La cadena balear RIU ha presentado un proyecto para modernizar y reformar uno de los hoteles que tiene en las Dunas de Corralejo, el Hotel RIU Palace Tres Islas. La empresa ha remitido al órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura un documento para la evaluación de impacto ambiental simplificada de la obra, que contempla la creación de seis habitaciones nuevas. Este informe justifica que el edificio se está degradando por su “exposición a la maresía” y plantea varias actuaciones para que se convierta en un “referente de sostenibilidad”, a pesar de la polémica que existe sobre él por estar sobre un Parque Natural y en zona de protección costera.

Los colectivos ecologistas Turcón y Ben Magec han presentado alegaciones al proyecto de modernización, que fue sometido a exposición pública, e insisten en que las reformas son “incompatibles” con la protección del dominio público marítimo terrestre y del entorno natural de alto valor ecológico en el que se sitúa el hotel. Los ecologistas consideran que el proyecto contradice “los principios de sostenibilidad ambiental y de interés general que deben regir la actuación administrativa”. 

Según el documento del proyecto de modernización consultado por Canarias Ahora, la intervención se vertebra en torno a cuatro ejes: la renovación del sistema de climatización para mejorar la eficiencia energética; la seguridad estructural, para revertir la degradación derivada del entorno y la antigüedad; la modernización funcional y de accesibilidad; y la sostenibilidad y uso eficiente de los recursos, incluyendo la implantación de tecnologías de ahorro hídrico.

El proyecto incluye más de 20 actuaciones. Entre ellas, crear seis habitaciones nuevas en la sexta planta del edificio, aparcamientos, sustituir todos los ascensores, sustituir los extractores de cocina, reformar el lobby de recepción, crear un nuevo solárium, una nueva zona de fitness, reformar una de las piscinas y una zona de SPA adaptada a personas con movilidad reducida. En el documento, RIU sostiene que la reforma actuará “exclusivamente” sobre la edificación existente, y se concentrará en las zonas interiores del edificio, las zonas nobles, las zonas de servicio, equipamientos deportivos y piscinas.

Espacios integrados en la Red Natura 2000

El documento ambiental de RIU analiza el impacto que las obras de modernización tendrán sobre los espacios naturales atravesados por el hotel y que forman parte de la Red Natura 2000. En concreto, el proyecto se desarrolla sobre una parcela catastral de 30.438 metros cuadrados afectada por la Zona de Especial Conservación (ZEC) Corralejo, la ZEC Sebadales de Corralejo, la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Isla de Lobos y la ZEPA Espacio Marino de La Bocayna. 

Entre las aves que pueden identificarse en la zona están la pardela cenicienta, el paíño europeo, el petrel de Bulwer, el alcaraván, el chorlitejo patinegro o el guirre, en peligro de extinción. En cuanto a la flora, destaca la seba, que forma las praderas de sebadales, de interés para los ecosistemas canarios y que, además, está incluida en el catálogo de especies protegidas y vulnerables. 

“Las principales actividades que se desarrollan en la zona relacionadas con el establecimiento hotelero y que pueden producir impactos en la ZEC son los vertidos desde tierra al mar”, detalla el documento. Según el promotor, no se prevé con este proyecto “ningún impacto” en la ZEC marina porque no se planea ninguna intervención en las infraestructuras hidráulicas ni en el ámbito marino. En sus conclusiones, RIU insiste en que “no se prevén efectos significativos sobre los hábitats protegidos” y sostiene que los potenciales efectos negativos sobre el entorno son “de carácter temporal, reversible y de baja magnitud”, concentrados principalmente en la fase de reforma. 

''Mejorar'' el servicio hotelero

Según RIU, la reforma de consolidación y modernización es “imperativa” para garantizar la seguridad de la estructura y la “sostenibilidad ambiental”, pero también para “mejorar la oferta como servicio hotelero”. La cadena insiste en que el inmueble, situado en el espacio natural Grandes Playas en dominio público marítimo terrestre, presenta una “obsolescencia técnica y energética crítica”, sumada a la degradación material y por su exposición a la maresía. 

De todas las alternativas propuestas por Riu, la cadena opta por la número 3, que incluye el cese total de la actividad alojativa durante el periodo de las obras. “El cierre temporal permite que la modernización sea rápida, segura y profunda, transformando un complejo obsoleto en un referente de sostenibilidad ambiental en el espacio protegido”, señala el texto.

Las alegaciones de los ecologistas 

Los colectivos ecologistas Turcón y Ben Magec han presentado alegaciones al proyecto e instan a la administración a “actuar con firmeza, conforme a la legalidad vigente y en defensa del bien común”. Ambos han pedido la culminación efectiva de la demolición del hotel Oliva Beach, garantizando la restauración del espacio natural ocupado, así como la continuidad del procedimiento de caducidad de la concesión del hotel Tres Islas.

En la documentación remitida por los ecologistas al Ayuntamiento de La Oliva y a la que ha tenido acceso este periódico, Turcón subraya que estos hoteles ''han sido un mal ejemplo de cómo llevar una política sostenible de la actividad turística'', al ocupar ''el bien ambiental que sirve de atractivo''. Además, afirman que se ha puesto en riesgo el derecho de la ciudadanía al uso del dominio público y los bienes ambientales a preservar.

Para Turcón y Ben Magec, la caducidad de la concesión y la demolición de los hoteles ''redundarán en el beneficio de las Dunas de Corralejo, de Fuerteventura y de la sociedad canaria en general''. En esta línea, piden apoyo a las administraciones públicas para que demuestren si están comprometidas con la defensa del territorio y del interés público. ''Se trata de avanzar hacia un modelo turístico realmente sostenible, que no sea depredador, y que se base en el interés general, en lugar de en los privilegios y beneficios de unos pocos [...]'', subrayan.

Tanto este hotel como el Oliva Beach, también sobre las Dunas de Corralejo, recibieron la bandera negra de Ecologistas en Acción por gestión ambiental al tratarse, según la organización, de “dos casos muy graves de ocupación del Espacio Público Marítimo Terrestre”. RIU también presentó en 2017 tres proyectos de reforma para el Oliva Beach, dos de los cuales fueron rechazados por incumplir la Ley de Costas. En abril, la Audiencia Nacional validó la renuncia de la empresa a las tres propuestas. 

En julio de 2023, la Dirección General de Costas inició un nuevo expediente para declarar la caducidad de la concesión otorgada al hotel Tres Islas para ocupar el dominio público. Fue en 2007 cuando una orden ministerial otorgó a Sonco Canarias (absorbida por RIU) la concesión hasta 2037. La condición: que no se modificara ni la altura ni la superficie del hotel, ubicado sobre un espacio natural protegido.

Poco más de un año después, personal de vigilancia de Costas comprobó que se habían ejecutado unas obras de ampliación e impuso una sanción de 10.885 euros y la orden de devolver el inmueble a su estado anterior. Los requisitos no se cumplieron, por lo que en 2021 se incoó un expediente de caducidad de la concesión. Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, informó en 2023 de que el procedimiento de 2021 había superado el plazo máximo de tramitación.

Al constatar que se mantenían las obras que incumplían la normativa y las condiciones de la concesión, se reinició el proceso en 2023, pero según denunciaron los ecologistas, “se dejó caducar” sin una resolución firme. En 2025 se procedió a la demolición de las suites ilegales localizadas en la azotea del Hotel Tres Islas para dar cumplimiento al requerimiento de Transición Ecológica, pero Turcón-Ecologistas en Acción calificó la actuación de “parche estético”.

Para el colectivo, este derribo no puede entenderse como “una reparación del daño causado al dominio público marítimo-terrestre”, sino “como un lavado de imagen”. Aunque desde 2023 el Gobierno de Canarias tiene competencias en materia de costas, preguntado por la situación administrativa actual del Tres Islas, el Ejecutivo regional responde que el asunto es “responsabilidad del Estado”. Este periódico ha planteado la pregunta también al Ministerio, que hasta el momento no ha respondido.

En el documento ambiental, el promotor mantiene que el proyecto se localiza dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre y que la unidad estructural de las edificaciones existentes tiene otorgada la concesión administrativa de ocupación. Así, apela a la Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral, que establece que “mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización” siempre que no impliquen “aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes”. 

Dos orcas llevan 515 días en un tanque dentro de un zoológico cerrado en Francia. El 5 de enero, atendiendo a la nueva ley de bienestar animal del país, el mayor parque marino de Europa, Marineland, puso fin a sus espectáculos con cetáceos. Sin embargo, la falta de previsión dejó sin resolver un elemento clave: qué hacer con los animales. Esta encrucijada aún no se ha resuelto y Wikie (24 años) y su hijo Keijo (11) llevan un año y cuatro meses viviendo en una piscina. Son varias las propuestas que se han puesto sobre la mesa, entre ellas, su reubicación en un santuario. Sin embargo, ahora una opción parece imponerse sobre las demás: trasladar a los animales al zoológico Loro Parque, en Tenerife.

En mayo, el ministro de Transición Ecológica francés, Mathieu Lefèvre, reconoció en su cuenta de Instagram que “la situación de los cetáceos está congelada” desde enero de 2025. El Gobierno de Francia, que antes apostaba por el traslado de las orcas a un santuario en Canadá, dice ahora que esta alternativa no es “factible a corto plazo”. Así, ante el estado de degradación de las instalaciones, Lefèvre concluyó que la única forma de dar una respuesta urgente es enviarlas a Loro Parque, propiedad del magnate alemán Wolfgang Kiessling. 

Loro Parque, que desde el principio mostró su deseo de recibir a Wikie y a Keijo, sumándolas a las cuatro orcas que ya tienen en el parque, dijo aceptar la propuesta del ministro francés por “responsabilidad moral”. Sin embargo, la empresa ha intentado colocar la pelota en el tejado del Gobierno de España, pidiendo su visto bueno para “garantizar la seguridad jurídica del proceso”. 

La autoridad científica española ya emitió un informe desfavorable sobre el traslado de las orcas a Tenerife. Ante esto, Loro Parque presentó un contencioso-administrativo contra el CITES (Convenio sobre el tráfico internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres) y un requerimiento ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para exigir que se hiciera público el contenido de este informe científico-técnico. 

La respuesta del Gobierno de España

Preguntado por este periódico, el Ministerio para la Transición Ecológica ha respondido que “no puede afirmarse que el traslado esté autorizado por España”, ni que la ejecución del mismo dependa de nuevas actuaciones por parte de las autoridades españolas, más allá de las previstas legalmente y que ya se han realizado. “La decisión última corresponde exclusivamente a Francia, pero dentro del marco regulatorio europeo y nacional y sobre la base de las valoraciones científicas preceptivas y su ajuste a la legalidad”, aseveran.

Transición Ecológica recuerda que el eventual traslado de los animales se rige por un procedimiento estrictamente regulado por la normativa europea y por el marco CITES aplicable entre Estados miembros, teniendo en cuenta también la legislación de cada Estado en materia de biodiversidad y bienestar animal. Desde el Ministerio apuntan al Artículo 9 del Reglamento (CE) número 338/97 relativo a la protección de especies mediante el control de su comercio, que establece que la autorización final corresponde “exclusivamente” a la autoridad administrativa CITES del Estado miembro de origen, en este caso Francia.

Para ello, es imprescindible contar con una previa valoración científica favorable del Estado miembro de destino. En España, explican desde Transición Ecológica, la evaluación corresponde al Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), como autoridad científica CITES competente. “El informe científico emitido hasta la fecha ha sido desfavorable, atendiendo a criterios técnicos vinculados al bienestar y la conservación de los ejemplares’’, confirma el departamento que dirige Sara Aagesen Muñoz.

Sin embargo, el Ministerio recuerda que Francia podría invocar determinadas excepciones contempladas en el Reglamento, como la modificación del código de origen de los ejemplares. De esta manera, se podría exceptuar a este traslado de la aplicación del procedimiento administrativo que exige el informe previo favorable de España.

En este sentido, “España ha recabado la opinión de la Comisión Europea, que apunta precisamente a la necesidad de abordar este asunto conforme a una aplicación rigurosa del marco reglamentario europeo y el Convenio CITES, y no desde enfoques bilaterales al margen de los mecanismos previstos por la Unión Europea”. 

''Poner fin a la explotación de cetáceos''

PETA, la mayor organización mundial por los derechos de los animales, ha mostrado su oposición al traslado de las orcas al Loro Parque. La vicepresidenta sénior de PETA para Europa, Mimi Bekhechi, subraya que en el zoológico de Puerto de la Cruz “los cetáceos en cautiverio siguen sufriendo y muriendo”. “Tras toda una vida de sufrimiento, el Gobierno debería garantizar que estos animales muy inteligentes y sociales sean reubicados en un santuario marino, y no en otra prisión acuática donde serán obligados a entretener a multitudes que pagan por verlos”, asevera.

En esta línea, Bekhechi subraya que el Gobierno francés está “traicionando” su propia ley de 2021, al permitir que Wikie y Keijo sean derivadas a Loro Parque. “Francia prometió poner fin a la explotación de cetáceos, no exportarla, y le exigimos que cumpla este compromiso y que haga lo correcto con estas orcas”, añade. 

Además, PETA recuerda que en los últimos años han muerto cuatro orcas en el zoo de Tenerife y destaca que “el parque continúa reproduciendo orcas, lo cual viola de forma directa la prohibición de reproducción de cetáceos establecida por Francia en 2021”. Entre marzo de 2021 y septiembre de 2022 murieron tres cetáceos, y en noviembre de 2024 falleció Keto. Loro Parque publicó un comunicado en el que aseguraba que las muertes eran inevitables y negó que estuvieran relacionadas entre sí.

Por último, PETA también pide al turoperador TUI que suspenda de inmediato la venta de entradas para Loro Parque. La Fundación Franz Weber (FFW) también se ha opuesto al traslado y coincide en que “contradice el espíritu” de la ley francesa de 2021. “La supuesta ”urgencia“ invocada por las autoridades francesas y los propietarios de Marineland no debe servir de pretexto para una decisión precipitada y mal fundamentada”, insisten. Para la Fundación, la presión actual “parece responder más a intereses económicos” que a las necesidades reales de Wikie y Keijo.

En esta línea, la FFW es partidaria de mantener a las dos orcas en Francia hasta que un santuario marino adecuado pueda recibirlas, y subraya que un proyecto de santuario de ballenas está actualmente en construcción en Nueva Escocia (Canadá). Aunque reconocen que esta opción implica riesgos, valoran que “ofrece la esperanza de un futuro mejor”. “El traslado a Loro Parque supone elegir la única opción cuyo resultado ya se conoce: la continuación de la cautividad, los espectáculos y la reproducción de orcas en cautividad”, concluyen. 

La FWW asegura haber asistido a los espectáculos diarios de orcas en Loro Parque, “organizados en un entorno marcado por la música, los altavoces y una intensa estimulación de público”. “Estas observaciones confirman que Loro Parque reproduce precisamente el modelo que Francia ha decidido abandonar”, añaden. La Fundación resalta que la decisión de llevar a las orcas a Tenerife supone “prolongar un modelo en declive” y anuncia acciones legales si se decide ejecutar el traslado.

11 de mayo. Un operativo de interés mundial se desarrollaba en el puerto de Granadilla (Tenerife) para evacuar a los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Mientras tanto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, expresaba su ''máxima preocupación'' por un supuesto repunte en la llegada de migrantes a las islas durante el mes de mayo. Cabello afirmó que frente al descenso generalizado de llegadas registrado en lo que va de año, mayo estaba suponiendo ''un punto de inflexión bastante importante''. Sin embargo, los datos publicados por el Ministerio del Interior este martes desmontan la alarma creada por el Gobierno regional para sortear la crisis del hantavirus.

El último informe quincenal publicado por el departamento de Fernando Grande-Marlaska revela que en mayo llegaron 14 embarcaciones frente a las diez recibidas en abril, y que aún así, las llegadas de migrantes por la ruta canaria han caído un 71% respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que entre enero y mayo de 2025 fueron rescatadas 10.983 personas de 177 embarcaciones precarias, en lo que va de 2026 han sobrevivido a una de las rutas más peligrosas del mundo 3.184 migrantes en 41 cayucos, pateras o zódiacs.

Durante su intervención antes del turno de preguntas de los periodistas, Cabello solo hizo mención al operativo del hantavirus desplegado Granadilla una vez. No lo hizo para hablar de la situación sanitaria, sino para explicar que mientras empezaba la evacuación de los cruceristas, Canarias ''volvió a mostrar su solidaridad atendiendo a 200 personas en otros dos puntos de su costa''. En el Parlamento autonómico, Coalición Canaria también utilizó la inmigración para justificar que la solidaridad del Gobierno canario y responder así a las críticas recibidas por la negativa del partido a que el MV Hondius atracara en las islas, a pesar de la petición de la Organización Mundial de la Salud.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), intentó hasta el último momento frenar la llegada del buque a Tenerife. Fue el 9 de mayo, a pocas horas de que el barco llegara a Granadilla, cuando el dirigente nacionalista se situó en el centro de la polémica al entregar a la ministra de Sanidad, Mónica García, un informe hecho con Inteligencia Artificial que justificaba que ''las ratas son excelentes nadadoras''. Con él intentaba argumentar su rechazo al fondeo del crucero, explicando que los roedores podrían saltar del mismo y llegar a la isla propagando el hantavirus.

La ruta canaria en 2026

El último informe de Frontex, publicado el 15 de mayo, confirma el descenso de las llegadas a Europa. Los datos de la agencia europea de fronteras cifran en un 78% la reducción de los cruces por la ruta de África Occidental durante los cuatro primeros meses del año, ''la disminución más pronunciada de todas las rutas'' del continente. El documento explica que la mayoría de las personas que han atravesado este paso entre enero y abril proceden de Gambia, Senegal y Guinea.

Frontex da también algunas pinceladas que explican la escasa actividad detectada en el Atlántico, entre las que destaca el aumento del control fronterizo en los países de salida. ''Las medidas preventivas implementadas por Mauritania desde la primavera de 2025, y más recientemente por Senegal y Gambia en cooperación con España y la UE, han reducido significativamente las salidas'', señalan. Sin embargo, apuntan, ''las redes de contrabando siguen siendo adaptables, y la actividad en esta ruta es volátil y puede cambiar rápidamente a medida que cambian las condiciones'', indican. Frontex también apunta a ''las difíciles condiciones climáticas'' propias de los primeros meses del año.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también incluye entre las causas del descenso las detenciones y deportaciones en los países de origen. Aunque la organización advierte de que no hay datos completos, recuerda que entre enero y julio de 2025 la guardia costera mauritana informó de que había interceptado a 1.385 personas en el mar. Las senegalesas indicaron que entre enero y agosto del año pasado habían interceptado 39 barcos y las gambianas, 41 barcazas con 1.789 personas a bordo.

En noviembre, una investigación elaborada por la Fundación porCausa y El Salto diario sacó a la luz que la Unión Europea abrió en Mauritania, con la colaboración de una agencia española de cooperación, dos cárceles para migrantes. Desde el 17 de octubre, el país africano cuenta con dos establecimientos nuevos construidos por la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. La investigación reveló que estos espacios, cuyo nombre oficial son Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), son realmente ''centros de detención'' de migrantes en los que incluso podrán pernoctar menores de edad y bebés lactantes.

En su último informe, la OIM también indica que se han registrado devoluciones forzosas, expulsiones y más restricciones en las zonas de tránsito y salida. Aun así, el documento insiste en que la ruta de África Occidental seguirá siendo en 2026 ''dinámica y peligrosa''. En la actualidad, una de cada siete muertes registradas en las fronteras del mundo se producen rumbo a Canarias. Así, aunque las llegadas caigan, esto no significa que las causas en origen hayan desaparecido, sino que hay un mayor control sobre las fronteras y más represión sobre quienes intentan atravesarlas.

La vigilancia sobre algunos cruces empuja a los migrantes a emprender viajes marítimos ''significativamente más largos y precarios'', exponiéndose a mayores riesgos a lo largo de una ruta ''ya de por sí muy peligrosa'', según las palabras de la OIM. La organización advierte de una incidencia creciente de ''naufragios invisibles''.

El 90% de la población canaria cree necesario cambiar el modelo turístico, según el 'Estudio de Percepción Ciudadana sobre el Medio Ambiente en Canarias' encargado por la Fundación Canarina y elaborado por Estudios Sociales GEAS 7. En concreto, el 52,1% de los entrevistados apuesta por un cambio profundo y el 36,9% se limita a proponer ''ajustes parciales''. Además, el 47,6% de la población considera que el turismo de masas está bastante o muy relacionado con los problemas ambientales y sociales que atraviesan las islas, situando el acceso a la vivienda como el principal.

Entre los objetivos de este estudio, a cuyos resultados ha tenido acceso Canarias Ahora, está analizar la percepción de la ciudadanía canaria respecto al medio ambiente, el modelo socioeconómico y los retos de sostenibilidad del Archipiélago. Asimismo, pretende elaborar un diagnóstico social que sirva como base ''para la orientación de políticas públicas y acciones sociales en el ámbito ambiental y territorial''.

Para el estudio se realizaron 409 entrevistas telefónicas dirigidas a población residente en Canarias. Dentro de cada isla, la muestra se distribuyó de forma equilibrada según sexo (50% hombres / 50% mujeres) y edad (18-34 años, 35-54 años y 55 años o más). El nivel de confianza del estudio es de un 95,45%.

Según el diagnóstico, el 61,1% de los entrevistados está totalmente o bastante de acuerdo con limitar el crecimiento turístico. El apoyo hacia esta medida es más elevado entre la población de entre 35 y 54 años (82,9%) y entre la población joven (75%). Las islas donde se ha registrado un mayor apoyo a la limitación del desarrollo turístico son Tenerife (67,8%), El Hierro (70%) y Fuerteventura (66,7%).

Buena parte de la población también valora de forma negativa la atención de las instsituciones a la opinión de la ciudadanía. Dos de cada tres personas consideran que las reivindicaciones sociales no son tenidas en cuenta por parte de las administraciones. Fuerteventura (57,1%) y Tenerife (49,3%) son las islas que registran la mayor desafección en este sentido. Por el contrario, solo dos de cada diez personas valoran que las instituciones están impulsando cambios acordes a las necesidades ambientales y sociales de que tiene Canarias.

La vivienda, la principal preocupación

Para un 70,4% de la población, la calidad de vida en Canarias ha empeorado en la última década. De este porcentaje, un 75,8% son mujeres. Para los entrevistados, el precio y el acceso a la vivienda, el coste de la vida, la masificación turística y la saturación de las infraestructuras son los principales elementos que han provocado este deterioro. Fuerteventura (85,7%) y Tenerife (77,6%) lideran la percepción de empeoramiento. En esta línea, casi la mitad de la población (45,2%) sitúa la vivienda y el alquiler como una de las principales preocupaciones, colocándola muy por encima de la segunda: el turismo (27,6%).

Los residentes canarios también ha expresado su preocupación sobre los episodios climáticos como olas de calor, las sequías o los incendios forestales. El 55,7% ha manifestado una preocupación alta o muy alta por los efectos del cambio climático en el Archipiélago. Por islas, la preocupación más intensa aparece en La Palma, y por grupo de edad, entre los mayores de 55 años.

En este sentido, el 60,1% de la población considera que Canarias no está preparada para afrontar los retos ambientales y sociales de la próxima década, un 28,9% cree que lo está parcialmente y un 3,7% dice que sí lo está. La percepción más crítica la lideran Fuerteventura (81%), La Gomera (70%) y Tenerife (62,5%).

Conciencia ambiental

Las conclusiones del estudio apuntan que la sociedad canaria tiene una alta conciencia ambiental y territorial, con un fuerte arraigo emocional con el territorio, especialmente notable en las islas no capitalinas y las personas mayores, que conviven con ''una percepción generalizada de deterioro de la calidad de vida en la última década''.

De forma paralela, los residentes canarios experimentan un ''profundo malestar'' respecto al modelo de desarrollo vigente y la capacidad institucional de respuesta. Las conclusiones advierten una brecha entre conciencia y acción. ''A pesar de la alta preocupación ambiental, la participación activa en colectivos es reducida (2,4%)'', aunque un 57% de la población reconoce la influencia de los discursos ecologistas en su forma de pensar.

El estudio recoge también sus principales hallazgos con perspectiva de género. Por un lado, entre las mujeres se identifica un mayor arraigo y una mayor valoración del patrimonio, así como una mayor demanda de cambio económico y ambiental. Un 86,3% de ellas considera necesarios cambios profundos para garantizar la sostenibilidad, frente al 79,8% de los hombres.

Por otra parte, el 75,8% de las mujeres percibe que la calidad de vida ha empeorado, frente al 64,6% de los hombres, y su discurso se centra en los impactos cotidianos como la precariedad laboral, la desigualdad social y el acceso a la vivienda. Asimismo, entre ellas se identifica una mayor preocupación climática. El 63% de las mujeres reconoce una preocupación alta o muy alta por el cambio climático, frente al 48% de los hombres.

''Estos patrones refuerzan la necesidad de incorporar la perspectiva de género de forma sistemática en el diseño de políticas públicas ambientales y territoriales en Canarias'', concluye el informe.

La Fundación Canarina ha señalado en una nota de prensa que los resultados de este estudio son el reflejo de una preocupación social y del ''deterioro creciente'' de la calidad de vida en las islas, lo que es ''coherente con las reiteradas acciones de protesta ciudadana'' organizadas a lo largo de todo el archipiélago en los últimos años.

''Es necesario que las instituciones canarias se tomen en serio estos desafíos, pues la transición hacia un modelo más contenido y respetuoso con los recursos, el territorio y las personas es inevitable'', subrayan. Para la Fundación, ''o se aborda democráticamente yendo de la mano con la ciudadanía o vendrá de manera impuesta por los propios límites de la naturaleza''.

Mucha gente fuera de Canarias ya sabe lo que es un baifo o la panza de burro, que en el español de las islas no se pronuncia la ‘z’ y que en el archipiélago se usa el “chacho” para llamar la atención de alguien. Poco a poco, la población canaria se ha desprendido del complejo impuesto y reivindica las particularidades de su forma de hablar. Sin embargo, aún hay un reto pendiente dentro y fuera de las fronteras de las islas: romper con la idea falsa de que existe una modalidad de habla mejor que otra desde el punto de vista lingüístico, académico y comunicativo. 

“No existen razones filológicas para pensar que el español de Canarias es inferior a otras modalidades de habla. Todos los adjetivos que le podamos poner a partir de ahí a las lenguas corresponderán a prejuicios y cuestiones de tipo social”, explica Zebensui Rodríguez Álvarez, filólogo y miembro colaborador de la Academia Canaria de la Lengua.  

La reivindicación del español de Canarias no es nueva, y se remonta al año 1978, con la aprobación de la Constitución Española y el desarrollo de las identidades regionales o autonómicas, explica Rodríguez. Lo que sí es reciente es la forma en la que se lleva a cabo la reivindicación. “Hemos aprendido que el español de Canarias se puede usar en contextos formales y de prestigio, y no solo coloquiales y de humor”, asevera. “Lo estamos viendo, por ejemplo, con cantantes que no renuncian a su modalidad de habla, sino que incluso la exhiben de manera consciente en contextos que no son los de la informalidad”, apunta. 

Rodríguez, que también es docente, cuenta a esta redacción que hasta hace unos años, cuando se quería enseñar en las aulas las características del español de Canarias, se recurría a humoristas que muchas veces hacían caricaturas de los hablantes canarios. “Eso trasladaba la idea de manera más o menos implícita de que el canario era un español legítimo y válido solo para contextos informales, coloquiales y de cercanía”, recuerda. Ahora, por el contrario, gracias también al arte y a la literatura, se transmite algo “lógico”: la modalidad de habla canaria es tan válida para contextos coloquiales como formales.

“Cuando hablamos de reivindicar nos limitamos siempre a una parte afectiva, al hecho de que lo tienes que usar porque es lo tuyo, porque es lo nuestro. Eso está muy bien, pero hay una segunda cuestión que no siempre ponemos sobre la mesa: no es solo una cuestión de identidad, sino también de filología. No existen razones filológicas para pensar que una modalidad de habla es mejor que otra”, concreta Rodríguez.

Todos somos hablantes dialectales

Para ello, el profesor de Secundaria apunta que es clave tener claro que “todos los hablantes somos hablantes dialectales”. “Es tan dialectal un hablante madrileño, o de Zaragoza, o de Zamora, como un hablante canario”, subraya. Entender esto, insiste, permitiría romper con una idea tan falsa como extendida, que es “que hay una lengua española que se habla, no me preguntes dónde, de manera pura y prístina, y que el resto somos unos desviados de esa norma que hablamos una desvirtuación de ese español auténtico”. 

“Otra cosa es que después tengamos creencias y actitudes hacia determinadas modalidades de habla y que consideremos que esas son las prestigiosas, pero no hay nada en el sistema lingüístico que nos lleve a decir que una es mejor que otra”, asevera. 

Rodríguez explica que en algunas profesiones piden a los trabajadores usar lo que llaman “español neutro”. Es el caso de periodistas o de actores y actrices que incluso reciben cursos para cambiar su acento. “Por definición, debería ser un español que no se sabe de dónde es”, apunta. Sin embargo, cuando miramos sus características, el español neutro se asimila al que se habla en el centro septentrional de la Península. “Lo que hace es imponer como norma de prestigio un español particular”, critica.

“Es un sinsentido. Si el argumento es hacerlo comprensible, no causa ningún problema de incomprensión el que se use la ‘s’ y no la ‘z’. Si es por llegar a más gente, de los 535 millones de hablantes nativos que tiene el español, apenas unos 40 millones distinguen la ‘z’. No llega ni a uno de cada diez hablantes del español”, rebate. 

Los matices de los canarismos 

Muchas palabras canarias no tienen equivalentes en otros lugares. Es el caso de tabaiba o verol, plantas exclusivas del territorio, pero también de la palabra jable, que no puede sustituirse por arena, porque es un tipo concreto de arena compuesta por conchas marinas y otros restos. “A mí me gusta poner el ejemplo de debruzar o dibruzar, que significa apoyarse con los dos brazos cruzados sobre una ventana. No existe una palabra equivalente en el español de otras comunidades que tenga el mismo significado”, apunta Rodríguez. Para él, perder un canarismo como debruzar o dibruzar significa también perder un matiz de significado, una manera de ver y de nombrar la realidad. 

Para que las palabras no desaparezcan con el paso del tiempo, el profesor reivindica la importancia de enseñar en las aulas la lengua española “desde Canarias”. “Se comete un error cuando los contenidos canarios se enseñan a final de curso o cuando viene el día de Canarias”, indica el profesor. “De alguna manera le estás diciendo al alumno que de septiembre hasta mayo ”te he enseñado lo de verdad“, y que en mayo, como es el mes de Canarias, nos vestimos con el traje típico, nos echamos un buche de Clipper, amasamos una pella de gofio y ponemos canarismos en la pizarra. Los contenidos canarios tienen que estar integrados en el currículo”, insiste.

Quevedo dice que “no se muda ni borracho” de Canarias. Lo canta con un marcado acento canario mientras sigue liderando la lista de los artistas más escuchados de España con un disco que describe lo que significan para él sus islas. Por todo el país también suenan otras voces canarias, como la de Valeria Castro o la de las pioneras del género urbano, Las K-Narias. Mostrar al mundo ese lenguaje es una labor en la que han pisado fuerte escritoras isleñas como Andrea Abreu, con su reconocida obra Panza de Burro, en la que cuenta una infancia en Icod de Los Vinos con una madre que limpia viviendas vacacionales. También lo ha hecho Lana Corujo, que ha revolucionado la literatura con su libro Han cantado bingo, mezclando el paisaje de Lanzarote con una narrativa sobre la infancia de dos hermanas. 

El 95% de la población del archipiélago se siente orgullosa de serlo. Así lo reflejó recientemente una macroencuesta del Gobierno de Canarias que destacó que la identidad canaria se relaciona con haber vivido o vivir en Canarias como el factor esencial. La macroencuesta destaca que un 83,5% de los encuestados le da valor a haber nacido en las islas y, en tercer lugar, a hablar el español propio del archipiélago (75%). En cuanto al posicionamiento identitario, el 41,3% afirma sentirse más canario que español, mientras que un 11,1% declara sentirse únicamente canario. 

En los últimos años, se ha producido un auge de la reivindicación de la canariedad, en especial entre la gente joven. En ello coinciden investigadoras como Daniasa Curbelo: “Sin duda alguna. Hace poco se lo comentaba a un amigo con el que iba paseando por la calle. Nos cruzamos con una adolescente que llevaba unas pintas entre góticas y punkis. Con sus botas negras de hebilla, medias rotas, ojos pintados de negro... ¡Y dos argollas canarias!”, cuenta.

“Este accesorio, que es un elemento fundamental en la indumentaria tradicional canaria, pudo haberse quedado anclado en la generación de nuestras abuelas. Sin embargo, veo que las generaciones más jóvenes están volviendo a utilizarlas”, apunta. Para Curbelo, este fenómeno no podría entenderse si no hablamos del auge que la canariedad ha experimentado en los últimos años, y que ha conseguido volver a vincular a la población más joven con “elementos, tradiciones y costumbres que nos distinguen como pueblo”.

Estamos atravesando una nueva ola de la canariedad. Lo que me parece más significativo es que este proceso se está desarrollando de manera paralela a un sentimiento de pérdida, provocado por un malestar colectivo ante la explotación de nuestro Archipiélago

Para la investigadora Nayra Ramírez, “estamos atravesando lo que algunos han denominado una nueva ola de la canariedad. Lo que me parece más significativo es que este proceso se está desarrollando de manera paralela a un sentimiento de pérdida, provocado por un malestar colectivo ante la explotación de nuestro Archipiélago”. Y añade que “al funcionar como una ola, las reivindicaciones identitarias tienden a intensificarse en momentos de tensión como el actual, pero no son procesos estables. La mayoría de las veces corren el riesgo de diluirse, ya sea por cooptación institucional o porque pierden fuerza a medida que cambian las condiciones que los impulsan”.   

Ramírez considera que lo novedoso de esta etapa radica en la manera en que se están articulando nuevos espacios de socialización para que dicha identidad emerja y se fortalezca, “especialmente mediante redes sociales, podcasts y otras formas de producción cultural contemporánea. Esta mayor presencia de nuevas voces en el espacio público permite una pluralidad de relatos sobre qué significa habitar estas islas y, así, pensar de manera comunitaria sobre su historia, su presente y su futuro”.

Sobre qué se entiende por identidad, Ramírez señala que es una pregunta compleja, con multitud de matices y fricciones. “Pese a que podría interpretarse como un modo de expresión cultural con una serie de elementos comunes, en realidad constituye un campo de disputa influido por relaciones históricas de poder, categorías como la raza, el género, la clase y otros factores de índole generacional. No obstante, a todo ello añadiría las emociones. En la actualidad, presenciamos la conformación de una suerte de comunidad afectiva, principalmente movilizada por el orgullo de pertenencia, similar a lo acontecido en la década de los 80 con la puesta en valor de nuestra cultura popular”. 

Ese “orgullo canario”, asegura que posteriormente “fue banalizado de forma abstracta en logotipos y pegatinas, ha sido nuevamente canalizado, por poner dos ejemplos, a través de manifestaciones como la música y la literatura. Este fenómeno está relacionado con un fortalecimiento de la autoestima al legitimar artísticamente el dialecto canario y nuestras tradiciones. Es fascinante ver el éxito del fenómeno Quevedo o que en las bibliotecas haya lista de espera para sacar en préstamo libros como Las Galletas de Óscar Liam o Han cantado bingo de Lana Corujo. Ahora bien, el peligro consiste en que en todo este fortalecimiento se vea sometido a una constante necesidad de validación externa. Para ser pueblo, primero tenemos que creerlo nosotros mismos”.

Identidad y turistificación 

Según la macroencuesta del Gobierno canario, la identidad canaria se fundamenta en especial en la vinculación afectiva con el entorno local y natural. De hecho, más del 90% de la ciudadanía considera importante que se proteja, conserve y difunda el patrimonio cultural. La defensa del territorio es la protagonista de uno de los mayores movimientos sociales del archipiélago, que exige la protección de los espacios naturales y de las especies que habitan en ellos frente al modelo de turismo de masas. 

El fenómeno de la turistificación influye en nuestra identidad en la medida en que fuimos educados y educadas para servir al extranjero

“El fenómeno de la turistificación influye en nuestra identidad en la medida en que fuimos educados y educadas para servir al extranjero”, asevera la investigadora. “Nunca olvidaré cuando, estando en el instituto en Buenavista, un pueblo empobrecido, abandonado institucionalmente y con falta de oportunidades para la juventud, la profesora de inglés nos dijo que todo lo que aprendiéramos con ella nos iba a ser útil para atender bien a los guiris del Puerto de la Cruz”, recuerda Daniasa Curbelo.

“Para ella, ese era nuestro destino profesional: servir. Las autoridades políticas también se han encargado de fomentar estas nociones con campañas publicitarias y eslóganes, como ese que define a Tenerife como una ”isla amable“. Si la isla es amable es porque sus habitantes también lo somos, ¿para quién? De nuevo para el turismo”, apostilla Curbelo.

Sobre cómo influye la turistificación en la identidad canaria, la investigadora Nayra Ramírez, por su parte, destaca que no es un problema exclusivo de las Islas, sino un fenómeno local, común al resto de territorios del Estado. “Aunque esto es cierto, la diferencia radica en que en Canarias dicho modelo depredador no puede entenderse como algo reciente. Más bien, se inscribe en una condición histórica más amplia, caracterizada por dinámicas de colonialidad de larga duración”, explica. 

“Desde la plantación de caña de azúcar hasta la plantación hotelera, se establece una delgada línea, como ya han señalado numerosos teóricos. Se trata de una forma de organizar las islas y las relaciones de poder con antecedentes profundos que continúan operando en el presente. El ejemplo más ilustrativo se encuentra en los polémicos cuadros del Parlamento de Canarias, donde se negocia la cesión de una noble indígena en nombre de la isla. Es ese entreguismo de nuestras élites políticas lo que continúa perpetuando la desigualdad en Canarias”, asegura. 

A juicio de Ramírez, “quienes se resisten a ello no tienen derecho a la representación, ni en los cuadros ni en la vida pública”. “De ahí la importancia que mencionaba anteriormente sobre las redes sociales como medio para articular relatos contrahegemónicos y disputar activamente el sentido de nuestra identidad”, subraya.

Mientras exista una ganancia económica, persistirá esa exotización porque hay demasiados intereses en juego. Su supervivencia depende de fomentar la explotación continua de la idea del paraíso

Para la investigadora, “mientras exista una ganancia económica, persistirá esa exotización porque hay demasiados intereses en juego. Su supervivencia depende de fomentar la explotación continua de la idea del paraíso. La gran foto de familia de nuestra clase política en FITUR es la máxima expresión de este cinismo. Por otro lado, hay que advertir que, desde las producciones culturales, a veces también se corre el riesgo de caer en un juego de autoexotización que desplaza e invisibiliza los problemas reales que nos afectan”.

Una isla son raíces en el mar. Nuestro entorno inmediato es nuestra razón vital. Por ahí decían que ser canaria es ser del mundo desde aquí. A ello añadiría el planteamiento del estar y el derecho a la permanencia

Sobre cómo han afectado las últimas movilizaciones a nuestra percepción sobre Canarias y al concepto de identidad, señala que “una isla son raíces en el mar. Nuestro entorno inmediato es nuestra razón vital. Por ahí decían que ser canaria es ser del mundo desde aquí. A ello añadiría el planteamiento del estar y el derecho a la permanencia. Las últimas canciones de Quevedo -con todo y este riesgo de autoexotización- están poniendo este tema del derecho a la permanencia sobre la mesa de conversación”. 

“Mientras las instituciones de Las Palmas de Gran Canaria viven inmersas en la preocupación por ”ser“ designadas como la capital europea de la cultura, el resto de los isleños estamos preocupados por el ”bienestar“ de nuestro Archipiélago y por sobrevivir a las condiciones materiales que nos imponen. Esto afecta tanto a lo humano como a lo no-humano. En las últimas manifestaciones, sentí una profunda emoción al observar que desde los movimientos sociales se convocaba a rebelarse también ”por nuestros cardones y por nuestras tabaibas“. Aquí nos jugamos el futuro de todas las especies. La conexión con nuestra tierra y su defensa es de carácter ancestral. Se la debemos a quienes nos antecedieron y a las generaciones futuras”, añade Ramírez.

Hablar sin complejos 

En la identidad canaria, la lengua juega un papel fundamental. “Las lenguas son un instrumento de comunicación y eso es lo que las define, pero también son un elemento identitario. Es una de las cosas que más nos delata, por encima de cualquier otra como puede ser la vestimenta o los rasgos físicos. Nada más hablar, estamos delatando nuestro lugar de origen”, explica el miembro colaborador de la Academia Canaria de la Lengua y profesor de Secundaria Zebensui Rodríguez Álvarez. 

Para Rodríguez, el auge de la identidad canaria no es nuevo, sino que se remonta a los años 80 con la aprobación de la Constitución Española en 1978 y el desarrollo de las identidades regionales o autonómicas. “Lo que sí ocurre en los últimos tiempos es que, probablemente, se esté afinando un poquito más en la forma en la que se lleva a cabo esa reivindicación”, matiza. Durante mucho tiempo, el español de Canarias solo se usaba en contextos informales e incluso jocosos. Ahora, apunta el docente, hemos aprendido que el español de Canarias se puede utilizar en contextos formales y de prestigio.

No existen razones filológicas para pensar que el español de Canarias es inferior a otras modalidades de habla. El problema es una cuestión simplemente de prejuicios, no de filología

“Lo vemos con cantantes que no renuncian a su modalidad de habla, y que incluso la exhiben de forma consciente en contextos que no son los del humor ni la informalidad”, ejemplifica. Para Rodríguez, el reto que aún queda pendiente es comprender que todas las modalidades de habla son exactamente igual de legítimas. “No existen razones filológicas para pensar que el español de Canarias es inferior a otras modalidades de habla. El problema es una cuestión simplemente de prejuicios, no de filología”, subraya. “No hay una mejor que otra desde el punto de vista lingüístico, académico y comunicativo. Todos los adjetivos que podamos poner a las lenguas a partir de ahí corresponderán a cuestiones de tipo social”, añade el filólogo.

Identidad canaria y perspectiva de género

“Creo que las perspectivas desde donde históricamente se trató (y todavía) se trata de definir nuestras identidades es innegablemente masculina. Por ejemplo, el androcentrismo que impregna la forma en la que tratamos de observar nuestro pasado indígena es fácilmente perceptible a través de las esculturas que ocupan el espacio público de Canarias. ¿Cuántas de esas esculturas representan a figuras masculinas, hercúleas y viriles? La gran mayoría. Los cuerpos de las mujeres y otros cuerpos fuera de esta dicotomía hombre-mujer que también pudieron existir antes de la Conquista, tal y como apuntan vestigios arqueológicos, están subrepresentados. Y las imágenes también tienen el poder de construir identidad, tanto colectiva como individual, ya que son narrativas visuales”, expone Daniasa Curbelo. 

La investigadora apunta que siempre le ha llamado la atención que, “en estos debates tan complejos, pidan opinión a una travesti. Llevo años diciendo que la identidad canaria tiene algunas similitudes con las identidades trans, y todo radica en el ejercicio de autodeterminación. Que, por cierto, es un concepto asociado a este territorio desde posturas nacionalistas o independentistas desde hace décadas. 

“Pero, a nivel identitario, creo que todas las personas canarias hemos tenido que sacudirnos alguna vez de encima las imágenes y conceptos que otros sujetos depositan sobre nuestros cuerpos: ”qué sexy suena tu acento“, ”seguro que eres más fogosa en la cama“, ”no hablas bien“, ”qué gracioso suenas“, etc. Este tipo de apreciaciones externas pueden lograr definirte si te las terminas creyendo, y por eso es importante cuestionar las definiciones que otras personas hacen de quiénes somos realmente, tal y como hacemos todas las personas que rechazamos el género que nos asignaron al nacer”, agrega. 

Daniasa Curbelo expone que ahora “la gente dice que Canarias y lo canario ”está de moda“ porque hay cantantes, artistas o profesionales de otros sectores que crean productos culturales con esa suerte de sello identitario por no modificar el acento, utilizar palabras propias de nuestro dialecto o iconografía que se puede remontar hasta nuestro pasado indígena. Y veo que hay quien habla de una especie de exotización de lo canario para el público de fuera de nuestras islas”. 

Mi opinión es que Canarias "está de moda" desde hace quinientos años. Por ejemplo, cuando entre los siglos XVI-XVII se comercializaba con "momias" guanches o sangre de drago para hacer productos cosméticos en Europa o también cuando se puso de moda en las cortes europeas el Baile del Canario

“Mi opinión es que Canarias ”está de moda“ desde hace quinientos años. Por ejemplo, cuando entre los siglos XVI-XVII se comercializaba con ”momias“ guanches o sangre de drago para hacer productos cosméticos en Europa o también cuando se puso de moda en las cortes europeas el Baile del Canario, que es un tipo de danza tradicional que bailaban los y las indígenas esclavizados que fueron llevados hasta allá. La exotización de lo canario no es responsabilidad de ningún artista actual, sino que forma parte de la lógica colonialista con la que se percibe a Canarias desde otros lugares. Lo que vivimos actualmente es un proceso de espectacularización de la identidad, que es otro asunto”, concluye Curbelo.

*Daniasa Curbelo lleva más de una década creando, investigando y divulgando sobre la cultura y memoria de las Islas Canarias. Ha publicado recientemente, La pella de gofio.

*Zebensui Rodríguez Álvarez es filólogo y miembro colaborador de la Academia Canaria de la Lengua.

*Nayra Ramírez es candidata Doctoral por la Universidad de Pittsburgh, miembro del Grupo Internacional de Estudios Canarios (GIEC) y especialista en estudios postcoloniales y transatlánticos. “Entre todos y todas estamos contribuyendo a la internacionalización de los Estudios Canarios. Somos una red muy amplia de académicos desde diferentes partes del mundo. Durante uno de nuestros recientes encuentros en un congreso celebrado en Nueva Orleans tuvimos la oportunidad de visitar el Museo de los Isleños y la Aldea Histórica en la parroquia de St. Bernard. Estas redes diaspóricas nos hablan de la inmensa riqueza histórica de nuestro Archipiélago, pero también de la profunda colonialidad que nos atraviesa. En este sentido, si bien el interés internacional por el estudio de Canarias permite situar a las islas en contextos más amplios de los estudios transatlánticos, (post)coloniales o de la memoria, es imprescindible que esa externalización dialogue con la producción académica local. De este modo, podremos crear lazos más horizontales y colectivos sin reproducir jerarquías de poder”, explica.

La vida en Canarias no se entiende sin la naturaleza. No solo desde esa mirada externa que describe a las islas como un paraíso, sino desde la de los isleños e isleñas que se identifican con su paisaje. Un concepto nacido en los territorios indígenas describe esa sensación de arraigo al entorno que aparece entre los habitantes de lugares que albergan un gran número de especies únicas en el mundo, como Canarias. El término “diversidad biocultural” pone nombre al sentimiento de los niños que crecen cerca del mar, al de las mujeres que se reconocen en los cardones de Tenerife por los años caminando junto a ellos hacia los invernaderos, o de quienes se emocionan viendo volar a un guirre sobre el Risco de Famara.

Por eso, la destrucción, la desaparición o la transformación de esta riqueza impacta en el bienestar y en la identidad de la comunidad. Así lo explica la bióloga botánica Atteneri Rivero: “El paisaje es un espejo y los canarios y canarias nos reconocemos en nuestras plantas. Muchos de los sitios que nos hacen únicos por nuestros endemismos se han destruido y convertido en algo totalmente diferente. Dejamos de ir a estos lugares porque ya no nos sentimos cómodos”.

Este fenómeno puede verse con claridad en el sur de las islas, donde el modelo turístico se ha impuesto a la diversidad replicando una misma estampa en buena parte de la costa del Archipiélago: grandes plantas hoteleras, locales de comida extranjera, tiendas de recuerdos y una fuerte presión humana sobre el océano. El informe SOS Costas canarias, elaborado por la Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad, revela que Canarias pierde cada tres meses un kilómetro de costa, y apunta a la turistificación como el principal impulsor de la devastación costera. 

Aun así, el archipiélago sigue siendo el hogar de decenas de especies endémicas de flora y fauna. En el caso de las plantas, “nuestro foco originario son los continentes que tenemos al lado”, explica Rivero. Diferentes especies llegan desde el territorio continental a las islas, ya sea a través del estómago de las aves, del viento o flotando en el agua. “Hay plantas que se establecen en el territorio y al tener que adaptarse a un territorio insular tan diferente y volcánico se crean esas especies totalmente nuevas que no existen en otra parte del mundo”, apunta la bióloga tinerfeña.

Algunos ejemplos son el Tajinaste del Teide, que solo vive en la cumbre de Tenerife, el lirio del jable, propio de algunas zonas de Lanzarote y de Fuerteventura, o el cardón, una planta exclusiva canaria. Igual que las islas albergan un amplio catálogo de especies únicas, también dan cobijo a muchas especies amenazadas. Algunas de ellas se han podido rescatar gracias a proyectos de restauración. Es el caso de el retamón palmero (Genista benehoavensis). De esta planta de La Palma, explica Rivero, quedaban menos de diez individuos. A día de hoy hay unos 14.000 ejemplares que pueden verse por toda la cumbre de la isla. Lo mismo ha ocurrido con el rosal del Guanche (Bencomia exstipulata), que ha pasado de 20 a 4.000 individuos.

Al otro lado de la balanza se colocan las especies y los hábitats que están en un punto crítico. Para la bióloga canaria, un caso claro es el del cardonal-tabaibal. “Estamos en el punto en el que aún podemos conseguir preservarlo antes de que sea demasiado tarde”, asegura. “No son solo cardones y tabaibas, sino un sinfín de especies asociadas. El monocultivo del turismo, basado en la explotación costera, lo está arrasando por completo y construyendo algo totalmente artificial encima. Si perdemos las tabaibas, no solo perdemos una especie botánica de interés increíble, sino un nombre guanche e identidad”, subraya la experta.

El océano más allá de la superficie 

La riqueza natural de Canarias se extiende de la tierra hasta el mar pasando por su cielo. El océano del archipiélago guarda centenares de especies, como los calderones tropicales, el tiburón angelote - en peligro crítico de extinción- rayas, tiburones como el solrayo o las mayores agregaciones de mantelinas de todo el mundo. “En algunos momentos se han llegado a contar más de 200 mantelinas en la misma playa entre verano y principios de otoño”, explica Felipe Ravina, documentalista y divulgador científico.

Igual que la biodiversidad terrestre, el mar es un elemento clave en la identidad canaria. Con su trabajo, Ravina trata de acercar a la población todos los valores que se esconden bajo la superficie, así como la presión y las amenazas que sufren. “Intento que parte de esa identidad en la que pensamos incluya que tenemos angelotes, calderones, mantelinas, y que la gente lo cuide y lo defienda porque es nuestro”, subraya. 

El cachalote es, para el documentalista, una de las especies en mayor estado crítico en la actualidad. “Se estima que en los últimos años se ha perdido la mitad de la población en Canarias por la colisión con embarcaciones de alta velocidad y no se ha tomado ninguna medida efectiva”, asevera. En junio de 2025, dos ejemplares aparecieron muertos en la costa de Tenerife. La necropsia concluyó que un corte limpio de más de dos metros en la cabeza causó la muerte ''en cuestión de segundos o minutos'' de uno de ellos. Los resultados del informe atribuían el fallecimiento a un ''traumatismo craneal cortante grave, compatible con una muerte casi inmediata por colisión''. 

Asimismo, la sobrepesca también diezma los fondos marinos. “Aunque ha disminuido en los últimos años la pesca profesional, aumenta exponencialmente el número de licencias para pesca recreativa, a lo que se suma la pesca furtiva”, detalla Ravina. “Los fondos no tienen ni tiempo ni espacio para respirar ni para recuperarse de los 60 años de sobrepesca a los que los hemos sometido”, advierte. A esto se suma el descontrol de embarcaciones ilegales y motos de agua sobre espacios protegidos, los vertidos de aguas sucias al mar (con 403 puntos de vertido en Canarias, de los que 216 son ilegales) y la falta de recursos para la vigilancia. 

Aun así, existen estrategias para proteger y preservar esta riqueza. Para el científico, el mejor ejemplo son las Reservas Marinas, como la de La Graciosa e Islotes del Norte o la del Mar de Las Calmas. “Se puede ver cómo solo regulando la pesca se pueden conseguir grandes cambios”, insiste. También hace referencia al proyecto de investigación Angel Shark Project, que permitió recabar datos científicos de la especie en todo el archipiélago y así protegerla. “Es una victoria grande que se ha conseguido gracias a la ciencia”, concluye.

La recuperación del guirre

En el aire, el guirre trata poco a poco de escapar de la extinción. Esta subespecie endémica de las islas ha sufrido en los últimos 50 años un importante declive, con la desaparición de entre el 70 y el 90% de sus individuos en Canarias, por ello está catalogada como especie en peligro crítico de extinción. Ahora mismo solo nidifica en Fuerteventura, Lanzarote y Alegranza, y las principales amenazas para el guirre son los accidentes en tendidos eléctricos, las perturbaciones durante la nidificación y la modificación de sus hábitats o los venenos.

Sin embargo, y aunque se preveía que esta especie pudiera desaparecer en tan solo unas décadas, en los últimos años se ha abierto un halo de esperanza. En 2025 se detectaron en las islas 519 ejemplares. Este año se han registrado dos territorios de cría nuevos en Lanzarote y en 2021, justo después de la pandemia de coronavirus, el guirre volvió a anidar en el Parque Nacional de Timanfaya después de décadas sin reproducirse. El Gobierno de Canarias ha anunciado que esto confirma la “incipiente recuperación” en la isla de esta especie.

En un comunicado, el técnico de campo que lleva catorce años estudiando el guirre sobre el terreno Walo Moreno, explicó que en las primeras fechas del año, los guirres dedican casi todo el día a elegir la cueva que usarán para su reproducción, aportar material al nido y reforzar su relación con vuelos conjuntos y cópulas frecuentes. “La tasa de productividad del guirre es de alrededor del 40%: de cada diez parejas controladas que inician la reproducción, solo cuatro sacan adelante el pollo”, añadió.

La incubación dura 42 días y es la etapa más delicada. El ruido de los vehículos motorizados, los perros sueltos y otras actividades humanas provocan molestias para los guirres y tienen consecuencias fatales: las aves abandonan su nido. La vigilancia y la protección están permitiendo que la población de guirre en la isla se esté recuperando con 30 o 40 nuevos ejemplares cada año, pero es clave la colaboración ciudadana: ''Respetemos las señalizaciones, no salgamos de los senderos marcados y disfrutemos de la naturaleza en silencio''. Según los expertos, el respeto de las personas hacia los espacios donde nidifica el guirre puede permitir que setenta días después de la eclosión, se pueda observar a los pollos con sus progenitores surcando el cielo de Lanzarote.

La Policía Nacional ha desarticulado en Lanzarote una trama de explotación sexual a una menor tutelada que estuvo meses desaparecida. La investigación comenzó en enero de 2025, tras la desaparición de la niña de 14 años de un centro de acogida de Arrecife. La operación ha culminado este mes con el arresto de tres personas como presuntas autoras de delitos de inducción al abandono del domicilio de la menor, inducción a la prostitución y agresión sexual a una menor.

La niña estuvo en paradero desconocido durante meses, hasta que fue localizada por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en la localidad de Puerto del Carmen. Allí, la menor manifestó a los policías que tenía miedo y que creía poder estar embarazada, así como su deseo de abandonar la isla.

Los agentes trasladaron de inmediato a la menor a un hospital para comprobar su estado de salud e iniciaron la investigación. Las indagaciones permitieron determinar que la niña había estado vivendo en una casa ocupada de Puerto del Carmen junto a varias personas que habrían usurpado otros inmuebles de la misma urbanización.

Según ha informado la Policía Nacional, la niña dormía con una mujer de 57 años que fue detenida como presunta autora de un delito de inducción al abandono del domicilio de la menor. La UFAM ha acreditado que la menor fue sometida a explotación sexual a cambio de dinero y otros objetos. En esta línea, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres por inducción a la prostitución y, a uno de ellos, por delito de agresión sexual.

Todas las diligencias practicadas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión preventiva del principal investigado y la imposición de medidas cautelares para los otros dos detenidos. La Policía Nacional recuerda que los ciudadanos pueden colaborar de forma anónima si lo desean si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas a través de la página web www.policía.es, en el apartado Colabora.

Otras desapariciones en la isla

En noviembre de 2025, la Policía Nacional desmanteló una red internacional dedicada al tráfico de menores migrantes entre Canarias y Fancia. Los agentes detuvieron a once miembros en Lanzarote, uno en Gran Canaria y otro en Madrid, en el marco de la operación Tritón. La investigación se inició a raíz de la desaparición de catorce menores, en su mayoría niñas, acogidos en el sistema del Archipiélago. En concreto, trece desaparecieron de un recurso de Arrecife y otro de un dispositivo de San Bartolomé de Tirajana entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

Las diligencias posteriores permitieron descubrir una red ''perfectamente organizada'' y con una ''clara distribución de funciones''. El objetivo: traficar con menores desde centros tutelados con destino a Francia. La organización tenía ''logística en Marruecos'' para el traslado y cruce de fronteras. En Costa de Marfil también tenía contactos para el envío de documentación falsificada.En España, según la Policía, la red contaba con una ''infraestructura'' dedicada a acoger temporalmente a los menores y gestionar su paso a Francia. 

El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido este miércoles un dictamen por el que avala la resolución del contrato con Canal Gestión, la empresa encargada del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa. El documento, consultado por Canarias Ahora, concluye que el porcentaje de pérdidas de agua superior al 50% y los continuos cortes de suministro evidencian un ''incumplimiento estructural'' del contrato por parte de la filial de la empresa madrileña Canal Isabel II.

Este dictamen preceptivo ha sido solicitado por el presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Oswaldo Betancort. Este órgano, integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos, acordó en abril de avanzar hacia la ruptura del contrato con Canal Gestión, 17 años antes de que venza el acuerdo.

El Consejo Consultivo ha analizado la ejecución del contrato y ha identificado que el primer incumplimiento de Canal Gestión ha estado relacionado con la explotación del servicio y la ''obligación esencial'' de garantizar una prestación regular y reducir las pérdidas del agua producida por debajo de un 30%. Esta cifra, lejos de reducirse, ha ascendido hasta un 55%. Según el dictamen, este dato acredita ''la inexistencia de un control efectivo sobre la red, la falta de detección y reparación de fugas y la ineficacia de los sistemas de medición y gestión implementados''.

Este alto volumen de pérdidas ha incidido de forma directa en la prestación del servicio público, sin que se haya garantizado el abastecimiento a los distintos municipios de manera regular, con cortes de suministro continuos y diarios en los hogares y en las fincas. ''No se trata de incidencias esporádicas o de limitada entidad, sino de una afectación estructural al servicio público, que compromete su normal funcionamiento y desnaturaliza la finalidad misma del contrato'', subraya el dictamen.

Con respecto al incumplimiento de la obligación de ejecutar las inversiones comprometidas, ''aun siendo relevante y autónomamente suficiente para fundamentar la resolución, presenta un carácter instrumental y temporalmente posterior'', en tanto que estas inversiones son un medio para conseguir la finalidad principal del contrato.

El Consejo concluye que, una vez estudiado el expediente remitido por el Consorcio, ''procede la resolución del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización de aguas residuales'' de Lanzarote y La Graciosa. Según el documento, para evitar perjuicios a la población, Canal Gestión tendrá que continuar a cargo del servicio hasta que haya un nuevo gestor.

El informe técnico del Consorcio

En abril, el director gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Fernando Fernández, emitió un informe técnico-administrativo que describía como ''grave, objetiva, continuada y estructural'' la perturbación del servicio del agua en Lanzarote y La Graciosa. Este demoledor documento de 25 páginas advertía que el suministro de este recurso básico está en peligro por los incumplimientos de la empresa concesionaria, e instaba a la administración pública a 'secuestrar' el servicio de manera temporal. ''La actuación administrativa no solo es posible, sino obligada'', indicaba.

El documento expresaba una “máxima preocupación” por el estado de la prestación del servicio en una isla y advertía deficiencias en todas las fases del ciclo integral del agua: desalación, distribución, saneamiento, depuración y reutilización. Entre otras deficiencias, el documento detalla la precariedad en la producción registrada en las dos estaciones desaladoras de Lanzarote, una isla dependiente totalmente de infraestructuras industriales para generar agua ante la falta de recursos hídricos naturales.

Una de estas desaladoras, la EDAM Janubio, está al 66% de su capacidad por una avería. La otra, la EDAM Díaz Rijo, presenta ''una alta tasa de incidencias de paradas''. Teniendo en cuenta todas estas faltas registradas, el año pasado se habría interrumpido la producción de agua durante al menos 1.200 horas. Mientras tanto, el consumo de agua en la isla no ha dejado de aumentar, con un incremento del 40% en la última década. 

A los problemas en la generación de agua se suman las deficiencias de la red de distribución y en la depuración de aguas. Sobre los cortes de agua que sufren los residentes cada semana, el informe recordaba que estos episodios de desabastecimiento se producen ''sin aviso, sin conocimiento sobre su duración y sin medidas correctivas''. El servicio del agua es, en resumen, ''completamente imprevisible''.

Canal Gestión también quiere romper el contrato

Mientras tanto, Canal Gestión ha lanzado un comunicado en el que advierte de que también ha iniciado los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión ''por causas imputables al Consorcio del Agua''. ''Tras más de doce años prestando el servicio en un escenario de hostilidad jurídica y técnica, Canal Gestión ha decidido adoptar esta decisión basándose en un análisis técnico-jurídico que identifica incumplimientos críticos y sistemáticos por parte de la Administración insular del agua'', defiende la empresa.

La filial de Canal Isabel II dice que el Consorcio se comprometió a ejecutar y financiar inversiones valoradas en 78,7 millones de euros que no ha llevado a cabo. ''Este incumplimiento es todavía más notorio si se tiene en cuenta que Canal Lanzarote adelantó un canon de 50 millones de euros que el Consorcio destinó a fines ajenos al servicio, en lugar de aplicarlo a la renovación y ampliación de sus infraestructuras hidráulicas, como habría sido lógico habida cuenta de su deficiente estado de conservación inicial'', añaden. 

''A este desequilibrio inversor se suma el bloqueo deliberado a la actualización tarifaria. Desde 2017, el Consorcio ha eludido sistemáticamente la revisión de tarifas prevista en el contrato. Y ha sido así pese a estar reconocida y amparada por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta situación supone una vulneración flagrante de los derechos del concesionario, y le ha generado a la compañía un déficit superior a los 40 millones de euros, que es una cantidad que el Cabildo en todo caso va a tener que abonar a Canal, a la vista de los pronunciamientos judiciales'', insiste el comunicado.

Tenerife está en un ''punto de no retorno''. Así lo ha aseverado la organización internacional Greenpeace, que ha exigido la suspensión de dos proyectos urbanísticos previstos en el sur de la isla, donde ''la presión antrópica es insostenible''. En concreto, la entidad ecologista ha pedido la paralización del macroproyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, y de Underwater Gardens, en la localidad de Punta Blanca. Greenpeace advierte del impacto que estas dos construcciones pueden tener en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca, que abarca cerca de 70.000 hectáreas y alberga hasta 74 especies de fauna y vegetación marina amenazadas.

Una de las joyas de esta ZEC son los cetáceos. Se han registrado hasta 28 especies distintas entre residentes, migratorias y estacionales. Entre ellas destaca la población residente de calderón tropical, con al menos 300 ejemplares. La riqueza de su biodiversidad marina hizo que fuera declarada primer Lugar Patrimonio de Ballenas de Europa. Sin embargo, la integridad de este espacio se ha visto comprometida en los últimos años por diversos factores de origen humano, como la contaminación acústica y las vibraciones, el riesgo de las colisiones con barcos de alta velocidad, la saturación del avistamiento de cetáceos por parte de empresas ilegales o los vertidos de aguas residuales.

Para ''salvar'' Teno-Rasca y evitar que los ''últimos espacios vírgenes'' se transformen en ''complejos de lujo y jardines artificiales'', Greenpeace ha lanzado una recogida de firmas. La organización ambientalista insiste en que este área protegida lo que necesita ''urgentemente'' es ''calma y restauración'', no más infraestructuras: ''No podemos permitir que conviertan nuestra costa en un resort''.

Cuna del Alma ya está en marcha y contempla la construcción de 420 villas de lujo, a pesar de las paralizaciones que arrastra por su impacto en la biodiversidad y los yacimientos arqueológicos del Puertito de Adeje. Por su parte, Underwater Gardens fue declarado de interés insular tras la pandemia de coronavirus y aún está en trámite. Aunque se promociona como un ''parque regenerativo'', Greenpeace y la plataforma Salvar Punta Blanca alertan de que se trata de un caso de greenwashing ''de manual''.

Underwater Gardens, un ''parque temático''

En Punta Blanca hay dos proyectos en marcha impulsados por Underwater Gardens. Por un lado, un “parque regenerativo” que se dibuja sobre 17 hectáreas con instalaciones en tierra y mar. El proyecto se ubicará sobre suelo rústico de protección y aspira a ''ofrecer a turistas y residentes experiencias únicas de conexión con el mar y la naturaleza [...] a través del ocio, el deporte, la ciencia, el arte y la diversión''. En 2022, el Cabildo de Tenerife justificó su interés insular por ser una iniciativa estratégica para recuperar el turismo perdido en la pandemia. La documentación consultada por este periódico habla de hasta 3.000 visitantes al día.

Por otra parte, el Gobierno de Canarias sacó a exposición pública la ocupación de zona costera protegida en Punta Blanca para colocar arrecifes artificiales y estaciones de monitoreo oceanográfico. La autorización la pide la empresa Underwater Gardens International S.L. para un periodo de cuatro años sobre 11.691,45 metros cuadrados del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y se enmarca en el proyecto europeo Horizon Ocean Citizen. 

Preguntado por este periódico, el coordinador científico del proyecto Ocean Citizen, Sergio Rossi, respondió que la autorización solicitada para ocupar parte del litoral de Guía de Isora ''no puede interpretarse como una primera fase constructiva del parque regenerativo“. ''La relación entre ambos debe entenderse en términos científicos y metodológicos, no como una ejecución encubierta de una fase del parque'', apostilló.

Greenpeace ha publicado este martes 26 de mayo un análisis técnico que advierte de que ambos proyectos son en realidad uno mismo y tienen el mismo fin. Este documento cuestiona que la iniciativa se sostenga realmente - tal y como defiende la promotora- en ofrecer Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para regenerar ecosistemas marinos dañados.

La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), apunta Greenpeace, estableció el estándar mundial para las SBN. Estos criterios sirven de marco de referencia legal para evitar el greenwashing y garantizar que los proyectos sigan criterios científicos. Según el análisis de Greenpeace, Underwater Gardens no cumple con ninguno de los ocho criterios obligatorios del estándar de la UICN, por lo que el proyecto ''no puede ser considerado una Solución Basada en la Naturaleza, sino una intervención tecnológica y turística''.

La organización ambientalista mantiene que la iniciativa no cumple con estos requisitos por diferentes razones: no aborda las causas reales de degradación del ecosistema marino, ''prioriza un modelo de desarrollo turístico'' frente a la restauración ecológica, carece de aceptación social, afecta a una ZEC y aumenta la presión antrópica sobre el medio marino. Además, concluyen que introduce una intervención artificial y no actúa sobre las causas principales de degradación.

En esta línea se han posicionado más de 20 científicos y científicas de Canarias, que firmaron una declaración pública en la que expresaban su preocupación por el uso instrumental de la ciencia para justificar proyectos comerciales en las islas. Así, mostraron su rechazo a Underwater Gardens y criticaron que la restauración se está convirtiendo en una ''narrativa de acceso a fondos públicos, a espacios protegidos y a territorios'' que de otro modo permanecerían fuera del alcance de la ''actividad comercial y especulativa''.

Las demandas de Salvar Punta Blanca

Este informe de Greenpeace incluye las demandas de la plataforma Salvar Punta Blanca, integrada por 30 colectivos ecosociales y deportivos, que pide la renuncia inmediata del promotor al proyecto Underwater Garden y la denegación de los permisos ambientales por parte de las administraciones.

La plataforma pide también el compromiso público del Cabildo de Tenerife de no apoyar infraestructuras turísticas ''disfrazadas de sostenibilidad'', estableciendo protocolos de revisión y análisis estrictos. Asimismo, Salvar Punta Blanca exige la protección efectiva de áreas protegidas, la revisión de los ''abusos'' en las evaluaciones de Impacto Ambiental, el impulso de proyectos de restauración de la naturaleza y que no se fragmenten proyectos para impedir la evaluación de los efectos acumulativos de los mismos.

''El alcalde no puede guardar silencio ni esconderse''. El Partido Popular solicitó este sábado la comparecencia urgente en el próximo pleno municipal del alcalde de Tías (Lanzarote), José Juan Cruz (PSOE). El partido hizo la petición en un comunicado lanzado pocas horas después de que el periódico ABC publicara que la Fiscalía de Las Palmas había abierto diligencias para esclarecer un presunto desvío de 275.500 euros del Ayuntamiento de Tías -gobernado por el PSOE y Unidas Podemos- a través de una ONG de seguridad y emergencias gestionada por un policía local del municipio.

El PP, líder de la oposición, exigía a Cruz que ofreciera ''todas las explicaciones necesarias con absoluta transparencia'' porque ''los vecinos tienen derecho a conocer qué está ocurriendo y cuál es el alcance real de esta investigación''. ''Estamos hablando de informaciones muy serias que afectan directamente a la gestión de fondos públicos municipales y que exigen claridad, responsabilidad política y transparencia institucional'', añadió el concejal y presidente del PP local, Francisco Aparicio.

Preguntada por este periódico, la Fiscalía de Arrecife ha respondido que las diligencias de investigación a las que se hace referencia se archivaron hace ya más de un mes. Según ha adelantado La Voz de Lanzarote y ha confirmado Canarias Ahora, se dio carpetazo a la causa el pasado 10 de abril, un dato que no se incluyó en la información publicada el fin de semana en la prensa nacional. Esta redacción ha preguntado al PP si aún mantiene su petición de comparecencia urgente del alcalde, pero hasta el momento no ha respondido.

La denuncia presentada ante la Fiscalía señalaba al alcalde de Tías, al concejal de Hacienda y Contratación, Carmelo Tomás Silvera (PSOE) y a otros trabajadores municipales, entre ellos dos agentes de la Policía Local. La denuncia hablaba de una supuesta estructura de intereses entre la ONG Boluntis (Bomberos Voluntarios de Lanzarote), una empresa de grúas y distitnas áreas del Ayuntamiento, en concreto Protección Civil y Policía Local.

La respuesta del alcalde

El alcalde de Tías explica que el ayuntamiento recibió el año pasado una petición de información de la Fiscalía, a la que respondieron con toda la documentación requerida. ''Nadie nos ha citado para nada'', afirma. ''Esta es mi sexta legislatura y no me cogen por sorpresa en fechas preelectorales este tipo de denuncias. Lo más que me duele de todo esto no es lo que me digan, sino las personas y los trabajadores que atienden día a día a los vecinos y resuelven sus problemas. Lo que pretenden con este tipo de acciones es romper el vínculo con la ciudadanía'', asevera Cruz.

''He defendido siempre el funcionamiento correcto y eficaz de la administración pública'', mantiene el dirigente socialista. Cruz asegura a Canarias Ahora que ''detrás de todo esto'' está ''la derecha del PP y Vox''. ''Lo que no podemos permitir es que mensajes de este tipo, sin contrastar, cree una desconexión de la gente del municipio con su ayuntamiento, con su administración'', insiste. Por último, invita al PP a presentar un proyecto claro y que ''haga propuestas, no falsas informaciones por un minuto de gloria''. Además, asegura que el partido líder de la oposición no ha presentado por registro de entrada ninguna petición de comparecencia.

El consejero de Residuos del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas (CC), estuvo investigado desde octubre hasta marzo por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las diligencias se iniciaron a raíz de una denuncia presentada a la Fiscalía por la Guardia Civil por el incendio que tuvo lugar el pasado 27 de mayo de 2024 en el Complejo Ambiental de Zonzamas. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a este periódico, la causa se archivó en marzo. Sin embargo, la imputación no se ha hecho pública hasta este martes, después de que el Cabildo firmara un decreto para pagar los servicios del abogado que asistió al consejero.

La Sección de Instrucción de la Plaza número 2 de Arrecife citó a Cejas, este declaró y después de que se realizaran diversas diligencias se archivó la causa, han explicado desde el TSJC. En el auto, al que ha tenido acceso este periódico y que data del 6 de marzo, se recoge que ''los elementos de juicio que justificaron la apertura del procedimiento penal de instrucción se han debilitado hasta tal punto que no pueden servir de base para la apertura de juicio de acusación contra el investigado''.

Aunque la citación de Cejas para comparecer como investigado fue notificada al área de Residuos el 30 de octubre de 2025, no ha sido hasta este martes cuando se ha hecho pública la imputación, después de que este 21 de mayo el Cabildo resolviera por decreto la contratación de un abogado para el consejero.

En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico consta que Deprona Timanfaya, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, aportó a la Fiscalía Provincial de Las Palmas una denuncia y documentación relativa a los hechos acontecidos en el vertedero de Zonzamas y que pudieran ser constitutivos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En el decreto del Cabildo insular, consultado por Canarias Ahora, se citan también informes ambientales de 2022 y 2024 que revelan la existencia de ''deficiencias operativas y de control interno'' en materia de gestión de residuos, almacenamiento, clasificación y vigilancia. La citación judicial en calidad de investigado se dirigía al representante legal del Complejo Ambiental, cargo que recae en el consejero de Residuos, Domingo Cejas.

El pago al abogado

Este periódico ha preguntado al Cabildo de Lanzarote por qué firmó la contratación del abogado Francisco Torres Stinga dos meses después del archivo de la causa. ''Lo que se firmó fue la aprobación del pago al letrado. Asumir el gasto por parte de la Administración porque la causa se archivó. La Administración asume el gasto de dirección letrada cuando el caso termina y se archiva por inexistencia de responsabilidad del representante público o funcionario'', explican.

Sin embargo, el decreto no recoge qué cantidad se le pagará al letrado. Sobre los honorarios, el documento concluye que están ''por determinar según presupuesto a presentar y siempre que sea acorde con el baremo oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote, debiéndose facturar a través de su despacho''.

''Ocultación'' a la ciudadanía

Este martes, después de que se conociera a través de este decreto la imputación de Domingo Cejas, el PSOE exigió la comparecencia del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort. El consejero socialista en la corporación insular, Benjamín Perdomo, denunció que ''lo más grave'' no era la existencia de una investigación penal, sino que se haya ''decidido ocultarlo durante meses a la ciudadanía''.

Para el PSOE, estos hechos obligan al presidente del Cabildo a comparecer y explicar ''desde cuándo conocía esta situación, por qué no informó públicamente, qué medidas se han adoptado desde entonces y qué evaluación interna se ha realizado sobre las condiciones de seguridad, vigilancia y control del Complejo Ambiental''.

La ''amenaza urbanística'' sobre la montaña protegida de Guaza (Tenerife) ha llegado a Europa. Colectivos ecologistas han presentado una queja formal ante la Comisión Europea en la que advierten que los dos proyectos previstos para urbanizar este enclave de Arona afectarían a especies en peligro de extinción y hábitats de interés comunitario dentro de un espacio de la Red Natura 2000. ''El principio de precaución no admite otra respuesta que la denegación de las licencias'', defienden. Así, solicitan la paralización de cualquier trámite de licencia y garantizar la conservación íntegra de este espacio.

Dos empresas han pedido licencia al Ayuntamiento de Arona para construir viviendas y locales comerciales en la ladera de Montaña de Guaza. Una de ellas es la madrileña Metrovacesa, que quiere levantar un edificio de 28 viviendas de uso residencial, cuatro locales comerciales, trasteros, garajes y una piscina comunitaria. La otra es la promotora Lemwey, vinculada al poderoso grupo belga Los Menceyes, que pidió licencia para una urbanización de lujo entre la playa de Palm-Mar y la Montaña de Guaza.

La documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora muestra que la superficie ocupada por el proyecto de Metrovacesa, denominado 'Gara', asciende a los 3.200 metros cuadrados y está cerca de la costa. La licencia, según confirmaron desde la corporación municipal a este periódico, permaneció congelada durante meses porque la parcela está afectada por la Red Natura 2000. Lo mismo ha sucedido con el proyecto del grupo Los Menceyes, bautizado como The Cliff.

Los colectivos ecologistas han remitido la queja también al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Arona, ''dejando constancia formal de que todas las administraciones competentes conocen los hechos denunciados y las infracciones alegadas''. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se insiste en que ''ninguno de los proyectos'' ha sido sometido a la evaluación adecuada de repercusiones sobre la Red Natura 2000.

''Destrucción irreversible''

La queja formal apela al principio de precaución que rige la política ambiental de la Unión Europea y que exige a las autoridades ''anticipar y prevenir el daño ambiental significativo cuando existe riesgo''. ''La evidencia científica acumulada es concluyente: estamos ante impactos significativos e irreversibles sobre uno de los enclaves naturales costeros mejor conservados del sur de Tenerife, hogar de especies endémicas, protegidas y en peligro de extinción'', alertan los colectivos. Por ello, exigen la paralización de cualquier tramitación de las licencias por parte de las administraciones.

La queja incluye un anexo con informes técnicos de flora, fauna y geomorfología. Según han informado los colectivos, en ellos se subraya que los proyectos afectan a especies catalogadas en peligro de extinción tanto por la legislación canaria como por la estatal. Entre ellas está la pimelia tinerfeña costera (Pimelia canariensis), un escarabajo endémico de Tenerife ''cuya extinción local sería prácticamente irreversible dada su limitadísima capacidad de dispersión''. Otra de las especies mencionadas es el lagarto gigante de Tenerife (Gallotia intermedia), del que sobreviven apenas dos poblaciones en toda la isla, una de ellas ''a escasos metros de las obras proyectadas'' y que arrastra años de ''declive acusado''.

La Montaña de Guaza también está atravesada por una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En esta línea, los informes aportados por los colectivos advierten de la presencia de nidos de la pardela cenicienta (Calonectris borealis) ''directamente en la zona de obras'' y de otras especies protegidas, residentes o migratorias como el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) o el alcaraván (Burhinus oedicnemus).

''La realización de las obras y, posteriormente, la presencia de un edificio habitado conllevaría perturbaciones significativas'', alerta el texto, como los ruidos de maqiunaria y vibraciones durante la construcción o el aumento de tránsito humano y de luces artificiales nocturnas. Asimismo, respecto a la vegetación, han identificado comunidades del tabaibal cardonal -hábitat de interés comunitario- y especies ''con el mismo grado de protección que la viborina triste, que paralizó Cuna del Alma''.

El proyecto de Los Menceyes contempla, entre otras cosas, una obra de contención de la ladera de la montaña para ''impedir la potencial caída de rocas''. Los colectivos ecologistas defienden que la ladera es un ''sistema estabilizado'' que no representa riesgo alguno ni para las personas ni para infraestructuras. Por el contrario, las intervenciones previstas como la cementación, el hormigonado o la colocación de mallas metálicas sí alterarían de manera ''irreversible'' el régimen hídrico, la dinámica geomorfológica y los valores paisajísticos y patrimoniales de la Montaña de Guaza.

La batalla en los tribunales

El Ayuntamiento de Arona considera que no puede otorgar la licencia a Metrovacesa sin una evaluación ambiental previa, al afectar a un espacio protegido por Europa. La empresa no comparte ese criterio, por lo que recurrió a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El pasado 9 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a la promotora y resolvió que no era necesaria una evaluación ambiental para conseguir la licencia. Poco más de un mes después, Arona anunció que había recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo para que clarifique el criterio aplicable en actuaciones con posible incidencia en espacios protegidos y ''evitar interpretaciones que puedan suponer, en la práctica, una reducción de las garantías ambientales''.

En esta línea, la queja formal presentada ante la Comisión Europea subraya que autorizar ahora un desarrollo urbanístico sin los debidos controles ambientales supone ''un retroceso manifiesto'' en el grado de protección de la Montaña de Guaza y abre la puerta a futuras edificaciones en este espacio protegido.

Denunciar violencia machista y que no te crean o incluso te deporten, que no te alquilen una vivienda “por perfil”, cargar con el estereotipo de tener que ser una mujer “resiliente” o que te hipersexualicen constantemente. Estas son solo algunas de las violencias que sufren las mujeres negras en España. El racismo y la misoginia se entrelazan en las violencias machistas que se ejercen contra ellas tanto en el ámbito privado como en el público, pasando por el institucional y también el mediático. Así lo refleja un estudio pionero elaborado por la organización andaluza Biznegra: Voces, cuerpos y fronteras: Misogynoir como factor determinante de la violencia machista a mujeres negras en España.

Que en España prevalezca la “invisibilización del racismo” tiene “consecuencias directas” para las mujeres negras, que sufren en la sombra un “entramado de violencia cotidiano” que atraviesa todos los ámbitos de sus vidas y las empuja en muchos casos a la precariedad laboral y de vivienda. “Todo va ligado. Además de ser una mujer negra, hay que tener en cuenta el estatus migratorio de cada una. Las que no tienen un estatus administrativo regular o no tienen un DNI tienen más dificultades para alquilar o adquirir una vivienda”, ejemplifica Rosalía Umabano Upunque, una de las investigadoras.

La politóloga insiste en que en España no se recogen datos sobre la población negra ni sobre las violencias que sufren. “Si no se recogen, no se reconocen, y si no se reconocen, no existen”, advierte. En la práctica, esto se traduce en falta de recursos y de soluciones para erradicar estas violencias o, “al menos, reducirlas”. 

La trabajadora social Iliassou Olalla Benjumea destaca que hay cuestiones que no se tienen en cuenta y que afectan específicamente a las mujeres negras. “Que tu pareja te fuerce a alisarte el pelo es una experiencia que tienen las mujeres negras concretamente, pero eso no se va a leer como un indicador de violencia machista porque no está dentro del radar”. Por ello, incide en la importancia de tener en cuenta la perspectiva racial, la perspectiva migrante y en realizar trabajo con las comunidades negras. “Sabemos que el trabajo comunitario es importante y fortalece los tejidos comunitarios”, recalca. 

Asimismo, añade que hay una cuestión también importante y es que “la credibilidad que nosotras tenemos depende de dónde sea nuestro agresor”, de la nacionalidad, “es que si es blanco pues o van a pensar que soy prostituta o van a empezar a pensar que si hay un tema de trata”, agrega. 

El miedo a no ser creídas 

“No denunciamos porque no consideramos que nos vayan a creer, que nos vayan a tomar en serio”, afirmó una de las mujeres entrevistadas para este estudio. Los estereotipos y prejuicios sobre ellas son unas de las principales barreras que encuentran las mujeres negras que quieren denunciar violencia. “Existe desconfianza respecto a los cuerpos de seguridad. Si le pasa a las mujeres que son blancas y españolas, qué va a ser de nosotras”, apunta Umabano.

En el caso de las mujeres en situación administrativa irregular, se suma el temor a la deportación. “Legalmente, si vas a denunciar, no te pueden deportar, pero la teoría es una cosa y la práctica es otra”, añade la investigadora, que pone como ejemplo a las trabajadoras del campo español que sufren abusos por parte de sus patrones cuando “trabajan en b”.

No denunciamos porque no consideramos que nos vayan a creer, que nos vayan a tomar en serio

Iiassou Olalla Benjumea agrega que en muchas experiencias de la violencia machista de las mujeres negras se genera una sensación de que no te van a creer no solamente las instituciones, “sino en tu propia comunidad, porque se te ve como una traidora”. El estudio, de hecho, incide en que la violencia de género en España es reconocida como un problema de Estado, pero las estadísticas de feminicidios muestran una realidad cruda: las mujeres migrantes están drásticamente sobrerrepresentadas. Entre 2003 y 2021, representaron el 31,3% de las víctimas de feminicidio. 

A la hora de denunciar violencia sexual, las mujeres negras narran que se les fetichiza sexualmente, se les exotiza e hipersexualiza. “Por ejemplo, hombres que asumen que estarán siempre disponibles sexualmente o que practican ciertos comportamientos debido a su origen. Este estereotipo sexual no solo las hace más vulnerables a agresiones (abusos, acoso, trata sexual), sino que además contamina la respuesta institucional: por ejemplo, las perciben bajo el prejuicio de la prostitución”, detalla el estudio.

El análisis de Biznegra relata que en Canarias muchas mujeres negras sienten que automáticamente se cuestiona su presencia en ciertos lugares, “insinuando que están allí para trabajar sexualmente”. “Hay un perjuicio social de que las mujeres negras somos casi todas prostitutas, que somos un objeto sexual. Nos hacen sentir que la situación nos la hemos buscado o la hemos tergiversado”, apunta Rosalía Umabano. 

Las niñas negras crecemos siendo adultificadas

Iiassou Olalla Benjumea añade sobre este punto que no es que simplemente se las fetichice, sino que se las fetichice de manera muy temprana; “esto es muy importante, es decir, las niñas negras crecemos siendo adultificadas. Por ello pone el foco en el acoso sexual a menores que es ”especialmente es flagrante“. 

Otra cuestión sobre las violencias machistas que sufren las mujeres negras son aquellas que ocurren en los espacios públicos como han denunciado las entrevistadas en Canarias. Ellas describen un racismo cotidiano muy marcado en la vida diaria: “microagresiones constantes en guaguas, centros de salud, comercios, espacios públicos, así como chistes y comentarios racistas y sexistas que normalizan la falta de respeto . ”Las consecuencias son graves: refuerzan la idea de que no existe un “espacio seguro” al que acudir“, apunta la investigación. 

Para combatir estas violencias, es clave la formación no solo a la población en general, sino también a todos los profesionales que intervienen en estos procesos: agentes policiales, juristas, psicólogas, etc. Otro reto es la participación de las mujeres negras en la elaboración de las políticas. “Gracias a dios tenemos a una diputada afrodescendiente en el Congreso y hemos tenido importantes cargos en el Ministerio de Igualdad, pero no nos vale con estar ahí, sino que se nos tenga en cuenta a nosotras y a nuestras propuestas”, asevera Umabano.

El trauma racial

Las violencias machistas contra las mujeres negras, así como la discriminación institucional y cotidiana, generan un “estrés psicosocial constante” entre ellas y pueden provocar lo que se conoce como “trauma racial”. A esto se suman que la fortaleza en las mujeres negras “se interpreta casi como un requisito”. “Se les exige aguantar y, cuando lo consiguen, se les felicita por ser fuertes”, volviendo esa supuesta virtud en un arma de doble filo, matiza el estudio. De hecho, Iiassou Olalla Benjumea apunta que “se romantiza la violencia de las mujeres negras” como una mujer que lo soporta todo 

“Llegamos al punto de aprender a vivir con ello. Imagínate que estás cargando con esta situación desde que sales de tu casa hasta que vuelves a ella. Como persona negra, distingues entre lo que puedes hacer y lo que no para evitar malos entendidos, confusiones o problemas de cualquier tipo”, lamenta Umabano. 

“Yo, por ejemplo, por muy grande o pequeño que sea un supermercado, procuro dejar el bolso en la caja o en la taquilla, para así evitar que te pidan registrarlo después por los estereotipos que hay sobre las personas negras”, afirma la investigadora. “Al final es un trauma que vas generando dentro de la comunidad negra, porque aprendes a vivir con ello directamente porque forma parte de tu día a día”, añade. 

Esto ocurre desde la infancia. “Las niñas negras no sienten que sean unas niñas sin más. Llega un punto en el que te das cuenta de que sufres vivencias y prefieres evitar determinadas situaciones”, señala la politóloga. “A los niños negros se les suele adultificar mucho más. Puedes tener 11 o 12 años, que no tienes la obligación de llevar el DNI encima, pero tus padres te obligan a llevarlo por si los agentes te paran en la calle”, critica. 

Los puntos ciegos de las leyes 

El estudio habla de un conjunto de comunidades entre ellas Canarias, Galicia, Aragón, Madrid, Murcia y, en gran medida, Castilla-La Mancha en su ley de violencia– donde la diversidad étnico-racial y la situación migratoria prácticamente no aparecen en la normativa específica sobre violencia de género. Las leyes suelen hablar de “mujeres en situación de especial vulnerabilidad” sin desagregar a qué colectivos se refieren, o directamente omiten cualquier alusión a raza, etnia o migración. 

Las investigadoras inciden en que el enfoque sigue siendo monocultural: el sujeto “mujer” se construye como una categoría aparentemente neutra, pero en la práctica alineada con la figura de la mujer blanca, autóctona y castellanohablante. No obstante, sí existe ya un conjunto de leyes autonómicas que incorporan, en distinto grado, interseccionalidad, discriminación múltiple y menciones específicas a mujeres migrantes y de minorías, pero la “cobertura es desigual y genera una geografía de derechos fragmentada para las mujeres negras y racializadas según el lugar donde viven”. Entre ellas no aparece Canarias, por ejemplo. 

Pese a los avances legislativos de algunas comunidades, la trabajadora social apunta que una de las legislaciones más avanzadas sobre el papel de la interseccionalidad es Catalunya, sin embargo, “es una de las comunidades que tiene más disparidad con la realidad de las mujeres”. En este punto, destaca que de las mujeres entrevistadas ninguna sabía qué recursos eran los que tenían disponibles, a dónde tenían que acudir, no se sentían defendidas por las instituciones. 

Muchas entrevistadas sienten que están “totalmente vulnerables, desprotegidas” frente a la violencia machista- Un indicador claro de esta desprotección es el desconocimiento de recursos especializados. “La gran mayoría de mujeres entrevistadas solo identifica como recurso de emergencia el teléfono 112 o, en su caso, la policía, pero hay un gran vacío de información sobre servicios específicos de violencia machista disponibles”. Asimismo, las participantes afirman que, en general, los recursos institucionales no están adaptados cultural ni lingüísticamente a la realidad de las mujeres negras.

Familias del colegio Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife, donde residía hasta este jueves un cura denunciado por pederastia, han enviado un escrito al Obispo de Tenerife para expresar su ''máxima preocupación'' ante estos hechos. El sacerdote C.A.A. ha sido denunciado ante la Iglesia y la Fiscalía de Colombia por un supuesto caso de abusos sexuales a un menor en un colegio colombiano de 1992. Según publicó en exclusiva Canarias Ahora, el religioso residió desde 2015 hasta este 21 de mayo en este centro concertado de la isla.

Pocas horas después de la publicación en este periódico, el centro informó en una circular a las familias de que habían adoptado medidas cautelares para separar al cura de los menores. Por la tarde, tras un escrito emitido por los familiares, el colegio informó de que habían procedido a expulsar al religioso del colegio para reubicarlo en un ''lugar adecuado a su situación y avanzada edad, donde tampoco tendrá ningún contacto con menores ni estará vinculado a ningún entorno escolar''.

En el escrito enviado al Obispo de Tenerife, las familias denuncian la ''grave ambigüedad'' de esta circular. ''El centro no explicita ni aclara a qué espacio concreto denominan ''fuera del entorno escolar''. Nos resulta de extrema preocupación que dicho traslado pretenda limitarse a dependencias o estancias residenciales de la propia comunidad de religiosos que, aun estando apartadas de las aulas, se ubican físicamente dentro de las instalaciones y del recinto integral del centro educativo, manteniendo zonas de acceso comunes o colindantes'', subrayan las familias.

En esta línea, el colectivo de padres y madres de alumnos de las Escuelas Pías de Santa Cruz considera que ''trasladar'' a C.A.A. es ''continuar con la complicidad y generar otro foco de víctimas, no es la depuración de responsabilidades que la agravedad de los hechos exige''. Asimismo, piden una ''fiscalización contundente, detallada y sin ambigüedades'', que priorice el interés superior de los menores y garantice un espacio seguro para ellos.

Las denuncias contra C.A.A.

El pasado 5 de mayo, la víctima alertó al superior de la orden de los escolapios por correo electrónico de que, cuando tenía ocho años y estaba en tercero de Primaria, en 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C.A.A., de nacionalidad española. En aquel momento, relata el mensaje, el sacerdote era coordinador de Primaria en el colegio de Calasanz de Cúcuta (Colombia). En ese correo, advertía de que había tenido constancia de que el religoso vivía en un colegio de España y que tenía contacto con menores. Por eso, presesntó una denuncia ante la Fiscalía de Colombia el pasado 19 de mayo.

En la denuncia presentada por el exalumno ante la Fiscalía, este relata que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”.

En una entrevista con esta redacción, el denunciante asegura que actualmente aún recibe ayuda psicológica y psiquiátrica y que ha guardado silencio durante 35 años. Sus padres, explica, se enteraron hace apenas unos días de los hechos que denuncia.

C.A.A. llegó a Colombia el 29 de enero de 1971, según un documento oficial de la orden religiosa emitido en respuesta a un derecho de petición elevado en 2023 por el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos Hoyos. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que el cura estuvo en Cúcuta desde esa fecha hasta enero de 1972. A partir de entonces fue prefecto de Primaria en Bogotá. En Semana Santa de 1983 volvió a Cúcuta como prefecto de Primaria, y allí permaneció hasta el 5 de abril de 1993, un año después de los hechos denunciados.

Los datos ofrecidos por la orden religiosa no aclaran dónde estuvo C.A.A. entre 1993 y 1996. En enero de ese año fue formador de aspirantes en la Casa de Formación del Paraíso de Bogotá, y en enero de 2002 fue trasladado a la ciudad colombiana de Pereira. La última información que ofrece el documento confirma que en 2023 el cura ya estaba en “la provincia de Betania (España)'', una de las demarcaciones administrativas en las que se divide la orden religiosa de los Escolapios.

Las Escuelas Pías reconocieron a este periódico que el cura reside en la comunidad escolapia de Santa Cruz de Tenerife desde 2015. “En la actualidad no tiene responsabilidades docentes ni funciones de atención directa al alumnado del colegio, ni tiene encomendada ninguna labor pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna’’, han señalado. La institución afirma que, desde que tuvieron conocimiento de la denuncia, ''se han adoptado medidas para evitar cualquier contacto con menores de edad mientras se desarrollan los correspondientes procedimientos''. 

El traslado del cura

En la segunda circular enviada por el centro a las familias el jueves 21 de mayo, informan del traslado del cura a un entorno fuera del espacio escolar. Además, en el comunicado intentan trasladar ''un mensaje claro de tranquilidad y seguridad''. ''Entendemos plenamente la inquietud que esta situación ha podido generar, y por ello queremos asegurarles que la protección de vuestros hijos e hijas, la seguridad del alumnado y la garantía de un entorno educativo seguro son nuestra máxima prioridad'', aseveran.

Las Escuelas Pías han reiterado su “rechazo absoluto” a “cualquier forma de abuso o conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores”. Ante cualquier denuncia de esta naturaleza, “nuestra obligación es actuar con seriedad, prudencia, rigor y humanidad, protegiendo siempre a los menores y colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, apuntan.

Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife es un colegio concertado. Este periódico ha preguntado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias si tomaría medidas en relación a los hechos publicados o si podía ofrecer su valoración de los mismos, a lo que desde el área han respondido que no entran en los regímenes disciplinarios de centros privados ni concertados.

Escuelas Pías de Tenerife ha anunciado en un segundo comunicado este jueves que ha trasladado al cura denunciado por pederastia a un lugar donde no tendrá contacto con menores. Según la circular, el sacerdote C.A.A no tenía ninguna responsabilidad docente ni ninguna labor pastoral encomendada en el centro. “Aun así, y aplicando nuestro protocolo de salvaguarda, la Institución ha procedido a su traslado a un lugar adecuado a su situación y avanzada edad, donde tampoco tendrá ningún contacto con menores ni estará vinculado a ningún entorno escolar”, asegura el centro.

Canarias Ahora publicó en exclusiva este 21 de mayo que un cura denunciado por pederastia en Colombia residía en este centro desde 2015. El denunciante es un antiguo alumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia, que alertó el pasado 5 de mayo por correo electrónico al superior de la orden de los escolapios de que cuando tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria, en el año 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C. A. A., de nacionalidad española, y que en aquel momento, según denuncia, era coordinador de Primaria del centro. En ese correo advertía de que había tenido constancia de que este sacerdote residía en la actualidad en un colegio de España y que tenía contacto con menores, por lo que presentó denuncia ante la Fiscalía el pasado 19 de mayo.

“Desde que la Institución tuvo conocimiento de estos hechos, el padre no ha tenido contacto con menores ni con ningún alumno del centro. Asimismo, aplicando nuestro protocolo de salvaguarda, se adoptaron de manera inmediata medidas preventivas para evitar cualquier posibilidad de contacto con el alumnado mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes”, asegura el colegio.

Escuelas Pías de Tenerife envía este comunicado después de la inquietud mostrada por los padres y madres este jueves, tras la publicación de Canarias Ahora y tras presentar un escrito. “Queremos trasladarles, en primer lugar, un mensaje claro de tranquilidad y seguridad. Entendemos plenamente la inquietud que esta situación ha podido generar, y por ello queremos asegurarles que la protección de vuestros hijos e hijas, la seguridad del alumnado y la garantía de un entorno educativo seguro son nuestra máxima prioridad”, asegura el centro educativo.

Las Escuelas Pías han reiterado su “rechazo absoluto” a “cualquier forma de abuso o conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores”. Ante cualquier denuncia de esta naturaleza, “nuestra obligación es actuar con seriedad, prudencia, rigor y humanidad, protegiendo siempre a los menores y colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, apunta.

“Sabemos que esta situación puede generar inquietud. Por ello agradecemos la confianza, la responsabilidad y la preocupación expresada por las familias. Seguiremos actuando con firmeza, transparencia y sentido institucional, siempre desde el compromiso prioritario con la protección de los menores y con la tranquilidad de toda la comunidad educativa”, insisten desde el colegio.

Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife es un colegio concertado. Este periódico ha preguntado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias si tomaría medidas en relación a los hechos publicados o si podía ofrecer su valoración de los mismos, a lo que desde el área han respondido que no entran en los regímenes disciplinarios de centros privados ni concertados.

El escrito de las familias

Pocas horas después de la publicación de Canarias Ahora, el colegio envió una circular a las familias afirmando que, como medida cautelar, habían alejado al cura de los menores desde que tuvieron constancia de la denuncia. Este mediodía, las familias enviaron un escrito tanto a la dirección del centro como a la titularidad del mismo (Escuelas Pías Provincia de Betania), en el que manifestaban su disconformidad y su rechazo ante la ''flagrante insuficiencia'' de las medidas adoptadas.

Madres, padres y tutores legales del centro subrayaron que la decisión adoptada por el colegio era ineficaz si el religioso continuaba residiendo, transitando o permaneciendo dentro del perímetro inmobiliario, dependencias comunitarias o accesos compartidos del colegio.

Las familias subrayaron que el colegio no puede garantizar que el denunciado no coincida en las instalaciones del colegio con los niños, trasladando tanto a los menores como a las familias un ''riesgo potencial y una situación de intolerable alarma social''. Por ello, en el escrito daban un plazo máximo de 24 horas al colegio para que expulsara a C.A.A. del conjunto de las dependencias de Escuelas Pías de Santa Cruz de tenerife.

Así, el documento solicitaba que la orden religiosa reubicara al sacerdote en dependencias externas y absolutamente ajenas a cualquier entorno escolar o habitado por menores por razones de ''urgencia y protección'' del alumnado. Para verificar que la medida se ejecutara, las familias han pedido al centro que acredite documentalmente la salida efectiva del cura del centro.

La denuncia en Fiscalía

En la denuncia presentada por el exalumno ante la Fiscalía, este relata que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”.

El denunciante asegura que actualmente aún recibe ayuda psicológica y psiquiátrica y en una entrevista con Canarias Ahora explicó que ha guardado silencio durante 35 años y que sus padres se enteraron hace apenas unos días.

La respuesta del Obispado

Este periódico preguntó por este caso también al Obispado de Tenerife, que aseguró que: “El sacerdote religioso indicado no tiene encomendado ninguna labor pastoral en esta Diócesis. Por las consultas realizadas, nos resulta que sí reside en la comunidad de ese instituto religioso en esta diócesis, pero desconocemos cuánto tiempo lleva en la misma y qué funciones desempeña al interno de la misma”, apuntó.

“Con fecha 8 de mayo se recibió un correo electrónico con un enlace a una página web en la que se hablaba del citado religioso y una denuncia contra el mismo. Información que hemos remitido al Superior provincial, quien tiene la competencia sobre el sacerdote”, agregó la Diócesis Nivariense. La página web a la que hace referencia la Diócesis en su respuesta es el medio de comunicación Hacia el umbral, donde trabaja el periodista Miguel Ángel Estupiñán. Él, junto al periodista Juan Pablo Barrientos, logró que la Corte Constitucional de Colombia ordenara a la Iglesia católica del país desclasificar los archivos de los casos de pederastia en 2025. En esta web publicó la denuncia contra el cura español C.A.A. y advirtió de que el supuesto agresor seguía vivo y en contacto con menores en España.

Escuelas Pías de Tenerife ha dicho a las familias que ha separado de los menores al cura C.A.A., denunciado por pederastia. Sin embargo, en la circular enviada este jueves tras la exclusiva publicada por Canarias Ahora para explicar las medidas cautelares adoptadas, no se incluye la expulsión del religioso de este colegio concertado, donde vive desde 2015 y localizado en la capital tinerfeña. Estas medidas preventivas, afirma el centro, ''buscan proteger a todas las partes y garantizar el proceso, sin anticipar conclusiones''.

''Desde el momento en que se conoció la denuncia, y de manera cautelar, se están adoptando todas las medidas necesarias para evitar cualquier contacto del religioso con menores de edad mientras se desarrollan las investigaciones'', detalla la circular. La denuncia contra el cura fue interpuesta ante la Fiscalía de Colombia este 19 de mayo por parte de un exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia.

La víctima también alertó al superior general de los padres escolapios el 5 de mayo de que cuando tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria, en el año 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C. A. A., que era, según denuncia, coordinador de Primaria del centro. En dicho correo electrónico señalaba que tenía entendido que ese sacerdote reside en la actualidad en un colegio religioso de Tenerife, y pedía confirmar si esto era cierto. 

Preguntada por este periódico, desde Escuelas Pías han respondido que el cura reside en la comunidad escolapia de Santa Cruz de Tenerife desde 2015. ''En la actualidad no tiene responsabilidades docentes ni funciones de atención directa al alumnado del colegio, ni tiene encomendada ninguna labor pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna’'', han señalado.

“Entornos seguros y protección absoluta''

Escuelas Pías de Tenerife, ante la preocupación de las familias, ha enviado una circular para informar de que ''ante las noticias que están apareciendo en la prensa'' ha activado ''de forma inmediata'' sus protocolos internos de salvaguarda. ''Nuestra prioridad máxima e innegociable es la protección de los menores y el mantenimiento de espacios educativos y pastorales basados en la confianza, el respeto y la seguridad'', comienzan.

En el comunicado insisten en que el centro cuenta con ''estrictos protocolos'' de prevención, formación y seguimiento para garantizar este fin. Además de las medidas preventivas adoptadas, el colegio asegura que está colaborando plenamente con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes para el esclarecimiento de lo ocurrido, ''actuando desde el primer momento con voluntad de escucha, rigor y máxima responsabilidad ética''.

''Reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier conducta que vulnere la integridad de los menores y les aseguramos que el bienestar de sus hijos sigue siendo el eje central de nuestro día a día'', concluyen.

El relato del denunciante

Este periódico ha recabado la versión del denunciante, que explica que lleva 35 años en silencio y que su familia se enteró de los hechos hace apenas unos 20 días. En la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, explica que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata en la denuncia. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”, apunta en la denuncia. 

“A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas”, agrega en su denuncia. La Fiscalía de Colombia ha señalado que en los próximos días se le informará si los hechos reportados darán lugar a la apertura de diligencias. 

En una conversación con este periódico, el denunciante reitera que los presuntos abusos sexuales se cometieron cuando él era alumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, un centro al que asegura que acuden niños y niñas de familias pudientes. Asegura que el cura le llegó a decir a su madre que él había bajado su rendimiento para que se lo llevara del colegio. “El tipo se asustó y lo que hizo fue sacarme del colegio, echarme del colegio”, asegura. “Todo el mundo está aterrado porque en Cúcuta el tipo era una eminencia, todo el mundo lo quería”, afirma a esta redacción. 

La trayectoria del cura

El colegio Calasanz de Cúcuta de Colombia, donde el denunciante relata que se produjeron los abusos por parte de C.A.A., fue fundado en 1954 y pertenece a la Orden Religiosa de las Escuelas Pías o Padres Escolapios. Se trata de un colegio privado, localizado en el departamento Norte de Santander, al que acuden generalmente familias de clase alta. 

C.A.A., de nacionalidad española, llegó a Colombia el 29 de enero de 1971, según un documento oficial de la orden religiosa emitido en respuesta a un derecho de petición elevado en 2023 por el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos Hoyos. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que el cura estuvo en Cúcuta desde esa fecha hasta enero de 1972. A partir de entonces fue prefecto de Primaria en Bogotá. En Semana Santa de 1983 volvió a Cúcuta como prefecto de Primaria, y allí permaneció hasta el 5 de abril de 1993, un año después de los hechos denunciados.

Los datos ofrecidos por la orden religiosa no aclaran dónde estuvo C.A.A. entre 1993 y 1996. En enero de ese año fue formador de aspirantes en la Casa de Formación del Paraíso de Bogotá, y en enero de 2002 fue trasladado a la ciudad colombiana de Pereira. La última información que ofrece el documento confirma que en 2023 el cura ya estaba en “la provincia de Betania (España)'', una de las demarcaciones administrativas en las que se divide la orden religiosa de los Escolapios.

Un cura acusado de pederastia reside desde 2015 en el colegio concertado Escuelas Pías de Tenerife, en la capital tinerfeña. El pasado 5 de mayo, un exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia, alertó al superior general de los padres escolapios de que cuando tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria, en el año 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C. A. A., que era, según denuncia, coordinador de Primaria del centro. En dicho correo electrónico señalaba que tenía entendido que ese sacerdote reside en la actualidad en un colegio religioso de Tenerife, y pedía confirmar si esto era cierto. 

“Si eso es así, les pido que lo suspendan y lo retiren de todo contacto con menores de edad, en el marco de la investigación eclesiástica que ustedes tienen el deber de iniciar en atención a esta, mi denuncia”, añadía en su correo el denunciante, que también solicita justicia y que esta “incluye no solamente verdad, sino también reparación”. 

Este correo, al que ha tenido acceso este periódico, fue respondido por el delegado de Salvaguarda de las Escuelas Pías, de la Curia General en Roma, quien aseguró al denunciante que agradece “el valor” que había tenido en escribirles. “Somos conscientes de la seriedad de lo que nos ha transmitido. Su escrito no es para nosotros algo que podamos ignorar ni demorar: es una obligación de actuar. Le aseguro que será tratado con la seriedad y el respeto que usted merece”, apunta. 

En esa respuesta se expone que se han “iniciado ya los pasos internos correspondientes, en coordinación con las provincias religiosas implicadas”. Además, le aseguraban que en los próximos días “alguien de la institución se pondrá en contacto con usted para concretar un espacio de escucha”. 

A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas

Las Escuelas Pías han respondido a este periódico que el cura reside en la comunidad escolapia de Santa Cruz de Tenerife desde 2015. “En la actualidad no tiene responsabilidades docentes ni funciones de atención directa al alumnado del colegio, ni tiene encomendada ninguna labor pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna’’, han señalado. La institución afirma que, desde que tuvieron conocimiento de la denuncia, ''se han adoptado medidas para evitar cualquier contacto con menores de edad mientras se desarrollan los correspondientes procedimientos''. 

La Diócesis Nivariense ha confirmado a este periódico que ese cura no tiene encomendada ninguna labor pastoral en esta Diócesis, pero sí que reside “en la comunidad de ese instituto religioso en esta diócesis”. “Desconocemos cuánto tiempo lleva en la misma y qué funciones desempeña al interno de la misma”, mantienen. 

También han confirmado que el pasado 8 de mayo se recibió un correo electrónico con un enlace a una página web en la que se hablaba del citado religioso y una denuncia contra el mismo. “Una información que hemos remitido al Superior provincial, quien tiene la competencia sobre el sacerdote”, afirman.

La página web a la que hace referencia la Diócesis en su respuesta es el medio de comunicación Hacia el umbral, donde trabaja el periodista Miguel Ángel Estupiñán. Él, junto al periodista Juan Pablo Barrientos, logró que la Corte Constitucional de Colombia ordenara a la Iglesia católica del país desclasificar los archivos de los casos de pederastia en 2025. En esta web publicó la denuncia contra el cura español C.A.A. y advirtió de que el supuesto agresor seguía vivo y en contacto con menores en España. 

El relato del denunciante

Este periódico ha recabado la versión del denunciante, que explica que lleva 35 años en silencio y que su familia se enteró de los hechos hace apenas unos 20 días. El denunciante, además de la denuncia interna en la Iglesia, también ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Colombia este 19 de mayo. 

En esa denuncia, explica que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata en la denuncia. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”, apunta en la denuncia. 

“A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas”, agrega en su denuncia. La Fiscalía de Colombia ha señalado que en los próximos días se le informará si los hechos reportados darán lugar a la apertura de diligencias. 

En una conversación con este periódico, el denunciante reitera que los presuntos abusos sexuales se cometieron cuando él era alumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, un centro al que asegura que acuden niños y niñas de familias pudientes. Asegura que el cura le llegó a decir a su madre que él había bajado su rendimiento para que se lo llevara del colegio. “El tipo se asustó y lo que hizo fue sacarme del colegio, echarme del colegio”, asegura. “Todo el mundo está aterrado porque en Cúcuta el tipo era una eminencia, todo el mundo lo quería”, afirma a esta redacción. 

Activación de protocolos internos 

Las Escuelas Pías aseguran que, tras tener conocimiento de la denuncia presentada por el exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, han activado “de manera inmediata los protocolos de salvaguarda previstos para este tipo de situaciones y se ha puesto a disposición de las autoridades civiles y jurídicas''. ‘’Desde el primer momento, la institución ha actuado con voluntad de escucha, respeto y acompañamiento hacia la persona que ha denunciado los hechos, entendiendo la gravedad y el impacto humano que puede existir detrás de cualquier relato relacionado con abusos a menores'', añaden.

Sobre las medidas adoptadas, el centro responde que estas incluyen “actuaciones cautelares de carácter preventivo mientras se desarrollan las correspondientes verificaciones e investigaciones jurídicas y canónicas”. Asimismo, insisten en que la finalidad es proteger a todas las partes implicadas ''sin que supongan anticipar conclusiones sobre la determinación de responsabilidades ni menoscabar el principio de presunción de inocencia y con la voluntad de acompañar y escuchar a la persona que denuncia tales hechos''. 

En el comunicado remitido este miércoles a este periódico en respuesta a las preguntas formuladas el pasado 15 de mayo, no se menciona si entre estas medidas está la expulsión del cura denunciado de las instalaciones del centro escolar de Santa Cruz de Tenerife. 

La institución ha querido reiterar ‘’su rechazo absoluto a cualquier conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores“ y ”su compromiso permanente con la protección de la infancia y la creación de entornos seguros’’. Además, han señalado que como los hechos se han denunciado en Colombia, cualquier procedimiento civil o eclesiástico deberá desarrollarse conforme a la legislación y jurisdicción competentes de dicho país. 

“Las Escuelas Pías mantienen plena disposición de colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo aquello que sea requerido'', apuntan. En esta línea, insisten en que ''cualquier denuncia relacionada con abusos exige una respuesta seria, rigurosa, prudente y profundamente humana”. 

El recorrido del cura 

El colegio Calasanz de Cúcuta de Colombia, donde el denunciante relata que se produjeron los abusos por parte de C.A.A., fue fundado en 1954 y pertenece a la Orden Religiosa de las Escuelas Pías o Padres Escolapios. Se trata de un colegio privado, localizado en el departamento Norte de Santander, al que acuden generalmente familias de clase alta. 

C.A.A., de nacionalidad española, llegó a Colombia el 29 de enero de 1971, según un documento oficial de la orden religiosa emitido en respuesta a un derecho de petición elevado en 2023 por el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos Hoyos. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que el cura estuvo en Cúcuta desde esa fecha hasta enero de 1972. A partir de entonces fue prefecto de Primaria en Bogotá. En Semana Santa de 1983 volvió a Cúcuta como prefecto de Primaria, y allí permaneció hasta el 5 de abril de 1993, un año después de los hechos denunciados.

Los datos ofrecidos por la orden religiosa no aclaran dónde estuvo C.A.A. entre 1993 y 1996. En enero de ese año fue formador de aspirantes en la Casa de Formación del Paraíso de Bogotá, y en enero de 2002 fue trasladado a la ciudad colombiana de Pereira. La última información que ofrece el documento confirma que en 2023 el cura ya estaba en “la provincia de Betania (España)'', una de las demarcaciones administrativas en las que se divide la orden religiosa de los Escolapios.

Las Escuelas Pías mantienen plena disposición de colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo aquello que sea requerido

Tal y como ha confirmado este periódico, C.A.A. vive en el colegio concertado Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife. Este centro, instalado en un inmueble emblemático en lo alto de la ciudad, ofrece todos los niveles de enseñanza, desde la educación infantil hasta el bachillerato, incluyendo primaria y secundaria. También se ofertan ciclos formativos de grado básico de Informática y Comunicaciones.

El edificio principal del colegio es un castillo neogótico. Según fuentes consultadas por este periódico, los curas viven en una parte de él y en otra están la capilla (que se usa como salón de actos), los despachos del profesorado, la dirección del colegio y el comedor. En esta zona, explican, se dan las clases de Secundaria y Bachillerato. Frente a él, en otro edificio más reciente construido en el año 2000, se imparten las clases de Primaria e Infantil. 

Casos en Canarias 

En marzo, el Gobierno de España y la Iglesia firmaron un protocolo para reparar a las víctimas de pederastia y “reconocer y promover su dignidad y su memoria”, así como asegurar la justicia y la reparación con medidas simbólicas o económicas o con acompañamiento psicológico. Esta vía de reparación ya está en vigor y se puede tramitar ante la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

El informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica publicado por el Defensor del Pueblo en octubre de 2023 recoge hasta 26 localizaciones en Canarias donde se han denunciado abusos sexuales. El documento aclara que cada localización ‘’no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima''. ''De hecho, hay centros educativos (colegios, seminarios) que incluyen casos de varios agresores y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo'', especifica el monográfico.

Entre estas 26 localizaciones hay parroquias, colegios, residencias, seminarios, domicilios particulares, basílicas, casas parroquiales y centros residenciales. De ellas, 16 pertenecen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 10 a la de Las Palmas. 

El Gobierno de Francia ha dado un giro en su postura sobre las dos orcas que permanecen encerradas en el zoológico clausurado Marineland. El Ministerio de Transición Ecológica francés, que antes apostaba por enviar los ejemplares a un santuario en Canadá, sostiene ahora que Loro Parque (Tenerife) es la única solución para Wikie (24 años) y su hijo Keijo (11). Los animales llevan más de un año encerrados en un tanque después de que la ley de bienestar animal francesa aprobada en 2021 prohibiera los espectáculos con cetáceos. 

“Después del cierre del parque Marineland en enero de 2025, la situación de los cetáceos está congelada’’, ha publicado en su cuenta de Instagram el ministro delegado de Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre. El responsable de Transición Ecológica ha advertido de que el estado de degradación de las instalaciones ‘’hace correr un riesgo mayor a los animales’’ y que, después de haber estudiado todas las opciones para llevar a las orcas a un santuario, ninguna de ellas es ‘’factible a corto plazo’’. 

''Cada día de inacción aumenta el riesgo de un escenario catastrófico que llevaría a la eutanasia de las orcas'', alertó el ministro en un vídeo en el que puede observarse el estado de abandono del entorno en el que viven desde enero de 2025 estos dos animales.

Lefèvre ha informado que el santuario de Canadá no está disponible aún, que Grecia no ha dado autorización administrativa hasta la fecha y que en Italia no hay ningún lugar disponible para acoger a los doce delfines franceses que también estaban en Marineland. “Japón y USA implica espectáculos o reproducción, y eso no es aceptable’’, añadió. Sin embargo, Loro Parque promociona los espectáculos con orcas como uno de sus principales atractivos turísticos.

Loro Parque ha querido desde el principio sumar a Wikie y a Keijo a las cuatro orcas que ya permanecen en sus piscinas. Después de la publicación del ministro francés, el zoológico del magnate alemán Wolfgang Kiessling ha dicho que colaborará en el traslado de los cetáceos, pero pide el visto bueno del Gobierno de España para garantizar “la seguridad jurídica del proceso”. 

La autoridad científica española, el Convenio sobre el tráfico internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) en España, ya emitió un informe desfavorable sobre el traslado de las orcas a Tenerife. Loro Parque presentó un contencioso-administrativo contra el CITES y un requerimiento ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para exigir la publicación de este informe científico-técnico. 

El Gobierno de Canarias salió al rescate del zoológico, que emitió dos informes técnicos firmados por la Dirección General de Ganadería y la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. En ellos ‘’se constata el historial de Loro Parque en materia de bienestar animal, el cumplimiento de las normativas europeas y nacionales y su capacidad demostrada para albergar orcas’’. 

Cuatro muertes en Loro Parque 

El informe elaborado por la autoridad medioambiental de Francia sí fue publicado y en él se describen las instalaciones en las que Loro Parque metería a Wikie y a Keijo: cuatro tanques de agua interconectados con una profundidad máxima de 12 metros para el tanque principal y ocho metros para los demás. Según las publicaciones de Loro Parque, la longitud total de las piscinas en las que se mueven las orcas es de 120 metros.

El análisis del órgano francés proponía una solución mixta: llevar a las orcas al santuario de Canadá y repartir los doce delfines entre delfinarios y otros santuarios. Sin embargo, hasta la fecha, el abandono de los animales en Marineland no se ha resuelto. ‘’La cuestión del futuro de los cetáceos de Marineland (que debería haberse previsto al aprobarse la ley) puede considerarse un anticipo de un problema general que seguirá en el futuro’’, advirtieron los científicos franceses.

El documento realizado por dos expertos del IGEDD (Inspection Générale de l’Environnement et du Développement durable) -órgano asesor del Ejecutivo francés en materia de Transición Ecológica- recuerda que desde 2021 se han producido ‘’varias muertes de animales’’ en el zoológico de Puerto de la Cruz por problemas ‘’intestinales o cardíacos o por causas inexplicables’’. En noviembre de 2024 murió la orca Keto, después de que otros tres cetáceos fallecieran en las mismas instalaciones entre marzo de 2021 y septiembre de 2022.

Loro Parque publicó que las necropsias concluyeron que dos de las orcas murieron por una torsión intestinal que les provocó una infección y otra por una ‘’malformación vascular’’. La compañía dijo que las muertes eran inevitables y negó que estuvieran relacionadas entre sí.

La ''responsabilidad moral'' del parque

El Grupo Loro Parque, en un comunicado oficial, ha dicho que esta ‘’operación’’ no responde ‘’en ningún caso a intereses económicos ni comerciales’’. ‘’No ganamos un euro más por tener seis orcas en lugar de cuatro. Lo hacemos por responsabilidad moral, técnica y profesional. Lo hacemos porque sabemos cuidar de estos animales y porque queremos evitar que Wikie y Keijo mueran en Francia sin una alternativa real’’, ha afirmado el dueño del zoológico.

La empresa insiste en que cuenta con un equipo multidisciplinar de veterinarios, biólogos, cuidadores, especialistas en comportamiento animal y expertos internacionales con ‘’amplia experiencia en el manejo de cetáceos’’.

Una industria ''obsoleta''

Para la organización World Animal Protection, los parques marinos son una industria obsoleta con una aceptación pública ''cada vez menor''. ''Las condiciones son antinaturales, restrictivas y crueles'', respondió la gerente de programas de Vida Silvestre de la entidad, Sanne Kuijpers. La organización animalista considera que Loro Parque es una instalación que ''se enorgullece de criar a sus delfines y orcas para someterlos al mismo destino: una vida en un tanque estéril y sin estímulos, obligados a realizar trucos repetitivos para entretener a los turistas''.

Para ellos, los cetáceos sufren ''enormemente'' en entornos artificiales, donde no pueden expresar comportamientos naturales, formar vínculos sociales ni nadar las grandes distancias que recorrerían en libertad. ''Las alternativas profesionales como los santuarios serían la mejor solución. La actual crisis en Marineland pone de relieve la urgente necesidad de una solución a largo plazo centrada en el bienestar. En lugar de mantener a estos animales inteligentes y socialmente complejos confinados en lugares de explotación como Loro Parque, el siguiente paso debe ser explorar su reubicación en santuarios costeros, donde su bienestar sea la prioridad'', concluyeron.

La viuda de Julio Pose nunca pudo rezar su cuerpo ni llevarle flores. Vivió creyendo que el cadáver de su marido se había hundido para siempre en el mar después del siniestro del 6 de febrero de 1973, cuando el pesquero gaditano Domenech de Varó naufragó en la escarpada costa de Mala (Lanzarote) y dejó diez muertos y dos supervivientes. Ella, que murió hace ya 18 años, nunca supo que en realidad, el cuerpo de Julio yacía enterrado en un nicho sin nombre en un cementerio a casi 2.000 kilómetros de Cádiz, en la ciudad de Arrecife.

Este viernes, 15 de mayo de 2026, el habitual viento de Lanzarote agitaba los árboles del camposanto de San Román. A primera hora de la mañana, resguardándose de la lluvia en uno de los pasillos, esperaba inquieto José Manuel Pose (Cádiz, 71 años). En apenas unos minutos, después de 53 años creyendo que a su padre se lo había tragado la marea, recuperaría sus restos para llevarlos a su ciudad y enterrarlos junto a su madre. En su mano, con la que sostiene decenas de documentos judiciales que avalan la exhumación, lleva la alianza de su padre, que pudo recuperar cuando abrieron su tumba para practicarle las pruebas de ADN. 

Pocos minutos después de las nueve, dos hombres abrieron tres nichos: el 68, donde yacía Julio Pose Canto; el 69, de Jaime Roselló Zaragoza; y el 70, de Antonio Rodríguez Rivero. ''Ya tienes a tu padre contigo'', decía Ana Rodríguez, hermana de uno de los fallecidos, a José Manuel. Su turno fue el último. ''Por fin, 50 años después…'', celebraba ella nerviosa y con los ojos vidriosos sin dejar de mirar el hueco número 70, de donde sacaron una pequeña caja de madera que pertenecía a su hermano mayor. 

Con esta última exhumación termina un periplo de tres años que nació de un homenaje. En 2023, cuando se cumplía medio siglo de la tragedia, los hijos de los marineros se reunieron para conmemorar la memoria de sus padres y hermanos. Movidos por la curiosidad, se desplazaron hasta Lanzarote para investigar las causas del naufragio. 

El Domenech de Varó se dirigía al norte de África a faenar cuando, después de repostar en Ceuta, sufrió una avería en el motor que le obligó a hacer escala en el puerto de Arrecife. Ya en la isla, una tormenta y la falta de visibilidad provocaron el trágico desenlace. Pero esto no fue lo único que descubrieron en Lanzarote.

''Cada vez que tirábamos del hilo se nos ponía la piel de gallina'', cuenta José Manuel en una entrevista concedida a este periódico. Después de bucear en decenas de archivos y noticias de prensa, averiguaron que el mar fue escupiendo cuerpos los días posteriores a la catástrofe y que en esas fechas habían sido enterrados en la isla cuerpos sin identificar. 

Fue entonces cuando los familiares constituyeron una asociación para poder financiar todos los engorrosos trámites a los que debían hacer frente para localizar, desenterrar y recuperar a sus seres queridos. Elaboraron un dossier de 225 páginas con pruebas y argumentos que presentaron ante la Justicia, que autorizó la apertura de cinco nichos sin nombre del cementerio de Arrecife. ''Empezamos a ver que hubo fallos en los enterramientos'', cuenta José Manuel.

Antonio, el más joven del barco

Ana Rodríguez, que se ha desplazado hasta Lanzarote desde Huelva, es una de las afectadas por estos errores. Tras el siniestro fueron identificados tan solo tres cadáveres. Entre ellos estaba, supuestamente, el de su hermano Antonio. ''Un primo de mi padre, que estaba en otro barco, lo identificó'', explica. Antonio Rodríguez era el más joven del barco. Tenía solo 19 años cuando se incorporó a la tripulación del Domenech de Varó. El de febrero de 1973 era su primer viaje, y también fue el último. 

Ana tenía 16 años cuando le informaron del naufragio, una noticia que cayó sobre su familia como un jarro de agua fría. ''Él era muy alegre, estábamos siempre juntos'', dice. Aunque ella y sus padres siempre creyeron que Antonio había podido ser identificado, hace unos meses recibió una llamada de José Manuel Pose, presidente de la asociación de familiares afectados por la tragedia. El cuerpo que descansaba en el nicho de su hermano no era de él, sino de otro marinero. 

''Cuando exhumaron los cadáveres para hacer las pruebas de ADN, encontramos que entre los restos que supuestamente eran de su hermano había una alianza, pero él era soltero'', cuenta el portavoz de los afectados. El anillo estaba grabado con una fecha y unas iniciales que se correspondían con los nombres de los padres de otro miembro de la asociación y con el día en el que se casaron. Por suerte, el cuerpo del hermano de Ana fue hallado en otro de los nichos, y una prueba de ADN ha corroborado que se trataba del joven marinero del Domenech de Varó. 

Un regalo de Navidad inesperado

José Manuel también ha podido encontrar a su padre ''en el tiempo de descuento''. Aún se emociona cuando recuerda la llamada que recibió el pasado 14 de diciembre desde el laboratorio genético de Madrid. ''Tuvimos un regalo de Navidad y de Reyes que no esperábamos'', dice. Ese día apenas pudo reaccionar a las palabras que sonaron al otro lado del teléfono: con un 99,99% de fiabilidad, los restos enterrados en el nicho 70 del cementerio de San Román pertenecían a su padre. 

''Yo lo deseaba, pero no lo esperaba ya. Cuando me llamaron les dije: ''Ah, pues muy bien, gracias''. Y colgué. A los dos o tres minutos volví a llamar porque no había sido capaz de reaccionar. ¿Habrá algún error?, pensé'', cuenta sin dejar de sonreír. Cuando su padre murió, José Manuel tenía 18 años. ''No recuerdo mi dolor, sino el de mi madre. Para ella, su marido se perdió en la mar. Desgraciadamente, no ha podido ver esta resolución del tema'', lamenta.

A lo largo de la investigación, la asociación ha recibido subvenciones de diferentes administraciones públicas y de la Fundación Unicaja. Ahora, que se acerca el final, los familiares se han topado con un obstáculo para la repatriación de los cuerpos. José Manuel se ha puesto en contacto con el Instituto Social de la Marina para solicitar una ayuda económica, atendiendo al Real Decreto 869/2007 de 2 de julio que contempla prestaciones para el traslado de cadáveres de trabajadores del mar. Sin embargo, hasta el momento la respuesta ha sido negativa porque han pasado cincuenta años desde el siniestro. 

Tras la exhumación, los familiares se reúnen en la ermita del cementerio de San Román en torno a tres pequeñas cajitas de madera protegidas con unas flores blancas. José Manuel, que se había mantenido entero durante toda la mañana, se rompe cuando el cura despide por fin a su padre. Para que ellos mismos puedan llevar los restos a la Península, los cuerpos serán incinerados, ya que trasladar los cuerpos es más costoso y debe hacerse ''de funeraria a funeraria''. 

Mientras tanto, a unos 20 kilómetros del cementerio, está el punto en el que empezó todo. En la costa de Mala, el mar que hace medio siglo vio morir a diez hombres, este viernes está en calma. Algunos de ellos, a quienes por mucho tiempo se dio por desaparecidos, este fin de semana podrán volver a casa.