativa. La reagrupación responde al contexto actual de “escasez de especialistas en pediatría en todo el país”, una situación agravada por jubilaciones, dificultades para la cobertura de ausencias y sobrecarga asistencial.

En toda Andalucía hay 1.515 centros de salud, pero sólo el 35,6% [540] disponen de un área de Pediatría, según los datos publicados en el Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía (IECA) correspondientes al año pasado. Los sindicatos sanitarios llevan años denunciando que el desequilibrio entre pediatras y población infantil es más acusado en esta comunidad que en el resto de España, y apuntan a que el problema es aún mayor en las zonas rurales donde residen menores.

La Asociación Andaluza de Pediatría en Atención Primaria publicó, en junio de 2024, un “informe de situación” con el porcentaje de población infantil -menores de 14 años- “sin pediatra asignado” en cada provincia. Huelva, con el 88%, era la más afectada, seguida de Almería (67%), Cádiz (59%), Jaén (53%), Córdoba (41%), Málaga (30%) y Granada y Sevilla (27%). La media regional era del 43%.

Según ese informe, en Andalucía hay 1,1 millón de niños, menores de 14 años, que computan para plazas de pediatría, pero 106.950 no tienen asignación a clave pediátrica y 481.495 carecen por completo de pediatra (un 43% del total). El pasado febrero, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria presentó unos datos igualmente “graves” en su congreso, cifrando en casi dos millones el número de niños sin pediatra en España. De ellos, unos 600.000 menores ni siquiera tienen un médico de familia asignado en su centro de salud.

Carta a las familias afectadas

Este nuevo modelo esquema para optimizar la plantilla del sas, según la Junta, “favorece el trabajo en equipo, permite una mejor organización de turnos y garantiza una mayor probabilidad de que las familias sean atendidas por profesionales de pediatría y atención infanto-juvenil, incluso en situaciones imprevistas”.

“La concentración de equipos pediátricos en un mismo centro conlleva una mejora sustancial en la atención a niños y niñas, facilitando la coordinación clínica, reduciendo el número de consultas no cubiertas o reprogramadas, y ampliando la disponibilidad horaria, especialmente en horario de tarde, lo que repercute positivamente en la conciliación familiar”, aseguran desde el SAS. Las familias afectadas por la retirada de su pediatra en su centro de salud de referencia recibirán una carta informativa con los detalles de la medida.

El Ejecutivo andaluz defiende que este nuevo esquema organizativo permitirá “reducir los tiempos de espera, facilitar la oferta de asistencia de tarde, mejorar el seguimiento de casos complejos, impulsar programas de salud infantil, fomentar la investigación y formación continua, y reforzar la coordinación con otros niveles asistenciales y recursos comunitarios”.

La victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos ha reactivado las alertas en el sector agroalimentario andaluz. En la memoria y en el presente está el caso de la aceituna negra que todavía paga el coste de los aranceles extraordinarios que se impusieron en 2017. De hecho, este ingrediente imprescindible en las pizzas americanas se quedó fuera del acuerdo que en 2021, con el cambio de Gobierno estadounidense, sirvió para levantar una penalización que también afectó de lleno a España en productos como el aceite de oliva, el vino y los cítricos. Esta firma paralizó los aranceles en principio hasta 2016.

Ahora la preocupación vuelve a estar sobre la mesa porque Estados Unidos es el primer destino no europeo de los productos andaluces como el vino, el aceite o los cítricos, con casi 2.250 millones de euros el último año. Es más, Andalucía lidera las exportaciones de España al gigante americano, con cuatro de cada 10 euros del total de ventas en alimentación y bebidas, rozando los 470 millones de euros el primer cuatrimestre de este año, casi un 50% más que el mismo periodo de 2023, según datos de Andalucía TRADE que lo define como un “mercado estratégico” para la comunidad autónoma.

La “amenaza” del 'Tariff man'

En principio, el ‘tariff man’, como algunos lo llaman, se ha mostrado dispuesto a imponer aranceles generales de hasta un 20% a las importaciones europeas, con previsión de que los sectores más afectados sean los sectores automovilístico y químico.

Sin embargo, el aceite de oliva, con Andalucía como principal productora del mundo, mira de reojo y con preocupación. Sobre todo porque ya en 2017 los llamados aranceles “antidumping y antisubsidios” recayeron exclusivamente al aceite de oliva vendido por España, con la excusa de la “competencia desleal” por las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), mientras otros exportadores, como Grecia, Italia y Portugal, se libraron. En principio, y gracias al acuerdo de 2021 que expira en 2026, no existe este incremento de arancel para el aceite de oliva. No obstante, podría romperse antes y el riesgo de renegociación ante el nuevo escenario político está presente.

“Toda acción debe generar una reacción de la UE”

“Claro que hay preocupación, pero también es cierto que durante el mandado de Joe Biden se pensaba que la situación podría revertirse y no ha sido así”, comenta Rafael Sánchez de Puerta, presidente de Cooperativas Agrolimentarias en Córdoba. El también director general de Dcoop, la cooperativa de aceite de oliva que más productores agrupa, considera que “ahora le toca mover ficha a la Unión Europea y que Estados Unidos entienda que toda acción debe generar una reacción”.

En su opinión, el frente de Donald Trump contra ciertos productos andaluces es una “sinrazón y no tiene ningún sentido porque para nada va a proteger a su industria castigando productos como el aceite de oliva, sino que lo que va a provocar es un encarecimiento del mismo para sus ciudadanos”. Hasta el momento, la sobrecarga de aranceles “en mayor o menor medida, se había justificado por la guerra entre Boing y Airbus, que se resolvió con sanciones cruzadas y se neutralizó”. Por ello, abunda en que habrá que esperar “a ver por dónde tira Donald Trump, pero la Unión Europea tendría que responder con contundencia”.

En términos parecidos se expresa Antonio Mora, secretario general de la Asociación de Exportadores de Aceituna de Mesa (Asemesa): “Hay que recordar que los aranceles extraordinarios a la aceituna negra no los impuso Trump (solo), sino que vinieron de la denuncia de productores y del sector en California; y también que con la llegada de Biden no se arregló. Pero también es verdad que dada la política proteccionista y la campaña que en general han hecho los republicanos, la posibilidad de solución a este problema se esfuma”. Entiende que “podía parecer más fácil con un gobierno demócrata” que respetase “las decisiones de la Organización Mundial del Comercio”, que dio la razón a los productores andaluces. Aun así, echa en falta “una respuesta contundente por parte de la Comisión Europea”. Critica, de hecho, que “la Unión Europea reaccione más ante la imposición de aranceles a China que a los problemas que arrastramos desde hace seis años” con EEUU.

Un mercado estratégico

Un par de ejemplos, solo en el primer semestre de este año, se exportaron 70.000 toneladas de aceite de oliva a Estados Unidos, lo que supone más del 35% de la cuota de mercado. En paralelo, Estados Unidos es el primer destino de las aceitunas de mesa españolas, con más de un tercio de todas las exportadas. Fueron más de 50.000 toneladas el pasado año.

“Creo que es una mala noticia porque ya vimos lo que supuso la anterior etapa en la que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos: aranceles a la aceituna de mesa, aranceles al aceite de oliva...”, comenta Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén. De todas maneras, insiste en que “habrá que esperar para ver qué actitud mantiene o toma en esta nueva etapa presidencial”.

Esta situación llega en un momento en el que Andalucía había puesto grandes esperanzas en ese mercado. De hecho, este verano participó una delegación en la feria Summer Fancy Food en Nueva York. Desde Andalucía TRADE apuntan que organizaron 76 acciones en 2023 para fomentar la presencia de los alimentos andaluces en Estados Unidos, a las que se sumaron 198 firmas de la comunidad autónoma. De momento, habrá que esperar a los primeros pasos del nuevo presidente.

Tres de cada cuatro propuestas de adopción de la Junta de Andalucía los últimos 10 años ya tienen una resolución judicial que las hace irreversibles. Sin embargo, hay un porcentaje elevado de niños que se quedan en el limbo judicial mientras se resuelven sus casos, a veces esperando más de una década para pertenecer a su nueva familia con todos los derechos. 

“Si te toca Cádiz, es la tormenta perfecta. Me lo han dicho los propios técnicos de la Junta de Andalucía: los juzgados están más colapsados que en otros sitios y encima es la provincia con más menores declarados en desamparo y, por tanto, propuestos para adopción”, explica una madre que hace 10 años que espera la resolución judicial. Ella y su marido tienen a la niña desde 2014, cuando nació, porque se la dieron en acogimiento preadoptivo con dos meses de vida. Pero después de todos estos años, la niña sigue sin tener sus apellidos. 

“Es frustrante porque ella que ya está preguntando por qué en el colegio la llaman por unos apellidos que no son los nuestros, los de sus padres. Ella dice que no quiere ser esa otra niña”, tercia el padre. “Ponte en una hipótesis: mañana yo me muero, llega la resolución judicial dentro de un par de meses. ¿Cómo va mi mujer a inscribirla en el Registro civil? ¿La dejan ponerle mi apellido o ya sólo podrá llevar los de la madre?”, se pregunta esta familia de la que, como el resto de las que figuran en este artículo, guardamos el anonimato por respeto a la intimidad de los menores. En este caso, como en otros, la oposición de la familia biológica a la retirada la lleva a litigar, y el colapso de los juzgados de familia en Cádiz entierra la resolución judicial en montañas de papeles.

“Se eternizan decisiones que lleven a los menores hasta una familia de adopción. Por otro lado, las que tienen niños de acogida esperando adoptantes no tienen contacto ni información ninguna de los juzgados. Desconocen los procesos judiciales y no tienen acceso a informe alguno. Entendemos que cualquier tipo de colapso judicial perjudica a todos los usuarios, por supuesto, con mayor sensibilidad a los menores, que son siempre la parte más vulnerable del sistema”, apuntan desde la Asociación de Adopción y Acogimiento (AFAM) con sede en Granada y que trabaja en toda Andalucía.

¿Se puede hacer algo ante situaciones tan desesperantes? Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recuerdan que el ciudadano tiene derecho a presentar quejas por dilaciones en los procedimientos, si bien no llevan un registro de cuántas han recibido por casos de adopción. Fuentes del organismo explican que “se puede acceder a la Secretaría de Gobierno del TSJA y se puede contactar por mail para detallar el caso”. Desde 2015, además, el TSJA informa en su web de todas las quejas recibidas, si bien sólo se indica su decisión y el número de procedimiento. No se aclara de qué tipo son, por lo que no es posible contar con esa información.

Todo el proceso “es eterno”

No es sólo la resolución judicial, según apuntan desde AFAM, sino que todo el proceso se prolonga demasiado, también el administrativo: “Los plazos son demasiado largos. El proceso es muy complejo, ya que se intenta determinar que las familias que quieren adoptar sean adecuadas para ello. Éstas han de cumplir determinados requisitos, hacer formación y pasar las pruebas que determinarán si son idóneas o no. Y, una vez emitido el certificado de idoneidad, comienza una nueva espera hasta que llega la asignación del menor. Son muchas las familias que están en alguna de estas situaciones”.

En opinión de esta organización, “hay que tomar conciencia de que cada día que un menor pasa sin una familia que le dé estabilidad, es un día perdido en su crecimiento físico, psicológico y emocional”. Todo esto “se comprende menos cuando hay familias que sufren larguísimas esperas esperando la asignación”.

Ponen otro ejemplo de lo duro que puede ser el proceso: el caso de tres hermanos de 5 y 3 años y otro de 11 meses, que fueron separados al retirarlos de su familia biológica y se repartieron en dos familias de acogida de urgencia. Un año después se optó por la adopción, “con la idea de mantenerlos separados como durante el acogimiento, a pesar de haber fomentado la relación entre hermanos más allá del régimen de visitas y sin tener en cuenta que los acogedores habían mantenido, con un cuidado exquisito, el vínculo entre los tres, al observar la estrecha relación existente entre ellos”. Los acogedores manifestaron su rechazo en una entrevista con los técnicos asignados al expediente de estos menores, tras la cual, les prometieron buscar una única familia.

“Tres semanas después de la reunión, informan a los acogedores de que han encontrado dos familias para sus niños argumentando que no había, en Andalucía, ninguna con idoneidad concedida para adoptar tres. Los acogedores, buscando una salida, y respaldados por las asociaciones, presionaron para que se buscasen familias valientes, con idoneidad para dos menores, dispuestas a adoptar tres de una sola tacada. Y se consiguió. No es tan difícil hacer las cosas bien, basta voluntad y no perder la idea de que estamos hablando de niños vulnerables a los que proteger”, exponen desde AFAM.

En la entidad apuntan que, “de alguna manera, la ley de protección de la infancia y la adolescencia, de 2015, obliga a la administración a escuchar a las familias que tienen a los niños de acogida a la espera de adopción, sobre cualquier aspecto relacionado con las necesidades y características del menor, debido a la experiencia y conocimiento de éstas por haber convivido, a veces durante mucho tiempo, con el mismo”. En general, reconocen, “se les escucha, pero pocas veces se tienen en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones”.

Por eso exigen que “se cumpla la ley atendiendo a los estatutos de autonomía y a los protocolos de actuación y que se refuercen las plantillas de los equipos profesionales intervinientes en todo el proceso, y al mismo tiempo, que se eviten los cambios constantes de personal”.

Desde la Junta de Andalucía exponen que la adopción responde al derecho que todo niño tiene a “crecer en el seno de una familia que vele por su desarrollo integral, cubriendo todas sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales”. Recuerdan que en la política de protección de menores se prioriza el mantenimiento en el seno de su propia familia, apoyando a aquellas que lo necesitan con recursos en su medio. “Sin embargo, en algunas ocasiones no es suficiente porque se dan determinadas circunstancias que hacen imposible garantizar la protección del menor. En estos casos, es necesario declarar la situación de desamparo y optar por el acogimiento por parte de la familia extensa, por una ajena si no es posible y, en última instancia, por la adopción”, señalan las mismas fuentes.

Lo cierto es que la adopción se realiza siempre por resolución judicial y es la única medida de protección de carácter irreversible por expreso imperativo legal. La demanda de la mayoría de las familias es de menores de corta edad y sin problemas especiales. Sin embargo, la realidad es que aproximadamente el 70% de los niños que se proponen para adopción presentan alguna necesidad especial o característica que puede dificultar ese proceso (mayores de 7 años, grupos de hermanos, con problemas de salud, con discapacidad…). 

En los siguientes cuadros se recoge el número de propuestas de adopción presentadas por la Junta de Andalucía a los juzgados y las constituidas los últimos 10 años.  

En los últimos 10 años se han propuesto 1.651 adopciones a los juzgados, según datos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, destacando 2023 con un total de 225 y la provincia de Cádiz, con 488. En el mismo periodo, han sido constituidas 1.238 adopciones, siendo 2021 el año récord, con 168, y de nuevo Cádiz, la provincia con más (261). Pero, precisamente, esas mismas cifras revelan que Cádiz es la provincia con mayor diferencia entre las adopciones propuestas por la Junta de Andalucía y las cerradas por los juzgados. De este modo, en una década, el porcentaje de las resueltas por los juzgados se ha situado en un 53,48%, la cifra más baja de todas las provincias.

“Los bebés no se enteran de lo que pasa”

Detrás de estas cifras, niños, con historias como las de un pequeño que fue entregado a una de las familias de acogida de AFAM recién nacido y recién salido del hospital, donde estuvo veinte días recuperándose del síndrome de abstinencia causado por el consumo de drogas durante el embarazo. “Como parecía bien y su madre había renunciado a él tras el parto, se presentaba como un 'caso caramelo' para llevarlo a adopción en un par de meses, al cumplir el plazo establecido por si la madre se retractase”, cuentan sus padres de acogida.

Pero se alargó. Tras cuatro meses, se les informó de que los padres biológicos se habían reconciliado, pese a una orden de alejamiento, que intentarían rehacer su vida, que reclamaban al niño y que se empezaría el régimen de visitas en breve. “Con seis meses, comenzaron las visitas con los padres biológicos, pero el bebé, en cuanto oía sus voces, entraba en pánico y se aferraba a los brazos de la trabajadora social que vigilaba el encuentro, sin parar de llorar. Cuando lo sacábamos de allí, tardaba días en poder conciliar el sueño, con sobresaltos cada media hora. Vista la reacción del niño y la incapacidad de los padres, cuando cumplió los nueve meses decidieron cortar las visitas y pasarlo a adopción”, explican.

Incluso así “pasaron otros seis meses para que entrara en la 'bolsa para adopción'”. Cuando tenía casi año y medio les avisaron de que había una familia interesada en adoptarlo y que, como se acercaban las vacaciones de verano, intentarían hacer el trámite rápidamente para no extenderlo hasta otoño. “Lo que no nos comunicaron era que el desacoplamiento, terminología técnica, o transición, como preferimos llamarlo nosotros, sería de tres días, con la excusa de que los bebés no se enteran de lo que pasa. Después de discutir sobre lo inconveniente de tanta premura, tras dieciocho meses de convivencia con él, conseguimos prolongar a seis días el periodo de transición, obtuvimos en veinticuatro horas fotografías y vídeos y procuramos preparar al bebé para que el cambio de familia fuese lo más natural posible. Pese a todo, fue un éxito y aceptó a sus nuevos padres sin mayores problemas en un tiempo récord. Si se puede llamar así, puesto que sus padres llevaban nueve años esperando un bebé y tuvieron que llevárselo sin la documentación pertinente porque no habían tenido tiempo de prepararla”.

Los medios de comunicación británicos alertaban en junio de una ola de calor con 26ºC para sorna de muchos andaluces en redes sociales. Lo cierto es que, por lo general, se pierde de vista la diferencia entre alertas meteorológicas y sanitarias por temperaturas extremas. Una diferencia que ayuda a entender también por qué siendo el Valle del Guadalquivir el lugar de España donde se registran las temperaturas más elevadas cada verano no es, sin embargo, donde más mortalidad se atribuye a esta causa. 

En Andalucía se han registrado en agosto 76 muertes atribuibles a las elevadas temperaturas y 69 en julio, según el panel 'Mortalidad notificada, observada, esperada y atribuible a temperatura', el conocido como MoMo, del Instituto Carlos III. Viene a ser prácticamente la mitad que el año pasado con respecto al séptimo mes y tres veces menos si se observa el octavo. Ha sido, pues, un verano benévolo en este sentido. También, el segundo julio menos mortífero en 10 años de registros -por detrás del de 2017, con siete muertes- y el segundo mejor agosto tras el de 2022, con 73 defunciones.

En el conjunto del país, en cambio, ha sido el segundo peor agosto de la década, con 1.386 muertes, sólo superado por el del pasado año, con 1.990, y un julio con 771 fallecimientos, y por tanto, ligeramente peor al de 2023 (686), y el cuarto desde que en 2015 empezó esta serie. Por comunidades autónomas, tanto en julio como en agosto de este verano, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Comunidad de Madrid han tenido más muertes en números absolutos que Andalucía, estando menos pobladas. Es más, hasta la Comunidad Valenciana la ha superado, aunque en este caso sólo en agosto.  

“Influye la habituación al calor. El impacto es menor cuando se tienen medidas de protección contra las altas temperaturas, generalizadas en el sur y no en el norte, como aire acondicionado, casas pintadas en blanco, calles estrechas para que circule el viento, que la población sepa que no se puede salir a las cuatro de la tarde y se eche la siesta... También influye la calidad de las construcciones, el aislamiento contra el calor, que hace que las viviendas en el sur estén diseñadas para soportar esas temperaturas. O la pirámide de población, dado que las elevadas temperaturas afectan más a los mayores de 65 años. Incluso la soledad, y por eso en las ciudades el impacto de las temperaturas extremas es mayor porque nadie se preocupa de que una persona sola no salga a la calle y que esté hidratada. Si hay enfermedad mental, además, a veces no se tiene la sensación de sed, por ejemplo. En un ambiente rural la persona que vive sola está más controlada por sus propios vecinos, que se preocupan si de repente no la ven”, resume Julio Díaz Jiménez, profesor de investigación y codirector de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto Carlos III.

En este sentido, aclara que hay que coger como referencia las definiciones de olas de calor del Ministerio de Sanidad y no las meteorológicas. “Si se habla de salud, no se puede simplificar con un valor meteorológico. En el 52,5% de los casos la definición de ola de calor del Ministerio de Sanidad, con datos del Instituto Carlos III, está por debajo de la meteorológica. Es decir, que en más de la mitad de los casos, no se están dando alertas cuando se debería. Porque no coinciden la ola de calor meteorológica con la de salud. Se ha hecho un esfuerzo enorme en determinar esas temperaturas, pero la información que sigue llegando a través de los medios de comunicación es la meteorológica. Es una batalla en la que llevamos desde 2015, la de romper esa inercia de dar sólo las olas de calor meteorológicas. Igual que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da información de riesgo de incendio forestal, podría dar la de riesgo para la salud. Si se limita a decir que va a haber muchos lugares por encima de 40 grados, ¿qué tiene que ver? Primero hay que comunicar bien: si hablo de salud, alertas en salud; y si hablo de incendios forestales, riesgo de ello, porque a lo mejor la información meteorológica es útil en agricultura o en transporte, no lo sé, pero no es lo misma”, prosigue el científico.

Distintos tipos de riesgo

Para hacer esta información más precisa, este año el Instituto Carlos III ha establecido 182 áreas “para tener una mejor forma de ver a qué temperatura está expuesta la población, en lugar de hacerlo a nivel provincial con 52, porque en una misma provincia no es lo mismo vivir en una sierra que en un valle”. Pero insiste en que lo importante no es la temperatura que se alcance, sino la desviación sobre los umbrales de riesgo para la salud establecidos en cada lugar. “Si en Sevilla son 41 grados y se alcanzan 42, por ejemplo, es uno más sobre el umbral, pero imagine que en Galicia la definición son 25 y hay un día con 32. ¡Son 7 grados por encima y su impacto mucho mayor! No importa el calor desde punto de vista absoluto, sino cuánto se separa de las temperaturas umbrales, porque es a partir de éstas cuando aumenta la mortalidad”, aclara Julio Díaz Jiménez.

De hecho, en 2003 cuando empiezan a funcionar los planes de prevención, las máximas se alcanzaron en Córdoba con 46,2 grados, seguida por Sevilla, con uno menos, “pero donde más muertes se atribuyeron a las elevadas temperaturas fue en el norte y el este de la península, donde no estaban acostumbrados a tener olas de calor”.

“La población local está adaptada al clima. Por eso el umbral fijado para calor extremo en Sevilla es de 32 grados, como temperatura media diaria. Se alcanzó tres veces en julio de este año. En cambio, Málaga tuvo siete días extremos. Pero, además, debemos tener en cuenta las características demográficas de cada provincia”, apunta por su parte Dominic Royé, responsable de Ciencia de Datos de la Fundación para la Investigación del Clima (FIC).

Esta entidad ha desarrollado junto al Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea-CSIC) y la Universidad de Valencia una aplicación web que usa los datos oficiales del MoMo y de las temperaturas registradas por la Aemet para calcular la mortalidad atribuible al calor moderado, el calor extremo y el calor excesivo de los meses de junio a agosto en España. Denominada Mortalidad Atribuible por Calor en España (MACE), se actualiza diariamente y ofrece datos de los últimos cinco años, siendo 2022 el más significativo con un registro de 3.012 muertes por calor durante los 28 días que hubo temperaturas extremas en verano. 

“La aplicación pretende ser una herramienta de monitorización de la mortalidad atribuible al calor en España. Desde este año, incorporamos el nivel provincial. Vemos una mortalidad atribuible de 1.135 al calor extremo en el mes de julio de 2024 a nivel nacional, con un 0,9% de todos los fallecidos observados. En junio, no ha habido días extremos. Las provincias más afectadas fueron Soria con un 10%, y le siguen Zamora, Guadalajara, Zaragoza y Lleida con más del 6%. En Andalucía, es la provincia de Málaga, con un 3,7% de muertes atribuibles al calor extremo, la que está a la cabeza”, comenta Dominic Royé.

“Debemos poner todo en el contexto de los últimos dos años (que se puede consultar en MACE) y vemos que de momento estamos lejos de las cifras de 2022, pero también de 2023, años en los que alcanzamos 8.133 y 4.363 muertes por calor extremo en todo el verano”, prosigue.

No es lo mismo que golpe de calor

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Junta de Andalucía recogía del 15 de mayo hasta el 31 de agosto de 2023, cinco muertes y 26 casos graves de golpes de calor. Y podríamos pensar que esto no cuadra con los datos del MoMo o de MACE, pero es que no son lo mismo las muertes atribuibles a elevadas temperaturas, más difíciles de medir y pueden producirse en los días de episodios extremos, que las ocasionadas por golpes de calor, diagnosticadas prácticamente en el momento. “Los muertos por golpe de calor son el 2% sólo. El 98% es por agravamiento de otras enfermedades”, explica Julio Díaz Jiménez.

Cabe recordar que el Instituto Carlos III usa dos modelos: el MoMo, para estimar el exceso de muertes cada día atribuibles a altas temperaturas, y el índice Kairós, que brinda información complementaria, predicciones a cinco días vista, sobre la probabilidad de estas defunciones. Todo ello, en relación a tres variables: las defunciones diarias de los últimos diez años, excluyendo las de 2020 debido a la influencia de la pandemia y procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Justicia, las temperaturas registradas a nivel provincial por la Aemet y la población por grupo de edad, sexo y provincia.

Pero no define un número de personas fallecidas. Calcula una estimación diaria del exceso de mortalidad atribuible al calor utilizando series históricas de fallecimientos y temperaturas mediante técnicas estadísticas.

Las causadas por el frío bajan

La tendencia es de aumento de muertes por calor y disminución de las provocadas por el frío, debido a la progresiva subida de la temperatura. De los diez veranos más cálidos desde que en 1961 la Aemet hace sus registros, nueve pertenecen al siglo XXI. Los tres más calurosos han sido por este orden: 2003, 2022 y 2023.

Según el MoMo, esos años la mortalidad atribuible al exceso de temperatura en España ha sido de 6.570 defunciones de exceso en 2003; 4.789, en 2022; y 3.009 en 2023. En ese periodo, Andalucía ha ido alejándose de los primeros puestos de la tabla. De hecho en ese 2022 que se revela como el peor verano reciente, la mayor mortalidad atribuible a esta causa se registró en la Comunidad de Madrid (1.301), seguida por Castilla y León (579), Cataluña (578). Fueron 439 en Andalucía.

La realidad es que el mapa de salud del Instituto Carlos III, que ofrece el Ministerio de Sanidad, sigue pasando desapercibido, frente a los meteorológicos de las televisiones, por lo que los expertos urgen unificar umbrales. Se ha creado recientemente el Observatorio de Salud y Cambio Climático, y el objetivo fundamental es unificar esos umbrales, que ya se han calculado. “Porque el Ministerio de Sanidad manda alertas a los que se dan de alta en su sistema, pero en los medios de comunicación sigue saliendo otra información”, lamenta Julio Díaz Jiménez.

España es líder mundial en producción y exportación de aceituna de mesa, con más del 60% de la producción de la Unión Europea y casi el 20% de la mundial. El 80%, desde Andalucía. Es uno de los productos estrella de la agricultura española. Pero desde que Estados Unidos le impuso unos estrictos aranceles a la aceituna negra —la más demandada a cuenta de las pizzas— ha pasado de ser el primer exportador al tercer puesto en este país. Seis meses después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) diera la razón por segunda vez a la UE en esta pugna, EEUU hace caso omiso.

Si en 2017 —último año sin esta penalización— la aceituna negra representaba la mitad de la cuota total de mercado en EEUU, en la última campaña no ha llegado al 20% porque los principales competidores de España (Marruecos, Egipto, Grecia y Turquía, sobre todo) han crecido en sus exportaciones de aceituna negra al gigante americano. En dinero, esto se traduce para España en que el valor de sus exportaciones, respecto a 2017, ha disminuido más de 225 millones de euros (10 en lo que llevamos de 2024) como consecuencia de la imposición por parte de dicho país de medidas compensatorias 'antidumping' y 'antisubvención'.

Son datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondientes a la campaña 2023/2024, que va de septiembre del año pasado a abril del presente. Desde la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa) elevan esas pérdidas todavía más. “La persistencia de estos aranceles ha resultado en la caída de la mayor parte del mercado de aceituna negra de EEUU y en una pérdida económica de más de 260 millones de euros desde 2018. Este impacto se ve agravado por la escasez de producción y los altos costos de insumos, que también han afectado a nuestras exportaciones a otros mercados importantes, como la UE”, señala Antonio Mora, presidente de la entidad. Este golpe ha sido especialmente duro “para un sector que ha invertido desde hace décadas en calidad, innovación y sostenibilidad para mantener su posición de liderazgo global”.

El sector se encuentra en una encrucijada. Esos aranceles son, en opinión de Mora, “una amenaza grave que exige una acción concertada a nivel nacional y europeo”. Desde esta organización han solicitado en repetidas ocasiones el apoyo del Gobierno de España y de la UE para que exijan el cumplimiento de las resoluciones de la OMC y trabajen hacia la restauración de condiciones de comercio justas. “La falta de acción efectiva por parte de las autoridades estadounidenses no solo desafía los principios básicos del libre comercio, sino que también supone una amenaza en el futuro para cualquier otro sector que reciba ayudas de la PAC”, asevera. “Continúan ignorando las decisiones de la OMC, manteniendo el grave perjuicio a nuestro sector”, prosigue el presidente de Asemesa.

Las grandes perjudicadas

En Andalucía hay casi 140 empresas registradas como exportadoras de este producto en sus distintas variedades, según la agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade). Agrosevilla es el mayor productor y exportador del mundo, y cerró el último año con un 25% más de facturación, rozando los 200 millones de euros, un récord que ha conseguido a base de sortear el impacto de los aranceles de EEUU. Julio Roda, director general de Agrosevilla, apunta que el conflicto con EEUU “está en vía muerta”. Explica que la UE no está haciendo toda la presión necesaria “porque se trata de una categoría pequeña y hay un contexto de elecciones en EEUU a la vuelta de la esquina, por lo que es una situación incierta políticamente”.

En esta línea, explica que, aunque las empresas han ido buscando otros destinos, no se puede perder de vista que “el importante es el de EEUU, un mercado muy grande para la aceituna negra, y lo han ido copando Marruecos y Egipto”. Entiende también que “esto no es un conflicto de los californianos con los agricultores; esto es una guerra con los industriales”.

Hay que recordar que EEUU impuso estos aranceles “por competencia desleal” tras la denuncia de la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras, cuyos miembros son las dos únicas empresas californianas que venden aceitunas negras (Bell-Carter Foods y Musco Family Olive), y con el conflicto Airbus-Boing de fondo. Entró en vigor el verano de 2018. En 2021 la OMC le dio la razón a España, y lo ratificó el pasado mes de febrero. Un mes después, EEUU manifestó su intención de trabajar con la UE para resolver la disputa y no recurrió el dictamen. Pero ha pasado medio año y sigue todo igual. “Consideramos que se trata de otra práctica engañosa, como ha sucedido en ocasiones anteriores, en las que solo ha hecho modificaciones superficiales manteniendo el grueso de los aranceles”, concluye Antonio Mora.  

Desde la Consejería Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han insistido, desde el último dictamen a favor de la aceituna negra, en la necesidad de “una mayor diplomacia proactiva a la Unión Europea y la defensa de nuestro sector, para que se cumpla” con esa resolución.

De los 128 proyectos de comunidades energéticas que han conseguido subvenciones en las cuatro convocatorias del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), solo 19 están en Andalucía, que tiene muy por delante a Catalunya y Euskadi, con más del doble. Y, según el primer informe de indicadores del Observatorio de Comunidades Energéticas, de las 353 experiencias en España solo 20 figuran en Andalucía, lo que la convierte en la séptima comunidad autónoma, por detrás de nuevo de Euskadi (90), Catalunya (52), Comunidad Valenciana (35), Navarra (31), Castilla y León (26) y Aragón (23). Tampoco en la convocatoria de subvenciones para oficinas de transformación comunitaria, con 79 concedidas para la promoción y dinamización de comunidades energéticas, Andalucía figuró entre las primeras. Se llevó siete proyectos, por detrás de Catalunya, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

¿Por qué no terminan de despuntar en Andalucía estas fórmulas de participación ciudadana en el sistema energético pese a sus privilegiadas condiciones para las energías solar y eólica? Estamos hablando de ciudadanos que, a través de la figura de la cooperativa o la asociación, toman el control de la producción, almacenamiento, consumo, e incluso comercialización de la energía, y logran importantes reducciones en su factura de la luz. No es simple autoconsumo, como cuando un ciudadano o incluso un bloque de pisos instala unas placas solares en la terraza, sino que van más allá y son entidades con personalidad jurídica propia llamadas a jugar un papel fundamental en la transición energética.

Las quejas

Una de las quejas está en las trabas administrativas, y otra en la falta de incentivos y ventajas fiscales. Desde la Asociación Andaluza de Comunidades Energéticas, su presidente Pedro Fuentes apunta: “Nuestra experiencia es que los trámites más farragosos no son los municipales. Se solucionan normalmente con declaraciones responsables de los técnicos. Los mayores retos administrativos están en la Consejería de Industria, Energía y Minas, y con las distribuidoras”.

En este sentido, “con la Junta de Andalucía en instalaciones que requieran autorización de construcción y explotación, al igual que con las ambientales, nunca se cumplen los plazos”, expone Fuentes. Señala que permisos que se deberían responder en seis meses llegan a tardar más de 18, y este plazo es el que se tiene para tramitar, ejecutar y poner en marcha las instalaciones si se quiere optar a subvenciones.

En cuanto a las distribuidoras, explica que estas entidades “son su competencia porque les quitan cuota de mercado e ingresos”. No lo tienen fácil: “Nos lo están poniendo muy difícil y no hay una normativa que les obligue a cumplir. Nuestra única herramienta es poner una reclamación ante la Junta de Andalucía, y ya he comentado cómo funciona”. Por ello, la asociación que preside “nace con el objetivo de ofrecer toda la ayuda necesaria para impulsar la creación de nuevas comunidades energéticas y apoyar a las que ya existen”, con divulgación, formación, poniendo en contacto a todos los agentes implicados.

Incentivos estatales y autonómicos

En cuanto a las bonificaciones y subvenciones, aunque no son indispensables para que una instalación puesta en marcha por una comunidad energética resulte rentable, sirven de efecto llamada y de estímulo para emprender estos proyectos. Entre los incentivos estatales, están los citados en el primer párrafo de la IDAE, pendiente de nueva convocatoria. En cuanto a los autonómicos, la Agencia Andaluza de la Energía cerró el 31 de diciembre de 2023 la última convocatoria, dirigida a la realización de instalaciones de autoconsumo eólicas o fotovoltaicas. Desde del Gobierno de la Junta insisten en que Andalucía es la comunidad autónoma que mayor respaldo ofrece. Las subvenciones sobre el precio de la instalación, explican, llegan a un 90% del total en función del perfil.

“Las ayudas, tanto para comunidades energéticas como para autoconsumo colectivo, tienen el principal problema del retraso en el cobro. No podemos pretender, por ejemplo, que unos particulares realicen una inversión de miles de euros y que no cobren las ayudas hasta dentro de dos o tres años con suerte”, apunta Pedro Fuentes en relación a este tema.

Más heterogéneo es el escalón de las administraciones municipales, que a su vez resultan claves como motores del cambio debido a su proximidad a la ciudadanía, y a que actúan como consumidores de energía, proveedores de servicios, propietarios de activos y, por supuesto, como promotores de normativas para facilitar el desarrollo de las comunidades energéticas. Y en este caso, Andalucía está por debajo de la media nacional en ventajas fiscales, con la excepción de Córdoba, que despunta en España.

Ventajas fiscales en el IAE, IBI e ICIO

Las bonificaciones en impuestos para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en municipios de más de 10.000 habitantes son aplicadas en 2024 en distinto grado, según revela un reciente informe de Fundación Renovables. El caso del Ayuntamiento de Córdoba es también paradigmático porque figura entre los que ofrecen las mayores bonificaciones en el IBI (impuesto de bienes inmuebles). En un ranking de 20, publicado también por la Fundación Renovables, ocupa la sexta posición, seguida por otros dos municipios andaluces: Priego de Córdoba y Andújar (Jaén). Los tres extienden sus bonificaciones del IBI a 10 años. Es la única provincia en Andalucía, junto con Sevilla (ligeramente), por encima de la media nacional en municipios de más de 10.000 vecinos que subvencionan parte del IBI a estas infraestructuras (65%). De hecho, Andalucía en conjunto se encuentra 20 puntos por debajo, con un 45%. Se calcula que las deducciones en el IBI pueden rozar los 600 euros por año en Andalucía.

El 80% de la población española reside en alguno de los 771 municipios de más de 10.000 habitantes (155 andaluces), que a su vez acogen a más del 95% de las empresas, por lo que es una muestra significativa. Desde dicha fundación, que en su informe incluye también el IAE (impuesto de actividades económicas) y el ICIO (impuesto de construcciones, instalaciones y obras), destacan que “a nivel municipal existe una base de soporte interesante, aunque muy heterogénea”.

Han elegido esos tres tributos porque impactan directamente en las instalaciones de este tipo y se centran en las fotovoltaicas porque son las más comunes entre las comunidades energéticas. “Se deben impulsar políticas y acciones que aseguren el avance del autoconsumo y por tanto el cambio de modelo energético con una reforma de la fiscalidad donde de una vez por todas se deje de subvencionar a los combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables”, apunta Raquel Paule, directora de la fundación.

El ICIO, donde el porcentaje de municipios que lo bonifican roza también el 65%, los andaluces también se quedan por debajo, con menos del 40%. Eso sí, con tres de cada cuatro localidades con bonificaciones, Córdoba sigue a la cabeza en Andalucía, mientras que en España se sitúa en la primera mitad de la tabla. La bonificación puede llegar a un 95%, y se calcula un ahorro de 250 euros.

Incentivos en el Impuesto de Actividades Económicas

Finalmente, el IAE es el menos bonificado de los tres: por debajo del 30% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes lo contempla, e incluso hay una decena de provincias sin ningún caso. Frente a ellas, tres con un 100% de bonificados (Ávila, Segovia y Soria), aunque sólo sus capitales entran en la muestra. En este caso, es Granada, y no Córdoba, la provincia de Andalucía con mayor porcentaje de administraciones locales que prevén esta reducción para la fotovoltaica (casi el 40%). Le sigue Córdoba, y luego Jaén, las tres por encima de la media nacional. Se pueden ahorrar más de 1.800 euros por año, y las deducciones también van entre el 10% y el 50%.

Más allá de los números, otra realidad, y es la imposición de tasas que no deberían ser obligatorias para las comunidades energéticas, como, por ejemplo, la de residuos urbanos. El único desecho que generan es el embalaje del equipamiento que requieran, y es cierto que la tasa a veces se les devuelve, pero resulta “irracional” cobrarla, a juicio de la asociación de comunidades. No es la única que piden que se retire. Desde la Asociación Andaluza de Comunidades Energéticas, Pedro Fuentes apunta otra: “Deberían eliminar las tasas de licencias de obra para este tipo de instalaciones. Se debe priorizar el hecho de que es un bien social y que se está aportando desarrollo a nivel local”. Es más, recalca que no es sólo ahorrar en la factura de la luz: “Una comunidad energética es un instrumento ideal para el avance de la llamada smart city en municipios medianos y pequeños (puesta en servicio de farolas led, electrolineras, puntos de recarga de smartphones…)”.

Proyectos referencia

Paradójicamente, Andalucía cuenta con algunos de los proyectos que han sido más reconocidos, incluso internacionalmente, como referentes entre las comunidades energéticas. Entre ellos, destacan tres: Alumbra, en Arroyomolinos de León, Huelva; Torreblanca Ilumina, en Sevilla; y Rural Bridge, en Córdoba.

En este último caso son un grupo de emprendedores volcados en proyectos relacionados con el medioambiente, el desarrollo rural, la economía circular y la innovación. Han impulsado la creación de 17 comunidades energéticas basadas en una hibridación de tecnologías renovables en la comarca de Los Pedroches.

María José Caballero Gómez, su gerente, explica que el pasado 30 de junio acabó su tutorización para la puesta en marcha de estas comunidades energéticas, y confía en que sigan adelante los proyectos. “Ha sido con una subvención de la Diputación de Córdoba, cuya ejecución acaba de terminar. Nos hemos encargado de crear un grupo motor, que es fundamental para estos proyectos, y de la formación y asesoramiento de los participantes”, comenta. Confiesa que “es complicado, sobre todo en los municipios pequeños, que la gente entienda los beneficios de este tipo de proyectos”, pero confía en que sigan teniendo impulso para liderar la tan renombrada transición energética.

En 2020, la Junta de Andalucía habilitó en su página web un 'espacio de alerta contra los bulos' para luchar contra la desinformación que se disparó en redes sociales durante los primeros meses de pandemia. El objetivo entonces era tranquilizar a una población ávida de información veraz sobre lo que estaba ocurriendo ante una avalancha de rumores en las redes sociales –contagios, síntomas, muertes, prevenciones–, pero luego se hizo extensivo a otros asuntos.

En 2021, solapándose con la actividad de su propia web antibulos, el Gobierno andaluz contrató durante dos años los servicios de Maldita.es para monitorizar las noticias falsas que afectasen a la comunidad autónoma, ya no sólo en lo referente a la pandemia. La fundación le reportaba mensualmente sus informes –que publicaba en su web– pero la Junta nunca los difundió, ni los alojó en su propia web antibulos. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno informó de ambas iniciativas, pero nunca –hasta hoy– explicó por qué las dejó morir.

El debate sobre los bulos, reactivado por Pedro Sánchez tras su amago de dimisión y sus cinco días de reflexión, ha devuelto el foco hacia aquella web que el Gobierno andaluz publicitó en su día, también como un instrumento contra las acusaciones que recibía de la oposición.

En Andalucía, el debate lo ha reabierto el PSOE-A, a espera de que Sánchez concrete sus políticas contra los bulos, para “poner coto” a “operaciones para desacreditar y acabar políticamente con una persona”, en palabras de su secretario general Juan Espadas. El jefe de la oposición propone también un pacto con el PP-A para reformar la ley reguladora de la actividad publicitaria de las administraciones públicas de Andalucía, mientras Por Andalucía ha registrado una proposición no de ley para la “defensa de la democracia y las libertades frente a las informaciones falsas”.

Para el próximo pleno en el Parlamento andaluz, el PSOE-A ha presentado una batería de propuestas, resultado, según ha explicado su portavoz adjunto, Josele Aguilar, de reuniones con asociaciones de la prensa, facultades de comunicación y sindicatos. Entre otras cosas, proponen una nueva ley de publicidad institucional con “la obligación de una cláusula de transparencia en la gestión de estos contratos que se hacen a través de agencias” porque, a día de hoy, “es imposible acceder a qué medios son y qué cuantías reciben”. También abogan por “una legislación contra los bulos propia en Andalucía, como ocurre en Francia”, junto a medidas “para combatir los pseudo medios para que no reciban dinero público”.

“Nosotros nos adelantamos y hace cuatro años creamos una web para desmentir bulos”, afirmaba recientemente el presidente de la Junta de Andalucía a preguntas de la oposición en el pleno. Pero esa web, que fue defendida por el entonces consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Elías Bendodo, sólo ha tenido 10 publicaciones en cuatro años, una de ellas con el anuncio del estreno de dicha ventana, mientras que nueve han sido desmentidos de bulos: ocho relacionados con la covid y uno sobre terremotos. Todos publicados en 2020 y 2021 y otro en marzo 2023, el último, con el título “es falso que los andaluces tengan que pagar por la asistencia de su médico de cabecera del Servicio Andaluz de Salud (SAS)”. Ninguno en 2022, según la documentación proporcionada por la Junta a este periódico.

Dos años de monitorización

¿Ya no hay bulos que desmentir? ¿Quién se encargaba de su mantenimiento? ¿Cuál ha sido el impacto y tráfico que ha tenido este espacio desde su creación? Desde la Consejería de Presidencia, responsable de la misma, no ofrecen datos de visitas a la web, y se limitan a responder que “se creó durante la pandemia, que fue cuando empezaron a surgir bulos bastante peligrosos”. Después, reconocen, “se ha alimentado poco, entre otras cosas porque también se contrató un servicio similar con Maldita.es”.

Ese servicio se adjudicó con dos contratos menores, según consta en el perfil de contratación de la Junta de Andalucía. Uno, en 2020 para el “servicio de monitorización de redes para desinformación en Andalucía”, y por un importe de 13.800 euros (más IVA). Y un segundo, en 2021 por el mismo importe y como “servicio para identificación de desinformación que afecte a la comunidad autónoma de Andalucía y su ciudadanía”.

En los dos casos con un único licitador, Maldita.es, que surgió como un medio nativo digital en 2018 –tenía ya un germen desde 2014 en redes sociales– y en 2020 se convirtió en fundación sin ánimo de lucro “contra la desinformación: periodismo, educación investigación y datos en nuevos formatos”.

Desde Maldita.es explican que efectivamente ellos ofrecieron un servicio de “monitorización de redes sociales para detectar desinformación” que afectara a la comunidad autónoma. “Lo que hacíamos era mandarle regularmente a la Junta de Andalucía las desinformaciones detectadas sobre la región (no sobre el gobierno) y si finalmente escribíamos un artículo al respecto en nuestra web, podía publicarlo en su página, siempre que citara a Maldita.es como autor”, especifica Carlos Hernández, de dicha fundación.

“Dudas éticas” del Gobierno andaluz

La media de desmentidos puede rondar los 8–10 por mes, según los informes facilitados por Maldita.es, desde donde destacan en cualquier caso que la cifra “es irrelevante: nosotros desmentíamos lo que considerábamos según nuestra metodología de manera independiente y sin vinculación con el contrato”. Dicha información era enviada “a la dirección de comunicación de la Junta de Andalucía”. Carlos Hernández replica que no le corresponde a él responder por qué no eran difundidos, por ejemplo, en la web antibulos de la Junta de Andalucía.

Desde la Dirección de Comunicación de la Junta de Andalucía confirman que durante la vigencia de los contratos llegaron a recibir unos 180 desmentidos por parte de Maldita.es. Señalan que se contrató a esta empresa por su “credibilidad” acreditada y no descartan en el futuro explorar otras vías similares de colaboración.

También reconocen que el espacio web de “alerta bulos” que creó la propia Junta –alojada en su web institucional– “se abandonó por las dudas morales y éticas” que generaba a sus responsables. “Chirriaba un poco que fuera la propia Administración pública quien desmintiera noticias”, explican estas fuentes, que señalan que los encargados eran los propios periodistas de la Dirección de Comunicación de la Junta.

La contratación con Maldita.es se hizo para un año –del 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021–, que luego se amplió hasta el 31 de octubre de 2022, cuando finalizó. “El contrato no requería indicadores ni informe final, pero todos los entregables se enviaron a la Junta de Andalucía como estaba acordado”, explican desde la fundación. La Junta no prorrogó ese acuerdo un tercer año, “porque el contrato menor no es la mejor fórmula, habría que haber planteado una licitación mayor y tampoco teníamos presupuesto para ello”, advierten, sin descartar “reactivarlo en el futuro”.

Maldita.es ha enviado a este periódico, como ejemplo, una relación de los informes que remitía a la Junta de Andalucía correspondiente a dos meses de trabajo, con más de una veintena de análisis. Entre los ejemplos: “No, Luis Francisco Reche Pozo, el alcalde de Somontín (Almería), no cobra 90.000 euros”, “¿Qué sabemos de la supuesta ”misa del generalísimo“ a la que ha acudido Pablo Casado en Granada?”, “El SMS de la Junta de Andalucía que te avisa de que eres beneficiario de una ayuda de 210 euros por ERTE y del que sí te puedes fiar”, “¿Qué sabemos sobre un supuesto pederasta que circula por los municipios almerienses de Garrucha y Huércal–Overa?”, “¿Qué sabemos del hombre que supuestamente va ”pegando palizas a mujeres“ en Huelva? La Policía Nacional asegura que lo que se difunde sobre él no es cierto”...

Por otro lado, recuerda que ya explicaron en el anuncio del acuerdo que “en ningún caso dicho servicio supondría necesariamente el desarrollo de un desmentido por parte de Maldita.es”. “La selección de contenidos se hacía de acuerdo a la metodología que rige el trabajo de Maldito Bulo, que es ”la herramienta de verificación“ que pertenece a Maldita.es. Es decir, monitorizaban una posible desinformación, pero en ningún caso la Junta de Andalucía podía indicarles ”qué investigar, ni mucho menos qué desmentir o cómo“, aseguran.

Hay incluso un tercer contrato menor vinculado a este asunto, en concreto para la consultoría y asistencia técnica para el “estudio del impacto de la desinformación a través de las redes sociales sobre la covid en la ciudadanía andaluza”, adjudicado el 3 de diciembre de 2020 por  14.875 euros (más IVA) del que tampoco se ha obtenido respuesta. En este caso, adjudicado a otro licitador por el Centro de Estudios Andaluces, fundación adscrita a la Consejería de la Presidencia y que en 2020 publicó informes sobre el tema, pero realizados por otros autores, como Manuel Ricardo Torres y el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía.

La propuesta: castigar sin publicidad

Desde Por Andalucía, su portavoz parlamentario, Juan Antonio Delgado, insiste en la defensa de su proposición no de ley (PNL), con el objetivo de “denegar la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional a los que hayan vulnerado el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio”, y tanto si han sido “directamente condenados como si esta condena recae en sus trabajadores y colaboradores”. Se trata, continúa, de retirar “cualquier tipo de subvención a los medios de comunicación y portales digitales que hayan sido condenados en sentencia firme” por estos hechos.

Desde el PP-A rechazan que los socialistas quieran “dar ejemplo” cuando están siendo investigados el secretario de Organización del PSOE-A, Jacinto Viedma; el exalcalde de Jaén, Julio Millán; y la que fuera su portavoz municipal, África Colomo, como presuntos autores de un delito de denuncia falsa “acusando de compra de votos” a los populares durante las últimas elecciones municipales.

En la calle Feria esquina con Escoberos, en Sevilla, un bloque de pisos de tres plantas lleva ocupado ilegalmente desde principios de 2020 por numerosas personas, incluido menores escolarizados en los alrededores. Entraron poco después de que se paralizara la promoción, en su recta final de obras, y el inmueble quedara en poder de la banca. La ocupación de un piso vacío propiedad de una persona jurídica –mayoritariamente banca o fondos de inversión– es el supuesto más habitual en las estadísticas de ocupación ilegal en España, pese a que los que llaman más la atención, generan más bulos y desatan más alarma mediática y política son las ocupaciones de la segunda vivienda de un particular, que son minoritarios.

Vox ha usado ese ejemplo de la céntrica calle de Sevilla para alertar de un supuesto boom de la ocupación ilegal que vincula directamente con los inmigrantes. Pero no ha sido el único. El PP se sumó a este mensaje de alarma social en esta campaña de las europeas, como ya lo hiciera en la de las elecciones en Cataluña.

De hecho, el presidente Juan Manuel Moreno se cuidó mucho de no hacer esa relación en las andaluzas, pero hace unas semanas, durante un mitin en El Prat de Llobregat, replicó el mensaje que un día antes había hecho el propio Alberto Núñez Feijóo: “En muchos rincones de España, muchas de esas ocupaciones ilegales sí es verdad que está vinculadas a alguna inmigración. Hay un dato que es objetivo”, dijo, tildando la denuncia previa de su jefe de filas de “coherente”. El PSC, con Salvador Illa a la cabeza, les reprochó que se montasen en el discurso “alarmista y racista” de la ultraderecha, motivados por el temor de que Vox frenase el crecimiento del PP en las catalanas, como finalmente ocurrió.

Lo que dicen los datos

Los datos oficiales de ocupación ilegal reflejan otra realidad. Ese año 2020 (de pandemia) hubo en Andalucía 2.381 ocupaciones ilegales, unas seis diarias, y había sido la cifra más baja del último lustro hasta el pasado año, con 2.331. Es más, según las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior, si se compara con hace cinco años, se ha producido un descenso de las denuncias en Andalucía, que ronda el 8%. El pasado año, el descenso también se dio en Castilla–La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que en otras diez comunidades autónomas apenas hubo variación, lo que arrojó en el conjunto del país 1.437 menos que en 2022.

Desde el Ministerio del Interior aclaran que su estadística no discrimina entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, “porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia”. De todas formas, según los datos de la Fiscalía General del Estado, apenas un 0,15% de los delitos genéricos de ocupación de inmuebles se refieren a allanamiento de morada, por lo que se deduce que la mayoría son usurpación de derecho de uso propiamente dicha.

Del ocupa de la patada en la puerta al 'inquiocupa'

En cualquier caso, agentes inmobiliarios y abogados expertos en este campo alertan de un cambio de perfil: el ocupa de la patada en la puerta [vamos a evitar llamarlos okupas porque no sabemos cuántos pertenecen a dicho movimiento] ha sido relevado poco a poco por el 'inquiocupa', palabra que han acuñado para definir a quien firma un contrato de alquiler y deja de pagar la renta pasado poco tiempo. De todas maneras, también en este caso se detecta un descenso.

De este modo, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han bajado los desahucios en la última década en prácticamente todas las comunidades autónomas. El CGPJ incluye en estas cifras los casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Precisamente, se ha preguntado a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la que tiene el mayor parque de viviendas en alquiler de todo el territorio, por los casos de este tipo que sufre, pero no ha proporcionado los datos.

El CGPJ publica los suyos desde 2013 y diferencia entre los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y las ejecuciones hipotecarias. Si hace cinco años los más comunes eran estos últimos, como consecuencia de la anterior crisis que hacía imposible el pago de las hipotecas, en el periodo más reciente han sido desbancados por impagos de alquileres.

En todo caso, son menos que antes. En 2023 y derivados de la LAU, se produjeron 2.961 en Andalucía, un descenso de casi el 35% con respecto a 2022 (4.505), coincidiendo con la bajada en todas las comunidades autónomas. En Andalucía fue incluso superior a la media, aunque fue más notable la reducción en Región de Murcia, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad de Madrid y Extremadura.

Esas mismas estadísticas reflejan que si en 2022 suponían en Andalucía una tasa del 52,0 por cada 100.000 habitantes, el pasado año se redujo la misma a un 33,9. Es la octava comunidad autónoma con menor tasa, si bien en números absolutos ocupa la segunda posición por detrás de Cataluña, que tuvo un total de 5.158 desahucios de inquilinos en 2023. También en este caso, la del pasado año ha sido la cifra más baja de la década, a excepción de 2020, cuando con motivo de la pandemia se suspendieron de manera generalizada los lanzamientos. Pero incluso entonces el registro fue casi idéntico al del año pasado, con 2.942 lanzamientos en 2020 en Andalucía.

El asunto de la desprotección

Un caso de 'inquiocupa' de libro es el que sufrió José Vidal, también de Sevilla, que tardó cinco años en echar de su piso a la inquilina que no le pagaba el arrendamiento. Se lo llevó el abogado Álvaro Höhr, al frente de Höhr y Asociados. “Cuando el inquilino deja de hacer frente a sus obligaciones o el propietario se encuentra con que su vivienda ha sido ocupada son pocas y lentas las herramientas con las que cuenta para poder recuperar la posesión”, apunta. Y es que, a su juicio, “se ha pasado de una excesiva protección al propietario a una ausencia de respuesta jurídica aquí cuando se produce el fenómeno”.

“No es que no se produzcan desahucios, es que no se admiten a trámite”, tercia Ángel Sánchez, presidente de la asociación Buenas Prácticas Inmobiliarias (BPI) de Málaga, que agrupa a agentes y empresas de toda la provincia. Pone el ejemplo de una vivienda en alquiler residencial donde una persona logra el reconocimiento de “vulnerable” y “se mete con otros tres que no lo son” y “llevan cuatro años sin pagar el alquiler”. Es más, relata: “Tenemos fotografías de la supuesta vulnerable pasando unos días en Eurodisney. Pero como no paga, pues los sobrinos de la casera tienen que hacerse cargo del coste de su tía en la residencia donde vive, pese a que ella pretendía pagarlo con los ingresos de este alquiler”.

“Desde que se publicó la nueva ley de derecho a la vivienda, el propietario se siente menos protegido y tiene menos garantías en caso de desahucio por impago”, prosigue. El caso es que en Andalucía esa ley no se ha implementado por parte de la Junta de Andalucía por decisión política, pero Ángel Sánchez insiste en que el mayor miedo de los propietarios y lo que hace que cada vez haya menos viviendas para alquiler residencial son los inquiocupas.

En su opinión, las viviendas con fines turísticos (VFT) no son para nada las principales culpables del incremento de precios de los inmuebles en alquiler residencial. “El primer culpable es que faltan en España un millón de VPO y el precio de las hipotecas. Centrarse en el alquiler vacacional como culpable y pasar de lado por la inseguridad del propietario no es realista”, resume.

Álvaro Höhr, por su parte, se remonta a la burbuja inmobiliaria para entender de dónde viene esto y por qué es difícil hallar un equilibrio entre muchos factores: “El que compró caro no quiere perder. El que ahora no puede comprar se encuentra con pisos de 100 metros cuadrados a 1.500 euros de alquiler porque quien lo compró debe amortizar una hipoteca desmesurada”.

Por eso muchos propietarios están optando por la mediación, remarca: “La mayoría de las demandas de desahucio se admiten a trámite, sean del tipo que sean: por impago de la renta, por expiración del plazo de arrendamiento, por ocupación sin título... Lo que ocurre es que, tras la entrada en vigor de la nueva ley el año pasado, el propietario debe exponer no solo su título, sino también si tiene o no la condición de gran tenedor. En el caso de los grandes tenedores hay que justificar si puede existir situación de vulnerabilidad de los ocupantes, haber acudido previamente a procedimientos de mediación, etcétera. Todo esto dificulta la presentación de una demanda”, expone.

Volvemos a David Peralta y la cuestión de las demandas. Señala que adicionalmente hay otro problema y es que “muchos propietarios buscan alternativas a la presentación de la demanda debido a la complejidad del procedimiento judicial”. La resolución extrajudicial por mediación del abogado del propietario “está en auge”. En este escenario, explica, “el abogado se pone en contacto con los ocupantes y ofrece alternativas para evitar la interposición de la demanda, desde la condonación de la deuda hasta pagar a los ocupantes para que abandonen el inmueble”. Porque, continúa, con la nueva ley, “los procedimientos de desahucio se han hecho más complejos” y eso echa para atrás a los propietarios, explica

Del buen inquilino y mejor arrendador

En medio de la desconfianza que relatan los abogados que llevan estos casos, están los protagonistas de las cifras de alquiler donde no hay problemas de ocupación. Y encontramos historias como la de Manuel García Torres, quien alquila desde hace años un piso en Sevilla Este. “Los primeros cinco años estuvo un hombre que vivía solo, un trabajador de la Cocacola. No le subimos nunca el alquiler porque nos parecía un precio justo y él era cumplidor”, relata.

En estos momentos, sigue alquilado. “No tuvimos ni que poner anuncio cuando se fue, porque llegó un compañero nuevo a la fábrica y les recomendó nuestro piso. Eso nos dio confianza, aprovechamos para actualizar un poco la renta, y como siempre, le pedimos nómina y el mes de fianza, pero ya está. Este año tampoco le hemos subido, pese a que legalmente se puede un porcentaje sobre el IPC, pero nos compensa la tranquilidad que nos da”, expresa.

Otro caso es el de María Bueno, que alquila una casa en Sanlúcar la Mayor a una familia marroquí. “Son un matrimonio con dos hijos pequeños. Él trabaja en la planta solar y nos vino con su contrato, y el jefe, que nos dijo que respondía por él. Hubo quien nos intentó disuadir de alquilársela por sus orígenes, pero ni pensamos en eso y no hemos tenido ningún problema”, cuenta.

Comparte piso con dos personas más en un barrio anexo al centro de Sevilla, en la avenida de la Cruz Roja. Javier Villalba paga 500 euros, con derecho a habitación individual. “Encima, la propietaria nos manda a la mujer que, según ella, tiene que venir todas las semanas a limpiar la casa, echa una hora y tenemos que pagar cada uno 50 euros más”, cuenta, sin querer entrar en si es una cláusula abusiva o no: “En junio me voy. Me vuelvo con mis padres. Tengo 36 años y no puedo ni desgravar con la declaración del IRPF porque la Junta de Andalucía solo lo prevé, y bien poco, hasta los 35 o para mayores de 65, y además debes estar muy tirado”.

“Para tres pisos que nos entran al mes en alquiler de larga duración, tenemos a 250 personas en lista de espera en una aplicación propia. No es que el alquiler vacacional sea más rentable, es que tiene mayor protección jurídica. Tenemos el caso de un abogado con 25 viviendas en una promoción, porque la promotora le pagó en especie la deuda, y las tiene todas tapiadas. Le garantizamos la renta, pero no se fía. 'Soy abogado y la protección jurídica es nula', me contesta”. Es el testimonio de Alberto García, de la asociación Buenas Prácticas Inmobiliarias (BPI) de Málaga, que agrupa a agentes y empresas de toda la provincia.

Cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, con hasta ocho recursos en el Tribunal Constitucional (TC), incluido el de la Junta, la pregunta es ¿de qué ha servido la norma en Andalucía? El TC ya está abordando estas impugnaciones e irá resolviendo acerca de una ley de la que el presidente Juan Manuel Moreno decía en el último pleno: “Es un desastre. Es más caro ahora alquilar que comprar. Necesitamos más viviendas, para que consigamos que por cada demandante haya cinco disponibles”.

“La ley está destrozando el mercado. Por un alquiler a 700 euros en Fuengirola, te llegan 80 correos electrónicos en un día. Es desesperación, la gente te dice que por lo menos se lo dejes ver, que te pagan por adelantado. 'No fumo, no bebo, no tengo perro ni niños', hemos llegado a escuchar”, cuenta el presidente de BPI de Málaga, Ángel Sánchez, quien sondea a los asociados y todos coinciden en descensos de la oferta que van entre el 30% y el 90%, culpan parcialmente a la apuesta por las viviendas con fines turísticos y reniegan de la ley.

Tres conceptos clave no desarrollados

La realidad es que la ley estatal depende del desarrollo que hayan hecho de ellas las comunidades, competentes en la materia, y en Andalucía ha sido muy limitado. Uno de los conceptos que llegaba con esta ley era el mercado residencial tensionado, donde se limitaría la subida de los alquileres.

Las propias comunidades deben delimitar esas áreas, bastando para ello la concurrencia de que la carga media del coste del alquiler (también de la hipoteca) supere el 30% de la renta media de la familia o, alternativamente, que haya experimentado en los cinco años anteriores un crecimiento acumulado como mínimo del 3% del IPC del territorio. Sólo Cataluña ha hecho esta tarea. La Junta de Andalucía no ha publicado ese trabajo, aunque algunos grandes ayuntamientos, como el de Sevilla, sí tiene un mapa de barrios tensionados.

Otra de las figuras es la de los grandes tenedores: propietarios con al menos 10 viviendas (cinco, si están en áreas tensionadas) o más de 1.500 metros cuadrados. Tampoco se ha creado un registro, pero desde el Sindicato de Inquilinos calculan que son más de 20.000 caseros en Andalucía con estas condiciones, “sobre todo en Sevilla, Málaga y Granada”, que tendrían topado en un 3% el máximo que pueden subirle la renta a sus inquilinos pasada la prórroga vigente hasta 2024.

Desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) confirman que de las casi 199.000 viviendas en alquiler con depósito en la misma, prácticamente el 30% está en manos de propietarios con más de 50 (cinco veces más de lo fijado por la ley para ser considerado gran tenedor), en concreto, 58.997 inmuebles. El principal casero es la propia Junta de Andalucía, y le sigue Building Center, la gestora de inmuebles de Caixabank, que gestiona cerca de 8.000. Son los mayores caseros de Andalucía, seguidos por la empresa municipal de la vivienda de Sevilla (Emvisesa) y el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga. Los cinco suman 29.223 viviendas en alquiler. El resto (hasta esos 58.997) se lo reparten otros bancos.

Inquilino vulnerable

El tercer concepto es el de inquilino vulnerable: la persona que entre el alquiler y los suministros pague más del 30% de los ingresos de la unidad familiar, que además deben estar por debajo de ciertos límites (entre tres y cinco veces el IPREM, dependiendo de si hay hijos a cargo, mayores de 65 años o personas con discapacidad o dependencia).

La Junta de Andalucía alega que ya convocó en 2022 ayudas de alquiler, “en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual o sin hogar y otras especialmente vulnerables”. No ofrece datos de esta convocatoria, pero sí de las encauzadas a través de entidades del tercer sector. En concreto, tres convocatorias (2020, 2022 y 2023) que “han posibilitado vivienda a unos 3.000 andaluces”. La cuarta se abrió en abril. “La Junta ha sido pionera con estas ayudas, facilitando que estas personas que no disponen de los recursos e información suficientes para dirigirse a las administraciones puedan ver paliada su situación residencial a través de las ONG”, defienden desde el Gobierno del PP.

La voraz presión del turismo

En este contexto, un informe dado a conocer el pasado mes por el Banco de España revela que uno de cada 10 alquileres en España son VFT, pero la cifra se dispara en el centro de Marbella por encima del 60%, la más elevada de España, y supera la mitad en su periferia. Estudiada la proporción de VTF en el mercado del alquiler en las 25 mayores áreas urbanas, se detecta esta situación también en uno de cada cinco alquileres en el centro de Málaga, y más del 20% en el caso de periferia. Sevilla y Granada, con más del 15% en el caso de sus cascos históricos, también sobrepasan la media. Eso sí, hace notar el informe que en determinados puntos de Sevilla, la oferta de VTF es incluso 1,5 veces superior a los alquileres residenciales, como ya es conocido el caso del barrio de Santa Cruz.

De momento, Sevilla se ha adelantado para poner coto a las VFT. Emvisesa encargó su propio estudio de MRT. “Hay 26 barrios de la ciudad donde el esfuerzo de los hogares para alquilar una vivienda supera el 25% de los ingresos medios. (...). El Distrito Macarena es el que mayor número de barrios tiene afectados por este sobresfuerzo con un total de 12”, revela. Este estudio ha sido la base para convertirse en la primera ciudad de Andalucía en limitar las VFT en barrios saturados.

Lucas Carrasco, presidente de GICA (Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz), que también rechaza la ley, apunta que la falta de alquiler de larga duración se debe a varios factores, entre los que destacan “el incremento de la inversión en el vacacional y una demanda residencial muy alta que no se compensa con la disponibilidad actual de viviendas”. Otros factores que influyen en la decisión de los propietarios de optar por la VFT son “la percepción de desprotección frente a posibles casos de impago; los procesos judiciales, que pueden ser demasiado lentos y costosos; la complejidad de la gestión de arrendamientos a largo plazo; y preocupaciones sobre el mantenimiento de la propiedad”.

Esta organización está llevando a cabo “un calendario de reuniones con administraciones e instituciones públicas con competencias en la materia para solicitarles que se implementen políticas que se complementen y mejoren el acceso”. Relata que en los municipios turísticos de Cádiz, hay “múltiples ofertas de alquiler sobre un mismo inmueble en cuestión de horas tras su publicación”. Esto conduce a “un incremento notable en los precios, lo que pone de relieve la escasez de viviendas disponibles”. Barrios tradicionalmente residenciales se han convertido en turísticos, “lo que afecta la cohesión comunitaria y a los servicios destinados a los residentes”, lamenta.

Según datos del portal Idealista, líder en este campo, los alquileres de temporada siguen aumentando su relevancia en detrimento de los permanentes. En el primer trimestre de 2024, los primeros experimentaron una subida de más del 50% en la oferta, mientras que se redujo un 15% en el caso de los permanentes. Si de media en los anuncios publicados en la plataforma, los alquileres de VFT suponen más del 10% de su mercado, en ciudades como Cádiz, superan el 20% y en Málaga se acercan a un 15%. Entre los grandes mercados el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en Palma y Málaga, que cuentan con un 79% más que hace un año, seguidos por San Sebastián (77%) y Sevilla (74%). Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, apunta que “legislar de espaldas a los propietarios acaba destruyendo el mercado”. Sugiere que las medidas adoptadas han trasladado la oferta del alquiler permanente al de temporada.

Andalucía, la segunda donde más cuesta

La presencia de VTF dispara el precio, según el citado informe del Banco de España. Por ejemplo, el crecimiento acumulado de las rentas del alquiler por metro cuadrado entre 2015 y 2022 supera el 40% en siete municipios del país, tres de ellos andaluces: Estepona (por encima del 50%), Málaga y Torremolinos. Recordemos que según Eurostat, Andalucía es la región con más VTF de la UE, lo que calcula en función de las reservas en las plataformas de este servicio.

Ese mismo informe detecta que el porcentaje de hogares que dedican más de 40% de sus ingresos al alquiler supera la mitad en Andalucía, igual que en la Comunidad de Madrid, siendo los dos territorios con mayor sobreesfuerzo en este sentido.

Otra visión arroja Antonio Segura, presidente de Alianza (Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla): “Este producto prácticamente ya no entra en las agencias. El turismo será el culpable en el centro de la ciudad, pero también ocurre que hay menos rotación. Por ejemplo, quien alquiló hace tres años y ve cómo están yendo los precios, pues ya no se mueve”. En su opinión, la inseguridad jurídica no debe ser un temor “cuando se pone la vivienda en manos de un profesional”. Señala que hay veces que si anuncian una vivienda, “la tenemos que quitar a los dos horas para no tener problemas por el volumen de solicitudes”. Entiende que la solución “es desarrollo urbanístico y construir viviendas”.

Mirando los datos de la Agencia Tributaria, se observa que los ingresos procedentes del arrendamiento de inmuebles que son, desde 2015, los que tienen mayor peso sobre el total de las rentas del capital, crecieron un 14%. La recuperación de estas rentas fue especialmente intensa en 2022, observándose tanto en los arrendamientos de locales como en los de viviendas, según el informe anual de la Agencia Tributaria de 2023 . En 2013 las ganancias por inmuebles arrendados suponían 16.000 millones de euros en las rentas de los hogares. En 2023 rozaron los 30.000, por lo que en una década prácticamente se han duplicado. Pero en estos datos no se detalla cuántas son para alquiler residencial y cuántas VFT.

Se une a todo esto el fracaso del bono de alquiler joven, con una primera demanda colectiva interpuesta hace unas semanas por medio centenar de jóvenes contra la Junta de Andalucía por impagos después de haberse embarcado en un alquiler. En paralelo, se informa de que “se han reasignado” presupuestos de Huelva, Cádiz y Córdoba por insuficientes solicitudes en estas provincias. O cabría preguntarse también ¿no será por la imposibilidad de encontrar una vivienda en alquiler a precio asumible incluso con este incentivo?

El sector público de la Junta de Andalucía, contra el que hizo cruzada el PP en su primera legislatura de la mano de Ciudadanos, se le está atragantando en la segunda, pese a las puntuales fusiones de algunas entidades y a la factura que pagó en auditorías privadas para adelgazar lo que los populares en la oposición llamaban despectivamente “administración paralela”.

La previsión y optimización que, según el Gobierno de la Junta, iba a marcar la aprobación de un plan de reordenación del sector instrumental acumula ya tres años de retraso. Con esta dilación se incumple la disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos para 2019, que daba de plazo 12 meses para hacerlo, o sea, hasta mediados de 2020, como reiteradamente ha venido avisando la Cámara de Cuentas.

Primero fue la pandemia el motivo que ralentizó todo, pero para los posteriores retrasos no se han dado razones oficiales. Vox, el partido que sostuvo al primer Gobierno de Juan Manuel Moreno y comparte con el PP la crítica a la “administración paralela” y los “chiringuitos” de la Junta, es el que más ha preguntado a la Junta por esta “asignatura pendiente”, pero sin obtener respuesta ni plazos ni concreción.

Desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública confirman ahora a este medio que el compromiso es aprobarlo en “este periodo de sesiones”. En estos momentos, según el departamento de José Antonio Nieto, se están “diseñando los instrumentos de comunicación y negociación con todos los grupos de interés”, ha explicado el consejero a preguntas de la oposición.

Modelo de agencialización

¿Qué tendrá ese plan? La idea es, según las mismas fuentes, avanzar en lo que se define como un “modelo de agencialización del sector público con estructuras más autónomas, responsables y orientadas al servicio, que convivan con el contrapeso de las centralizadas de control transversal y eficiente”. 

Entretanto, se emprenden cambios en dicha estructura, pero sin esa estrategia, y con otros incumplimientos de plazos. Basten dos ejemplos. La renombrada Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade), que se creó para aglutinar cuatro entidades, dejó fuera, en el último momento, la más voluminosa, Andalucía Emprende, sin que se diera una explicación muy coherente.

Otro: en el primer trimestre de 2023 se aprobaron los estatutos de la citada Trade y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), creadas en 2021 y con el mandato de tener esta regulación en seis meses como máximo, y no en dos años.

El caso es que el anunciado plan de reordenación viene de esas auditorías a las que la Junta de Andalucía sometió su sector instrumental para diagnosticar su eficacia, eficiencia y economía. Los resultados de las mismas iban a ser tenidos en cuenta para la planificación de cara a una disminución generalizada de las entidades existentes y la adecuación de las que se mantengan o reestructuren.

El principal problema que se ha encontrado el Gobierno del PP es el frente laboral, dado que esos informes de las auditoras apostaban por eliminar entidades y reducir plantillas en las que en muchos casos hallaron duplicidades, cuando no sencillamente gente sin funciones ni tareas.

Se da la circunstancia de que este objetivo se ha emprendido a la vez que se tramita la Ley de Función Pública. Y en relación a esto ha sido muy crítico el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que ve en el proyecto de ley un “nuevo modelo más clientelar e instrumental”. De este modo, apuntan que si en la oposición el PP hablaba del personal de los entes instrumentales como “grasa y enchufados” lo que hace ahora es “potenciar los puestos a medida y primar el personal laboral sobre el funcionario” con la referida norma. 

Incumplimientos persistentes

Todo ello en un contexto en que la Cámara de Cuentas advierte en un reciente informe que ocho auditorías de fundaciones relativas al último ejercicio siguen estando firmadas por empresas privadas, cuando la ley establece que esta responsabilidad debe ser asumida por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

En el mismo informe, la Cámara de Cuentas aboga por la “extinción de los consorcios que se encuentran sin actividad y la modificación de los estatutos de los otros en los que la Junta de Andalucía tenga participación”.

Más problemas: “seis sociedades mercantiles incumplen el periodo medio de pago (PMP) previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2004”. Y, además, cinco de esas incumplen también el artículo 262.1 de la Ley de Sociedades de Capital, al no incluir en el informe de gestión la información requerida respecto al PMP. De todas formas, son menos que el año anterior. 

La sanidad privada sigue ganando peso en Andalucía, a costa de “los presupuestos de salud más elevados de la historia”, como defiende el Gobierno del PP. Y es que si crecen las partidas para la sanidad pública -como ocurre en prácticamente todas las comunidades autónomas y año a año, salvo contadas excepciones- también lo hacen las partidas destinadas a conciertos. Según el informe presentado este jueves por el Instituto para el Desarrollo y la Investigación de la Sanidad (IDIS), entre 2021 y 2022 el presupuesto para conciertos creció un 0,6% en Andalucía, sólo superada por la Comunidad de Madrid (0,7%), mientras que en la mayoría se redujo [ver gráfico más abajo].

De hecho, las partidas para conciertos han seguido incrementándose desde entonces, pasando de 558 millones de euros en 2023 a 579 en 2024. No obstante, fue entre 2021 y 2022, superada ya la pandemia, cuando más crecieron estas partidas: de 463 a 540 millones de euros.

La evolución, como se ha indicado, es al alza. elDiario.es Andalucía ya publicó que el presupuesto estimado por el Gobierno de Andalucía para reducir las listas de espera en la sanidad a través de contratos a dedo con clínicas privadas –sin publicidad ni concurrencia competitiva– es más del doble de lo previsto, hasta 275 millones de euros.

En cualquier caso, Andalucía sigue lejos de Cataluña, la de mayor porcentaje de gasto en conciertos sobre su total, con un 22,7%, cuatro veces y media más que Andalucía (4,4%), seguida de la Comunidad de Madrid y las Islas Canarias con un 12,4% y 7,2%, respectivamente. En el resto de las comunidades autónomas, el gasto en conciertos representa un 4,8% de media. ¿Y a qué se destina? En el caso de Andalucía, según el mismo informe, en 2024 más del 40% del presupuesto se va en contratos con instituciones privadas; y en segundo lugar, en transporte sanitario, en torno a un tercio; y servicios de diálisis, con cerca de un 14%.

En el conjunto del país, el gasto sanitario privado representa un 3,1% con respecto al PIB, siendo de los más altos de la Unión Europea, sólo superada España por Portugal (4,1%), Grecia (4%) y Malta (3,6), según el Sistema de Cuentas en Salud. En el extremo opuesto, Luxemburgo (0,8%).

Uno de cada cuatro andaluces tiene seguro privado

En medio del casi siempre cuestionado sistema público de salud, también continúa el auge de los seguros privados. Son ya 1.840.928 los andaluces que cuentan con póliza, con lo que se acercan a la cuarta parte del total. Entre 2018 -último año del PSOE en la Junta de Andalucía- y 2023 se ha registrado un incremento anual del 3,9 en número de asegurados y 6% en el volumen de primas. Destaca especialmente el boom de estos seguros privados con la coyuntura de la pandemia, dado que pasaron de tenerlos 1.670.742 andaluces en 2020 a contratarlos 1.756.661 en 2021.

El gasto sanitario público per cápita baja y sube el privado

En el mismo informe se ofrecen también estadísticas sobre el gasto sanitario per cápita, tanto público como privado. El peso del gasto sanitario per cápita se ha reducido porcentualmente en la sanidad pública entre 2021 y 2023, pasando de ser del 72,6% a un 72,2% el pasado año, mientras que en la sanidad privada ha crecido en el mismo periodo de un 27,4% a 27,8%.

Precisamente, el Ministerio de Sanidad acaba de publicar sus estadísticas de gasto sanitario público per cápita, si bien son datos correspondientes a 2022 porque siempre arrastra la espera de las liquidaciones de las comunidades autónomas para este cálculo. En ese informe, Andalucía sigue a la cola, con 1.533 euros por habitantes (la media son 1.769). En 2021 fueron 1.486, por lo que sigue un crecimiento anual muy alejado de la cifra de 2020, cuando con motivo del coronavirus todas las comunidades autónomas inyectaron grandes partidas a la sanidad.

En este contexto, la fundación IDIS destaca también que el sector sanitario privado cuenta en Andalucía con más de la mitad de los hospitales, con un total de 59, aunque por sus menores dimensiones representan la cuarta parte de todas las camas disponibles, en concreto, 5.643. En los mismos se lleva a cabo ya casi el 45% de las intervenciones quirúrgicas.

“El papel del sistema sanitario privado es obvio, como queda demostrado en este informe. El público y el privado son vasos comunicantes entre sí, por lo que si a uno le va mal al otro también, y viceversa. En este sentido, reivindicamos aprovechar las sinergias y recursos de ambos según se puedan necesitar para tener un sistema más accesible, más resiliente y más robusto que permita dar servicio a los pacientes”, ha dicho el presidente de la fundación, Juan Abarca.

Las mujeres de menos de 50 años siguen sin recibir citas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para mamografías preventivas, pese a que fue una promesa del presidente de la Junta y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, en la última campaña electoral, a solo tres días de votar en las urnas. Posteriormente, pasados los comicios, la Consejería de Salud y Consumo informó de que el compromiso de empezar a citar a las de 47, 48 y 49 años se materializaría en el segundo trimestre de 2023, con una inversión de 11 millones de euros al año.

Ha empezado el segundo trimestre de 2024 y desde la Junta de Andalucía reconocen que todavía no se las ha convocado. Lo atribuyen a que “ha habido que hacer una adaptación de los sistemas informáticos y de gestión de pruebas diagnósticas y también de instalación de nuevos equipos (para mamografía por tomosíntesis) para poder dar una respuesta fiable al nuevo perfil de las mujeres, más jóvenes, que van a beneficiarse del cribado”.

Hasta hace unos meses el SAS ofrecía este servicio entre los 50 y los 69 años, y recientemente lo amplió a los 70 y 71, con el compromiso también de llegar hasta los 75. Sin embargo, para las más jóvenes ya no da fechas y la respuesta oficial es que será “próximamente”. Remiten a unas declaraciones de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que el pasado mes de febrero defendía que estas pruebas son “la mejor apuesta para el diagnóstico precoz y tratamiento de la enfermedad y, por supuesto, por la sanidad pública”.

La promesa de Moreno en junio de 2022 era una respuesta también a la izquierda que le reprocha recortar derechos en la sanidad pública. “La mejor política es un diagnóstico precoz”, defendió. Pero con casi media legislatura consumida, de momento sólo se ha ampliado a dos de las cinco franjas de edad prometidas, que suman, según cálculos de la Junta de Andalucía, unas 301.300 andaluzas.

Una franja de edad con incidencia creciente

“No se sabe por qué, pero la incidencia está aumentando en las jóvenes”, apunta el coordinador de la Unidad de Cáncer de Mama del Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, quien recalca que todavía no hay estudios concluyentes sobre esto pero que los datos sí lo corroboran. Por ello, aplaude que se amplíen las franjas de edad para el cribado.

El también vocal de Geicam, el grupo de investigación de cáncer de mama líder en España, explica que “en paralelo se está trabajando con otros avances que tienen que ver con nuevas técnicas radiológicas, integrando incluso la inteligencia artificial en el diagnóstico, y también intentando identificar grupos de riesgo en mujeres que por su situación familiar o por determinadas características de sus mamas requieren de tratamiento de diagnóstico precoz”.

La oncóloga Ana Casas, impulsora de la Fundación Actitud frente al Cáncer, lleva tiempo advirtiendo de la incidencia cada vez mayor entre mujeres jóvenes

La oncóloga Ana Casas lleva también tiempo advirtiendo de la incidencia cada vez mayor entre jóvenes. Afectada en su día ella misma por esta enfermedad, es la impulsora de la Fundación Actitud frente al Cáncer y encabeza el estudio piloto 'Profundizar en el patient journey del cáncer de mama' junto a tres profesionales más. El estudio “describe toda la trayectoria de la paciente tanto desde el punto de vista clínico y asistencial como emocional”. Casas insiste en la necesidad de “educar a las jóvenes en la importancia del diagnóstico precoz” porque “la edad de máxima incidencia se presenta en la franja de los 45-65 años, pero aproximadamente un 10% se diagnostica en menores de 40 años”.

Ángela Claverol, presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), hace una llamada de atención: “Después de más de 25 años de voluntariado, tenemos una clara visión del día a día de esta enfermedad y vemos que se ha dado un incremento bestial entre las jóvenes. Hay que tener en cuenta, y es lo más importante, que cuanto más jóvenes, más peligroso, por la regeneración de células”.

En la propia asociación asegura que tienen “más jóvenes que mayores”, y habla incluso de mujeres en la treintena, por lo que urge que se amplíen las franjas de edad. En su opinión, en la Junta de Andalucía “se ponen la medalla con un anuncio, pero cuando lo llevan a cabo han pasado cinco años”. También critica “el retraso en pruebas y revisiones de las ya diagnosticadas” porque “no están cumpliendo ningún plazo”, tal y como quedó “en evidencia en el último pleno del Parlamento de Andalucía”.

De acuerdo con el nuevo plan de recomendaciones de la Comisión Europea, y en línea con las evidencias de la Red Nacional Integral del Cáncer (NCCN), la Sociedad Española de Radiología Médica también apuesta por bajar la edad del cribado a los 40 años. Básicamente porque diversos estudios han demostrado el impacto del diagnóstico precoz y a supervivencia en este tipo de tumores.

Cada año se diagnostican en Andalucía alrededor de 4.900 casos nuevos de cáncer de mama, el tumor más frecuente en la mujer en todos los países occidentales, y en el caso de esta comunidad autónoma el de mayor incidencia, con en torno a un 30% de todos los que se detectan cada año

Servicio parcialmente externalizado

Desde 2022, buena parte de estas pruebas se hacen con las unidades móviles mediante un contrato de servicio que se adjudicó a la empresa Centro de Diagnóstico de Granada por 4,5 millones de euros y que el pasado año fue prorrogado.

Cada año se diagnostican en Andalucía alrededor de 4.900 casos nuevos de cáncer de mama, el tumor más frecuente en la mujer en todos los países occidentales, y en el caso de esta comunidad autónoma el de mayor incidencia, con en torno a un 30% de todos los que se detectan cada año. 

Desde el propio SAS admiten que la detección temprana a través de la realización de mamografías, que suelen ser bianuales, permite mejorar el pronóstico de la enfermedad y aplicar a las afectadas tratamientos menos agresivos, “gracias a un abordaje integral e individualizado de los equipos profesionales”.

De momento, tras esa ampliación de hace un año del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, incluyendo a las mujeres de 70 y 71 años, se ha fijado la población diana desde los 50 hasta esa edad. Desde 2021, 1.081.824 mujeres han participado en este cribado, que ha permitido diagnosticar en estos tres años 3.708 cánceres (1.355 en 2023), según los últimos datos aportados por la Junta de Andalucía.

La Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), que cada año publica las estimaciones en todos los tipos de cánceres junto con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), recoge que en las últimas décadas el número absoluto de cánceres diagnosticados en España ha crecido a causa del aumento demográfico, el envejecimiento de la población, la exposición a factores de riesgo y en algunos tipos, como el colorrectal y los de mama, cérvix o próstata, el aumento de la detección precoz. Si en 2020 la tasa del cáncer de mama cada 100.000 personas era de 126 casos, en 2022 -última estimación que ofrecen- se elevó a 144.

Una muestra de los 17.518 contratos de emergencia firmados en 2020 por un total superior a los 980 millones de euros, el 90% a cargo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para compra de material sanitario, es objeto de una fiscalización que la Cámara de Cuentas ultima en plena polémica por presuntas irregularidades en la gestión de estos fondos públicos que ya han saltado en otras comunidades autónomas.

Bajo la lupa de los auditores cuatro años después de la pandemia de la covid-19, el resultado estará en unos meses y, junto a otro informe en marcha sobre geriátricos y centros de días para mayores y personas con discapacidad, supondrá la culminación de las tareas de la Cámara de Cuentas del periodo marcado por el coronavirus. Previamente, se han auditado subvenciones a la cultura, con “conformidad en todos los aspectos significativos”, y la contratación de personal, donde el órgano fiscalizador ya censuró la elevada rotación.

De hecho, igual que la de años previos, la gestión de 2021 ha sido fiscalizada, pero la de 2020 sigue siendo una incógnita, cuando la contratación de emergencia es una fórmula que exige menos controles y que se generalizó en Andalucía a través de varios decretos cuya vigencia se extendió hasta bien entrado 2022, y que incluso se usó cuando ya habían sido derogados, como reveló este medio.

En este sentido, los de 2021 sí fueron objeto de estudio por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que en el caso de Andalucía los elevó a más de de medio millar por casi 670 millones de euros, siendo la comunidad autónoma con más contratos de emergencia, en los que no se aplican los principios de libertad de acceso a las licitaciones, transparencia y publicidad.

Mientras, en 2018 y 2019, ejercicios fiscalizados conjuntamente por la Cámara de Cuentas, sumaron 182 por un importe de 86,9 millones de euros, la mayoría para carreteras por efectos de fenómenos atmosféricos. Eso sí, entonces, ya se advertía que, casi en el 40% de los expedientes fiscalizados, la tramitación de emergencia se había empleado para cubrir necesidades que podrían ser consideradas urgentes, pero que no se acreditaban suficientemente los demás supuestos excepcionales exigidos por la ley.

El caso es que la fiscalización del año del estado de alarma se produce también en un contexto en el que el PSOE ha visto rechazada su petición de una comisión de investigación por los contratos de emergencia desde 2020 hasta hoy, y cuando ha trascendido que la Junta de Andalucía pagó hace cuatro años algo más de 1,1 millones de euros por mascarillas a la empresa que abonó comisiones a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Desde el PP-A opinan que “no tiene sentido” y que los socialistas pretenden correr una “cortina humo que tape el caso Koldo”, en palabras de Toni Martín, portavoz parlamentario de los populares. No es la primera vez que se pide: la legislatura pasada lo hizo el grupo Adelante Andalucía para los contratos de emergencia entre 2020 y 2022, y no prosperó. 

¿Qué adjudicaciones directas incluye?

Entre los contratos de emergencia más elevados ese año, la adjudicación directa de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS en las distintas provincias, “afectados por la suspensión de una intervención quirúrgica derivada de la pandemia”, con un total de más de 30 millones de euros. También, la adquisición de equipos de protección individual (EPI), con destino a los centros sanitarios, por 117.414.221,79 euros, suministros de equipamiento médico para la contingencia en Sevilla por más de 28 millones de euros y analíticas PCR por 21.206.293,31.

En estos momentos en periodo de alegaciones, según aclara el presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, el informe de 2020 va especialmente lento en Andalucía. Por comparar: en el caso de la Comunidad de Madrid, su Cámara de Cuentas avaló los contratos de emergencia de 2020 hace más de dos años, incluido el que supuso cuantiosas comisiones para el hermano de la presidenta por la compra de mascarillas.

Ese año en la Comunidad de Madrid, también por comparar, fueron 4.448 contrataciones de este tipo por 943,4 millones de euros, cifras que muestran cómo en Andalucía se multiplicaron los de menor cuantía. De hecho, desde la Cámara de Cuentas destacan, en sus consideraciones previas, “el ingente volumen de contratación menor y el uso tan generalizado de esta figura”. En 2020 supusieron casi el 90% del total de los adjudicados, y su importe, el 7,50% de lo comprometido ese ejercicio. También llama la atención la cifra de contratos por menos de 5.000 euros “que podrían haberse tramitado por el procedimiento de anticipo de caja fija u otro sistema similar que permiten priorizar sin necesidad de la contratación de emergencia”.

Desde la Junta de Andalucía replican que la pandemia exigía “la disponibilidad de EPI, productos sanitarios e infraestructuras hospitalarias y otros suministros con una urgencia extrema”, por lo que se generalizó ese régimen previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y donde no se aplican los trámites ordinarios.

Las dudas que genera

Sin embargo, como reconoce la propia Cámara de Cuentas en sucesivos informes, es un sistema “expuesto a malas prácticas” y también coladero para un “uso irregular de fondos públicos”. De todas formas, la Cámara de Cuentas no tiene función sancionadora: el objetivo de la fiscalización en curso es comprobar que se ha cumplido la obligación de remitir la información exigida sobre estos contratos; verificar que se ha dado a conocer el volumen total; y que los mismos se ajustan a los “supuestos, condiciones y límites que justifican este tipo de tramitación”. El informe englobará tanto a las consejerías como a las agencias administrativas (como es el caso del SAS), agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del sector público.

Todo ello porque más allá de la tormenta política, en muchas ocasiones, la tramitación de emergencia se usa para cubrir necesidades en las que no se acredita que hayan surgido “de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o que afecten a la defensa nacional”, como recogen los supuestos del citado artículo 120. Otras veces, no se justifica lo suficiente que no sea posible remediar los daños usando otros procedimientos menos restrictivos de la concurrencia, tales como la tramitación abreviada. Y otras, su uso responde más a la carencia de una diligente planificación o programación.

“Debo reconocer que ha sido todo un desafío, ya que nos hemos enfrentado a una situación desconocida, que significó una profunda transformación en el funcionamiento y gestión de las administraciones, con elevado grado de incertidumbre y complejidad, y con un gran impacto en la gestión de los gastos e ingresos públicos. Todo ello ha constituido un reto para las instituciones fiscalizadoras, ya que en ese contexto las funciones de control han ganado relevancia”, apunta en declaraciones a eldiarioand Manuel Alejandro Cardenete, que firmará con este un primer informe de los que más interés generan para cualquier labor de oposición.

El catedrático indica la pandemia “es un asunto que ha ocupado y preocupado” a la ciudadanía. “Nuestra institución tenía la obligación de entrar a valorar la gestión de esta crisis, y lo ha hecho desde enfoques muy diferentes para poder abarcar los máximos aspectos posibles de la complicada gestión de esta inusual situación”, insiste.

Sobre posibles incompatibilidades por el hecho de que presida esta institución después de haber sido consejero de Educación y Deporte, dice que ha pasado “sobradamente” más de un año desde la gestión y la fiscalización. Recalca que si fuera un tema que estuviera vinculado como su periodo como consejero, se “abstendría, pero también subraya que son más de 1.700 las instituciones que fiscaliza la Cámara de Cuentas, por lo que ve una probabilidad mínima de que esa circunstancia afecte a su tarea.

En apenas dos días hemos visto el derroche de triunfalismo en el acto del 28F del 'Andalusian Crush' –la campaña del Gobierno andaluz para potenciar el turismo internacional– y, a la vez, los datos que revelaban un notable incremento del riesgo de pobreza y exclusión social en la comunidad autónoma. La Junta de Andalucía se apresuró a matizar que, siendo malos los datos de 2023, si se miraba desde la llegada de Juan Manuel Moreno a la presidencia, en 2019, había un descenso “significativo”. Hechos los cálculos, apenas hay una diferencia de -0,1% en este periodo.

En concreto, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023, la tasa AROPE ('At Risk Of Poverty and/or Exclusion' en inglés) ha sido del 37,6% en Andalucía frente a 36% en 2022. El portavoz del Gobierno de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, salió al paso del crítico análisis de la oposición y los agentes sociales y expresó que la tasa de pobreza y exclusión social, en términos nacionales, “ha crecido (...) mientras que la de Andalucía ha descendido, y además de manera significativa” desde que el PP gobierna. Cierto es que en el conjunto de España ha crecido, si se miran 2019 y 2023 (de 25,3% a 26,9%). Pero los datos andaluces apenas varían entre esos dos años: 37,7% (2019) y 37,6% (2023).

Otro punto importante: en 2019, el índice de pobreza en Andalucía se asimilaba al de Extremadura, y era ampliamente superada por Ceuta y Melilla. En 2023 solo Ceuta presenta peores indicadores que Andalucía. El empeoramiento de esta comunidad se produce sobre todo por el incremento en el nivel de carencia material severa (uno de los incluidos en el AROPE): dos puntos por encima de la media comparado con 2019, cuando ocupaba el quinto peor puesto, por detrás de Melilla, Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta.

“Los datos, indican que, a pesar de que las variables macroeconómicas de España y Andalucía puede parecer positivas y mostrar una mejora, no se ha conseguido aún resolver los problemas experimentados por una parte importante de la población. Por lo tanto, la valoración general no es en absoluto positiva ni en España, ni por supuesto en Andalucía”, asevera María del Carmen López Martín, profesora titular del Departamento de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía.

Más carencia material severa

Es una de las habituales de los informes del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía y recuerda que la tasa AROPE se basa en una serie de parámetros. “En concreto, se incluye a la población que está al menos en alguna de estas tres situaciones: en riesgo de pobreza, en carencia material severa (carecen de al menos cuatro conceptos de una lista de nueve) y hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo”.

En el conjunto del país, se puede apreciar que el aumento de esta tasa en 2023 (tomando como referencia los ingresos de 2022) se debe al crecimiento de la población en carencia material severa, ya que tanto la que está en riesgo de pobreza (medida por su nivel de ingresos) como con baja intensidad en el empleo experimentan una ligera disminución. “Sin embargo, en Andalucía se aprecia que aumenta tanto la población en riesgo de pobreza como la que se encuentra en carencia material severa, mientras que el único dato positivo es el relativo al empleo que, si bien está por encima del dato nacional, disminuye respecto al valor de 2022”, recalca.

En su opinión, “es evidente que en nuestro país hay grandes diferencias entre comunidades autónomas que muestran, por distintas causas, algunas de carácter histórico, una situación muy dispar”. Por este motivo, “los esfuerzos llevados a cabo desde cada uno de los ámbitos territoriales no son suficientes ya que es hasta cierto punto 'normal' que desde cada territorio se busque mejorar las condiciones de vida de sus propios ciudadanos”. En esta línea, prosigue: “Si nos fijamos en este aspecto parece claro que, a esos esfuerzos individuales, debe unirse una política de ámbito suprarregional (o nacional) que trate de disminuir las desigualdades entre las distintas regiones, en un sentido similar, por ejemplo, al que tiene la Unión Europea cuando trata de apoyar a los territorios más desfavorecidos”.

Por su parte, desde Save The Children destacan especialmente cómo afecta esto a los menores de 18 años: un 29,2% en Andalucía, “casi uno de cada tres”, y 28,9% en la media nacional. “La tasa de pobreza severa infantil ha aumentado en Andalucía 1,17 puntos con respecto a 2022, afectando a más de 250.000 niños”. Irene Santos, portavoz de la organización en Andalucía, apunta que, tras el impacto de la pandemia y la inflación, los índices de pobreza infantil en la comunidad autónoma “siguen siendo inasumibles”.

Igual que hacía el portavoz de la Junta de Andalucía, el también popular Toni Martín defendía que se está “en la senda para disminuir el nivel de población en riesgo de pobreza en Andalucía”, que se ha “reducido” en casi seis puntos en los últimos cinco años. Sin embargo, según el INE, en 2019 era del 31,3% y en 2023, del 30,5%. El portavoz parlamentario de los populares hacía un símil con el baloncesto: “Cuando uno va perdiendo por 30 puntos, para vencer, primero tiene que reducir esa distancia a 20, después a 10, después empatar y después intentar ganar el partido”. Pero hay otro factor importante, como si hablamos de baloncesto o de una carrera: los demás no se detienen.

En busca de soluciones

María del Carmen López Martín entiende que para poder ofrecer soluciones, el primer paso es conocer las causas de los problemas. “Desde un punto de vista general, podemos pensar que el negativo dato de la tasa AROPE en el último año puede estar relacionado con la elevada inflación. Ha aumentado las dificultades de las familias, por lo que cabe esperar que si la situación económica y el mercado de trabajo siguen mejorando, y además se corrige la inflación, en parte estas dificultades pueden minorarse. Pero evidentemente, y sin ánimo de exhaustividad, podemos indicar que además deben llevarse a cabo medidas encaminadas a ayudar a los colectivos más vulnerables, fortaleciendo los sistemas de protección y haciéndolos más eficaces”.

Tampoco deben olvidarse, insiste, las propuestas encaminadas a mejorar la situación en el mercado de trabajo. “No sólo para disminuir la tasa de desempleo, sino también para mejorar las condiciones de las personas ocupadas, disminuyendo la precariedad y subiendo sus ingresos”, subraya.

Finalmente, remarca que debe tenerse en cuenta que “las desigualdades no sólo están presentes dentro de cada comunidad autónoma, sino también entre las diferentes regiones”. Por ello, “sería positivo que se acometieran también desde un ámbito suprarregional buscando que se reduzcan las diferencias entre territorios, considerando también la solidaridad como un valor que contribuye a la mayor igualdad”.