El acusado de grabar en la cripta de los Caídos defiende el “interés general” de mostrar ceremonias que “hacen apología del terrorismo y humillan a las víctimas”

Clemente Bernad, acusado de un delito de revelación de secretos junto a su pareja, Carolina Martínez, por grabar en el interior de la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona ha asegurado que con la colocación de los dispositivos de grabación tras una rejilla “solo” perseguía “denunciar las actividades” de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz, “una hermandad formada por criminales”. En su derecho a la última palabra, Bernad ha recalcado que las actividades que realiza la Hermandad en la cripta son “de un interés general absoluto”, pues son ceremonias en las que se hace “apología del terrorismo y se humilla a las víctimas”. Y ha ido más allá al asegurar que “los mismos que mataron y fundaron la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz son los asesinos del 36”.

Bernad se ha enfrentado a la acusación de revelación de secretos insistiendo en el “interés general absoluto” de las grabaciones que trató de realizar, y ha subrayado que la cripta del Monumento a los Caídos “no es un salón de estar”, informa Europa Press. En la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 14 de noviembre, Bernad reivindicó que tenía permiso para grabar en el edificio, concedido por el Ayuntamiento de Pamplona, titular del monumento. Su declaración fue ratificada por técnicos municipales.

El juicio ha quedado hoy visto para sentencia tras los informes de las partes. La juez decidió posponer la vista oral para intentar localizar a dos testigos solicitados por la defensa. Uno de ellos, párroco de Cristo Rey -la iglesia comprendida dentro del monumento a los Caídos- entre septiembre de 2016 y abril de 2018, ha testificado, y el otro no ha comparecido, informa Europa Press.

La fiscal mantiene la solicitud de dos años de prisión por un presunto delito de revelación de secretos y una multa de 20 meses a 20 euros por día (12.000 euros) para los acusados.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el miembro de la Hermandad que presentó la denuncia, solicita dos años y seis meses de prisión, además de una multa de 18 meses a 20 euros por día y una indemnización de 1.200 euros; mientras que la defensa reclama la absolución de los acusados.

El presunto delito deriva de que el Arzobispado de Pamplona cedió el monumento a los Caídos al Ayuntamiento de la ciudad en 1997 -por lo que es de titularidad pública-, pero reservó el usufructo de la cripta central, donde estuvieron enterrados los militares golpistas Mola y Sanjurjo hasta su exhumación en noviembre de 2016, para la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, que considera la cripta su sede.

Durante la realización del documental, Bernad colocó un dispositivo de grabación escondido en una rejilla para captar las celebraciones que todos los días 19 oficia la Hermandad en recuerdo de los caídos de un solo bando, por Dios y por España.

En su derecho a la última palabra, Bernad ha afirmado que en las dos sesiones del juicio, la celebrada el pasado 14 de noviembre y en la de este miércoles, “se ha faltado a la verdad por parte de testigos” y ha criticado también “un montón de irregularidades”.

Ha afirmado que “faltan imágenes” de lo sucedido, ya que, según ha indicado, además de una grabadora de audio, puso una de vídeo y “las imágenes no están en el sumario” y se ha preguntado si la cámara “grabó algo que no interesaba a la Policía que se viera”.

Tras destacar que lleva “30 años de actividad profesional demostrados”, ha asegurado que en toda su trayectoria profesional ha “respetado” la “intimidad de los demás, absolutamente siempre” y, en este punto, ha subrayado que la cripta del monumento a los Caídos “no es un salón de estar, sino es otra cosa”, un lugar en el que “se desarrollan unas actividad que son objeto de interés general absoluto”.

Ha afirmado Bernad que las misas que celebra la Hermandad “causan sufrimiento y dolor real a miles de personas en Navarra” y ha lamentado que la Cripta es “un lugar donde se humilla a las víctimas”. “Los mismos que mataron y fundaron la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz son los asesinos del 36”, ha declarado el acusado, quien ha defendido en todo momento “el interés general de las actividades de la Hermandad”.

Además, ha incidido en la idea de que “como sociedad tenemos derecho a saber qué sucede en esas misas”, unas ceremonias en las que, según ha dicho, se hace “apología del terrorismo y se humilla a las víctimas”.

El acusado ha concluido su intervención recordando la historia del juez Elío, represaliado por el franquismo y que da nombre a la plaza donde se ubica el palacio de Justicia, y ha dicho a la juez presente que los miembros de la Hermandad “si pudieran lo harían otra vez e irían a su domicilio a detenerla y matarla como al juez Elío”. Por su parte, Carolina Martínez, la otra acusada, no ha querido ejercer su derecho a la última palabra.

“No existe justificación alguna”

En sus conclusiones definitivas, la fiscal ha argumentado que “no existe justificación alguna para la colocación” de los dispositivos de grabación tras la rejilla que da a la Cripta de los Caídos y ha defendido que “prevalece el derecho a la intimidad sobre el derecho a la libertad de expresión”.

En su opinión, “la acción de los acusados vulnera la intimidad”, ya que “la Cripta es una estancia privada de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz equiparable al salón de la casa de cualquier domicilio”. Y ha considerado que “no había ningún fin legítimo” en colocar los dispositivos de grabación, sino que “el fin era simple y llanamente vulnerar la intimidad de la Hermandad y los miembros de la misma”.

“La finalidad era espiar, averiguar secretos y vulnerar la intimidad”, ha alegado la representante del Ministerio Fiscal, quien considera que Carolina Martínez participó en la colocación de los dispositivos de grabación, aunque su marido la exculpara en su declaración en el juicio y ella misma negara haber participado.

Para la fiscal, en base a las grabaciones de audio halladas en el dispositivo colocado tras la rejilla de la Cripta “no es atendible la no participación” de la acusada y ha afirmado que “si se analiza el contenido se ve perfectamente que no sólo era Clemente, sino que también lo hizo Carolina”. Según ha indicado, “es absolutamente incierto que la conversación corresponda con un dron”, como alegaron los acusados, porque “está claro que son los últimos instantes antes de que el aparato quedase grabando solo”.

Por su parte, el abogado de la acusación particular ha subrayado que este juicio no se ha celebrado por “grabar un documental” y ha criticado que “se colocaron dos sistemas de espionaje para grabar masivamente todo lo que ocurriera allí”. Ha señalado que en la vista oral “no ha quedado acreditado” el “prestigio” profesional de los acusados y ha considerado que “hicieron todo lo necesario para vulnerar la intimidad de todas las personas que accedieran a la Cripta”.

También ha negado que Carolina Martínez no colaborara en la colocación de los dispositivos y ha considerado que los acusados, que en un primer momento negaron los hechos, “han cambiado la versión a la fuerza, cuando les cazan y no tienen más salida”. “Hay 29 horas grabadas de manera ilegal por ambos”, ha argumentado el letrado.

“La cripta no es un espacio íntimo”

Por contra, el abogado de la defensa ha defendido la inocencia de Carolina Martínez en la colocación de los sistemas de grabación y ha defendido las “explicaciones coherentes” de ambos acusados en este sentido, “por mucho que se quiera forzar una interpretación que no cabe”.

Se ha preguntado que si en las misas “no hay nada que esconder”, como dijo un miembro de la Hermandad que testificó en la primera sesión del juicio, “dónde está la vulneración de la intimidad” y ha señalado que “lo que se quería grabar son actos públicos, una misa o un vía crucis”. “La misa por definición no puede ser íntima, ni siquiera privada”, ha apuntado.

Ha argumentado, además, que la Cripta “no es un espacio íntimo, no es un domicilio y menos un salón” y ha asegurado que sólo son los miembros de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz quienes “dicen que tienen allí su sede”. “La Cripta no puede ser domicilio de nadie. La Iglesia no puede permitir que en un lugar sagrado se hagan cosas como reuniones”, ha planteado el abogado defensor, quien ha insistido en la idea de que el fin de colocar los dispositivos era “informar de algo verdaderamente relevante”.