Que el coronavirus tiene un impacto mayor sobre las mujeres es una evidencia que ha puesto de manifiesto ONU Mujeres en su informeCovid-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis. Aprendiendo de crisis sanitarias o económicas anteriores, en el informe se piden datos desagregados por sexo y análisis de género, incluyendo tasas diferenciadas de infección, impactos económicos y en la carga de cuidado diferenciados, barreras de acceso de mujeres e incidencia de violencias machistas.

1. Para empezar, sabemos que en momentos de crisis crece el tamaño de la economía informal y doméstica frente a la economía formal o de mercado, lo que afecta especialmente a las mujeres.

2. Ellas están expuestas, además, a mayores cotas de precarización (menores tasas de actividad, mayores tasas de temporalidad y subempleo y una brecha salarial de hasta el 16% en toda Europa) por lo que sufren con más intensidad las medidas de contención. Por ejemplo, en España, las empresas no están incluyendo a los trabajadores temporales en los ERTE, de modo que puedan cobrar el paro sin haber cotizado y sin consumir su derecho a prestación por desempleo. Las mujeres asalariadas que tienen un contrato temporal son el 49,06% de los asalariados con contrato temporal y aunque hay más hombres que mujeres con contrato temporal, la incidencia de la temporalidad entre ellas es claramente mayor.

3. Las mujeres están en la primera línea de lucha contra el virus; un ejército invisible que neutraliza daños utilizando el cuidado como única herramienta. El cuidado en su dimensión física, emocional y relacional que es el único que permite que la vida salga adelante cuando está literalmente amenazada.

El 86% del personal de enfermería, incluidas gerocultoras y auxiliares de geriatría en centros de día y residencias de personas mayores, son mujeres. También lo son el 71% del personal de farmacia, el 93% del personal de limpieza, el 84% de las cajeras de supermercados, y el 88% de las empleadas de hogar.

En todos estos sectores hay precariedad y en todos se exige presencia física, esto es, dadas las circunstancias, asunción de riesgos; en ninguno se puede teletrabajar ni reducir jornadas que mermen los ingresos.

La sobrecarga de trabajo, la falta de protección y el abandono al que se han visto sometidas las trabajadoras de residencias de mayores, por ejemplo, ha sido y es todavía pavoroso.

Buena parte de las medidas sociales del Gobierno se han dirigido a reforzar este tipo de servicios, pero aún hay que mejorar, en el corto plazo, el acceso de las trabajadoras a la información y a los equipos de protección personal. Y en el medio plazo, revertir la privatización de estos servicios que permite a fondos de inversión y grandes grupos hacer caja a costa del dinero público, de las trabajadoras y de las personas mayores.

El caso de las empleadas de hogar es, a estos efectos, paradigmático porque quedaron excluidas del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, y se han visto forzadas a crear cajas de resistencia frente a la ausencia de ayudas.

Hay 580.500 personas en la rama de actividad de hogares como empleadores (INE, Diciembre 2019), de las que 319.000 están dadas de alta en el Sistema Especial de Seguridad Social de empleadas de hogar. Así que una buena parte de estas mujeres se mueven en la economía sumergida, tienen varios contratos al año, atienden un sinfín de urgencias de variado tipo, sin horarios fijos, no tienen papeles o padecen graves limitaciones para su autocuidado y los cuidados familiares.

Muchas cuidan de personas ancianas y pierden sus trabajos cuando mueren, de manera que serán multitud los empleos que se perderán por los fallecimientos del coronavirus. Cuando esto suceda, estas empleadas solo cobrarán un mes de indemnización y no tendrán prestación por desempleo. Y eso que su actividad supone un ahorro enorme para el sistema de servicios sociales (el costo de los puestos de trabajo que deberían sustituirlas en el SAD, en los centros de día y en las residencias).

Con el coronavirus, además, estando los empleadores en casa o por miedo al contagio, las empleadas de hogar estarán totalmente desprotegidas frente a la suspensión de sus contratos o la reducción de sus jornadas. Es cierto que el Gobierno está estudiando una solución temporal para ellas, pero, lamentablemente, se siguen quedando fuera las más de 200.000 que carecen de contratos y no cotizan. Dado que deberíamos haber ratificado el Convenio 189 de la OIT, para igualarlas en derechos, y no lo hicimos, ahora necesitaríamos ir mucho más lejos y aprobar una renta que les permita acceder a un mínimo de protección sin dejar a ninguna atrás.

4. El riesgo de pobreza de las familias monoparentales (82%) es muy alto y más de la mitad de esas familias se encuentran excluidas del mercado laboral o en riesgo de pobreza extrema.

El Gobierno ha planteado algunas medidas para los hogares monoparentales: el derecho de todos los trabajadores de reorganizar o reducir su jornada laboral (el 100% si es para cuidar familiares hasta el segundo grado) ante el cierre de colegios y servicios sociales, el refuerzo de los servicios de respiro a personas cuidadoras, y medidas de conciliación para aquellas familias –especialmente monoparentales– que cuenten con bajos ingresos.

A esto habría que añadir permisos retribuidos para que las reducciones de jornada no mermen sus ingresos y medidas de apoyo específicas cuando realizan trabajos remunerados imprescindibles para hacer frente a la crisis: cajeras, reponedoras, enfermeras, médicas o empleadas de servicios sociales, por ejemplo. Todo esto, claro, además de suspender temporalmente el pago de hipotecas, alquileres y servicios esenciales.

Como señala la ONU, la recomendación de teletrabajar no puede generalizarse asumiendo que será perfectamente compatible con el cuidado de los menores, invisibilizando una tarea de la que deben ser corresponsables las administraciones, las empresas y las familias.

5. Aunque son las mujeres las que cuidan, son ellas también las que sufren más la soledad, el aislamiento y la falta de cuidados. De las 4,7 millones de personas que viven solas en España (Encuesta continua de Hogares del INE, 2019), el 43% son mayores de 65 años y, de ese porcentaje, casi el 72% son mujeres. Mujeres que cobran las pensiones no contributivas y que están por debajo del umbral de la pobreza (70%).

Habría que considerar que, para estos casos, en plena crisis, se han revelado imprescindibles las redes de cuidado vecinales; formas de autoorganización y autogestión que merecerían el apoyo de las instituciones.

De hecho, ONU Mujeres ha pedido que se fortalezcan las organizaciones de mujeres a nivel comunitario para garantizar que los mensajes sobre estrategias de prevención y respuesta puedan llegar a todas, y que se aumente su capacidad para desarrollar estrategias, aprovechar canales alternativos de comunicación y mejorar la identificación y el apoyo en casos de violencia machista.

Y es que “en contexto de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar” y aumenta también el aislamiento de las mujeres. Las personas sobrevivientes “pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pueden salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena”. Uno de esos servicios es, precisamente, el sanitario que ha servido como canal de prevención e intervención y del que ahora las víctimas no pueden disponer. La ONU subraya, además, que “el impacto económico de la pandemia puede generar barreras adicionales para dejar a una pareja violenta, así como mayor riesgo de explotación sexual2.

En fin, aunque el Gobierno en España está escuchando a las mujeres como no lo había hecho en décadas, aún nos hace falta un nuevo paquete de medidas sociales con el que enfrentar las urgencias específicas que sufren a diario.

Las mujeres tienen que formar parte, además, de la definición de ese paquete y de los equipos que articulan los protocolos de intervención, para que no se obvie el impacto diferencial que marcan los roles de género. Y en esos equipos no pueden faltar las voces de quienes ponen el cuerpo todos los días: las trabajadoras del sector sanitario, las trabajadoras domésticas, las del sector informal, y las mujeres migrantes y refugiadas a las que hay que asegurar el acceso a los servicios de salud, empleo, alimentación e información, prestando especial atención a quienes pueden ser objeto de trata con fines de explotación laboral y/o sexual.

Por fortuna la agenda feminista ha llegado para quedarse y lo que nos exige ahora es que revirtamos integralmente el marco en el que nos veníamos moviendo empezando por cuidar de quienes nos cuidan y nos han cuidado, y asegurando la dimensión de género en todas las respuestas que estamos dispuestos a dar.

“Necesitamos ayuda, por favor. Nos están matando. La prensa no está llegando”.

Las voces y los rostros de las mujeres originarias bolivianas en resistencia contra el golpe de Estado llegan a todos los rincones del mundo. Ellas están siendo las protagonistas indiscutibles que vehiculizan la narración verbal y emocional del terror que se ha instalado en Bolivia.

Mujeres que en los últimos 14 años de gobierno del MAS se han empoderado y han realizado un ejercicio extraordinario de dignidad, de recuperación de sus derechos y de su identidad, y que ahora saben que se lo juegan todo. Saben que si ganan los golpistas, volverán a ser piezas descartables, simples desechos de ese proceso de despojo que llevan impreso en su memoria genética.

El golpe boliviano no ha sido una reacción espontánea, ni el resultado de un levantamiento ciudadano aprovechado por la extrema derecha. Nadie niega que el malestar con el gobierno de Evo Morales llegaba ya a amplias capas de la población, por eso las elecciones se ganaron con un 47,08% de los votos, pero es innegable también que este movimiento ha obedecido a un móvil geopolítico cuidadosamente estudiado. Roto el equilibrio en el cono sur latinanoamericano con la victoria de Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, y la rebelión ciudadana masiva en Ecuador y Chile, que han colocado a Lenin Moreno y Sebastián Piñeira al borde del abismo, Bolivia necesitaba ser “recuperada” a fin de mejorar las condiciones rentables del capital multinacional extractivo en un momento de crisis ecológica global.

Bolivia tiene 9 millones de toneladas de litio que aún no se han extraído comercialmente, la segunda cantidad más grande del mundo. Y el litio es considerado hoy el mineral del futuro, esencial para el desarrollo tecnológico y la industria automovilística.

“Ellos no son los únicos ciudadanos. Nunca más humillación y arrodillarnos ante las transnacionales que nos han humillado hasta hoy”. Gritan las mujeres nativas.

La violencia política en Bolivia se ha anclado en discursos propios del fundamentalismo religioso y en un fanatismo misógino militante que promete “devolver a Dios al Palacio del Gobierno” y recuperar el control sobre las mujeres a través de la preservación de la familia y de la nación. Resulta espeluznante que el nuevo ministro de la Presidencia sea el abogado de la “manada boliviana”, que drogó y violó a una chica de 15 años hace apenas unos meses provocando una ola de indignación ciudadana. Un prohombre conocido por sus arremetidas contra el movimiento feminista o la despenalización del aborto en un contexto internacional de guerra femicida.

Y hay que decir más. Porque este terrorismo paraestatal, liderado por grupos cívicos armados, policías amotinados, militares, grupos políticos opositores, terratenientes y fundamentalistas religiosos, privatizado y aparentemente informal, se ha inscrito, de manera específica y selectiva, en el cuerpo de las mujeres originarias. Guardianas de los recursos naturales y de las prácticas comunitarias; defensoras de los comunes, ancladas a la tierra y a la defensa del territorio.

Saqueos e incendios de las casas de lideresas sociales, discrecionalidad policial, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y violencia sexual contra las mujeres indígenas, representantes públicas y activistas del MAS. De hecho, este antifeminismo colonial y racista, como denuncia Sandra Cossío, comunicadora popular e integrante de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, se ha articulado como un ataque sistemático contra la totalidad de las “indias”; como un escarmiento disciplinante frente a su secular resistencia.

“¡Las mujeres estamos en pie! Quizá algunos no conozcan esta mi bandera, la Whipala. Esta bandera no es del MAS, ni de ningún partido político ¡Es de nuestros indígenas que no han luchado 20 días! ¡Han luchado años, décadas por la libertad de los pueblos indígenas originarios! ¡No es con perdón que se soluciona esto!”.

Ninguna feminista boliviana duda hoy de que el potencial triunfo del golpe va a suponer un retroceso absoluto en los derechos logrados por estas mujeres y por los pueblos indígenas originarios.

“El fascismo no escucha – dicen - El fascismo no retrocede. El fascismo elimina. Con las humillaciones están tratando de eliminar nuestras luchas. Las convocamos a denunciar esto, y a construir un feminismo que sea comunitario, popular, piquetero, desde estos territorios, que no esté más allá del bien y del mal, que no sea funcional a la derecha finalmente”.

Nos convocan para que seamos fieles a nuestra genealogía, para que reconozcamos la deuda histórica y de vínculo, la deuda social, ecológica y feminista que tenemos contraída con este feminismo y con quienes han puesto el cuerpo durante décadas para sostenerlo.

“Esto es un golpe. Necesitamos que lo digan. Necesitamos que compartan nuestra indignación, nuestro dolor, y que compartan también nuestro miedo”. Y ese es el dolor que queremos compartir; la razón por la que estamos aquí. Porque no cabe ni connivencia ni equidistancia con esta derecha femicida.

Hace unas pocas semanas el Gobierno Vasco publicaba en su página web unas tablas estadísticas que dan cuenta del alcance de la pobreza y de las desigualdades sociales en la Euskadi de 2018. Estas tablas pertenecen a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales que elabora bianualmente y publica en forma de informe de resultados.

Ciertamente, los datos son alarmantes. Nunca ha habido tantas personas pobres y en riesgo de pobreza en Euskadi. Son los peores datos del último decenio. Los resumía con acierto Ander Rodríguez, buen conocedor y analista de las políticas sociales vascas: desde 2008 se extiende la precariedad, se incrementa la desigualdad, crece la pobreza y se empobrece la pobreza porque no sólo la que era ya pobre no sale de ella, sino que aún lo es más de lo que lo era entonces.

En todos los indicadores de la serie temporal, la situación empeora manifiestamente si eres mujer y, especialmente, si encabezas un hogar monoparental. En sólo diez años, la pobreza real ha pasado de concentrarse en el 34% de los hogares monoparentales encabezados por una mujer, a hacerlo en el 50,6% de ellos. Según los datos de Eurostat, los hogares con menores a cargo liderados por mujeres no han dejado de aumentar en las últimas décadas en detrimento de la familia nuclear tradicional. Así que la situación para nosotras empieza a adquirir tintes de emergencia social. Por resumirlo: hoy hay más mujeres vascas que viven peor que hace diez años y todo indica que cada vez serán más.

El repunte en la temporalidad de los contratos advertida recientemente por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), las jornadas parciales que afectan al 75% de las mujeres empleadas en Euskadi y que apenas han mejorado en la última década según los estudios publicados por Emakunde, las brechas de género en materia salarial y de pensiones, entre otras, son algunas de las razones que se ocultan tras este empobrecimiento generalizado.

¿Qué les dice el Gobierno Vasco a los viejos y nuevos pobres y, especialmente, a las pobres vascas? En principio, nada. De momento, ni ha publicado el informe de resultados de la Encuesta como viene siendo habitual, ni se ha pronunciado al respecto.

Sí hemos podido escuchar, sin embargo, el pasado 15 de julio a Iñigo Urkullu en la sede de Naciones Unidas en New York decir: “en Euskadi Basque Country somos un país comprometido con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; el crecimiento inteligente y el empleo de calidad, especialmente para la juventud. Un país que trabaja por la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El modelo vasco demuestra que autogobierno es sinónimo de bienestar. Un autogobierno con competencias para la financiación y el desarrollo de las políticas públicas”. Un día después, también pudimos escuchar a la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, brindar un apoyo emocionado a la nueva Presidenta conservadora de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que inaguraba una nueva coalición entre fuerzas conservadoras, liberales y social-liberales apoyada por partidos de la ultraderecha polaca y húngara. La UE siempre ha operado como el horizonte de referencia soñado para las instituciones vascas gobernadas por el PNV.

Parece evidente que los datos de la medición de la realidad indican que la crisis financiera se ha cerrado en los últimos diez años consolidando la precariedad vital como nuevo régimen para cada vez más personas. El ejecutivo autonómico vasco liderado por el PNV, y en coalición con el PSE, elige contarnos dos historias. La de un Urkullu pegado al discurso de la recuperación que elige proyectar un discurso triunfalista que funciona de una manera similar a la de las fake news: importa más las creencias y sostenerlas a base de repetición que operar a partir de datos e información real proveniente de sus propias estadísticas oficiales. Y la de un Ortuzar: “El PNV no es Superman que llega y lo arregla todo” que apunta a España como responsable última de todo. Más explícitamente lo expresó en la pasada campaña electoral el dirigente gipuzkoano, Joseba Egibar: “Muchos expertos piensan que, para Cataluña, España es un lastre y ¿para nosotros no, o qué?”.

A tenor de los resultados electorales, lo que es obvio es que la estrategia negacionista, por un lado, y exculpatoria, por otro, funciona. Su eficacia probablemente está vinculada, en primer lugar, con la reinterpretación de la historia española reciente y el papel que ha jugado el PNV en ella.

Por eso, de vez en cuando, hay que volver a recordar. En el 2008 el mercado financiero estallaba preso de su avidez por multiplicar su cuenta de beneficios en tiempo récord. El Gobierno español del PSOE rescataba a los bancos, se endeudaba y, exigencias de una Bruselas liderada por la coalición social-liberal y conservadora mediante, reformaba en 2011, junto al PP, el artículo 135 de la CE para priorizar el pago de la deuda frente a cualquier necesidad social existente. Se inaguraba un nuevo decenio, esta vez bajo gobiernos del PP, caracterizado por recortes en el gasto público, profundización en la privatización de servicios públicos, avance en la desregulación del mercado laboral, reducción de salarios y también, en el pago de impuestos. El PNV haría de muleta sostenedora de todos y cada uno de los gobiernos españoles, y se haría evidente que la UE era la variable independiente sin la que no se pueden entender las políticas austericidas que se ponen en marcha.

Y, en segundo lugar, la efectividad del relato también está relacionada con dos afirmaciones opuestas a la intuición: que a mayor autogobierno se disfruta de mayor bienestar, y que un mayor desarrollo de políticas de igualdad implican una mejora de la vida de las mujeres.

Si los datos se empeñan en mostrar lo contrario, entonces, es que son falsas. Por un lado, porque la imposición europea de control de gasto público y constitucionalizada vía artículo 135, ha servido para iniciar un proceso de recentralización que ha debilitado la autonomía financiera, competencial y auto-organizativa también de Euskadi.

Y, por otro, porque si bien Euskadi opera a nivel estatal como un referente en materia de políticas de igualdad y a diferencia de otros territorios no ha aplicado recortes presupuestarios generalizados en los últimos diez años, que las mujeres vascas hayamos visto empeorar nuestras vidas, nos recuerda que no sólo es relevante desplegar políticas públicas, sino atender al enfoque de las mismas. La agenda de igualdad ha fracasado porque se ha centrado básicamente en combatir los estereotipos de género y en impulsar la participación de las mujeres en el mercado laboral al tiempo que se producía un endurecimiento en el acceso a los derechos sociales, a la desregulación del mercado laboral y se congelaban o eliminaban los pequeños pasos dados para que los cuidados fueran asumidos como una responsabilidad colectiva.

Dice la filósofa feminista Silvia Gil que la paradoja de la época es que “al mismo tiempo que vamos ganando, vamos perdiendo”. El malestar social producto del fracaso de las políticas pre y post crack del 2008 nos trajeron la cuarta ola feminista, pero también el resurgir de la extrema derecha a escala planetaria.

El discurso ficticio de la recuperación, la extrema derecha como apelación al voto útil y la criminalización sistémica de cualquier opción política de izquierda transformadora está manteniendo y recolocando a los responsables del desastre al frente del nuevo ciclo. Insistir en las mismas políticas que aumentan el dolor para una amplia mayoría sólo acelerará la llegada de un nuevo malestar en el que, como vemos en Europa, las salidas excluyentes están alcanzando posiciones de gobierno. Y cuando la política haya perdido sus soluciones democráticas ¿volveremos a escuchar al PNV diciendo que ellos o los monstruos?

He de confesar que ando un poco desconcertada con la propuesta de permisos parentales anunciada estos días por el Gobierno Vasco. Cada cierto tiempo reaparece en los medios y tengo la sensación de vivir en el día de la marmota. Y, ciertamente, algo de razón tengo. Tirando de hemeroteca veo que la medida viene anunciándose desde los primeros meses del año 2018, o sea, desde hace más de un año y medio.

Nos contaba hace tiempo el reconocido lingüista y científico cognitivo George Lakoff que tiene más efecto comunicar valores que reflejen el sentir dominante que propuestas políticas específicas. La manera más efectiva de hacerlo es utilizar marcos conceptuales que concitan amplios consensos, en este caso, los permisos parentales iguales, que repetidos una y otra vez se asientan en el cerebro. Esto es lo que debe estar ocurriéndome, que de tanto oírlo ya pienso que son una realidad. Una estrategia electoral inútil para que me anime a procrear, por cierto, pero útil para conquistar el corazón y la mente de la gente en un tiempo político transformado en una campaña publicitaria ininterrumpida.

Decía que sólo anunciándose. Porque hasta la fecha no parece que ni los sindicatos, ni el feminismo institucional, ni las organizaciones feministas, ni los partidos políticos con representación parlamentaria hayan tenido acceso a ninguna propuesta específica. Una que conoce los tiempos dilatados que requieren los procesos institucionales podría pensar que es un plazo razonable para proponer reformas normativas que quieren elaborarse participativamente, pero a la vista de la falta de información de las partes y que todos los sindicatos, excepto UGT, rechazaron la medida por su limitado alcance y por las formas del Gobierno hace tan solo unos días en la Mesa de Negociación Pública, concluyo que esta no es la razón, y sí, probablemente, la apuntada más arriba.

Sea como fuere, de momento, los permisos parentales en Euskadi son una medida fantasma cuyo contenido es confuso y cambiante. Quizá algo tenga que ver que el pasado abril el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo la presión y la colaboración de Unidas Podemos, le comiera la tostada al Gobierno de Urkullu. Por primera vez un gobierno equiparaba progresivamente los permisos parentales hasta alcanzar las 16 semanas en 2021 y su regulación garantizaba su carácter intransferible y retribuido al 100%.

El Gobierno Vasco, que hasta la fecha había anunciado la equiparación también progresiva de los permisos parentales hasta las 16 semanas, pero solo para el funcionariado público, imbuido del principio competitivo de la época, redobló la apuesta. Hace unos días nos informó, vía prensa, que serían de 18 semanas a partir del 1 de septiembre de 2019 para el funcionariado público y de 16 semanas a partir de una fecha indefinida como es otoño de este mismo año para el resto de trabajadores. Y también que serían intransferibles y retribuidos al 100%. Bienvenida sea la aceleración de la puesta en práctica del ampliado derecho y, también, de la rectificación. Porque podemos estar de acuerdo en que el sector público se erija en modelo de referencia para el mercado, pero que las instituciones renuncien a regular y garantizar los mismos derechos a las y los trabajadores del segundo, que ya “gozan” de una menor protección, en términos generales, parece difícilmente justificable. Desde esa misma perspectiva, es incompresible que en la propuesta actual se insista en que el funcionariado disfrute de un derecho de mayor alcance, dos semanas más, que el resto de trabajadoras y trabajadoras vascas. Nadie lo ha sabido explicar, de momento. Tampoco la Viceconsejera de Políticas Sociales que, preguntada en una entrevista reciente al respecto, dice que si eso mejor preguntar al Departamento vasco responsable de Función Pública.

De momento lo que sabemos de aquella manera es lo siguiente. Que Euskadi, al igual que España, empieza a apostar parcialmente por el modelo que desarrolló Suecia allá por el año 70 del siglo pasado. Se trata de que las mujeres puedan ser autónomas económicamente a través del empleo, las instituciones públicas provean cuidados básicos de tal forma que no exija la interrupción de la actividad laboral de ninguna persona excepto en periodos de corta duración y en casos especiales, y que el cuidado que sí o sí tiene que resolverse dentro de los hogares se comparta igualitariamente entre mujeres y hombres. Para eso Suecia efectuó reformas estructurales de enorme calado tales como el desarrollo de un poderoso sistema público guiado por el derecho universal a la educación infantil de 0 a 3 años y a la atención a la dependencia, se racionalizaron los horarios, se redujeron y concentraron las horas de trabajo, se eliminaron todas las prestaciones para el cuidado que eran incompatibles con el empleo –por ejemplo, jornadas parciales y excedencias-, también todas las que desincentivaban el trabajo asalariado de las mujeres –tributación conjunta del matrimonio, pensión de viudedad vitalicia, etc.-, y se eliminó el permiso de maternidad para implantar los permisos parentales iguales para ambos progenitores, con el mantenimiento del puesto de trabajo, del salario y de todos los derechos laborales. Lo cierto es que pese a que las mujeres suecas tienen empleos más estables y los hombres se implican en el cuidado mucho más que en cualquier otro país, la economista feminista María Pazos nos recuerda que las mujeres siguen ocupándose principalmente del cuidado dentro de los hogares y su mercado laboral sigue estando caracterizado por una fuerte división sexual.

Siguiendo la estela sueca cincuenta años después, la estrategia vasca pasa por ampliar los derechos parentales que hoy tienen las mujeres a los hombres y que, efectivamente, han demostrado ser efectivos para aumentar la corresponsabilidad de estos en el cuidado de los primeros meses de vida de una criatura. Porque los hombres básicamente cuidan cuando los permisos son intransferibles y están bien pagados. Y no hay mejor manera que responsabilizarse del cuidado que practicando el cuidado. Pero, obviamente, observando la estrategia global sueca y sus limitaciones, nos queda mucho por hacer. Por eso conviene matizar algunas afirmaciones que se han venido haciendo desde las autoridades vascas.

Euskadi está marcando el camino en materia de permisos parentales al resto de Europa. Teniendo en cuenta que el modelo de referencia es el sueco y que los ponemos en marcha medio siglo después, la aseveración parece un exceso verbal.  Y más teniendo en cuenta que la licencia parental retribuida sueca llega ¡hasta los 16 meses para ambos progenitores! Lo que sí podemos afirmar es que la apuesta sí pasa por salirnos ligeramente del modelo “madre cuidadora principal” distanciándonos de países como Italia, Alemania, Francia o Reino Unido que apuestan por permisos de maternidad largos y con empleo de las madres a tiempo parcial.

Luchará eficazmente contra las desigualdades salariales y la menor autonomía económica de las mujeres. Estas discriminaciones están vinculadas fundamentalmente con que las mujeres siguen siendo las responsables principales del cuidado de las personas a lo largo de su ciclo vital –en 2017, el 82,1% de las excedencias por cuidado familiar lo tomaron las mujeres-, trabajan menos tiempo en el trabajo remunerado –en 2017, el 75% de las jornadas a tiempo parcial son de mujeres-, lo hacen de manera interrumpida y en condiciones de mayor temporalidad –en 2017, el 50% de los contratos realizados a mujeres eran temporales-, y están infrarrepresentadas en los sectores y las ocupaciones mejor remuneradas y sobrerrepresentadas en las peor pagadas. Es decir, de no implementarse medidas que desincentiven que las mujeres salgan del mercado laboral y mejoren sus condiciones laborales, difícilmente los permisos parentales iguales por sí solos van a contribuir a cambiar la situación.

Fomentará la natalidad. Pues sencillamente no. La única manera contrastada a escala internacional de que las mujeres se animen a tener criaturas, de desearlo, es que esta decisión no las convierta en económicamente dependientes o las conduzca a la pobreza como ocurre ahora. Porque más allá de las primeras 16 semanas de permisos parentales la vida necesita seguir siendo cuidada y alguien tiene que hacerlo. Esto es especialmente urgente para las mujeres que encabezan hogares en solitario y que verán incrementadas las necesidades de cuidado.

En resumen, que si finalmente la medida de permisos parentales igualitarios enésimamente anunciada se hace realidad es una buena noticia. Pero, sin un desarrollo amplio de un sector público de cuidados universal con apoyos específicos para las familias monoparentales y una regulación del mercado laboral que nos asegure condiciones laborales dignas, las mujeres seguiremos declarándonos en huelga reproductiva indefinida y experimentando la desobediencia laboral y de cuidados.

No sé su nombre. Me dice que tiene 31 años. Es de Nicaragua. Dedica al trabajo 22 horas al día y cobra poco más de 600 euros. Trabaja en Donostia como empleada de hogar interna en una casa del acaudalado barrio de Miraconcha. Me cuentan que está embarazada. Según lo hacen, intuyo su despido. Al día siguiente mis peores augurios se confirman. Sus empleadores le dicen que en abril tendrá que irse. No hay despido porque no hay contrato. Por lo mismo, tampoco indemnización. Aunque lo tuviera no podría cobrar el subsidio de desempleo. La han echado, pero si no la hubieran despedido y hubiera tenido un contrato, nunca podría haber pedido ninguna excedencia ni reducción de jornada por cuidado. Así lo quiso el Parlamento de Gasteiz en 2017 con los votos del PNV, PSE y PP.

No sé tampoco por qué está embarazada. Quizá forma parte de ese 24 % de empleadas de hogar cuyo trabajo incluye la realización de algún trabajo sexual para el hombre al que cuida, para sus hijos o para sus yernos si los tuviera. A estos efectos, el cuidado podría incluir el sexo para calmar la ansiedad o contener la agresividad. Así nos lo contaba el estudio 'Acoso sexual y mujeres migradas' realizado por la consultoría Sortzen, en 2014.

No tiene muchas opciones porque ni siguiera puede solicitar la autorización por residencia. Lleva más de tres años empadronada en el piso que comparte los fines de semana con otras mujeres y podría hacerlo por “arraigo social”. Pero nunca ha tenido un contrato laboral de un año con un salario no inferior al Salario Mínimo Interprofesional. No son los 70, no estamos en México DF y no es la película “Roma” de Alfonso Cuarón. Es la Euskadi de 2019.

Se llama Martina y es mi madre. Tiene 63 años. Es extremeña. Lleva toda su vida en Euskadi. Trabaja como empleada de hogar externa por horas en varias casas. Nunca ha conocido las vacaciones retribuidas ni las pagas extras formales. Tras cotizar durante 25 años cobrará unos 500 euros de pensión. La mitad de la pensión media. Ninguna de las dos se conoce, pero mi madre reconoce en la mujer de Nicaragua la vulnerabilidad y la precariedad que ella sufrió en sus inicios.

Podría argumentarse que esta muestra tan pequeña, de apenas dos mujeres, no es representativa de las condiciones laborales del sector, ni tampoco del perfil y de las condiciones de vida de las personas que se emplean en el hogar. Pero si hacemos caso de las estadísticas vascas oficiales, representa a la mayoría. Más del 90 % de las empleadas de hogar son mujeres. Más de la mitad son inmigrantes y de estas el 75 % son latinoamericanas. Aproximadamente el 25 % trabajan sin contrato y la inmensa mayoría lo hace como interna. Es decir, en un régimen que las somete a tales condiciones de servidumbre y discrecionalidad, que cada vez se oye con más fuerza, por fortuna, la exigencia de prohibir legalmente su existencia. El 20 % tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas y el 22 % percibe la Renta de Garantía de Ingresos. O sea, que son trabajadoras precarizadas y pobres mientras están empleadas y cuando dejan de estarlo.

Un panorama alarmante que aún lo es más cuando una se entera de que casi el 10 % de todas las mujeres empleadas en Euskadi, más de 30.000, son empleadas de hogar. De hecho, si fuera un estado, se encontraría a la cabeza de los estados europeos en los que un mayor porcentaje de población femenina trabaja en el empleo doméstico. Apenas se colocaría por delante de España, Chipre, Italia y Portugal. Su importancia en la última década no ha dejado de crecer a pesar de la crisis financiera del 2008. Lo ha hecho al mismo ritmo que aumentaba vertiginosamente el envejecimiento de la población y la resistencia de las mujeres autóctonas a salir del mercado laboral y retornar al hogar. Pero también y, sobre todo, está íntimamente vinculado con la destrucción de empleo y el encarecimiento de los servicios de ayuda a domicilio y centros residenciales. También con la extensión del recurso a las prestaciones económicas de atención a la dependencia. Dicho de otra manera, el empleo doméstico comienza a adquirir mayor peso en Euskadi, al tiempo que se va produciendo una nueva configuración de los cuidados caracterizada por seguir un fuerte proceso de mercantilización. Da casi la risa floja la comparativa con Noruega, por ejemplo. Si allí por cada empleo en el sector doméstico hay 176 personas empleadas en los servicios sociales formales, en Euskadi la ratio es de 0,7 empleos en los segundos por cada persona empleada de hogar.

Euskadi, como España, está resolviendo su particular crisis de los cuidados importando mano de obra femenina y pobre, fundamentalmente de países históricamente expoliados, asegurándose una oferta flexible y barata. La estrategia institucional vasca ni pasa por una redistribución de los trabajos reproductivos entre mujeres y hombres, ni por una ampliación y mejora de la protección social de carácter universal que garantice el derecho al cuidado para el conjunto de la población.

El patriarcado se atrinchera en los hogares enmascarado en un supuesto mayor igualitarismo dentro de la pareja y en unas instituciones vascas que fortalecen el impulso de formas privadas e individuales de resolver la reproducción social en condiciones infames para el 10% de la población femenina. Ciertamente, la nueva configuración ha logrado acelerar el proceso de sacar los cuidados de los hogares vascos al reemplazar el trabajo gratuito de las mujeres del entorno familiar por mujeres inmigrantes. Pero lo ha hecho a costa de aumentar las desigualdades entre mujeres y tensionar la alianza entre ellas. Lo apuntaba agudamente Silvia Federici cuando identificaba que las mujeres empleadas en otros sectores de actividad, que están peleando por su autonomía económica en un contexto en el que reciben un menor salario que los hombres, les interesa pagar poco por el empleo doméstico.

La también teórica Nancy Fraser señalaba recientemente que la nueva ola feminista gira en torno a la lucha por redefinir las fronteras entre la producción de beneficios y la “producción de hacer personas”, pero avisaba que aún queda mucha tarea para clarificar qué feminismo queremos y para quién. Hoy quienes están definiendo desde el conflicto a qué no puede renunciar el feminismo son las cuidadoras profesionales en huelga y las empleadas de hogar organizadas.

Revisando el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres presentado por Emakunde hace unas semanas, veo que su propuesta quiere hacerse “desde un planteamiento transformador y sensible a las nuevas demandas, retos y necesidades”. Sin embargo, en su propuesta no hay oído para eso que gritábamos el 8M “no estamos todas, faltan las internas” o eso de “la vida en el centro”. A pesar de que Ortuzar tras el 8M pasado advirtió: “Tenemos que hacer autocrítica en materia de igualdad y hacer de este asunto un objetivo porque será un punto clave en la agenda política”.

Su propuesta, que pretende ser la cristalización de un nuevo Pacto de País por la Igualdad y contra la violencia machista, sigue apostando por unas políticas donde la igualdad solo se entiende de clase, además de tener una profunda raíz etnocéntrica. O dicho más sintéticamente: para el 1%. Ni son para la mujer nicaragüense embarazada despedida ni son para mi madre. Desearía decir que en la medida que se trata de un Anteproyecto de Ley aún hay tiempo de enmienda. Pero me temo que garantizar el derecho al cuidado en condiciones válidas para todas las personas no está en la agenda vasca que el PNV quiere negociar con el gobierno español que salga de las urnas en abril. Esa con la que nos dicen que es una garantía de resistencia frente a un estado fallido amenazado por la extrema derecha. Más bien creo que el sesgo clasista y etnocentrado de sus políticas pueden ser la verdadera pista de aterrizaje de lo que más tememos.

A finales de la semana pasada, las cuidadoras de residencias, en su inmensa mayoría mujeres, denunciaban que el gobierno del PNV y del PSE en la Diputación de Gipuzkoa bloqueaba el preacuerdo alcanzado con las patronales para mejorar sus condiciones salariales y laborales. Como conclusión comunicaban que mantenían la convocatoria de huelga para el 20 de febrero. Paradójicamente, en esos mismos días, la misma Diputación celebraba en Tolosa el Congreso 'Feminismo 4.0: Lecturas sociales y políticas de la nueva ola del feminismo'. En esas jornadas participaban con una presencia mayoritaria voces feministas críticas que señalan al capitalismo como parte sustancial del problema. Allí dejaron sus ideas inconformistas Rosa Cobo, Amaia Pérez Orozco, Carmen Castro o Justa Montero, entre otras.

Dirigentes forales han dicho del Congreso que se trata de “un nuevo hito en las políticas de igualdad progresistas” de la Diputación de Gipuzkoa. Si atendemos a las políticas desarrolladas durante esta legislatura podríamos concluir que este gobierno considera que la igualdad de género es un derecho que se conquista endureciendo el acceso a la protección social, retrocediendo en la redistribución de la riqueza, debilitando los servicios públicos de cuidado y apostando por su mercantilización. La eliminación de la Ayuda de Garantía de Ingresos, del Impuesto a la Riqueza y Grandes Fortunas, la bajada de tipos en el Impuesto de Sociedades de Gipuzkoa, el aumento del copago en las residencias, la congelación de la mejora salarial y laboral de sus profesionales, la reducción de la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio y el impulso de la compra individual de empleo de hogar vía cheque-servicio, son algunas de las medidas ilustrativas de esa gestión. La mayoría de estas medidas, además, han salido adelante pese a contar con informes elaborados por el propio Órgano de Igualdad de la Diputación que alertaban sobre su impacto negativo para las mujeres.

Parece cierto que lo que entiendo como una contradicción política insalvable no hace sino demostrar que el concepto de igualdad de género está en disputa. Es igualmente evidente que hay visiones políticas en conflicto sobre qué es la igualdad de género y cómo alcanzarla. Eso explica las enormes diferencias en el enfoque de las políticas de igualdad que aterrizan los diversos partidos en posiciones de gobierno. No es la misma política pública la que desarrolla Ada Colau desde Barcelona En Comú en Barcelona, que la del Partido Popular de Alberto Núñez Feijó en Galicia, o la de Markel Olano del PNV en Euskadi.

Es verdad que hay más o menos coincidencia en la descripción de cuáles son los ámbitos de la vida sobre los que es necesario intervenir para atajar las desigualdades de género. Pero no se comparte ni el diagnóstico de cuáles son las causas ni qué terapia hay que aplicar para acabar con ellas.

Hablar de igualdad de género es hablar de cómo se va a producir y cómo se va a repartir la escasez atendiendo los límites terrestres; de cómo se van a cuidar los vínculos y afectos de unos cuerpos siempre vulnerables y necesitados de otros; o de cómo se van a garantizar unas vidas libres de violencia machista. El tema es si estas cuestiones se van a solventar guiadas por criterios de mercado o por una justicia social de género de la que se puedan beneficiar todas las personas, tal y como vienen proponiendo las voces del feminismo que se reivindica del 99%.

Dadas las políticas del gobierno foral del PNV y del PSE, me temo que pretenden hacerlo siguiendo exclusivamente los dictados del mercado. Que es como decir que el objetivo priorizado no es el bien-estar colectivo, sino las tasas de beneficios que se pueden obtener de la producción de ciertos bienes y servicios. Entre otros, los derivados del cuidado de las personas.

En su visión del mundo, el ideal femenino es el de una mujer emprendedora y empresaria, por supuesto de éxito, cuyo “talento” se ha podido gestar gracias a su esfuerzo y a las buenas elecciones personales tomadas. El óptimo desarrollo de este ideal requiere que las instituciones promuevan políticas de igualdad de género dirigidas a mejorar la competitividad de las mujeres y las empresas a través de cambios culturales. Las mujeres tienen que empoderarse individualmente, ganar en autoestima y perfeccionar sus capacidades. Las empresas, dinero público mediante, tienen que entender que discriminar por prejuicios sexistas es económicamente dañino. Aún quedaría un problema pendiente: cómo resolver los cuidados de las personas que no pueden hacerlo por sí mismas y que ya no cuentan con un ejército de mujeres dedicadas a tiempo completo. Y gratuitamente, claro. Desde su perspectiva, las instituciones tienen que dinamizar el mercado de los cuidados convirtiéndolos en un negocio rentable. Se garantizaría, además, una cartera amplia de servicios a elegir dependiendo del dinero con el que se cuente para pagarlos. Este enfoque es la proyección de futuro impresa en el proyecto estrella de la Diputación “Etorkizuna Eraikiz”.

En un contexto de feminización generalizada de las condiciones laborales, o sea, de precariedad generalizada y de retirada de las instituciones de su papel garante frente a ciertos riesgos de la vida, este ideal es una ficción sólo alcanzable para las mujeres situadas a la cabeza de la pirámide económica. Sólo unas pocas van a poder comprar en el mercado los cuidados y solo esas privilegiadas van a poder desarrollar un “talento” que les asegure potenciales buenos sueldos. El resto de las mujeres vive auto-exigida, pluriempleada y sin garantías de que su empleo les facilite salir de la incertidumbre económica y vital. Sin asideros públicos a los que recurrir, vender su fuerza de trabajo, aunque sea a precio de saldo, es la única posibilidad de supervivencia. Al tiempo, como los servicios públicos de cuidado son escasos, hay que co-pagarlos. Como el sueldo no alcanza, no queda otra que reducir el tamaño familiar o directamente renunciar a tener hijos, tirar de abuelas, madres o amigas con las que compartir el cuidado, o multiplicar los tiempos de trabajo.

En una sociedad de mercado en la que las instituciones operan como un agente económico más, dedicado a impulsar la competitividad de todos contra todos, la inmensa mayoría de las mujeres tenemos mucho que perder. Quienes quieran divorciar los cambios culturales en clave no patriarcal de la redistribución material justa mienten porque en esa igualdad de género no cabemos todas. Lo resumió Amaia Pérez Orozco en el Congreso: “Nos va la vida en desenmascarar la alianza criminal entre patriarcado y capitalismo neoliberal”.

Pese a todo, el gobierno de la Diputación ha dicho que quería escuchar al movimiento feminista y extraer ideas que permitan orientar sus políticas públicas de igualdad. Ciertamente, la pretensión es loable, pero resulta improbable que cubran el trecho que va de las palabras a los hechos. Cuando la razón neoliberal dibuja el horizonte, las buenas palabras no pasan de ser un ejercicio publicitario.

Sin lugar a dudas, el congreso es una victoria del movimiento feminista, que muestra su fuerza y arranca a un gobierno que hace de la igualdad de género una política funcional a la mercantilización de todos los ámbitos de la vida la obligación de escuchar a sus voces más críticas. Queda abierta la duda de si este Congreso no se explicará mejor por el interés de revestir a la gestión de este gobierno foral de una imagen más progresista que por la voluntad de traducir las propuestas de la agenda feminista crítica en políticas públicas igualitarias. De si no se estará buscando la complicidad con el movimiento feminista a las puertas del nuevo ciclo electoral que se inicia.

Si hubiera consistencia entre las conclusiones del Congreso y las políticas públicas de la Diputación, se verían obligados a impugnar su propio proyecto político. ¿Suena excesivo? Podría ser que me equivocara y que, en realidad, hayan tomado nota y aprendido de lo que les han dicho las activistas y académicas feministas. De ser así, no hará falta que reflexionen mucho ni esperen un minuto más. Bastaría con mostrar un primer compromiso desembolsando el dinero público que facilitaría mejorar las condiciones de las cuidadoras de las residencias de Gipuzkoa. ¿Alguien imagina unas mejores conclusiones a tan relevante congreso? Por algo hay que empezar y, a punto de finiquitar la legislatura, ya andan tarde.

El año 2019 se estrena con un nuevo bloque de poder configurado por una derecha similar, pero fragmentada en tres partidos. Los líderes del PP, de Cs y de VOX comparten el mismo origen y trayectoria vital. Hablamos de una derecha nacionalista española excluyente que ha vivido de los chiringuitos que se montaban a cuenta del dinero público. Abascal, a razón de 90.000 euros anuales de lo que le iba inventando Esperanza Aguirre y de cuya tarea nadie ha sabido dar cuenta. Comparten también el mismo proyecto histórico: odiar como estrategia para ocultar un nuevo saqueo en forma de más recortes en el gasto público, más residualización de la protección social, menos redistribución de la riqueza vía fiscal, junto a perspectivas de negocio en espacios hasta ahora sustraídos a la lógica del intercambio mercantil. Su utopía de mercado alcanza los vientres de alquiler, los cuidados de las personas o las pensiones.   

Odiar siempre es una buena inversión si de lo que se trata es de ocultar que no se tiene alternativa a un capitalismo depredador y en crisis que ofrece un horizonte de penuria generalizada. Saben que el resentimiento es caldo de cultivo del malestar social.  Basta azuzarlo y canalizarlo hacia unos pocos chivos expiatorios que no tienen ninguna culpa, pero pueden cargar con todas. Vuelven a señalar a soberanistas, independentistas, la izquierda, inmigrantes y mujeres.

Su éxito reside en la promesa de poder ser alguien cuando ya te han desposeído de todo. Hasta de saber quien eres. Su única receta pasa por ser muy español y, en oposición a las mujeres, muy hombre. Ser muy español frente a los enemigos internos que pretenden repensar España en términos radicalmente democráticos. Por ejemplo, dialogando y votando. Y también frente a los 'otros', los inmigrantes, esos que se parecen a nosotros, pero no queremos ni saberlo, sobre todo, si son musulmanes. Ya lo decía la Biblia de la derecha. No es fácil convivir con otros dioses, dietas, hábitos y lenguas. Y ser muy hombres….Muy hombres frente a una masculinidad psicopática, amenazada por el empuje de unas mujeres que se resisten a seguir siendo bienes comunes obedientes, explotables y violables. Siembre ha sido una óptima estrategia para dividir a las mayorías golpeadas. Basta ocultar los procesos de desposesión y vencer cancelando cualquier diálogo que active la empatía.

En este contexto, se entiende mejor por qué cualquier demanda de reconocimiento de España como un Estado plurinacional sirve a la derecha nacionalista española para prefigurar la ficción de esa España asediada. Las reivindicaciones independentistas que son interpretadas como anticonstitucionales, a un paso de ser acusadas de terrorismo. La ilegalización, entonces, vendrá de suyo. Resucitan la vieja estrategia del “entorno” para que cualquier cosa que no sea un evidente y excluyente “nosotros” sea un evidente “todo es ETA”. Demonizado el soberanismo y el independentismo, acusan al gobierno de Sánchez de ilegítimo por apoyarse en las fuerzas parlamentarias vascas y catalanas para sacar adelante la moción de censura o los presupuestos. Suenan acusaciones de golpismo a los independentistas catalanes, proponen la suspensión permanente de la autonomía catalana o atacan a la dirigente socialista vasca, Idoia Mendia, de complicidad con una ETA desaparecida por cometer el delito democrático de cenar esta Nochebuena con el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

El mismo guión les sirve para disparar contra la exigencia de cumplir con la legalidad vigente en materia penitenciaria para las presas y presos de ETA. El reciente movimiento del gobierno Sánchez modificando el protocolo para agilizar la excarcelación de cualquier preso o presa enfermo, también del expresidente Zaplana, ha hecho hiperventilar a las derechas. El trato a un Zaplana en prisión enfermo lo han calificado de “una forma despiadada de tortura”. La tortura, si acaso, sólo para los demás. Si no hay mal trato es que se disfruta de un régimen penitenciario privilegiado. La patria española excluyente en peligro sigue atizándose sea por esta nueva instrucción, sea por nuevos traslados de personas presas a cárceles de Burgos, León, Asturias, o sea por el acuerdo entre el gobierno vasco y el gobierno español de iniciar el proceso de transferencia de las competencias en materia penitenciaria, que da cumplimiento a un Estatuto de Autonomía Vasca eternamente incumplido. Dice Casado que lo que se pretende es convertir las cárceles vascas en catedrales para las personas presas de ETA. Para evitarlo se ha propuesto, entre otros, retorcer un poco más la ley penitenciaria para limitar su acceso a la progresión de grado.

La verdad es la primera víctima del odio y tiene dificultades para abrirse paso cuando lo que interesa es movilizar la ira. La política penitenciaria especial aplicada a las y los presos de ETA atenta contra el consenso en materia de derechos humanos porque impide el principio de reinserción que debe guiarla. Es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la propia Constitución Española y a la Ley Orgánica General Penitenciaria. En términos jurídicos es manifiestamente ilegal. Y, en términos humanos, es de tal crueldad su trato inhumano y degradante, que cualquier demócrata que quiera dignificar esa palabra, debiera exigir acortar la duración de las penas. Hoy, más del 90 % de las presas y presos de ETA están cumpliendo sus condenas íntegramente en primer grado, más del 80 % están dispersos en cárceles españolas y francesas -situadas a más de 400 km de sus lugares de origen-, se impide la excarcelación de los gravemente enfermos a no ser que sea inminente su muerte, y están sometidos a cumplir condena doblemente en Francia y en España. Los Casado, Rivera y Abascal mienten.  Pero agitar fantasmas sirve para disfrazar sus nuevos planes de desposesión y la ausencia de un proyecto de país generoso que reconoce en igualdad al resto de países que lo conforman.

El próximo sábado 12 de enero, una nueva movilización masiva ciudadana en Bilbao volverá a pedir un trato humano para las personas presas de ETA que posibilite avanzar en un proceso de paz vasco inconcluso. Ese en el que los Casado, Rivera y Abascal no han hecho nada para avanzar en la construcción de consensos sobre la asunción de responsabilidades por el uso de la violencia de ETA y del Estado, el reconocimiento y reparación del daño causado a todas las víctimas y el impulso de procesos de reconciliación. El PSOE, que oscila entre lo que es justo y el miedo, tiene que atreverse a abrir la democracia a todos los ámbitos de la vida. También, a las cárceles.

Nos toca salir a la calle a todas las que nos sentimos parte de ese otro proyecto histórico que reconoce en el otro y en la otra la dignidad de una vida que no se deja humillar. Una vida que, precisamente por eso mismo, no acepta tampoco humillar. Que no renuncia al diálogo entre quienes están dispuestas a hacer valer la plurinacionalidad frente a la España neofranquista.  A buscar salidas que no pasen por vivir mejor a costa de las gentes trabajadoras, mujeres o migrantes que buscan una vida buena. Nos toca trenzar todas las banderas, como en la canción de Silvio Rodríguez, que evite los mentirosos argumentos del odio. Que eviten, en última instancia, un nuevo saqueo. Nos jugamos lo que podemos ser mañana. En un momento en donde la tormenta aparece por demasiadas esquinas de Europa.

Emilio Mola Vidal, gobernador militar de Pamplona. Desde la Capitanía General, sede actual del Archivo de Navarra, prepara la sublevación militar, en extremo violenta, con la colaboración de la Iglesia, el ejército, los requetés y la aristocracia terrateniente navarra. El 19 de julio de 1936 declara el Estado de guerra para Navarra “Una vez más, el ejército unido a las demás fuerzas de la nación, se ve obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles. Se trata de restablecer el imperio del orden, no solamente en sus apariencias externas sino también en su misma esencia. Hay que sembrar el terror. Hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos y vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías. Sino procedemos con la máxima energía no ganamos la partida. Todo aquél que ampare u oculte un sujeto comunista o del Frente Popular será pasado por las armas”. El holocausto de izquierdas se saldó con 3.300 personas asesinadas en Navarra, 4.000 huérfanos y miles de mujeres condenadas a la miseria, el hambre, la humillación y el olvido.

Así arranca el documental 'A sus muertos' de los artistas y periodistas audiovisuales navarros y editores de Alkibla, Clemente Bernard y Carolina Martínez. Un ejercicio de denuncia de una amnesia colectiva impuesta, que no es otra cosa que el recuerdo de una memoria de injusticia. En España hay 114.226 personas asesinadas por los sublevados que siguen desaparecidas en zanjas, cunetas y fosas comunes.

“Un monumento a los caídos de la guerra civil”, “un edificio a los muertos” “una iglesia”, “un edificio de Carlos III”, “un museo”, “una sala de exposiciones”, “del siglo XVII”, “yo nací y estaba ahí, ni idea”, “algo religioso”, “ni idea si hay alguien enterrado ahí dentro”, “¿un rey?”, “creo que sí hay alguien enterrado porque deben hacerse misas franquistas ahí dentro” “eso dicen, pero no sé, no sé”. Las respuestas de las personas entrevistadas se encadenan con estupor en el documental acerca del Monumento “Navarra a sus Muertos en la Cruzada”. Un Panteón funerario, situado en el centro de Pamplona, en cuya cripta se han albergado hasta noviembre de 2016 los restos de los golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo. Dos personas que incumplieron sus obligaciones militares, traicionaron la Constitución que juraron y llevaron a España a una guerra cuando su golpe fracasó. Las paredes de la cripta recuerdan los muertos franquistas y sus pinturas homenajean a los paramilitares falangistas.

El edificio, hoy, es un espacio público propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, si bien su cripta está cedida al Arzobispado de la ciudad. Y por esas connivencias tan del pasado, a su vez lo tiene cedido en usufructo a la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz. Una organización fascista creada en 1939 por excombatientes paramilitares para “mantener íntegramente y con agresividad, si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España”.

El trabajo de Bernard y Martínez también ha querido desvelar y documentar audiovisualmente las misas que se celebran los 19 de cada mes en honor a los golpistas, convertidas en verdaderos actos de exaltación del franquismo y de celebración de sus asesinatos. Un esfuerzo que les ha valido ser acusados por la Hermandad de supuesta vulneración del derecho a la intimidad y revelación de secretos. Piden una pena de dos a cuatro años de cárcel para los periodistas. La Fiscalía, órgano del Estado, no se ha quedado atrás. Pide dos años de cárcel por grabar imágenes de la cripta y una multa de 24.000€.

En el juicio, celebrado el pasado 12 de diciembre, Bernard ha dicho que quería denunciar las actividades de una Hermandad de criminales. Porque causan sufrimiento y dolor a miles de personas en Navarra. Porque la cripta hoy es un lugar donde se sigue humillando a las víctimas. Y porque la sociedad tiene derecho a saber qué sucede en unas misas que, por definición, nunca son ni íntimas, ni privadas.

El arzobispado ha preferido mirar para otro lado con unas declaraciones inverosímiles. Dicen desconocer el uso de la cripta por la Hermandad y la celebración de tales misas.

Mientras, la Fiscalía, ha defendido que frente al derecho de información y a la libertad de expresión, prevalece el derecho a la intimidad de la Hermandad y el derecho a no averiguar sus secretos. Pero en un espacio de propiedad pública ¿cómo va a ser un secreto actos de enaltecimiento de la dictadura franquista amparados por la Iglesia católica? ¿qué derecho a la intimidad tiene una Hermandad que comete delitos de odio y discriminación todos los meses, camuflados bajo la forma de oficios religiosos, hacia miles de personas que sufrieron tortura, mutilaciones, violaciones, asesinatos y fueron desaparecidos forzosamente?¿acaso en la intimidad no se cometen delitos? ¿cómo va a ser delito investigar e informar sobre actos en un espacio público que la Ley de Memoria Histórica misma prohíbe y cuya desaparición fue exigida en 2015 por el propio Parlamento de Navarra?

El hecho de que organizaciones falangistas como la Hermandad o que actos como los que celebran sigan sin ser considerados ilegales ilustran bien la arquitectura jurídica de la impunidad en España de los crímenes del franquismo y de quienes los dictaron y ejecutaron.

Un país democrático necesita de muchos Clemente Bernard y muchas Carolina Martínez que alumbren el camino para afrontar la verdad de nuestro pasado reciente. Que no se dobleguen ante la agresión de unos poderes públicos que, de manera indecente, envalentonan a criminales. Mientras hay periodistas que hacen su trabajo, el Estado sigue sin proteger y reparar a unas víctimas desgarradas que no saben qué fue de sus seres queridos, cuándo fueron asesinados, quiénes fueron sus verdugos y dónde yacen sus cuerpos. Y persigue a quien no renuncia a buscar la verdad y se juega el tipo para exigir una justicia entendida como el restablecimiento de la dignidad humana para quienes fueron y siguen siendo humilladas.

Alejandra Naftal es una mujer que vive la memoria. Es la directora del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada de la dictadura militar de Videla, ESMA, reconvertido en un museo de la memoria en la ciudad de Buenos Aires. En una reciente visita a ese lugar de esperanza que ayer lo fue de horror, nos decía que el trabajo de memoria quizá no arroje certezas sobre la garantía de no repetición del horror del mal, pero funciona como dique de contención. Sin barreras de ideas que defiendan la democracia, el neofranquista Santiago Abascal podrá decir que “si el alzamiento triunfó fue, simple y llanamente, porque hubo media España que no se resignaba a morir”. Podremos escuchar como si fueran palabras dignas las amenazas de Mola en el 36. Y quizá dejemos de estremecernos cuando oigamos el susurro de Lorca pidiéndonos: “No solloces. Silencio, que no nos sientan, que no nos sientan”.

Las economistas feministas no se cansan de repetir que una buena manera de evaluar en qué medida nuestro modelo social está pensado para ayudar a hacer la vida más o menos fácil cuando no es autónoma o se empeña en ponerse cuesta arriba es observar cómo y quién resuelve los cuidados de las personas. Aunque al PNV le guste comparar Euskadi con el norte de Europa, lo cierto es que tenemos un modelo social 'mediterráneo', también llamado 'familiarista' (como recordaba hace poco la politóloga de la UPV/EHU Jule Goikoetxea). Como ese nombre indica, se caracteriza porque son las familias quienes cubren buena parte de las necesidades vitales básicas, incluidos afectos y cuidados diversos, con una cantidad ingente de trabajo gratuito de las mujeres.

O leído desde otra perspectiva, que el gasto público en servicios de cuidado es insuficiente y que, cuando se hace, apuesta por su mercantilización: acceso vía copago, concertación y gestión empresarial. En definitiva, que tenemos un modelo vasco de bienestar que resuelve los cuidados de manera escasa, sexista y mercantil. Treinta años de hegemonía institucional del PNV y buena parte de ellos sosteniendo gobiernos del PP en Madrid, no dan para seguir externalizando responsabilidades. Más aún si tenemos en cuenta el apoyo a unas cuentas de Rajoy que no solo frenaron en seco los tibios avances iniciados por Zapatero -como los relativos al Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia-, sino que inició todo un proceso de desuniversalización de derechos, refamiliarización del cuidado y de recentralización territorial que ha afectado a la configuración misma de los derechos sociales de competencia autonómica.

En los próximos días y meses, las trabajadoras de las residencias y centros de día de Gipuzkoa repetirán las jornadas de huelga convocadas por ELA que iniciaron a finales de septiembre, tras casi dos años de diálogos frustrados. Piden, entre otros, que un nuevo convenio sectorial recoja y respete las condiciones pactadas en los convenios de empresa del periodo 2013-2016. También, mejoras en las condiciones salariales y laborales: ganan entre 1.100€ y 1.200€ mensuales en jornadas maratonianas y sometidas a horarios que complejizan cualquier conciliación, y enfrentan una brecha salarial de hasta un 30% en la comparativa con otros servicios privatizados y masculinizados como el de la limpieza viaria. Además, demandan que su descanso de 20 minutos sea retribuido, o que se reduzca la carga de trabajo a través de nuevas contrataciones.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, que concierta y paga el 90 % de las plazas residenciales en los centros privados, lleva tres años sin financiar las mejoras laborales y salariales acordadas, pese a haber dispuesto de hasta 130 millones más en sus presupuestos. Unas cifras que no se repetían desde 2011. Pese a todo, el actual gobierno foral dice que el modelo es insostenible y no le desagrada la idea de retornar a las condiciones laborales del pasado que la patronal ha puesto sobre la mesa. Resulta chocante que, en el peor periodo recaudatorio de la Diputación, en plena crisis, el entonces gobierno de EH Bildu, apostara por incrementos anuales continuados de hasta el 4 %.

Las mejoras se materializaron tanto por el incremento del gasto social en el cuidado de las personas mayores, como en la reducción de unos beneficios nada desdeñables que las empresas gestoras venían acumulando. La 'crispada Gipuzkoa' heredada, vino acompañada de acuerdos que parecen sensatos si se tienen claras las prioridades. Unos acuerdos, además, que se extendían hasta el mismo año 2017 y que las empresas han tenido que hacer frente en solitario para cumplir el convenio pactado frente a los “impagos” del nuevo gobierno. Es decir, la Diputación debe dinero a las empresas en pleno crecimiento recaudatorio y la patronal entiende que la única forma de reducir su creciente pérdida de beneficios es congelando salarios y renegociando derechos laborales a la baja. Al fin y al cabo, pensarán todos, es más fácil ajustar por el eslabón más débil: las trabajadoras. Parece que no aprendieron nada de las luchas de las trabajadoras de Bizkaia, ni de las gipuzkoanas, antes que ellas.

En realidad, lo que le preocupa al diputado general, Markel Olano, dadas sus múltiples alocuciones al respecto, es el envejecimiento de la población, las bajas tasas de natalidad y la brecha salarial de género. Digo yo que pensará que qué tendrá que ver eso con que las cuidadoras profesionales sean un sector feminizado, precarizado y con un salario menor al de cualquier otro del ramo. Por eso, él prefiere gastar el dinero público en la creación de un centro innovador en el estudio del envejecimiento y por convencer a las empresas que les va a ir mejor si facilitan que las mujeres concilien. Es lo que viene a llamar “aunar lo económico con lo social” y “promover un cambio de valores”.

Pese al relato visionario e innovador que Markel Olano se esfuerza en imprimirle a la propuesta, más bien se trata de nuestro viejo modelo social familiarista readaptado a la lógica mercantil de la época. Su propuesta de futuro pasa por ampliar el negocio privado dedicado al cuidado de las personas, impulsando que buena parte de sus beneficios se obtengan de una precarización mayor de las condiciones laborales de un sector fuertemente feminizado; y por otro, que las mujeres sigan cuidando gratuitamente en los periodos que tengan que salir del mercado laboral sin ser tan penalizadas. Las que puedan hacerlo, además, siempre podrán comprar cuidados a otras mujeres que no pueden elegir. Mientras, las empresas imbuidas de ese nuevo valor de la igualdad ganan competitividad en el mercado porque retienen lo que llaman “talento femenino”, pueden mejorar su imagen comercial con premios públicos de la Diputación, y se aseguran una tasa de reposición de la fuerza de trabajo futura sin coste alguno.

Conviene que sepamos que la visión de futuro del gobierno foral guipuzcoano aprecia el negocio de los cuidados, pero desprecia el trabajo de cuidados. O, dicho de otro modo, aprecia a quien emprende el negocio, pero desprecia a las mujeres profesionales que lo sostienen. A este gobierno foral del PNV-PSE se le entiende mejor en boca de Arthur C. Brooks, el presidente del think tank del partido republicano de Trump, el American Enterprise Institute, con el que ha firmado un convenio para reinventar el gobierno público foral: “lo que hace falta es que si tú tienes un negocio, el Estado te dé las gracias y te dé más facilidades. La protección social debe existir para los pobres. Para los que no trabajan, ni un duro. Hay que tener un movimiento que yo no calificaría de derechas, sino de libre empresa, de oportunidad”. A veces hay que agradecer que hablen tan claro.

*Laura Gómez es especialista en políticas públicas de igualdad y participación ciudadana