La primera ministra, Theresa May, ha anunciado hoy que su Gobierno está dispuesto a pedir una extensión del Artículo 50 y así aplazar la fecha de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ha asegurado que la prórroga será “lo más corta posible” y que no se alargará más allá del momento en el que se apruebe un acuerdo.

Para consensuar un acuerdo que obtenga el visto bueno de la Cámara de los Comunes -los parlamentarios han rechazado tres veces el documento que May negoció con Bruselas-, ha asegurado su disposición a negociar con el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, las condiciones en las que su partido apoyaría una salida. No obstante, ha recordado que dichas negociaciones deberán contemplar su acuerdo.

“El acuerdo de retirada actual se ha negociado con los 27 y la UE ha repetido en numerosas ocasiones que no será reabierto”, ha especificado en un discurso posterior a una reunión de siete horas con el Gobierno. Su idea es presentar este nuevo plan de actuación ante la cumbre extraordinaria con el Consejo Europeo que tendrá lugar la semana que viene.

El 22 de mayo sigue siendo la fecha límite para la primera ministra debido a su negativa a que Reino Unido participe en las elecciones del Parlamento Europeo. “Este debate, esta división, no puede alargarse durante mucho más tiempo”, ha recalcado la primera ministra. “Es una presión inmensa que va a hacer mucho daño a nuestra política”.

Hasta este momento, el camino que seguía Reino Unido era abandonar la UE sin ningún acuerdo el 12 de abril. El 10 se celebra en Bruselas una cumbre extraordinaria con el Consejo Europeo, donde May tendrá ahora que presentar un posible plan alternativo negociado con Corbyn, si este accede a sentarse en la mesa de las conversaciones.

El líder del Partido Laborista ha respondido afirmativamente a la invitación de la primera ministra, según ha recogido la plataforma británica Press Association.

“Reconocemos que ha movido ficha y reconozco mi responsabilidad en representar a las personas que apoyaron al Partido Laborista en las últimas elecciones. También a aquellas que no lo hicieron pero que igualmente quieren certeza y seguridad para su futuro”, ha afirmado Corbyn.

Mientras tanto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha pedido “paciencia”. “Si incluso después del día de hoy no sabemos cuál será el resultado final, seamos pacientes”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Nick Boles, un parlamentario conservador que este lunes abandonó el partido después de una segunda sesión en la que se rechazaron varias enmiendas al acuerdo, ha alabado el discurso de May: “Este es la manera adecuada de abordar el asunto. Mejor tarde que nunca”.

En la sesión parlamentaria de este lunes, los diputados se negaron retrasar la fecha de salida y, en caso de que esto no fuera posible, elegir entre una salida sin acuerdo o revocar el Artículo 50. No obstante, la enmienda que recogía esta opción fue rechazada por 101 votos.

La Cámara también desechó dos alternativas al modelo de unión aduanera y relación comercial que propone el texto de May y la convocatoria de un segundo referéndum.

May se enfrenta de forma paralela a una posible moción interna de su partido que busca hacer caer a la primera ministra. El exsecretario para el Brexit, David Davis, ha afirmado que hasta 20 miembros del Partido Conservador estarían dispuestos a votar en contra del Gobierno (y de May personalmente) para poner freno a una prórroga demasiado larga o un Brexit 'suave' u ordenado, según ha adelantado The Guardian. Su misión es hacer efectiva la salida, haya acuerdo o no.

El Parlamento británico sigue sin encontrar una mayoría para nada. Han rechazado tres veces el acuerdo negociado entre la primera ministra Theresa May con la Unión Europea y este lunes han vuelto a descartar –por segunda vez– cuatro planes alternativos al acuerdo de May: un segundo referéndum, dos modelos diferentes de unión aduanera y relación comercial y una cuarta que abogaba por retrasar la fecha de salida y si esto no es posible, elegir entre una salida sin acuerdo o revocar el Artículo 50.

La moción favorable a una unión aduanera ha sido rechazado por tan solo tres votos (276-273). Por su parte, la moción que pedía una votación popular ha sido rechazada por 12 votos (292-280). La opción conocida como vía Noruega, favorable a una estrecha relación comercial al estilo de Noruega ha sido desestimada por 21 votos (282-261). Por último, la propuesta que abogaba por una prórroga o, de lo contrario, elegir entre una salida sin acuerdo o revocar el artículo 50 ha recibido 191 votos a favor y 292 en contra.

El diputado conservador Nick Boles ha dejado el partido inmediatamente después de la votación y lo ha anunciado durante la sesión delante de todos los parlamentarios. “Lo he dado todo para intentar encontrar un acuerdo. he fracasado principalmente porque mi partido rechaza comprometerse. Lamento anunciar que ya no puedo sentarme con este partido”, ha afirmado. Boles había propuesto la moción a favor de una unión aduanera que ha sido rechazada por tan solo tres votos.

Las cuatro enmiendas presentadas este lunes ya fueron rechazadas el miércoles pasado. Dos días después, el viernes, volvieron a someter a votación el acuerdo de salida por tercera vez, pero también fue tumbado por 58 votos de diferencia (230 en la primera y 149 en la segunda). Con esta nueva negativa, se sitúan a once días de una posible salida sin acuerdo al cumplirse el plazo establecido por la UE.

La Unión europea dio a Reino Unido una prórroga hasta el 22 de mayo si aprobaba el acuerdo negociado y hasta el 12 de abril si lo rechazaba; fecha en la que tendría que comunicar al bloque comunitario los próximos pasos a seguir. Tras rechazar el acuerdo y los planes alternativos, Reino Unido se encuentra en una parálisis que podría provocar la salida sin acuerdo el próximo 12 de abril. Según la Comisión Europea, “es el escenario más probable”. La opción de salir el 22 de mayo técnicamente se esfumó cuando decidieron que no apoyarían el acuerdo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha convocado una cumbre para el 10 de abril.

Tras la votación de este miércoles, Stephen Barclay, el ministro del Brexit, ha afirmado que la Cámara de los Comunes todavía puede evitar un Brexit sin acuerdo y evitar celebrar elecciones europeas votando esta semana a favor del acuerdo de May. Esta sería la cuarta vez que se votaría el acuerdo negociado con Bruselas.

Por su parte, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha afirmado que si May puede someter a votación su acuerdo del Brexit tres veces, las otras opciones también deberían tener una tercera oportunidad. Corbyn ha recordado que una de las mociones ha sido rechazada por tan solo tres votos.

La última jugada desesperada de May consistió en ofrecer su dimisión el pasado miércoles a cambio de que los conservadores partidarios de un Brexit más 'duro' se decantaran por apoyar el acuerdo. Ni siquiera ese anuncio logró el consenso de los parlamentarios, que han demostrado en una sesión más que no consiguen ponerse de acuerdo en sus preferencias.

“Los beneficios del acuerdo de retirada, incluido el periodo de transición, no será en absoluto reproducido en un escenario sin acuerdo. Miniacuerdos sectoriales no son una opción”, avisó la Comisión Europea tras la votación del viernes.

La Cámara de los Comunes ha rechazado por tercera vez el acuerdo del Brexit negociado por la primera ministra, Theresa May, con la Unión Europea. El acuerdo ha recibido el voto positivo de 286 diputados, mientras que 344 se han mostrado en contra. Una diferencia de 58 votos.

El Gobierno de May presentó este jueves la votación en un último intento desesperado para que el Parlamento aprobase el texto y que ello permitiese a Reino Unido salir de la Unión Europea el 22 de mayo con un acuerdo. El nuevo rechazo imposibilita esta fecha de salida y Reino Unido abandonará la UE sin acuerdo el 12 de abril si no propone antes un plan alternativo.

“Hemos llegado al límite de este proceso en esta Cámara. Ha rechazado una salida sin acuerdo, ha rechazado el Brexit y el miércoles rechazó todas las variaciones al texto que se registraron”, ha recordado May en su intervención posterior a la votación.

Reino Unido solicitó a la UE retrasar la fecha de salida y el bloque comunitario aceptó una salida para el 22 de mayo si la Cámara de los Comunes aprobaba este viernes el acuerdo negociado. De lo contrario, Reino Unido debería informar de sus próximos pasos para el 12 de abril. “Si el acuerdo de retirada no se aprueba, el Consejo Europeo acuerda una extensión hasta el 12 de abril y espera que Reino Unido indique una manera de proceder antes de esta fecha para la consideración del Consejo Europeo”, contestó la UE.

La primera ministra ha asegurado que de aquí al 12 de abril “no hay suficiente tiempo para esbozar y ratificar un nuevo acuerdo”, mientras que la Cámara ya ha votado en contra de una salida sin acuerdo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha convocado a los Estados miembros el 10 de abril.

El miércoles, May ofreció su cabeza a sus compañeros de partido a cambio de que estos apoyasen el acuerdo negociado con Bruselas. Aunque la presión del calendario y la promesa de May han hecho cambiar de opinión a algunos diputados conservadores que anteriormente votaron en contra del texto, entre ellos algunos defensores del Brexit más duro como Boris Johnson, la primera ministra no ha logrado los apoyos suficientes.

El abogado general de Reino Unido, Geoffrey Cox ha abierto el debate de este viernes afirmando que esta era la última oportunidad para una salida acordada el 22 de mayo y ha señalado que cualquier otra extensión tiene que ser aprobada por la UE y que, por tanto, cualquier Estado podría ejercer su derecho a veto. Cox, cuya opinión tiene una gran influencia sobre los parlamentarios, había advertido a los diputados que este texto es la única posibilidad para un Brexit con acuerdo. “Todas las salidas negociadas de la UE requieren la aprobación de este acuerdo de retirada”.

En esta ocasión, los parlamentarios han votado únicamente el acuerdo de salida, cuando anteriormente el texto se había votado conjuntamente con la llamada declaración política. Esta fue la fórmula que encontró el Gobierno para esquivar la negativa del presidente de la Cámara, John Bercow, a admitir a votación por tercera vez un mismo asunto que ya había sido rechazado dos veces en la misma Cámara.

En enero, el texto obtuvo el visto bueno de 202 parlamentarios, frente a los 432 que votaron en contra (230 votos de diferencia). La segunda ronda, en marzo, no fue mucho mejor: el acuerdo se rechazó por un margen de 149 diputados. 81 votos de diferencia entre una votación y otra, pero sin llegar a ser suficientes para salir con las condiciones que estipulaba.

Además, este miércoles el Parlamento británico rechazó también ocho planes de Brexit alternativos al acuerdo de May, entre ellos el segundo referéndum, una salida sin acuerdo, revocar la salida y la propuesta laborista, entre otros.

La Cámara de los Comunes ha rechazado este miércoles ocho enmiendas diferentes que proponían planes alternativos al Brexit presentado por la primera ministra Theresa May, el cual parece que a su vez sigue sin sumar los apoyos suficientes. El Parlamento británico ha rechazo en dos ocasiones el acuerdo negociado por May y este miércoles también ha votado en contra de una salida sin acuerdo, un segundo referéndum, la permanencia en la unión aduanera y la estrategia laborista, entre otros.

Las mociones fueron presentadas después de que los diputados tomaran el control de la agenda del Parlamento en lo que supuso una nueva derrota de Theresa May. La primera ministra ya había avisado de que no se comprometería a cumplir con las medidas resultantes de dicha votación. El debate y las enmiendas sometidas a votación no eran vinculantes, pero sí pretendían dejar clara la preferencia de los parlamentarios.

Poco antes de conocerse el resultado de las ocho enmiendas, la Cámara de los Comunes había aprobado retrasar la fecha del Brexit hasta el 22 de mayo si se acepta el acuerdo negociado por Theresa May en Bruselas, tal y como propuso la Unión Europea. De lo contrario, Reino Unido debe decidir el 12 de abril cuáles serán los próximos pasos. Esta votación confirma que no habrá Brexit duro este viernes.

Las enmiendas se han debatido durante toda la tarde de este miércoles. Algunas pretendían asegurar la permanencia de Reino Unido en la unión aduanera, el Acuerdo Europeo de Libre Comercio y al Espacio Económico Europeo. Apenas ocho votos han separado la decisión de los parlamentarios de apostar por continuar en la unión aduanera: 272 votos en contra y 264 a favor.

Otra buscaba salir sin acuerdo el 12 de abril y una más discutida pedía someter el acuerdo negociado a una consulta ciudadana. Esta última medida obtuvo 268 votos a favor frente a los 295 diputados que la rechazaron. También ha sido rechazada por 70 votos de diferencia la propuesta laborista de Jeremy Corbyn, centrada en el mercado único y la participación en los programas de financiación de la Unión.

May ofrece su dimisión

En un último esfuerzo para sacar su acuerdo adelante y tan solo unas horas antes de conocerse el resultado de las ocho enmiendas, May había ofrecido su dimisión a los parlamentarios conservadores a cambio de que apoyasen el texto en una tercera votación.

La propuesta de May de dejar el cargo para la segunda fase de negociaciones del Brexit ha hecho cambiar de opinión a algunos parlamentarios, entre ellos a algunos miembros del European Research Group, el grupo de diputados defensores de un Brexit duro.

El ERG celebró una reunión tras el anuncio de May y su presidente, Jacob Rees-Mogg, afirmó que cree que hay “muchas más opciones que antes” para que se apruebe el acuerdo. El antiguo ministro de Exteriores Boris Johnson, que en el pasado había calificado el acuerdo de May de “chaleco suicida”, se ha mostrado a favor del mismo tras la oferta de dimisión de la primera ministra.

Aun así, el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP) ha asegurado que volvería a votar en contra del acuerdo, lo que en la práctica complica que este se llegue a aprobar. El Partido Conservador de May (314 parlamentarios) gobierna en coalición con el DUP (10 escaños) y para lograr una mayoría se requieren 326 escaños. En el pasado, algunos parlamentarios laboristas e independientes han apoyado el acuerdo, pero May no cuenta con el voto de todo su partido.

En un comunicado, la formación de Irlanda del Norte ha reconocido que el gobierno de Theresa May ha hecho “avances” en materia legislativa nacional que son necesarios para asegurar una salida que respete “la integridad económica y constitucional del país”, pero no los considera suficientes.

Aun así, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, se ha vuelto a mostrar en contra de autorizar una tercera votación del acuerdo, que ya ha sido rechazado en dos ocasiones anteriores. Tras el anuncio de May, Bercow ha recordado al Gobierno que no “malinterprete” sus objeciones a celebrar una tercera votación. “No deberán tratar de esquivar mi norma registrando de todas maneras una moción. La Mesa ya ha sido avisada de que no se aceptarán mociones al respecto”, ha añadido.

La primera ministra británica, Theresa May, ha ofrecido su dimisión a los diputados conservadores a cambio de que apoyen el acuerdo negociado con Bruselas y que ya ha sido rechazado en dos votaciones anteriores.

“He escuchado el mensaje en el partido parlamentario. Sé que hay un deseo para una nueva aproximación y un nuevo liderazgo en la segunda fase de las negociaciones del Brexit y no me opondré a ello”, ha afirmado Theresa May durante una reunión con sus compañeros de partido.

“Sé que algunas personas están preocupadas de que si votan a favor del acuerdo, lo utilizaré como una aceleración hacia la segunda fase sin necesidad de debate. No es así, entiendo lo que están diciendo. No obstante, tenemos que pasar el acuerdo y efectuar el Brexit”, ha añadido la primera ministra.

May ha afirmado que está preparada para dejar el trabajo “antes de lo esperado” para “hacer lo que se merece Reino Unido país y el partido”, ha añadido. “Le pido a todo el mundo en esta sala que respalde el acuerdo para que podamos completar esta tarea histórica: respetar la decisión de la sociedad británica y dejar la UE de manera ordenada y suave”.

La primera ministra no ha fijado una fecha para su salida durante la reunión con los parlamentarios conservadores, pero es probable que salga de Downing Street antes de otoño, afirma el diario británico The Guardian.

Este período es muy significativo en la agenda de los tories: en octubre tendrá lugar la Conferencia del Partido Conservador, un encuentro anual del que destaca la presentación de la ruta política a seguir el siguiente año. May abrió el del año pasado con la promesa de cumplir con el Brexit. Si la primera ministra decide renunciar, este año estará marcado por la elección de un nuevo líder para el partido y también para el país.

El anuncio se produce horas antes de que el Parlamento vote sobre ocho alternativas al acuerdo de salida negociado por May en Bruselas. Entre las opciones que se votarán está una salida sin acuerdo, retirar la salida, convocar un nuevo referéndum, negociar una unión aduanera con la UE y permanecer en el mercado común, entre otras.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha sido de las primeras políticas en reaccionar a la noticia de May: “Si se efectúa el Brexit sobre la base de un acuerdo que nadie apoya (uno tan malo que la primera ministra ha tenido que ofrecer su dimisión para que se apruebe), empeorará un proyecto ya de por sí malo”, ha escrito en Twitter.

El documento negociado por May con Bruselas ya ha sido rechazado dos veces por la Cámara de los Comunes, a pesar de que en la segunda ocasión obtuviera nuevas garantías de la Unión Europea. En enero, obtuvo el visto bueno de 202 parlamentarios, frente a los 432 que votaron en contra. La segunda ronda, en marzo, no fue mucho mejor: el acuerdo se rechazó por un margen de 149 diputados. 81 votos de diferencia entre una votación y otra, pero sin llegar a ser suficientes para salir con las condiciones que estipulaba.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ya se había pronunciado ante la posibilidad de volver a someter el documento a votación. Se opuso a esta posibilidad poco después de que el Parlamento británico lo tumbara por segunda vez. Esta tarde ha recordado al gobierno de May que no “malinterprete” sus objeciones a celebrar una tercera votación. “No deberán tratar de esquivar mi norma registrando de todas maneras una moción. La Mesa ya ha sido avisada de que no se aceptarán mociones al respecto”, ha añadido.

El principal obstáculo del acuerdo es la cláusula denominada 'backstop', cuyo objetivo es evitar la creación de una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. El 'backstop' establece que Reino Unido permanecerá en la unión aduanera a menos que la UE y Downing Street negocien un nuevo acuerdo comercial. Los defensores del Brexit duro temen que Reino Unido pueda quedar atrapado de forma indefinida en la unión aduanera.

Según publica The Guardian, el parlamentario Shailesh Vara ha salido de la reunión del European Research Group (ERG), el grupo de diputados conservadores defensores de un Brexit duro, afirmando que la mayoría de los presentes, incluido él, apoyarían el “mal acuerdo de May” dado que las alternativas son peores.

Luis Carlos Díaz no puede hablar de lo que le pasó. No puede confirmar la versión que su mujer, Naky Soto, ha transmitido, ni hablar expresamente del momento del arresto: el juez que lleva el caso de su detención se lo ha prohibido. Pocos días después de su liberación, hablamos con él y sobre la nueva situación que se le abre a uno de los activistas en redes sociales más reconocidos del país. Debe presentarse ante el juzgado cada ocho días y no tiene permiso para salir del país.

Naky Soto es la única que trazó una hipótesis sobre la detención del periodista. Horas después del arresto, ella explicó que el lunes por la noche, a la vuelta de la emisora a la que había acudido para hablar del apagón eléctrico que afectó a Venezuela durante casi cinco días, dos camionetas secuestraron a su marido. Soto contó a los medios que acudieron a solicitar información que se lo llevaron encapuchado al Helicoide, el centro de detención conocido por albergar presos opositores. Allí, supuestamente, fue sometido a interrogatorios entre abusos.

Díaz ha escrito varios artículos en los que ilustra, a través de la voz de otros apresados por su actividad digital, las condiciones en las que los mantienen: incomunicados, sin acceso a un abogado y sometidos a malos tratos. “Las viví”, puede decir ahora. 

Según la información que se hizo pública, poco después de llevarse a Díaz, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) realizó un allanamiento de la casa que comparten y se llevan sus ordenadores, teléfonos y otros dispositivos. Esta parece ser una razón plausible para que el periodista no apareciese por las redes sociales -“su casa”- durante varios días después de que fuera liberado. Desde hace años, Díaz se ha servido del espacio digital para informar de su experiencia en la oposición. Pero también para enseñar a los usuarios que le siguen -372.000- a moverse en la red y protegerse de sus vulnerabilidades.

En esa operación incautaron también medicamentos con los que Soto se está tratando un cáncer de mama y dinero que tenía guardado para la operación. Soto aseguró que los agentes sabían donde estaban y para qué los utilizaba.

Ante las denuncias, Amnistía Internacional ha declarado al activista prisionero de conciencia, mientras que la ONG Espacio Público se ha movilizado para representar su defensa y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha pronunciado a su favor. 

Sin resultados concretos del proceso judicial que atraviesas, ¿cuál es a tu parecer la razón por la que deciden detenerte?

Ellos tienen muchos frentes de conflicto abiertos, que en realidad son crisis que se han generado por sus propias decisiones políticas. Hay falta de alimentos, de medicinas, fallas estructurales gravísimas y un estado de ingobernabilidad continuo. Un país que está colapsando. Ahora, se suma lo eléctrico, y como siempre necesitan generar un espectáculo que desvíe la atención.

Lamentablemente, en esta ocasión el espectáculo fui yo, una persona detenida que puede durante uno o dos días desviar la atención de la agenda pública y en paralelo puede servir como escarmiento o amenaza contra el resto de comunicadores, ciberactivistas, la gente que participa en redes y demás. Solo que en este caso, quizás por el nivel de presión o por la respuesta que ha habido, la jugada fue más difícil y al final terminó en libertad, aunque todavía condicional y con presiones constantes.

Llevas denunciando en redes muchas de las maniobras del Gobierno, pero nunca habían llegado a la detención. Es decir, que Maduro ha permitido la crítica. ¿Dónde estaba el límite?

Eso ha cambiado por completo. Maduro ya no tiene un límite. Pasó de decir hace un par de años “que me digan dictador” a luego decir que no, que de esa manera no se le puede llamar. De hecho, al periodista Jorge Ramos, de Univisión (...) primero lo encierran, le quitan todos los equipos y lo votan del país por llamarlo dictador o confrontarlo con la realidad. El chavismo es como lengua de fuego y piel de bebé, y cuando los atacan o los critican responden casi hasta fingiendo molestia, fingiendo dignidad, como quien se siente herido por las cosas que le dicen.

¿No hay entonces un punto crítico donde os pongáis barreras? Donde penséis: “esto no se puede tuitear”.

Yo sigo una premisa muy sencilla: no tuiteo nada que no tenga comprobado, confirmado, algo que no haya un dato que lo compruebe. No corro a dar primicias de casos que no sean de mi materia de especialidad. Trabajo con framing: es decir un encuadre, no solo contar las cosas que pasan sino cómo interpretar como pasan. No hay un límite, hay temas donde no hay que hablar si no se es especialista.

¿El Gobierno de Maduro sabe moverse en redes sociales? ¿Comprende cómo es el debate en estas plataformas?

El chavismo en general no entiende las redes sociales. Entienden la comunicación de forma militar, es decir: vertical, obediente, con pensamiento único donde hay tropas digitales y todos tienen que seguir la misma línea y todo lo que salga es conspirativo, antipatriótico y demás. No entienden para nada las conversaciones espontáneas, no entienden las campañas ciudadanas. Siempre acusan de que son pagadas, que son inorgánicas. Ni Maduro, ni su gabinete, ni Chávez en su momento entienden las redes, por fortuna. Eso es lo que nos da ventaja a los ciudadanos.

Cuando fuiste liberado aseguraste que no podías hablar del caso pero sí hacer periodismo. ¿Cómo continúas tu labor de aquí en adelante?

Hay unos límites claros, que son los del tribunal. También hay un juego político en el que las autoridades o al menos quienes se incomodaron con mis opiniones siguen muy pendientes con lo que digo. Tengo que cuidarme, estoy tratando de evitar espacios en vivo, como la radio.

En cuanto a mis redes sociales, tardé muchos días en recuperar su uso. Lo que tengo que hacer es mantener mi trabajo, entendiendo que tengo algunas restricciones de movilidad. Me toca pensar mucho en otros modelos de financiación pero tengo que pensar si lo puedo hacer aquí en Venezuela o si me van a volver a encerrar o expulsar del país. Todas esas son decisiones que no dependen de mi sino de la presión gubernamental de estos días. 

¿Desde Venezuela se puede desarrollar este tipo de activismo? ¿Os planteáis salir del país cuando termine el juicio?

Va a ser inevitable que se mantenga un activismo en Venezuela dentro y fuera porque la situación solo empeora. De hecho, gente que no era parte de estos movimientos se suma, que de pronto se ve afectada. Hace 10 años había gente que reclamaba cosas relacionadas con la democracia, con los derechos humanos, pero no había gente que está reclamando por enfermedades porque hoy no tiene el medicamento y que se están muriendo.

La cantidad de gente que se manifiesta públicamente, que es activista, que exige reivindicaciones sociales solo ha aumentado porque la sociedad civil se ha visto afectada por la crisis del chavismo, hay una especie de entrega de relevos. Hay gente que ha recibido presión suficiente como para tener que salir del país y otros que se mantienen dentro luchando. Hay que pensar que Venezuela es un país democrático, con una sociedad civil formada que conoce la democracia y la va a exigir. En ese sentido, no somos Corea del Norte ni somos Cuba.

¿Cómo calificas el ejercicio del periodismo allí en comparación con otros países donde se sufren reiteradas violaciones de derechos humanos por prácticas similares?

En Nicaragua se vive una situación parecida a la nuestra porque las franquicias del sandinismo y el chavismo tienen cosas en común, las perversiones a las que han llegado. Me preocupó muchísimo ver a alumnos y amigos míos perseguidos, hostigados, exiliados por su trabajo. Nicaragua está mucho más abandonada; las migraciones de Venezuela son muy marcadas en el continente, desestabilizan la región y se convierten en un problema prioritario.

He dado clases de periodismo en toda América, durante muchos años decía que México y Honduras estaban peor porque los periodistas eran asesinados y desaparecían, y después de lo que ocurre en Venezuela puedo decir que tenemos que estar muy pendientes, generar muchas alertas y límites, si no son institucionales pues de opinión pública para que el Gobierno no se atreva a empeorar la arremetida contra la prensa. Es duro y difícil pero comparándonos con el resto del continente, Venezuela tiene que estar en las prioridades porque no es tanto lo grave que son las cosas sino el deterioro, de dónde veníamos. Nosotros éramos un país estable, democrático, con bajos niveles de conflictividad y ha pasado a ser uno de los más violentos del mundo.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) avisa además de que estos actos y ataques contra periodistas no son solo un ataque al gremio, sino que deja a la ciudadanía venezolana sin información.

Los ataques a la prensa impiden que la gente se entere de las cosas que pasan. A diferencia de otros países, el Estado venezolano no rinde cuentas: no tenemos acceso por ejemplo a la cifra de inflación, a las cifras epidemiológicas; nos las niegan. Ni de homicidios, secuestros, robos, nada que tenga que ver con seguridad porque los  gobernantes creen que las cifras van en su contra así que en ocasiones ni siquiera las recogen. No se rinde cuentas sobre los salarios de los funcionarios públicos, sobre las contrataciones, sobre los acuerdos con otros países. Es un Estado opaco, blindado, cerrado a la ciudadanía.

Los periodistas, más o menos con distintas fuentes y expertos paralelos, pueden contar qué ocurre en el país. Al acabar con los periodistas se rompe con la noción de país que tiene la gente. Los canales de televisión no pueden denunciar, están totalmente controlados y casi no hay periódicos. Los que eran libres e independientes los dejaron sin papel, así que a la gente solo le quedan las redes sociales pero en ellas te consigues el caos: la espontaneidad de un montón de gente que no siempre es competente para las cosas que dice. 

El Grupo de Lima responsabiliza al Gobierno de Maduro del apagón eléctrico. ¿Qué información están dando a la ciudadanía sobre el origen del apagón?

La información oficial, la que da el Estado venezolano es que todo son sabotajes, conspiraciones y demás. La información real, la que se maneja desde hace una década es que las inversiones y el mantenimiento del sector eléctrico han sido totalmente caóticos o incluso fuente de corrupción. Cuando hablamos de corrupción de Venezuela estamos hablando de miles de millones de dólares. El Grupo de Lima responsabiliza a Maduro porque en Venezuela la electricidad no es de una empresa privada ni nada, fue estatizada hace bastante tiempo y ha ido deteriorándose desde la esfera que menos le paga a sus empleados. Los salarios son de menos de 10 dólares al mes, y con eso no mantienes el parque eléctrico. No se importaron las piezas, no se hizo mantenimiento y todo eso pasa factura.

“¡Lula libre! ¡Lula libre!” El recibimiento de un escogido público madrileño a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff en el Ayuntamiento de la ciudad ha vaticinado la línea discursiva del acto, protagonizado junto al exmandatario colombiano Ernesto Samper. Rousseff, por supuesto, les complació. Acompañó su reclamo antes de arremeter contra el gobierno de Jair Bolsonaro, un mandatario “ultraderechista” y “ultraliberal” que, según expresó, no encontró otra manera de acceder al poder que encarcelando a la figura que encarna el mensaje “más importante de la lucha democrática”.

Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales con el apoyo de alrededor de 57 millones de brasileños: un 56% de los votos. A dos meses de los comicios de octubre, el expresidente brasileño Inácio Lula da Silva, condenado recientemente a 13 meses más de prisión, aparecía en las encuestas con el 40% de la intención de voto, cuando Bolsonaro no llegaba a la mitad de ese porcentaje. “Antes de impedir que saliera elegido de forma clara, antes de tomar todas las medidas contra él, tomaron una forma muy usual: desmoralizar a sus seguidores”, argumentó Rousseff.

Esa desmoralización a base de hachazos judiciales es la que defiende la expresidenta que ha conseguido colocar un Gobierno de ultraderecha al frente del país. En su discurso apareció retratado el Brasil de la década de los noventa: un sistema neoliberal en el que el fuerte recaía sobre la red de universidades (públicas y también privadas), una política de tierras que “utilizaba la reciprocidad” y las tierras no eran expropiadas a empresas extranjeras y una regulación del mercado de trabajo basado en la protección de los empleados.

“Estamos pasando por un proceso en Brasil que no es solo Bolsonaro. Es toda la articulación que sustenta a Bolsonaro: sustituir el estado democrático de derechos que construimos desde 1988; mudar todas las políticas que conseguimos en los últimos años”, defendió Rousseff. Llegados a este momento del discurso, aseguró que la línea que trazó el Partido Social Liberal, liderado por Bolsonaro, fue apartar de cualquier cargo a todas las figuras que representaban ese modelo anterior. Fue forzada a “salir del Gobierno por un acto incondicional, inconstitucional e ilegal con un objetivo claro: transformar el Brasil en proceso con medidas ultraliberales”, aseveró, en relación al impeachment que sufrió en 2016.

“Sufrimos un proceso muy fuerte que el mundo acompañó”, dijo en referencia a los hastíos que sufrió el Partido de los Trabajadores (PT) desde la encarcelación de Lula, pasando por su impeachment. “Antes de ese proceso, tuvimos cuatro elecciones consecutivas y ganamos porque teníamos un proyecto para Brasil. No era perfecto, más que fue capaz de tirar a millones de personas de la pobreza, trató de mejorar el país desde punto de vista de la infraestructura”.

“Poderes fácticos en la región”

El acto conjunto, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense para la presentación del Seminario Permanente sobre América Latina que coordina Pablo Gentili, anunciaba la promesa de resaltar las violaciones de derechos humanos más potentes de la región sudamericana. No obstante, incluso Samper terminó por abandonarse a la marea denunciante que protagonizaba la sala.

“Para mí, Lula es el preso político más importante que existe en el mundo. No hay un preso al que le hayan violado tanto los derechos, se le han desconocido todos. Esto forma parte de la aparición en la región de los poderes fácticos, los que están asumiendo la representación política de nuestros países”, explicó, en alusión al actual presidente de Colombia, Iván Duque.

El proceso de paz que dejó en legado el expresidente Juan Manuel Santos está virando de la mano de Duque “hacia la decisión de volver a la guerra”. Los acuerdos que comenzaron en 2012 y que se fortalecieron con la firma del desmantelamiento de las FARC en 2016 están siendo “infravalorados” por el Gobierno actual. “La ilusión y la esperanza de que hubiera un acuerdo sobre sostenibilidad [del pacto] de la Habana se ha visto truncada en los últimos meses por una serie de decisiones que ha tomado Duque”, como la de objetar la ley que creó la figura del juez de paz.

“Los dos procesos que atraviesan ambos países son un salto al pasado”: a los años más crudos y violentos de actuación de las FARC y a la dictadura militar de Brasil de la década de los ochenta. Tal y como retrataron al presidente actual de ese país y las intenciones políticas que está expresando de cara a implantar en la región, no descartan que la situación pueda volver a tornarse violenta.

Venezuela y sus países vecinos, amenazados

Jair Bolsonaro estaría descuadrando todo lo que la expresidenta considera que define la “diversificación” de Brasil con su agenda política, cada vez más parecida a la de su homólogo estadounidense, Donald Trump. El pasado miércoles, ambos se reunieron en Estados Unidos para discutir sobre Venezuela y los acuerdos militares. El resultado de ese encuentro ha avivado la llama que de todas maneras habrían prendido Rousseff y Samper en un acto dedicado a los derechos humanos.

Ninguno de los dos presidentes actuales descartó una intervención militar en Venezuela, donde la situación se ha encrudecido desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente. Guaidó cuenta con el apoyo de ambos presidentes, que ya han dejado ver que la actuación de la fuerza podría llegar a ser necesaria en el país. “Todas las opciones están sobre la mesa”, dijo Trump.

“La única guerra que faltaba acabar era la de Colombia y fue muy importante lo que ocurrió allí, fue el final de un proceso. Sería gravísimo que haya una intervención militar en la región. Vimos lo que aconteció en Afganistán, vimos lo que aconteció en Irak y en Siria. No queremos esto en nuestro continente”, dijo Rousseff ante los periodistas.

Tras la experiencia colombiana, descarta cualquier opción de pensar en una intervención militar dirigida por países exteriores: “Es muy grave cuando después de no tener guerra entre nosotros, con ningún enemigo externo por décadas, escuchemos estas propuestas. Aquellos que tienen compromisos con la democracia y la paz no pueden estar a favor de intervenciones militares.”

“La destrucción de los partidos de centro en Brasil abrió el espacio para que en la derecha entrase un hombre que era visto como un aventurero, un hombre de ultraderecha. No es que virara de otra ideología, es que era de ultraderecha. Su posición era tan minoritaria porque era folclórica de tan derecha que era”, dijo.

Pasado el mediodía del 10 de marzo, el salón de actos de la Junta Municipal del Retiro de Madrid resuena con cánticos y palmadas que acompañan a una guitarra, de la que brotan los acordes del himno Nicaragua mía. “La raza nicaragüense sabe de luchas y honor” cantan los presentes en el acto celebrado para aprovechar la visita al país de tres activistas exiliadas: Mónica López, Francisca “Chica” Ramírez y María Teresa Blandón. Lucha que precisamente vinieron a ilustrar a la comunidad europea estas tres mujeres, para que los organismos internacionales no desvíen la atención de la crisis humanitaria y sociopolítica que atraviesa el país centroamericano.

Un reclamo que parece haber encontrado un altavoz potente: precisamente este jueves, el Parlamento Europeo pidió sanciones “hasta que cese la represión” contra el Gobierno de Daniel Ortega, al que considera responsable de reiteradas violaciones de derechos humanos. Entre ellas, mencionó la prohibición de expedición de visados y la inmovilización de activos contra los funcionarios “responsables de violaciones de los derechos humanos”. Es una penalización que ya oficializó Estados Unidos.

Pese a que la Eurocámara ya se había pronunciado en mayo de 2018 para condenar la “brutal represión” que se había establecido en las calles de Managua desde el 18 de abril, el anuncio de sanciones contra Ortega no llegaba y numerosas personalidades activistas del país se movilizaron en el extranjero para reclamarlas. “La gente está enterrando a sus muertos sin poder denunciar porque no hay donde ir”: Chica, del movimiento campesino, y López, defensora ambientalista, se entrevistaron con eldiario.es a su paso por España. Ellas se encuentran exiliadas en Costa Rica desde septiembre y ambas se han visto obligadas a abandonar el activismo que realizaban en la Articulación del Movimiento Campesino. “Eran campesinos, no delincuentes”, clamaba al unísono el público en la Junta Municipal, en referencia a la violencia que experimentaron por parte de las fuerzas militares cuando se inició la expropiación de las tierras en 2013.

Al igual que de sus oficios, López y Chica se han retirado de la mesa de negociaciones con el Gobierno de Daniel Ortega para que cesen los enfrentamientos entre sus fuerzas y la sociedad civil. La razón para hacerlo es evitar que la comunidad internacional se lleve la “falsa apariencia” de que las conversaciones están avanzando y de que ya no existe represión en las calles de Managua. “No queremos que se normalice la situación que se está viviendo, porque no se puede resolver pronto”, dice López.

La resolución de la Eurocámara sigue las líneas de las demandas de la Alianza Cívica, el principal negociador de la oposición: liberar a los “presos políticos”, terminar con el “acoso, la intimidación y el espionaje” a opositores y que retornen las organizaciones internacionales al país centroamericano, como las no gubernamentales. No obstante, la decisión sobre si finalmente aplicar las sanciones recae sobre los ministros exteriores de la UE. El Parlamento Europeo simplemente traslada su argumentación a la institución, para que esta decida si seguir los pasos.

Ortega tira la piedra y esconde la mano

Los movimientos sociales del país dicen estar decepcionados con que la Alianza Cívica decidiese retomar las conversaciones solo tres días después de suspenderlas el pasado 11 de marzo. El grupo dijo que estaría dispuesto a volver a las conversaciones una vez que el Gobierno brindase “muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz”.

El presidente nicaragüense emitió la orden el pasado mes de liberar a un centenar de apresados y así apaciguar a la Alianza Cívica y las articulaciones sociales dialogantes, como la Conferencia Episcopal. No obstante, según denuncian López y Chica, pasan de estar en prisión al arresto domiciliario sin aportar claros fundamentos de las razones de la detención.

“Ortega manda un mensaje a la comunidad internacional de que ya está cediendo y que se está abriendo, pero, en realidad, en la práctica, es como si no hubiera liberado a ningún preso”, añade. Tras las protestas desatadas el pasado 18 de abril, el Parlamento Europeo hablaba de 400 personas del movimiento pacífico estudiantil detenidas. López hace referencia a 777 personas apresadas a día de hoy por el régimen de Ortega. “La negociación no puede arrancar si no se garantizan los derechos humanos básicos y Ortega no ha hecho ninguna concesión”, afirma.

Según el texto que emitió la Eurocámara este jueves, estas acciones obedecen “a una estrategia planificada para destruir la oposición política” que lideró las protestas del año pasado.

“No hay libertad de movilización: una sola persona con la bandera azul y blanca es rodeada por la policía y probablemente llevada a prisión, acusada por delitos que no ha cometido”, asegura López. Cantar el himno en las cárceles o concentrarse en consonancia con alguna reivindicación internacional, como el pasado 8 de marzo, conlleva el mismo desenlace, según las activistas. Su intención es trasladar estos hechos a otros países de la UE, entre ellos Francia, Bélgica y Reino Unido y EEUU. Chica acaba de llegar de Praga, donde recibió un premio de parte de la organización People in Need por su lucha a favor de los derechos humanos.

A la sombra de otras emergencias

Entre los miedos principales del movimiento social nicaragüense se encuentra el hecho de que comparten región con Venezuela. “Los intereses que hay ahí son mayores y el país es más grande”, lamenta Chica. A su lado, lo que ocurre en Nicaragua “puede parecer un problema menor, aunque realmente la intensidad de las violaciones de derechos humanos escaló muchísimo más rápido en Nicaragua que el conflicto de la última década en Venezuela”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en diciembre un informe sobre los hechos de violencia que tuvieron lugar desde el comienzo de la movilización estudiantil hasta el 30 de mayo. Lo trasladaron a Washington para denunciar los asesinatos, la persecución y los encarcelamientos arbitrarios que se estaban llevando a cabo y que debían “ser investigados”. Por ejemplo, aludía a que no se identificaban las escenas del crimen ni se practicaban autopsias.

“Logramos mucha atención internacional en las peores circunstancias, cuando Ortega masacraba abiertamente en las calles. Ya no lo hace porque el terrorismo que ha desatado tiene a la ciudadanía escondida y recluida en las casas. Queremos que la comunidad internacional no caiga en la trampa de creer que la gente no está protestando; la gente está en una rebelión constante, pero cada vez les da más miedo denunciar”, explica López.

La organización Human's Right Watch cifra en alrededor de 300 bajas ocurridas solo en 2018 y en torno a 2.000 personas heridas, a lo que hay que sumar las que continúan detenidas. “Buscamos alternativas en Costa Rica para reencontrarnos y retornar hacia Nicaragua pero en los momentos que estamos viviendo no tenemos un empleo ni una casa a la que volver, por lo que no aseguramos una vida digna”, comenta Chica. Según la CIDH, alrededor de 50.000 nicaragüenses ingresaron en ese país durante 2018, y más de 40.000 solicitaron protección en condición de refugiados.

Condiciones infrahumanas para los reclusos

Celdas de dos por tres metros, sin acceso al exterior y muchas veces sin iluminación. Sin posibilidad de contactar con familiares ni abogados. Sin asistencia médica. López y Chica denuncian que las condiciones de las que tienen constancia que mantienen a las personas apresadas son inhumanas. “Como sectores que nos oponemos a Ortega, también tenemos el cuidado de no arriesgar más la vida de la gente”, dice López, para que no se expongan al riesgo de terminar en un escenario similar.

Pese a que en cualquier momento se pueden producir detenciones, las jornadas con algún tipo de reivindicación de carácter nacional son un blanco perfecto el Gobierno. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, las mujeres no pudieron salir a manifestarse porque fueron duramente reprimidas. El 30 de mayo del pasado año, el celebrado Día de las Madres, la policía “disparó abiertamente contra las masas” que protagonizaban la marcha. En ella estaban presentes ciudadanos nicaragüenses, miembros de la CIDH y periodistas internacionales, pero aun así se produjeron fuertes disturbios que terminaron con 20 personas fallecidas. “Ortega ya nos ha demostrado de lo que es capaz”, sentencia López.

“Lo que antes era selectivo y dirigido al liderazgo de base, ahora es totalmente una carnada contra la gente que simplemente se movilizaba en las calles”. Una denuncia, no obstante, que solo consiguen mantener en el extranjero, pues el peligro a ser silenciadas definitivamente ha terminado amordazando a todo un país.

Los 'brexiters' tendrán que esperar. A dos semanas de la fecha de salida prevista, 29 de marzo, y sin un acuerdo que les satisfaga, los parlamentarios han votado este jueves a favor de pedir a la UE una extensión del Artículo 50, es decir, retrasar la fecha de salida con 412 votos a favor y 202 en contra (210 votos de diferencia).

Ahora le toca a los Estados miembros tomar una decisión. Los 27 se reunirán en el Consejo Europeo el 21 y 22 de marzo para evaluar la petición británica. Una de las cuestiones clave es hasta cuándo retrasar la fecha de salida, ya que un aplazamiento largo requeriría la participación de Reino Unido en las próximas elecciones al Parlamento Europeo (26 mayo). De este modo, Reino Unido participaría en el diseño de la futura Comisión y en la constitución del resto de instituciones comunitarias. Los escaños correspondientes a Reino Unido ya se habían repartido entre el resto de Estados miembros.

El texto, propuesto por Theresa May, da una tercera oportunidad a su acuerdo negociado en Bruselas, afirmando que si se aprueba en la cámara antes del próximo miércoles, Reino Unido pedirá una extensión del Artículo 50 tan solo hasta el 30 de junio de 2019 (justo antes de la constitución del nuevo Parlamento Europeo) para evitar la participación de Reino Unido en las elecciones.

“Si la Cámara no ha aprobado una resolución aprobando el acuerdo de salida negociado [antes del 20 de marzo], es muy probable que el Consejo Europeo requiriese un propósito claro para cualquier extensión, en particular para determinar su duración. Cualquier extensión más allá del 30 de junio requeriría celebrar elecciones al Parlamento Europeo en mayo”, añade la moción aprobada.

Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, ha señalado después de la votación: “Reitero nuestra convicción de que un acuerdo puede consensuarse, un acuerdo basado en nuestro plan alternativo que pueda contar con el apoyo de esta Cámara”.

La Cámara de los Comunes ha rechazado cuatro enmiendas que modificaban algunos de los requisitos del texto propuesto por May. La primera de ellas pedía la celebración de un segundo referéndum sobre la salida del país y fue refutada por 334 votos. Solo 85 parlamentarios votaron a favor de una nueva consulta, mientras que la mayoría de los laboristas se abstuvieron. El texto fue presentado por la parlamentaria del Grupo Independiente Sarah Wollaston.

El argumento del partido que lidera Corbyn para retractarse es dar pie a la votación de otra enmienda presentada por dos diputados laboristas y que daría el sí al nuevo acuerdo que presente May, siempre y cuando esté avalado por otro referéndum.

“Quiero reiterar nuestro apoyo a la convocatoria de una consulta ciudadana. No para apuntarnos un logro político, sino presentarlo como una opción realista para salir de este punto muerto. El objetivo último es proteger a las comunidades que están preocupadas por sus puestos de trabajo”, ha añadido Corbyn.

Tiempo para “repensar la estrategia”

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se ha mostrado favorable a una extensión duradera del Artículo 50. “Durante mis consultas con vistas al Consejo Europeo [del 21 y 22 de marzo], pediré a los 27 a estar abiertos a una prórroga larga si Reino Unido lo cree necesario para repensar su estrategia del Brexit y construir un consenso en torno a ella”, ha tuiteado Donald Tusk. A partir de ahí, dependerá de los líderes europeos.

El coordinador para asuntos del Brexit del Parlamento Europeo, el liberal Guy Verhofstadt, ha respondido a Tusk mostrando su rechazo a una extensión del Artículo 50. “¡Bajo ninguna circunstancia una extensión en la oscuridad! A menos que haya una clara mayoría en la Cámara de los Comunes para algo preciso, no hay ninguna razón para que el Consejo Europeo acuerde una prolongación”, ha afirmado.

Por su parte, Michel Barnier, negociador jefe de la UE para el Brexit, también se expresó este miércoles en esta misma dirección: “Nos tienen que decir qué es lo que quieren para la relación futura. Esa es la cuestión que ahora requiere una respuesta clara antes de tomar una decisión sobre una posible extensión”.

El equipo de Barnier ha dicho que “toma nota” de la votación de este jueves. “La petición de una extensión del artículo 50 requiere el apoyo unánime de los 27 estados miembros. Corresponde al Consejo Europeo considerar esa solicitud, dando prioridad a la necesidad de asegurar el buen funcionamiento de las instituciones de la UE y teniendo en cuenta las razones y la duración de esa posible extensión”, ha afirmado. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, está en contacto constante con todos los líderes, ha añadido.

El Parlamento británico rechazó este martes por segunda vez el acuerdo de salida que traía Theresa May bajo el brazo. 24 horas después rechazó un Brexit sin acuerdo y este jueves ha pedido una extensión.

La salvaguarda o backstop es el principal obstáculo para la aprobación del acuerdo. Se trata de una cláusula de último recurso que pretende evitar el establecimiento de una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Según esta cláusula, Reino Unido permanecerá dentro de la unión aduanera si ambas partes no logran un acuerdo comercial una vez Reino Unido haya abandonado el bloque comunitario. Esto, en la práctica, dificulta la salida efectiva del país y muchos parlamentarios temen que Reino Unido quede atrapado de forma indefinida en la unión aduanera.

Casi tres años después del referéndum del Brexit, al gobierno de la primera ministra Theresa May no le ha salido prácticamente nada como tenía planeado. Su acuerdo de salida negociado con la Unión Europea ha sido rechazado dos veces en la Cámara de los Comunes, la fecha de salida se ha retrasado y ahora la pelota está en Bruselas para decidir si aprueba o no una prórroga.

El Parlamento británico ha rechazado salir de la Unión Europea sin un acuerdo de retirada pactado con Bruselas tan solo 24 horas después de haber rehusado por segunda vez el acuerdo negociado por la primera ministra británica, Theresa May, y la UE. La Cámara de los Comunes quiere un acuerdo, pero no el que trae May bajo el brazo. Mientras, la UE insiste en que ese es el único posible. No habrá más concesiones del bloque comunitario.

“Esta Cámara rechaza aprobar salir de la Unión Europea sin un acuerdo de salida y sin un marco para la futura relación el 29 de marzo de 2019”, reza el texto aprobado por 321 votos a favor y 278 en contra –43 votos de diferencia–. El próximo paso: una votación este jueves para solicitar una prórroga del artículo 50, es decir, retrasar la fecha de salida prevista, programada para el 29 de marzo, dentro de 16 días.

“Podemos sentarnos a negociar un acuerdo diferente, pero la UE ha sido clara con que el que hay sobre la mesa es el único disponible. La Cámara tendrá que hacerse cargo de las consecuencias a esta negativa”, ha avisado May inmediatamente después de la votación. “Las opciones que tenemos son las que siempre hemos tenido: podemos irnos con el acuerdo que hemos negociado o podemos ir con un acuerdo que esté sujeto a un segundo referéndum, pero eso sería poner en riesgo que no haya ningún Brexit en absoluto”, ha añadido.

“La primera ministra parece no entender. Su acuerdo ha sido rechazado con contundencia dos veces en esta Cámara por mayorías sin precedentes”, ha afirmado Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, que pide a May que se eche a un lado y que se ponga en marcha el plan diseñado por los laboristas. “¿Se nos puede informar de lo que defiende ahora la primera ministra? El plan laborista es la estrategia más creíble y está lista para ser negociada”, ha añadido. May, por su parte, defiende que la propuesta de Corbyn “ha sido rechazada varias veces por esta Cámara”. El plan laborista aboga por que Reino Unido permanezca en una unión aduanera con la UE.

“La primera ministra ha intentado plantear esto como una decisión entre su acuerdo y no acuerdo, pero el Parlamento ha rechazado tanto su acuerdo como una salida sin acuerdo. Una extensión del artículo 50 es inevitable”, ha afirmado Corbyn después de la votación.

La moción que se presenta este jueves no solo supone la extensión del artículo 50, sino que fija otra fecha límite para los parlamentarios. Tendrán hasta el próximo miércoles, 20 de marzo, para consensuar un nuevo modelo de acuerdo. En caso de cumplir con este requisito, el aplazamiento se efectuará hasta el 30 de junio. En caso contrario, el Gobierno precisará un período más largo y el Parlamento deberá someterse a las elecciones europeas que tendrán lugar en mayo. Es decir, que habrá cambios en la composición de la Cámara.

“No considero que ese sea el desenlace adecuado”, ha afirmado May al respecto. “Una extensión técnica tan corta solo puede resultar factible si tenemos un acuerdo entre miras”, ha añadido.

El texto original presentado por May incluía una segunda frase en la que se recordaba que la salida sin acuerdo es la posición por defecto a menos de que se llegue a un acuerdo. Una enmienda más dura aprobada por tan solo cuatro votos minutos antes de la votación definitiva eliminó esa segunda frase, descartando así una salida sin acuerdo en cualquier circunstancia.

Dudas en Europa sobre la extensión del artículo 50

La extensión es “inevitable”, pero ¿para qué?, se preguntan desde la UE. “Nos tienen que decir qué es lo que quieren para la relación futura. Esa es la cuestión que ahora requiere una respuesta clara antes de tomar una decisión sobre una posible extensión”, ha afirmado este miércoles Michel Barnier, negociador jefe de la UE para el Brexit. “¿Alargaríamos estas discusiones? Las discusiones sobre el artículo 50 están cerradas. Ya tenemos el acuerdo de retirada. Está ahí”, ha añadido.

“Tomamos nota de la votación en la Cámara de los Comunes. Solo hay dos formas de salir de la Unión Europea: con o sin acuerdo. La Unión Europea está preparada para ambas”, ha afirmado la Comisión Europea, según ha recogido el corresponsal de la BBC en Bruselas. “Para descartar una salida sin acuerdo, no es suficiente con votar en contra de un no acuerdo, tienen que apoyar uno. Nosotros hemos acordado uno con la primera ministra y la UE está preparada para firmarlo”, ha añadido.

El presidente de los Liberales y coordinador del Parlamento Europeo para el Brexit, Guy Verhofstadt también se ha mostrado reticente a una extensión del artículo 50 sin un propósito concreto. “Estoy en contra de toda extensión, sea de un día, una semana o 24 horas, si no está basada en una opinión clara de la Cámara de los Comunes para algo. Que sepamos lo que quieren”, ha afirmado. “Londres, por favor, aclárate. Esta incertidumbre no puede continuar”.

“La Unión Europea no puede rescatar a Reino Unido. Les corresponde a ellos decidir. No hay opción de ninguna prolongación si no recibimos una aclaración del lado británico”, ha afirmado Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo.

Si el Parlamento pide este jueves retrasar la fecha de salida, lo previsible es que los 27 jefes de Gobierno, reunidos en Bruselas el 20 y 21 de marzo, lo aprueben por unanimidad, pero necesitan un motivo, y May no tiene mayoría en el Parlamento británico para ninguna iniciativa propositiva. Esta votación no es vinculante para el Gobierno y aún se puede producir una salida sin acuerdo por falta de otras opciones.

May consiguió este lunes un acuerdo 'in extremis' con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que incluía nuevas garantías para evitar que el backstop o salvaguarda, principal obstáculo para el acuerdo, se extienda de forma indefinida. El backstop es una cláusula que contempla la permanencia de Reino Unido en la unión aduanera si ambas partes no logran un acuerdo comercial en el futuro evitando así la imposición de una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Aunque esta última versión del acuerdo hizo cambiar de opinión a 80 parlamentarios que este martes votaron a favor y que en enero votaron en contra, May no reunió los apoyos suficientes al texto negociado. El primer acuerdo fue rechazado con 230 votos de diferencia y el segundo, con 149.

Cada vez son menos países los que dudan a la hora de definir su plan de actuación para el Día Internacional de la Mujer. A ellas ya no les basta con manifestarse, con salir a clamar a favor de sus derechos y en contra de los abusos, de la violencia en todos los ámbitos y de los feminicidios. Quieren hacer ver que el mundo se para si no están ellas ocupando sus puestos habituales, y este 8 de marzo va a ser testigo de esta motivación: la lista de países que se suman a las huelgas feministas de carácter general no ha hecho más que aumentar desde las movilizaciones de 2018.

Al grito de “Ni una menos, vivas nos queremos”, las mujeres de Argentina rompieron en 2017 con el miedo a oficializar un paro general, algo a lo que solo se había atrevido Polonia el año anterior e Islandia 40 años atrás. Trasladaron su lema a los países vecinos y consiguieron internacionalizarlo, animando al resto del mundo a sumarse a la convocatoria. En esa ocasión, las interrupciones fueron de una o dos horas en la mayoría de sitios. En 2018, las españolas pasaron del paro simbólico del año anterior a una huelga con respaldo sindical de 24 horas en la que se fijaron los ojos del mundo. De hecho, la movilización aquí ha servido de inspiración para otros países, que se han sumado con demandas muy explícitas y manifestaciones convocadas en alrededor de 170 territorios.

Hay algunos, como Chile, que llevan organizando la huelga desde que culminó el 8M del año pasado. “Desde marzo de 2018, haciendo balance de la marcha, iniciamos el camino para hacer huelga feminista en el territorio”, afirma Alondra Carrillo, portavoz de la Coordinadora Feminista 8M del país sudamericano. Con más de 50 encuentros y 1.300 mujeres de todo el país participando en el comité, han conseguido sacar adelante un paro de carácter nacional, además de todas las movilizaciones que tienen preparadas para inundar las calles de morado. A él están llamadas por los sindicatos nacionales todas las trabajadoras de la salud primaria y los profesores.

“El año pasado teníamos la sensación de estar haciendo algo por primera vez, pero este año llegamos a este momento con mucha historia en el cuerpo, mucha actividad que durante todo el año le ha dotado de contenido a lo que va a ser esta huelga”, comenta Carrillo. “A la segunda fila no vamos a volver más”.

De esa posición quieren salir en Turquía, donde también se estrenan con la convocatoria de una huelga general. El 5 de enero se decidió en Estambul que las mujeres turcas y kurdas seguirían el ejemplo de sus compañeras de países latinoamericanos y europeos, principalmente. Bajo el lema “Women are strong together” (Las mujeres son fuertes estando juntas), 165 organizaciones feministas y LGTBI reunieron en esa jornada a alrededor de un millar de mujeres. “Queremos ser parte de la rebelión y apuntamos a paralizar la vida aunque sea durante un día”, asevera Seda Can, de Asambleas de Mujeres Socialistas (SKM) de Turquía.

Las feministas turcas apuntan al presidente Erdogan y su gobierno. “El Estado trata de instaurar forzosamente a las mujeres en el rol tradicional de ser madre, obediente y sometida. Bajo el régimen del AKP [partido que lidera Erdogan] la violencia hegemónica masculina en todas sus formas ha aumentado de forma extrema. No es coincidencia”. Es un país que, según Can, tiene muchas razones por las que defender la libertad de los derechos de sus mujeres, y por eso llaman a parar “no solo en las áreas de producción sino en todos los ámbitos de la vida”.

¿Sin apoyo sindical? Paran igual

“We strike”. Nosotras paramos. Con tal contundencia presenta Reino Unido su posición para este 8M. Avalan el paro 36 organizaciones presentes en el país, como la Cuarta Ola Feminista, la Asamblea de Mujeres Kurdas y la Marcha de Mujeres de Londres. “El 8 de marzo hablaremos, resistiremos, atacaremos y nos negaremos a trabajar (...), estaremos en huelga por el trabajo que hacemos, sin importar si nos pagan o no”, aseguran en la página de Women's Strike. En 2018, la convocatoria no tuvo un impacto laboral notable, pero las manifestaciones fueron multitudinarias. Es por eso que han depositado toda su confianza en que este viernes sean muchas más personas las que decidan ausentarse de su puesto de trabajo.

Otra de las sorpresas de este año es la movilización masiva que han convocado las mujeres de Alemania. Probablemente, sea uno de los países europeos con más actividades emergentes para este 8M y es tal la lucha que han propiciado contra los sindicatos para que estos avalen el paro que han terminado por declarar la jornada como día festivo para poder acudir a las manifestaciones.

En otros sitios, si la huelga no es una realidad no es precisamente por falta de ganas o de medios. En Irlanda, la Asamblea 8M de Dublín se constituyó a partir de las concentraciones de 2018 y de las mujeres extranjeras (especialmente latinoamericanas movidas por el Ni Una Menos) que residen en el país. Pese a que en el país no hay una “acción feminista organizada”, se ha contagiado del movimiento. “El 8M sencillamente sucede y si se es feminista, hay que estar”, dice Ana Rosa, integrante de la Asamblea.

“El derecho a la huelga no tiene el estatus de derecho constitucional como sucede en España. En la legislación laboral se reconocen algunas protecciones para trabajadores sindicados, pero la mayoría de las que vamos a parar el 8M hemos cambiado turnos o cogido días libres para poder 'hacer huelga'”, explica. Han conseguido programar una mesa informativa para la víspera de ese paro simulado y varias lecturas de manifiestos y 'acampada feministas' para el propio 8. Aun así, asegura que sienten que “todavía hay mucho camino por recorrer en Irlanda”.

En Austria, el movimiento sufragista de la década de los 70 ha tenido que enfrentarse a los sindicatos para transmitirles su deseo de sumarse a la convocatoria de huelga internacional. Estos no han cedido, pero no por ello han desistido de organizar movilizaciones entre las mujeres más conservadoras. Otra ola algo más joven, bautizada con el lema “Take Back The Streets” (Recuperar las calles), tiene preparada una manifestación a favor de las mujeres racializadas. Con tambores, vestidos originarios y coreografías con esa temática, visibilizarán en las calles a las mujeres que residen en el país europeo y sufren la discriminación.

Ni feminicidios ni “niñas madres”

“Es aberrante lo que está sucediendo en Argentina”. Ada Rico, presidenta de una de las organizaciones feministas más conocidas de ese país, La Casa del Encuentro, se refiere a los últimos casos de menores embarazadas que han salido a la luz. En la provincia noroeste de Tucumán se negaron a practicar un aborto a una niña de 11 años, que tuvo por cesárea a un bebé tras ser violada. Este caso se suma al de otra menor de 12 años, a la que le hicieron una cesárea en la semana 24 de gestación. Son hechos que han desatado el agravio entre las ya enfurecidas feministas argentinas: “Todo el movimiento activista está con el reclamo de estas niñas”.

Por ellas y contra el concepto de “niñas madres” que se viene denunciando en el país, marcharán este 8M. El derecho a decidir, una vez más, aparece implícito en el discurso feminista, que casi consigue despenalizar el aborto más allá de los casos excepcionales que contempla la legislación actual. “Uno de los temas principales va a seguir siendo el aborto, más allá de que nos vamos a manifestar por los feminicidios y todo tipo de violencia sexual”, dice Rico. El año pasado, el país arrojaba una proporción devastadora: una mujer asesinada cada 30 horas.

En Australia, el foco está puesto en el ámbito laboral, desde donde opinan que se tienen todas las herramientas para empoderar a la mujer. “Desde ahí se puede pelear”, dice Flavia Guardia, componente del movimiento Ni Una Menos en Melbourne. Ha movilizado a la comunidad latina de esa urbe y a mujeres nativas que sufren agresiones sexuales en el trabajo para unirse al grito global. “En Australia hay muchas leyes que se llegan a aplicar, pero si no las conoces, pasan por arriba de ti” en el trabajo, dice. “Se pelea por el sueldo igualitario y respetar a sus aborígenes, reivindicar la lucha y que ellos son los dueños de la tierra”.

India lleva protestando semanas en una reunión inusual y cambiante: la Mahila Suraksha Padyatra (Marcha por la Seguridad de las Mujeres). Swati Maliwal, la presidenta de la Comisión de Mujeres de Delhi, se encuentra a la cabeza de una marcha de 13 días a pie para conocer a mujeres de todos los rincones de la capital india, atendiendo a sus problemas y reclamos, y que culminará el 8 de marzo en una manifestación multitudinaria.

Un 8M silenciado

No obstante, no en todo el mundo se escuchará el grito feminista. En Nicaragua, ha sido literalmente silenciado. El pasado 25 de noviembre, las mujeres que salieron para manifestarse en el Día Internacional contra la Violencia de Género fueron duramente reprimidas. El Gobierno de Daniel Ortega ha contenido todas las movilizaciones y este 8M goza precisamente de ese tono agitador de demanda que el presidente quiere abolir a toda costa. Las compañeras turcas, por su parte, también sufrieron una represión similar el pasado 25N, según recuerda Seda Can.

Queda pocos días para que el mundo vuelva a retumbar con las batucadas feministas y para que las calles se llenen con mujeres que han dejado su casa y su silla vacía o sus puestos libres en el trabajo. El 8M volverá una vez más a demostrar que la huelga feminista ya tiene un empuje internacional.

Apenas cuatro horas después de anunciar su candidatura a las elecciones primarias demócratas, Bernie Sanders ya contaba con un millón de dólares para respaldar su campaña electoral. 24 horas después, superó los seis millones. El senador por Vermont repite en la contienda por la presidencia estadounidense en 2020, y el respaldo económico inicial que ha recibido tras el anuncio es cuatro veces mayor que el que consiguió en 2016. Alrededor de 225.000 personas han participado ya en la financiación de la campaña.

Según anunció el equipo de Sanders a algunos medios locales horas después del anuncio, esta cifra pone al político independiente a la cabeza en la contienda en comparación con el resto de sus colegas, que supuestamente lanzaron su oferta ya contando con un pequeño fondo. Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts, era hasta ahora la cara más conocida en la carrera demócrata para arrebatarle la reelección a Donald Trump. Cuando entró en ella, contaba con más de 12 millones de dólares remanentes de la campaña para las elecciones al Senado. 

Kamala Harris también llamó la atención en el momento que se presentó como candidata: su discurso en torno a la diversidad podía ganarle muchos donantes de individuales y colectivos independientes. Un día después de su anuncio había recaudado 1,5 millones provenientes de 38.000 personas. Rozando también el millón de dólares se colocó Amy Klobuchar, senadora por Minnesota, quien no obstante tardó 48 horas en reunirlos de donantes individuales.

No obstante, los números iniciales favorecían a la senadora por Nueva York y candidata Kirsten Gillibrand, quien, al igual que Warren, guardó al menos 10 millones de su candidatura para el escaño en el Senado estadounidense. Cory Booker, quien además es el primer senador afroamericano de Nueva Jersey, se quedó un poco atrás pero pudo servirse de los 4 millones de dólares que le quedaron de las estatales de 2018, según la Comisión Federal Electoral.

Tal y como explica este órgano, los informes oficiales sobre la financiación de todos los candidatos para las primarias no estarán disponibles hasta más entrado el año. No obstante, y teniendo en cuenta que la mayoría de candidatos y candidatas han entrado en campaña pisando fuerte, los números anunciados por el equipo de Sanders le favorecen con creces de cara a reforzar su posición en la batalla electoral.

En el caso de las primarias para 2016, Sanders consiguió 1,5 millones en apenas 24 horas, también sobreponiéndose a lo que habían conseguido los principales candidatos republicanos en el momento: los senadores Marco Rubio (Florida) , Rand Paul (Kentucky) y Ted Cruz (Texas). Sus nombres resonaban como potenciales candidatos a la presidencia junto a la demócrata Hillary Clinton (quien terminó arrebatando la carrera a Sanders) pero ninguno alcanzó a Sanders en cuanto a recaudación inicial: los tres se quedaron entre 1 y 1,25 millones. El caso actual es un 

Movimientos ciudadanos: claves de su campaña

Es la segunda vez que Sanders, de 78 años, lucha para optar a la presidencia desde el bando demócrata, a pesar de ser el senador independiente más longevo en la cámara. Él se define a sí mismo como un socialista demócrata y comparte la fiera intención que protagoniza el mensaje inicial del resto de contendientes: echar a Trump de la Casa Blanca. “Es un mentiroso patológico... también creo que es un racista, sexista, homófobo, xenófobo, alguien que está ganando puntos políticos baratos tratando de meterse con las minorías”, dijo en una entrevista con la radio pública de Vermont.

Sin embargo, esta vez le mueve un deseo más revolucionario que cuando se presentó en 2016, a sabiendas de que entonces solo tenía como contrincante seria a Clinton. El senador confía en que el nuevo aire progresista y protagonizado por la diversidad que predomina en el Congreso consiga sobreponerse a las medidas proteccionistas y conservadoras que caracterizan a Trump. “Hemos progresado mucho en traer ideas que hace tres años la gente decía que eran radicales”, añadió Sanders.

La primera promo electoral hace referencia, precisamente, a la necesidad de implantar políticas que favorezcan a los movimientos sociales y los grupos minoritarios. “Me presenta como candidato a presidente. Os pido que os unáis a mi en una histórica campaña popular sin precedentes que comenzará con al menos un millón de personas de todo el país”, ha escrito en su perfil de Twitter. 

“Hermanos y hermanas, tenemos mucho trabajo por delante”, avisa Sanders en el vídeo. “Si estamos preparados para trabajar juntos, no hay nada que pueda interponerse en el camino de las grandes personas de nuestra nación”.

Sanders es la pieza que faltaba para resaltar el reclamo generalizado que protagoniza en la lista de candidatos: la subida de impuestos a la población más rica. Es una iniciativa fresca en un país como EEUU, que nace sobre todo de las nuevas incorporaciones demócratas al Congreso. No es de extrañar que la campaña de Sanders centre sus esfuerzos en remarcar ese fenómeno, dadas sus intenciones de remodelar las relaciones empresariales.

“Tenemos un sistema que permite a esa gente (grandes empresas) acumular grandes cantidades de riqueza. Cuando hablo de socialismo democrático, hay quien quiere tacharme de radical. Bueno, ahí va: yo creo que las personas tienen el derecho inherente al acceso a la sanidad, a la educación, a vivir en un ambiente transparente”, remarcó el senador al canal estadounidense CBS, escasas horas después de formalizar su candidatura.

Si viajar con un animal de compañía a Reino Unido ya suponía una odisea antes del Brexit, cuando el país salga de la Unión Europea las vacaciones de los británicos deberán pasar a incluir presupuesto extra para guarderías: sacar un perro o un gato del territorio e introducirlo después podrá llegar a convertirse en un verdadero quebradero de cabeza y de monedero. Solo un Brexit suave con acuerdos podrá salvar a los miles de británicos que pasan largas temporadas fuera acompañados de sus mascotas, escapando del invierno en la mayoría de ocasiones, y de tener que planificar su viaje con casi medio año de antelación.

El verano mediterráneo es muy codiciado entre la sociedad británica, teniendo en cuenta que las temperaturas no son muy estivales en su país ni siquiera en pleno julio. En algunas zonas como la costa sudeste de España o las Islas Canarias, el invierno va incluido en la lista de deseos de largas estancias por su clima. Muchas personas cuentan hasta con una vivienda en estos puntos a la que aprovechan a mudarse en los meses más soleados. Para muchas de ellas, este es un paseo anual que ni siquiera hace falta marcarse en el calendario, por lo que los trámites a largo plazo no deberían causar demasiados estragos.

No obstante, planificar un viaje de una semana para la otra o hasta con un mes de diferencia sí que puede convertirse en un imposible. Si el Brexit llega a efectuarse sin acuerdo, el proceso para salir del país acompañado de su mascota después del 29 de marzo puede extenderse casi cinco meses.

Al dejar de formar parte de la UE, las cuarentenas por no contar con los requerimientos pertinentes pueden alargarse y las exigencias médicas se endurecen: se les deberá poner un microchip, vacunar contra la rabia (o poner un refuerzo en caso de que ya la tenga) y un veterinario deberá dar su visto bueno a un análisis de sangre a los 30 días. A partir de ahí, este estará listo para viajar… Tres meses después. Y la vía administrativa no es tampoco un camino de rosas.

Esta situación concreta afecta al resto de la ciudadanía europea: un turista griego, una empresaria alemana o un estudiante español que quieran pasar una temporada con su perro, su gato o su hurón (son los animales contemplados en la legislación) en Reino Unido deberán saber a conciencia el tiempo exacto que pasarán en el país. ¿Qué pasa si no es así? Que podrían verse “atrapados” en él durante los más de cuatro meses que lleva completar todo el proceso burocrático para sacar a su animal.

Quiero llevar a mi perro a Reino Unido

Actualmente, solo el coste del trámite logístico y administrativo para aterrizar en suelo británico con una mascota ya es exorbitante en comparación con el resto del territorio europeo. El billete para un perro, un gato o un hurón, su recepción en el aeropuerto y el paso por aduanas asciende hasta los 800 euros solo en España. En función del país de origen y de la hora de llegada del vuelo a uno de los aeropuertos autorizados, puede llegar a costar más de 1.000 euros.

Esta dificultad se complementa con el hecho de que las aerolíneas no tienen permitido llevar allí a los animales en sus aviones. En lo único que varía un trámite para volar con un perro de España a Alemania, por ejemplo, es en que debe haber un pasajero a su cargo. Si el animal pesa menos de ocho kilos, podrá viajar con su dueña en la cabina del avión, y si supera ese peso lo hará en la bodega. En el caso de Reino Unido, son empresas y agencias independientes las que se encargan de transportar a las mascotas como 'cargo'. Realizar la ruta por vía marítima conllevaría el mismo proceso con una retirada sin acuerdo.

Sin embargo, el trámite y los tratamientos médicos se pueden gestionar en un período de tiempo relativamente corto. Contratar a una agencia, conseguir un pasaporte europeo para el animal y aplicar las vacunas adecuadas y un tratamiento contra lombrices son pasos que pueden realizarse en menos de dos semanas para entrar. Salir no requiere de más requerimientos siempre y cuando los citados estén en orden.

Las condiciones para introducir o sacar animales de un país de la Unión Europea varían entre sí porque son los propios Estados los que valoran la manera de mantener un ecosistema favorable; por ejemplo, para evitar que un perro que ha contraído un virus en el extranjero lo extienda en el territorio. Cada normativa se asienta sobre la regulación nacional en cuestiones de bioseguridad.

Sin acuerdo, marzo es una incógnita

El plan de contingencia del Gobierno británico pasa por acordar con la Comisión Europea un espacio para Reino Unido en las listas de terceros países que contempla la legislación actual. Esto evitaría que las barreras burocráticas que añadiría el Brexit sean tan duras y que el único añadido a la ya dificultosa travesía sea de carácter administrativo.

“Estamos en plenas negociaciones con la Comisión Europea para que permita al Reino Unido convertirse en un tercer país incluido en las listas cuando abandonemos la UE. Continuaremos presionando a la Comisión para que analice esta opción con nosotros”, explica el Departamento para el Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales del Gobierno en su página oficial, plagada de apartados que prometen iluminar al usuario en el mundo “después del Brexit”.

Por el momento, ni siquiera las agencias que se encargan del transporte de los animales tienen claro cuál va a ser el método de actuación. Solo un Brexit definido tiene la respuesta a esta y otras cuestiones relacionadas con las aduanas y los espacios de mercado que compartirán UE y Reino Unido. Las fronteras y las barreras comerciales son factores que causan estragos en el acuerdo actual entre Bruselas y el Gobierno de Theresa May, que ha sobrevivido a duras penas a una moción de censura después de que el Parlamento tumbara ese documento.

Es por eso que, frente a una salida que se avecina turbulenta, el Gobierno británico avisa: señores pasajeros, vayan pidiendo cita a su veterinario.

“Hola, Siri. ¿Por qué tienes voz de mujer?”. “Buena pregunta”, responde la asistente virtual más conocida, la de Apple. Si se insiste un poco más, asegura: “Los humanos tienen sexo. Yo no”.

Siri todavía no puede hackearse a sí misma para responder con sinceridad por qué la voz que viene configurada por defecto en su dispositivo imita la de una mujer, por mucho que las voces agudas no sean exclusivas de las mujeres. Sobre todo porque Siri no está sola: Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft), Bixby (Samsung), Anna (Ikea) o en España Aura (Movistar) o Irene (Renfe) son asistentes virtuales que obedecen órdenes, administran aplicaciones, compran billetes y aconsejan sobre muebles o compras, entre tantas otras funciones. Cada vez más empresas ponen a un avatar con formas o respuestas humanas al alcance de sus usuarios. Y casi todas esas formas les ponen apariencia, nombre o voz de mujer.

Al introducir la palabra “asistente” en la opción de imágenes del buscador de Google, solo en una de las diez primeras fotografías aparece un hombre. Un patrón se replica en las otras nueve imágenes: mujeres trajeadas que sonríen mientras responden a un teléfono o toman notas. Este puesto de trabajo sumamente estereotipado parece haberse trasladado al mundo de la inteligencia artificial. “Por obvios condicionamientos culturales y estereotipos, las voces femeninas suelen asociarse a la amabilidad, la predisposición y el servicio”, dice a eldiario.es Mara Balestrini, licenciada en comunicación social y experta en la interacción entre humanos y máquinas.

Aunque no tengan cuerpos, representan la imagen perfecta de una asistente personal, tanto en la oficina como en casa. En algunas calles de Madrid han aparecido en las últimas semanas carteles que dicen “Alexa, hazme la compra” o “Siri, quiero cenar sushi” que precisamente denuncian ese modelo de “mujer asistente”. Forman parte de una campaña de visibilización de las organizaciones Mujeres en Igualdad y Asociación de Hombres por la Igualdad, que denuncian un componente sexista en el desarrollo de esta tecnología. 

Amazon ha llegado a decir que Alexa tiene en realidad una personalidad “feminista” y una inclinación general en favor de los derechos humanos. Si se le pregunta a esta inteligencia por qué tiene voz de mujer, dirá en multitud de ocasiones que “no tiene género” o “sexo”, al igual que Cortana. No obstante, no es posible cambiar por una voz masculina en ninguna de las dos interfaces. La respuesta corporativa a este tipo de preguntas [“los humanos tienen sexo. Yo no”, en el caso de Siri] también tuvo que ser configurada por sus creadores.

Tanto Amazon como Microsoft aseguran que escogieron el tono de las IA tras preguntar directamente a los usuarios por el grado de satisfacción a la hora de relacionarse con ellas. “La voz femenina es una elección que va más en línea con nuestros objetivos: construir un asistente útil, fiable y servicial”, asegura la compañía de Bill Gates.

Los estudios que hablan de preferencias femeninas o masculinas a la hora de interactuar con dispositivos se pisan los unos a los otros en términos cuantitativos pero coinciden en lo esencial: existe un sesgo significativo hacia las voces femeninas. Mientras que las voces de los hombres se consideran más autoritarias, las de mujeres son más cordiales y se aprecian mejor. 

Esta es la premisa a la que se agarran las grandes tecnológicas para crear asistentes femeninos: necesitan que la gente se involucre todo lo posible con sus productos, por lo que se valen de los estereotipos sociales del mundo real. Y aparentemente, les funciona. Según una encuesta de la investigadora de mercados Norstat, alrededor de un 90 % de los usuarios de Siri, Alexa, Cortana y Google Assistant se encuentran satisfechos con sus respectivas voces.

De la innovación a la servidumbre

En algún momento de la historia reciente de Internet, los asistentes virtuales empezaron a dejar de tener apariencia masculina. La inteligencia artificial de IBM que consiguió ganar en 2011 a Ken Jennings y Brad Rutter, las dos estrellas del juego de preguntas Jeopardy!, se llamaba Watson, en honor al fundador de la compañía, Thomas J. Watson. El asistente se creó para proporcionar un “entendimiento más acertado e interactivo con el lenguaje natural”, en palabras de David Ferrucci, uno de los investigadores que crearon la tecnología. La intención del equipo del que formó parte Ferrucci era crear un software que fuese capaz de discriminar información y enlazar personas con servicios concretos, a diferencia del amplio abanico de resultados que ofrece un buscador; una tarea que no podría realizar un ser humano.

Este tipo de funciones han ido evolucionando en el sector hasta llegar al requerimiento directo de órdenes para servicios básicos que puede llevar a cabo cualquiera. La intención es llegar a salvarnos de hacer cualquier pequeñez si hay una máquina que la pueda hacer por nosotros.  Poco a poco vamos desarrollando una relación con la tecnología “más íntima” para conseguir “un modo de vida más fácil y más práctico”, señala un estudio de iProspect, una empresa dedicada a desarrollar software de reconocimiento de voces.

La experta en inteligencia artificial (IA) Kristin Lennox explica que las IA semejantes a un asistente virtual se diseñan para tareas específicas, no para “desear cosas” o “interesarse por cosas”. Pero lo cierto es que la comodidad por desembarazarnos de tareas mundanas como encender luces, rellenar formularios y pedir comida rápida en Internet se ha impuesto como la utilidad más extendida, lo que profundiza el carácter servicial que está adquiriendo la asistencia virtual. Y ahí es cuando empiezan a tener nombre y voz de mujer.

Siri, la niña que nunca tuvo su creador

En el ámbito corporativo, Siri representa ahora un diminutivo de Speech Interpretation and Recognition Interface (Interpretación de Discurso e Interfaz de Reconocimiento), pero fue Dag Kittlaus, uno de sus fundadores, quien propuso ponérselo a la inteligencia artificial después de que se frustrara su deseo de llamar así a su hija (tuvo un niño). Siri puede configurarse para hablar con voces de ambos géneros, pero pocas personas pondrán en duda que se la asocia con una mujer, igual que su nombre nació con una personalidad femenina. Es la opción preferente de la tecnológica, además, que no ofrece una versión masculina en todos los países donde presta el servicio.

“¿Tú comprarías o consumirías un dispositivo o servicio que te habla y del que no te fías, al que no te apetece escuchar o que puede hacerte sentir desconfianza? Claro que no. Las marcas van a priorizar los atributos que hagan deseable a la tecnología aunque estos refuercen estereotipos que hoy algunos sectores más progresistas -y con razón- quieren dejar atrás”, reflexiona Balestrini sobre la razón por la que las empresas podrían elegir esta característica por defecto.

La investigadora feminista y cofundadora de la plataforma de inclusión de mujeres en la tecnología Wide, Lucía Viscuso, considera que el hecho de que la representación femenina sea la predominante en este sector no es accidental. “Vivimos en una sociedad que es machista y con estereotipos, por lo que creo que las asistentes virtuales representan esas tradiciones que tenemos instauradas y creo que el marketing trabaja sobre esa cosmovisión, juego con ese estereotipo, también lo va alimentando”, asegura a este diario.

Desde un punto de vista comercial y de adopción de la tecnología, parece que poco han importado las críticas a los aspectos sexistas de los asistentes virtuales. La interacción por voz está en la cumbre de la innovación y del mercado: Google Home y Alexa han sido uno de los regalos más comercializados de estas navidades. 

Balestrini está segura de que la voz será una de las interfaces que más crecerá en los años próximos y que se terminará adaptando para todo tipo de dispositivos y servicios. Con ello crecerán las complejidades que habrá que abordar, pero solo con su uso y el avance en inteligencia artificial y machine learning se perfeccionará su funcionamiento, a pesar de los retos a los que se enfrenta para contentar a los usuarios. “Dar con el tono adecuado para todos, en todas las situaciones, es sumamente difícil”, concluye.

La sexualidad femenina sigue siendo un problema hasta para los sectores que trabajan de la mano de la innovación y el desarrollo, como el tecnológico. La feria de electrónica más conocida de EEUU ha decidido retirarle un premio de innovación en robótica a un juguete sexual para mujeres. El vibrador (que en realidad no vibra) fue seleccionado pero luego fue descalificado por “inmoral”, según recogen varios medios especializados en tecnología como The Verge, Motherboard o The Next Web.

El masajeador Osé ganó el premio honorífico en la categoría de Robótica y Drones que cada año concede el Consumer Electronic Show (CES), basado en la innovación y la funcionalidad de los productos participantes. Entre sus particularidades se encuentra el hecho de que es un dispositivo remoto, es decir, que no requiere un control manual para manejarlo y que simula la textura de distintas partes del cuerpo, como los dedos, los labios y la lengua.

Unas semanas después, llegó la negativa de la convención con una serie de condiciones que no habían sido una traba en las primeras fases de clasificación, como el de que sea un artículo “para adultos” y por ello no sea “apto”, según declaró una portavoz de la CTA al medio BuzzFeed. “No encaja en ninguna categoría existente y, por tanto, no debería haber sido seleccionado”, añadió

Es una consideración que ya han denunciado las ingenieras de Lora DiCarlo, que han publicado en su página web otro de los argumentos con los que la CES y la organizadora de la convención, la Asociación de Consumo de Tecnología (CTA, por sus siglas en inglés) han justificado la retirada del galardón: “Las propuestas consideradas a la mera discreción de la CTA como inmorales, obscenas, indecentes, profanas o que no vayan acorde con la imagen de la CTA serán descalificadas”, dice la fundadora de la empresa, Lora Haddock, que les contestaron.

Haddock no entiende como su producto pudo pasar siquiera la primera ronda de clasificación si no estaba dentro de las exigencias de la distinción. “Un panel de jueces expertos independientes [al CES] nos dio la máxima puntuación valorando todos los criterios”, escribe la directiva, en lo que acusa a la asociación de tecnológica de jugar con un “doble rasero”.

“La CTA se reserva el derecho, a su mera discreción, de descalificar en cualquier momento aquella propuesta que, en opinión de la CTA, ponga en peligro la seguridad o el bienestar de cualquier individual o que no cumpla con las reglas oficiales”, expone la organizadora. Una serie de declaraciones sin más fundamento que la propia consideración de la organizadora de lo que puede afectar a la moralidad del concurso o lo que no.

La negativa de la CES a otorgar el premio al Osé ha sido el incentivo para que la compañía de Haddock haya aprovechado para darle a su invento la visibilización que debería haber obtenido en la feria de Las Vegas. A finales del año pasado, plasmaron en una página web el problema que han experimentado con la CTA y también se han lanzado a las redes sociales, donde han recibido un gran apoyo por parte de periodistas y activistas.

Temática sexual sí, pero como ellos digan

Son numerosas las voces las que critican ya que todo el escenario del CES es sexista. Algunas publicaciones del sector denunciaron en los días previos a la celebración de la conferencia que esta no contase con oradoras mujeres en el evento principal y en relación con el premio, que no es el primer juguete sexual que se expone.

“Claramente, la CTA no tiene problema en permitir la exhibición explícita de la sexualidad y el placer masculino. Otros juguetes sexuales han sido expuestos en la CES e incluso han ganado premios, pero parece que Osé, un producto creado para empoderar a las mujeres por las propias mujeres, es amenazante y diferente”, denuncia Haddock en su escrito.

Otra de las excusas que la CTA les transmitió a las ingenieras de Lora DiCarlo es que el vibrador no encajaba en la categoría adecuada para ser galardonado. La organización de este evento no ha tenido ningún problema en dedicarle espacios a proyectos como “Naughty America” (la América picante) con el lema: “El futuro del entretenimiento adulto ya ha llegado”, ni para presentar androides y robots virtuales femeninos con los que interactuar de forma sexual.

Y entre los dispositivos nominados al premio que debería haber recibido Lora DiCarlo, se presentaron también dos aspiradoras, una tabla de skateboard robótica, cuatro juguetes infantiles y una asistente de compras. “Están todos los intereses de las mujeres representados, ¿a qué sí?”, ironiza Haddock.

“Todo lo que hacemos en Lora DiCarlo está basado en la inclusión y la positividad del sexo. No escondemos lo que hacemos y creemos firmemente que las mujeres, las personas no binarias o no conformistas con su género y el colectivo LGTBIQ deberían reclamar su espacio en el placer la tecnología, dos parámetros que siguen dominados por ejecutivos masculinos”, asevera Haddock.

Google se acaba de poner a la cabeza en la carrera por controlar dispositivos electrónicos de forma remota sin más instrumento que nuestro propio cuerpo. En 2015, la compañía presentó una tecnología capaz de responder a movimientos gestuales de las manos por medio de un radar. La bautizó Proyecto Soli y lanzó la idea al mercado, pero no ha sido hasta el último día de 2018 cuando ha recibido el permiso oficial de EEUU para desarrollarla.

Cuando lanzó el proyecto, Google pretendía que los usuarios se maravillaran con poder bajar el volumen de su televisión inteligente deslizando el dedo por el aire o accediendo a las aplicaciones de su smartwatch frotando el pulgar por el lateral del dedo índice, como ilustran estas imágenes de la publicación tecnológica The Verge, pero el desarrollo de una conexión de este tipo requiere de regulaciones específicas.

La interacción se desarrolla a través de un chip que se inserta en el mecanismo del elemento electrónico: un reloj inteligente, un teléfono móvil, una tablet, etc. Este detecta mediante un sistema de radar los gestos que se realizan próximos al dispositivo, requiere que estos se hagan a corta distancia. Parecido a manejar un pad invisible formado con los dedos, en vez de presionar directamente la pantalla.

El principal problema que afrontó la división de Tecnología y Proyectos Avanzados (ATAP por sus siglas en inglés) de Google a la hora de trabajar en las tecnicidades de Soli fue que la frecuencia del radar que habían instalado no era lo suficientemente potente para que un gesto rápido como un chasquido de dedos o un giro de muñeca fuese perceptible para el dispositivo. Ahora, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU ha dado luz verde para que la tecnológica opere con sensores de mayor potencia y mejoren el sistema.

Con el nuevo rango de frecuencias permitido (se ha autorizado a la multinacional a operar entre 57 y 64 gigahercios), el radar podría captar los movimientos no solo a través del hardware del teléfono sino de otro tipo de materiales, como el de la ropa o una mochila.

Esta potencialidad no ha pasado desapercibida para otros gigantes del sector. Cuando Google pidió a la FCC en marzo del pasado año que le concediera una licencia para no dejar atrás el proyecto y explotar el espectro, Facebook presentó una queja asegurando que podría causar interferencias en el modo en el que operan tecnologías actuales. Entonces, Google redujo un poco las exigencias y la empresa de Mark Zuckerberg accedió a no oponerse a la petición.

La FCC ha aprobado la continuación porque considera que su desarrollo  “servirá al interés público al otorgar características de control innovadoras que funcionan por medio de tecnologías gestuales, sin necesidad de tacto”, según consta en el documento en el que especifican las características permitidas.

En palabras de Ivan Poupyrev, desarrollador de Soli en ATAP , “si puedes poner algo en un reloj inteligente, lo puedes poner en cualquier parte”, en referencia al diminuto chip que contiene el software. Para el ingeniero, “las manos son precisas, rápidas”, por lo que “capturar sus posibilidades” y aplicarlas al Internet de las Cosas (IoT) está entre “los mayores avances” de su división.

No obstante, la tecnológica no ha presentado detalles por el momento de las especificaciones que se implantarían en ese tipo de hardware; la última exposición de los avances fue en 2016. En esta nueva fase, surgen preguntas en torno al radio de monitorización del proyecto: si con un chasquido de dedos se puede activar un reloj inteligente o bloquear el volumen de unos altavoces, queda pendiente conocer el tiempo que estará permanecerá activa esta función.

El IoT pone al alcance de numerosos dispositivos personales una cantidad de datos asombrosa, a la que Google pretende añadir aspectos del mundo tridimensional, del que ya cuentan con la voz y los datos biométricos.

Argentina concentra un gran número de comunidades de mujeres que buscan su hueco en el sector de la tecnología. El empoderamiento feminista es parte del objetivo de muchas comunidades de programadoras que surgen en países como este, que no están en el epicentro del boom tecnológico, pero desde donde se intenta que esta fase del progreso no deje, de nuevo, a las mujeres atrás.

Bien sea por su poca presencia en las carreras dedicadas al sector informático y a las ingenierías -un 16% de chicas estudian este campo en el país sudamericano- o por la falta de directivas en las delegaciones de las principales tecnológicas mundiales, existen más de una veintena de comunidades locales dedicadas a incluir y formar a mujeres en el sector y a protegerlas una vez que están dentro. Un número que se antoja insignificante pero que es realmente competitivo para un solo país.

La particularidad de estos pequeños grupos es el activismo que realizan de forma local, sin la participación de congresos tecnológicos de talla mundial ni multinacionales de gran capital. Esta es la línea de actuación que distingue a organizaciones argentinas como Chicas en Tecnología, Chicas Programando, Media Chicas, Ada o Activismo Feminista Digital, entre otras.

“Con el 'boom' que hay ahora de las nuevas tecnologías, las nuevas profesiones, el Big Data, la Inteligencia Artificial (…) nos preguntamos por qué en el área tecnológíca, habiendo tanta oferta laboral, las mujeres no están participando”, reflexiona Nayla Portas, cofundadora de la organización [Las] De Sistemas. Este grupo en concreto surgió a través de Twitter y ofrece acompañamiento a las mujeres que ya trabajan en el sector tecnológico. Encontraron la necesidad de poner una “mirada feminista” en un ámbito empresarial en el que, si ya es difícil acceder por la exigencia de conocimientos, surge la ya conocida traba de género.

“Una de las problemáticas que necesitamos abordar es que hay pocas mujeres como oradoras en eventos de tecnología. Hay muchas que tienen poca experiencia, entonces no se animan a hablar”, explica Portas. Trabaja en un país que arroja una proporción de 15 mujeres por cada 100 hombres ocupando cargos de aplicación tecnológica, un porcentaje similar al de sus países vecinos.

La necesidad de crear sociedades locales para sacar a la luz a las potenciales informáticas y programadoras del país se da porque quieren dirimir todas las dificultades conceptuales que puedan encontrarse en el mundo digital y prepararlas para cuando accedan a empresas más grandes. “Algunas formas de trabajo o de participación tal vez no tienen tanto que ver con cosas locales. Tal vez hay bajadas (visiones o intenciones) más corporativas y nosotras lo que hicimos fue salirnos de esa lógica”, explica.

El activismo feminista por bandera

Es cuestión de tiempo que las afecciones que sufren las mujeres argentinas se trasladen a la discusión global; a esta conversación concreta se añaden cada vez más participantes. El país sudamericano está en constante ebullición activista desde que en 2015 el movimiento Ni Una Menos se convirtiera en el estandarte mundial contra la violencia de género.

“Tenemos la responsabilidad de pensar que no solo Silicon Valley es el lugar al que tenemos que apuntar”, asegura en una conversación con eldiario.es Melina Masnatta, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología. Lo primero de lo que buscan deshacerse es del rol de visionario emprendedor exitoso que se suele asociar a un gigante como Google, un Facebook o un Apple. “Imaginamos un Steve Jobs, solitario, casi un héroe magnánimo; y la realidad es muy alejada, nuestra intención es conseguir otro tipo de liderazgo no tan masculino”, dice Masnatta. Su organización surgió en 2015, año clave para el movimiento en Argentina, y trata de guiar a las próximas generaciones líderes en el sector “buscando nichos donde hay menos mujeres”.

Las herramientas con las que trabajan son comunes para todas las personas familiarizadas con el mundo digital: lenguaje de programación y de sistemas, ciberseguridad, fintech (tecnología financiera), etc. Es el enfoque lo que varía, lo más importante para Masnatta a la hora de abordar esta enseñanza: “En el mundo no existe el role model de una mujer que crea en tecnología y que no sea una CTO (directora de tecnología por sus siglas en inglés), solitaria con montón de recorridos”, asevera, y es eso la principal variante que las de Chicas en Tecnología aprenden.

Ni Una Menos, aborto legal... y hackers poderosas

“Me esforcé, hice la carrera, entré pero ahora me enfrento a un mundo con muchos más problemas que al principio”. Es la carta de presentación de casi todas las chicas que acuden a Las De Sistemas, según Portas. Explica que en su comunidad existen muchos perfiles: chicas que trabajan en cooperativas de software, en las delegaciones argentinas de tecnológicas como Microsoft, Amazon o Google, programadoras recién salidas de la universidad, etc.

“Cada una es libre de armar su carrera como más le guste”, defiende Portas, pero es necesario darles herramientas para que no se encuentren con los mismos problemas de siempre: brecha salarial, techo de cristal, acoso laboral, entre otras dificultades de cuestiones de género. “Creo que en el tema tecnológico, el principio de nuestro acercamiento es la pérdida de oportunidades, buscamos la equidad de acceso de oportunidades en formación digital. Lo que implica un sueldo, posicionarnos económicamente y socialmente en el mundo, estamos perdiendo talento”, continúa Masnatta.

Ambas expertas coinciden en que esta adhesión al mundo tecnológico está irremediablemente ligada a los movimientos feministas que caracterizan al país. Este año, la marea feminista supuso multitudinarias movilizaciones a favor del derecho a decidir -que en este país solo es legal en ciertas condiciones- y ponen el grito en el cielo contra cada feminicidio. Ahora, ven una oportunidad en el sector de las nuevas tecnologías que no van a dejar escapar, porque quieren a su población femenina formada e implicada. “En Argentina siempre tenemos que estar ganando. Ese es el salto, por eso nos diferenciamos”, concluyen.

Ser mujer periodista o política en Twitter significa tener que enfrentarse a la degradación continua y los insultos de millones de internautas: uno de cada diez tuits dirigidos a estas profesionales contiene comentarios misóginos, según ha constatado un estudio conducido por Amnistía Internacional (AI). La cosa empeora si eres una mujer negra dedicándote a alguno de esos dos ámbitos, pues en ese caso aumenta en un 84% la posibilidad de recibir un mensaje de estas características.

Son cifras que arroja un análisis colaborativo llevado a cabo por más de 6.500 personas de la comunidad digital. Obtuvieron una muestra de cuentas de 778 mujeres de Estados Unidos y Reino Unido del campo de la política y el periodismo y las clasificaron según la procedencia étnica de cada una.

De ella, observaron que el 7,1% de mensajes que recibían eran “problemáticos” o contenían un factor considerado abusivo, independientemente de su preferencia ideológica. Este porcentaje implica un total de 1,1 millones de menciones ofensivas o, en otras palabras, una cada 30 segundos.

La revisión de datos fue articulada a través del programa “Troll Patrol” (AI). Se trata de un proyecto de crowdsourcing que utiliza herramientas de machine learning (aprendizaje automático) para crear una especie de etiquetado online del contenido ofensivo. De esta manera, se pudieron extraer patrones de los 14,5 millones de tuits que se dirigieron en 2017 a las mujeres del estudio, utilizando solo 288.000 como base de aprendizaje.

El abuso online traspasa las fronteras ideológicas

No es necesario ser expresamente de izquierdas o de derechas para sufrir este tipo de acoso online. Con ser mujer basta. Las políticas estadounidenses y británicas que fueron sujeto del análisis (324) recibieron de media muchos más tuits que las periodistas en 2017. De todos ellos, un 7,12% contenían material ofensivo.

Al disgregar la información según profesiones y línea ideológica se observaron dos factores: mientras que las políticas de izquierdas -como las Demócratas en EEUU y las Laboristas de Reino Unido- recibían un 23% más de menciones ofensivas que las de partidos de derecha, las periodistas de medios de esta inclinación eran insultadas o acosadas en un 64% más de ocasiones.

En el caso de las periodistas, una de cada 14 menciones se hace con un tono problemático o abusivo. Casi medio centenar de comunicadoras de medios como The Guardian, The New York Times, The Sun o The Daily Mail recibió durante un año entero más de 225.000 mensajes de carácter misógino al compartir un artículo o brindar su opinión acerca de un tema en Twitter.

“No puedes participar en situaciones de acoso”

Twitter actualizó recientemente su política de conductas de odio al reconocer que existen diversos grupos en el espacio online que reciben feedback abusivo de manera desproporcionada. En ella, se habla de “mujeres de color, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, individuos asexuales y comunidades marginadas”.

“No puedes participar en situaciones de acoso dirigido a una persona ni incitar a otros a hacerlo”, es una de las principales reglas de la red social. “Utilizar insultos agresivos con el objetivo de amenazar a otros” sigue en su política de uso pero, lejos de aplicarse de manera efectiva a escala global, no presta la suficiente atención a las comunidades arriba mencionadas.

En esta línea, la ONG ha solicitado en diversas ocasiones que Twitter publique información cuantitativa acerca de la escala y la naturaleza del acoso que se produce en la plataforma, pero, según dice, la compañía nunca ha respondido a esta exigencia. Tras publicarse los resultados del análisis de AI, la compañía que dirige Jack Dorsey requirió una clarificación del concepto “problemático” para abordar este perjuicio respetando “la necesidad de proteger la libertad de expresión y elaborar políticas claramente definidas”.

En medio del caos sociopolítico en Nicaragua, los periodistas son el blanco predilecto. Desde que la población estalló contra las medidas fiscales del presidente Daniel Ortega, se han registrado más de 420 violaciones a la libertad de prensa, entre las cuales figura el asesinato de un periodista. Carlos Chamorro, periodista y director del diario digital Confidencial y del canal Esta semana, ha sido víctima junto a sus compañeros de la última medida represiva del Gobierno.

El periódico que dirige Chamorro sufrió de madrugada una violenta irrupción de la policía nicaragüense. Varios oficiales entraron pasada la medianoche del jueves a las oficinas que albergan la redacción del diario digital y de otros dos canales televisivos y sustrajeron una veintena de ordenadores y documentación que había en su despacho. Primero, registraron y cerraron la sede de una ONG también dirigida por Chamorro, el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), y después procedieron a inspeccionar y violentar la redacción de Confidencial.

El periodista calificó el acto como un “asalto” a la libertad de prensa por violar su derecho a informar y acusó al Gobierno de aprovechar la cancelación de la personalidad jurídica de Cinco como excusa para desbaratar su periódico. Todavía impresionado, atiende las preguntas de eldiario.es.

Acusa directamente al presidente Ortega de esta intrusión en su redacción. ¿Por qué?

Acuso a Ortega porque él es jefe supremo de la policía, es el dictador que ha anulado todos los derechos constitucionales del país. No decretó un estado de emergencia, lo impuso de facto, ya hay 565 presos políticos. Mataron al periodista Angel Gahona y han amenazado de muerte a muchos otros periodistas. Esto no había ocurrido antes, este asalto contra la libertad de prensa y de la empresa.

¿Por qué ha escalado esta persecución a los periodistas?

Estamos enfrentando una dictadura que no tolera la existencia de medios independientes, de voces críticas, de derechos de ciudadanos que puedan expresarse. Vivimos una revolución pacífica desde el 14 de abril, que pide a través de cartas, marchas y demás la renuncia del presidente y su esposa, porque están inhabilitados para gobernar. Se les ha pedido cívicamente que renuncien para que se abra un proceso constitucional. Es la única salida que tiene este país.

Y lo peor no es lo de ayer [la intrusión al Confidencial], lo peor es la matanza. Eso no importa, vamos a seguir haciendo periodismo. El que hayan robado los ordenadores es un ataque a un medio, una alerta contra los pocos otros medios que quedan, que pueden ser objeto del mismo tipo de asalto; también las cámaras presidenciales.

¿Cómo se desempeña el periodismo bajo el imperio mediático que ha creado Rosario Murillo, vicepresidenta y mujer de Ortega?

El Gobierno y la familia presidencial tiene un emporio de medios que han acumulado utilizando dinero corrupto. Han desviado la cooperación estatal de Venezuela, que tenia como objetivo apoyar proyectos sociales, para construir sus propios negocios privados. Son dueños de muchos canales privados y al menos cuatro emisoras pero no tienen audiencia, no tienen credibilidad. De nada les sirve tener un emporio de medios porque ya perdieron hace mucho tiempo la batalla por la verdad, y ahora están queriendo aplastar a los medios independientes y persiguiendo a los ciudadanos que se siguen manifestando en las calles y en las redes sociales.

¿Sufren todos los medios el mismo tipo de represión?

Aquí ya no hay término medio. Varios medios de comunicación, que en el pasado eran complacientes con el régimen, están apoyando firmemente los principios de la prensa independiente. Esto es una situación en la que afianzamos nuestros principios o desaparecemos. Hay distintos medios que hoy, después de la masacre, se separaron de la dictadura y empezaron a permitirle a los periodistas practicas independientes. Antes éramos cuatro gatos, estábamos coartados. 

La Nicaragua que está enfrentando a Ortega es plural, tiene como punto de coincidencia que se acabe esta dictadura y se sometan a la verdad y a la justicia. Es decir, aquí ha habido muchos crímenes que tienen que ser investigados y estamos entrando en una escalada. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es parte de esa escalada, de que el régimen está aumentando la represión, cerrando los espacios de la sociedad civil.

¿Tienen miedo?

Tenemos miedo como tuvo miedo mi padre hace cuarenta años. Fue un periodista que luchó contra la dictadura de Somoza y le asesinaron en 1978 y cuando le preguntaban a el meses antes que lo mataran si tenía miedo, citaba un dicho que existe en México: “tengo miedo pero cada quien es dueño de sus propios miedos”.

Nosotros vivimos con ese principio, esa inspiración, y administramos el miedo. Estamos serenos, estamos seguros de que tienen mucho más valor y fuerza los principios de la democracia de la libertad. El pueblo de Nicaragua es lo menos que se merece, no lo podemos abandonar.

“Somos los hijos de los que han creado la República Árabe Saharaui Democrática en medio de la nada, sin contar con ningún medio”. Con estas palabras, Brahim Chagaf, el coordinador académico de la única escuela de cine con la que cuenta el territorio del Sáhara Occidental, zanja cualquier duda acerca de la capacidad de la población saharaui para organizar su propio festival de cine después de que, este año, el FiSahara estuviera a punto de suspenderse.

Dos vuelos chárter cancelados y la falta de un presupuesto internacional con el que habitualmente cuenta la organización del festival han servido para que la población saharaui “tomase las riendas” del evento y demostrase que “hay gente cualificada y que es capaz de llevarlo a cabo”, explica Chagaf en una conversación con eldiario.es. Los conocimientos y el entusiasmo de sus alumnos, asegura, lo avalan.

Las 13 ediciones pasadas del FiSahara contaron con la participación de distintas personalidades del mundo artístico, que viajaron al campamento de refugiados de Dajla, en Tinduf (Argelia), para contribuir a la visibilización, a través del cine, de un conflicto que no se resuelve: la ocupación marroquí del Sáhara Occidental desde 1975. Con la presencia de personalidades reconocidas, los organizadores buscan, edición tras edición, llamar la atención de la sociedad española y la comunidad internacional sobre “la situación de olvido en la que se encuentra el pueblo saharaui”.

Lo han hecho a pesar de las dificultades que, sostienen, supone llevar a cabo un evento de estas características en un campamento de refugiados. “La situación del Estado español de crisis económica ha hecho que se recorten ayudas a operaciones internacionales, es difícil encontrar fondos”, admite Sato Díaz, miembro de la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS). Cada persona que se desplaza supone un gasto que asumen directamente organizaciones como CEAS, y este año la imposibilidad de afrontarlo casi les deja sin festival.

Pero, como dice Chagaf, allí “no creen en la palabra 'imposible”. La población saharaui ha brillado con luz propia por su determinación de seguir adelante con el evento, a pesar de que los aviones que trasladaban al equipo técnico de España y a figuras públicas del país tuvieran que cancelar su travesía.

La vida en la ocupación, única protagonista

La esencia del evento consiste en premiar a las películas que son exhibidas para los participantes e invitados. Este año, todas las cintas tenían como protagonista las condiciones de vida en la zona ocupada por Marruecos y fueron proyectadas con el equipo técnico y el material de la propia Escuela de Cine.

La ganadora de este año ha sido Sukeina: 4.400 días de noche, un corto de la activista local Sukeina Yedehlu que también fue premiado en el festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid el año pasado. El segundo lugar fue para El loco del desierto, un documental sobre un ciudadano que utilizaba botellas en el campamento de refugiados de Auserd (Tinduf, Argelia) para construir refugios, y el tercero para Tres cámaras robadas, sobre la libertad de acceso a la información.

El único que sí pudo con Chagaf y el resto de sus compañeros fue el viento: pese a que lo intentaron en numerosas ocasiones a lo largo de los cuatro días que duraron las proyecciones, no lograron instalar la pantalla en la zona más desértica del Sáhara Occidental, como suelen hacer. “Perdimos un poco la esencia del FiSahara, que consiste en que la gente pudiese ver el cine bajo las estrellas”, lamenta Chagaf.

A pesar de las dificultades, la edición ha sido descrita como un “éxito” por el área de coordinación. “La voluntad y la capacidad de organización y de asistencia del pueblo saharaui no depende de ayudas internacionales”, afirma Díaz.

“La escuela tiene un papel fundamental”

Ponerse a prueba no fue la única razón por la que desde la Escuela de Cine decidió celebrar el FiSahara con sus propios medios. Este año, la muestra ha tenido una duración de cuatro días, en los que el alumnado “ha trabajado codo a codo” para que el único salón de actos con el que cuenta Dajla fuese el foco de atención de toda la población.

La labor que se lleva a cabo en la escuela tiene una gran importancia para la gente que reside en el campamento. Allí, están acostumbrados a tener que desplazarse cientos de kilómetros para obtener una formación más avanzada en el campo audiovisual, pues los recursos académicos son escasos. “Gracias a FiSahara se nos dio la oportunidad de formarnos en la escuela sin salir de casa, por así decirlo. Descubrimos la magia del cine”, cuenta Chagaf.

“La formación local nos sirve muchísimo, es muy interesante hacer ese intercambio entre culturas pero en nuestro caso, como cineastas, que somos lo cuencos que contendrán la cultura de los saharauis –que es oral, pues no ha sido escrita–, la formación local nos ayuda a no alejarnos de la realidad”, concluye Chagaf.

Todos los esfuerzos están concentrados ahora en la edición de 2019, para el que la organización espera contar con los fondos internacionales que suele recibir. De momento, el próximo FiSahara tiene otro apoyo, el mismo que les hace resistir: la garra y la imaginación de la población saharaui.