La palabra “desacoplamiento” intuitivamente nos sugiere la desconexión entre dos cosas que previamente estaban muy estrechamente relacionadas y evolucionaban conjuntamente. El desacoplamiento requeriría así de un cambio profundo, endógeno o inducido externamente, que altere su relación.

Aunque no sea de uso corriente, este concepto de desacoplamiento es, de hecho, la piedra angular sobre la que se basa el plan de transición a la sostenibilidad propuesto por el establishment y que está progresivamente sustituyendo a la propuesta de “desarrollo sostenible”, que parece haberse quedado desfasada: el Crecimiento (o Economía) Verde. Éste consistiría básicamente en la continuación del crecimiento económico, pero rompiendo la sólida relación histórica entre éste y el creciente agotamiento de recursos e impactos ambientales. Desacoplándolos. La idea es que se reduzca el uso de recursos e impactos ambientales en paralelo a un mayor consumo de bienes y servicio. Desmaterializando la economía. Pongamos un ejemplo sencillo: que se incremente el número de coches producidos y adquiridos por la sociedad, pero extrayendo una menor cantidad de materias primas y requiriendo menos energía tanto para su construcción como para su funcionamiento. Todo ello en un proceso continuo, de forma que esa divergencia iría aumentando progresivamente. De hecho, dado el gran nivel de insostenibilidad actual, la reducción de impactos debería de producirse a un ritmo muy elevado.

Organismos como la OECD, la Comisión Europea, el Banco Mundial o el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han publicado en la última década numerosos informes y recomendaciones políticas para animar a los estados a caminar en la dirección del desacoplamiento entre el crecimiento económico y el uso de recursos e impactos ambientales. En la misma línea, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas nº8 incluye “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible”. En España, lo promueven las grandes empresas, agrupadas en el “Grupo Español para el Crecimiento Verde”, y se encontraba en el programa electoral de las últimas elecciones generales de partidos políticos tan aparentemente diferentes como PSOE y PP.

¿Cómo se podría promover ese desacoplamiento entre crecimiento económico y agotamiento de recursos e impactos ambientales? El abanico de opciones propuestas es muy amplio, basándose en una diversidad de políticas para promover mejoras de eficiencia (aislamientos, renovación de equipos, etc.), sustitución tecnológica (coche eléctrico, renovables para la generación de electricidad y calor, etc.), aumento del reciclado (economía circular), etc. En principio la propuesta puede parecer atractiva, especialmente si dejamos a un lado la problemática social que acarrea el sistema basado en el crecimiento económico (desigualdad intra-estados e internacional Norte-Sur, valores productivistas, consumismo, etc.). Sin embargo, tras décadas de relación directa entre crecimiento económico y agotamiento de recursos e impactos ambientales, surge la pregunta: ¿es realmente posible alcanzar ese desacoplamiento? ¿Es realmente viable producir mucho más con mucho menos, de forma que ese “menos” tienda a una magnitud tan pequeña en las próximas décadas que nuestra injerencia en la biosfera prácticamente desaparezca y podamos vivir de nuevo en un “mundo vacío”?

Un informe publicado hoy mismo indaga en esta cuestión crucial sobre la que reposa el edificio del Crecimiento Verde. Se trata de un informe riguroso, elaborado por un equipo de científicos durante meses tras aceptar el reto de profundizar en el tema tras la Conferencia sobre Post-Crecimiento en el Parlamento Europeo en septiembre del año pasado. En esta conferencia se constató que la “hipótesis del desacoplamiento” es la mayor discrepancia entre los defensores y los críticos del mantenimiento del crecimiento económico como principal objetivo macroeconómico, político, social y ambiental de la UE. Esta conferencia, masiva, constituyó una tremenda demostración de fuerza de una parte creciente de la comunidad científica que identifica el crecimiento económico más como un problema que como parte de la solución, y que concluyó con una carta abierta firmada por centenares de científicos y con gran repercusión mediática en muchos países de la Unión Europea.

El informe original es muy detallado y está escrito en inglés; aquí se pueden encontrar sus principales conclusiones traducidas al castellano. El informe está estructurado en 3 partes: “¿Qué es desacoplamiento?”, “¿Está ocurriendo el desacoplamiento?”, y “¿Es esperable que se produzca el desacoplamiento en el futuro?”

La primera sección es muy pertinente para evitar caer en un diálogo de sordos, ayudando a clarificar qué es necesario desacoplar, a qué ritmo y con qué indicadores se puede y suele medir. Constituye una sólida base para la revisión de la literatura de la sección siguiente, en la que se revisan decenas de artículos científicos publicados revisados por pares que han indagado en la existencia o no de desacoplamiento entre el crecimiento económico y el uso de diferentes tipos de recursos (materiales, energía y agua) e impactos ambientales (emisiones de efecto invernadero, tierra, contaminación acuática y pérdida de biodiversidad) a diferentes escalas geográficas. La conclusión es rotunda: hasta la fecha los únicos desacoplamientos absolutos han sido observados durante cortos periodos de tiempo, ateniendo a ciertos recursos o impactos, en países concretos y con muy pequeños índices de mitigación.

La siguiente sección es la más extensa e indaga en qué posibilidades hay de que esta situación cambie en el futuro y se pueda efectivamente alcanzar el tan deseado desacoplamiento. Las conclusiones de esta sección son aún más rotundas, encontrando al menos 7 razones que previsiblemente tenderán a neutralizar eventuales reducciones en el consumo de recursos e impactos asociados en el futuro: progresivo encarecimiento energético (la transición energética requerirá de inversiones energéticas en un contexto de peor calidad de las energías no renovables como atestigua la expansión internacional del fracking), efecto rebote (las mejoras de eficiencia promueven el consumo de ese mismo producto o de otros vía efecto dominó en la economía), reemplazar un problema por otro (por ejemplo reducir emisiones de efecto invernadero incrementando presiones sobre la tierra o la extracción de minerales), el infravalorado impacto del sector servicios (con una alta huella ambiental, como es el caso de “la nube”), el potencial limitado del reciclaje (de altos requerimientos energéticos, sujeto a límites termodinámicos y que sólo podrá compensar parcialmente la extracción de materias primas en un sistema en expansión permanente), un cambio tecnológico insuficiente e inapropiado (persiguiendo habitualmente objetivos de reducción de costes y mejora del servicio y no de sostenibilidad) y el intercambio de costes (exportación de impactos y residuos de países del Norte al Sur mediante el comercio internacional).

En conclusión, la validez de la narrativa del crecimiento verde queda muy tocada tras este detallado y riguroso informe científico. Si queremos evitar los mayores trastornos de la crisis ambiental, debemos reaccionar rápido y a nivel global. El tiempo se agota y la piedra angular de la propuesta del establishment no se ha demostrado como viable en ninguna circunstancia de forma relevante, ni se la espera, como demuestra este informe. De hecho, los análisis que recomiendan el desacoplamiento no consideran las 7 razones expuestas en el informe que hacen dudar de su viabilidad a futuro. La carga de la prueba queda por lo tanto del lado de sus proponentes, que deberían de acreditar la validez de su propuesta. O quizá explicar mejor por qué consideran el crecimiento económico como innegociable. Mientras no lo hagan, permanecerán de hecho desacoplados de la realidad. Y mientras no se demuestre lo contrario y aplicando el principio de precaución y el sentido común, la solución seguirá siendo que, mientras el crecimiento y sus impactos ambientales estén acoplados, la única manera de reducir éstos últimos será mediante un decrecimiento material ordenado y justo a nivel mundial que se podrá realizar sin menoscabar el bienestar si se producen cambios políticos, éticos, filosóficos en aquellas sociedades, como la nuestra, más depredadoras del planeta.

Dada la insostenibilidad de nuestras sociedades industriales y el colapso civilizatorio al que nos dirigimos de seguir con las tendencias actuales, es urgente el diseño y puesta en marcha de hojas de ruta globalmente justas para transitar hacia sociedades basadas en energías renovables que sepan cerrar los ciclos de materiales. Estos caminos requieren complejas transformaciones de carácter transversal que implican aspectos tecnológicos, económicos, políticos y socio-culturales. De hecho, la forma en que se obtiene y utiliza la energía juega un papel central en dicha transición y condicionará los nuevos órdenes sociales que salgan de ésta.

La naturaleza modular e intrínsecamente local de las renovables suponen una oportunidad para desarrollar colectiva y democráticamente una cultura energética arraigada al territorio. En España, a pesar de todas las barreras, las cooperativas de energía renovable ya han iniciado este camino con bastante éxito, mientras que las iniciativas a nivel municipal han sido hasta ahora significativamente más escasas.

Potencial de las entidades locales para contribuir a la transición energética

Los ayuntamientos, por su escala y cercanía al vecindario y a su día a día, son un actor e instrumento imprescindible para la transición energética renovable, sostenible, descentralizada y democrática. En los últimos años se ha revalorizado la gestión pública como una alternativa a la privada, que no ha demostrado las virtudes de mayor calidad y eficiencia que se le suponían. Además, la gestión pública directa facilita incluir más variables que la puramente económicas en la gestión, como las sociales o ambientales. La combinación de estos dos aspectos está propiciando un cambio de paradigma sobre la concepción de los servicios públicos que está impulsando una ola remunicipalizadora en España, Europa y otras partes del mundo de servicios como el agua, el transporte o la gestión de residuos.

Para el caso energético, se debe combinar el objetivo de incrementar la soberanía energética local con el fomento de la participación ciudadana tanto en la gestión como en la propiedad de las infraestructuras. Este objetivo permite transformar las relaciones de poder tradicionales en el sector de la energía y generar nuevos modelos que también permitan lidiar con cuestiones sociales como la pobreza energética. Así, los próximos comicios del mes de mayo son clave para sentar las bases sólidas de un nuevo municipalismo energético que contribuya activamente a esta transición desde lo local en el Estado.

Es preciso remarcar que este camino se inició ya hace 4 años, cuando una serie de ayuntamientos dieron los primeros pasos en esta línea, en el contexto en el que se articuló el municipalismo en España. Es el caso por ejemplo de Barcelona y Pamplona, que han lanzado sus propias comercializadoras municipales de energía eléctrica; o el de Cádiz, que combina su comercializadora local 100% renovable (desde 2017), con un plan integral para combatir la pobreza energética y llevar a cabo propuestas ciudadanas hacia la transición energética. Otra fuente de inspiración, y que se explora en este artículo, se puede encontrar a nivel Europeo, donde, tanto en las áreas metropolitanas más grandes como en núcleos rurales, en las últimas décadas se han promovido numerosas iniciativas de éxito surgidas de una combinación de motivaciones políticas, económicas y/o sociales.

Ejemplos de estrategias y herramientas exitosas en otras ciudades europeas

La propiedad de la redes de distribución es un elemento determinante para entender el potencial de los ayuntamientos para guiar la transición energética. El caso de Schönau (Alemania) constituye un caso paradigmático de esta estrategia y en la actualidad, se pueden encontrar en el país más de 200 propuestas inspiradas en este caso. En Alemania surgen, a finales de los 90, empresas municipales de suministro energético (eléctrico y, en algunos casos, también térmico), que dotan a los ayuntamientos de un gran potencial para dirigir la agenda de transición energética en cuanto a las fuentes de energía y tecnologías a fomentar/penalizar (fiscalidad verde) así como para realizar un plan propio de inversiones. Sin embargo, este proceso de municipalización no sería directamente aplicable al caso español, porque, si bien en Alemania la propiedad es municipal y su operación se gestiona mediante concesiones temporales (20 o 30 años), aquí son monopolios naturales propiedad de las grandes compañías eléctricas. A pesar de que el ordenamiento jurídico actual dificulta enormemente la propiedad pública de las redes de distribución (de hecho ni siquiera se ha conseguido auditar sus costes), es necesario generar información y debate para generar una masa social que impulse cambios a nivel estatal que posibiliten esta vía en el futuro. Es remarcable que gran parte de los referéndums realizados en otros países para la creación de empresas municipales de suministro energético han surgido de la iniciativa popular. Por otro lado, sí es posible la creación de empresas municipales en tareas de comercialización y generación, como los casos ya citados de Barcelona o Pamplona. Si bien el potencial transformador y los beneficios económicos son mucho menores que con la distribución, permite fijar tarifas y decidir sobre el origen de la energía comercializada, internalizando el beneficio asociado a la comercialización de la energía.

Otra herramienta favorable es la creación de agencias locales de la energía y de información al ciudadano. En Francia, por ejemplo, la creación de una red de agencias energéticas locales ha permitido dotar de recursos económicos y técnicos a la ciudadanía, actuando de operadores de inversión pública en energía, así como desarrollando análisis técnicos para la promoción de energías renovables y eficiencia energética. Enfoques similares se pueden encontrar en Alemania (por ejemplo el ayuntamiento de Stuttgart ha puesto en marcha un servicio ciudadano de asesoría energética y dotando de una serie de bonos para la compra de equipos de alta eficiencia) o en el Reino Unido. En Bristol, por ejemplo, se han priorizado las acciones para contrarrestar la pobreza energética y se plantea una hoja de ruta para fomentar la eficiencia energética, destacando la colaboración estrecha con el pujante movimiento de energía comunitaria existente en la zona. Para identificar las acciones en materia renovable y de eficiencia energética y establecer estrategias a largo plazo, ciudades españolas, como Vitoria-Gasteiz o Alpedrete, ya han realizado y financiado estudios del potencial renovable local para elaborar planes de reducción de emisiones y autoabastecimiento renovable.

Uno de los retos principales para materializar estas propuestas es asegurar la disponibilidad de recursos económicos suficientes, lo cual se ha conseguido mediante la reinversión de los beneficios de las empresas municipalizadas, así como mediante la creación de fondos de inversión locales para promover iniciativas de energía renovable y eficiencia. En este contexto destaca el fondo verde ProKlima de la ciudad de Hannover, que ha logrado hacerse con un presupuesto anual de 5,5 millones de euros mediante un impuesto municipal al gas natural (a través de la propiedad de la red de distribución), reinvirtiendo los beneficios de la actividad de comercialización energética y la contribución de otras organizaciones, proyectos y subvenciones. Se ha destacado la gran rentabilidad de las inversiones realizadas mediante este fondo y que gran parte de los beneficios se quedan a nivel local. Otra opción es la inversión directa de las entidades locales para generar energía renovable de propiedad municipal, o de nuevas redes de distribución por ejemplo de calor renovable (biomasa, solar o geotérmico) para sustituir al gas natural fósil mediante redes de distrito.

Un modo de articular la necesaria colaboración con la iniciativa privada es mediante la promoción y desarrollo de empresas y consorcios semi-públicos. Muchas de las empresas públicas se han abierto a la participación ciudadana en su capital, lo cual asegura el control público en las iniciativas desarrolladas. En Francia, por ejemplo, numerosos ayuntamientos empiezan a implicarse de forma habitual en proyectos e iniciativas comunitarias y han iniciado o apoyado el desarrollo de redes locales o regionales dirigidas a promover proyectos participativos en este campo. En la región del área metropolitana de París se puso en marcha una empresa semipública (15% privado procedente de cajas de ahorro con gran arraigo local) para realizar proyectos de rehabilitación energética de comunidades de vecinos e instalación de energías renovables. Adicionalmente, se han creado en muchos países europeos una serie de conglomerados de estas empresas e iniciativas públicas con participación social con el objetivo de agregar servicios, reducir riesgos, compartir aprendizajes, y en definitiva, incrementar la capacidad transformadora de sus acciones. En este sentido un ejemplo de colaboración transversal entre diferentes agentes lo constituye la cooperativa energética de la isla de Krk en la costa dálmata de Croacia, creada en 2012, y que además ha elaborado un plan para alcanzar un sistema 100% renovable en la isla a medio plazo.

En conclusión: un abanico de herramientas y estrategias disponibles para una eficaz y provechosa agenda municipalista energética en España

Las herramientas y estrategias presentadas son ejemplos de iniciativas europeas que han permitido a las administraciones locales hacer frente a las barreras políticas y económicas para la promoción de la transición energética desde lo local. En todas ellas se pueden identificar motivaciones entrelazadas de carácter económico, político y social. El horizonte de la soberanía energética puede contribuir a impulsar la economía local y diversificar las fuentes de ingresos de los ayuntamientos y rehacer nuevos lazos entre la ciudadanía y fomentar la participación en la esfera pública. De este modo, siguiendo el camino iniciado por otras ciudades pioneras españolas y europeas, existe toda una serie de propuestas por desarrollar la cuestión energética por parte de los ayuntamientos, aún con sus inevitables conflictos y paradojas, y dependencias de otras escalas de decisión y competencias como la estatal o europea. Y siempre buscando sinergias con aquellas entidades que ya estén trabajando en esta línea. La urgencia de reaccionar a los retos de este siglo es una llamada a integrar la cuestión energética como eje central de las propuestas políticas municipales de cara a las elecciones de mayo; antes de que sea demasiado tarde.