El Gobierno de Canarias (CC-PP) apoya el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado este 21 de abril por el Consejo de Ministros, que aspira a blindar la vivienda pública y a luchar contra la especulación. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC), ha valorado en declaraciones a este periódico que la vivienda pública tenga ''carácter permanente'' y ''que no se pueda privatizar ni patrimonializar''. La postura de CC choca con la de su socio de gobierno, el Partido Popular, que ya ha amenazado con boicotear el plan en las comunidades de la Península en las que gobierna. 

El consejero canario de Vivienda insiste en que proteger el carácter permanente de la vivienda pública es ''absolutamente necesario y justo'', y sostiene que la comunidad autónoma ya legisló en este sentido en un decreto ley aprobado en 2024 que prohíbe la venta de vivienda pública en el mercado libre. 

Sin embargo, el Gobierno canario no está conforme con el modelo de financiación del plan, que cuenta con una inversión total de 7.000 millones de euros. Para la aplicación de la medida en las autonomías, las comunidades tendrán que aportar el 40% de los fondos y el Estado, el 60% restante. 

''Esto ha sido poco participado por parte de las comunidades autónomas'', dice Rodríguez. El consejero sostiene que, aunque se abrió un espacio para presentar alegaciones y que se celebró una reunión bilateral para consensuar las propuestas, no conocieron el contenido definitivo del Plan hasta el día que se aprobó en el Consejo de Ministros.

El Gobierno canario tampoco está de acuerdo con la asignación de fondos prevista para Canarias (371 millones) porque los criterios del reparto se fundamentan en datos ''desactualizados y desfasados'' de población ajustada y variables socioeconómicas. ''Algunos datos son de 1991'', critica, y mantiene que esto ''perjudica a algunas comunidades y beneficia a otras''. Según los cálculos de la Consejería de Vivienda, si se utilizaran datos actualizados, Canarias podría recibir 500 millones de euros en lugar de 371.

Una de cada siete muertes registradas en las rutas migratorias del mundo ocurre rumbo a Canarias. Así lo expone el último informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que concluye que al menos 8.000 personas perdieron la vida en una frontera en 2025. El documento recoge que las llegadas a las islas cayeron el año pasado respecto a 2024, preo advierte de que los viajes son “más largos, más arriesgados, y más dispersos geográficamente''.

Según los datos que maneja la organización, en 2025 llegaron a Canarias 17.788 personas, un 62% menos que el año anterior. Hasta el 11 de marzo de 2026 se han contabilizado 1.172 muertes y desapariciones. El año pasado, de las rutas activas para llegar a Europa, la más mortal fue la del Mediterráneo central, donde perdieron la vida 1.330 migrantes.

El informe de la OIM atribuye el descenso de las llegadas al Archipiélago al ''aumento de los esfuerzos de cooperación fronteriza'' y a los acuerdos bilaterales entre los paíes de origen, tránsito y destino. Estos pactos políticos han provocado, de acuerdo con el análisis, que las salidas de embarcaciones precarias se desplacen hacia el sur del continente africano, ''alargando los viajes y aumentando los riesgos''.

Así, la organización ha detectado un descenso de las salidas desde Mauritania y Senegal y un incremento de los viajes que parten desde Guinea, Guinea-Bissau y Gambia. Según los datos publicados por la OIM, los cambios también se han reflejado en la nacionalidad de los supervivientes que alcanzan las islas, con una mayor presencia de gambianos y guineanos. Asimismo, se ha identificado un incremento generalizado de mujeres y niños en las embarcaciones.

Detenciones en origen

La OIM advierte de que no hay datos completos sobre detenciones y deportaciones en los países de origen. Sin embargo, destaca que las autoridades mauritanias informaron que entre enero y julio de 2025 su guardia costera había interceptado a 1.385 personas en el mar. Por su parte, las autoridades senegalesas indicaron que entre enero y agosto habían interceptado 39 barcos y las autoridades gambianas, 41 embarcaciones con 1.789 personas a bordo.

La OIM también explica en su informe que el año pasado se registraron devoluciones forzosas, expulsiones y más restricciones en las zonas de tránsito y salida. A pesar de ello, la organización advierte de que la ruta que conecta Canarias con África Occidental seguirá siendo este 2026 ''dinámica y peligrosa''. ''Están emprendiendo viajes marítimos significativamente más largos y precarios, aumentando la exposición a riesgos a lo largo de una ruta ya de por sí muy peligrosa'', resume el informe.

Estos cambios en los flujos migratorios aumentan la duración del viaje y también el riesgo de muerte. La OIM advierte de una incidencia creciente de ''naufragios invisibles''. ''La disminución de llegadas parece reflejar mayores obstáculos para el movimiento, más que una resolución de las condiciones que contribuyen al desplazamiento y la migración'', subraya el informe.

Esto se debe a que las razones que empujan a los migrantes a salir ''siguen siendo fuertes'', explica la OIM. Entre las causas incluye la inseguridad en Malí y en Guinea, la ''frágil gobernanza en los estados costeros'' y la inestabilidad generalizada del Sahel. ''Los riesgos en la ruta se intensificarán incluso si el total de llegadas se mantiene bajo, convirtiéndola en uno de los corredores marítimos más letales en 2026'', concluye.

La primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el Circuito del Motor de Tenerife confirma que su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está caducada. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Cabildo sobre uno de los cuatro proyectos en los que se ha dividido esta obra, que prevé ocupar en total 650.000 metros cuadrados de suelo en el municipio de Granadilla y que cuenta con una inversión inicial de 51 millones de euros de dinero público.

El TSJC da la razón a ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) y confirma la nulidad del Proyecto de Explanaciones e Instalaciones para Graderíos Desmontables del Circuito. La sentencia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, concluye que las obras no se ejecutaron de forma real ni efectiva dentro de los plazos legales.

La declaración de impacto ambiental fue aprobada en 2011 con la condición de que esta caducaría si los trabajos no comenzaban a realizarse en un plazo de cinco años. El Cabildo de Tenerife defiende que las obras se iniciaron el 23 de agosto de 2016, pocos días antes de que se cumplieran los tiempos establecidos. Sin embargo, según consta en la sentencia, la documentación del procedimiento muestra que ''si bien el acta de replanteo establecía que se iniciarían las obras al día siguiente, nunca se realizaron''.

En este sentido, la sentencia de primera instancia recurrida por el Cabildo establecía que ''no puede ser admisible'' que una DIA publicada en 2011 siga vigente doce años después ''por el simple hecho de que durante un corto periodo de tiempo se hayan realizado actuaciones en el terreno''. Este fallo enfatizó en que era necesaria una declaración ambiental actualizada ''más acorde con las nuevas exigencias ambientales''.

Este es uno de los cuatro procedimientos que se siguen en este Tribunal en relación al Circuito del Motor y que se corresponden a los recursos de apelación interpuestos por el Cabildo (contra tres sentencias desfavorables) y de ATAN (contra una sentencia desfavorable).

Las sentencias que están aún pendientes de resolverse en segunda instancia se refieren al Proyecto modificado del acceso norte al Complejo Deportivo Centro Insular del Motor de Tenerife, al Proyecto de adaptación del Parque Internacional de Motor de Tenerife al plan de defensas contra avenidas, y al Proyecto modificado de la pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor de Tenerife.

Desde ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) insisten en que la ejecución de este proyecto, ''además del daño ambiental que está ocasionando'', representa para las arcas públicas del Cabildo insular un ''desembolso millonario''. ''Todo ello en medio de la crisis medioambiental que padece esta isla, con una terrible regresión de sus valores naturales, de pérdida de calidad ambiental alarmante, producto de las políticas públicas y privadas promovidas o amparadas, entre otras administraciones, por la institución insular'', aseveran.

''Grave, objetiva, continuada y estructural''. Así describe un contundente informe técnico-administrativo al que ha tenido acceso Canarias Ahora la perturbación del servicio del agua en Lanzarote y La Graciosa. Este documento de 25 páginas firmado por el director gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Fernando Fernández, advierte de que el suministro de este recurso básico está en peligro por los incumplimientos de la empresa concesionaria, Canal Gestión, e insta a la administración pública a 'secuestrar' el servicio de manera temporal. ''La actuación administrativa no solo es posible, sino obligada'', indica.

El documento expresa una “máxima preocupación” por el estado de la prestación del servicio en una isla y advierte deficiencias en todas las fases del ciclo integral del agua: desalación, distribución, saneamiento, depuración y reutilización. Atendiendo a este informe, el Consorcio del Agua ha acordado por unanimidad este lunes intervenir el servicio de manera temporal, así como continuar con los trámites para romper el contrato con la filial de Canal Isabel II en la isla.

El informe técnico detalla todas las carencias e incidencias registradas en los últimos meses en la gestión del agua en la isla, que lleva ya más de un año en situación de emergencia hídrica. El documento comienza detallando la ''precariedad en la producción'' registrada en las dos estaciones desaladoras que tiene Lanzarote, una isla que depende totalmente de infraestructuras industriales para generar agua ante la falta de recursos hídricos naturales.

Una de estas desaladoras, la EDAM Janubio, está al 66% de su capacidad por una avería. La otra, la EDAM Díaz Rijo, presenta ''una alta tasa de incidencias de paradas''. Teniendo en cuenta todas estas faltas registradas, el año pasado se habría interrumpido la producción de agua durante al menos 1.200 horas. Mientras tanto, el consumo de agua en la isla no ha dejado de aumentar, con un incremento del 40% en la última década.

A los problemas en la generación de agua se suman las deficiencias de la red de distribución. El informe del Consorcio del Agua advierte de una cifra de pérdidas ''desorbitada'', superior al 55% del total. “La concesionaria, tras 13 años de servicio, no ha sabido reducir las mismas en un mínimo porcentaje”, apuntan. 

En el día a día de los residentes de la isla, este porcentaje se traduce en ''cortes periódicos recurrentes, uno o varios días a la semana'' y en episodios de desabastecimiento reiterados, ''sin aviso, sin conocimiento sobre su duración y sin medidas correctivas''. El servicio del agua es, en resumen, ''completamente imprevisible''.

Incidencias en la depuración

Sobre el sistema de saneamiento de Lanzarote, el informe subraya que tiene una ''situación estructural ajustada'' y no tiene margen para hacer frente a los incrementos de caudal puntuales que se producen en episodios de lluvias. Además, ''el mal estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones'' provoca desbordamientos y vertidos, en especial en las zonas de Playa Blanca, Puerto del Carmen, Costa Teguise y Arrecife.

El informe del Consorcio del Agua también recoge que las principales Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) están “al límite de su capacidad” y que el tratamiento de depuración es ''habitualmente insuficiente'' para alcanzar los parámetros de calidad exigidos por la normativa.

En esta línea, el documento subraya que la EDAR de Playa Blanca recibe constantes denuncias de vecinos por ''olores en la instalación''. Todas estas deficiencias han hecho que el volumen de agua tratada para su reutilización se reduzca a menos de la mitad.

Intervención ''obligada''

El documento concluye que los ''incumplimientos'' por parte de Canal Gestión están provocando ''lesiones a los intereses de los usuarios'' y poniendo en peligro la prestación del servicio. El director gerente del Consorcio del Agua en Lanzarote recuerda que el hecho de que una empresa externa gestione el servicio ''no altera la responsabilidad'' de la administración pública sobre la prestación del mismo.

''La insuficiencia de las medidas ordinarias y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio configuran un escenario en el que la actuación administrativa no solo es posible, sino obligada'', asevera el informe. En esta línea, propone a la administración la intervención temporal de la concesión del servicio del ciclo integral del agua ''con el fin de restablecer la estabilidad operativa del sistema, garantizar la continuidad del suministro y corregir las disfunciones detectadas''.

Amparándose en este informe, el Consorcio del Agua ha aprobado este lunes por unanimidad 'secuestrar' de manera temporal el servicio, así como avanzar en los trámites para romper el contrato con Canal Gestión. El 7 de abril, el Cabildo insular informó de que había decidido resolver el contrato 17 años antes de su fecha de vencimiento porque las condiciones y los objetivos no se han cumplido.

El Cabildo informó de que ya había vencido el plazo otorgado a Canal Gestión para que avanzara en la primera opción, que era ceder el contrato del servicio a otra empresa con las mismas condiciones hasta la fecha de finalización del contrato, en 2043.

La postura de Canal Gestión

En un comunicado, Canal gestión ha manifestado su ''más absoluta estupefacción'' por la ''inaceptable actitud'' del Consorcio del Agua de Lanzarote. La empresa concesionaria dice que aún no ha recibido respuesta respecto al proceso para ceder la concesión a un tercero cualificado. ''Canal Gestión Lanzarote ha trabajado de manera honesta y responsable para explorar esta vía amistosa, convencida de que era la fórmula adecuada para salvaguardar el interés general'', señala el comunicado.

En esta línea, la empresa advierte de que activará todas las vías legales oportunas para defender sus intereses. Además, insiste en que Canal Gestión ha mantenido la prestación del servicio ''a pesar de la obsolescencia de las infraestructuras heredadas'' y señala que el Consorcio ''ha desatendido sus deberes más básicos como órgano de contratación''. ''No se debe olvidar que las infraestructuras hidráulicas son titularidad del Consorcio, que se comprometió contractualmente a ejecutar unas inversiones que no se han llevado a cabo'', insisten.

El olor a café recién hecho da la bienvenida al hogar de Pape Bara y Boudou El Hadji. Un bizcochón espera sobre la mesa del salón mientras los dos chicos guían un pequeño recorrido por la que es su casa temporal desde octubre. Para muchos menores migrantes que viven en Canarias sin su familia, cumplir los 18 años es dar un paso hacia el abismo. Frente a la incertidumbre total sobre el futuro, los pisos para extutelados son un pequeño puente hacia la vida adulta, y dan cobijo a decenas de jóvenes que tienen lejos a sus referentes familiares. “Antes era difícil, pero gracias a esta oportunidad sigo adelante”, dice Pape, un joven senegalés.

El hogar San Fernando, gestionado por la entidad Nuevo Futuro y localizado en un edificio de Santa Cruz de Tenerife, tiene capacidad para once personas. En él viven chicos y chicas que tratan de integrarse no solo en el mercado laboral, sino también en la comunidad canaria, que ya sienten también suya. Este es uno de los dos recursos abiertos por el Gobierno de Canarias en Tenerife recientemente para que “los jóvenes puedan culminar sus proyectos”. 

“Son niños que están en el sistema, pero que no tienen los mismos derechos para poder formarse. Por eso estos pisos son necesarios. Es como cuando los niños que viven con sus padres tienen un proceso hasta la emancipación”, resume la coordinadora del proyecto, Arautápala Álamo, o Ara, como le dicen los chicos.

Pape llegó a El Hierro a los 16 años en un cayuco en el que viajaban 230 personas. Se marchó de su casa de noche y sin que sus padres lo supieran. Pasó ocho días en el mar, y en el camino vio morir a “muchas personas” y “perder la cabeza” a muchas otras. Las víctimas de esta travesía, cuenta Pape, eran migrantes de “países que no tienen mar”, y que se tiraron al agua sin saber nadar porque “perdieron su cabeza”, dice mientras baja la mirada. 

La comida y el combustible se terminaron antes de pisar tierra firme. “En el cayuco había tres alumnos de español que pudieron llamar a Salvamento y vino a recogernos, porque si no…”, recuerda el senegalés sin poder acabar la frase. Boudou lo escucha en silencio sentado junto a él en un pequeño sofá rojo. Este joven mauritano también llegó a las islas con 16 años, aunque en su caso desembarcó en La Gomera después de un viaje de dos días al que sobrevivieron todos. 

Estudiaba Enfermería en Mauritania, pero no pudo terminar por falta de dinero. “Mis padres no podían pagar todos mis estudios y decidí venir aquí”, explica. Por el momento, ha tenido que aplazar su deseo de estudiar para poder ganar algo de dinero. Cada día se despierta a las cuatro de la mañana para desplazarse hasta el sur de la isla, donde ejerce de camarero en un hotel. A la misma hora, Pape sale hacia los invernaderos en los que trabaja como peón agrícola, aunque su sueño cuando decidió emprender el viaje a España era ser futbolista, como los jugadores del Real Madrid a los que admira. Boudou le rebate: “Yo soy del Villarreal”. 

Arautápala Álamo insiste a los jóvenes en que prioricen trabajar en algo que les permita emanciparse y, sobre todo, ajustarse a los tiempos. Para poder dar respuesta a la realidad de Canarias, que hasta hace pocos meses atendía en sus recursos a más de 5.000 menores no acompañados, el tiempo en el que los extutelados pueden estar en los pisos de emancipación oscila entre los seis y los nueve meses. 

En este periodo, se les intenta ofrecer todas las herramientas para que la vida adulta no sea tan compleja: hacer la declaración de la renta, hacer la compra, buscar vivienda, ahorrar y, sobre todo, perfeccionar el idioma. “Ya después podrán buscar la manera de cumplir sus sueños. Aquí siempre van a poder estudiar”, dice Álamo. 

Al mismo tiempo, los jóvenes lidian con la presión de enviar dinero cuanto antes a sus familias. “¿Cómo vas a ayudar si todavía tienes que ayudarte a ti mismo?”, les pregunta la coordinadora del proyecto de emancipación de Nuevo Futuro. Álamo cuenta que algunos extutelados en sus países de origen trabajaban desde muy pequeños, por lo que “sin faltar al respeto a sus padres y conciliando ambas culturas”, procuran que los jóvenes entiendan “que aquí es distinto”. “Que no puedes trabajar sin papeles ni formación y que podrán ayudar a sus familias cuando ellos se estabilicen aquí”, apostilla la educadora.

Antes de llegar al sistema de extutelados, uno de los retos que aún sortea la administración pasa por cumplir con la obligación de documentar a todos los menores antes de que cumplan la mayoría de edad. “Hay niños que llegan más pequeñitos y hay más tiempo, y otros que llegan con 17 años y, aunque se haga todo lo posible, es más complicado”, apunta Álamo.

No todos los menores que cumplen la mayoría de edad pasan a pisos de emancipación. Algunos se reúnen con familiares, otros encuentran salidas por sus propios medios y otros, en el peor de los casos, se quedan en la calle. 

Evitar los guetos 

“Un piso de extutelados busca la integración laboral y la búsqueda de vivienda, aparte de otras herramientas que necesites para ser independiente”, resume Alfonso Roque, director de Nuevo Futuro en Tenerife. Cuando un joven entra en este sistema, se prepara un proyecto educativo individualizado que se ajuste a sus fortalezas, a sus propósitos, y a la capacidad real del mercado laboral. 

El informe Personas menores no acompañadas y jóvenes extuteladas, de 16 a 23 años, con autorización de residencia en vigor, del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), reveló que el 69% de los jóvenes migrantes extutelados de 18 a 23 años y con una autorización de residencia en España a 31 de diciembre de 2025 formaba parte del mercado laboral. Según explica Roque, en la actualidad, la mayor dificultad para alcanzar la integración no es encontrar un empleo, sino una solución habitacional para poder salir del recurso.

Nuevo Futuro apuesta también por ofrecer acompañamiento a los jóvenes. “Entendemos que traen dificultades sociales, psicológicas e interculturales añadidas que no tienen otros jóvenes que cumplen la mayoría de edad, y creemos que el acompañamiento también permite a la sociedad canaria comprender sus necesidades”, explica el director. 

“Si nosotros trabajamos desde el primer minuto en una política favorecedora del conocimiento mutuo, ese joven migrante no va a necesitar una búsqueda de sus iguales para sentirse afianzado en la sociedad, ni se crearán guetos, sino que va a poder conectar”, apunta.

Un bautismo de buceo, ir a ver la nieve al Teide o cocinar tortilla de papas son algunas de las actividades que recuerdan Pape y Boudou y que han podido hacer en su tiempo libre. “Somos buenos amigos y colaboramos entre nosotros. Cuando él necesita ayuda, me llama a mí, y cuando yo la necesito, lo llamo a él. Somos como una familia”, dice el senegalés. “Me siento muy cómodo, también gracias a esta señora”, dice Pape señalando a Ara. Ella se echa a reír: “No me llames señora, si somos familia de convivencia”.

2.097 personas han sobrevivido a la ruta migratoria hacia Canarias en lo que va de año en 22 embarcaciones precarias. Esta cifra supone una caída del 80,1% respecto al año anterior, cuando entre enero y abril llegaron a las islas por el Atlántico 10.515 migrantes en 166 barcazas. Las llegadas también se han desplomado en el conjunto del territorio nacional, que ha recibido a 7.030 personas, un 47,5% menos que el año anterior, según los datos publicados por el Ministerio del Interior.

Mientras tanto, las muertes en esta frontera no cesan. El proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cifra en 115 las personas que han fallecido en lo que va de 2026 en la ruta que conecta África Occidental con Canarias. El dato puede ser mucho mayor, ya que muchas tragedias no se registran y decenas de migrantes desaparecen en el océano.

El último incidente contabilizado por la OIM data del 5 de marzo de 2026 y tuvo lugar en las costas de Saint Louis, en Senegal. La embarcación había salido once días antes desde Gambia y entre los fallecidos hay un bebé.

El naufragio más mortífero registrado en Missing Migrants tuvo lugar a principios de año y se cobró la vida de al menos 107 personas. Según la información publicada por la OIM, la embarcación naufragó alrededor de la media noche del 31 de diciembre cerca de la aldea de Jinack, en Gambia. En ella viajaban cerca de 300 personas, pero solo fueron localizados 128 supervivientes. Aunque se pudieron recuperar 41 cadáveres, los cuerpos de otras 66 personas desaparecieron.

En las costas más cercanas a Canarias, las dos primeras semanas del año dejaron al menos tres víctimas mortales. La primera fue un hombre de 34 años que viajaba en un cayuco con 165 personas más. La embarcación fue rescatada en Tenerife, y cuatro supervivientes precisaron asistencia sanitaria.

Las otras dos víctimas viajaban en una embarcación que fue localizada a 148 millas al sureste de El Hierro. Una de ellas ya estaba muerta cuando llegó Salvamento Marítimo. La otra estaba en estado grave y murió poco después del rescate.

Tenía 32 años y medía 1,43. Cuando llegó al puerto en una patera, los agentes de la Policía Nacional concluyeron que esta mujer guineana era menor ''indubitada'', es decir, que no admite duda. Entró en un centro para menores no acompañados de Lanzarote, del que desaparecieron trece niñas. Tiempo después fue detenida en el marco de la 'operación Tritón', que desmanteló una red ''perfectamente organizada'' dedicada al tráfico de personas y a la pornografía infantil.

La investigación la inició la Policía Nacional a raíz de la desaparicion de catorce menores, trece niñas que vivían en el recurso de Lanzarote y otro menor que desapareció de un dispositivo de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Según ha adelantado El Español y ha confirmado Canarias Ahora, la mujer fue ganándose la confianza de las menores y durante meses fue sacándolas del recurso y enviándolas hacia Francia. Según El Español, los investigadores identificaron en el móvil de la investigada un mensaje en el que puede leerse ''Ya he vaciado el centro de niñas''.

Los miembros de la red tenían una ''clara distribución de funciones''. Su objetivo era traficar con menores desde centros tutelados hacia Francia. La organización, explicó entonces la Policía Nacional, tenía ''logística'' en Marruecos para el traslado y cruce de fronteras. También tenía contactos en Costa de Marfil para el envío de documentación falsificada y en España, la red contaba con una ''infraestructura'' dedicada a acoger temporalmente a los menores y gestionar su paso a Francia. 

Cómo llegó la mujer a un centro de menores

La mujer llegó a vivir en un centro de menores no acompañados por un fallo en su identificación. El registro de los menores que llegan a Canarias empieza en el muelle. Cuando una embarcación precaria llega a puerto, es la Policía Nacional la que recopila los datos personales de sus ocupantes. La reseña policial tiene lugar en las primeras 72 horas desde la llegada y se realiza tras una pequeña entrevista con cada miembro de la patera.

Ese momento determina el futuro de cada uno de los supervivientes. Si son adultos, son trasladados a un campamento para mayores de edad gestionado por el Estado. Si son menores no acompañados, son derivados a los centros de acogida del Gobierno de Canarias, a quien corresponde su tutela. En muchas ocasiones, los supervivientes carecen de documentación que acredite su edad, por lo que su palabra y la percepción de los agentes son las únicas pruebas.

Cuando la Policía Nacional establece que una persona es menor ''indubitada'', no se le realizan pruebas de determinación de la edad, tal y como explican a este periódico desde la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias. Estas fuentes aseguran que ''cuando se observó el comportamiento sospechoso'' de la mujer, fue la propia Dirección General y la entidad que gestiona el recurso quienes denunciaron. ''A partir de ahí es la Policía y la Fiscalía quien tiene que decir cómo se procede'', indican.

En 2020, con el aumento de llegadas de menores sin referentes familiares a Canarias, la comunidad autónoma pidió al Ministerio del Interior la presencia de Save The Children en los campamentos policiales donde los supervivientes pasan sus primeras 72 horas en las islas, con el fin de que las entrevistas fueran realizadas por personas especializadas en infancia migrante y evitar la convivencia de adultos y niños en los centros. Ese año, 1.743 personas permanecían acogidas en los recursos para menores pendientes de un test que probara su edad. La petición fue rechazada.

Trasladar niñas a Francia

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a esta redacción que la mujer permanece detenida. Según informó el cuerpo en noviembre de 2025, en la operación han sido detenidas trece personas: once en Lanzarote, una en Gran Canaria y otra en Madrid. De ellas, cuatro ingresaron en prisión provisional como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas, delitos contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil. 

En mayo del año pasado, los policías interceptaron en el aeropuerto de Lanzarote a tres menores acompañados por un mayor de edad que intentaba embarcar con ellos hacia Madrid. Allí se constató que los niños estaban tutelados por el Gobierno de Canarias y que el traslado se estaba tratando de llevar a cabo sin ningúna autorización y sin documentación válida. El adulto fue detenido por un delito de falsedad documental contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por sustracción de menores. 

En el marco de las diligencias, los agentes ejecutaron dos registros domiciliarios en Lanzarote en los que intervinieron numerosos documentos, efectos personales, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. La investigación continúa abierta, con el objetivo de localizar y proteger a los menores desaparecidos.

Las ciudades no están pensadas para los sujetos que no son BBVAH (blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual), según el concepto acuñado por la activista Amaia Pérez Orozco. A lo largo del tiempo, las ciudades se han diseñado desde una lógica masculina que genera exclusión y desigualdad, convirtiéndolas en inseguras para quienes no entran dentro de esta definición y, en especial, para las mujeres. En el caso de La Laguna (Tenerife), declarada Patrimonio de la Humanidad, se suman dos elementos: la gentrificación y la masificación turística, que han ‘secuestrado’ la identidad del barrio y la han ''vaciado de comunidad''. 

Para recorrer el casco histórico de La Laguna desde una perspectiva ecofeminista y comunitaria, el área de Igualdad del Ayuntamiento ha organizado unos paseos guiados por la arquitecta y urbanista María Tomé los próximos 21 y 25 de abril y 22 y 26 de mayo. En grupos de 30 personas, estas caminatas atraviesan zonas emblemáticas de la ciudad y tratan de responder a una pregunta: ¿Cuántas cosas se podrían mejorar sin poner un solo ladrillo?

Las calles peatonales que vertebran el casco histórico son un ejemplo de espacios poco seguros. Todas ellas están presididas por tiendas, cafeterías u oficinas municipales que se rigen por un horario. Cuando ese horario termina, la ciudad se queda vacía, y ''no hay nada más inseguro que una ciudad en silencio'', explica la experta en una entrevista concedida a este periódico. 

Cuando la ciudad se queda desierta, se pierden lo que se conoce como ''ojos en la calle'', uno de los elementos clave del urbanismo feminista que consiste en la vigilancia informal de los espacios que ofrecen los colegios, los comercios, y la presencia de personas en las vías. ''Esto hace que sean más inseguras para las mujeres, pero también para la infancia y para las personas mayores, y un espacio inseguro para ellas es un espacio inseguro al fin y al cabo'', detalla.

El Collectiu Punt 6 de urbanistas feministas de Barcelona plantea que para que una ciudad sea segura deben confluir seis elementos: la visibilidad, que haya ojos en la calle, una buena señalización que ayude a orientarse, que la ciudad la utilicen personas diversas, que sea vital, que favorezca el sentimiento de pertenencia y que combine distintas actividades.

''Una ciudad es segura si hay diversidad de usos. Si hay viviendas, locales, centros sociales, escuelas, equipamientos públicos y deportivos… Lo que ahora se conoce como la ciudad de los 15 minutos, que se acoge a todos los postulados del urbanismo feminista'', apunta Tomé. 

La pulguita y el barraquito

En Canarias, la masificación turística y la gentrificación de los barrios han puesto en jaque a uno de estos elementos: el sentimiento de pertenencia. Según explica María Tomé, se ha ''desarticulado la vida comunitaria'', uno de los factores de protección más fuertes para las personas que no representan a ese sujeto BBVAH. 

Para explicar el impacto de la turistificación en la identidad de La Laguna, la urbanista utiliza la metáfora de la pulguita y el barraquito, una acción cotidiana que se ha convertido en misión imposible en un casco histórico donde las franquicias engullen a los negocios de toda la vida. ''La Laguna es una ciudad Patrimonio, pero para mí es el lugar donde me he criado. Es un barrio al que se le ha expropiado la identidad y al que ya no reconoces'', resume la urbanista. 

Este proceso de transformación, indica la experta, no se da de manera obvia, sino que va muy poco a poco. ''Para mí, un caso muy simbólico tuvo lugar cuando echaron al Grupo Scout 70 Aguere. Lo quitaron de un espacio que desde entonces sigue vacío, mientras las administraciones intentan encontrar actividades que atraigan a los jóvenes. Es una salvajada que hace que la identidad del casco se vaya a la periferia'', indica.

María Tomé también advierte de la falta de espacios cedidos por la administración pública donde conversar, intercambiar y crear pensamiento crítico. ''No hablo de asociacionismo, sino de espacios que no estén institucionalizados, que ya existen en el ámbito europeo, y que son fundamentales para el desarrollo de la democracia'', plantea. 

Por el contrario, en La Laguna sí se concentran varios ''elefantes blancos''. Este concepto se utiliza en el urbanismo para definir a los edificios ostentosos que se construyen en las ciudades, pero que están infrautilizados o abandonados. ''Es el caso de la Iglesia de San Agustín o de la antigua estación de guaguas. Varios colectivos del barrio de San Honorato intentaron que se les cediera esta última como espacio, pero siguen esperando 15 años después'', recuerda.

Para ella, hay una ''sobreinstitucionalización de los espacios'' porque se ''paternaliza a la sociedad''. ''Esto, sumado a que la Laguna está siendo invadida por una dinámica global de gentrificación, genera un caldo de cultivo para que se vaya perdiendo la identidad'', concluye Tomé.  

Este sábado 11 de abril cerrará en Lanzarote un centro de menores extranjeros no acompañados. El recurso, que estuvo en el centro de la polémica en enero de 2025 por supuestos malos tratos a los jóvenes, está instalado en la localidad de Mácher (Tías) y en él viven trece menores que serán reubicados.

Según han explicado a este periódico desde la Dirección General de Protección a la Infancia, los jóvenes que quedan en el centro cumplirán en los próximos días la mayoría de edad, por lo que pasarán a los pisos para jóvenes extutelados habilitados en la isla. En la actualidad hay cinco recursos de este tipo en Lanzarote con 25 plazas disponibles. 

Fuentes de la Dirección General de Protección a la Infancia explican que ''no hay menores para mantener un recurso completo abierto''. ''Es lo que estamos haciendo con las salidas de menores por el artículo 35 de la Ley de Extranjería'', añaden. Con los traslados de niños y adolescentes a la Península que se han ejecutado por la vía de la acogida obligatoria entre comunidades, ha disminuido la presión sobre la red de recursos y se están reestructurando los centros.

Polémica por malos tratos

En enero de 2025 salieron a la luz supuestos casos de violencia y amenazas en este centro de Mácher. Según publicó El País, los empleados denunciaron falta de comida y agua para los menores, ausencia de lavandería y el destrozo de las instalaciones. Las imágenes que acompañaron a esta información mostraban la nevera y los muebles del centro vacíos, sin apenas comida.

Tal y como publicó La Voz de Lanzarote, los empleados pusieron en conocimiento del Gobierno de Canarias y de la Fiscalía la ''desprotección'' que sufrían los niños y los adolescentes. En esta publicación, los trabajadores también aseguraron que seis de ellos habían solicitado la baja laboral y que dos renunciaron al empleo. Además, aseguraron en un escrito que quienes alzaban la voz contra la situación, sufrían ''amenazas''.

El centro estaba gestionado por la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (Fepas). Esta entidad también era responsable del polémico centro de La Santa, también en Lanzarote, que cerró después de que la Guardia Civil hiciera pública su investigación contra cinco trabajadores del centro por coaccionar y amenazar a los jóvenes.

El Consorcio del Agua de Lanzarote, integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos, ha iniciado los trámites para intervenir de forma temporal el servicio del agua, gestionado hasta ahora por la empresa Canal Gestión. El objetivo, según la providencia firmada por el presidente insular, Oswaldo Betancort (CC), y a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, es hacer frente a los ''incumplimientos'' del contrato por parte de la concesionaria, que ocasionan una ''perturbación grave del servicio'' y ''causan lesiones'' a los intereses de los usuarios.

La providencia recoge las conclusiones de un informe técnico-administrativo presentado por el director gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote acerca de la perturbación grave del servicio y la propuesta de una intervención del servicio público en Lanzarote y La Graciosa. El documento advierte de que la falta de conservación de las instalaciones pone en peligro la prestación del servicio y subraya que ''la insuficiencia de las medidas ordinarias y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio'' dibujan un escenario en el que la actuación de la administración ''no solo es posible, sino obligada''.

A pesar de que el Consorcio inició el expediente para 'secuestrar' el servicio el pasado 1 de abril, no ha sido hasta este miércoles cuando ha informado de la decisión, un día después de anunciar que está avanzando en la resolución del contrato con la filial de la empresa Canal Isabel II en la isla. Según este informe técnico, la intervención temporal del ciclo integral del agua (abastecimiento, saneamiento y reutilización) por parte del Consorcio debe restablecer la estabilidad del sistema, garantizar la continuidad del suministro y corregir las disfunciones detectadas en la gestión del servicio.

El presidente del Cabildo, atendiendo a las recomendaciones recogidas en este informe, ha solicitado también un informe jurídico que determine si la intervención del servicio puede ejecutarse como medida cautelar una vez iniciado el procedimiento de resolución del contrato con Canal Gestión.

La resolución del contrato

Mientras tanto, el Consorcio del Agua avanza en la resolución del contrato con Canal Gestión, después de que no haya prosperado la opción de que la empresa cediera la gestión del servicio a otra entidad con los mismos condicionantes del pliego actual con el objetivo de cumplir los años que quedan de contrato, es decir, hasta 2043. El Consorcio del Agua elevará la propuesta de resolución a la próxima Asamblea General. Una vez adoptado el acuerdo, se remitirá al Consejo Consultivo de Canarias, que deberá emitir en un plazo máximo de 40 días el informe preceptivo conforme a la normativa vigente. 

El expediente de resolución, explica el Cabildo, se fundamenta en ''reiterados incumplimientos'' en la ejecución del contrato en materia de conservación de infraestructuras, reparación de fugas y averías y ejecución de inversiones comprometidas. Tampoco se ha cumplido el propósito principal del contrato: reducir la cantidad de agua que se pierde antes de llegar a las casas.

En 2025 se perdieron 17,6 millones de metros cúbicos de agua en la red, un 55,4% del total del agua que se desala en las plantas desaladoras. Mientras tanto, Lanzarote lleva más de un año en situación de emergencia hídrica por la ''persistencia de una situación de vulnerabilidad en el ciclo integral del agua''.

El PSOE, líder de la oposición en el Cabildo de Lanzarote, ha criticado la gestión de Oswaldo Betancort, ''marcada por los anuncios precipitados, las rectificaciones y la falta de rigor''. ''Primero intentó una inyección de casi 90 millones de euros de dinero público para Canal Gestión que no pudo materializar; después declaró dos emergencias hídricas que no sirvieron para resolver el problema; hace justo un año anunció la rescisión del contrato, pero a medio camino cambió de opinión y empezó a defender la cesión del servicio a otra empresa'', ha rechazado Dolores Corujo, secretaria general del partido en la isla.

''Ahora vuelve a desdecirse para plantear que la salida pasa por la rescisión del contrato y por la intervención del servicio, dejando claro que nunca ha existido una hoja de ruta seria para afrontar la crisis del agua en Lanzarote'', afirmó la diputada en el Congreso en una rueda de prensa convocada este miércoles.

''Lo grave no es solo la contradicción. Lo grave es que estamos hablando de un servicio esencial y de una isla que no aguanta ni un minuto más de incertidumbre. Cada volantazo de Betancort tiene consecuencias directas sobre la vida de la gente y sobre la confianza en las instituciones'', concluyó Corujo.

El Tribunal Supremo ha absuelto al senador de Coalición Canaria Pedro Sanginés de los delitos de denuncia falsa y falso testimonio por los que fue juzgado el pasado 12 de marzo. El tribunal, en el fallo conocido este miércoles, concluye que los hechos probados no son constitutivos de los delitos por los que estaba acusado el senador.

La Fiscalía había pedido para el político un año y seis meses de prisión por unos hechos que tuvieron lugar hace 17 años, cuando era presidente del Cabildo de Lanzarote y compareció a las diez de la noche ante las dependencias de la Guardia Civil para denunciar supuestas irregularidades en la contratación pública de servicios por parte del entonces consejero del PSOE Carlos Espino y del empresario Antonio González, ya fallecido.

González murió poco tiempo después de decretarse el auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones en su contra. Durante diez años de su vida, tal y como explica el auto, sufrió una imputación que resultó ''carente de fundamento acreditativo''. Su familia expuso en el juicio que incluso uno de sus hijos tuvo que dejar sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid para regresar a Lanzarote y ayudar en la empresa familiar.

A pesar de ello, el tribunal indica que la comprensible desazón y desánimo que sufrió el empresario ''no significa, naturalmente, que deba ser condenado penalmente quien se limitó a poner en conocimiento de la Justicia unos hechos que sospechaba podían ser constitutivos de algunas figuras penales''.

Según explica la sentencia, tanto el Ministerio Público como la acusación particular en representación de la familia de dicho empresario consideraban que la denuncia no respondía a la realidad, sino que se trataba de una persecución política de Sanginés frente a Espino, denunciante de la mayor trama de corrupción destapada en Canarias hasta la fecha: el caso Unión.

La defensa del senador, por su parte, sostuvo que Sanginés obró de acuerdo a su ''obligación legal'' cuando puso en conocimiento de la Guardia Civil primero y del Juzgado después de unos supuestos hechos delictivos.

El Supremo argumenta que el delito de denuncia falsa solo puede atribuirse a título de dolo y cuando se pruebe o se infiera razonadamente que el sujeto llevó a cabo su acusación o denuncia con malicia, es decir, con conocimiento de la falsedad o con manifiesto desprecio hacia la verdad.

En esta línea, el tribunal concluye que Sanginés actuó en el marco de una denuncia que interpuso por presuntas irregularidades en el proceso de contratación administrativa llevadas a cabo en el seno del ente público de empresa local EPEL, siendo este organismo el que interpone la correspondiente querella narrando los hechos y que podrían ser constitutivos de uno o varios delitos.

El fallo añade que tampoco hubo ''falsedad objetiva e intención deliberada de faltar a la verdad'' cuando el expresidente del Cabildo de Lanzarote formalizó la imputación contra el empresario y su sociedad, Climafrical, sino que se limitó a poner en conocimiento de las autoridades unos hechos que ''le han transmitido que podrían ser constitutivos de delito''.

La sentencia resuelve que ''no existiendo delito de denuncia falsa'', la imputación por falso testimonio también decae porque ''ambos comportamientos son -en la mayoría de las ocasiones- fruto del mismo designio de faltar dolosamente a la verdad''.

El Tribunal Supremo decidirá si un guardia civil de Lanzarote puede compaginar su puesto con el de pinchadiscos en su tiempo libre. El agente pidió la compatibilidad en mayo de 2024. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid le reconoció este derecho, siempre que respetara sus obligaciones y horarios como funcionario público. Ahora, tras un recurso de casación presentado por la Administración del Estado contra esta sentencia, será el Alto Tribunal el que resuelva su caso.

Los agentes de la Guardia Civil pueden compatibilizar su puesto con actividades privadas siempre y cuando la cuantía de los complementos específicos que reciben no supere el 30% de su retribución básica, según la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

En este caso, la raíz del conflicto está en si debe contabilizarse o no para calcular este porcentaje el complemento específico que reciben los guardias civiles y los policías nacionales para equiparar su salario con el de las policías autonómicas. Este complemento está contemplado en el acuerdo que alcanzaron en marzo de 2018 el Ministerio del Interior, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

El TSJ de Madrid con su resolución anuló la decisión del Ministerio del Interior, que había denegado la petición del agente del puesto de Costa Teguise porque el complemento específico que el guardia civil recibe por las características de su puesto supera el 30% de sus retribuciones básicas. 

La Administración del Estado, en el recurso de casación estimado por el Supremo, pide que la Sala de lo Contencioso Administrativo se pronuncie acerca de si, en el complemento específico a tener en cuenta para determinar la incompatibilidad de los miembros de la Guardia Civil con actividades privadas, debe incluirse la cuantía del complemento destinado a equiparar el salario de este cuerpo de seguridad con el de las policías autonómicas, o si, por el contrario, debe excluirse. 

En este último supuesto, solo se computarían aquellos complementos percibidos por las especiales condiciones del puesto de trabajo, su penosidad o dificultad.  

La resolución del Supremo, según el auto al que ha tenido acceso Canarias Ahora, no solo afectará al caso del guardia civil de Lanzarote. Sentará jurisprudencia para futuras interpretaciones de esta Ley en casos que atañan a guardias civiles y policías nacionales.

Lanzarote avanza hacia la resolución del contrato del agua con Canal Gestión, la filial en la isla de la empresa madrileña Canal Isabel II. El Consorcio del Agua, formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos, ha tomado esta decisión después de que este 6 de abril finalizara el plazo ofrecido a la concesionaria para ceder la gestión del servicio a otra empresa. El contrato terminará 17 años antes de su fecha de vencimiento porque las condiciones no se han cumplido, ni tampoco su misión principal: reducir la cantidad de agua que se pierde antes de llegar a las casas, que ya roza el 56%.

La posibilidad de que Canal Isabel II cediera la gestión del ciclo integral del agua a otra empresa está recogida en el contrato firmado en 2013, durante la etapa del senador Pedro Sanginés (CC) como presidente del Cabildo. Sin embargo, según ha informado la corporación insular, las negociaciones no han prosperado, a pesar de que la empresa contó con dos plazos consecutivos de tres meses.

''No se trataba únicamente de sustituir a una empresa por otra, sino de asegurar un salto cualitativo en la prestación del servicio en función del interés general y de las condiciones establecidas por la Asamblea del Consorcio'', ha dicho el presidente insular, Oswaldo Betancort.

Tal y como publicó este periódico en diciembre de 2025, la única propuesta que se había presentado formalmente era la cesión del servicio a una UTE (Unión Temporal de Empresas) entre Sacyr y Aqualia. Por esta vía, la cesión se daría con los mismos condicionantes del pliego actual con el objetivo de cumplir los años que quedan de contrato, hasta 2043.

''Nos encaminamos a cerrar un capítulo del procedimiento contractual tras un proceso riguroso, serio y con todas las garantías jurídicas, que ha incluido una fiscalización minuciosa de la gestión realizada por Canal Gestión durante estos años'', ha dicho Betancort.

El Consorcio del Agua elevará esta propuesta a la próxima Asamblea General. Una vez adoptado el acuerdo, se remitirá al Consejo Consultivo de Canarias, que deberá emitir en un plazo máximo de 40 días el informe preceptivo conforme a la normativa vigente.

El expediente de resolución, explica el Cabildo, se fundamenta en ''reiterados incumplimientos'' en la ejecución del contrato en materia de conservación de infraestructuras, reparación de fugas y averías y ejecución de inversiones comprometidas. ''Estas circunstancias han contribuido a agravar las pérdidas de agua, limitadas contractualmente al 30%, y a deteriorar progresivamente el sistema hidráulico insular'', subrayan.

Agua perdida en plena emergencia hídrica

Lanzarote lleva en situación de emergencia hídrica más de un año. La crisis fue declarada por primera vez en febrero de 2025. En agosto del año pasado se aprobó una primera prórroga y el pasado 3 de febrero se autorizó mantener esta declaración de emergencia seis meses más, por la ''persistencia de una situación de vulnerabilidad en el ciclo integral del agua''. ''La aprobación de esta prórroga es una decisión responsable, basada en criterios técnicos y en la defensa del interés general, que nos permite culminar actuaciones esenciales y seguir garantizando el abastecimiento a la población'', dijo el presidente.

A pesar de esta medida, en 2025 se perdieron 17,6 millones de metros cúbicos de agua en la red, según las cifras publicadas por el Centro de Datos de Lanzarote. De esta manera, Canal Gestión perdió el 55,4% del total del agua que desala en sus cuatro plantas desaladoras. El año pasado, el porcentaje de pérdidas fue del 56%, igual que en 2022. El dato más alto se registró en 2021, con un 61% del agua desaprovechada.

Apostar por una gestión pública

El PSOE, líder de la oposición en el Cabildo, ha señalado al presidente del Cabildo de ''arrastrar'' a Lanzarote a ''tres años de caos con el agua''. ''Ha pasado una legislatura entera dando bandazos, encadenando anuncios contradictorios y sin ser capaz de definir una salida seria para la crisis hídrica de la isla. Y lo más grave es que mientras él improvisaba, la ciudadanía seguía pagando las consecuencias“, ha afirmado Dolores Corujo, secretaria general del partido en la isla.

Corujo insiste en que Betancort ha declarado dos emergencias hídricas ''inútiles'', y critica que no han servido ''ni para acabar con los cortes ni para corregir el colapso de la red''. El problema de fondo, plantea el PSOE, es que Coalición Canaria ''sigue sin apostar por una gestión pública del agua, manteniendo a Lanzarote atrapada en una lógica de negocio en un servicio esencial''.

''Una empresa no es una ONG. Una empresa viene a gestionar el agua para ganar dinero. Hoy se ha llamado Canal Gestión y mañana se llamará de otra forma, pero si se mantiene el mismo modelo privado, Lanzarote seguirá atrapada en la misma lógica: beneficios para la empresa y problemas para la ciudadanía''. concluyen.

David lleva 18 años trabajando como enfermero, pero el pasado 30 de marzo sufrió “la agresión más bestia” que había vivido nunca. Eran las seis de la tarde y él intentaba mediar entre dos pacientes compañeros de habitación en su lugar de trabajo, el Hospital Insular de Gran Canaria. “Un hombre se puso agresivo con el otro paciente, lo amenazó de muerte, entonces dije que iba a llamar a seguridad”, explica en una entrevista concedida a este periódico. Después, en el pasillo, el paciente y su acompañante elevaron el tono hasta proferir varios insultos racistas contra el enfermero, como “negro de mierda”, “recogido”, “vuélvete en patera” o “Kunta Kinte”, en referencia al guerrero africano tomado como esclavo por Estados Unidos.

“Eso no lo oía desde que yo era niño. Me retrotrajo a 30 años atrás. Cuando alguien me llama esclavo en mi puesto de trabajo, ¿cómo puedo presentarme a trabajar al día siguiente? Yo lo único que quiero es que se pongan en mi lugar”, dice David. ''Existe el racismo, y a día de hoy yo sé que hay gente a la que le choca que una persona negra pueda ser enfermera, o que pueda tener una carrera universitaria. Es triste, pero yo puedo aprender a convivir con eso, pero que me intenten humillar y vejar...'', lamenta.

El enfermero agradece que sus compañeros se hayan puesto de su lado y le reprocharan al paciente y a su acompañante su comportamiento racista. “No se trata solo de que yo denuncie esto, sino de que la gente actúe como lo hicieron ellos. Hay actitudes que no se pueden permitir”, subraya.

David afirma que en los últimos años se ha dado una escalada de violencia física y verbal en contra de los profesionales sanitarios. Además, resalta que ''la peor parte'' se la llevan las mujeres, que sufren agresiones machistas. ''Parece que nos pueden decir lo que sea, que lo llevamos en nuestra profesión, y están equivocados'', asevera. El secretario provincial del sindicato de Enfermería SATSE en Las Palmas, Juan Trenzado, explica en declaraciones a este periódico que entre 2024 y 2025 las agresiones a sanitarios aumentaron en un 29,17%, pasando de 192 casos a 248.

No normalizar la violencia

''Es insoportable'', asevera Trenzado, quien valora que esta cifra es solo la punta del iceberg, porque hay muchas personas que no denuncian. ''Hay una sensación de que esto es lo normal, que va inherente a lo que es ejercer como enfermera. Para mí eso es lo más grave de esta situación, que se normalice que por esperar por un servicio tengas derecho a insultar o agredir a una enfermera'', subraya Trenzado.

El enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria ha llevado el caso al Colegio de Enfermería, y lamenta que hasta el momento no se haya tomado ninguna medida. ''Cuando pasan estas cosas, tampoco hay una línea de actuación clara y directa, la vas descubriendo poco a poco. Es lo que espero que se vaya mejorando, que cuando pasen estas cosas tengas claro cómo proceder'', dice. El secretario provincial de SATSE afirma que existe un protocolo en el Servicio Canario de Salud (SCS), pero considera que es ''ineficaz''. ''A los datos me remito'', apostilla.

Frente a este aumento de la violencia contra los sanitarios, SATSE pide que se tomen medidas urgentes como el aumento del personal de seguridad, especialmente en los servicios con mayor exposición como las urgencias y los centros de Atención Primaria. También piden que se apliquen sistemas de alerta y protocolos eficaces.

El sindicato pide también una ''aplicación rigurosa de sanciones frente a los agresores'', así como que se ofrezca respaldo jurídico a los profesionales que sufran este tipo de agresiones en su lugar de trabajo. ''El respeto, la seguridad y la dignidad de las enfermeras y enfermeros deben ser una prioridad para la administración'', concluyen.

David insiste en que, ''para que una sociedad funcione, hay que rebajar el nivel de violencia''. ''Si no se baja, hay que tener herramientas para hacer entender a la gente que este no es el camino. El personal lo forman personas, no robots. Nos podemos equivocar, pero acertamos muchas veces, y es muy importante para nosotros el feedback que recibimos de los pacientes'', insiste.

''Mi hija tiene seis años, es mulata, y muchas veces juega a ser enfermera o doctora. Muchas veces dice que se quiere dedicar a esto porque le gusta cuidar a la gente, pero si el día de mañana mi hija va a sufrir una agresión por ser mulata o por ser mujer, o por las dos cosas, y que quede impune, le diré que busque otra cosa, y eso es muy triste. Es penoso'', concluye.

Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana a 37 personas que viajaban en una patera rumbo a Lanzarote. La embarcación fue localizada a unas 40 millas de la isla y en ella viajaban 33 hombres y cuatro mujeres. De ellas, dos han tenido que ser evacuadas al hospital tras la llegada de la embarcación al muelle de Puerto Naos. Una de ellas está embarazada de ocho meses y otra ha sufrido un esguince.

Esta es la cuarta embarcación que alcanza Canarias en los últimos cuatro días. La primera fue un cayuco escoltado por Salvamento hasta el muelle de La Restinga (El Hierro) este viernes. El cayuco fue avistado cuando navegaba a ocho millas de la isla y en él viajaban 159 personas. Dos de ellas, según informó Efe, tuvieron que ser trasladadas al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.

El aviso lo dio la Guardia Civil, al detectar poco antes de las 15.00 horas un eco radar, y el acompañamiento hasta el puerto lo hizo la Salvamar Diphda. El cayuco había salido siete días antes desde Ganjur, en Gambia, y en él viajaban 30 mujeres y cuatro hombres.

El siguiente rescate tuvo lugar el 4 de abril, cuando Salvamento auxilió a 47 personas a bordo de una neumática localizada a 27 millas al sur de Gran Canaria. Tres de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital. La barcaza fue localizada a las 11.00 horas por el barco pesquero Julio y Olga, cuya tripulación alertó a Salvamento.

Las llegadas continuaron este domingo, cuando la Salvamar Izar rescató a otros 47 migrantes de una patera hallada al sureste de Morro Jable, en Fuerteventura. En la patera viajaban 46 hombres y una mujer. Todos ellos fueron trasladados al puerto de Gran Tarajal, donde estaba Cruz Roja, la Policía Nacional y agentes de Frontex.

El 25 de marzo convergieron dos estampas en algunas playas del sur de Tenerife. En el agua, los niños jugaban y los surfistas cogían olas. En tierra, los socorristas se protegían con guantes y mascarillas y decenas de toallitas contaminaban la costa. La borrasca de alto impacto Therese, que golpeó a la isla durante al menos ocho días a las puertas de la Semana Santa, ha vuelto a evidenciar que el problema de los vertidos al mar en Tenerife, lejos de solucionarse, se enquista.

Los Cristianos, Las Vistas, El Camisón o Las Américas son algunos de los tramos de costa que se vieron afectados. “Son los que estaban peor. Todavía puede verse alguna que otra compresa y toallitas. Los que vamos a la playa a disfrutar de esos rincones sabemos que, cuando llueve, ahí no se puede ir. Conozco amigos que a día de hoy, después de años, todavía tienen en su cuerpo la bacteria E.coli, y todo por surfear ahí”, cuenta a este periódico un usuario de estas zonas de baño. 

Dos fuentes distintas que están a diario en la playa de Las Américas, compartida entre Arona y Adeje, y que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, aseguran que esos mismos días tuvieron vómitos y diarreas como consecuencia de la suciedad de la costa y del agua. En el parte médico de una de ellas, al que ha tenido acceso este periódico, aparece su diagnóstico: “Colitis, enteritis y gastroenteritis infecciosa”. 

“Cuando llegué al centro de salud con estos síntomas, lo primero que me preguntaron fue si venía de la playa, porque había más personas igual'', explica en una conversación con esta redacción. Además, asegura que no es la primera vez que enferma como consecuencia de los vertidos.

La otra fuente afirma que, pocas horas después de tener contacto con el agua durante el día, empezó a tener vómitos y diarrea. “Los días más fuertes de lluvia, que fueron el 23 y el 24, las playas de Arona permanecieron abiertas, pero con banderas rojas. En ningún momento se precintó la playa”, explican.

Carla Henríquez, surfista y activista, explica que en las últimas semanas no ha entrenado precisamente por la relación entre los temporales y la contaminación del mar. Fue hace 13 años cuando enfermó por primera vez después de salir a hacer surf en días de lluvia. “He tenido varias experiencias muy parecidas: ir a surfear, que coincidiera con días que había llovido, y la misma noche ponerme muy enferma, con diarrea, vómitos y fiebre, y que me durara a lo mejor entre 24 o 48 horas”, cuenta.

“Lo más indicativo es que, en esos casos, se ha puesto enferma mucha gente a la vez, compañeros que han venido conmigo a surfear. Somos plenamente conscientes de ello, por lo que, quienes sabemos cómo va esto, no entramos a surfear cuando ha llovido”, subraya. 

En 2024, Canarias registró al menos 29 incidencias por contaminación de corta duración, un 10,4% del total de episodios contabilizados en todo el país, según los datos publicados en el Informe Nacional de Calidad de Aguas de Baño del Ministerio de Sanidad. Las contaminaciones de corta duración se producen por la aparición de E.coli o Enterococos intestinales, sus causas son claramente identificables y su impacto no debe durar más de 72 horas. 

Estos episodios se producen, según explica este documento, después de lluvias intensas. “A veces se vierte una mezcla de aguas superficiales y aguas residuales en las aguas de baño o en sus proximidades, lo que afecta a la calidad de las aguas de baño al introducir bacterias que pueden perjudicar a la salud humana”, señala el texto. 

Las borrascas y los vertidos 

Julio Muñiz Padilla, profesor jubilado de Química Ambiental, explica que, en episodios de lluvias abundantes, los rebosaderos de presas y de las propias Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), a las que llegan en gran cantidad aguas residuales mezcladas con las de lluvia, terminan en el mar produciendo manchas de densidad menor a 1,05 gramos por mililitro. Estas manchas resultan de la mezcla de suelo orgánico, residuos, plásticos y microplásticos y colonias de bacterias, que llegan al mar a través de barranquillos, zanjas y emisarios.

El químico explica que, “en muchísimos lugares de la costa tinerfeña y canaria”, en general en zonas pobladas donde hay emisarios marinos, hay muchos sedimentos acumulados procedentes de los vertidos de aguas residuales, depuradas y de los rechazos de la regeneración de estas últimas. “La naturaleza proteica de estos sedimentos hace que con mareas de fondo y tormentas se produzcan natas, como cuando se bate la clara de un huevo”, detalla. “Cuanto más oscuras son esas natas, mayor origen antropogénico tienen y más peligrosas son”, explica.

“Alguna de esta cadena de borrascas que hemos tenido en las islas en este invierno han aportado aguas más cálidas que las habituales. También han aportado nutrientes. Esta combinación, más temperaturas altas, promueven un caldo de cultivo que aumenta el riesgo de formación de colonias tanto de bacterias intestinales como de bacterias oportunistas, normalmente más tropicales, y también de arqueas cianobacterias y microalgas”, explica el experto. 

En este caso, la voz de alarma la dio Felipe Ravina, graduado en Ciencias del Mar y documentalista, a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. “¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Ya hay casos de enfermedades graves. ¿Hace falta que muera alguien para que todos nos unamos contra la manada de incompetentes que están llevando a la isla hacia un colapso irreversible?”, cuestionaba. 

Sin respuestas de Arona 

El pasado 25 de marzo este periódico preguntó al Ayuntamiento de Arona en cuántas playas del municipio se colocó la bandera roja durante el paso de Therese y por qué, por qué los socorristas estaban protegidos con guantes y mascarillas y si se había recomendado a la población que no se bañara en las playas de Arona después de estas importantes lluvias. Nueve días después, la corporación municipal no ha respondido a ninguna de las preguntas.

Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que el problema de vertidos se reprodujo también en el municipio de Adeje. “El barranco de Troya está en el medio y suelta las aguas fecales por el barranco, y esas van tanto a Las Américas como a la playa de Troya”, afirmaron. 

“En bocas de barrancos donde corre mucha agua de lluvia y a la salida de los emisarios de aguas residuales o industriales, el agua del mar reduce su salinidad, y aumenta exponencialmente la supervivencia de las bacterias intestinales como E.coli o Enterococos”, apunta el químico Julio Muñiz en respuestas a este periódico.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Adeje han señalado que durante los días de la borrasca, en el municipio solo se colocaron banderas rojas ''por el mal estado del mar y la alerta de oleaje''. ''Por ningún otro motivo'', aseveran. Además, afirman que no se ha recomendado a la población no bañarse en el mar después de estas importantes lluvias. Sobre el uso de guantes y mascarillas por parte de los socorristas, el Ayuntamiento asegura que “ninguno de los socorristas de esas imágenes son de playas del municipio de Adeje''. 

118 puntos ilegales de vertido

Las últimas muestras de agua de las playas de Arona y Adeje fueron tomadas el 16 de marzo, de acuerdo con la información publicada en Náyade, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño. Todas las analíticas tomadas entonces concluyeron que estas zonas eran aptas para el baño. 

En la playa de Las Vistas, por ejemplo, donde se han organizado múltiples protestas contra los vertidos, se registraron 29 Unidades Formadoras de Colonias de E.coli por cada 100 mililitros (UFC/ml), y 12 UFC/100 ml de Enterococos. El dato aumentó respecto a la anterior muestra, tomada el 23 de febrero, cuando los resultados fueron de 1 UFC/100 ml y 4 UFC/ml respectivamente. 

Para que la calidad del agua deje de considerarse excelente se deben superar los 250 UFC por cada 100 ml. Para el químico, un “simple análisis directamente del agua que dé negativo en determinadas bacterias no es suficiente garantía para asegurar la salubridad del baño”. 

''De hecho, cuando hay opacidad es conveniente el análisis bacteriano en especies filtrantes como lapas, burgados, mejillones y también el de la grasa de peces como pedregales, meros, cabrillas, lagarto, romeros, morenas, que pueden acumular hepatotoxinas como las ciguatoxinas y otras'', añade el profesor. 

''En definitiva, mi opinión, sin pruebas pues no he realizado análisis, es que las aguas marinas litorales donde hay espumas marrones y manchas no son las más adecuadas para el baño'', concluye Muñiz. 

En noviembre, la borrasca Claudia también sacó a relucir las costuras de la gestión de las aguas residuales. Un montón de toallitas y otros residuos se amontonaron en la popular Caleta de Interián, en Garachico, en el norte de Tenerife. En Arona, también se identificaron bolas blancas en la costa, resultado de la mezcla de jabones, pelos y papel.

Tenerife concentra la mayoría de puntos de vertido de tierra al mar de Canarias, según los datos actualizados del Censo de Vertidos del Gobierno autonómico. La isla cuenta con 180 de los 403 puntos de vertido identificados en las islas y, de ellos, 118 son ilegales o están en trámite de ser autorizados. 

En diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España por incumplir sus obligaciones en el tratamiento de aguas residuales urbanas. La sentencia concluyó que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales en diferentes puntos del país, la mayoría en Tenerife, antes de verterse al mar. Entre los doce enclaves de Tenerife a los que hizo referencia el TJUE está el núcleo Adeje-Arona.

''La Iglesia ha tenido que dar su brazo a torcer y es un triunfo de la sociedad y de la gente demócrata'', celebra Ciro Molina, superviviente de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en Tenerife. Este lunes, el Gobierno de España y la Iglesia han firmado un protocolo para reparar a las víctimas de pederastia. En este acuerdo han participado el Ministerio de la Presidencia, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos.

El objetivo, según consta en el documento, es ''reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas'', así como asegurar la justicia y la reparación efectiva con medidas simbólicas, económicas, o con apoyo y acompañamiento psicológico.

Las solicitudes se gestionaran a través de una unidad especializada que evaluará cada caso con ''criterios de confidencialidad y rigor profesional''. Además, se diseñará una Comisión Mixta encargada de asegurar que las resoluciones se adopten de forma ''consensuada y eficaz''. Esta comisión la integrarán nueve miembros: uno propuesto por el Ministerio de la Presidencia, dos por el Defensor del Pueblo, dos por la CEE, y dos designados por las víctimas.

Sobre las indemnizaciones económicas, el convenio no establece baremos ni horquillas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado en rueda de prensa que ''una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima''. Lo que sí establece el protocolo - ha apuntado- son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, entre ellos la gravedad del daño, la reiteración o la edad.

El superviviente de abusos en Tenerife considera positivo que las cantidades no estén tasadas. ''¿Cómo cuantificas el dolor? Lo importante es ver lo que piden las víctimas, cómo se sienten reparadas, y que gente profesional y objetiva establezca los baremos'', subraya.

Claves

Esta vía de reparación entrará en vigor el próximo 15 de abril y contempla que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024, el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), puedan pedir una indemnización más alta. En el caso de las víctimas que ya han fallecido, sus herederos podrán presentar la solicitud de reconocimiento en su nombre.

La petición se presenta ante la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta la remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. El documento, consultado por Canarias Ahora, establece que se evaluará cada caso y la unidad de víctimas hará una propuesta de resolución y reparación en un plazo de tres meses.

La propuesta de reparación se trasladará a la Iglesia para que la evalúe en un máximo de dos meses. Si la Iglesia y la víctima están de acuerdo, la propuesta será definitiva y la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA) se encargará de su cumplimiento y ejecución. Si hay disconformidad, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra.

El caso de Ciro Molina

Molina comenzó a sufrir abusos sexuales por parte del párroco de su pueblo, Tejina, cuando tenía nueve años, en 1997. Su familia presentó la primera denuncia en 2004, y la respuesta de la Iglesia fue reubicar al agresor. Ciro era monaguillo en la parroquia de su pueblo cuando conoció al agresor. Los abusos se agravaron en 2002, cuando decidió entrar en el seminario. Allí, les obligaban a confesarse de los mandamientos que iban en contra de ''la castidad y la pureza''. ''En el momento de la confesión, él nos preguntaba si nos masturbábamos y en qué pensábamos. A la vez que me preguntaba, me empezaba a tocar el muslo'', relató a Canarias Ahora la víctima. Otras veces, el párroco le pedía al niño que le besara en las manos, y en una ocasión le besó en la boca.

Molina también ha denunciado públicamente abusos en la casa del sacerdote. ''Me metió en una sala. Era un salón de las casas de antes, no tenía muebles. En medio había una silla. Se sentó y me empezó a tocar. No me llegó a meter la mano por el pantalón, pero sí por debajo de la camisa. Cuando yo sentí la mano por mi abdomen me levanté y me fui contra la puerta'', recuerda.

Hace solo cinco días, salió a la luz un audio grabado en una reunión entre el anterior obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, y Ciro Molina. En este encuentro, Álvarez describe cómo la Iglesia encubrió al agresor: ''Lo mandó a Salamanca y estuvo un año haciendo una especie de reciclaje, y cuando regresa lo ponen de capellán en el asilo, y allí estuvo''.

En este mismo audio, Álvarez justifica las agresiones sexuales a menores alegando que los niños le han ''provocado''. ''Yo tengo experiencia de eso como sacerdote. Chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Entonces, tú ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años. Ahora es 16 o 18, no sé cuánto. Ahora es 16, ¿no? Bueno pues, yo recuerdo en la isla de La Palma, en Tazacorte…'', se escucha en el audio

El audio fue entregado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y a la Comisión Pontificia de Protección a los Menores del Vaticano. Molina pidió al Ministerio Público que abra diligencias de investigación y que le brinde asesoramiento y amparo, pero desde la Fiscalía han explicado a este periódico que la denuncia se presentó, se incoaron diligencias, pero se archivaron al haber prescrito los hechos. 

En declaraciones a esta redacción, Molina valora que este convenio es ''el principio del fin de tanto horror''. ''Es un triunfo de nuestro sistema democrático y sentimos una alegría muy grande. En sistemas que no son democráticos, este tipo de reparaciones serían impensables'', añade. Las víctimas entendían que el acuerdo - ''o el desacuerdo'' - debía darse antes de la visita a España del Papa León XIV, que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio y en la que está incluida Canarias.

El Gobierno de Canarias ha sacado a exposición pública este jueves la ocupación de la costa de Tenerife por un proyecto señalado por los ecologistas como greenwashing o postureo ambiental. Los trabajos consisten en colocar arrecifes artificiales y estaciones de monitoreo oceanográfico en el litoral de Punta Blanca, en el municipio de Guía de Isora. La autorización la pide la empresa Underwater Gardens International S.L. para un periodo de cuatro años sobre 11.691,45 metros cuadrados del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y se enmarca en el proyecto europeo Horizon Ocean Citizen. 

El expediente completo del proyecto estará disponible para su consulta pública durante un plazo de 20 días a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y se pueden presentar alegaciones. La documentación, consultada por este periódico, detalla que este protocolo de restauración marina se ejecutará en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca, perteneciente a la Red Natura 2000, entre los núcleos costeros de Alcalá y Varadero.

El proyecto tendrá un coste de 11 millones de euros, de los cuales 10 millones están financiados por la Comisión Europea. Según la documentación, las actuaciones para las que se ha pedido ocupar zona costera protegida tienen fines “exclusivamente científicos y sin ánimo de lucro”. 

Este modelo no solo se desarrollará en Tenerife, sino también en Tarragona, Køge Bay (Dinamarca), Porsangerfjorden (Noruega) y Eilat (Israel). Sin embargo, Tenerife es el único lugar donde se llevará a cabo la ‘’totalidad del conjunto de acciones técnicas y de restauración’’, incluyendo además actividades de ciencia ciudadana y herramientas de divulgación. 

Qué es un arrecife artificial

Un arrecife artificial es una estructura creada por el ser humano y colocada en el fondo marino. Imita las características de un arrecife natural con el objetivo de regenerar ecosistemas dañados. La actuación contempla la instalación de 86 módulos de arrecifes artificiales, un arrecife flotante y tres estaciones de monitorización, repartidos entre tres zonas de la plataforma marítima: somera, mesofótica y profunda. Según el documento, estarán a una distancia de la costa comprendida entre los 400 y los 1.300 metros.

El proyecto básico justifica la ‘’necesidad’’ de intervenir en esta zona en el estado de conservación de la zona y asegura que “muestra claros signos de empobrecimiento de hábitats, bajos índices de biodiversidad y biomasa, ausencia de complejidad ecológica y alta presión antrópica’’. 

Underwater Gardens 

En este mismo enclave se proyecta Underwater Gardens, un parque planteado como regenerativo y sostenible, con instalaciones en tierra y mar, que ocupará 17 hectáreas en el sur de Tenerife. En 2022 fue declarado de interés insular. Entonces, el Cabildo justificó que se trataba de una iniciativa estratégica para recuperar el turismo perdido en la pandemia. 

Un informe de 2022 emitido por el Cabildo de Tenerife sobre el interés insular del proyecto ya recogía que la iniciativa incluía entre sus estrategias intervenciones encaminadas a la creación de arrecifes artificiales, además del fomento del ecoturismo y acciones formativas y de sensibilización a la sociedad sobre el medio marino. Otro informe de la corporación insular de 2024 habla de que este proyecto prevé la afluencia de 3.000 visitantes diarios en sus instalaciones. 

Colectivos ecologistas se han manifestado en contra de la ocupación de suelo para este proyecto, y han impulsado una recogida de firmas que cuenta ya con 62.520 apoyos en la plataforma WeMove Europe. 

“Está condenado al fracaso’’

La plataforma Salvar Punta Blanca ya ha anunciado que presentará alegaciones. “Este supuesto proyecto de regeneración es utilizado por la promotora para sacar adelante su parque temático en la zona costera protegida, optando a una concesión pública con fines turísticos privados’’, han señalado en un comunicado publicado este viernes. 

Los ecologistas consideran que la actuación es una “estrategia descarada de greenwashing”. La plataforma tilda de “inaceptable” que se destine “dinero público a un proyecto privado que pretende lucrarse con la turistificación de una zona aún libre de la masificación turística”. Además, denuncian que en la documentación pública se oculten los nombres del equipo técnico que está detrás del proyecto. ''Esto impide conocer si los técnicos son competentes en la materia y poder alegar sobre ello'', advierten.

Salvar Punta Blanca rechaza que la intervención recoja instalar “estructuras artificiales de hormigón en el fondo marino, sin justificar que la pérdida de biodiversidad se deba a la ausencia de estructura física, algo que no ocurre en la zona, ya que los arrecifes son de origen volcánico y no han sido alterados”. 

La plataforma denuncia que el proyecto plantea el trasplante de sebadales, corales, esponjas y otras especies sin eliminar previamente las causas de su degradación, lo que “contradice los principios básicos de la restauración ecológica”. En esta línea, afirman que cualquier proyecto de regeneración que no elimine las causas de la degradación está condenado al fracaso.

Omar* ya está en Gran Canaria. Han pasado 50 días desde que este niño marroquí de 14 años y con un grado de discapacidad del 93% perdió su cita para una operación al no poder volar desde Lanzarote por falta de documentación. Este viernes 27 de marzo, ha podido desplazarse junto a su madre gracias al acompañamiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de Arrecife y de la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye. ''Ya estamos en Las Palmas'', celebraba su madre con voz de alivio en un mensaje de audio a primera hora de la mañana.

El niño llevaba tres años esperando por esta operación que, según explicó la familia a esta redacción, puede hacer más fácil el día a día de Omar, que vive en Lanzarote y es totalmente dependiente. Para comer o caminar necesita la ayuda de su madre, Mina Lembadia, una mujer de 44 años que tiene cuatro hijos menores a su cargo. El 5 de febrero, ella había dejado todo organizado para poder viajar con su hijo a gran Canaria.

Llegaron al aeropuerto y, en la puerta de embarque, el personal de la aerolínea les dijo que no podían volar porque el niño no tenía pasaporte ni ningún otro documento con foto que acreditara su identidad. Para conseguir el pasaporte, el menor tiene que ir al Consulado de Marruecos, que está en Gran Canaria. Tenía cita el 6 de febrero, pero al no poder embarcar, la perdió.

Desde la compañía Binter respondieron entonces que se aplicó la legalidad vigente y por ello no lo dejaron embarcar. Las normas obligan a los viajeros mayores de 14 años a identificarse con cualquier tipo de documento, pero en el caso de los de nacionalidad extracomunitaria, la exigencia se eleva y se exige “pasaporte o documento de identidad en vigor, carné de conducir expedido en España o permiso de residencia español o de algún Estado Schengen (en vigor y con fotografía)''.

La Seguridad Social había costeado los billetes de ambos para el 5 de febrero, y el Ayuntamiento había cerrado con Cruz Roja un alojamiento para que los dos pudieran pasar la noche. Todo se perdió. Sin embargo, con la ayuda de los servicios sociales del municipio y de la abogada, pudieron reagendar la operación.

''Llevamos toda la documentación al aeropuerto. Con carácter previo contactamos con la aerolínea y con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y presenté medidas cautelares al Juzgado, que no prosperaron. Se aportó toda la documentación: cita médica, resolución de discapacidad, la partida de nacimiento, la cita que perdieron del consulado anterior y la solicitud al Ministerio del Interior para la autorización de residencia'', explica la abogada.

El primer viaje a Lanzarote

Mina llegó a Lanzarote en noviembre de 2021 en una patera con unas 25 personas a bordo. Viajó con Omar, con sus dos hijas y con otro de sus hijos, que entonces era un bebé. Salió de su pueblo sin decir nada a su familia, con la única intención de que su hijo, que tenía entonces nueve años, pudiera recibir tratamiento médico. Los informes médicos del menor consultados por este periódico le reconocen un grado de discapacidad del 93% por una limitación en la actividad física y psíquica. Estos documentos también reconocen su situación de vulnerabilidad social. 

La travesía duró tres días, en los que no tuvieron agua ni comida. “Mi madre había preparado una bolsa con algunas cosas, pero se quedaron en la playa”, recuerda una de las hijas. La menor también cuenta que su hermano Omar ya no puede estar cerca del mar. “Le tiene mucho miedo y cuando lo ve, llora”, describe. Cuando llegaron, Mina y Omar fueron evacuados directamente al hospital. “Él estaba muy frío y tenía los labios violetas”, recuerda Mina. Ella, al estar 72 horas sentada en la misma posición y mojarse, se le caía parte de la piel. 

En Lanzarote, Mina ha conseguido un permiso de trabajo y con su sueldo intenta sacar adelante a los cuatro niños. Por las mañanas, Omar va a un colegio adaptado a personas con discapacidad. El estado de salud del niño ha mejorado, cuenta su madre. “Llegó sin poder caminar y ahora puede hacerlo, con ayuda, pero camina”, concluye. 

*Nombre ficticio para preservar la identidad del menor.

''El daño que yo he sufrido, que ha sufrido mi familia… ¿Eso cómo se repara?'' Esta es la pregunta que lleva haciéndose casi 30 años Ciro Molina y que aún nadie le ha respondido. Tenía nueve cuando, en 1997, empezaron los abusos sexuales que sufrió por parte del entonces párroco de su pueblo, en Tenerife. Su familia presentó la primera denuncia en 2004, y la respuesta de la Iglesia fue reubicar al agresor.

Molina ha llevado su caso a la Fiscalía, al Ayuntamiento de La Laguna, e incluso al Vaticano, pero hasta ahora nadie le ha pedido perdón ni le ha ofrecido reparación. ''Lamentablemente, toda esta historia ha tenido que ser pública porque no hay otra manera de hacer frente a la Iglesia'', dijo en 2024 a esta redacción.

Un audio hecho público este jueves revela cómo el obispado de Tenerife encubrió a su agresor. El superviviente se reunió con el anterior obispo de la isla, el ya fallecido Bernardo Álvarez, poco más de un año antes de su muerte, en verano de 2024. Este encuentro fue grabado. En el audio, al que ha accedido Canarias Ahora y que fue adelantado por El País y Cadena SER, Álvarez también justifica los casos de pederastia acusando a los niños de provocación. 

Obispo: Yo tengo experiencia de eso como sacerdote. Chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Entonces, tú ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años. Ahora es 16 o 18, no sé cuánto. Ahora es 16, ¿no? Bueno pues, yo recuerdo en la isla de La Palma, en Tazacorte…

Víctima: Los niños no provocan, Bernardo.

Obispo: No, no, no, no, no, no

Víctima: Es al revés. Eso es una visión adultocéntrica. Los niños no provocan, hombre. ¿Tú te crees que a mí Carmelo me hacía eso porque yo lo provocaba?

Obispo: No, no, no, no. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de personas con 13 o 14 años… Esa es la experiencia que yo tengo.

El audio, según ha podido saber este periódico, está en poder de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de la Comisión Pontificia de Protección a los Menores del Vaticano. Molina pidió al Ministerio Público que abra diligencias de investigación y que le brinde asesoramiento y amparo. Desde la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife han explicado a este periódico que la denuncia se presentó, se incoaron diligencias, pero se archivaron al haber prescrito los hechos.

La Diócesis de Tenerife ha asegurado este jueves desconocer la grabación y el ''contexto en que se realizó''. El obispado ha manifestado el ''rechazo rotundo a cualquier tipo de abusos cometido contra menores'' e insiste en ''la importancia de acudir al cauce legal actual para que las víctimas denuncien los casos ante las autoridades judiciales''-

Esta no fue la primera vez que Álvarez justificó así los abusos a menores en el seno de la Iglesia. En 2007, en una entrevista publicada en La Opinión de Tenerife, dijo que ''puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay''. ''Hay adolescentes de 14 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas, te provocan'', afirmó. 

El obispo fallecido ha protagonizado otras polémicas por sus reiteradas declaraciones homófobas. En febrero de 2022, el prelado fue investigado por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife por un posible delito de odio, después de que dijera en la televisión pública de Canarias que la homosexualidad es un ''pecado mortal'' y la equiparara al alcoholismo.

Durante su conversación con Molina, el obispo le dice que ''el 80% de los que han abusado de menores son homosexuales'', a lo que la víctima responde: ''Pero Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor''.  

Reubicar a los agresores

En la conversación grabada, Bernardo Álvarez describe el mecanismo que se ha empleado para encubrir a los agresores: trasladarlos a otros territorios. El obispo repite hasta en dos ocasiones que ''en aquella época, la costumbre era cambiar al sacerdote de sitio, igual que se hacía con los maestros cuando tenían cualquier problema en la escuela''. 

''Estaba don Felipe [ en referencia a Felipe Fernández, el obispo que le precedió en Tenerife], y yo no sé lo que hizo don Felipe, incluso te acuerdas que cuando don Felipe sacó a don Carmelo de Tejina, mucha gente protestó. Lo mandó a Salamanca y estuvo un año haciendo una especie de reciclaje y cuando regresa lo ponen de capellán en el asilo, y allí estuvo'', reconoce Bernardo Álvarez.

Ciro Molina era monaguillo en la parroquia de su pueblo cuando conoció al agresor. Los abusos comenzaron cuando él tenía nueve años y se agravaron en 2002, cuando decidió entrar en el seminario. Allí, les obligaban a confesarse de los mandamientos que iban en contra de ''la castidad y la pureza''. ''En el momento de la confesión, él nos preguntaba si nos masturbábamos y en qué pensábamos. A la vez que me preguntaba, me empezaba a tocar el muslo'', relató a Canarias Ahora la víctima. Otras veces, el párroco le pedía al niño que le besara en las manos, y en una ocasión le besó en la boca.

Molina también ha denunciado públicamente abusos en la casa del sacerdote. ''Me metió en una sala. Era un salón de las casas de antes, no tenía muebles. En medio había una silla. Se sentó y me empezó a tocar. No me llegó a meter la mano por el pantalón, pero sí por debajo de la camisa. Cuando yo sentí la mano por mi abdomen me levanté y me fui contra la puerta'', recuerda.

''Nos trataron como apestados''

Cuando su familia, católica y muy ligada a la Iglesia del pueblo, puso la primera denuncia en 2004, tuvo que enfrentarse al ''terrorismo social''. Vecinos de Tejina y miembros de la Iglesia emprendieron una ''persecución'' contra su padre y contra su madre, que murió cuatro años después.

En 2005, Molina puso en conocimiento de un monseñor del Vaticano, ahora fallecido, los abusos que sufría. Lo hizo a través de correos electrónicos. ''Yo creo en tus afirmaciones, pero en lo que más creo es en la capacidad que tenemos las personas de perdonar y de olvidar las debilidades de los demás'', le respondió el alto cargo de la Iglesia en uno de los mensajes.

En 2014, el superviviente volvió a denunciar el caso de pederastia ante la Diócesis de Tenerife. ''Ustedes a nosotros no nos trataron como hijos de la Iglesia, sino como apestados'', afeó Molina al obispo en el encuentro de 2024.

La primera vez que se sintió apoyado fue cuando en 2014 un psicólogo creyó su testimonio. El informe elaborado por el profesional relata que la víctima sufrió ya siendo mayor de edad un síndrome depresivo con ideas suicidas, ansiedad, bloqueo del desarrollo evolutivo y comportamientos autodestructivos. Antes de eso, sus notas bajaron y empezó a faltar a las clases.

''Yo no entendía lo que estaba pasando, pero es triste que uno descubra la sexualidad de esa manera y no de forma natural“, dice Ciro. ”Es doloroso sentir una mano extraña en tu cuerpo. Ahora cuando siento una mano en mi muslo, reacciono. Cuando sufres eso crees que todo el mundo te va a hacer daño'', contó en 2024 a esta redacción.  

El superviviente tuvo que abandonar sus estudios, a pesar de ser un alumno sobresaliente, y empezó a tener problemas para dormir. Con el tiempo, ha intentado recomponer su vida y ha cursado un ciclo de integración social.

El testimonio de Molina fue anónimo durante años, hasta que en 2022 se convirtió en la primera víctima en contar su caso ante un pleno municipal. El superviviente narró los hechos en el Ayuntamiento de La Laguna e incluso exigió allí la dimisión del obispo. En el encuentro de julio de 2024, Bernardo Álvarez hace referencia a esta comparecencia como un ''montaje''.

El caso de Molina es uno de los 24 recogidos por el Defensor del Pueblo en Canarias para su informe sobre casos de pederastia en el seno de la Iglesia. El documento, publicado en 2023, incluye doce casos en Tenerife, nueve en Gran Canaria, uno en Lanzarote, uno en La Gomera y otro en La Palma.