Un rayo de esperanza ilumina el fondo marino de Tenerife. Uno de sus ecosistemas más diezmados, los sebadales, tiene la oportunidad de resurgir gracias a un proyecto de trasplante de semillas impulsado por la organización Innoceana, dedicada a la conservación marina. Este complejo proceso consiste, a grandes rasgos, en extraer semillas de las praderas de seba para luego plantarlas en otras que hayan perdido densidad. “Es como ayudar con más árboles a un bosque que está enfermo”, ejemplifica Carlos Mallo, fundador de la ONG.

Mallo, ingeniero civil, es una de las personas que consiguió frenar el polémico puerto de Fonsalía, una obra faraónica prevista sobre una de las joyas naturales de Canarias: la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca. Esta lucha le dio en 2025 el Premio Medioambiental Goldman. Conocido como el Nobel verde, es el galardón más prestigioso del mundo para los activistas medioambientales.

Su historia con el entorno natural de Tenerife empezó en 2014, cuando se trasladó a la isla para trabajar en el anillo insular, la vía que conecta el norte con el sur de la isla. “En aquella época conocí todos los fondos de Canarias y empecé a entender el problema de los sebadales”, cuenta en una entrevista a este periódico. Con el tiempo, dejó su carrera, montó Innoceana y se mudó a las islas para trabajar por la preservación de estas praderas.

A pesar de su importancia, son grandes desconocidos para parte de la población de las Islas. “Las llaman especies ingenieras porque crean el fondo marino. Una de mis mayores causas ha sido darlos a conocer, porque hay gente que vive de espaldas al mar y de lo que les da. Eso hace mucho daño, porque se pierde la sensibilidad, y más en un lugar como Canarias que es eminentemente azul”, subraya.

Lugares llenos de vida

Los sebadales nacen en bancos de arena y son utilizados por múltiples especies para protegerse, sobre todo, bebés. Por eso, Mallo habla de ellos como la “guardería” de los animales marinos. “Sin ellos, un pez que está en un banco de arena está absolutamente desprotegido frente a los depredadores”, explica. Estos “bosques” están llenos de vida. Retienen el sedimento, capturan dióxido de carbono, y crean oxígeno. “Son praderas. Entonces, igual que las praderas terrestres, hacen de casitas para la vida marina”, sostiene.

También sirven de alimento para las tortugas verdes que llegan a Canarias y ofrecen múltiples servicios ecosistémicos también beneficiosos para las personas. “Primero, si no hubiera sebadales, perderíamos tal cantidad de peces que a lo mejor no podríamos comer peces en Canarias. Segundo, producen más oxígeno que los bosques terrestres. Luego, son depósitos de carbono y, además, fijan la arena al fondo. Con lo cual, si perdemos sebadales, vamos a perder playas también”, explica el ingeniero.

Una especie muy frágil

A diferencia de su homóloga en el Mediterráneo, que tiene más años de evolución y, por tanto, es más resistente y crece dentro de puertos y lugares muy contaminados, la seba de Canarias es muy delicada. A su carácter frágil se suman las múltiples amenazas que existen sobre ellas.

Uno de los peligros más importantes son los vertidos tierra-mar tanto de aguas residuales, como de salmuera o de lixiviados. “El agua residual es muy dañina para los sebadales. La gente tira por el retrete absolutamente todo: aceites, productos químicos, toallitas húmedas que colapsan las conducciones… Y tristemente, en la mayor parte de los casos en Canarias, no tenemos un sistema de depuración que funcione”.

“Yo he visto cómo en Alcalá (Guía de Isora), donde antiguamente había un parche de sebadal grande, ha desaparecido el sebadal de alrededor de la boca del emisario”, ejemplifica Mallo.

Cómo trasplantar la seba

La “jardinería submarina” no es tarea fácil, y menos aún trasplantar una planta tan delicada como la seba. El proceso, explica Mallo, ha pasado por varias fases. La primera, sacar “muchísima basura” de zonas de sebadales para que puedan volver a crecer. “Hemos sacado hamacas, ruedas de neumáticos, anclas perdidas…”, cuenta el fundador de Innoceana. “Afortunadamente, el mar es resiliente y si le quitas esa presión empieza a recuperarse”, añade.

Después de la limpieza, la ONG desarrolló unas experiencias piloto trasplantando esquejes de sebadal de una zona de Tenerife a otra. “Ahí nos encontramos con muchos problemas. Es como plantar un oasis en el desierto, y es casi imposible crear un sebadal donde ya no queda sebadal, porque puede aparecer por ahí un tamboril y se lo come”, detalla.

La última fase, en la que el equipo está inmerso ahora, pasa por buscar semillas de sebadal y llevarlas a un laboratorio. “Esto es complejísimo. Hay que explorar muchas praderas, ver cuál tiene suficientes semillas para no afectarla y luego ir a por ellas”, cuenta. Asesorados por el Ministerio de Transición Ecológica y por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), los miembros de Innoceana recogen en el Médano (Granadilla), con permiso del Ministerio, hasta 1.500 semillas.

Después, se llevan a un laboratorio donde se meten en frascos con agua de mar con una disolución especial para que crezcan rápido y fuertes. “A los tres meses, vamos con las macetitas y las llevamos a Abades, donde la pradera ha perdido cierta densidad, pero aún existe”, concluye.

Todos estos esfuerzos, insiste Mallo, pueden caer en un saco roto si no se pone fin a los problemas que están destruyendo los sebadales. “Para mí y para mi equipo la restauración es visualizar un problema e intentar hacer algo para que se vea que hay solución, pero hay que frenar muchas otras cosas como los vertidos, que los barcos puedan usar los fondeos y no tengan que echar las anclas, que la gente siga tirando tanta basura al mar…”, plantea. Por ello, Innoceana también ha involucrado en este proyecto al Cabildo de Tenerife.

Los sebadales en Canarias y los corales en Costa Rica

Cuando Carlos Mallo atiende a este periódico por teléfono está a punto de embarcar hacia Costa Rica, donde se localiza otra de las cuatro extremidades que Innoceana ha desplegado por el mundo. La organización también tiene sede en Estados Unidos y en Fiyi. El ingeniero acabó en Costa Rica “por casualidad”, y ahora tiene allí un centro de conservación marina, con un ambicioso programa educativo totalmente gratuito para que los jóvenes aprendan sobre el mar.

Allí también tienen un laboratorio, pero esta vez, de corales. Este año es especialmente difícil, ya que la temperatura del mar ha alcanzado máximos históricos y, además, es el año de El Niño, un fenómeno meteorológico que provoca que las aguas superficiales del Pacífico alcancen temperaturas más cálidas de lo normal.

“Estamos registrando temperaturas de casi 32 grados y medio en la isla del Caño, con lo cual los corales se están muriendo de forma masiva”, cuenta. Por eso, han impulsado una campaña de concienciación para que la gente los conozca. “Si la gente no sabe qué está pasando, no podemos hacer nada”, concluye.

Decenas de jóvenes forman un círculo. En el medio, algunos de ellos participan en una batalla y replican pasos y movimientos virales en Internet. Es la nueva moda nacida en las redes sociales y que ya ha saltado a las calles de todo el mundo, incluida Canarias. Se conoce como farmear aura y el objetivo es ganar reputación. El término '''farmear'' procede del verbo en inglés farm (cosechar) y en el mundo de los videojuegos significa acumular puntos o experiencia para subir de nivel. En este contexto, el aura se traduce como el carisma. Aunque la irrupción de estos encuentros multitudinarios ha sorprendido a todas las generaciones, los elementos que los forman no son nuevos.

Algunos de los movimientos que los jóvenes reproducen en estas batallas recuerdan al voguing, un estilo de baile que nació en los años 80 dentro de la subcultura urbana del Ballroom, un movimiento artístico creado en esencia por personas afroamericanas y latinas de la comunidad LGTBI en Nueva York. Esta danza, que tiene sus raíces en el barrio de Harlem, tiene un carácter dinámico y performativo y sus pasos se inspiran en las poses de las modelos de la revista Vogue.

“Para personas disidentes, entrar a un lugar heteronormativo era prácticamente imposible”, cuenta Edu Medina, bailarín, coreógrafo e impulsor de los estilos voguing y whacking en Canarias. Por eso, “el colectivo creó sus propios espacios, movimientos, normas etiquetas y dinámicas sociales”, añade.

Parece que solo son válidos los elementos culturales y digitales de cuando nosotras éramos jóvenes, pero ahora también tienen derecho a tener sus propios códigos y a crear su propia comunidad

Meritxell Salazar — Coordinadora de la Asociación LGBTIQA* Diversas Canarias

Entre estos lugares seguros destacan los balls, encuentros de expresión artística donde personas del colectivo, marginadas socialmente y expulsadas de sus casas, creaban comunidad. “Especialmente es un fenómeno que iniciaron las mujeres trans negras”, cuenta Meritxell Salazar, coordinadora de la Asociación LGBTIQA* Diversas Canarias y graduada en Pedagogía.

De manera similar a lo que ocurre en las batallas de aura, las concursantes de los balls defendían en la pista la reputación de las casas a las que pertenecían. Estas estaban lideradas por personas bautizadas como “padres” o “madres”, que ofrecían una familia a las personas que eran rechazadas en las suyas. “Al final, son tu familia elegida, porque tú no tenías familia propia porque te habían expulsado de tu hogar por ser una persona trans”, añade Salazar.

En una batalla de aura, Edu Medina lo que ve es “una batalla de baile, una obra teatral, o incluso esa sensación que tiene uno al ver un ball: personas que compiten entre sí para conseguir un estatus a través de movimientos”. “Es algo que se ha hecho, como quien dice, toda la vida, pero claro, volvemos al momento en el que, si está fuera de la comunidad LGTBI, se hace viral, mientras que cuando ha estado desde siempre dentro de ella, no se le ha hecho apenas caso”, añade.

“¿Podemos hablar de apropiación cultural? No creo en este caso. Tiene similitudes en cuanto a crear ese estatus social a través de la performance, pero no en cuanto a movimiento o formas y normativas, al menos que yo sepa”, matiza el bailarín. Sin embargo, subraya la importancia de que los jóvenes que practican este farmeo sepan cuáles fueron sus predecesores. “Como se suele decir en el mundillo artístico: está todo inventado. Solo hace falta informarse y darle valor a lo que ya había antes, pertenezca a un colectivo o a otro”, apunta.

Para Salazar, una de las principales diferencias entre los ball y las batallas de aura pasa por el espacio en el que se desarrollan. En Canarias, los encuentros de farmeo se han celebrado en diferentes plazas públicas de Tenerife y Gran Canaria, extrapolando la cultura digital a la realidad. Mientras tanto, los balls se llevaban a cabo en la clandestinidad de Nueva York, precisamente porque las personas que participaban en ellas eran perseguidas y expulsadas de sus hogares. “El objetivo era poder sobrevivir y hacer comunidad”, apostilla la coordinadora de Diversas.

La llegada del voguing en Canarias

El voguing como danza llegó a Canarias entre 2008 y 2010, en concreto a Gran Canaria. Este estilo, junto al whacking, aterrizó en las islas gracias a diferentes bailarines y profesores de danza urbana que viajaron por el mundo para traer la formación al Archipiélago y crear comunidades propias.

Medina forma parte de ellos. El ''poco interés'' que había entre los bailarines por conocer la raíz de estos estilos, así como la curiosidad que él tenía, lo llevaron a querer indagar un poco más. ''Me formé y entablé relaciones con la comunidad Ballroom y del whacking que sí existía ya en Europa y América“, recuerda. A partir de ahí, y sin pretenderlo, fue creando su propia comunidad. ”Mi familia elegida“, matiza.

El voguing en Canarias se ha mantenido de generación en generación “con mucho amor y respeto”. “Son culturas que no son nuestras, ni las hemos vivido tal cual la vivieron sus creadores ni las hemos desarrollado con sus mismas dificultades. Podemos sentirnos identificados en ciertos aspectos de exclusión social, pero hay que tenerle mucho respeto a algo que se nos ha dado con mucho sacrificio anterior”, asevera el bailarín.

Es algo que se ha hecho toda la vida, pero volvemos al momento en el que, si está fuera de la comunidad LGTBI, se hace viral

Edu Medina — Bailarín y coreógrafo

Aun así, la esencia de este estilo también se conserva en las islas, donde también se organizan balls. “Esa esencia de reivindicación del colectivo sigue estando actualmente”, afirma Medina, quien recuerda que las personas LGTBI aún tienen dificultades para acceder a determinados trabajos. “Incluso se nos sigue juzgando por la calle con la única excusa de que no seguimos unas ideas anteriores”, asevera.

Tomar las calles

Como cada vez que irrumpe en las calles una nueva tendencia entre los jóvenes, las batallas de aura también han sido objeto de críticas y burlas. Meritxell Salazar denuncia el edadismo y el clasismo cultural que existe con respecto a la juventud. “Parece que solo son válidos los elementos culturales y digitales de cuando nosotras éramos jóvenes, pero ahora también tienen derecho a tener sus propios códigos y es legítimo que creen su propia comunidad”, defiende.

Además, insiste en que estas burlas también tienen que ver con la ridiculización sistemática de todo lo que tenga que ver con el colectivo LGTBI. “Que el farmeo del aura esté vacío y no tenga un valor cultural como sí lo tiene el Ballroom no significa que no se construya comunidad y que la juventud no pueda tener sus lenguajes propios que les permitan relacionarse”, insiste.

“Al fin y al cabo, me alegra verles”, coincide el coreógrafo Edu Medina. Como “alguien que se crio jugando en la plaza del barrio”, ve positivo que “se vuelvan a tomar las calles”. “Que disfruten de sus grupos de amigos y de volver a tener una imaginación y un movimiento improvisado sin tener que recurrir a la ”tecnolog-IA“ para crear algo. Volver a lo humano, al arte”, defiende el bailarín.

Los cinco cadáveres hallados en un cayuco al sur de Gran Canaria han desaparecido bajo el mar. Los fallecidos viajaban en una embarcación que salió de Gambia el 7 de agosto con 128 personas a bordo y fue localizada este miércoles en Canarias. Salvamento Marítimo logró auxiliar a 44 supervivientes y llevarlos a tierra, pero más de 80 personas murieron durante la travesía.

El mal estado del mar hizo imposible trasladar también los cuerpos hasta el puerto de Arguineguín, donde los migrantes recibieron asistencia médica después de pasar casi un mes en el Atlántico. Poco después, Salvamento Marítimo regresó a la zona con el propósito de recuperar los cuerpos, pero la embarcación ya estaba hundida.

Desde Salvamento explican a Canarias Ahora que primero salió el avión Sasemar 101, que localizó el cayuco. Entonces, estaba semisumergido. Después, se movilizó el helicóptero Helimer 211, pero ya no localizó la embarcación y regresó a su base sin los cuerpos.

A las 18.40 de este miércoles fue cuando el avión de Salvamento Sasemar 101 localizó una embarcación precaria a la deriva a 65 millas náuticas al suroeste de Arguineguín. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Las Palmas, movilizó a la Guardamar Urania, que rescató a las 23.05 horas a las 44 personas que viajaban a bordo del cayuco, todos ellos hombres de origen subsahariano.

Según ha informado Salvamento Marítimo a esta redacción, una vez finalizado el rescate y debido a las adversas condiciones meteorológicas en la zona, con vientos de 20 nudos y olas de 2,5 metros, no fue posible recuperar los cinco cadáveres que se encontraban a bordo de la embarcación.

Ante el delicado estado de salud de tres de los migrantes rescatados, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas movilizó al helicoptero Helimer 211, que evacuó a estas tres personas desde la Guardamar Urania y las trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Finalmente, la Guardamar Urania llegó al puerto de Arguineguín, donde concluyó el desembarco de los 41 migrantes restantes a las 04.40 horas (hora canaria).

La angustia de las familias

La activista por los derechos humanos y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, Helena Maleno, explicó a esta redacción que alertaron en agosto de una embarcación con 120 personas, entre ellas cuatro mujeres y una bebé muy pequeña, que había salido de Gambia el día 7. ''Los familiares han estado llamando y contactando durante este tiempo muy angustiadas'', añade. Esta mañana han podido confirmar que la embarcación desaparecida y la rescatada aen Canarias es la misma.

Por el momento, Caminando Fronteras sigue en contacto con las familias para que estas puedan saber si sus seres queridos están entre los supervivientes o entre las víctimas. Maleno señala que también están pendientes del estado de salud de las personas que han llegado a tierra después de tantos días en el Atlántico.

Esta nueva tragedia recuerda que la ruta canaria sigue siendo la más letal de España, a pesar de que las llegadas por esta vía hayan caído casi un 60% en lo que va de año, según las cifras del Ministerio del Interior. Los peligros no han disminuido, y entre enero y mayo de 2026 han muerto 635 personas intentando alcanzar las islas, tal y como publicó Caminando Fronteras en su último informe sobre las muertes en las fronteras.

Una ardilla moruna (Atlantoxerus getulus) ha sido introducida en Lanzarote. Un ejemplar de esta especie invasora fue localizado este martes en el núcleo de Playa Honda (San Bartolomé), después de que llegara ese mismo día como “polizón'', oculto en el coche de alquiler de dos turistas que viajaban a la isla desde Fuerteventura. Antes de que pudiera escapar y establecerse en el medio natural, los efectivos pudieron capturar a la ardilla, tal y como han explicado desde el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.

Esta especie es originaria del noroeste de África, en concreto de Marruecos, el Sáhara y el noroeste de Argelia. Llegó a Canarias por Fuerteventura en 1965, cuando se produjo el traslado de una pareja de ardillas desde Sidi Ifni como animales domésticos. Los ejemplares fueron liberados y, a partir de los años 80, el animal comenzó a colonizar casi toda la isla. En la actualidad, se estima que su población alcance el medio millón de ejemplares. En el resto de islas no está presente, aunque en los últimos años se han capturado algunos ejemplares no solo en Lanzarote, sino también en Gran Canaria.

Las especies invasoras suponen un importante riesgo para la biodiversidad, ya que se multiplican y se propagan por ecosistemas en los que, de forma natural, no están presentes. La ardilla moruna es una especie omnívora, que depreda tanto vegetales como huevos de pequeñas aves. Por esta razón, su expansión afecta tanto a la vegetación como a los cultivos y a diferentes especies de fauna.

El Cabildo va más allá y alerta de que, de establecerse en la isla, el impacto de este animal en el territorio podría generar consecuencias económicas y riesgos para la salud pública.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, ha señalado que el caso de Fuerteventura ''demuestra la importancia de actuar desde el primer momento'', ya que ''evitar que una especie invasora llegue a establecerse'' es determinante para proteger la biodiversidad, los cultivos y el territorio.

La captura del ejemplar localizado en Playa Honda ha sido posible, añaden desde la corporación insular, gracias a la colaboración ciudadana y a la actuación coordinada de la Policía Local de San Bartolomé, los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote y el Equipo de Intervención de RedEXOS del Gobierno de Canarias.

El consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, recuerda que la llegada de especies invasoras puede producirse de manera accidental, por lo que ''cualquier aviso puede resultar decisivo''. ''Se actuó antes de que la ardilla llegara al medio natural, evitando el riesgo de que pudiera reproducirse y comenzar a expandirse por Lanzarote“, subraya.

Cómo actuar

El Cabildo ha pedido que cualquier persona que observe una ardilla moruna en Lanzarote comunique inmediatamente su presencia y evite capturarla, manipularla o liberarla por sus propios medios.

Los avisos pueden realizarse a través del 112, de la Policía Local del municipio correspondiente, de los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, en el 928 598 548, o del Equipo de Intervención de RedEXOS, en el 646 601 457.

Más de 80 personas han muerto en una nueva tragedia registrada en la ruta migratoria hacia Canarias. El cayuco en el que viajaban ha sido localizado este miércoles por un avión de Salvamento Marítimo a 120 kilómetros al sur de Gran Canaria. Las personas que iban a bordo de esta embarcación llevaban 27 días en el mar. El viaje empezó con 128 personas, pero cuando la barcaza fue localizada, solo quedaban 44 supervivientes. Dentro del cayuco, Salvamento localizó cinco cadáveres, que no pudieron ser recuperados por el pésimo estado del mar en el momento del rescate.

La embarcación llevaba horas a la deriva cuando fue avistada. La Guardamar Urania llegó hasta ella a medianoche para iniciar el rescate. Los 44 supervivientes fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, donde recibieron asistencia de Cruz Roja y donde comenzaron a reconstruir una travesía que, según ha informado Efe, empezó casi un mes antes y fue dejando atrás a decenas de personas.

La activista por los derechos humanos y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha explicado a Canarias Ahora que alertaron en agosto de una embarcación con 120 personas, entre ellas cuatro mujeres y una bebé muy pequeña, que había salido de Gambia el día 7. ''Los familiares han estado llamando y contactando durante este tiempo muy angustiadas'', añade. Esta mañana han podido confirmar que la embarcación desaparecida y la rescatada aen Canarias es la misma.

Por el momento, Caminando Fronteras sigue en contacto con las familias para que estas puedan saber si sus seres queridos están entre los supervivientes o entre las víctimas. Maleno señala que también están pendientes del estado de salud de las personas que han llegado a tierra después de tantos días en el Atlántico.

Tres personas ingresadas

A las 18.40 de este miércoles fue cuando el avión de Salvamento Sasemar 101 localizó una embarcación precaria a la deriva a 65 millas náuticas al suroeste de Arguineguín. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Las Palmas, movilizó a la Guardamar Urania, que rescató a las 23.05 horas a las 44 personas que viajaban a bordo del cayuco, todos ellos hombres de origen subsahariano.

Según ha informado Salvamento Marítimo a esta redacción, una vez finalizado el rescate y debido a las adversas condiciones meteorológicas en la zona, con vientos de 20 nudos y olas de 2,5 metros, no fue posible recuperar los cinco cadáveres que se encontraban a bordo de la embarcación. Ante el delicado estado de salud de tres de los migrantes rescatados, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas movilizó al helicoptero Helimer 211, que evacuó a estas tres personas desde la Guardamar Urania y las trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Finalmente, la Guardamar Urania llegó al puerto de Arguineguín, donde concluyó el desembarco de los 41 migrantes restantes a las 04.40 horas (hora canaria).

La ruta más mortal de España

Esta nueva tragedia en la ruta canaria ha vuelto a mostrar la cara más letal de la travesía. Aunque las llegadas por esta vía han caído casi un 60% en lo que va de año, según los informes publicados por el Ministerio del Interior, la peligrosidad no ha descendido. Entre enero y mayo de 2026, segun el último informe publicado por el colectivo Caminando Fronteras sobre el derecho a la vida, murieron 635 personas intentando alcanzar las islas, una por cada cinco rescatadas.

Según este estudio, la ruta canaria sigue siendo la más mortífera de España, seguida de la ruta de Argelia, con 507 muertes en cinco meses. Aunque se ha registrado una reducción significativa del tránsito en esta ruta, el análisis ha identificado elementos que iban en contra de la protección del derecho a la vida. ''Mientras que las llegadas a las islas han descendido un 72,1%, las muertes han bajado un 57,2%. La brecha entre ambas cifras es la evidencia de que la ruta se ha vuelto proporcionalmente más letal'', asegura el texto de Caminando Fronteras. Así, por cada cien personas que han logrado llegar en 2026, morían en torno a 21.

El informe plantea que el despliegue sistemático de medios aéreos de búsqueda podría reducir de forma significativa la mortalidad en la ruta del Atlántico. Además, asevera que las disputas entre España y Marruecos por la delimitación de zonas SAR de búsqueda y rescate son ''el principal factor de demora'' en las operaciones, con consecuencias letales para la vida de las personas migrantes. ''Una coordinación efectiva entre ambos países acortaría los tiempos de respuesta ante emergencias'', concluyen.

La Intervención del Ayuntamiento de Arrecife ha emitido un reparo contra el intento del gobierno municipal (PP-CC) de pagar cientos de facturas que suman 2,9 millones de euros mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito. Esta herramienta tiene carácter excepcional y permite a las administraciones locales pagar, con cargo a las arcas del municipio, facturas pendientes correspondientes a obras, servicios o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. En un rotundo informe del 11 de agosto, el interventor fundamenta el reparo en la inexistencia de crédito y en una serie de irregularidades administrativas detectadas en el expediente.

El documento, adelantado por La Voz de Lanzarote y al que ha tenido acceso Canarias Ahora, concluye que no se tramitaron ni la oportuna retención de presupuesto ni la propuesta de gasto a la hora de contratar los servicios, faltando “el rigor que debe acompañar a la ejecución de gastos municipales que supone el uso de los fondos públicos municipales”. De esta manera, se impidió que la Intervención pudiera ejecutar la fiscalización previa sobre la procedencia de los gastos así como la comprobación de existencia de crédito adecuado y suficiente para su pago.

Las facturas, a cuya relación ha accedido este periódico, se corresponden a múltiples servicios diferentes prestados por empresas distintas. Los importes también son muy diversos, pasando de una factura de 8,56 euros de Canal Gestión Lanzarote S.A., la empresa responsable de la gestión del agua en la isla hasta junio de 2026, hasta una de 73.975,04 euros de Preventos Media S.L. por los servicios prestados en una gala de entrega de premios de turismo en 2025.

En la relación de facturas que suman estos 2,9 millones de euros hay también pagos pendientes a la agencia de viajes Viajes Insular S.A. o a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote.

El interventor incide en la nota de reparo en que este modus operandi es habitual en el Ayuntamiento de Arrecife. “Se reitera en este informe de la (sic.) necesidad de cese en dicha forma de actuar”, subraya. La Intervención también advierte de que algunos servicios incluidos en estas facturas deben salir a licitación, por superar los 15.000 euros anuales, de acuerdo con la Ley de Contratos Públicos. En concreto, menciona los servicios de iluminación y sonido.

En el informe, el interventor concluye que corresponde al Pleno de la Corporación resolver este asunto. Por ello, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alfredo Mendoza, ha dirigido un escrito preventivo tanto a la Secretaría General como a la Intervención, con el objetivo de “extremar las garantías” antes de adoptar un acuerdo plenario.

En este escrito hace referencia al contenido del informe de la Intervención y propone la comprobación individualizada de las facturas. Mendoza ejemplifica que una de las empresas aparece con 57 facturas que suman un importe agregado de 633.612,98 euros. De ellas, apunta, el importe más alto asciende a los 73.975,04 euros y carece de contrato.

Para justificar el escrito y la necesidad de extremar las garantías, Mendoza recuerda que existe una investigación abierta en la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en determinados procedimientos de contratación municipal. Tal y como publicó este periódico, el Ministerio Público se querelló contra el alcalde, Yonathan de León, y el concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración por la organización de diferentes fiestas de la capital: la feria navideña ‘Navilan’, la Feria de Abril, Carnaval y la feria inspirada en el circo Billy Capers.

Así, el PSOE ha pedido a la Secretaría General y a la Intervención que aclare si el expediente está completo para ser sometido a resolución en el Pleno, que precise qué efectos jurídicos produce la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito respecto a las irregularidades que pudieran afectar al procedimiento originario de contratación. También pide que determine si es posible excluir del reconocimiento las facturas en las que existan dudas sobre su procedimiento de contratación.

Más de 300 personas que viven en el mayor poblado de infraviviendas de Tenerife se enfrentan a un desalojo masivo. Este asentamiento está en el Puertito de Adeje, muy cerca del solar donde se construyen las polémicas villas de Cuna del Alma, y durante los últimos años se ha convertido en la única alternativa habitacional para cientos de familias. Entre ellas hay trabajadores de la construcción y del sector turístico, así como perfiles vulnerables como solicitantes de asilo, embarazadas o personas enfermas. Ahora, todas ellas se enfrentan a una orden de desalojo que les da un plazo de 15 días para marcharse de allí. “Solo pedimos respeto y tiempo para buscar a dónde ir”, cuentan algunas de las familias en una entrevista concedida a Canarias Ahora.

En las últimas semanas, agentes de la Policía Local de Adeje se han desplazado hasta el asentamiento para entregar notificaciones a los habitantes del poblado. En ellas se informa a las familias de que la propiedad del terreno ha denunciado la ocupación no consentida del mismo y se les advierte de que los hechos pueden ser constitutivos de una infracción grave o muy grave, esta última en caso de que la infravivienda se encuentre dentro de la franja de servidumbre de protección de costas. Las sanciones oscilan entre los 6.001 y los 600.000 euros. En una de estas actas, a las que ha tenido acceso Canarias Ahora, se pide a los afectados que tumben las construcciones y abandonen el lugar.

Desde el Ayuntamiento de Adeje aseguran que “de momento no se ha detectado ninguna persona con vulnerabilidad extrema ni ha habido ningún caso de emergencia”, y afirman que se está atendiendo cada caso por orden de solicitud. En esta línea, las familias denuncian que han pedido cita con los Servicios Sociales del municipio y que se las han agendado para octubre, a pesar de que tienen 15 días para marcharse de allí. Además, subrayan que en el asentamiento viven personas con movilidad reducida y una mujer totalmente dependiente que reside en una caravana.

La mañana de la entrevista, Laura, que lleva siete meses viviendo en el Puertito y está embarazada, tuvo cita con la trabajadora social del Ayuntamiento, y afirma que ahora siente “más miedo”. Laura asegura que no le han dado ninguna solución y que solo le han insistido en que busque otro lugar al que ir y que los Servicios Sociales podrían quedarse con su bebé. “Uno siente más miedo ahora, nosotros no tenemos papeles y estamos en situación irregular. Solo trabaja mi marido, que trabaja en la construcción y cobra 1.200 euros”, detalla. Además, tiene tres hijos en Colombia.

Hasta 650 euros por una habitación

Jennifer tiene 33 años y lleva cinco viviendo en el Puertito de Adeje para poder estar más cerca de los hoteles en los que ha trabajado como camarera de piso. Empezó con una carpa y poco a poco ha ido haciendo su casa como ha podido. “Ahora mismo por una habitación te cobran 500 euros. Convives con personas que no sabes ni quiénes son. Además, yo tengo un perro, y no me lo aceptan”, cuenta. “Todos los que estamos aquí estamos siempre en búsqueda activa de una casa, de un alquiler, pero es imposible. Si no hay vivienda, la única opción que tenemos es inventarnos una”, asevera.

La imposibilidad de encontrar un alquiler asequible también llevó a Mercedes, de 70 años, a vivir en este asentamiento. “Me hice una casa con palets, recogiendo de aquí y de allá”, cuenta. “Mi hija tiene 25 años y está estudiando Veterinaria en la Universidad. Si yo me voy de alquiler, por muy buenas becas que tenga mi hija, la tengo que ayudar”, añade. Pocos minutos antes de la entrevista, Mercedes navegaba en las plataformas de alquiler de vivienda, pero el resultado siempre es el mismo. “Una habitación en San Isidro, 650 euros con avalista y dos meses por adelantado”, cuenta.

Jorge y su pareja tampoco han tenido más remedio que crearse una infravivienda en este enclave situado en medio de una de las zonas más turísticas de Tenerife. Trabajaba como camionero en Colombia, hasta que miembros de las guerrillas colombianas asaltaron su camión y se lo robaron. Ahora es solicitante de asilo en España y también está inmerso en el proceso de regularización extraordinaria, aunque aún no ha obtenido una resolución. En Colombia dejó a sus cuatro hijos, a los que mantiene desde Canarias.

En los últimos años, no ha dejado de trabajar en el sector de la construcción, pero aún así el sueldo no es suficiente para poder costear un alquiler y ha tenido que vivir en condiciones indignas. Durante un tiempo vivió en una habitación minúscula en Tejina, en una casa con otras 16 personas. Cuando se fue, le pedían por un piso en la localidad de Chío 900 euros al mes y el pago de cinco mensualidades por adelantado.

En este asentamiento también vive José, que tiene tres hijos a su cargo y, además, sufrió un accidente laboral. Este vecino de Adeje afirma que sus hijos pequeños sienten miedo cada vez que ven a la Policía y pide respeto. “Si vienen a darnos una mala noticia, pedimos que al menos lo hagan con respeto y humanidad”, añade Jennifer, quien insiste en que lo único que piden es un poco de tiempo y que se ofrezca alternativa habitacional a las personas más vulnerables. ''Cualquier colectivo o entidad que pueda ofrecer ayuda, sobre todo a las personas más vulnerables, ya es un montón'', apunta.

''Frenar el chabolismo''

El Ayuntamiento de Adeje ha respondido a este periódico que no hay una cifra exacta ni oficial de personas afectadas por este desalojo, y añade que ''la mayoría son segundas residencias o vacacionales'' y que ''cuando se va a notificar no hay nadie''. Por su parte, las familias responden que a veces no hay nadie porque ''la mayoría son personas trabajadoras''. Esta actuación, explican desde el municipio que lidera José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE) - en el cargo desde hace casi 40 años-, se enmarca en el plan del municipio de ''frenar el chabolismo'' y los asentamientos ilegales que han proliferado en él.

El Ayuntamiento, según una nota de prensa, ha diseñado una hoja de ruta en la que también participan la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Estos asentamientos se concentran en las zonas de El Valito, Llano Negro, Las Moreras, El Puertito y La Caleta. Según la concejala de Seguridad, Mercedes Vargas Delgado, ''la situación ha empeorado en los últimos meses, con una acumulación de residuos que genera un riesgo real para la salud pública y para el entorno natural, por la proliferación de plagas, vertidos de aguas residuales al mar y riesgo de incendios''.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento confirmaron en una reunión celebrada en junio que se procederá a la apertura de expedientes individualizados por cada vivienda detectada, en aplicación de la Ley del Suelo, con el fin de garantizar la seguridad jurídica del proceso, aunque la ejecución material de las actuaciones podrá realizarse de forma simultánea y conjuntamente con la Agencia del Medio y Costas.

Por su parte, la concejala de Bienestar Comunitario y Cohesión Social, Raquel Rodríguez Alonso, indicó que el Ayuntamiento tiene identificadas a las personas que ocupan estos asentamientos y sostuvo que la gran mayoría ''no se encuentra en situación de vulnerabilidad ni de exclusión social'', y que ''únicamente un número reducido de casos requiere seguimiento por parte de los Servicios Sociales municipales''. “Tenemos identificadas a las personas que se encuentran en una situación más delicada, y se les dará la respuesta que esté en nuestra mano dentro de las posibilidades del Ayuntamiento en caso de que se produzcan desalojos”, afirmó.

Las familias denuncian que se proceda a este desalojo sin garantías para las personas vulnerables mientras, a pocos metros, se siguen construyendo las polémicas villas de Cuna del Alma. La Justicia mantiene abierta una causa penal que investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a la promotora para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar.

En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras cosas. La Dirección General de Costas del Ejecutivo autonómico dio el visto bueno al entender que esas instalaciones beneficiaban a la actividad turística, tal y como adelantó Canarias Ahora. Las presuntas irregularidades detectadas han llevado a la jueza a citar como investigado al director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta.

''Dicen que nosotros estamos en un suelo protegido. ¿Y Cuna del Alma? Que está rompiendo playas y montañas, ¿eso no está protegido?'', cuestionan los afectados.

La Laguna (Tenerife) es, por excelencia, la ciudad universitaria de Canarias. Sin embargo, las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes a la hora de encontrar piso están haciendo tambalear este título. El precio disparado de los alquileres, la falta de pisos suficientes, las estafas o las cláusulas abusivas de los contratos son algunos de los problemas que señalan los universitarios. “Cada año, al terminar el curso, es muy complicado y desesperante tener que buscar o ayudar a otros compañeros a encontrar pisos accesibles que no supongan un problema económico para las familias y que sean habitables”, subraya Acorán Jesús Pérez Guerra, estudiante de Biología.

“Cada año suben más los precios, con la certeza de que finalmente los conseguirán alquilar, ya que no hay otras opciones y no puedes transportarte de una isla a otra diariamente”, añade Pérez, nacido en Gran Canaria. Alquilar una habitación en La Laguna cuesta a los estudiantes y a sus familias entre 300 y 500 euros, a pesar de que Canarias es una de las comunidades autónomas más empobrecidas del país, con un 31,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social.

Al creciente precio de los alquileres se suma otra dificultad: el carácter insular del territorio. Los estudiantes que no viven en las islas capitalinas tienen que mudarse para poder ir a la universidad, sumando el coste de la vivienda al gasto en billetes de avión o de barco para poder ver a sus familiares. Incluso los que han nacido en Tenerife y en Gran Canaria se ven obligados a salir de su isla para poder cursar la carrera que quieren o a buscar un piso más cerca de las facultades y sortear así el colapso diario de las carreteras.

Tinguaro nació en La Gomera y estudia Antropología en la ULL. “En todos estos años he pasado por cinco pisos. Mi familia es humilde, por lo que siempre me preocupé por encontrar piso lo más barato posible. De dos de ellos me fui porque las condiciones eran demasiado abusivas a mi parecer”, cuenta.

Una exalumna que prefiere no decir su nombre vive en el norte de Tenerife y se mudó a La Laguna para estudiar. “Pagaba 400 euros por un piso en pleno centro con tres habitaciones. Compartiendo eran 130 euros por cabeza”, recuerda. Con los años, vio cómo “subía y subía el alquiler”, lo que la llevó a trabajar mientras estudiaba para poder pagarlo.

El miedo a no encontrar dónde vivir

El temor a no tener dónde vivir durante el curso lleva a los jóvenes a caer en estafas y a pagar precios desorbitados por una habitación. Alejandra Ramírez es de Gran Canaria, pero estudia Psicología en la ULL porque en su isla la carrera no se oferta en la universidad pública. Este curso compartirá piso con diez personas en una casa con varias plantas cerca de su Facultad. Por su habitación pagará 350 euros con gastos incluidos, pero hasta encontrarlo ha tenido que hacer frente a varios obstáculos. Entre ellos, una estafa.

“Me estafaron 95 euros. Mi amiga y yo teníamos que hacer una reserva para poder ver un piso, y cuando llegamos allí, el piso no existía”, cuenta. “En mi caso personal y el de mi familia, buscar piso de alquiler en La Laguna ha sido desesperante a la vez que frustrante. Llega un punto en el que pierdes la esperanza porque te ves sin nada y no sabes si las cosas saldrán bien”, subraya.

En Canarias, este tipo de prácticas fraudulentas han aumentado en todo tipo de alquileres. Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife explican cómo las estafas han incrementado entre un 10% y un 12%, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, afectando gravemente a los estudiantes: “Son especialmente vulnerables porque suelen tener poco tiempo para encontrar alojamiento, poca experiencia alquilando y presupuestos limitados. La escasez de vivienda les obliga además a aceptar rápidamente ofertas, incluso sin poder comprobarlas bien. Esto demuestra cómo la falta de vivienda pública y el mercado desregulado dejan a los jóvenes expuestos a todo tipo de abusos”.

Un problema estructural

Las dinámicas especulativas del mercado habitacional resultan especialmente llamativas entre los estudiantes jóvenes debido a su vulnerabilidad e inexperiencia. No obstante, los movimientos por la vivienda en las islas hacen hincapié en que tan solo se trata de “la punta del iceberg” de una problemática estructural donde se ven afectados todos los sectores de la población y la clase trabajadora canaria.

“En la realidad actual, los estudiantes no son las únicas personas que compiten (porque sí, se ha vuelto una competición) por estas vacantes: muchas familias, a veces con ingresos por parte de ambas figuras de tutores legales a los que se ha expulsado del mercado residencial, terminan viéndose en una situación que les obliga a tener que considerar el vivir hacinados en estas condiciones, lo cual desemboca en una ‘puja’ por conseguir un techo bajo el que vivir”, detallan desde el colectivo Derecho al Techo (Gran Canaria).

Según los últimos datos publicados por el Observatorio del Alquiler, Canarias continúa siendo una de las comunidades más caras para vivir de alquiler en todo el territorio español, con un precio medio de 1.154 euros. Además, el histórico de plataformas como Idealista demuestran que el precio de los pisos en ciudades universitarias como San Cristóbal de La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria han aumentado estrepitosamente en la última década: en torno al 120% y el 87%, respectivamente. Una subida que contrasta en una comunidad con los sueldos más bajos del Estado.

Normativa “inexistente” en materia de vivienda

Tanto el Sindicato de Inquilinas de Tenerife como Derecho al Techo remarcan la falta de políticas diseñadas para revertir esta situación. Recuerdan que el Gobierno autonómico no aplica “ni siquiera” la Ley de Vivienda estatal -aprobada en el Congreso de los Diputados en 2023- para poder limitar los precios de los alquileres ordinarios, especialmente, en zonas tensionadas como Las Palmas o La Laguna. En este contexto, el tope de los precios de las habitaciones, que en comunidades como Cataluña están incorporando a la normativa estatal, queda todavía más lejos.

Los alquileres de vivienda habitual y los de habitaciones están sujetos a marcos legales distintos, regulados principalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Código Civil, según el tipo de contrato y su finalidad. En este sentido, los colectivos por la vivienda explican que la proliferación de alquileres por habitaciones o de temporada puede permitir eludir garantías previstas para la vivienda habitual, como las relativas a duración o actualización de rentas. Una fórmula que puede resultar además “más rentable” para los propietarios que alquilar una vivienda completa.

Este fue el caso con el que se encontró Tinguaro durante sus primeros años estudiando en la ULL. Vivía con otras ocho personas en una casa separada en dos plantas, donde el propietario fijaba la habitación en 310 euros. En total, 2.480 euros de ganancia para una propiedad que, según el índice de precios del Ministerio de Vivienda -y de acuerdo a la información catastral-, no debería de sobrepasar los 1.000 euros. Un precio que se sitúa hasta un 190% por encima del valor de referencia. “Y este mismo casero tiene otras dos viviendas más cerca del campus Guajara con las que hace lo mismo”, añade el estudiante de La Gomera.

Estudiar, ¿un privilegio?

El actual alza de precios en el mercado habitacional, y la falta de regulación al respecto, parece estar determinando quiénes pueden realmente mantener sus estudios. Los movimientos por la vivienda recuerdan que al coste del alquiler se suma el transporte, la alimentación y otros gastos -como las famosas “segundas matrículas”-, haciendo que estudiar dependa cada vez más de la capacidad económica de la familia: “Se acaba convirtiendo en un privilegio de clase”. Desde Derecho al Techo aseguran que el actual panorama “concluye en la mayor tasa de abandono en las universidades presenciales de España, con un 21% en Canarias frente a un 13% de media nacional, según ya reflejó en 2022 un informe del Ministerio de Universidades”.

Asimismo, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife añade que, en La Laguna, se han llegado a registrar en torno a 1.400 solicitudes para 550 plazas de alojamiento universitario: “Esto supone una desigualdad territorial y de clase y el derecho a estudiar no debería depender de haber nacido en una familia con recursos. Si una persona de La Palma, La Gomera, El Hierro o Fuerteventura no puede permitirse una habitación en Tenerife o Gran Canaria, su acceso a determinadas carreras queda limitado”.

Construir pisos

Los centros de alojamiento públicos que ofrece la ULL también se han quedado pequeños. La Universidad cuenta con tres colegios mayores y una residencia, que suman un total de 541 habitaciones entre individuales, dobles y adaptadas. Según los datos publicados por el centro, hasta el momento se han matriculado para el próximo curso 17.452 personas. En la ciudad universitaria también hay una residencia privada, la Residencia Universitaria Nazaret, de carácter religioso y solo para mujeres.

En enero de este año, el rector de la ULL, Francisco García, y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, presentaron una iniciativa para construir 50 plazas de estudiantes en un terreno municipal en la zona de Guajara. Según ha explicado a esta redacción Lidia Perera, gerenta de la ULL, la construcción consiste en un “sistema industrializado con acero galvanizado” por ser “más rápida” que la tradicional. Sin embargo, estas plazas no estarán disponibles este curso, ya que la institución acaba de recibir la propuesta de proyecto.

“Este documento también tiene una valoración económica, y de esta manera podemos conectar con la administración de la comunidad autónoma y con otras administraciones para poner una hoja de ruta al proyecto en cuanto horizonte temporal y ficha financiera”, explica Perera. “Prácticamente todas las administraciones están de acuerdo”, asegura.

El Cabildo de La Palma también ha iniciado los trámites para crear una residencia propia en Tenerife para estudiantes palmeros y así “dar respuesta a las necesidades de alojamiento de los jóvenes de la isla que se desplazan fuera para continuar sus estudios universitarios y de otras disciplinas”. La corporación insular se ampara en la Ley de Cabildos, que les permite ejecutar infraestructuras fuera de su ámbito territorial para prestar servicios directos a su población.

Soluciones

El activismo por la vivienda lo tiene claro: “El problema no es solo la falta de viviendas, sino un modelo que prioriza el beneficio privado y la vivienda turística frente al derecho a vivir y estudiar dignamente. La solución pasa por aumentar la vivienda pública y las residencias universitarias, regular los alquileres en zonas tensionadas y garantizar que ningún joven tenga que renunciar a estudiar por no poder pagar una habitación. La educación pública solo es realmente igualitaria si también se garantiza el derecho a la vivienda”.

A mediados de junio, después de tres meses buscando, José Manuel Graiño y dos amigos dieron por hecho que habían encontrado un piso de alquiler, en Santander. Pero tras ver el anuncio, la casa, y cerrar “verbalmente ”con el propietario, “a ultimísima hora, cuando solo había que firmar, nos dijo que subía el precio, de 900 a 1.000 euros, y que teníamos que pagar un comprobante de reserva del piso”.

“Obviamente”, dice Graiño, buscaron otro piso. No estaban dispuestos a aceptar las condiciones repentinas del casero y no se lo podían permitir. Con 21 años, este estudiante de Laredo (Cantabria) está seguro de que la búsqueda de piso en 2026 para hacer cuarto año de Economía en la Universidad de Cantabria (UC), en Santander, ha sido la más complicada.

“Recuerdo que el primer año de carrera era mucho más tranquilo y había tiempo para elegir”, dice tras haber conseguido finalmente un piso al que llamaron “corriendo”, después de ver el anuncio, tras ver otros por hasta 1.100 euros, por una vivienda de 65-70 metros cuadrados, en el entorno de la UC: “Para nosotros, que somos estudiantes, es bastante el precio”, dice aunque su piso nuevo acaba el contrato en junio, “prácticamente todos son así”.

Intentos de fraude, cobros de dos meses con reserva, pisos de tres habitaciones por más de mil euros y la ya asentada idea de que hay que abandonar el piso cada junio. Las dinámicas han cambiado completamente los precios en varias provincias. La especulación inmobiliaria se ensaña cada vez más con los universitarios de otros países o llegados de otros municipios que estudian en ciudades medianas, como Santander, Murcia o La Laguna, donde los salarios son inferiores a las grandes capitales.

Los patrones de Madrid y Barcelona se reproducen en el resto de ciudades. Santander, Murcia o La Laguna “están sometidas a tensiones inmobiliarias nuevas”, analiza Miguel Díaz, investigador de la Complutense y autor del informe 'Segovia. Ciudad tensionada', elaborado por la Fundación Rosa Luxemburgo, sobre el impacto de una universidad privada en el coste del alquiler. “La problemática es que al ser ciudades de mucha menor escala, el efecto global que puede tener sobre el mercado del alquiler es mucho mayor”, explica Díaz.

Para Ignacio Ezquiaga, doctor en economía e investigador en Funcas, hay que distinguir entre el ascenso de precios de vivienda libre en venta o alquiler y el encarecimiento de la vivienda libre respecto a la renta: El primero es un proceso que en parte depende del segundo. Lo que ya es caro sube normalmente menos que lo que aún no es tan caro. Hay una tendencia a igualar la asequibilidad en el mercado libre“.

Las diferencias de precios entre grandes y pequeñas ciudades, desarrolla Ezquiaga, o entre áreas de alta y baja densidad residencial, son proporcionales a la renta. “No creo que el fenómeno actual se circunscriba a las áreas más urbanas. En el resto ocurre igual: precios no asequibles para la mayoría de los nuevos hogares potenciales (incluidos estudiantes), precarización del alquiler y retraso en la emancipación”.

Ezquiaga señala que la ventaja de ciudades medias y pequeñas “es que disponen de mayor flexibilidad para aumentar la oferta de vivienda, con nueva edificación, rehabilitación o redensificación”.

A esto Ezquiaga agrega el problema adicional del efecto huida en la España rural y de ciudades menores, “ya que sus precios, aun siendo más bajos que las áreas más tensionadas, quizá deberían ser más atractivos y asequibles para retener e incrementar población”, plantea.

Díaz, que ha analizado el caso del Instituto de la Empresa en Segovia, señala por su investigación que el precio del alquiler en esa ciudad “practicamente” se ha duplicado: “Ha sido un cambio sustancial hacia otro modelo de precios mucho más elevados, donde la oferta residencial para el alquiler de largo plazo, se ha vaciado de una manera importante”, advierte.

Santander, más de 4.000 euros por un piso

En 2026, el Gobierno de Cantabria (PP) ha financiado, por primera vez, la gratuidad de la matrícula para el curso entrante en la UC, pero solo en el primer año de grado. Para ello, ha destinado este año un monto de 1,5 millones de euros, del que se beneficiarán los empadronados en la comunidad autónoma. La sede central de la UC está en Santander que, con 176.472 habitantes, según datos del Ayuntamiento (PP), carece de una residencia universitaria pública.

Este año, la rectora de la UC, Conchi López, anunció un proyecto de residencia de 116 habitaciones para el curso 2028/2029, “en un contexto marcado por la reducción de la oferta de vivienda en Santander y el incremento de los precios del alquiler, lo que dificulta el acceso a un alojamiento adecuado”, dijo la rectora.

El modelo pensado, si sale adelante, será una concesión a 40 años a una empresa gestora, con apoyo del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento, con habitaciones a precios “asequibles”, regulados por la universidad.

Santander alberga también dos universidades privadas, Cesine y Universidad Europea del Atlántico (UneAtlántico). Hay un colegio mayor público de la UC y dos residencias privadas, una de UneAtlántico y otra llamada MiCampus, del fondo de inversión Stoneshield Capital.

Pablo Vázquez (Oviedo, 21 años) estudia periodismo y ha pasado por las dos residencias privadas de Santander. La experiencia sumada al precio le han hecho decidir que el próximo curso viajará en autobús cada día de Oviedo a Santander y vuelta. Dice que prefiere hacer cuatro horas y media al día, en el mejor de los escenarios, o hasta seis horas de viaje en autobús al día, que volver a pagar una residencia o vivir en un piso.

“Aunque mi familia se lo puede permitir”, reconoce Vázquez, “me compensa el viaje: puedo hablar de un ahorro de de 1000 euros”, respecto a las residencias, donde se gastaba -a excepción de una bonificación el primer año- por encima de 800 euros mensuales. Se muestra optimista respecto al bus por el abono transporte nacional: “Por 30 euros al mes puedo ir y volver las veces que quiera”.

Vázquez es una excepción. En su misma universidad -donde la matrícula supera los 6.000 euros-, una alumna latinoamericana cuenta bajo anonimato que este año, por primera vez, junto a sus tres compañeras de piso, han tenido que hacer tres pagos por un piso en Santander: dos meses de fianza y una reserva desde julio.

Un total de 4.350 euros por un piso de cuatro habitaciones, dos baños, cocina, sala, y trastero que sus familias pueden asumir, pero admite que son las condiciones “más caras” que ha tenido en cuatro años en la capital de Cantabria. “Es amplio”, valora esta estudiante que también aprecia que sea un contrato fijo durante dos años, frente a la tendencia de temporalidad general.

Otra alumna latinoamericana de su misma universidad, también bajo anonimato, dice que tras tres años en Cantabria puede afirmar que, cada año, “es un poco más complicada” la búsqueda de piso: “Antes pedían un mes de fianza y ahora suelen pedir más, además de gastos adicionales como la limpieza mensual”, cuenta.

Esto se traduce en que todos los pisos que ha visto para este año de dos habitaciones -tiene una compañera de piso- tienen un precio promedio mensual de temporada de 900 “o más”. Hace tres años, dice, les pedían antes un mes de fianza. “Ahora nos piden dos meses o incluso tres”, cuestiona esta estudiante.

Ibai Ruiz, de Laredo y estudiante de Ingeniería Mecánica en la UC, se fijó en esta tendencia y creó una plataforma llamada TrentiScan, con la que ganó un premio universitario, por ayudar a detectar fraudes en alquileres para estudiantes. “Con la desesperación por encontrar alojamiento, los fraudes se disparan”, cuestiona el creador de la app que ahora se llama Waybox.

“Lo que más vemos son los 'pisos fantasma': anuncios con precios algo más bajos de lo normal donde exigen pagar una fianza por adelantado para 'bloquear' la habitación antes incluso de verla. Juegan con el miedo del estudiante a quedarse en la calle”, dice Iba Ruiz sobre una ciudad que ha visto cambiar drásticamente en siete años: “Hablando con compañeros de cursos superiores, lo que en 2019 era una habitación de 200 o 250 euros, hoy roza los 400 euros y las condiciones para entrar son muchísimo más agresivas”.

La Laguna, estafas para ver pisos por 95 euros

En Canarias, al creciente precio de los alquileres se suma otra dificultad: el carácter insular del territorio. Los estudiantes que no viven en las islas capitalinas tienen que mudarse para poder ir a la Universidad e incluso los que han nacido en Tenerife o Gran Canaria se ven obligados a salir de su isla para poder cursar la carrera que quieren o a buscar un piso más cerca de las facultades y sortear así el colapso diario de las carreteras.

La Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife, es la más antigua de Canarias, con más de 200 años de historia. En la isla hay dos universidades privadas, pero ninguna ofrece formación presencial en La Laguna. Por un lado está la Tecnológica de las Islas Canarias (TECH), donde la formación es completamente digital, y por otro la Universidad Europea, con un campus en La Orotava y otro en la capital, Santa Cruz de Tenerife.

Así, la ULL ha hecho que La Laguna (161.091 habitantes) se consolide con los años como la ciudad universitaria por excelencia del Archipiélago. Sin embargo, ahora corre el riesgo de perder el título ante las dificultades crecientes a las que se enfrentan los universitarios para encontrar dónde vivir durante el curso. Alquilar una habitación cuesta a los jóvenes entre 300 y 450 euros, a pesar de que Canarias es una de las comunidades autónomas más empobrecidas del país, con un 31,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social.

El precio no es el único problema. También lo es la falta de pisos. “Es muy difícil encontrar uno a un precio razonable y en un lugar adecuado”, cuenta Alejandra Ramírez. Ella es de Gran Canaria, pero estudia Psicología en la ULL porque en su isla, la universidad pública no oferta el Grado.

El miedo a no tener dónde residir durante el curso lleva a los jóvenes a caer en estafas y a pagar precios desorbitados por una habitación. “Se aprovechan para ofrecer pisos muy antiguos por precios muy altos. A mí me estafaron 95 euros. Mi amiga y yo teníamos que hacer una reserva para poder ver un piso y cuando llegamos allí, el piso no existía”, cuenta Ramírez.

Los centros de alojamiento públicos que ofrece la ULL también se han quedado pequeños. La Universidad cuenta con tres colegios mayores y una residencia, que suman un total de 541 habitaciones entre individuales, dobles y adaptadas. Según los datos publicados por el centro, hasta el momento se han matriculado para el próximo curso 17.452 personas. La Laguna también cuenta con una residencia privada, la Residencia Universitaria Nazaret, de carácter religioso y solo para mujeres.

En enero de este año, la ULL presentó una iniciativa para construir 50 plazas de estudiante con una construcción basada en un sistema industrializado. Las plazas alojativas no estarán disponibles este curso, ya que según ha explicado la institución a esta redacción, acaban de recibir el proyecto.

Murcia, un 16% de oferta contra un 58% de demanda

Para María Dolores, estudiante de tercero de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, el verano ha sido un sinvivir frente a la pantalla del ordenador buscando una habitación que le permita seguir estudiando en la capital sin que el alquiler se lleve buena parte del presupuesto familiar.

Una presión que se ha intensificado en los últimos años. En el primer trimestre de 2026, la oferta de habitaciones en Murcia aumentó un 16% respecto al año anterior, pero la demanda lo hizo un 58%. El precio medio se sitúa ya en 300 euros mensuales. Eso convierte una habitación en un piso compartido —la opción que tradicionalmente permitía abaratar el coste de estudiar fuera de casa— en un gasto que supera fácilmente los 3.000 euros anuales, a los que hay que sumar alimentación, transporte, matrícula, material académico y pago de suministros.

Murcia, con 479.471 habitantes según el censo, cuenta fundamentalmente con dos grandes universidades en su entorno inmediato: la Universidad de Murcia (UMU), pública, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), privada. La primera supera los 30.000 estudiantes, mientras que la segunda cuenta con más de 22.000 alumnos en programas de grado y posgrado.

En Murcia, el precio medio de una habitación alcanzó los 300 euros mensuales en el primer trimestre de 2026, según el portal especializado Idealista. Una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior pero que acumula un incremento del 34% en cinco años: de unos 223 euros en 2021 a los 300 actuales.

El mercado actual ofrece, no obstante, una horquilla más o menos amplia. En los anuncios consultados recientemente aparecen habitaciones desde alrededor de 230 euros, especialmente en zonas periféricas, hasta 350, 390 euros o más en viviendas mejor ubicadas o equipadas. La ubicación pesa. También el estado de la vivienda, el número de personas que comparten baño, si los suministros están incluidos y, cada vez más, la distancia al tranvía o a los campus.

Álvaro, estudiante de 21 años procedente de Albacete, lleva dos cursos compartiendo piso en Murcia. El primer año pagaba 250 euros por la habitación. Para este curso, su casero le anunció a él y a sus otros tres compañeros de piso que el precio subía, de golpe, a los 315 —lo que supone unos ingresos mensuales para el propietario de 1.260 euros—, sin contar luz, agua ni Internet: “Cuando hicimos cuentas, la habitación se nos iba a los 370 al mes a cada uno, pero hemos preferido asumir la subida impuesta por el propietario antes que jugárnosla tal y como está la cosa”, relata.

Es lo que le pasó a Lucía, de 23 años, nacida en la localidad costera de Águilas. A mitad de curso se vio en la necesidad de salir del piso que compartía en Murcia con otras dos chicas por la pésima relación que mantenía con ellas, con denuncias por agresiones de por medio. “Encontré una habitación, pero me dijeron que había otras cuatro personas interesadas y que, si quería reservar, tenía que transferir 500 euros ese mismo día. Pedí ver el contrato y me dijeron que lo enviarían después”. Lucía, que asegura sentirse “desesperada”, realizó el trato por WhatsApp y efectuó el ingreso de la “reserva”. Resultó una estafa.

María Dolores procede de Purias, una pedanía del municipio de Lorca situada a poco más de 70 kilómetros de la capital regional. Una distancia que, en coche, se completa en unos 51 min por la Autovía del Mediterráneo (A-7). Ella no dispone de vehículo propio y la utilización del transporte público no es una alternativa para evitar el traslado temporal de su residencia a Murcia, porque le obligaría a emplear unas 5 horas diarias en viajes en autobuses y tranvías —el servicio de trenes de Cercanías entre Murcia y Lorca lleva suspendido desde octubre de 2021debido a las obras del AVE—, entre ida y vuelta.

Así que empezó a buscar piso en junio. “Pensaba que lo conseguiría pronto, pero muchas habitaciones ya estaban reservadas. Los que encuentro por 250 o 270 euros están muy lejos o están compartidos por muchas personas y tienen solo un baño. Y si pago 350 euros más gastos, mis padres no saben si podrán mantenerlo todo el curso”, explica. “Tengo otros dos hermanos que vienen detrás de mí. No me parecería justo comprometer los ahorros que ellos han previsto también para sus estudios, así que no sé lo que haré al final, pero entre las opciones está dejar la carrera”, reconoce a pocas semanas de que empiece el nuevo curso académico.

23 de junio de 2026. Víspera de San Juan. 11.58 horas. El Área de Salud de Tenerife emitió un acta de inspección sanitaria que concluía que Playa Chica, comúnmente conocida como El Charcón (Playa Jardín, Puerto de la Cruz), estaba contaminada por E.coli (Escherichia coli). 25 minutos después, un inspector de Salud Pública envió un correo electrónico al concejal de playas del Ayuntamiento, Felipe Rodríguez Villalba (PP), con el asunto “cierre playa Charcón”. El mensaje era claro: “Se ordena el cierre de la zona del Charcón, en Playa Jardín”. Los valores de esta bacteria fecal triplicaban los límites establecidos por la ley, pero el baño no se restringió en ningún momento.

Así lo confirmó al día siguiente la Inspección Sanitaria, que se desplazó a las 8.10 horas a la zona para comprobar si se habían adoptado las medidas de protección de la salud exigidas. La visita terminó a las 12.03, tal y como consta en una resolución obtenida por este periódico a través del Portal de Transparencia, y se comprobó que el Ayuntamiento no había adoptado ninguna de ellas. Estas eran facilitar la adecuada información al público, investigar el origen del incumplimiento de los parámetros de calidad y prohibir el baño.

Según se refleja en el acta de inspección, “el concejal que se encontraba en la playa en ese momento” manifestó que “la colocaron [la información sobre la contaminación del agua]”, pero que “la gente la había quitado”. Sin embargo, un mes después, cuando la Plataforma Stop Vertidos al Mar sacó a la luz que la playa permaneció abierta pese a estar contaminada, el alcalde, Leopoldo Afonso (PP), confirmó que no se había adoptado ninguna medida.

En la comparecencia ofrecida, el máximo responsable del municipio justificó que el Ayuntamiento no había recibido supuestamente ninguna información de Salud Pública por canales oficiales. En la rueda de prensa participaron representantes de los tres partidos que forman el gobierno. Junto al alcalde estuvieron el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández (Asamblea Ciudadana Portuense), y el concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo (Coalición Canaria). El responsable de Playas, al que Salud Pública envió el correo, no estuvo presente.

En la resolución obtenida por este periódico a través del Portal de Transparencia, la Dirección General de Salud Pública confirma que a fecha del 17 de agosto el servicio de inspección no había obtenido respuesta alguna al correo del 23 de junio, ni por vía oficial, ni a través del correo electrónico del inspector, ni tampoco del email del servicio. En la documentación también consta que el resultado de las analíticas así como la orden de prohibir el baño no solo se notificaron al Ayuntamiento por correo, sino también mediante “comunicación telefónica”.

Pocos días después de la rueda de prensa, desde el Ayuntamiento reconocieron que sí habían tenido conocimiento de la incidencia, pero insistían en que se les dio traslado “de manera no oficial”. En el pleno municipal que tuvo lugar el 27 de julio, Afonso reconoció que accedieron al correo el miércoles 24 de junio, un día después de que fuera enviado.

El episodio de contaminación

La contaminación en El Charcón fue detectada el 23 de junio, cuando los resultados de las muestras tomadas el día anterior revelaron altos niveles de E.coli. En concreto, se detectaron 800 UFC (Unidades Formadoras de Colonias) por cada 100 mL (mililitros). El acta de Salud Pública concluye que el resultado incumplía los valores establecidos en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Esta normativa establece que para que la calidad del agua se considere excelente en zonas costeras y de transición, los valores de E.coli no pueden superar las 250 UFC/mL. Para ser calificada de buena o excelente, el límite es de 500 UFC/mL.

El 25 de junio, Salud Pública emitió otra acta de inspección que concluía que las muestras tomadas el día 24 habían arrojado niveles de E.coli inferiores a 250 UFC/mL, por lo que se calificó el agua como apta para el baño.

Estos hechos fueron denunciados públicamente en julio, cuando los resultados de las analíticas se publicaron en el Sistema Nacional de Información de Aguas de Baño Náyade. Primero lo informó la Plataforma Stop Vertidos al Mar, integrada por vecinos y vecinas de la zona, y después lo denunció públicamente el PSOE.

La noche de San Juan

Playa Jardín es uno de los enclaves más frecuentados de la costa norte de Tenerife. Está dividida en tres calas de arena negra: la playa del Castillo, la playa del Charcón y la playa de Punta Brava. Este episodio de contaminación coincidió con la celebración de diferentes actividades programadas con motivo de San Juan. Según informó el propio Ayuntamiento, la noche de la hoguera una de las playas del Puerto de la Cruz reunió alrededor de 5.000 personas.

El gobierno municipal ha insistido en diferentes notas de prensa en que la E.coli se localizó “exclusivamente” en el punto de muestreo de El Charcón, en el sector central de Playa Jardín. Además, han asegurado que el 23 de junio realizaron otras analíticas encargadas a un laboratorio “independiente” y cuyos resultados arrojaron valores correspondientes a una “calidad excelente del agua”.

Estas analíticas las ejecutó el laboratorio de la multinacional FCC Aqualia S.A. La toma de muestras, según la documentación consultada por este periódico, data del 23 de junio en torno a las 13.00 horas y fueron recogidas por el Ayuntamiento. Los resultados fueron remitidos el 24 de junio por el alcalde de Puerto de la Cruz a la Dirección General de Salud Pública a través de un oficio.

Después de que se desatara la polémica porque la playa de El Charcón permaneciera abierta pese a la contaminación, el alcalde y el concejal de Ciudad Sostenible publicaron un vídeo dándose un chapuzón en Playa Jardín para convencer a los bañistas de que la calidad del agua era excelente. Seis días más tarde, se volvió a desaconsejar el baño en Playa Jardín por bacterias fecales, en concreto, la zona de Punta Brava.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para dos alcaldesas y dos exalcaldes de Tenerife por el caso de los vertidos en el polígono industrial de Güímar. El Ministerio Público, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Canarias Ahora, atribuye los delitos de prevaricación por omisión y contra los recursos naturales y el medio ambiente a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP); la de Candelaria, María Concepción Brito (PSOE); al exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García Trujillo (PSOE) y al de Arafo, José Juan Lemes Expósito (ahora en Coalición Canaria). Este último es, en la actualidad, asesor del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.

El Ministerio Público solicita además para todos ellos una pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público sea o no electivo en el ámbito municipal, insular, autonómico y estatal que comporte la asunción de competencias de decisión o gestión en los ámbitos medioambiental y urbanístico.

Según el escrito, adelantado por El Día y al que ha tenido acceso Canarias Ahora, los dirigentes, ''de forma deliberada y sin justificación'', se ''abstuvieron'' de adoptar las actuaciones administrativas que estaban ''imperativamente obligados'' a tomar para el mantenimiento, la conservación y la adecuación de las instalaciones de evacuación de residuos, control, tratamiento y legalización de los vertidos de aguas residuales al medio marino.

De este modo, ''permitieron el vertido continuo e incontrolado de aguas residuales'' procedentes de todas las empresas del polígono industrial más grande de la isla y de las urbanizaciones. Este polígono abarca una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados y delimita por el sur por el área de sensibilidad ecológica de la Reserva Natural Especial. Allí desarrollan su actividad entre 200 y 220 empresas, entre las que se encuentran algunas dedicadas a la industria láctea, cervecera y de lavandería que requieren una autorización ambiental específica por la naturaleza de los residuos que generan.

Según el escrito, el vertido conjunto de agua residual industrial proveniente de entre las 200 y 300 empresas junto a las aguas fecales de las urbanizaciones devino ''en situación de absoluta ilegalidad''. Esto, continúa la Fiscalía, provocó un ''riesgo grave'' tanto para la calidad de las aguas, el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas en las zonas de baño de las playas. En estas zonas, se superó de forma continuada en ''cien veces'' la bacteria fecal E.coli (Escherichia coli), ''quebrando directamente la normativa medioambiental aplicable''.

Una inspección submarina, reza el texto, permitió comprobar que todas las aguas sucias se vertían exclusivamente a través del punto final del ramal sureste y por un único difusor, ya que todos los demás estaban obstruidos. Además, se efectuó la diligencia judicial de recoger muestras tanto a la entrada como a la salida de las instalaciones, que revelaron que no existían ''diferencias apreciables'' entre los resultados de las muestras recogidas a la entrada y a la salida que permitieran deducir que se hubiera realizado un tratamiento sobre las aguas residuales.

En las muestras tomadas en varios puntos de la red de saneamiento se detectaron varios valores como sulfitos y sulfuros totales, detergentes y E.coli que superaban ''con creces'' los límites del reglamento de vertidos, y ''disparados del límite'', aceites, grasas y metales.

Según el Ministerio Fiscal, no fue hasta después de que se incoara la causa penal por los vertidos cuando empezó a revelarse una ''intensa actividad municipal'', entre las que destaca la contratación de una empresa especializada en materia de saneamiento o la contratación de un informe técnico multidisciplinar.

Riesgos para la salud

El escrito de acusación de la Fiscalía establece que se han generado riesgos ''evidentes'' para la salud de las personas, identificados a largo plazo en las propiedades ''cancerígenas y mutagénicas'' de los metales pesados que se puedan adherir a organismos y matrices sólidas, incorporándose a la cadena trófica y, a corto plazo, en los contenidos fecales del vertido.

El Ministerio Público advierte de que la bacteria E.coli puede provocar en zonas de baño infección urinaria, enfermedades gastrointestinales, infección de ojos, irritaciones de piel, otitis o fiebre tifoidea y, en menor medida, infecciones respiratorias o meningitis en recién nacidos. También se detectaron concentraciones de coliformes fecales o la presencia de salmonella.

Además, la continuidad de los vertidos no depurados ha generado ''evidentes'', ''especiales'' y ''significativos'' riesgos para el equilibrio de los sistemas naturales. En concreto, por la potencial alteración de los ecosistemas y reducción de especies o hábitats de interés comunitario, vulnerables o catalogadas en peligro de extinción. Es el caso de los sebadales, que disminuyen en la zona cercana al emisario y aumenta en las más alejadas. La Fiscalía también hace referencia al delfín mular, a la tortuga boba, al delfín común, al cachalote, la pardela cenicienta o el delfín moteado, entre otros.

Encontrar mujeres en los carteles de los principales festivales de música de Canarias es tarea difícil. Localizarlas entre las personas que encabezan la programación es casi imposible. El balance en materia de igualdad de los conciertos que tienen lugar este verano en las islas es desolador. Solo dos mujeres entre 19 cantantes o un cartel donde el 71% de los artistas principales son hombres son algunos ejemplos. Esta tendencia ocurre en todo el panorama nacional, ya que según un estudio de la asociación MIM, las mujeres solo ocupan el 22% de los carteles de los festivales.

“No nos dimos cuenta” o “no había mujeres disponibles” son las respuestas habituales cuando se denuncia la falta de paridad. Sin embargo, el mensaje que se traslada a la sociedad en realidad es, según la gestora cultural y socióloga Beatriz Bello, que “las artistas mujeres no tienen calidad suficiente como para que alguien pague una entrada”.

“Lo que no hay es el paso previo, que es dar el espacio a esas mujeres para que puedan ejercer su profesión”, subraya Bello. La gestora cultural apunta que esto se puede extrapolar a cualquier otro ámbito: “Para las mujeres, siempre es mucho más difícil que se les reconozca un mérito. En el ámbito cultural, el trabajo que tú haces es muy público. Entonces, si tú eres buena pero tu trabajo no se ve porque no estás programada, no tienes manera de demostrarlo”.

La falta de paridad responde a una falta de concienciación y de implementación de las leyes, pero también a que los principales festivales de Canarias están dirigidos por hombres. “Hay instalada una naturalidad en esta rueda de seguir privilegiando a los artistas masculinos, y cuando hablamos de mujeres también hablamos de disidencias. Todo el colectivo LGTBIQ+ también queda fuera de las principales programaciones de festivales”, añade Bello.

Para Nereida Vizuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria y educadora social, los festivales y en general la cultura “siguen teniendo una mirada increíblemente machista y androcéntrica”. “Parece que hubo un momento en el que remontó un poco y empezó a haber cierta paridad en los carteles, pero este verano, por ejemplo, parece que deja de estar de moda y han vuelto a hacer carteles mayoritariamente masculinos o de grupos masculinos”, añade.

Ninguna artista quiere tener esa sensación de que la llamas por cuota o porque a una semana del festival os dais cuenta de que tenía que haber mujeres

Laura Viñuela — Musicóloga y coeducadora

Vizuete subraya que suele trabajar en puntos violeta de muchos eventos y percibe que el tipo de artistas que están en los festivales define también al tipo de público. “Sigue pareciendo que la música o el arte creada por chicos es para todo el mundo y que la música creada por chicas es de nichos”, apunta. “No podemos ser nichos si somos la mitad de la población, parece que a las mujeres solo las van a escuchar las mujeres, cuando hay mujeres que cantan increíblemente bien en todos los géneros, porque no hay géneros donde las mujeres no estén”, añade.

Análisis de los festivales de Canarias

El Granca Live Fest, que tuvo lugar en Gran Canaria entre el 2 y el 5 de julio, vendió 90.000 entradas y contó con el apoyo de diferentes administraciones públicas de Canarias. De los 28 artistas que componen su cartel, 21 eran hombres, un 67,8% del total. Entre los 14 cantantes y bandas colocados como artistas principales, solo hay cuatro mujeres.

El Tenerife Cook Music Fest, celebrado entre el 16 y el 18 de julio, solo incluyó a cuatro mujeres entre los 14 artistas previstos, un 28,5%. Este festival recibió 100.000 asistentes. Por otra parte, el Lava Live Lanzarote Music Festival protagoniza el ejemplo más grave, con solo dos mujeres en un cartel de 21 artistas.

A partir de septiembre se celebra en Lanzarote el festival Arrecife en vivo, al que aún le quedan artistas por confirmar. De los 23 grupos o artistas que hasta ahora se han confirmado, solo hay cinco mujeres o grupos donde hay integrantes mujeres además de hombres. En octubre tendrá lugar en Arucas una nueva edición del SUM Festival que, de 18 artistas, en su cartel cuenta solo con cinco mujeres o grupos que también integran mujeres además de hombres.

Hay instalada una naturalidad en esta rueda de seguir privilegiando a los artistas masculinos, y cuando hablamos de mujeres también hablamos de disidencias

Beatriz Bello — Gestora cultural

“Esto es el síntoma de todo lo que todavía queda pendiente por hacer en el mundo de la música, que además es uno de los campos en los que más difícil está siendo meter un poco de perspectiva de género”, explica la musicóloga y coeducadora Laura Viñuela. Según la investigadora, lo que nos indica la ausencia de mujeres, sabiendo que no es que no existan mujeres haciendo música, “es que toda la línea de toma de decisiones que lleva al cierre de un cartel está ocupada en gran medida por hombres con una perspectiva androcéntrica”.

Viñuela también critica que se avise a las mujeres artistas con poco tiempo para “cumplir una cuota”. “Ninguna artista quiere tener esa sensación de que la llamas porque a una semana del festival os dais cuenta de que tenía que haber mujeres. A veces la única manera de que te metan en un cartel es que ya seas una superartista”, subraya.

La desigualdad en los festivales va más allá de los carteles. “Toda la parte tanto administrativa como técnica que permite que exista el concierto o el festival presenta una desigualdad clarísima, además de una segregación horizontal brutal”, indica Viñuela. La musicóloga pone como ejemplo al personal de limpieza o a quienes atienden en venta de entradas, donde hay muchas más mujeres. “Todo lo que tiene que ver con la parte técnica sigue siendo un campo muy masculinizado, cuando hay muchísimas mujeres formadas en ese campo también”, subraya.

Cuando el algoritmo premia a los hombres

Medir la calidad de los artistas por la cantidad de reproducciones que tienen en las plataformas digitales tampoco es un criterio libre de machismo. “Antes escuchabas música porque te la ponían en la radio, ibas a conciertos en tu ciudad o te comprabas un disco porque te gustaba la portada y no tenías ni idea de quién era. Ahora la música la elegimos menos porque se nos ofrece, y el algoritmo y la IA tienen cero perspectiva de género”, explica Viñuela. “La idea de que ahora cualquiera sube sus canciones y puede llegar a todo el mundo es mentira, porque hay muchos filtros invisibles”, añade.

“El problema es que estas plataformas, que funcionan con algoritmos, es que reproducen la propia cámara de eco. Entonces, si tú escuchas un tipo de género y sobre todo escuchas a artistas masculinos, lo que te va a ofrecer es más de eso”, ejemplifica Viñuela.

Sigue pareciendo que la música o el arte creada por chicos es para todo el mundo y que la música creada por chicas es de nichos. No podemos ser nichos si somos la mitad de la población

Nereida Vizuete — Portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria y educadora social

Ejemplos de festivales con perspectiva de género

Hay festivales que nacen con la intención de revertir esta situación de machismo en la industria. Un ejemplo de ello es HER Feminist Festival, un encuentro cultural que este año se celebrará del 22 al 26 de septiembre en Tenerife y que visibiliza el arte, el pensamiento y la música creados por mujeres, personas trans, no binarias y disidencias de género. “La idea nació hace años, desde la observación constante de un desierto y muchos años de trabajo en diferentes ámbitos de la industria cultural y los festivales”, destaca su directora, Alejandra Galo.

Para Galo, los datos que evidencian la falta de paridad aún en los festivales “no es falta de talento, es la demostración de un sistema que lo invisibiliza”. Apunta que HER Feminist Festival nació para equilibrar esa balanza y demostrar que otro modelo de festivales y de narrativas culturales son posibles. Llevamos ocho ediciones y los datos han mejorado, lo cual confirma que el camino andado era una necesidad absoluta.

Sostiene que es fundamental crear un festival feminista en Canarias. “No es una cuestión de capricho, es de justicia y de necesidad social”. Y agrega que “no estamos creando un espacio segregado, estamos creando un espacio seguro que el sistema se ha empeñado en negarnos”.

“Es la contradicción en la que nos hemos visto obligadas a vivir”, señala Laura Viñuela, musicóloga y educadora. Lo ideal, señala la investigadora, sería no tener que diseñar un programa especial para las mujeres, pero añade que es la única forma de sortear todos los obstáculos con los que se topan las artistas en el resto de festivales. “Te ponen en horario infantil o en un horario terrible, te pagan menos,… Estos festivales a veces son la única manera de disfrutar de hacer música, de tocar, hacer red, que es lo que quiere todo el mundo que se dedica a esto, y te ahorras todo ese desgaste”, apunta.

La presión sobre las mujeres artistas tampoco ha disminuido con los años. “Si lo haces bien te dicen que no se lo esperaban, y si no lo haces bien es porque este no es tu sitio. El fallo o la mediocridad es algo que a las mujeres todavía no se nos permite”, dice la experta.

Alejandra Galo ha incidido en otras entrevistas en que “no faltan mujeres en los festivales, sino que sobra machismo” y se reafirma en este periódico en que “es la frase que define nuestra razón de ser y que todo el sector debería tener grabada a fuego”. “Es un recordatorio de que el problema no es la oferta, sino la demanda y los sesgos de quienes programan. Mientras no se asuma que el problema es estructural,que sobra un machismo que invisibiliza, que perpetúa la desigualdad y que sigue poniendo barreras, los carteles seguirán siendo un reflejo de ese desequilibrio. No es una cuestión de cuotas, es una cuestión de hacer bien el trabajo”, apunta.

En HER, Feminist Festival desde la organización hasta el cartel están liderados por mujeres y disidencias, “lo que nos permite tener una mirada completamente diferente sobre qué es relevante y quién merece un escenario”, apunta su directora.

Asimismo, en La Palma tendrá lugar Isla Bonita Love Festival y que se ha caracterizado por el “respeto a la diversidad afectiva y sexual”. Este año su cartel lo componen mujeres. El Festival Boreal también incide en sus comunicados en que garantiza “la paridad estricta” y la “igualdad de oportunidades” así como el veto a las canciones sexistas.

El papel de las administraciones públicas

Bajo el listado de nombres, es frecuente identificar en los carteles los logos de las administraciones públicas que apoyan estos festivales. Para las expertas, son precisamente las instituciones las que deben velar por el cumplimiento de la ley y citan, entre otros, el artículo 26 de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta normativa establece que las autoridades públicas deben velar por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades en la creación y producción artística e intelectual y la difusión de la misma.

“Muchas veces el proyecto cumple sobre el papel pero en la realidad no”, apunta Beatriz Bello, que plantea que las administraciones supervisen y comprueben que los festivales que apoyan sean paritarios. “Como con todos los derechos, hasta que esto no esté naturalizado e instalado, sí que hay una responsabilidad de tener que revisar. No puedes esperar que por buena voluntad de repente los programas empiecen a ser igualitarios”, afirma.

No estamos creando un espacio segregado, estamos creando un espacio seguro que el sistema se ha empeñado en negarnos

Alejandra Galo — Directora del HER Feminist

Nereida Vizuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria y educadora social añade que desde los movimientos feministas siempre han defendido la importancia de que la igualdad “se impulse desde aquellos festivales que tienen patrocinio público, porque para eso es que haya patrocinio público, e implica mejorar todas aquellas desigualdades que se producen de forma estructural y que se empuje en cierta manera a equilibrar la mirada”.

“Es superimportante porque es una forma de transmitir información al mundo y que no parezca que solo los hombres producen cultura o música de calidad suficiente para llamar la atención de un cartel. Que las mujeres estén de relleno o en pequeñito es cuanto menos curioso cuando somos la mitad de la población”, subraya. Por su parte, Bello insta a los artistas hombres a “acompañar a las mujeres en esta lucha” y que también reclamen la presencia de sus compañeras en los escenarios.

Alejandra Galo incide en que es necesario que las instituciones y los grandes festivales “implementen de forma real y efectiva criterios de paridad, no como una foto ni para conseguir más puntuación en la concurrencia competitiva a la hora de solicitar una subvención, sino como un compromiso firme y revisable”.

Por ello, recuerda que “la igualdad no es un camino que se recorre solo; necesita de medidas que allanen el terreno, que rompan los techos de cristal y que dejen de poner excusas”. “La administración debe entender que la rentabilidad no se mide solo en ingresos directos, sino en generación de comunidad, referentes, tejido cultural y cantera artística”, concluye.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), por orden de Salud Pública, ha vuelto a prohibir el baño en Playa Jardín. Las muestras del agua de baño tomadas el lunes 10 de agosto en la zona de Punta Brava revelaron índices de E.coli (Escherichia coli) muy superiores a los que establece la normativa europea sobre la calidad de las aguas de baño. Un escrito del área de Salud de Tenerife concluye que la zona de playa grande no es apta para el baño. La prohibición coincide con el eclipse solar de este 12 de agosto, el mayor acontecimiento astronómico de los últimos años y que podrá disfrutarse en Canarias.

El resultado de la muestra tomada el 10 de agosto en el PM4 (Punto de Muestreo) revela valores de E.coli de 470 UFC (Unidades Formadoras de Colonias) por cada 100 mL (mililitros). En este mismo punto se tomó una segunda muestra al día siguiente, este martes 11 de agosto. Los resultados fueron más alarmantes, ya que los niveles de esta bacteria fecal ascendieron a 850 UFC/100mL.

Tanto la cifra del lunes como la del martes superan los parámetros que establece la directiva europea para calificar como excelente la calidad del agua. En aguas costeras y de transición, estos valores no deben superar los 250 UFC por cada 100mL. Para que la calidad del agua pueda considerarse buena o suficiente, el dato puede elevarse a 500 UFC/100mL).

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha asegurado que el cierre preventivo de la zona de baño de Punta Brava atiende a una petición ''comunicada oficialmente por Salud Pública'' este miércoles a mediodía, después de que las analíticas realizadas arrojaran un resultado no favorable. La corporación municipal insiste en que ''se trata de un único resultado no favorable frente a más de 200 analíticas con resultados satisfactorios efectuadas en el conjunto de los controles''.

Según reconoce el propio Ayuntamiento en la nota de prensa, encargó a la empresa Aqualia la realización de cinco muestras en la zona afectada de forma paralela, y asegura que todas ellas han arrojado ''resultados óptimos para el baño en el mismo periodo que el análisis de Salud Pública''.

Por esta razón, han solicitado que se contrasten los datos ''con la mayor rapidez posible'' porque existe una diferencia entre el resultado de Salud Pública y las muestras encargadas por el municipio. El alcalde, Leopoldo Afonso, ha asegurado que la ciudadanía ''puede tener la tranquilidad'' de que se mantendrá un seguimiento permanente y de que la restricción se prolongará ''únicamente durante el tiempo estrictamente necesario''.

La nota de prensa del Ayuntamiento también recuerda que, de manera complementaria, desde el lunes pasado se trabaja en la limpieza y acondicionamiento de la arena para mantener la playa en condiciones adecuadas y afirma que estas labores continuarán durante el periodo de cierre preventivo.

La polémica de San Juan

Este nuevo cierre de Playa Jardín se ha ordenado pocas semanas después de que una polémica estallara en el municipio. La plataforma Stop Vertidos al Mar y el PSOE de Puerto de la Cruz denunciaron que la zona de El Charcón, una de las tres calas en las que se divide Playa Jardín, permaneció abierta durante las fiestas de San Juan a pesar de estar contaminada por E.Coli.

El alcalde, Leopoldo Afonso (PP), compareció en una rueda de prensa mostrando un certificado emitido por la Secretaría accidental del Ayuntamiento en el que hacía constar que los días 22 y 23 de junio “no tuvo entrada en el consistorio ninguna comunicación oficial de la Dirección General de Salud Pública que recomendara o exigiera el cierre de Playa Jardín”.

Consultada por esta redacción, el área de Salud Pública del Gobierno de Canarias desmintió estas afirmaciones y aseguró que los resultados de las analíticas que indicaban contaminación microbiológica de corta duración se comunicaron el 23 de junio al Ayuntamiento “por los cauces habituales”, “llamada telefónica y correo electrónico”. Además, se le indicó que prohibiera el baño de forma temporal en el punto de muestreo Playa Jardín PM5, comúnmente conocida como El Charcón.

Pocos días después, el alcalde y el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, se dieron un chapuzón en Playa Jardín, lo grabaron en vídeo y lo publicaron en sus respectivas cuentas de Facebook para intentar recuperar la confianza de los bañistas.

Canarias no participará en la acogida obligatoria de los menores migrantes que han llegado a Ceuta. Las islas no recibirán a ninguno de estos jóvenes porque aún están en situación de contingencia migratoria, es decir, con los recursos por encima de su capacidad ordinaria, tal y como han explicado desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico a Canarias Ahora. Según sus datos, atienden en sus centros a unos 2.600 o 2.700 jóvenes ''fijos'', teniendo en cuenta que la cifra varía en función de las llegadas de nuevos menores no acompañados y de las salidas de otros jóvenes hacia centros de protección de la Península.

Las derivaciones que han permitido aliviar el colapso de los centros de Canarias se enmarcan en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta norma obliga a reubicar en un plazo máximo de 15 días a todos los menores que lleguen a territorios declarados en situación de contingencia migratoria. El Gobierno de Canarias pidió al Estado esta declaración hace ya casi un año, a finales de agosto de 2025. Entonces, tutelaba a más de 5.017 niños y adolescentes sin familia, a pesar de tener una capacidad ordinaria de 737 menores.

En junio, el Ejecutivo autonómico rechazó la posibilidad de que se levantara la contingencia migratoria. ''No es ni responsable ni solidario que este mecanismo desaparezca de las islas'', subrayó la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto. ''Es necesario que se regule y se garantice la distribución justa y equilibrada de todos los menores en todas las comunidades, y más cuando hay regiones que ni siquiera han llegado a su cifra de capacidad ordinaria'', añadió.

Aun así, el Gobierno canario ha ido cerrando algunos de sus recursos de acogida por la baja ocupación de los mismos y está reorganizando los que tiene abiertos. En la actualidad las islas cuentan con 86 centros, indica el área que dirige la consejera Candelaria Delgado. En abril cerró sus puertas el centro de menores de Mácher (Lanzarote), donde vivían trece menores que fueron alojados en otros recursos. En julio cerraron otros dos centros en Fuerteventura, los de Ayagaures y Ancor.

25 millones para Ceuta

El Gobierno de Canarias, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, sí apoyará en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia de este jueves 13 de agosto la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para la atención de los menores extranjeros no acompañados. Candelaria Delgado ha defendido que estos jóvenes necesitan ser trasladados a otras regiones y ser atendidos con los fondos que se asignen a cada territorio. Así, en declaraciones recogidas por Efe, la consejera ha recordado que la distribución obligatoria está establecida por un decreto ley.

Según los últimos datos del Ministerio de Juventud e Infancia, el número de menores que ya han podido ser identificados asciende a 1.342. El proceso de filiación continúa y la ministra Sira Rego ha asegurado que está siendo ''complicado'' por el volumen de llegadas y el desborde de los servicios.

Asier quiere ser político y Álvaro, biólogo marino. Son primos, tienen 13 años y viven en La Orotava (Tenerife). Los dos están seguros de que quieren dedicar su futuro –y también su presente– a proteger el entorno natural de Canarias, y ya han empezado a hacerlo. En 2024, abrieron un perfil de Instagram (@lashistoriasdealvaroyasier) que cuenta ya con más de 2.000 seguidores y sus vídeos acumulan decenas de miles de reproducciones. El objetivo de su contenido es claro: enseñar al mundo los valores naturales que esconden las islas, pero también denunciar las amenazas a las que se enfrentan tanto en la tierra como en el mar.

Desde que tienen cinco años se lanzan al mar con gafas y tubo a hacer snorkel. Empezaron en los charcos naturales y ahora ya conocen cada rincón del litoral de Tenerife. “Nosotros mismos hemos podido ver el deterioro que está sufriendo toda la costa de Canarias por culpa del ser humano, y caímos en que teníamos que hacer algo”, cuenta Asier en una entrevista a este periódico.

Por eso, los primos decidieron sumergirse en las redes sociales para divulgar sobre la biodiversidad marina del Archipiélago y sensibilizar a la población sobre los problemas que arrastran las islas. Desde el principio, los niños ya tenían algunos referentes canarios que hacen la misma labor: “Sobre todo Felipe Ravina, porque lucha muchísimo por la isla y hace todo lo posible para intentar que la biodiversidad de Canarias esté protegida”.

Sobre los problemas que más les preocupan, Álvaro cita algunos como el colapso o los vertidos de aguas sucias al océano. “Canarias está sufriendo masificación turística. La isla y sus carreteras están colapsadas tanto por el norte como por el sur”, ejemplifica Álvaro, que subraya como otro de los grandes problemas de la isla la contaminación de la costa por “los emisarios, los plásticos y toda la basura y los residuos que se vierten al mar cada día”.

Precisamente, uno de los vídeos de Álvaro y Asier que más se ha viralizado es uno que muestra cómo los niños recogieron hasta 300 toallitas en diez minutos. “La gente no es consciente de que si tú tiras una toallita por el váter no desaparece, sino que termina en un barranco, como nos pasó en el Barranco de Martiánez, en Puerto de la Cruz, o en el mar”, asevera Asier. “La gente y las instituciones tienen que ser conscientes de que todos tenemos que colaborar para mejorar la situación que está viviendo Tenerife en estos momentos”.

Uno de los últimos vídeos de los niños denunciaba el enésimo episodio de contaminación registrado en Playa Jardín (Puerto de la Cruz). La playa de El Charcón permaneció abierta en San Juan a pesar de que se registraron altos niveles de la bacteria E.coli en el agua. “No es un problema solo del Puerto”, denuncian: “El problema de los vertidos es igual en toda la isla. Por ejemplo, en Lavaderos hay un emisario que vierte en medio de una pradera de sebadal donde se alimentan tortugas y habitan un montón de especies, y están vertiendo día y noche”.

“Ellos nos educan a nosotros”

Elena, la madre de Asier, explica desde el otro lado del teléfono que las familias de los niños siempre han intentado transmitirles el amor por la playa y por el mar, así como la importancia de cuidar el entorno. “Por ejemplo, cuando vamos a la playa, el llevarnos la bolsita para recoger la basura o recoger la que veamos tirada por ahí… Eso es lo que llevan en su ADN”, recuerda.

Sin embargo, matiza, “son ellos los que nos educan a nosotros”. “Ellos son los que nos han incorporado la mentalidad de meternos en el mar, de ver lo que ellos ven, de ver las cosas tan bonitas que tenemos en las islas y que antes no apreciábamos”, añade. Para proteger a los niños, los padres de ambos supervisan todo el contenido que suben así como los comentarios que reciben.

Álvaro y Asier no solo tratan de sensibilizar a sus seguidores, sino también a su entorno más cercano. “Hay familiares a los que a lo mejor no les gusta tanto la playa o meterse con gafas y tubo que pueden conocer la biodiversidad y la fauna marina de Canarias gracias a nosotros”, cuentan. Lo mismo sucede con sus amigos. “Siempre que podemos, intentamos llevarlos con nosotros a hacer snorkel y explicarles qué es cada cosa, para ver si van tomando conciencia de lo que tenemos y por qué hay que protegerlo”.

Los dos están de acuerdo en que una de las especies más amenazadas del Archipiélago es el tiburón angelote (Squatina squatina), en peligro crítico de extinción. “Canarias es un refugio para la especie porque cada vez quedan menos. Por ejemplo, en Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, tenemos la mayor área de cría de todo el mundo. Hay varios proyectos, como el Angel Shark Project, que se dedica a protegerlos y a estudiarlos”, señalan.

Estos primos de Tenerife no descartan recorrer el resto del Archipiélago para visibilizar también los problemas que golpean al resto de islas, pero también los buenos ejemplos que puedan servir de referencia. “Nosotros siempre ponemos de ejemplo a El Hierro y La Graciosa, donde hay reservas marinas y eso marca mucho la diferencia”, cuentan. “Al final, somos el futuro, y la gente tiene que saber lo que tenemos para poder protegerlo. No podemos permitir que se pierda todo lo que tenemos”, concluyen.

La Fiscalía de Arrecife (Lanzarote) ha presentado una querella contra el alcalde de la ciudad, Yonathan de Léon (PP), y el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio (Coalición Canaria). Desde el Ministerio Público han explicado a este periódico que la querella se ha interpuesto por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración relacionados con la organización de diferentes fiestas de la capital: la feria navideña 'Navilan', la Feria de Abril, Carnaval y la feria inspirada en el circo Billy Capers.

La investigación del Ministerio Público se remonta a finales de 2025, cuando pidió al Ayuntamiento los expedientes de diferentes contratos adjudicados por el gobierno municipal. En concreto, los contratos correspondientes a la feria navideña 'Navilan' de 2023, a los Carnavales de 2024 y a la Feria de Abril que se celebró en la ciudad ese mismo año. Los contratos, según las cifras recogidas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las publicadas por la prensa local, suman cerca de tres millones de euros.

Según ha adelantado La Voz de Lanzarote, la decisión de la Fiscalía se tomó apoyándose en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que analiza el caso de 'Navilan' 2023-2024. En él se identifican indicios de una ''utilización intensiva'' de los contratos menores, un posible fraccionamiento de contratos y la reiteración de determinados adjudicatarios.

En el marco de la investigación, la Fiscalía pidió a UDEF que investigara, entre otras cosas, si las adjudicaciones reiteradas a Wedding Plans respondieron a criterios objetivos a un “patrón de favorecimiento”. El fiscal también solicitó a la UDEF que estudiara posibles relaciones entre la empresa y los responsables públicos, así como la correspondencia entre las prestaciones facturadas y los servicios que realmente prestó la mercantil.

Fragmentación ''artificial'' de servicios

De acuerdo con un decreto emitido por el fiscal Fernando Rodríguez Navarro en enero y al que tuvo acceso Canarias Ahora, la denuncia por la que se inició esta investigación así como su ampliación describen, con carácter indiciario, un sistema de contratación caracterizado por el uso reiterado del contrato menor y la fragmentación ''artificial'' de servicios homogéneos. El documento también señala que determinadas prestaciones se ejecutaron a pesar de no tener una cobertura contractual previa.

El decreto de la Fiscalía destaca la adjudicación reiterada de servicios a las mismas empresas y el levantamiento sistemático de los reparos que formulaba la Intervención para poder así sacar adelante los contratos. Todo ello -advierte el Ministerio Público- podría revelar ''un patrón de actuación contrario a la normativa de contratación pública''.

La asociación ultra Hazte Oír pincha en su concentración contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convocada este jueves en Lanzarote. Algunos miembros de la entidad llegaron este 6 de agosto a la isla, donde Sánchez y su familia pasan sus vacaciones, y han iniciado una campaña contra él pintando grafitis en algunos inmuebles públicos y colocando carteles donde lo llaman a él y a Begoña Gómez ''criminales''. A las 20.00 horas, cuando estaba previsto el comienzo de la concentración, frente a la residencia oficial de La Mareta, donde veranea el presidente, había poco más de 30 personas. Sin embargo, en su cuenta de X la asociación habla de más de 150 asistentes.

Hazte Oír trató de movilizar a los isleños a través de las redes sociales. En una de sus publicaciones, los ultras confundieron a los residentes de Lanzarote con los de Fuerteventura, llamando a los conejeros ''majoreros'', el gentilicio de la isla vecina. ''Los majoreros, quienes tienen claro que los trileros de Moncloa no son bienvenidos en Lanzarote, se lo están pasando pipa con el Sánchez y la Bego de cartón'', decía la publicación de X. En ella puede verse cómo la asociación fue moviéndose por la isla con fotografías de cartón con la imagen de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

''Corrupto'', ''ladrón'' o ''sinvergüenza'' son algunos de los insultos que los asistentes intentaron hacer llegar a Sánchez. Los manifestantes portaban algunas pancartas en las que podía leerse ''Fronteras abiertas, vacaciones blindadas'', haciendo referencia a la emergencia humanitaria que atraviesa Ceuta tras la llegada de 70.000 personas desde Marruecos. Según los últimos recuentos, la cifra de migrantes que han muerto en esta tragedia asciende a 141.

La magnitud de la tragedia ha llevado a la Guardia Civil a habilitar una oficina especial en la ciudad autónoma para recoger las denuncias de las familias que estén buscando a algún desaparecido entre los migrantes que intentaron acceder a España la semana pasada. El puesto está en las dependencias de aduanas de El Tarajal.

Este viernes, algunas casetas de transformación eléctrica de la isla han amanecido con pintadas contra Sánchez, Zapatero y Gómez. Una de ellas está en Costa Teguise, cerca de La Mareta, y la otra en Arrecife, junto a la circunvalación. Este mediodía, la caseta de Arrecife ya estaba pintada de blanco de nuevo. Desde el Ayuntamiento de Teguise han respondido a este periódico que está previsto pintar y adecentar la de Costa Teguise ''en cuanto sea posible''. ''El Ayuntamiento actuará tan pronto como la planificación de los trabajos lo permita'', han añadido.

Multa de Medio Ambiente

La última visita de Hazte Oír a Lanzarote terminó con una multa de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo insular, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular. El área incoó un expediente sancionador contra la formación por ''alteración, destrucción o deterioro de la señalización de los espacios naturales protegidos'' por poner una pegatina contra Sánchez en el Monumento Natural de Los Ajaches, incluido en la Red Natura 2000 y localizado en el municipio de Yaiza.

En ella podía leerse ''Corrupto'' junto a una imagen del socialista. La sanción interpuesta contra la asociación por vandalizar un espacio natural, un acto calificado como infracción leve, oscilaba entre los 150 y los 600 euros.

El 30 de agosto de 2025, los Agentes de Medio Ambiente recibieron un aviso ciudadano informando de que se habían colocado sombrillas en la playa de Papagayo, también protegida, como ''medio de protesta de índole política''. Las sombrillas estaban serigrafiadas con la cara de Pedro Sánchez.

Al día siguiente, el 31 de agosto, los agentes llegaron a la playa para comprobar que ya habían sido retiradas, ya que abandonarlas en este enclave habría sido considerado abandono de residuos. Un vendedor ambulante explicó a los agentes que las sombrillas habían sido colocadas días antes y que estuvieron desplegadas 30 minutos aproximadamente.

Al abandonar la zona, los agentes comprobaron que Hazte Oír había adherido también una pegatina sobre la señalización del espacio natural Monumento Natural de Los Ajaches, por lo que el 10 de septiembre registraron un acta de denuncia contra la asociación por una infracción administrativa.

El Órgano Ambiental de Fuerteventura ha dado luz verde a la reforma del Hotel RIU Palace Tres Islas, en las Dunas de Corralejo (La Oliva). Tras una evaluación de impacto ambiental simplificada, la autoridad competente ha resuelto que las obras de modernización no tendrán ''efectos significativos sobre el medio ambiente''. El proyecto presentado por la cadena balear justifica que el edificio se está degradando por su ''exposición a la maresía'' y plantea diferentes actuaciones para que el establecimiento, en el foco de la polémica por estar en zona de protección costera, se convierta en un ''referente de sostenibilidad''.

El proyecto de RIU incluye más de 20 actuaciones, según la documentación consultada por Canarias Ahora. Entre ellas, crear seis habitaciones nuevas en la sexta planta del edificio, aparcamientos, sustituir todos los ascensores, sustituir los extractores de cocina, reformar el lobby de recepción, crear un nuevo solárium, una nueva zona de fitness, reformar una de las piscinas y una zona de SPA adaptada a personas con movilidad reducida. En el documento, RIU sostiene que la reforma actuará “exclusivamente” sobre la edificación existente, y se concentrará en las zonas interiores del edificio, las zonas nobles, las zonas de servicio, equipamientos deportivos y piscinas.

La resolución del órgano ambiental recuerda que el hotel está rodeado por el sistema dunar de Corralejo y por hábitats de interés comunitario protegidos en la Red Natura 2000. Entre ellos están la ZEC (Zona de Especial Conservación) Corralejo y la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) Dunas de Corralejo e Isla de Lobos, lindando con la ZEC marina Sebadales de Corralejo y el Parque Natural de Corralejo.

Aun así, el texto concluye que ''de forma general'', las actuaciones se desarrollarán sobre estructuras ya existentes y en el interior del establecimiento hotelero, por lo que no se prevé consumo ''significativo'' de recursos geológicos ni ''ocupación de nuevos terrenos naturales''. También apunta que el impacto paisajístico previsto será ''limitado'' y que estará vinculado a la fase de ejecución, ya que la actuación se prevé sobre la edificación existente, ''sin incremento de volumen, altura ni superficie''.

Respecto a la Red Natura 2000, el informe del órgano ambiental valora que ''con la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y de vigilancia ambiental, no se prevén efectos apreciables que comprometan la integridad de dichos espacios''. Sobre la vegetación y la flora, la resolución establece que ''deberán evitarse'' ocupaciones auxiliares fuera de las zonas previstas que puedan afectar a las comunidades propias del sistema dunar y a las especies que habitan en la zona.

Molestias ''temporales'' sobre la fauna

El órgano ambiental reconoce que los trabajos pueden provocar ''molestias temporales'' sobre la fauna, y exige a la empresa que aplique medidas para ''minimizar ruido, polvo, iluminación y presencia de maquinaria en el entorno''. En esta línea, apoya la alternativa escogida por la promotora, que contempla el cierre temporal de la actividad mientras se ejecutan las obras.

La autoridad competente establece una serie de condiciones que la promotora debe cumplir. La primera, que un técnico ambientalista con experiencia y conocimiento en flora y fauna silvestre protegida supervise los trabajos. La segunda, que se proceda al balizamiento de todas las especies protegidas cercanas al vallado perimetral, teniendo en cuenta la presencia del Limonium tuberculatum, comúnmente conocida como siempreviva espinocha.

En caso de que en el momento de ejecutar los trabajos se detecte cualquier ejemplar procedente de escape del ajardinamiento del hotel o una especie exótica invasora, se deberá proceder a su eliminación. Así, como medida preventiva, el órgano ambiental propone eliminar la estructura floral y las semillas para evitar su dispersión. Por otra parte, durante la campaña de la pardela cenicienta atlántica, la empresa tendrá que tomar medidas para reducir la iluminación exterior.

Las obras, añade el órgano, tendrán que realizarse ''estrictamente dentro del ámbito previsto en el proyecto'', evitando ocupaciones auxiliares, vertidos o tránsito de maquinaria fuera de las zonas autorizadas, y tampoco podrá producirse un incremento de volumen, altura ni superficie ocupada respecto de la edificación existente y autorizada.

Si durante la ejecución de la modernización del hotel aparecieran restos arqueológicos o vestigios patrimoniales, las obras deberán paralizarse inmediatamente y comunicar el hallazgo al Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura.

Alegaciones al proyecto

En esta resolución, el órgano ambiental también responde a las alegaciones presentadas por los colectivos ecologistas. El colectivo ecologista y cultural Agonane-Ecologistas en Acción presentó alegaciones relacionadas con la ocupación del dominio-público terrestre del hotel, su afección al Parque Natural de Corralejo, a la Red Natura 2000 y a la legalidad urbanística y concesional del establecimiento. El órgano responde que estas alegaciones ''no serán atendidas'' en la evaluación y se apoya en un informe emitido por el Ayuntamiento de La Oliva, que considera que estas cuestiones ''exceden del objeto propio de análisis'' del órgano ambiental.

La plataforma ciudadana Salvar Chira-Soria y Barranco de Arguineguín presentó alegaciones atendiendo a la dinámica dunar, los hábitats protegidos, la avifauna, el paisaje, el medio marino y la posible existencia de incremento de volumen o edificabilidad. El órgano ambiental vuelve a citar el informe de La Oliva y responde que ''las cuestiones relativas al incremento de volumen, legalidad urbanística, autorización administrativa, título concesional, ocupación del dominio público marítimo-terrestre o cualquier otra cuestión de carácter urbanístico'' exceden el objeto de análisis.

Los colectivos ecologistas Turcón y Ben Magec instaron a la administración en sus alegaciones a ''actuar con firmeza, conforme a la legalidad vigente y en defensa del bien común'' y pidieron la culminación efectiva de la demolición del hotel Oliva Beach, también de RIU, así como la continuidad del procedimiento de caducidad de la concesión del hotel Tres Islas

Los detalles de las obras

La intervención, según la memoria del proyecto, se vertebra en torno a cuatro ejes: la renovación del sistema de climatización para mejorar la eficiencia energética; la seguridad estructural, para revertir la degradación derivada del entorno y la antigüedad; la modernización funcional y de accesibilidad; y la sostenibilidad y uso eficiente de los recursos, incluyendo la implantación de tecnologías de ahorro hídrico. El objetivo es que el Tres Islas se convierta en un ''referente de sostenibilidad''.

Según RIU, la reforma de consolidación y modernización es “imperativa” para garantizar la seguridad de la estructura y la “sostenibilidad ambiental”, pero también para “mejorar la oferta como servicio hotelero”. La cadena insiste en que el inmueble, situado en el espacio natural Grandes Playas en dominio público marítimo-terrestre, presenta una “obsolescencia técnica y energética crítica”, sumada a la degradación material y por su exposición a la maresía.

El Cabildo de Lanzarote ha presentado una nueva propuesta para implantar renovables en la isla. Lo ha hecho tras la polémica que provocó su acuerdo con el Gobierno de Canarias sobre las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), que contemplaba reservar 3.163 hectáreas de suelo virgen para construir grandes parques de energía eólica y solar sin contar ni con la población ni con los ayuntamientos. Ahora, la corporación ha remitido a los siete municipios un informe que propone priorizar el uso de las cubiertas y que reduce a 200 hectáreas (un 0,25% del territorio insular) el suelo a ocupar.

El documento propone una serie de localizaciones distribuidas por toda la isla que ahora tendrán que ser revalidadas por los gobiernos municipales. El Cabildo ha dado un plazo de tres semanas a los ayuntamientos para que presenten sus aportaciones y posibles propuestas antes de elevar el documento final al Consejo de la Reserva de la Biosfera y al Gobierno de Canarias.

El informe, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, ha sido elaborado por los doctores arquitectos Vicente Mirallave Izquierdo y Flora Pescador Monagas, por encargo de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote. El documento resalta el paisaje como ''uno de los máximos valores a preservar'' antes de implantar cualquier infraestructura: ''Cualquier actuación sobre estos paisajes ha de ser muy medida y controlada en su escala, dimensiones y calidad de la intervención''.

Según el informe, Lanzarote tiene capacidad para avanzar hacia un modelo energético más autosuficiente sin necesidad de comprometer sus valores ambientales y paisajísticos. El objetivo final es alcanzar la autosuficiencia en 2040. Para conseguirlo, los investigadores sugieren que la implantación de renovables debe concentrarse ''prioritariamente'' en espacios que ya estén transformados o alterados por actividades previas.

Su implementación, añaden, debe ser compatible con la calidad de vida de la población, preservar los usos tradicionales del suelo y ser compatible con las actividades económicas, residenciales, agrícolas y turísticas. Además, el estudio encargado por el Cabildo coincide con el que publicó en junio la la Fundación César Manrique en junio en la importancia de la participación y la aceptación social de la planificación energética. Por último, apuesta por un modelo de gestión pública y de autoconsumo colectivo para evitar la especulación y garantizar la soberanía energética insular.

Cubiertas y canteras

El desarrollo energético en Lanzarote, dice el estudio, debe evitar ''la dispersión indiscriminada de instalaciones sobre el territorio insular'' o la ocupación masiva del suelo rústico. Por el contrario, se debe priorizar la ocupación de áreas obsoletas, incompletas y otros espacios degradados, así como las cubiertas de los edificios públicos y privados. Para garantizar que cualquier proyecto se adapte a las condiciones del lugar, el informe plantea que estos deben contar con un Estudio de Integración Paisajística donde se justifique plenamente su idoneidad.

''El modelo más eficiente [...] no sería una expansión extensiva de grandes parques energéticos, sino una estrategia jerarquizada: primero cubiertas urbanas y superficies ya artificializadas; después espacios degradados o industriales; y solo de forma limitada, instalaciones de mayor escala integradas en el territorio'', apunta el texto. Además, concluye que Lanzarote debe apostar por un sistema híbrido integrado por la energía solar y la eólica, y no elegir solo una de ellas.

El informe contempla 70,94 hectáreas (ha) de espacios degradados o transformados. Todos ellos son canteras de extracción de áridos explotadas por empresas: cantera de Lanzagrava (16,85 ha), cantera de hermanos Tavío (8,81) y cantera de Horinsa (28,28).

Sobre el uso de cubiertas, el documento cita un estudio del Instituto Tecnológico de Canarias que estima que Lanzarote dispone aproximadamente de 910 hectáreas de cubiertas aptas para instalar energía fotovoltaica, lo que permitiría generar 906 megavatios. El sector residencial acapararía el 55% de la superficie de cubiertas, siendo el segundo sector de mayor importancia la hostelería, con el 15%.

''Una parte muy significativa de la transición energética podría producirse sin necesidad de consumir nuevo suelo, especialmente mediante la activación del sector residencial, [...] junto con el sector turístico y de servicios'', reza el documento.

La generación energética, añaden, deberá vincularse a los principales centros de consumo tales como núcleos urbanos, sistemas generales o grandes infraestructuras energéticas e hidráulicas existentes. Según ha informado el Cabildo, se contempla instalar un parque fotovoltaico en el entorno de la cárcel de Tahíche, cuya producción energética se destinaría prioritariamente al ciclo integral del agua con el objetivo de paliar el elevado consumo de energía asociado a la desalación, depuración y distribución de los recursos hídricos de la isla.

Este servicio consumió el 13,72% de la energía que se produjo en Lanzarote en 2024, por debajo del consumo de los hogares (28,59%) y de los servicios de aojamiento (27,98%). El principal problema pasa por las enormes pérdidas del agua que producen las desaladoras. Según los últimos datos publicados, más del 50% de este recurso se pierde antes de llegar a las casas por las deficiencias de la red.

Otra de las propuestas que hace el estudio es aprovechar que el sistema eléctrico de Lanzarote y Fuerteventura están conectados para hacer de las dos islas ''un único espacio de energías renovables compartidas'' para ahorrar esfuerzos y consumo de suelo.

Con la ropa todavía mojada, un grupo de chicos pedía pan frente a un pequeño comercio de Ceuta. Acababan de llegar a la ciudad desde Marruecos, como otras 60.000 personas. Una cámara los enfocaba desde lo alto de un muro. Un reportero de televisión narraba la escena (también desde arriba) y advertía, como en un espectáculo, del supuesto peligro que se ceñiría sobre las calles cuando cayera la noche. Desde la comodidad del plató, la presentadora del programa lo interrumpió para apretar el gatillo, y disparó. El pan que se hace en Ceuta es para la gente de Ceuta, dijo.

Frente al televisor, mucha gente se hacía preguntas que, por responsabilidad, nadie debería abalanzarse a resolver en una frase así. Mientras tanto, en una de las tantas fronteras de la muerte, el peligro ya había hecho de las suyas cobrándose las primeras vidas. Hasta la fecha, ya roza el centenar el número de personas migrantes que han muerto ahogadas en su intento de llegar a Ceuta.

Tras los primeros cruces, los agitadores de turno intentaron llenar de odio las redes sociales. Algunos creadores de contenido, entre foto y foto en la playa, también se creyeron con el derecho de distinguir al “buen” del “mal migrante”. No por casualidad, el magnate multimillonario Elon Musk se mofaba de la crisis humanitaria con un vídeo en su red social ‘X’ en el que la comparaba con escenas de Guerra mundial Z, una película sobre una invasión de muertos vivientes que quieren acabar con la humanidad. De hacer todo lo posible por acabar con la humanidad él sabe mucho.

En Hombres contra el fuego, un capítulo de Black Mirror, los militares salen a acabar con una plaga de cucarachas que asola al país. Lo que no sabían era que un chip implantado en sus cerebros les impedía ver lo que estaban cazando en realidad: personas vulnerables. Hoy este chip deshumanizador lo diseñan aquellos que creen decidir quién se merece el pan; los que criminalizan a nuestros vecinos, que buscan ejercer su derecho a moverse; los líderes que instrumentalizan las vidas; los amantes de términos como avalancha o invasión; los cazadores de votos que quieren sacar rédito de la incertidumbre y del dolor ajeno.

Este fin de semana, algunas serpientes desesperadas por esparcir su veneno (como aquellas de las que habla la autora Irene Cuevas en su libro Animal Print) mostraron una vez más que, si estuviera en su mano, los que se hubieran contado por miles serían los muertos. Por suerte, se han topado con vecinos y vecinas que no quieren que nadie haga saltar por los aires décadas de convivencia. Por suerte, o más bien por responsabilidad, decenas de periodistas formados y entidades especializadas siguen trabajando a destajo para que se respeten los derechos fundamentales de las personas que han cruzado y de las familias de los fallecidos.

Y para aquellos que se han llenado la boca estos días hablando de “los nuestros”, estos muertos también son nuestros. Igual que el hombre de 30 años que ha fallecido en un hospital de El Hierro tras llegar en un cayuco. Igual que el bebé que también murió después de cruzar la ruta canaria. Igual que la mujer que ni siquiera pudo llegar a tierra porque su cuerpo no resistió al viaje. Ojalá todos ellos hubieran podido llegar y, como escribió Almudena Grandes, besar el pan.