La Universidad de La Laguna (ULL) ha suspendido de empleo y sueldo durante ocho meses a un profesor del Grado de Periodismo. José Luis Zurita ha sido sancionado por faltas graves contra el alumnado en el transcurso de la asignatura Producción Informativa, una de las que imparte el docente, según ha adelantado el periódico El Día y han confirmado a esta redacción desde la institución. La resolución fue comunicada este miércoles tanto a la alumna denunciante como al docente, que sostiene que se han lesionado sus derechos fundamentales.

La ULL explica que el profesor ha sido suspendido según el régimen disciplinario por tres faltas graves relacionadas con ''atentar contra el buen trato y el respeto al alumnado'' y con sus métodos de evaluación. Con esta resolución del rector, añaden, se agota la vía administrativa, y el docente ahora puede presentar demanda ante los Jugados en el plazo de 20 días hábiles desde la notificación.

Fuentes de la Universidad indican que los hechos, denunciados durante el curso 2024-2025, han sido probados durante la instrucción y consisten en ''graves faltas de respeto, insultos al alumnado en un tono despectivo y vulgar que no corresponde ni con el lenguaje profesional ni académico'', y que incluyen ''incluso dudas sobre la capacidad mental de los alumnos''. En esta línea, la suspensión se ejecutará de manera inmediata al margen de las medidas legales que pueda tomar el profesor.

''Indefensión del profesorado''

En un escrito remitido a este periódico, Jose Luis Zurita subraya que la resolución carece de ''evidencias fehacientes'' y que esta acarrea consecuencias personales, familiares y laborales, lesionando ''gravemente'' su honor y dignidad como profesional.

''Esta resolución es un capítulo más de la indefensión del profesorado en cualquiera de los niveles educativos, sometido a un continuo acoso en las redes sociales'', añade. Así, propone que esta realidad se aborde con ''seriedad y objetividad, y no enjuiciando dimes y diretes falsos''.

Por último, Zurita mantiene que la resolución lesiona sus derechos fundamentales. ''Apoyado por el respaldo continuo que recibo de estudiantes y docentes, no así del órgano de gobierno de la Universidad durante este anormal procedimiento, pediré la paralización de la suspensión propuesta y demandaré a quienes me han denunciado falsamente y, claro está, a la Universidad de La Laguna, exigiendo responsabilidades'', concluye.

Por su parte, la ULL defiende que esta decisión se ha adoptado después de instruir el expediente correspondiente, de practicar las pruebas, y tras los trámites de audiencia y de alegaciones.

El Hierro ha despedido este miércoles a otras dos víctimas de la ruta migratoria hacia Canarias. La fuerte lluvia que sacude hoy a la isla no ha impedido que un grupo de vecinos y vecinas se desplazara este mediodía hasta el cementerio de El Pinar, donde han sido enterrados dos de los jóvenes que perdieron la vida el domingo intentando alcanzar Europa. Según ha podido saber este periódico, uno de ellos tenía 26 años y el otro era un joven de entre 18 y 22 años. Ninguno de los dos ha podido ser identificado y han sido sepultados bajo los códigos ''Inmigrante 130'' e ''Inmigrante 131''.

En total, son cuatro las víctimas del cayuco que alcanzó El Hierro durante la madrugada del domingo, tal y como han confirmado fuentes sanitarias a este periódico. La embarcación partió de Gambia siete días antes con 132 personas a bordo y fue auxiliada por Salvamento Marítimo al sur de la isla. En el momento del rescate ya había dos personas fallecidas. Los dos cuerpos fueron trasladados al puerto de La Restinga junto a los supervivientes, que fueron atendidos por los servicios de emergencia en el muelle.

Todos ellos llegaron en ''muy malas condiciones'' y siete estaban heridos. Algunos supervivientes fueron trasladados hasta el Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes de El Hierro. Allí falleció esa misma tarde un joven de 17 años, que fue enterrado el lunes en el cementerio de Valverde. Tampoco pudo ser identificado, y sus restos fueron inhumados bajo el código ''43-1-19-10-2026''.

La cuarta víctima falleció el lunes en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, hasta donde había sido trasladado de urgencia en un helicóptero.

Los servicios de emergencia fueron alertados por un eco del radar del SIVE de madrugada, a las 4.30 horas. La embarcación estaba a 2,7 kilómetros al sur de La Restinga. Según informó Efe, la Salvamar Diphda acompañó al cayuco hasta el puerto. Entre los ocupantes de la barcaza había cien hombres, 25 mujeres y seis menores de edad, procedentes de Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Mali, Senegal, Ghana, Burkina Faso y Camerún.

La Justicia dejará en manos de Marruecos investigar una violación grupal en una patera que llegó a Lanzarote en septiembre. La Sección de Violencia Sobre la Mujer de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Arrecife ha resuelto archivar las actuaciones en España por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, ya que ni los supuestos agresores ni la víctima son nacionales ni residentes en el país y porque la agresión sexual habría ocurrido ''fuera del mar territorial español'', según el auto al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

Los hechos fueron denunciados por una mujer de Guinea, que llegó a Lanzarote el 16 de septiembre tras una travesía en la que perdieron la vida al menos tres personas. La superviviente relató haber sufrido violencia sexual por parte de otros ocupantes de la neumática durante la travesía iniciada en Agadir (Marruecos) con destino a Canarias.

En el curso de la investigación, señala el auto, se tomó declaración a la denunciante, se practicaron reconocimientos e informes médicos o periciales y se identificó como investigados a tres hombres que viajaron en la patera. Según ha podido saber este periódico, la víctima de los hechos no los identificó, sino que lo hizo un testigo.

Según la declaración de la víctima, los hechos denunciados habrían ocurrido ''durante el segundo y tercer día de navegación'', cuando la embarcación, que tardó ''tres o cuatro días en llegar al puerto de Arrecife'', se encontraba ''fuera del mar territorial español''. ''Estos elementos sitúan los episodios denunciados fuera del mar territorial español'', añade el auto.

Además, según el auto adelantado por La Voz de Lanzarote, tampoco consta que ''la embarcación enarbolase pabellón español''. El documento señala que ''tampoco consta que los investigados fueran españoles o residentes habituales en España con anterioridad a los hechos, ni que la denunciante tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España en el momento en que aquellos se habrían producido''.

Aun así, el Juzgado acordó el 19 de septiembre la prisión provisional comunicada y sin fianza de los tres detenidos, y ratificó su decisión el 21 de septiembre. Sin embargo, el día 24 se decretó la inmediata puesta en libertad de los detenidos tras un informe del Ministerio Fiscal que solicitaba la medida por falta de competencia de los tribunales españoles.

En esta línea, el Juzgado concluye que los hechos descritos son susceptibles de integrar una conducta de violencia sexual contemplada en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Sin embargo, no se da ninguno de los supuestos que permitiría a España investigar el caso.

Comunicación a Marruecos

El auto deja claro que la decisión de archivar las actuaciones en España ''no contiene juicio alguno sobre la veracidad de la denuncia, la existencia del delito o la participación de los investigados''. Así, señala que la falta de jurisdicción española no debe impedir que los hechos denunciados y las pruebas recogidas puedan ser conocidos por autoridades que sí tengan competencias para investigarlos.

Así, el auto acuerda remitir el testimonio y los informes al Ministerio de Justicia para su traslado a las autoridades competentes del Reino de Marruecos, por ser el país del que partió la embarcación. Además, acuerda que se curse igualmente la comunicación a las autoridades competentes de la República de Mali y Burkina Faso, de donde son nacionales los investigados, y también de Guinea, país de origen de la víctima.

Sobre qué vías tiene ahora la víctima para estar protegida, la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye responde a este periódico que, por un lado, puede recurrir el auto. Por otro, explica que si la jurisdicción española no se fundamenta en el territorio sino en el principio de persecución extraterritorial, el artículo 23.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) solo permite perseguir el delito mediante querella de la persona agraviada o del Ministerio Fiscal. La querella, indica la abogada, permite proponer diligencias, solicitar medidas cautelares y de protección y ejercer los derechos del Estatuto de la Víctima.

Por otra parte, la letrada advierte de que ''en ningún otro procedimiento de violencia sexual se hubiera hecho lo que de alguna manera se hizo con estas personas, pero se permite porque son personas que han llegado en una embarcación''. ''Los hechos están claros, la mujer llegó destrozada y ocurrieron. Lo que hay que determinar es quiénes realizaron estos hechos, porque ella no los identifica, únicamente los identifica un testigo'', añade.

Además, añade que en el momento de la llegada, la embarcación no estaba completa, ya que había personas hospitalizadas y muchos desaparecidos en el mar. Según las cifras de Caminando Fronteras, al menos 14 personas podrían haber desaparecido en la travesía.

Desde hace unas semanas, mujeres de todo el mundo han impulsado un movimiento contra el acoso sexual en el ámbito de la conservación. En Canarias, donde la lucha por la protección del territorio gana cada vez más fuerza, colectivos y organizaciones ecologistas se han sumado a esta ola y han mostrado su apoyo a aquellas mujeres que hayan podido sufrir violencia sexual en el Archipiélago en este sector. “No podemos defender un territorio más justo sin trabajar también para construir espacios seguros, especialmente para las mujeres”, han señalado desde la plataforma Canarias Tiene un Límite.

Una creadora de contenido sobre la conservación marina en el Archipiélago, que prefiere no dar su nombre, ha seguido la estela de otras divulgadoras y buceadoras y ha puesto su cuenta de Instagram a disposición de las mujeres que quieran relatar situaciones de acoso sufridas por hombres del sector en la comunidad autónoma. La idea, cuenta a esta redacción, nació tras conocer la iniciativa Karma is around the korner, que señala y visibiliza casos de acoso hacia mujeres en la industria del buceo en diferentes partes del mundo. Hasta ahora ha recibido más de una docena de relatos, afirma. 

En esta línea, y “ante las situaciones que se están dando a conocer en los últimos días en distintos espacios vinculados al activismo en Canarias”, la plataforma Canarias Tiene Un Límite ha lanzado un comunicado en el que expresa su rechazo “firme y contundente” a cualquier forma de acoso, abuso o violencia machista, así como su apoyo y solidaridad con “las mujeres que han decidido compartir sus experiencias, respetando su autonomía, sus decisiones y sus tiempos.

En el texto, reconocen que “hace ya algún tiempo”, “tras recibir informaciones que nos generaron preocupación por posibles situaciones de violencia machista, activamos nuestros protocolos internos de prevención y cuidado”. ''Como medida preventiva, decidimos apartar a la persona señalada de los espacios de encuentro, socialización, asamblea y toma de decisiones del movimiento, así como interrumpir cualquier colaboración con ella'', reza el comunicado. Además, han expuesto que “por respeto a su privacidad” ven necesario preservar la confidencialidad de las informaciones recibidas.

Erradicar la violencia sexual

La ONG Innoceana, dedicada a la conservación marina y que desarrolla proyectos tanto en las Islas como en Costa Rica, también se ha posicionado en contra del acoso sexual contra las mujeres. “Innoceana se ha construido y sigue creciendo gracias al trabajo duro y la dedicación de muchas mujeres. A la luz de los recientes testimonios que denuncian acoso sexual, abusos y violencia en la conservación marina, expresamos nuestro absoluto rechazo a cualquier forma de violencia”, han señalado.

“Creemos y estamos con las mujeres que han encontrado el coraje de compartir sus experiencias, así como a todas aquellas que las han vivido, pero sienten que aún no están preparadas para contar sus historias. La vergüenza tiene que cambiar de bando”, han añadido desde Innoceana.

“La conservación del océano no puede construirse a costa de la dignidad y la seguridad de las mujeres. Es hora de que la comunidad marina asuma la responsabilidad de erradicar estas formas de violencia”, concluyen. 

Además, Innoceana ha difundido una encuesta impulsada por la red Women in Ocean Science (Mujeres en las Ciencias del Mar), fundada en 2018 por la bióloga marina Madelein St Clair con el objetivo de abordar la desigualdad de género en la ciencia y la conservación marina. Estas encuestas, completamente anónimas, forman parte de una investigación en la que trabaja la organización sobre la prevalencia y la naturaleza del acoso sexual en el ámbito de la vida silvestre y el ecoturismo, incluyendo experiencias de turistas, profesionales de la industria, voluntarias y estudiantes.

 “Si has experimentado o presenciado alguna situación como trabajadora o turista y quieres compartir tu testimonio en un espacio seguro, tu experiencia puede ayudar a poner luz a una realidad que ha permanecido escondida mucho tiempo”, señalan desde Innoceana.

El caso de México

En México, una recogida de firmas por la plataforma change.org cuenta ya con casi mil apoyos. En ella, se denuncia un caso de agresión sexual dentro de una comunidad de buceo mexicana por parte de un instructor y se critica la negativa a retirar la licencia al supuesto agresor. 

“Este caso ha provocado una conversación crucial dentro de nuestra comunidad, revelando que el acoso, el abuso, la mala conducta y los ataques sexuales no son incidentes aislados”, insisten. En la campaña exigen un protocolo claro contra el acoso y la formación de las comunidades para prevenirlo y detectarlo. 

“Hoy muchas mujeres de la comunidad de buceo, apnea y conservación están alzando la voz. Las escuchamos, las respetamos y estamos con ustedes”, ha defendido en esta línea la plataforma Mares de México, dedicada a la conservación marina. “El único depredador que deberíamos encontrar en el mar es la fauna marina. Nunca una persona. El océano debe ser un lugar seguro para todas, dentro y fuera del agua”, concluyen.

El Cabildo de Tenerife mantiene su empeño en construir el Circuito del Motor, en el municipio de Granadilla. La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila (CC), ha anunciado este miércoles en la rueda de prensa posterior al pleno extraordinario que promoverá una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como respuesta a las sentencias emitidas tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que concluían que esta estaba caducada.

El Cabildo defiende que el proyecto responde a una ''demanda histórica'' del colectivo del motor de la isla, que ''reclama instalaciones permanentes para entrenar y preparar sus vehículos''. ''Disponer de este espacio puede contribuir a promover una práctica más segura del deporte y a reforzar la convivencia entre la afición al motor y el resto de usuarios de las vías públicas'', sostienen.

Pocas horas antes de la rueda de prensa, se hizo público un nuevo varapalo judicial contra este proyecto. El TSJC ha estimado el recurso de apelación presentado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) contra la única sentencia que daba la razón al Cabildo de Tenerife. De este modo, la Justicia ha anulado uno de los proyectos en los que se divide esta obra porque la Declaración de Impacto Ambiental está caducada: el proyecto modificado número 2 de la fase 2 del acceso norte al Circuito del Motor en Granadilla de Abona. 

''El Cabildo ha decidido que no tiene previsto presentar nuevos recursos de casación y desistirá de los que ya haya interpuesto en relación con este procedimiento. Se ha solicitado a los Servicios Jurídicos del Cabildo que estudien el alcance de la sentencia respecto a si se suspende el contrato, así como cualquier aspecto que sea de interés'', han añadido. ''No obstante, el Gobierno insular promoverá una nueva Declaración de Impacto Ambiental dentro del marco permitido por el Programa de Actuación Territorial que contempla la construcción del Circuito del Motor, y que mantiene su vigencia con carácter indefinido'', han anunciado.

La sentencia del TSJC

La sentencia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, recuerda que la DIA fue aprobada en 2011 con una condición: se caducaría si las obras no comenzaban en un plazo máximo de cinco años. El Cabildo, por su parte, ha justificado que las obras comenzaron pocos días antes del plazo establecido y defiende que basta con probar el inicio de la obra, sin que les sea exigible probar cuánto está ejecutado de la totalidad del proyecto.

El TSJC apunta que se ha ejecutado un 1,5% del proyecto total y sostiene que la legislación medioambiental ha variado ''sustancialmente'' desde que se aprobó la DIA hace más de once años. ''Los técnicos de la Oficina de apoyo técnico-jurídico a la CEAT (Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife) observan que las obras que se han realizado hasta el momento son de escaso calado en relación con la magnitud del proyecto'', indica la sentencia. Además, añaden que las condiciones ambientales del territorio donde se va a desarrollar el Complejo Deportivo puede haber variado desde 2011.

Nuevo varapalo judicial contra el Circuito del Motor de Tenerife. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso de apelación presentado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) contra la única sentencia que daba la razón al Cabildo de Tenerife. De este modo, la Justicia ha anulado uno de los proyectos en los que se divide esta obra porque la Declaración de Impacto Ambiental está caducada: el proyecto modificado número 2 de la fase 2 del acceso norte al Circuito del Motor en Granadilla de Abona.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, recuerda que la DIA fue aprobada en 2011 con una condición: se caducaría si las obras no comenzaban en un plazo máximo de cinco años. El Cabildo, por su parte, justifica que las obras comenzaron pocos días antes del plazo establecido y defiende que basta con probar el inicio de la obra, sin que les sea exigible probar cuánto está ejecutado de la totalidad del proyecto.

El TSJC apunta que se ha ejecutado un 1,5% del proyecto total y sostiene que la legislación medioambiental ha variado ''sustancialmente'' desde que se aprobó la DIA hace más de once años. ''Los técnicos de la Oficina de apoyo técnico-jurídico a la CEAT (Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife) observan que las obras que se han realizado hasta el momento son de escaso calado en relación con la magnitud del proyecto'', indica la sentencia. Además, añaden que las condiciones ambientales del territorio donde se va a desarrollar el Complejo Deportivo puede haber variado desde 2011.

Restaurar los terrenos

ATAN ha celebrado la resolución del TSJC y asegura que ''nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía''. ''Sus propios técnicos y el defensor de Pueblo advirtieron de la ilegalidad, y aun así Rosa Dávila (CC) y, antes que ella, Pedro Martín (PSOE) siguieron adelante con el proyecto, dilapidando dinero público y destrozando un hermoso tabaibal del sur de Tenerife en una actitud caciquil'', subrayan en un comunicado.

''Por si fuera poco, a día de hoy no lo han cancelado, pasando por encima de la ley y de los tribunales para imponer su política de hechos consumados. Es extremadamente curioso cómo las obras hospitalarias y educativas, entre otras, pueden alargarse décadas y lo rápido que se ha ejecutado este destrozo, con sus “máquinas de guerra” contra el territorio, sabiendo que no iban a poder ganarlo en los tribunales'', añaden.

ATAN exige la paralización inmediata de las obras y la restauración de los terrenos afectados. ''La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y su consejera del Medio Natural, Blanca Pérez, han demostrado su incapacidad total para gestionar el extraordinario patrimonio de Tenerife. Sus hechos y su falta de respeto por la conservación de su territorio contradicen el discurso político rancio y populista'', aseveran.

El Tribunal Supremo

Esta resolución judicial se suma a la providencia emitida por el Tribunal Supremo el 30 de septiembre en la que confirmaba que la declaración de impacto ambiental estaba caducada. El Alto Tribunal desestimó un recurso presentado por el Cabildo de Tenerife por ''falta de fundamentación suficiente'' y ''carencia de interés casacional objetivo'' e impuso al Cabildo el pago de las costas procesales hasta un importe máximo de 1.000 euros.

Se trata del recurso interpuesto por el Cabildo contra la primera sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el Circuito del Motor. Esta desestimó el recurso de apelación presentado la corporación que preside Rosa Dávila y confirmó la nulidad del Proyecto de Explanaciones e Instalaciones para Graderíos Desmontables del Circuito.

Este es uno de los cuatro proyectos en los que se divide la obra, que pretende ocupar 650.000 metros cuadrados de suelo en el municipio de Granadilla y que cuenta con una inversión pública inicial de 51 millones de euros.

Soda Niasse, la mujer que dio voz a los migrantes durante la visita del papa León XIV a Canarias, ha conseguido regresar a Gran Canaria después de tres meses bloqueada en Senegal. La mujer, que trabaja como educadora en un centro de menores de la isla, viajó a su país de origen con sus dos hijos pequeños de vacaciones. Sin embargo, no pudo regresar porque no contaba con la tarjeta física que probaba su residencia legal en España, sino con el resguardo que le dio Extranjería. Tras varios meses insistiendo al Consulado de España en Dakar para que resolvieran su situación, este martes 13 de octubre ha conseguido volar.

El 26 de junio viajó con su hijo de 13 años y su hija de 9 a Senegal. Allí pasaron un mes de vacaciones, pero cuando llegó el momento de volver, empezaron los problemas. Antes del viaje, Extranjería había resuelto de forma favorable su residencia legal en España. Le renovaron la tarjeta por cinco años, hasta mayo de 2031. “Cogí cita, me tomaron las huellas, y me dieron un resguardo. Está escrito que soy administrativamente legal en España”, asevera.

Pero el resguardo no le fue suficiente para poder volar a Gran Canaria. Tampoco sus hijos pudieron viajar ese día. “Después de que pasaran mis hijos, di mi pasaporte senegalés y me pidieron la tarjeta de residencia. Les di el resguardo que me dio Extranjería y me dijeron que no, que necesitaban una autorización, pero es que la misma oficina de Extranjería que me daría esa autorización es la que me dio el papel diciendo que la tarjeta física está en fabricación”, contó Niasse en una entrevista concedida a Canarias Ahora.

Después del episodio del aeropuerto, Soda Niasse envió un correo electrónico al Consulado de España en Dakar. “Les dije que necesitaba una autorización, un visado de regreso. Me contestaron por vía automática diciéndome que la respuesta podría tardar 15 días y que no hacía falta que enviara nuevos correos con el mismo motivo”, relata. Pasó un mes, así que Niasse volvió a escribir. “Les dije que en agosto tenía que incorporarme a mi trabajo y les pedí que me dieran un justificante contando que el visado había tardado más de 15 días. No me contestaron”, contó.

Durante ese tiempo, la mujer tuvo que alquilar un piso en Dakar, hasta que la semana pasada consiguió una cita en el Consulado. En Canarias, la educadora ha contado con el apoyo de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC). “Me tranquiliza saber que tengo a gente ayudándome. Para mí lo más importante es que no perdamos la humanidad”, subrayó Niasse.

Todo el país escuchó su voz el 11 de junio, cuando puso voz a la historia de una amiga, una mujer de Nigeria víctima de trata que, por seguridad, no podía estar en el puerto de Arguineguín ese día. Gracias a Niasse, que dedica parte de su vida a luchar por los derechos de las personas migrantes, decenas de autoridades pudieron conocer todas las violencias que esa joven de 22 años sufrió durante su viaje a España. Sin embargo, en estos meses que ha sufrido en carne propia los efectos de la política de fronteras, no ha recibido la misma atención.

El PP ha cesado al consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote, Ángel Vázquez, después de que su hijo consiguiera plaza fija como freganchín en estos espacios. El partido ha matizado en una nota de prensa que se trata de una ''reestructuración interna'' y anuncia que María Jesús Tovar, vicepresidenta del Cabildo, dirigirá los centros.

El PP ha reaccionado así a la petición del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort (CC), con quien gobiernan. Betancort ha exigido que sus socios adopten ''medidas oportunas'' en relación con Ángel Vázquez tras un informe jurídico solicitado al Consejo de Administración sobre el procedimiento de contratación por el que el hijo del consejero accedió a un puesto como freganchín en los CACT.

El informe, según ha publicado el Cabildo, concluye que Vázquez debería ''haberse abstenido en el momento en el que se publicó el listado de admitidos provisionales en el que consta su hijo [...] por estar incurso en causa de abstención al participar en el proceso selectivo un familiar directo''.

Según la información que publicó La Provincia, Ángel Vázquez firmó en enero de 2024 las bases del proceso de selección para cubrir 15 plazas fijas de fregador en los Centros Turísticos y, posteriormente, el 12 de noviembre de 2025, también firmó la resolución definitiva con las personas seleccionadas. Entre ellas figuraba su hijo, Gabriel Vázquez Díaz, que obtuvo una de las plazas.

Como posible solución, el informe propone ''declarar anulable el proceso selectivo, retrotraer el procedimiento al momento en el que el Consejero debió abstenerse, convalidar todos los actos y actuaciones del Tribunal si se demuestra que están documentados en Acta u otros soportes(...)'', ya que la nulidad debe aplicarse en supuestos tasados y excepcionales.

Según la corporación insular, la anulabilidad del procedimiento no afectaría a los demás trabajadores ''en aras de no perjudicar los derechos de terceros de buena fe, como son todos aquellos aspirantes que han superado el proceso selectivo''.

Tras obtener las conclusiones del informe, Betancort instó al PP a ''valorar la situación y asumir las responsabilidades políticas que pudieran derivarse''. En esta línea, María Jesús Tovar ha subrayado que la decisión de cesar a Ángel Vázquez se toma con ''máxima transparencia y respeto a los procedimientos internos en el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa''. En su nota de prensa, el PP ha recordado que Vázquez está de baja desde el pasado 9 de octubre.

Después de que los hechos fueran publicados por los medios de comunicación, Ángel Vázquez lanzó un comunicado en el que aseveró que se había cruzado ''una línea roja'' filtrando una noticia ''sesgada e interesada solo por causar daño personal''. Además, anunció que valora adoptar acciones legales y defendió que se ha mantenido ''siempre al margen'' den los procesos de selección de personal y compras para ''favorecer la imparcialidad y la transparencia en todos los procedimientos de la entidad''. ''Se puede juzgar mi gestión al frente de esta entidad, pero no está justificado involucrar a la familia en una campaña de desprestigio orquestada por alguien que se ha pasado de frenada'', añadió.

El PSOE pide un pleno extraordinario

El PSOE de Lanzarote ha pedido a Betancort la convocatoria de un pleno extraordinario para dar explicaciones sobre el caso y para que rinda cuentas sobre las actuaciones que ha adoptado. Los socialistas acusan al presidente del Cabildo de esconderse tras el PP y de intentar trasladar a su socio de gobierno una responsabilidad política que le corresponde asumir como presidente.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Cabildo, Ariagona González, recuerda que fueron los medios de comunicación quienes dieron a conocer que el hijo de Vázquez había obtenido una plaza fija en los Centros Turísticos en un procedimiento cuya resolución definitiva firmó el propio consejero. Tras conocerse esas informaciones, el PSOE exigió el pasado 1 de octubre su cese inmediato y reclamó explicaciones a Betancort.

“Mi nombre como superviviente del Patronato es Loli Benito. Por razones que luego vas a entender, no utilizo el apellido de mi padre”. Loli acaba de cumplir 60 años, está estudiando, y acaba de terminar un curso de grabación de datos. Vive donde siempre soñó, en la casa de Cantabria donde vivía su madre. Acaba de aterrizar en Lanzarote, donde junto a las investigadoras Belén López Cillero y Rocío Saiz y en el marco de las actividades del festival ‘Arrecife en vivo’ podrá poner rostro y luz a una de las etapas más oscuras de la historia reciente de las mujeres en España. Ahora, dice con alivio, hace lo que le da la gana, pero no siempre fue así. 

Entre 1982 y 1984 -cuando gobernaba en España Felipe González- estuvo tutelada por el Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que, lejos de proteger a las miles de niñas y mujeres que pasaron por sus centros, las sometía a abusos con el propósito de “enderezar” a las que no encajaran en el rol impuesto de “buena mujer”.  

Con 16 años, Loli ingresó en la Maternidad de Peña Grande de Madrid embarazada como consecuencia de las violaciones que sufría por parte de su padre. En este centro del Patronato permanecieron encerradas niñas y adolescentes embarazadas de todo el país. “Yo me escapaba mucho de casa cuando era pequeña. Me escapaba porque mi padre abusaba de mí. Mi madre estaba enferma y pasaba mucho tiempo fuera de casa, en un hospital. Entonces, cuando ella no estaba, yo me escapaba, porque sabía lo que me esperaba”, cuenta.

A los 12 años, “después de muchas fugas”, Loli pasó a estar tutelada por el Tribunal Tutelar de Menores. “Querían saber qué estaba pasando y me hicieron un análisis psiquiátrico. En una de las charlas que yo tengo con mi psiquiatra le confieso que mi padre me violaba. Confiaba en él, pero envió un informe al Tribunal Tutelar de Menores y decidieron llevarme a un reformatorio”, recuerda. A su padre no le hicieron nada.

“El Patronato era para proteger a la mujer, ¿de quién?, ¿de mi padre? Si al que tenían que haber puesto las manos encima era a él, no a mí”, añade Loli. En Peña Grande Loli fue sometida a trabajos forzados, castigos, insultos y agresiones sexuales. Otras de las mujeres que pasaron por ese encierro también sufrieron el robo de sus bebés. Esta rutina se repetía en todo el entramado de centros del Patronato, dependientes del Ministerio de Justicia y gestionados por congregaciones religiosas.

No había protección alguna. Eran ellos los que nos ponían a los pies de los caballos

Sobre los trabajos a los que eran sometidas, Loli recuerda especialmente la visita del papa Juan Pablo II a España en 1982. “Hubo un merchandising, que era una bolsa con un montón de cosas dentro. Esas bolsas las hicimos nosotras, pero no te hablo de 5.000 ni de 10.000, hicimos 50.000 bolsas. Todo eso embarazadas y recién paridas”, incide. También recuerda haber hecho cajas para una conocida marca deportiva.

La investigadora Belén López Cillero, autora del libro Nacionalcatolicismo y Patriarcado. El Patronato de Protección a la mujer y su junta provincial coruñesa, añade que muchas niñas y jóvenes tenían las rodillas destrozadas por fregar de rodillas y que algunas ni siquiera pueden oler hoy un tipo concreto de pastillas de jabón, porque les recuerda a cuando los empaquetaban de manera masiva en los centros del patronato.

Castigos y malos tratos 

Loli pasó un mes entero encerrada en una habitación de castigo. Cuando salió, las monjas la mandaron a limpiar la piscina. “A mí me hizo mucha ilusión, porque me daba el aire”, recuerda. Sin embargo, allí fue agredida sexualmente por el jardinero del centro. “Estoy segura de que las monjas lo sabían, pero, ¿sabes lo que pasa? Que para mí los abusos sexuales eran algo normal. A mí lo peor ya me lo había hecho mi padre, que se supone que es tu pilar”, cuenta.

Dio a luz a su hija en junio de 1982. Seis meses más tarde, la madre de Loli falleció. La Semana Santa de 1983, autorizaron al padre de Loli para que la sacara junto a la bebé durante cuatro días. “Me llevó a un hostal, volvió a violarme y volvió a dejarme embarazada”, recuerda. El niño nació en diciembre. “No había protección alguna. Eran ellos los que nos ponían a los pies de los caballos”, sostiene. Pasar por el Patronato hizo que muchas mujeres, una vez fuera de los centros, terminaran en relaciones donde eran víctimas de violencia machista. “Llevábamos el maltrato escrito en la frente. Yo me casé con un maltratador”, cuenta.

Yo le decía al médico que me faltaban mis hijos y él me decía “los tienes aquí”. Le conté que tenía dos más y me dio medicación para las alucinaciones

Dudar de una misma 

Cuando Peña Grande cerró sus puertas en 1984, la “idea” era que cada una regresara a su lugar de origen con su familia de origen. En su caso era inviable. Por lo que le dieron dos opciones: quedarse en la calle con sus hijos o sin ellos. La decisión tuvo que tomarla en menos de media hora. “Desde que tú entras en Peña Grande, la idea es quedarse con tus hijos. Si no lo hacen de primeras, lo hacen después”, cuenta Loli. “Lo primero que pensé es que yo no había traído hijos al mundo para hacerlos sufrir. Yo ya había estado en la calle, yo iba a sobrevivir”, recuerda. 

Así fue. Ella se quedó en la calle y sus hijos fueron adoptados por una familia de Barcelona. Loli trató de rehacer su vida. Tuvo dos hijos más y volvió a recibir tratamiento psiquiátrico. “Yo le decía al médico que me faltaban mis hijos y él me decía ”los tienes aquí“. Le conté que tenía dos más y me dio medicación para las alucinaciones”, comparte.

“Yo sabía que había parido, pero llega un momento en que la cabeza te juega una mala pasada”, reconoce. Pasó el tiempo y el destino puso en su camino a la investigadora que sacó a la luz la realidad del Patronato, Consuelo García del Cid. Entonces, Loli Benito incluso dudaba de haber pasado por Peña Grande porque “nadie hablaba de ello”. “Buscaba por Internet y no había nada”, denuncia. Pero Consuelo apareció y le mostró que no estaba sola. También le confirmó que tenía dos hijos con los que Loli pudo reencontrarse años después.

“Para mí lo más sanador ha sido encontrar a mis hijos después de tanto tiempo y poder contarle al mundo lo que yo he pasado”, sostiene. Loli mantiene contacto con muchas de sus compañeras a través de un grupo de WhatsApp, y asegura que aunque no ha sido “un camino de rosas”, gracias a ellas sobrevivió al Patronato. “Estabas sola, solo nos teníamos las unas a las otras. La sororidad la inventamos nosotras hace mucho”, sostiene. 

Investigar el Patronato “por los márgenes” 

Muchas de las más de 40.000 mujeres que pasaron por el Patronato siguen con vida, y gracias a su testimonio se han podido recuperar los retazos de una historia de la que apenas han pasado 40 años. Aunque de forma oficial esta institución “murió” en 1985, las investigadoras han encontrado testimonios incluso de 1997. 

Acceder a los expedientes no ha sido sencillo. La investigadora Belén López Cillero, que ha dedicado buena parte de su trayectoria a reunir pruebas de las vulneraciones de derechos de las mujeres que cometió esta institución franquista, cuenta cómo tuvo que “buscar por los márgenes” porque las autoridades responsables le respondieron en un principio que por incendios e inundaciones se habían perdido miles de cajas con documentación sobre el Patronato.

Lo mismo le sucede a la cineasta y activista por los derechos del colectivo LGTBIQ+ Rocío Saiz, que, según sus palabras, se obsesionó con buscar a las mujeres lesbianas del Patronato. “No aparecían por ningún lado y había un hueco muy grande”, explica. Las investigaciones de López y Sáiz evidencian que la orientación sexual era uno de los motivos por los que las mujeres podían ser encerradas en los centros del Patronato. 

En el libro de Belén López Cillero se recoge que las jóvenes lesbianas estaban consideradas pacientes psiquiátricas y en su expediente se las calificaba como mujeres con “profundas inclinaciones anormales sexuales”. Ellas eran sometidas a terapias de reconversión, a sesiones de electroshock y estaban sobremedicadas. “Si has estado ahí, que sepas que no estás sola”, insiste Rocío Sáiz, que no ceja en su empeño de encontrar a las mujeres del colectivo que sufrieron las violencias del Patronato.

 En esta línea, las tres piden reparación y acompañamiento para las supervivientes. “Algunas a día de hoy no quieren hablar porque sienten que son culpables”, lamentan. Sobre el momento político que atraviesa España, Loli valora que ''como superviviente del Patronato y también como mujer, un gobierno de derechas sería retroceder 40 años en el tiempo“. ”Sería volver a desaparecer y que todo el respeto que nos tienen ahora y todo el apoyo que tenemos, lo perderíamos'', señala.

''Mientras los hombres estaban construyendo carreteras, las mujeres estaban encerradas“. El Patronato no distinguía entre mujeres de izquierdas o de derechas, porque a las de derechas también las metían para reeducarlas. Esta cosa que hablamos entre vencedores y vencidos, en el caso del Patronato, eran todas mujeres. El fascismo va contra las mujeres'', concluyen.

Cuando su hijo de nueve años la ve haciendo las maletas, se ilusiona. Cree que se mudan a una casa nueva. “Nunca le digo que no sé a dónde voy”, confiesa. María (nombre ficticio para proteger su identidad) tiene 30 años, se quedó huérfana a los once, es víctima de violencia de género y se enfrenta a una orden de desahucio. Desde 2020, vive en un piso de Santa Cruz de Tenerife junto a su hijo. Al principio pagaba 410 euros al mes. Después, el precio subió a 435, y, ahora, las propietarias quieren echarla para poder alquilar la casa “a precio de mercado” y cobrar 850 euros por ella. “Se espera que me vaya antes de acabar el año”, explica en una entrevista a este periódico.

María cuenta que, cuando ella llegó, la vivienda llevaba vacía dos años. Al principio pagó un total de 2.000 euros, entre la cuota de inmobiliaria y una segunda fianza. “Me dijeron que no era una fianza sino un 'depósito' para que pareciera legal”, recuerda. Además, asegura que las condiciones del piso tampoco son las ideales: “Es como una bodega, está por debajo del suelo. No hay ventanas ni tampoco ventilación”.

“Mi caso es peculiar”, explica María. “Soy familia monomarental, perdí a mi madre cuando tenía once años y a mi padre no lo conocí. No tengo red de apoyo ni una de algún familiar a la que pueda ir. Estoy completamente sola con el niño”. María lleva independizada desde los 18 años, pero ahora no puede. “Cobro el Ingreso Mínimo Vital y hago algún trabajo eventual. Se me queda un sueldo de 1.000 euros. Con ese sueldo no me puedo permitir un alquiler de 900 o 1.000 euros”.

Ella es técnica de Farmacia, pero tampoco puede ejercer su profesión ante las dificultades para conciliar. “Yo estoy sola. De lunes a viernes tengo que llevar a mi hijo al colegio y recogerlo, hasta que sea grande y pueda salir solo del instituto”, añade. 

María es víctima de violencia de género y ha pedido ayuda para salir de la vivienda en la que está porque su agresor “está apenas a 500 metros”. Ha pedido ayuda al Servicio Insular de Atención a la Mujer y está inscrita en el Instituto Canario de la Vivienda. “No me dan ninguna solución. Me dicen que no hay vivienda”. También está inscrita en diferentes programas para acceder a un hogar asequible, como Prohogar o Provivienda. Sin embargo, “la mayoría de los dueños” de estas viviendas “están dejando ese acuerdo para poder subir los alquileres”.

Como superviviente de malos tratos, le han ofrecido la opción desde Cáritas de apuntarse a una lista de espera para acceder a un piso tutelado y compartido con otras madres. “No hay suficientes y no hay habitaciones disponibles”, señala. “La otra alternativa, y la que seguramente me tocará vivir, es ir a un hostal. Primero tendré que costearlo yo y, con el tiempo, recibiría una financiación de Cáritas para poder hacer frente a los pagos”.

Las dificultades para encontrar una vivienda digna en la que vivir con su hijo la han empujado a recibir tratamiento psiquiátrico. “Tomo tres pastillas al día. Antidepresivos y ansiolíticos para poder dormir. Es algo bastante crudo de vivir y de sostener sola”, reconoce María. 

Para su hijo tampoco es sencillo. “Nos mudamos aquí porque su colegio está en Santa Cruz. En ese momento los alquileres no estaban tan altos, pero ya me es imposible”, dice María. Ella lleva semanas guardando su vida en cajas y maletas y vendiendo “casi todo”. “Tengo muchos electrodomésticos, los juguetes de mi hijo… Estoy vendiéndolo casi todo para llevarme ropa y lo justo, porque seguramente acabe en un hostal y no voy a poder llevármelo todo. No tengo esperanza de irme a una vivienda”.

La fecha prevista para el juicio era el pasado 5 de julio, pero se aplazó porque su abogada presentó nueva documentación. La fecha del lanzamiento estaba fijada para el 7 de septiembre, pero no se ejecutó y ahora María está a la espera de nuevas fechas tanto de juicio como de desahucio.

''Una vida digna, no pedimos más''

María ha estado presente tanto en la acampada como en la manifestación organizadas en Tenerife por el derecho a la vivienda. “Es un derecho que nos merecemos todos, que está en la Constitución y que no se está cumpliendo. Me da pena porque sé que mi caso no es el único, que hay muchísimas familias en un sistema que nos está quitando la vida. Todo está muy caro. La gasolina, la comida… Cualquier cosa básica ya es un lujo”, denuncia. “La vivienda es lo mínimo. Debería haber una gestión mejor para poder tener una vida digna. No pedimos más que eso”.

Otra de sus reivindicaciones es que las administraciones muestren “humanidad” hacia las personas que sufren la crisis de vivienda. “Hablé con la Alcaldía y me dijeron que podían escucharme, pero no ayudarme”, reconoce. “Les da igual, somos un número. Me han llegado a decir que hay gente que les habla de quitarse la vida y que eso es el pan de cada día. La frialdad es inhumana, y hay gente que lo está pasando muy mal”.

“Me gustaría que fueran más humanos y busquen soluciones de verdad. No podemos quedarnos en la calle, y menos con menores. Si me pasa algo, nadie está ayudando a que mi hijo tenga una infancia normal”, termina.

Los menores migrantes que viajan sin familia hacia Canarias emprenden travesías cada vez más peligrosas. Así lo advierte el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Niños migrantes y refugiados que llegan a Europa a través de rutas migratorias mixtas. La organización entrevistó en 2025 a más de 4.600 jóvenes que sobrevivieron a las rutas del Atlántico, del Mediterráneo y de los Balcanes. Casi la mitad reportó haber sufrido violencia física.

La directora general de la OIM, Amy Pope, ha alertado en un comunicado de que los niños ''están realizando viajes difíciles y peligrosos sin un padre, una madre ni un tutor a su lado''. La falta de alternativas seguras lleva a los jóvenes a travesías donde hay una mayor dependencia de los traficantes y a sufrir en el camino diferentes tipos de violencia, explotación y abusos. Algunas de las violencias que han denunciado los jóvenes son robos, falta de alimentos, problemas de salud e imposibilidad de encontrar un lugar seguro en el que dormir.

Casi la mitad de los adolescentes encuestados reconocieron haber sufrido violencia física. Muchos de los relatos, señala el informe, revelaban casos de abusos, torturas, extorsiones y secuestros tanto en los lugares de tránsito como en los pasos fronterizos. Los autores de estos abusos eran diversos e incluían grupos armados, facilitadores y empleadores. ''Ningún menor debería tener que enfrentar estos riesgos solo. Nuestra responsabilidad compartida es colaborar entre países para protegerlos, defender sus derechos y proporcionarles la atención y el apoyo que necesitan'', añade Pope.

Según las cifras que recoge este informe de Naciones Unidas, la proporción de niños no acompañados aumentó al 67% frente al 51% de 2024. En concreto, 20.000 niños llegaron a Europa sin familia el año pasado. De esta cifra, el 78% eran niños y el 22%, niñas. El porcentaje de niñas más alto se registró en la ruta canaria, donde el 20% de los menores son chicas y donde los países de origen más frecuentes entre los niños son Senegal, Mali y Guinea.

Italia es el país que más menores recibió el año pasado, con un total de 14.083 niños que migraron por tierra o por mar. Le siguen Grecia, con 9.978 menores, y España, con 5.543. En el caso de España, las llegadas de niños y adolescentes se redujeron un 19% con respecto al año anterior.

En esta línea, Amy Pope insta a una mayor cooperación entre los Estados europeos y los países de tránsito para proteger a los niños que viajan solos y hacer frente a las redes de tráfico de migrantes y otras redes criminales que se aprovechen de la infancia en movimiento.

Razones económicas

El 65% de los menores no acompañados que atravesaron el año pasado la ruta del Atlántico lo hizo por razones económicas. Un 38% lo hizo para escapar de guerras o conflictos armados y un 27% por el acceso limitado a servicios básicos en su país.

El informe de la OIM también aborda las solicitudes de asilo de la infancia migrante. En total, 214.600 menores solicitaron protección internacional en Europa en 2025, el 79% de ellos solicitantes de asilo por primera vez. Alrededor del 71% de las solicitudes por primera vez se presentaron en cuatro países: Alemania (30%), Francia (19%), España (15%) y Grecia (7%). De las 210.900 decisiones en primera instancia sobre las solicitudes de niños, el 56% fueron positivas, mientras que las denegaciones aumentaron un 25%.

En esta línea, la OIM insta a los estados miembros de la Unión Europea a colocar el interés superior del niño en el centro de cada decisión, a garantizar un acceso oportuno a los servicios y a no detener nunca a menores por razones de migración irregular. Asimismo, los menores no acompañados y separados deben tener acceso inmediato a representación legal y las evaluaciones de edad deben ser excepcionales, sensibles a la situación de los niños y susceptibles de recurso.

El Cabildo de Tenerife suspenderá ''de forma parcial y provisional'' uno de los contratos del Circuito del Motor. En concreto, se trata del relativo al Proyecto de Explanaciones e Instalaciones Desmontables, uno de los cuatro en los que se dividió la obra. La decisión llega después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso interpuesto por el Cabildo contra la sentencia que confirmó la nulidad de este proyecto y que concluía además que la declaración de impacto ambiental del Circuito estaba caducada.

''En este momento, se está valorando la providencia del Tribunal Supremo por la que se establece la inadmisión del recurso de casación presentado en relación con este procedimiento'', detallan desde la corporación que preside Rosa Dávila (Coalición Canaria). La resolución del Alto Tribunal es firme e inadmite a trámite el recurso de casación por ''falta de fundamentación suficiente'' y ''carencia de interés casacional objetivo''. Además, impone a la corporación insular el pago de las costas procesales hasta un importe máximo de 1.000 euros.

Sobre la paralización del resto de la obra, que ocupa 650.000 metros cuadrados de suelo en el municipio de Granadilla, el Cabildo ''está a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre los otros tres procedimientos judiciales que aún se encuentran pendientes de resolución''. Las partes del proyecto que aún están pendientes de resolución judicial son el proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la adaptación del Circuito del Motor al Plan de Defensa contra Avenidas y el Proyecto modificado de la pista de velocidad.

ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) ha exigido paralizar inmediatamente la obra completa, la restauración de los terrenos destruidos y la depuración de responsabilidades legales y políticas. El Supremo ha dado la razón a los ecologistas, que reivindican que el Circuito es ''contrario a la Ley'' al tener la declaración de impacto ambiental caducada y, por lo tanto, carecer de cobertura ambiental y legal.

''Nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía. Avisó ATAN en 2022, en el trámite de alegaciones, avisaron los propios técnicos del Cabildo, avisó el Defensor del Pueblo en enero de 2024, cuando advirtió de que el acta de replanteo de 2016 pudo ser un simple trámite para esquivar la caducidad. Avisaron los juzgados en primera instancia. Avisó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en apelación. Y ahora sentencia el Supremo'', continúa ATAN.

Los ecologistas denuncian que, a pesar de todo, el Cabildo siguió adelante, ''tanto el de Rosa Dávila como el de Pedro Martín''. ''Siguió destruyendo territorio después de que el TSJC confirmara la caducidad, con el único objetivo de imponer los hechos consumados, destrozar la zona para que no quede nada y meter las máquinas antes de que llegara la última decisión de los tribunales'', critican.

ATAN denuncia que el Cabildo de Tenerife ha ''antepuesto un proyecto ilegal'' al medio ambiente y a las advertencias de jueces e instituciones. ''Este Cabildo es responsable de esta ilegalidad, del daño ambiental. Causado y del despilfarro de millones de euros de dinero público en una obra que todo el mundo sabía muerta'', concluyen. 

El Gobierno de Canarias (CC-PP) ha recuperado el ‘fantasma’ del puerto de Fonsalía (Tenerife). La Consejería de Obras Públicas ha incluido este macromuelle en el borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias, haciendo saltar las alarmas en el Archipiélago. Hace cinco años, la presión social logró frenar esta obra, planteada en medio de un espacio protegido, y desde 2022 el Estado guarda en un cajón un plan que podría cerrar de manera definitiva la puerta a este muelle en Guía de Isora.

Transición Ecológica publicó en 2022 el borrador del segundo plan de gestión de las 24 Zonas de Especial Conservación (ZEC) macaronésicas, en el que proponía ampliar tres de ellas. El documento contempla extender la protección de la ZEC Teno-Rasca hasta la línea de costa frente al municipio de Guía de Isora. Esta zona, que abarca casi 200 hectáreas y que hasta el momento ha quedado fuera del espacio marino protegido, es la conocida ‘ventana de Fonsalía’, que se excluyó de la protección precisamente para poder llevar a cabo el puerto. 

Fuentes consultadas por esta redacción apuntaron, antes de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, que la intención del Ministerio era aprobar este plan durante el primer trimestre de 2027. Asimismo, matizaron que aunque la ventana no se cierre, construir un puerto como el de Fonsalía en mitad de una ZEC es inviable, ya que el espacio protegido se vería “muy comprometido”.

En este punto coincide el borrador de Transición Ecológica, que establece que aunque la infraestructura “se construiría en una ventana del espacio protegido (creada desde la declaración del espacio para tal fin), dadas sus dimensiones y características, la alteración de la dinámica marina alcanzaría aguas de la ZEC”. 

El borrador añade que el macromuelle, que lleva en trámite más de 20 años, “afectará de forma tanto directa como indirecta a los ecosistemas marinos contenidos en el espacio”, sumándose a las infraestructuras y modificaciones que ya existen en este enclave del suroeste de Tenerife. Las obras que ya están alterando la dinámica marina y las cualidades de esta zona son cuatro puertos, dos diques exentos, 17 espigones, tres zonas de ocupación de terreno intermareal y 20 playas intervenidas. 

El puerto y la ZEC Teno-Rasca 

La ZEC Teno-Rasca cubre 80 kilómetros de costa en el suroeste de Tenerife, bañando el litoral de cinco municipios: Buenavista del Norte, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje y Arona. Se extiende por casi 70.000 hectáreas y sus aguas albergan especies de interés comunitario, como la tortuga boba (Caretta caretta) o el delfín mular (tursiops truncatus). También se han identificado en la zona hasta 28 especies distintas de cetáceos, entre residentes, migratorias y estacionales. Entre ellas, destaca la población residente de calderón tropical, con al menos 300 ejemplares. 

La idea de construir el puerto de Fonsalía nació en 1998, cuando la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife recogió la obra en su memoria anual para descongestionar el tráfico en el muelle de Los Cristianos, el mismo argumento que recoge ahora la estrategia de movilidad del Gobierno de Canarias. En Fonsalía se ha pretendido construir una plataforma de tipo puerto-isla con cinco líneas de atraque para grandes buques, una dársena pesquera, 200 plazas de dique seco y 467 plazas de pantalán en la zona deportiva, dentro de un polígono costero de algo más de 222.000 metros cuadrados.

Así, el puerto incrementaría el tráfico marítimo en la ZEC, aumentando con ello la afección a las corrientes marinas, la contaminación química, lumínica y acústica del área, o el riesgo de colisiones con cetáceos y tortugas. En esta línea, la campaña contra el puerto consiguió recoger más de 400.000 firmas y en octubre de 2021 el Parlamento de Canarias acordó el abandono “definitivo” de la construcción del macropuerto. La decisión contó con el voto favorable de Coalición Canaria, Nueva Canarias y Sí Podemos.

Por el contrario, el PSOE, el PP y Agrupación Socialista Gomera (ASG) no se pronunciaron. Casimiro Curbelo, líder de ASG y socio del Gobierno de Fernando Clavijo, es uno de los grandes defensores del puerto de Fonsalía, y en los últimos años ha insistido en que se recupere el proyecto.

Impacto en los bancos de arena 

El borrador del plan de gestión dedica un apartado específico a evaluar el tipo de hábitat natural de interés comunitario 1110: los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda. Este hábitat ocupa una superficie de 1.462,77 hectáreas y para medir su grado de conservación es clave identificar el estado de las praderas de sebadales. Teniendo en cuenta este indicador, se concluye que el grado de conservación es “mediana o parcialmente degradada”, dada la pérdida de superficie de un 38% y la pérdida total de la pradera de Playa San Juan.

Las principales amenazas para este hábitat son los vertidos y los puertos, señala el borrador, y ambos “presentan tendencia hacia el incremento”, ante “la intención de construir el puerto de Fonsalía y la previsión de que el número de turistas vaya en aumento, con el consiguiente incremento de vertidos de aguas residuales urbanas y de salmuera”. Esto, advierten, restringe la viabilidad a largo plazo del hábitat de interés comunitario, confiriéndole unas perspectivas “regulares o desfavorables”. La restauración sería posible, plantean, pero solo si se dedican los esfuerzos correspondientes.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Cabildo de Tenerife contra una de las sentencias que confirma que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Circuito del Motor está caducada. La providencia del Alto Tribunal emitida el 30 de septiembre inadmite a trámite el recurso de casación del Cabildo por ''falta de fundamentación suficiente'' y ''carencia de interés casacional objetivo''. La resolución del Supremo es firme e impone a la corporación insular el pago de las costas procesales hasta un importe máximo de 1.000 euros.

Se trata del recurso interpuesto por el Cabildo contra la primera sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el Circuito del Motor. Esta desestimó el recurso de apelación presentado la corporación que preside Rosa Dávila (Coalición Canaria) y confirmó la nulidad del Proyecto de Explanaciones e Instalaciones para Graderíos Desmontables del Circuito.

Este es uno de los cuatro proyectos en los que se divide la obra, que pretende ocupar 650.000 metros cuadrados de suelo en el municipio de Granadilla y que cuenta con una inversión pública inicial de 51 millones de euros.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo dio la razón a ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) y concluyó que las obras no se ejecutaron de forma real ni efectiva dentro de los plazos legales.

La DIA fue aprobada en 2011 con la condición de que esta caducaría si los trabajos no empezaban a ejecutarse en un plazo máximo de cinco años. El Cabildo defendía que las obras empezaron el 23 de agosto de 2016, tan solo unos pocos días antes de que caducara la DIA. Sin embargo, la sentencia del TSJC recoge que la documentación evidencia que ''si bien el acta de replanteo establecía que se iniciarían las obras al día siguiente, nunca se realizaron''. 

Esta providencia del Supremo es la primera resolución firme de los cuatro procedimientos abiertos en los tribunales sobre el Parque Internacional del Motor. Aún quedan pendientes otros tres procedimientos: el proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la adaptación del Circuito del Motor al Plan de Defensa contra Avenidas y el Proyecto modificado de la pista de velocidad.

Paralizar las obras

''Queda confirmado lo que ATAN lleva años denunciando: la DIA del circuito está caducada y el proyecto carece de cobertura ambiental y, por tanto, legal: el Circuito del Motor es contrario a la Ley'', ha subrayado la asociación en una nota de prensa. ATAN pide la paralización inmediata de las obras, la restauración de los terrenos destruidos y la depuración de responsabilidades legales y políticas.

''Nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía. Avisó ATAN en 2022, en el trámite de alegaciones, avisaron los propios técnicos del Cabildo, avisó el Defensor del Pueblo en enero de 2024, cuando advirtió de que el acta de replanteo de 2016 pudo ser un simple trámite para esquivar la caducidad. Avisaron los juzgados en primera instancia. Avisó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en apelación. Y ahora sentencia el Supremo'', continúa ATAN.

Los ecologistas denuncian que, a pesar de todo, el Cabildo siguió adelante, ''tanto el de Rosa Dávila como el de Pedro Martín''. ''Siguió destruyendo territorio después de que el TSJC confirmara la caducidad, con el único objetivo de imponer los hechos consumados, destrozar la zona para que no quede nada y meter las máquinas antes de que llegara la última decisión de los tribunales'', critican.

ATAN denuncia que el Cabildo de Tenerife ha ''antepuesto un proyecto ilegal'' al medio ambiente y a las advertencias de jueces e instituciones. ''Este Cabildo es responsable de esta ilegalidad, del daño ambiental. Causado y del despilfarro de millones de euros de dinero público en una obra que todo el mundo sabía muerta'', concluyen.

Canarias ha cerrado este domingo con más manifestaciones un fin de semana de protestas históricas por la vivienda. Este 4 de octubre, cerca de mil personas han salido a la calle en Arrecife (Lanzarote) atendiendo a una convocatoria ciudadana para exigir que se cumpla este derecho fundamental. ''Canarias no se vende, Canarias se defiende'', ''Tu Airbnb era mi casa'' o ''El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria'' son algunas de las proclamas que han podido escucharse durante la marcha, que ha seguido la estela de las movilizaciones multitudinarias que tuvieron lugar el sábado en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

Las protestas por el derecho a la vivienda han desbordado varias ciudades del país pocas horas después de que el PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos del Gobierno. ''No es un piso chulo, es un zulo'' o ''Queremos seguir viviendo en nuestros barrios y municipios'' son otras de las críticas y exigencias que se han escuchado este domingo en Arrecife. Además, esta manifestación ha sido el primer paso en la isla para crear una plataforma de apoyo a los inquilinos, tal y como han subrayado las personas que leyeron el manifiesto.

En Gran Canaria, el colectivo Derecho al Techo ha anunciado este domingo que después de seis días y tras la manifestación del sábado, levantarán la acampada de la Plaza de la Feria (Las Palmas de Gran Canaria). ''Nos vamos de la plaza con el cansancio de estos días, pero también con la fuerza de haber demostrado que, cuando nos organizamos y salimos a la calle, somos capaces de poner la vivienda en el centro del debate y de la movilización social'', han señalado en un comunicado.

El colectivo ha dado las gracias a todas las personas que han participado tanto en la acampada como en las asambleas, en la manifestación y en todas las actividades que han llenado estos días de organización, solidaridad, cultura y lucha. También han agradecido a quienes han aportado alimentos, materiales, agua, café, cuidados y apoyo y a las vecinas y vecinos de la Plaza de La Feria por ''su apoyo y por la convivencia durante estos días''.

Aunque abandonen la plaza, insiste Derecho al Techo, subrayan qeu aún queda por delante una tarea urgente: la de acompañar a las familias que se enfrentan a la pérdida de su vivienda. ''La caída de los decretos de vivienda deja a muchas familias en una situación todavía más vulnerable y cada día nos están llegando nuevos casos de desahucios y lanzamientos inminentes que tenemos que intentar parar. Por eso, en los próximos días vamos a centrar buena parte de nuestras fuerzas en acompañar a las familias, organizar la respuesta ante los desahucios y generar los recursos necesarios para que nadie tenga que enfrentarse sola a la pérdida de su vivienda'', señalan. 

''También vamos a dar un paso más. Queremos llevar la organización a los barrios y a los pueblos, crear encuentros, abrir espacios de participación y seguir construyendo poder popular desde abajo. Y queremos empezar a preparar, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, el camino hacia una huelga general que permita que la emergencia habitacional y el resto de las reivindicaciones de la clase trabajadora estén en el centro de la movilización'', sostienen.

Por su parte, según ha informado Efe, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, que acampa desde el martes en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, también ha decidido dar ''un paso al lado'', aunque los participantes tienen intención de permanecer en ella por un periodo aún por definir.

El portavoz, David González, ha explicado que cada vez hay más personas que están interesadas en unirse y que, aunque a partir de ahora asumirán un ''papel secundario'' en la acampada, la seguirán apoyando. ''Lo importante es que se está creando en todas las asambleas una autonomía propia y eso es lo importante, que los sindicatos o los colectivos que hemos participado en esto, vamos a apoyar todo lo que lo que surja“, concluye.

Cuando el papa León XIV visitó Gran Canaria, todo el país escuchó a Soda Niasse. Ese 11 de junio, ella puso voz a la historia de una amiga. Una mujer de Nigeria víctima de trata que, por seguridad, no podía estar allí. Gracias a Niasse, que dedica parte de su vida a luchar por los derechos de las personas migrantes, decenas de autoridades pudieron conocer todas las violencias que esa joven de 22 años sufrió durante su viaje a España. Cuatro meses después de aquel emotivo testimonio, Niasse necesita que se vuelva a escuchar su voz. En esta ocasión, es ella misma la que sufre las consecuencias de la política de fronteras.

La mujer senegalesa, que trabaja como educadora en un centro de menores de Gran Canaria, lleva dos meses bloqueada en Senegal, sin poder regresar a la isla en la que vive desde 2019 y pese a tener residencia legal en España. “Si me ha pasado esto a mí, que tengo dos niños españoles y que vivo allí, imagínate lo que le pasa a una persona que viaja en patera, o que no habla el idioma, o que es víctima de trata o de ablación”, cuenta en una entrevista concedida a este periódico.

El 26 de junio viajó con su hijo de 13 años y su hija de 9 al país en el que nació. Allí pasaron un mes de vacaciones, pero cuando llegó el momento de volver, empezaron los problemas. Antes del viaje, Extranjería había resuelto de forma favorable su residencia legal en España. Le renovaron la tarjeta por cinco años, hasta mayo de 2031. “Cogí cita, me tomaron las huellas, y me dieron un resguardo. Está escrito que soy administrativamente legal en España”, asevera.

Pero el resguardo no le fue suficiente para poder volar a Gran Canaria. Tampoco sus hijos pudieron viajar ese día. “Después de que pasaran mis hijos, di mi pasaporte senegalés y me pidieron la tarjeta de residencia. Les di el resguardo que me dio Extranjería y me dijeron que no, que necesitaban una autorización, pero es que la misma oficina de Extranjería que me daría esa autorización es la que me dio el papel diciendo que la tarjeta física está en fabricación”, insiste Niasse.

Como sus hijos tenían que empezar el colegio en pocas semanas, intentó que ellos sí pudieran volar. Tampoco fue posible. La compañía aérea le respondió que los menores no podían entrar al avión sin un adulto y que no podían ofrecerle el servicio de acompañamiento desde la empresa. Poco después, Niasse y su marido consiguieron en el Consulado de Senegal en Las Palmas de Gran Canaria una autorización para que sus hijos viajaran con un amigo de la familia que regresaba a la isla. 

Dos meses en Senegal 

Después del episodio del aeropuerto, Soda Niasse envió un correo electrónico al Consulado de España en Dakar. “Les dije que necesitaba una autorización, un visado de regreso. Me contestaron por vía automática diciéndome que la respuesta podría tardar 15 días y que no hacía falta que enviara nuevos correos con el mismo motivo”, relata. Pasó un mes, así que Niasse volvió a escribir. “Les dije que en agosto tenía que incorporarme a mi trabajo y les pedí que me dieran un justificante contando que el visado había tardado más de 15 días. No me contestaron”, cuenta.

Durante ese tiempo, la mujer tuvo que alquilar un piso en Dakar. Ahora, después de más de dos meses, ha conseguido agendar una cita en el Consulado para la próxima semana. 

Mientras tanto, los menores del centro de acogida en el que trabaja no dejan de preguntar por ella. Tampoco sus hijos biológicos, que llevan meses sin poder ver a su madre. La familia ha tenido que hacer malabares para poder conciliar, ya que el padre de los niños trabaja en un turno de noche. Antes, los niños se quedaban con su madre. Ahora tienen que recurrir a amigos y a conocidos para que no se queden solos. 

Niasse ha acudido al Defensor del Pueblo y la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC) han tratado de encontrar una solución para ella desde el principio. “Me tranquiliza saber que tengo a gente ayudándome. Para mí lo más importante es que no perdamos la humanidad”, termina.

Tenerife también se ha sumado a las protestas por el derecho a la vivienda que arrancaron en la Puerta del Sol (Madrid) y que ya recorren todo el país. Al menos 60 personas han acampado esta noche en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, donde se han instalado unas 40 casetas y una serie de pancartas en las que pueden leerse proclamas como ''La vivienda es un derecho, no un negocio'', ''¿Dónde vamos a vivir nosotras?'', o ''Canarias será la tumba del rentismo''. La decisión de acampar se tomó durante una asamblea en la que participaron más de 300 personas, convocada tanto por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Tenerife y por el Sindicato de Inquilinas.

Este jueves tendrá lugar una asamblea de organización en la acampada y, según han informado desde el Sindicato de Inquilinas, se desplazarán hasta allí artistas y figuras del mundo de la comedia con el fin de que más gente se una. ''Queremos hacer un llamamiento para que la gente que no se pueda quedar a dormir, se una durante el día. Necesitamos a la mayor cantidad de gente'', insisten desde el Sindicato.

La acampada se mantendrá hasta el sábado, cuando tendrá lugar en la ciudad una manifestación a las 11.00 horas. La marcha también tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, donde la acampada comenzó el martes 29 de septiembre.

''Lo que reivindicamos es que, en Canarias, por mucho que se apruebe el 'decreto Maricarmen', no sirve de nada si no se aplica la Ley de Vivienda. Pedimos que se aplique para que las medidas del decreto, que la complementan, tengan un sentido'', subrayan desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

El Gobierno de Canarias ha vuelto a poner sobre la mesa la construcción del polémico puerto de Fonsalía, en la costa suroeste de Tenerife. Este macromuelle ya fue paralizado en 2021 gracias a la movilización social y ecologista por su importante afección sobre el medio ambiente y, en particular, sobre la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca. Aun así, el Ejecutivo que lidera Coalición Canaria junto al Partido Popular ha incluido la obra en el borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias, que se encuentra desde el jueves pasado en fase de exposición pública.

La medida 21-2, recogida en este documento de 518 páginas de la Consejería de Obras Públicas, propone mejorar la conexión marítima entre las islas verdes (La Gomera, El Hierro y La Palma) y Tenerife a través del ''nuevo puerto de Fonsalía'', que contempla la construcción de un nuevo puerto de pasajeros y mercancías en este enclave del municipio de Guía de Isora.

El borrador (adelantado por Cadena Ser) justifica que este lugar presenta condiciones naturales ''favorables'' de abrigo y se sitúa en un punto geográfico ''significativamente más próximo'' a las islas occidentales que el actual muelle de Los Cristianos (Arona). Esto, añaden, ''permite reducir los tiempos de travesía y mejorar las condiciones de navegabilidad en situaciones de viento y oleaje adverso''.

La construcción del nuevo puerto, apunta el Gobierno, requiere la tramitación de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, atendiendo a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. ''El estudio deberá analizar las afecciones sobre el dominio público marítimo-terrestre, los hábitats y especies marinas protegidas del entorno (incluyendo cetáceos y tortugas), el paisaje costero y los recursos pesqueros de la zona“, puede leerse en el documento.

Según el borrador, la viabilidad de esta actuación depende de la elaboración de un Plan Director Portuario específico para Fonsalía y de su inclusión en el Plan Estratégico de Puertos Canarios 2028-2031, así como de su coordinación con el planeamiento territorial insular de Tenerife. El texto ofrece incluso una estimación del tiempo que se tardaría en construir Fonsalía, apuntando a un mínimo de 10 o 15 años desde el inicio de los estudios previos.

El rechazo social al macropuerto

Fue precisamente el importante impacto ambiental del muelle de Fonsalía lo que frenó la construcción de este macropuerto en 2021. La tramitación había comenzado 25 años antes y el objetivo era construir, con una inversión inicial de 200 millones de dinero público, una plataforma con cinco líneas de atraque para grandes buques, una dársena pesquera, 200 plazas de dique seco y 467 plazas de pantalán en la zona deportiva. En total, la infraestructura ocuparía más de 222.000 metros cuadrados.

Este tramo de costa, además de ser uno de las más turísticos de Tenerife, forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca. En ella se concentran unos 600 ejemplares de cetáceos, tortugas bobas, delfines y cachalotes. Todas estas especies han quedado expuestas al continuo tráfico marítimo de grandes ferris y a una situación continua de estrés.

El movimiento ecologista lanzó una campaña en contra de Fonsalía que consiguió recoger más de 400.000 firmas. En octubre de 2021, el Parlamento de Canarias acordó el “abandono definitivo” de la construcción del macropuerto, con el voto favorable de Coalición Canaria, Nueva Canarias y Sí Podemos. Por el contrario, el PSOE, el PP y Agrupación Socialista Gomera (ASG) no se pronunciaron explícitamente. 

Conexión con el tren del sur

El borrador de la estrategia de movilidad sostenible del Gobierno canario también menciona el puerto de Fonsalía en el epígrafe dedicado al tren del sur de Tenerife. El documento señala que el proyecto ferroviario contempla una posible ampliación del corredor hacia el puerto de Fonsalía, mediante la prolongación desde la estación de Costa Adeje hacia Guía de Isora. El objetivo es, según el texto, ''reforzar la conectividad interinsular con las islas occidentales y ampliar el alcance territorial del sistema ferroviario insular''.

Así, apunta que es imprescindible implantar una serie de medidas de optimización del muelle de Los Cristianos para ''garantizar la operatividad del sistema de conexión marítima con las islas occidentales'' durante el ''largo periodo de tramitación y construcción'' de Fonsalía.

Descongestionar Los Cristianos

Ya que la construcción del puerto de Fonsalía puede prolongarse más de una década, el borrador insiste en la necesidad de descongestionar el muelle de Los Cristianos mientras se ejecuta la obra. Según el texto, el elevado volumen de pasajeros que absorbe este puerto genera un cuello de botella crítico que desemboca en problemas de congestión, ineficiencias operativas y dificultades en la gestión de accesos, ''afectando tanto a los tiempos de viaje como a la fiabilidad del servicio''.

Así, propone establecer un sistema de regulación del acceso para vehículos de no residentes y para vehículos de carga y descarga, de manera que solo un número restringido de coches de visitantes y vehículos destinados a servicios esenciales accedan a la isla.

También barajan la implementación de guaguas lanzadera, la creación de carriles específicos de acceso al puerto desde la autopista del sur (TF-1), reorganizar el viario de acceso al pueblo e implementar sistemas inteligentes de gestión del tráfico.

El interés de Casimiro Curbelo

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (ASG), no ha dejado de insistir en estos últimos años en la construcción del puerto de Fonsalía. Según el líder de ASG, socio del Gobierno canario, esta es la única solución al ''colapso'' del muelle de Los Cristianos que estaría perjudicando a la conectividad de El Hierro, La Palma y La Gomera. En junio volvió a exigir en un comunicado que se explicara ''por qué se desechó la opción del puerto de Fonsalía y por qué no se han desarrollado alternativas reales''. Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), se ha mostrado en varias ocasiones en contra de construir el muelle a pesar de la insistencia de Curbelo.

El Comisionado de Transparencia de Canarias ha exigido al Ayuntamiento de Guía de Isora que informe sobre las urbanizaciones turísticas de lujo que se proyectan en la zona conocida como Playa San Juan. El organismo ha dado la razón a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), que solicitó el expediente el 25 de febrero y que no ha recibido ninguna respuesta hasta la fecha. En una resolución emitida el pasado 25 de septiembre, el Comisionado da 15 días al Ayuntamiento para que entregue la documentación o para que, de no existir, ''informe sobre tal inexistencia''.

ATAN reclamó a Guía de Isora la copia de las licencias otorgadas sobre las parcelas del plan parcial de Costa San Juan y el expediente completo asociado; información sobre las inspecciones técnicas realizadas desde el inicio de la actuación y sobre los informes técnicos realizados por esta entidad; informes o autorizaciones ambientales con las que cuente el proyecto o las obras que se vienen ejecutando.

Ante la falta de respuestas, la asociación ecologista recurrió el 10 de julio al Comisionado de Transparencia. 20 días después, el órgano requirió al Ayuntamiento que en un plazo de dos semanas enviara copia completa y ordenada del expediente, pero tampoco respondió.

Por esta razón, el Comisionado ha estimado la reclamación presentada por ATAN y ha vuelto a requerir al Ayuntamiento para que haga entrega de la documentación en un plazo de 15 días hábiles. También ha requerido a la corporación municipal que remita a Transparencia una copia de la información enviada a ATAN, para comprobar el cumplimiento de la resolución.

Además, la resolución, consultada por este periódico, recuerda al Ayuntamiento que incumplir esta obligación y no atender a los requerimientos del Comisionado constituyen infracciones graves o muy graves previstas en el artículo 68 de la Ley de transparencia y de acceso a la información pública (LTAIP).

ATAN denuncia la opacidad

La asociación ecologista denuncia la opacidad del Ayuntamiento de Guía de Isora y afirma que no se trata de un caso aislado. ''El silencio administrativo se ha convertido en una estrategia recurrente en los ayuntamientos canarios cuando se les pide información urbanística'', mantienen. ''Se deja pasar el tiempo, se obliga a los ciudadanos a reclamar y se retrasa el acceso a la información mientras las obras avanzan. Cuando la documentación llega, si llega, a menudo ya no sirve para evitar el daño'', añaden en un comunicado.

En esta línea, ATAN advierte de que cuando una administración oculta un expediente, impide así que la sociedad pueda fiscalizar cómo se gestiona el territorio, ''que es de todos''. ''Negar ese derecho demuestra la actitud mafiosa de las instituciones canarias'', critican.

Sobre las obras de Playa San Juan, ATAN informa de que están promovidas por el grupo Los Menceyes, de la influyente familia belga Weytjens, y de que prevén ocupar más de un kilómetro de costa con varios hoteles, villas de lujo y centro comercial. La familia Weytjens también tiene sobre la mesa un proyecto para urbanizar la montaña de Guaza, declarada monumento natural.

ATAN recuerda en su nota de prensa que la familia Weytjens fue ''señalada también en la sentencia del caso Arona''. ''La sentencia recoge como hecho probado que Los Menceyes Tenerife Sur S.L. obtuvo en 2005 una licencia para un edificio en Palm-Mar pese al informe desfavorable de los servicios jurídicos municipales. La misma sentencia describe cómo otra sociedad representada por Stanley Weytjens, Palm Mar Sur Invest SL, obtuvo en 2003 una licencia para 30 viviendas en un solo día'', detallan.

La Palma se recompone a paso lento de los estragos que provocó en la isla la erupción volcánica de 2021. Muchos hogares y barrios enteros fueron arrasados por las coladas, entre ellos el de La Laguna. Esta localidad del municipio de Los Llanos de Aridane fue incluida en la ley para la recuperación económica y social de la isla, permitiendo así que los vecinos pudieran pedir licencias y restablecer las edificaciones destruidas. Sin embargo, al manto de lava que cubre su vecindario se sumó hace dos años un obstáculo más: la ocupación sin permiso por parte de un empresario de doce parcelas para extraer y comerciar con los áridos del volcán. 

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha abierto un expediente contra el empresario Manuel Rodríguez González por desarrollar esta actividad en suelo rústico común y sin autorización. Según el expediente, de más de 800 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, el hombre lleva extrayendo áridos de 12.000 metros cuadrados de las coladas del Tajogaite al menos desde 2024, tal y como adelantó la Cadena SER.

Una de las vecinas afectadas, titular de una de las parcelas y que prefiere mantener el anonimato, añade que, a pesar de las advertencias y de los requerimientos de la ACPMN, el denunciado continúa hasta el momento con su negocio y denuncia que el Ayuntamiento no ha precintado las obras en ningún momento. 

El denunciado es titular de al menos una de las parcelas que explota. Aun así, la ACPMN subraya que la superficie que ha ocupado “excede ampliamente los límites” de su parcela catastral y afecta a otras once de diez titulares distintos. Una de ellas, según recoge el expediente, pertenece al propio Cabildo insular.

Somos afectados del volcán y ninguno de nosotros se ha dedicado a invadir parcelas ajenas y a cometer un delito medioambiental, enriqueciéndose de por medio

De acuerdo con las resoluciones de la Agencia, el empresario no puede desarrollar esta actividad ni siquiera en su propia parcela. Los terrenos afectados, de acuerdo con la Ley de recuperación económica y social de La Palma, están en una Zona de Recuperación Residencial, de menos de 10 metros de espesor de colada. En esta zona, las personas afectadas pueden pedir licencia para restablecer edificaciones destruidas. También se contempla el uso industrial, pero solo en la categoría de taller artesanal, compatible con el residencial. 

Camiones y hasta una planta de machaqueo

El expediente fue abierto el 15 de enero de 2025, después de una denuncia, interpuesta por el Cabildo de La Palma, que alertaba de la extracción no autorizada de áridos y roca volcánica en este pueblo de Los Llanos de Aridane mediante maquinaria pesada para su posterior procesamiento en una planta de machaqueo instalada en la misma zona. 

Entonces, un agente de Medio Ambiente adscrito al Cabildo se desplazó al lugar, donde comprobó que se había instalado una planta de tratamiento de áridos, con la maquinaria asociada, afectando a una superficie de 12.000 metros cuadrados. En uno de sus informes, la agencia aclara que esta planta de tratamiento no está vinculada a ninguna de las obras que se están ejecutando por parte de las administraciones públicas para la recuperación de infraestructuras afectadas por la erupción. 

Ya en mayo de 2025 la agencia concluyó que el uso era incompatible con la ley, y en junio notificó al empresario la orden de restaurar la zona. Este se limitó a alegar que había presentado dos solicitudes de licencia ante el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y en noviembre la agencia concluyó que las obras no eran legalizables y ordenó a Rodríguez demoler la obra y restablecer la legalidad urbanística en la zona. 

La resolución, tal y como han confirmado a esta redacción desde la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, no fue recurrida y es firme. Aun así, hasta ahora no se ha ejecutado. En diferentes fotografías tomadas en enero de 2026, casi un año después de la visita del agente medioambiental, pueden observarse varios camiones trabajando en la zona, neumáticos amontonados y maquinaria para el machaqueo de rocas.

La Consejería ha afirmado que este 18 de septiembre la agencia dio un nuevo movimiento y requirió otra vez al denunciado para que en el plazo de un mes presente un proyecto de restablecimiento como primer trámite para el cumplimiento “voluntario” de lo ordenado en la resolución previa. “El plazo para presentar el proyecto finaliza el próximo 19 de octubre”, explican. 

“Dada la gravedad de las actuaciones”, continúan desde Política Territorial, la ACPMN está tramitando el expediente sancionador y prevé poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de delito.

En una entrevista concedida a Televisión Canaria, el empresario niega los datos de superficie recogidos por la agencia y asegura que ocupa 10.000 metros cuadrados de su propiedad. Además, dice que ha pedido permiso “seis o siete veces” al Ayuntamiento porque quiere construir en la parcela donde tenía su propiedad. Por otra parte, afirma que solo tiene “problemas” con las vecinas de la parcela que colinda con la suya por el sur.

La condición de afectado “como excusa” 

Las titulares de una de las parcelas afectadas afirman que tuvieron constancia de los hechos en septiembre de 2025 a través de una carta postal de la ACPMN, que les notifica que el empresario está extrayendo áridos del terreno de ellas. “Él llega a presentar ante la administración tener el consentimiento verbal de todos los vecinos para realizar esta extracción, con lo cual inicialmente, a ojos del Gobierno de Canarias, somos cómplices del delito”, dicen. 

En esta línea, niegan “categóricamente” haber consentido cualquiera de las actuaciones que ha realizado en su parcela y sostienen que se han producido sin su consentimiento ni aprobación. “Estamos hablando de una persona que, de forma impune, y con pleno conocimiento, invade nuestra propiedad y se dedica a extraer áridos con maquinaria pesada”, defienden. 

Las instalaciones son perfectamente visibles y es de sobra conocido que allí se comercializa arena

Así, dicen que esta actividad les ha ocasionado un perjuicio evidente porque su terreno se encuentra con “desniveles, socavones y hoyos” que les dificultará la tarea de reconstrucción en un futuro. “Nuestra madre y nuestra abuela nacieron en la casa que perdimos con el volcán. A lo largo de las décadas y las generaciones, ha sido un reflejo del esfuerzo y la ilusión de nuestro bisabuelo, que construyó su vida y su familia en La Laguna, y nos duele ver cómo la actuación de este hombre violenta el recuerdo de nuestra familia”, apuntan.

Por otra parte, critican que el empresario use su condición de afectado por el volcán como excusa para presentarse como una víctima y tapar así “los delitos que ha estado cometiendo”. “Todos los vecinos que aparecemos en el expediente somos afectados del volcán por igual, y ninguno de nosotros, salvo el susodicho, se ha dedicado a invadir parcelas ajenas y a cometer un delito medioambiental, enriqueciéndose de por medio”. 

“Pasividad” de las administraciones

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción afea a las administraciones su “total pasividad” ante esta “actividad ilegal”. En un comunicado, Ben Magec cuenta que en octubre de 2025 solicitaron ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias la copia íntegra de los expedientes de autorización de las instalaciones de tratamiento de áridos identificadas en la zona y saber si la actividad había pasado por una evaluación de impacto ambiental. En paralelo, aseguran haber dirigido una solicitud similar al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

“Casi un año después, la federación no ha recibido respuesta alguna y el expediente nunca ha sido aportado”, indican. La vecina con la que ha hablado este periódico también denuncia la opacidad del consistorio. “Nos preguntamos por qué no se nos ha dado respuesta a todas las solicitudes de información, documentación y acción que le hemos hecho al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, un derecho que, tras más de tres meses de silencio, consideramos vulnerado”, lamentan.

Las vecinas aseguran haber solicitado la personación en la zona de la Policía Local en junio y la paralización de las obras, pero siguen sin saber si se ha producido esta personación y qué actuaciones se han llevado a cabo. “Nos sentimos impotentes y abandonadas por las administraciones, que lejos de hacer valer la resolución administrativa [...] han hecho gala de inacción a lo largo de este año”, declaran.

“Se trata de suelo de familias que ya lo perdieron todo como consecuencia de la erupción y que ahora ven cómo sus parcelas se explotan sin su consentimiento. Las instalaciones son perfectamente visibles y es de sobra conocido que allí se comercializa arena”, reiteran desde Ben Magec. Por ello, insisten en que es “imposible sostener” que las administraciones desconocían lo que estaba ocurriendo. “Siguen ocultando la información solicitada mientras hacen la vista gorda ante semejante atentado ambiental”, asevera el portavoz de la Federación en La Palma, Pablo Díaz. 

Ben Magec apunta que estos hechos son “consecuencia directa” de la falta de planeamiento y de ordenación del territorio afectado por la erupción y exigen al Ayuntamiento que precinte la planta ilegal. Asimismo, advierten de que es “muy probable” que el beneficio económico que el empresario ha obtenido durante estos años de actividad fuera del ordenamiento jurídico “supere con creces” las sanciones que pudieran llegar a imponerse. “Si eso ocurre, la sanción deja de ser disuasoria y se convierte en un simple pago por el expolio”, concluyen.