Aunque aún queda mucho por averiguar acerca de los graves altercados y actos vandálicos ocurridos recientemente en varias ciudades españolas, lo cierto es que ya se airean algunas tesis más o menos fundadas. Parece que no hay mucha duda de que estos hechos, protagonizados por jóvenes muy jóvenes, de los que una buena parte son menores muy menores, pero bien organizados al efecto, fueron alentados por canales digitales sobradamente conocidos al amparo de la etiqueta “Blocus”.

Tampoco cabe demasiada duda, en mi opinión, acerca del efecto “imitación” en relación con los aún más graves y reiterados hechos ocurridos en Francia en las últimas semanas en respuesta a diversos problemas sociales que, desde luego, igualmente nos afectan aquí, y muy en particular a la juventud, aunque no solo, por la práctica imposibilidad de acceso a una vivienda digna, carestía de la vida, bajos salarios…

Hay ya bastantes detenidos, algunos por participar directamente en tales hechos, y otros por haberlos instigado. Pero no será fácil llegar a conocer todo lo ocurrido ni en cuanto a su origen ni en cuanto a las razones que han llevado a estos jóvenes a realizar tales actos.

Pero, ¿hay realmente una “mano negra” que manipula con el objetivo de beneficiar a no se sabe quién? Y, lo que más me preocupa, ¿cómo y por qué puede alguien, por joven que sea, asumir semejante convocatoria y prestarse a asaltar y saquear comercios y todo tipo de establecimientos y destrozar mobiliario urbano solamente por beneficiar o perjudicar a terceros?. 

En relación con los altercados en Barcelona, el presidente Sánchez calificó los hechos de “puro vandalismo instigado desde las redes”, negando que se tratara de “un acto de democracia”. A su vez, Elma Saiz, la ministra portavoz del Gobierno, dijo que “cuando hay que buscar culpables, yo me haría la pregunta de quién sale ganando con estos episodios, porque quien sale ganando con el caos y el odio es la extrema derecha”. 

En el mismo sentido, pero aún con mayor claridad, Gabriel Rufián habría dicho, según algunos medios, que “huele a operación de Estado” y que “si beneficia a la extrema derecha, es bastante probable que la extrema derecha esté detrás”. Y lo mismo Ada Colau quien, además, se refirió a “cierta provocación de algunos sectores policiales con una represión completamente fuera de lugar”. Y más líderes políticos de la izquierda han expresado ideas similares.

Desde luego, si bien esta es, por ahora, la tesis del Gobierno y de los partidos que lo sostienen, no es la única. Así, Núñez Feijóo sostiene otra idea y sugiere la responsabilidad del Presidente al decir que “Los discípulos del muro no quieren paz en las calles. Están sembrando el odio porque saben que van a perder” y que Sánchez está “jugando con fuego”.

Puede ser que sea lo uno o lo otro, o que la cierta sea otra tercera tesis distinta. Yo lo desconozco absolutamente. Y parto de que no todo lo que podría perjudicar a alguien, a un grupo político o social o a un gobierno, tiene por qué ser necesariamente el resultado de una “mano negra” que genera dicho resultado desde el campo contrario. Prefiero no poner ejemplos actuales en ningún sentido porque carecería de toda lógica y sería profundamente injusto, además de incierto.

Sin olvidar que hechos similares se han producido en A Coruña en relación con un acto de Vox y en Bilbao con un acto de Vito Quiles luego suspendido. ¿Sirven las mismas tesis para explicar estos hechos? Lo dudo. Por tanto, la tesis no sería válida. 

En cualquier caso, lo de la “mano negra”, dejando al margen de su origen histórico, es una idea que yo, en Euskadi, he escuchado reiteradamente, siempre en relación con gravísimos atentados de ETA – o grupos asimilables – y con sus efectos electorales – supuesta y, seguramente, ciertamente perjudiciales para su entorno político en razón a la reacción ciudadana a la barbaridad cometida -. Esto es, la tesis era que, en determinadas ocasiones, algunos atentados respondían a una “mano negra” interesada en perjudicar a la denominada “izquierda abertzale” vinculada a ETA. O sea, habría habido una “mano negra” que instigaba el asesinato para minar a un movimiento político por el rechazo social que podía suponer.

La primera vez que yo oí hablar de la “mano negra” en Euskadi fue cuando los llamados “Comandos Autónomos Anticapitalistas” - CAA - asesinaron al senador socialista Enrique Casas, el 23 de febrero de 1984, un jueves inmediatamente anterior a unas elecciones autonómicas. No se me olvidará lo que hacía y dónde y con quién estaba aquella tarde. No fue el primer asesinato de los CAA ni de ETA, desde luego, pero sí el primero en el que yo escuché lo de la “mano negra” con una pretensión que aún hoy no acierto a comprender, incluso habiéndolo intentado: no sé si lo de la “mano negra” se argüía para justificar semejante atrocidad – la misma atrocidad que tantas otras veces - o para imputar al “enemigo” la manipulación incluso de la muerte.

Y siempre me ronda la misma pregunta. En aquel caso y en otros idénticos, ¿los miembros dirigentes de ETA se dejaban “manipular” por una “mano negra” que los impulsaba a cometer barbaridades semejantes?. ¿Cuál era el nivel de consciencia en las decisiones criminales que se adoptaban?. Y, en todo caso, ¿a quién aspiraban a favorecer?. Pues, si la tesis fuera cierta, quienes tomaban tales decisiones estarían pretendiendo apoyar la causa contraria, algo impensable. 

Lo mismo ocurre ahora. No sabemos lo que piensan los jóvenes que actuaron en esos altercados ni la razón que les movió a ello ni el objetivo que buscaban. Ni conocemos quién los dirigía realmente. Por tanto, tengamos cautela en nuestras apreciaciones y valoraciones y actuemos como creemos que debemos hacer, con la máxima responsabilidad con independencia de a quién pudieran beneficiar o perjudicar indirectamente nuestros actos, y siempre sin complejos. En todo caso, sepamos que seremos responsables no solo de tales actos sino de sus efectos, favorezcan a quien favorezcan. Lo que es exigible a todo el mundo y en cualquier circunstancia. Y, así, no habrá “mano negra” que justifique nada. 

Ya ha sido registrada en el Ministerio de Trabajo la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre de varios Sindicatos, entre ellos los más representativos a nivel estatal, convocatoria a la que se han sumado un buen número de organizaciones sindicales y ciudadanas. Una convocatoria acerca de cuya legalidad no tengo duda.

Tanto la convocatoria de la huelga, inicialmente a rebufo del llamamiento del Sindicato de Inquilinas, como sus primeras reivindicaciones, han contribuido a generar algunas dudas sobre su legalidad, lo que se ha pretendido despejar con reiteradas declaraciones de líderes sindicales y con la incorporación de otras materias estrictamente laborales.

He leído en algunos medios que el Secretario General de CCOO, Unai Sordo, ha declarado que “es una convocatoria heterodoxa porque no responde a una agresión del Gobierno en una reforma laboral”, así como que “el Gobierno nos ha fallado en algunas cosas porque no ha tenido el arrojo suficiente” y que “esta huelga no es contra la oposición”. Por su parte, Pepe Álvarez, líder de UGT, ha expresado que “esta no es una huelga clásica” y también coincide, en lo esencial, en el resto de planteamientos con lo manifestado por Sordo.

Decía que no dudo de su legalidad habida cuenta de las cuestiones que plantean, tal como consta, por ejemplo, en la página web del Sindicato CCOO, aunque en referencia al llamamiento conjunto con el Sindicato UGT, cuestiones que son las siguientes: el desbloqueo de la negociación colectiva, el incremento de los salarios, ahora se dice que entre el 4% y el 7% de manera general y de al menos el 7% para el SMI, la reducción de la jornada, la mejora de la salud de las personas trabajadoras, la erradicación de la precariedad, el emplazamiento a todas las administraciones públicas a impulsar políticas que acaben con la especulación de la vivienda y a controlar la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora. En el mismo sentido en el que se habría referido en la convocatoria registrada ya en el Ministerio, en la que, según las noticias, se han incorporado reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda, las pensiones y la defensa de los servicios públicos.

Similares reivindicaciones se expresan en la convocatoria de los Sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas y otros para Euskal Herria, centrándose en la garantía del derecho a la vivienda y la negativa a la especulación, así como contra el empobrecimiento de la clase trabajadora y a favor del aumento de los salarios, recordando que ya tuvo lugar una huelga general el pasado 17 de marzo con la reivindicación de un salario mínimo propio de 1.500 euros.

Ciertamente, como ya se ha reiterado, y con razón, el derecho de huelga es un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 la Constitución junto con el papel institucional troncal de los Sindicatos y Asociaciones empresariales en la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios, según su artículo 7. Un derecho fundamental que, no está de más recordarlo, se regula aún hoy por una norma preconstitucional, el RDLey 17/1977, debidamente filtrado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 11/1981. 

Y, teniendo en cuenta la doctrina del TC sobre algunas huelgas generales, entiendo que, sin duda, derecho a convocar y secundar la que se acaba de convocar.

Lo que me pregunto es si hay razones ahora o, más bien, si no ha habido razones hasta ahora, tomando los últimos años y, más concretamente, la última legislatura, desde el otoño de 2023.

Como he apuntado ya, los Sindicatos mayoritarios han deslizado que el Gobierno no ha hecho todo lo esperado. La cuestión es si estos Sindicatos han dado a ello la respuesta que habría cabido esperar. Veamos dónde pueden estar los que, en mi opinión, son los puntos más sensibles y en los que el Gobierno habría “fallado”, en palabras de Sordo.  

Uno de los grandes temas laborales de esta legislatura ha sido, sin duda, el referido a la jornada laboral, en dos aspectos: el de su reducción y el de su registro. Pues bien, lo traigo a colación porque, como he anotado anteriormente, la reducción de la jornada se ha introducido entre las reivindicaciones de la huelga del 11 de noviembre, al menos en la convocatoria conjunta de CCOO y UGT, según aún se contiene en la página web del primero – a falta de conocer la letra de la convocatoria registrada en el Ministerio -.

Es un tema con “historia”. Ciertamente, tras muchas idas y venidas, el Gobierno aprobó en mayo de 2025 el “Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión”, Proyecto que, entre otros aspectos, pretendía reducir la actual jornada de 40 horas semanales a 37,5 horas y cuya tramitación se inició en el Congreso de los Diputados, pero que decayó en votación de dicha cámara de 10 de septiembre siguiente – ya conocemos la situación de debilidad parlamentaria del Gobierno -. 

Lo que propició que se desviara la cuestión de la jornada, olvidando la ya imposible reducción de la misma, y se reorientara exclusivamente a su control horario, dado que el mismo podía ser regulado por un Real Decreto – ordinario, es decir, un Reglamento – sin requerir, en consecuencia, el aval parlamentario. 

Así, en noviembre de 2025 se presentó un Proyecto sobre registro horario, que comenzó a negociarse con los agentes sociales. Sin embargo, su tramitación tampoco ha llegado a buen puerto, pues no se ha aprobado por el Gobierno. Lo que ha motivado el enfado de los Sindicatos que han lanzado más de un ultimátum – o sea, que no eran tales “ultimátum”, -. Así, al inicio del verano, tanto Sordo como Álvarez afirmaron al respecto que “o para el 31 de julio está resuelto todo lo que tiene que ver con el registro horario o que no cuenten con los sindicatos para acuerdos que luego no se ven reflejados en la legislación” y que “la paciencia de los sindicatos está más que superada”.

Como les decía, hubo otros ultimátums, a finales de agosto y primeros de septiembre, en términos similares, insistiendo en que no se pactaría nada con el Gobierno en tanto no se tramitara el registro horario y que se abandonarían las mesas de negociación si el Gobierno no aprobaba dicha norma en septiembre.

Lo cierto es que, hasta la fecha, no tenemos nueva regulación del registro horario, sugiriéndose la existencia de discrepancias dentro del ejecutivo. Sin embargo, también es cierto que aún habría tiempo de aprobarlo en cualquiera de los Consejos de Ministros que se celebrarán antes del 29 de noviembre. E, incluso, podría aprobarse un RDLey para reducir la jornada e intentar su convalidación en la Diputación Permanente. Por poder ser, podría ser, aunque no es el modo ideal de actuar, desde luego, ni en este ni en ningún otro tema salvo la concurrencia de causas reales para la aprobación de un RDLey. En todo caso, está todo en manos del Gobierno. Recuérdese, además, que la “reducción de la jornada” es una de las reivindicaciones sindicales para la huelga del 11 de noviembre y que solamente el ejecutivo tiene potestad para decidir sobre ello, al margen de la negociación colectiva. 

Otro de los temas que ha suscitado importantes recelos sindicales respecto al Gobierno en materia laboral ha sido el de la indemnización por despido improcedente. Como ya he escrito insistentemente en esta columna a este respecto, solamente recordaré, una vez más, que el Acuerdo de coalición de Gobierno se comprometió a adecuar nuestra regulación por despido a la Carta Social Europea y que la Ministra de Trabajo ha realizado reiteradas declaraciones durante toda la legislatura acerca de lo barata y poco disuasoria que es la indemnización por el despido injusto. 

Así las cosas, tras rechazar en julio de 2025 el TS una indemnización adicional, a finales de octubre de dicho año, el Ministerio de Trabajo abrió una negociación con Sindicatos y Asociaciones empresariales con vistas a iniciar una reforma del despido improcedente y, particularmente, de su indemnización, dando un plazo de tres semanas a los agentes sociales para que presentaran sus propuestas. Lo que motivó el enfado sindical y la petición de que fuera el Ejecutivo el que hiciera algún planteamiento concreto, sin que nada más se sepa al respecto, salvo que esta pasada primavera los Sindicatos han insistido en sus posiciones sobre la materia. Sin respuesta conocida, pese a la relevancia de la reivindicación y de la larga lucha sindical en este terreno, llevada hasta el Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha atendido sus pretensiones. 

Por tanto, la huelga del 11 de noviembre será legal, desde luego. Aunque no comparto la fecha de la convocatoria, a solo una jornada del inicio de la campaña electoral, habiendo habido tiempo más que suficiente para distanciarla más de tal período. 

Por otra parte, me pregunto: ¿responde esta huelga a razones que no hayan tenido los Sindicatos antes de este otoño?. ¿Qué habría cambiado en términos de los estrictos intereses de las personas trabajadoras para proceder ahora a esta convocatoria?. 

Expresiones como la de la Vicesecretaria General del PSOE, María Jesús Montero, de que esta huelga es “contra la oposición”, dando así la razón a declaraciones de miembros del PP, en nada ayudan a clarificar la situación respecto al auténtico sentido sindical de esta huelga y a sus objetivos ni a la expresión de los reales intereses de las personas trabajadoras y la determinación de los sujetos, todos, que los han defraudado.

Dentro de la incertidumbre, antes de saber que iríamos a votar el 29 de noviembre, había algo seguro: iba a haber elecciones generales, este otoño o en otra fecha de 2027. Cierto que no era baladí la determinación de la fecha en que se celebrarían, pues emocionalmente hay momentos muy relevantes, como éste, pero también es cierto que pueden ocurrir tantas cosas en unos pocos días que para cualquiera es difícil calibrar el impacto de los acontecimientos esperados en el resultado de los comicios.

Es seguro también que, si nada tremendo ocurre entretanto, la cuestión del acceso a una vivienda digna va a ser uno de los ejes centrales de la campaña electoral. Así lo han expresado ya algunas voces desde formaciones de izquierdas afirmando que “las elecciones generales van a ser un referéndum sobre la vivienda”. En todo caso, es claro que así será si así lo quieren y así lo interpretan. Y ya han comenzado a expresarse planteamientos y programas al respecto, no solamente desde la izquierda, pues también se ha sumado a ello Núñez Feijóo la pasada semana. Y esto no ha hecho más que empezar.

Ciertamente, la campaña electoral y las propuestas de los partidos políticos se centrarán en gran medida en esta cuestión, sin desdeñar otras de gran calado, claro está. Ahora bien, ¿qué puede significar “un referéndum sobre la vivienda” en este contexto electoral?

Un referéndum es una consulta a la ciudadanía sobre una decisión política de especial trascendencia, tal como lo prevé el artículo 92 de la Constitución, cuya previsión me sirve ahora de ejemplo. Por tanto, entiendo que quienes van a plantear las próximas elecciones generales como un auténtico plebiscito sobre el problema de la vivienda consideran, de un lado, que es una cuestión política de gran trascendencia y, de otro lado, entienden que tienen algo que consultarnos.

Lo que no comprendo es lo que van a preguntarnos. ¿Qué nos consultarán? ¿Lo que hay que hacer para ir dando solución a este tremendo problema? ¿O nos preguntarán sobre cómo valoramos lo (no) hecho hasta ahora en la legislatura que finaliza? ¿Será una consulta para calificar especialmente la actuación del Gobierno en esta materia? ¿Nos preguntarán por qué debemos confiar en que harán en el futuro lo que no han hecho en esta legislatura estando en el Gobierno?

Sinceramente, no sé lo que se nos va a plantear. Unas elecciones – generales o de otro nivel – siempre son, se quiera o no, el momento en el que, además de mirar al futuro, la ciudadanía también exige, o debiera hacerlo, responsabilidades políticas sobre lo realizado y sobre lo eludido, sobre el cumplimiento de los compromisos programáticos y sobre la rendición de cuentas que, en todo caso, se debe hacer. Y ello, sin duda, con mayor intensidad respecto del Gobierno, de cualquier Gobierno, de los partidos que lo han formado, pues en él recae la responsabilidad de dirigir la política interior y exterior, como está constitucionalmente previsto. Y porque es difícil poner el futuro en manos de quienes no han sabido gestionar en el pasado.

Pues bien, no encuentro un mejor modo de dar mi opinión en este pretendido “referéndum sobre el problema de la vivienda” que analizar lo realizado respecto a lo comprometido. Y ello, sin ser, en absoluto, ni de lejos, siquiera mínimamente experta en la materia. Pero no se trata ahora de dar soluciones, ya hay y habrá propuestas al respecto para tratar de cumplir con el ya archiconocido artículo 47 de la Constitución, sino de calificar lo hecho en esta legislatura. 

Todo comienza por el principio. Y, en este muy somero análisis, el comienzo es el Acuerdo para “Una nueva coalición de Gobierno progresista para España” firmado entre el PSOE y SUMAR en 2023. Es un Acuerdo que contiene once grandes bloques de materias, siendo el quinto de ellos el referido a “Garantizar el derecho a la vivienda y transporte de calidad para todos y todas”. Desconozco si la colocación de esta cuestión en el quinto lugar responde a un auténtico orden de prioridades, pero así es la cosa: la vivienda iba detrás de la economía, el empleo y salarios, la agenda verde y los derechos sociales. Fue la opción del Gobierno para la legislatura que va terminando.

Dicho quinto bloque contemplaba un gran número de medidas, difíciles de contener en esta columna. Pero las resumo en la medida de lo posible: aumento del parque público de vivienda para alquiler asequible por varios mecanismos; desarrollo de las medidas contempladas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para la contención de los precios, incluyendo incentivos fiscales y regulación de los alquileres; habilitación de un programa nacional de ayudas y subvenciones para mejorar la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas; mejoras para los préstamos hipotecarios; consolidar el Bono Alquiler Joven; nueva línea de avales del ICO; trabajar para erradicar el sinhogarismo de calle en 2030; mecanismos de protección en materia de desahucios y lanzamientos...

Estos fueron, muy resumidamente expresados, los compromisos del Gobierno. Cada cual podrá contrastarlos con lo desarrollado. Pero lo que es innegable es que, por diversas razones, la vivienda es hoy un problema infinitamente mayor que en 2018, cuando Sánchez llegó al Gobierno por vez primera, y que en 2023. No lo digo yo, sino “la calle”, como algunos se refieren reiteradamente a una parte de la ciudadanía. Y, en todo caso, es una evidencia que éste es un problema que ha adquirido unas dimensiones superlativas: según el CIS, tal como consta en su página web, ya desde febrero del presente año, aunque los propios datos lo sitúan varios meses atrás, “todo lo relacionado con el acceso a la vivienda se percibe ya como el principal problema que existe actualmente en España según un 42,8% de los encuestados por el Barómetro de febrero”. La novedad que constata este último estudio es que ha pasado a ser, también, la primera preocupación cuando se pregunta “por el primer problema que personalmente le afecta más” con un 27,6% de las respuestas“.

Hay quien considera que, con la no convalidación y consecuente derogación de los dos Reales Decretos-Ley el pasado viernes, a Sánchez se le ha aparecido Dios, o la Virgen o alguien del más allá, o del más acá, ya que ahora tiene una oportunidad de capitalizar el voto de las izquierdas, de ser el referente en la lucha por la vivienda digna contra todas las derechas, contra el rentismo y el canibalismo inmobiliario. Cada cual ve la realidad como quiere, como le interesa o como puede. Todas las visiones son legítimas; otra cosa es que sean realistas y honestas.

Por otra parte, tal como hemos conocido ya, el Consejo de Ministros va a aprobar nuevamente los dos Reales Decretos-Ley a fin de ser convalidados por la Diputación Permanente, en la que, ahora sí, se cuenta con la mayoría suficiente. No es la manera más ortodoxa de legislar ni, en mi opinión, la más respetuosa con la “voluntad popular”, aunque es plenamente constitucional y no es la primera vez que ocurre, pues ya se hizo una vez, siendo también Sánchez Presidente, en 2019 cuando dicha Diputación Permanente aprobó el 3 de abril de 2019 el Real Decreto-Ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, siendo así que, como ahora, también entonces el Congreso derogó idéntica norma el 22 de enero anterior. 

No sé lo que va a pasar en las próximas elecciones generales ni quién formará gobierno. Ni sé lo que quienes acampan en la calle por el derecho a la vivienda van a pensar y votar, dado que también en ese espacio se aprecia un gran reproche a la mayoría parlamentaria, si es que alguna vez la ha habido, cuando también se reclama “la derogación de la Ley mordaza”, por ejemplo.

Lo que sí sé es que, para dar una respuesta clara, si los comicios son, como se va a pretender, “un referéndum”, quisiera una pregunta también clara, como, por ejemplo: ¿cómo valora usted lo hecho en esta legislatura por quienes tenían la responsabilidad y obligación constitucional de garantizar el acceso a una vivienda digna? “Preguntar” otra cosa, plantear otro debate, intentando eludir toda rendición de cuentas y asunción de responsabilidades no es propio de una izquierda que yo considero madura. En todo caso, eso sí, por supuesto, que cada vote respondiendo a la pregunta que entiende se le está formulando. 

No es en absoluto nuevo el debate sobre el acceso de menores a los instrumentos de nuevas tecnologías, notablemente el teléfono móvil, las tabletas y los ordenadores. Cuando digo nuevo lo hago en relación con el tiempo que estos elementos llevan aquí. Y, desde luego, tampoco es novedoso el debate sobre la relación de nuestros menores con internet y con las redes sociales. Aunque, en realidad, todo es lo mismo, pues ninguno de esos instrumentos tendría el interés que tiene si no nos proporcionara la puerta de acceso a internet y a las redes.

Ciertamente, se ha generado un gran debate sobre el acceso a espacios cuyo control no tenemos ni parece que podamos tener. Y me refiero tanto a la ciudadanía como a los poderes públicos, en los que parece que ahora existe una enorme preocupación.

Preocupación lógica derivada de la situación en la que nos hallamos: dominación y poder de la tecnología, en lo que se ha venido en llamar “tecnodominación”; invasión de prácticamente todos nuestros espacios vitales; falta de formación suficiente y adecuada para su manejo consciente, útil y controlado; escaso conocimiento de los sujetos que dominan realmente estas redes; el inmenso poder de las corporaciones en estos sectores, constituyendo un nuevo capitalismo -el “tecnocapitalismo”- absolutamente carente de regulación eficaz; la casi nula implicación pública interna e internacional y la correspondiente falta absoluta de control público de estos espacios, pese a haberse dedicado grandes inversiones de dinero público para equipamientos varios que han permitido que el “ciberespacio” haya ocupado todo el terreno y, en cierta medida, también nos haya facilitado la vida y el acceso al conocimiento.

No es desdeñable la realidad de que, por supuesto, las nuevas tecnologías nos permiten acceder ampliamente a bienes y servicios de todo tipo y que constituyen una ventana al mundo como nunca antes en la historia. Y que ello ha permitido también “democratizar” esos valores.

Y, por tanto, de esta manera, si bien hubo un tiempo en que creímos que este “ciberespacio”, además de ilusionarnos, captar toda nuestra atención y generar esperanza, podría ser un bien de dominio público o cuasi público, lo cierto es que de ello ya no existe casi ni el recuerdo, pues resulta algo imposible de imaginar cabalmente en la actualidad. Ahora, este espacio genera beneficios económicos imposibles de calcular y, además, permite el control y la dominación de ideas y personas. O sea, se ha hecho una buena avería. Y, por supuesto, sin la necesaria intervención pública para su regulación y control -en ninguna parte-.

Pensemos en la Inteligencia Artificial (IA) y todo el debate suscitado en torno a ella. Pensemos en los intereses existentes en torno a su no regulación o a su regulación y las diferentes posiciones de los Estados Unidos y China, por poner un ejemplo -el ejemplo-. Recordemos que la UE aprobó en 2024 la primera norma en el planeta sobre esta materia, el Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, con un calendario gradual de aplicación que llegará hasta agosto de 2028 y que, a estas alturas, ya debe estar siendo aplicado en su mayor parte. ¿Alguien ha percibido algo? ¿Tiene la UE capacidad de garantizar, como dicho Reglamento pretende, en esencia, que los sistemas de IA sean seguros, éticos y respeten los derechos fundamentales? Más bien parece que no será así, dado que los núcleos reales de decisión nos pillan realmente lejos, tanto que no sabemos dónde se encuentran.

Pues si ya para la población adulta la cosa está complicada, hay una evidencia clara de su especial afectación a las personas menores. Los datos son apabullantes, muy similares en diversas fuentes: en España, más del 80% de los niños entre 10 y 12 años y hasta un 98% de los adolescentes tienen presencia o están registrados en al menos una red social; la edad media en la que un menor recibe su primer teléfono móvil con acceso a internet se sitúa en los 9,6 años; el 78,3% de los alumnos en los últimos cursos de Educación Primaria ya utiliza alguna red social, dato que asciende al 92,5% en la adolescencia, y un 75,8% participa en tres o más plataformas de manera activa. Y, en cuanto al tiempo de uso, también la cosa es muy seria: entre los 8 y 12 años, el 29% de los niños y el 23% de las niñas usan redes sociales entre una y dos horas al día, con un control parental mayor en estas edades que en la adolescencia, claro está.

Conocemos también los graves problemas de agresiones y vejaciones de todo tipo por estos medios, así como la difusión no consentida de imágenes. Y los nuevos problemas psicológicos de ansiedad por desconexión.

Pues si todo esto ya lo conocíamos, el debate se ha acentuado tras conocerse las conclusiones del Informe PISA el pasado 8 de septiembre, a cuyo tenor España cae y llega a mínimos históricos en lectura, matemáticas y ciencias, habiendo el alumnado de 4 de la ESO retrocedido en tres años el equivalente a un año escolar, y estando por debajo de la media de la OCDE.

Lo destacable de ello es que, a lo que ahora interesa, entre las causas más relevantes de estos tremendos resultados, se subraya el uso abusivo de “las pantallas” tanto en los hogares como en las aulas y su consecuencia inmediata de dificultades para leer y comprender textos de más de 400 palabras, con peores resultados en los menores de familias con mejores condiciones económicas y que, por tanto, tienen mayor acceso a dispositivos electrónicos. Realmente, los datos son muy ilustrativos de la situación real.

Y ahora comienza de verdad la carrera por la regulación, la limitación y, en su caso, la prohibición de acceso de los menores a los entornos digitales. Una carrera en la que España no estaba mal posicionada, toda vez que algunas medidas limitativas -acceso a las redes sociales de los menores de 16 años- ya constan en el “Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales”, cuya tramitación fue aprobada el 10 de septiembre de 2025 por el Congreso de los Diputados. Tramitación que, al parecer, continúa, sin que, un año después la Ley se haya aprobado. 

Una carrera que comenzó en Australia, país en el que, desde diciembre de 2025, rigen medidas importantes contra el uso de redes por los menores, sin que consten resultados especialmente esperanzadores. Y que siguió en Francia, que aprobó el 21 de julio del presente año una Ley prohibiendo el acceso a las redes sociales de los menores de 15 años. Ley dejada sin efecto a los pocos días, el 14 de agosto, por el Consejo Constitucional -¡qué envidia que en tan breve tiempo se decida sobre la adecuación de una Ley a la Constitución!- por entender que la norma contenía una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión y de comunicación de la población juvenil y por considerar que la medida en cuestión no es “adecuada, necesaria ni proporcionada”. Veremos lo que sucede en adelante, dado que el presidente Macron ha pedido al primer ministro que formule una nueva medida “jurídicamente sólida” que tenga en cuenta las indicaciones del máximo tribunal de Francia.

Carrera a la que se suma ahora la UE que, por boca de la presidenta de su Comisión, la Sra. Von der Leyen, anunció la pasada semana en su discurso sobre el Estado de la Unión una propuesta para fijar reglas comunes sobre el acceso de los menores a las redes sociales, avanzando la distinción por edades, negando tal acceso antes de los 13 años y permitiendo cuentas personales a partir de los 15 años, así como medidas reforzadas de protección hasta alcanzar al mayoría de edad. Aunque no conviene olvidar que no se trata de una auténtica novedad, pues la posible adopción por la UE de medidas similares ya se había aprobado el pasado 26 de noviembre de 2025 al votar los miembros del Parlamento Europeo un informe -con 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones- en el que se expresa la profunda preocupación por los riesgos para la salud física y mental de los menores en el entorno digital y se propone una edad mínima armonizada en toda la UE para el acceso a redes sociales y plataformas, edad que sería de 16 años en general y de 13 años para el caso de contar con el consentimiento parental. Ahora falta materializar la propuesta.

Y, en lo que más cerca me toca, el pasado jueves, el lehendakari Pradales anunció en el debate de política general en el Parlamento Vasco, que Euskadi se sumará a la estrategia europea en este terreno, proponiendo la prohibición de acceso a las redes a los menores de 15 años y anunciando un Acuerdo Social de uso responsable de las pantallas en los centros educativos y en los hogares.

No tengo duda de que por esta senda van a transitar otros líderes políticos e institucionales, porque es “lo que toca”.

Ahora bien, entiendo que también corresponde ahora tomar otras decisiones de las que se habla menos, pues son menos efectistas y más difíciles de implantar. Ciertamente, la cuestión no es si los menores deben dar la espalda a las nuevas tecnologías, sino si es o no prudente entregar dispositivos móviles a menores, herramientas que muchos adultos ni siquiera sabemos controlar. Hoy ya no es posible -ni conveniente ni deseable- dar la espalda a las ventajas de los dispositivos que permiten acceder a internet, pues pueden facilitar el aprendizaje, la creatividad y la participación social.

Pero ello exige una auténtica alfabetización digital que quienes ahora somos adultos no hemos recibido -y, desde luego, se nota-. La clave está en educar a los menores para desenvolverse en el mundo digital, con conocimiento de sus potencialidades y de todos sus riesgos. Solamente así podrán superarse los problemas que se derivan de su estrecho contacto con el entorno digital de manera prematura sin educación específica. Y ello, por cuanto que el mundo digital no está pensando en modo alguno en el superior interés del menor sino en la captación de usuarios, extracción de datos y ganancias millonarias.

Por tanto, las limitaciones tienen razón de ser, pero la prohibición total no es la solución, pues no cabe ya poner puertas al campo, sino que ha de limitarse, controlar y educar, que siempre es más difícil y más costoso en todos los sentidos que la prohibición drástica y generalizada.

Por otra parte, una decisión de limitaciones y/o prohibiciones sin formación específica en pensamiento crítico va a dificultar un acceso seguro y razonable al entorno digital al alcanzar la mayoría de edad.

Finalmente, pensemos también en nuestro papel de adultos y nuestra relación con el contexto digital y su influencia en los menores que nos rodean. ¡Alguna responsabilidad tenemos también, sin duda, en toda esta situación!

Cuando quiera que sea que convoque Pedro Sánchez las elecciones, lo cierto es que, en cualquier caso, quedan unos meses nada más para el final de la legislatura. Una recta final llena de muchas y muy peligrosas curvas. Una recta en la que habrá de intentarse cumplir los también muchos y muy relevantes compromisos pendientes, incluidos en el Acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y SUMAR en el otoño de 2023.

Sin olvidar, naturalmente, no ya el compromiso, sino la auténtica obligación constitucional del Gobierno de presentar anualmente ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Veremos lo que ocurre a este respecto, pero el reiterado incumplimiento de esta obligación en esta legislatura está, sin duda, afectando a la acción de gobierno y a su credibilidad política.

La recta final de la legislatura ya se preveía complicada. Los Presupuestos anunciados por el Presidente no serán fáciles de aprobar, desde luego, y requerirán una negociación que se antoja casi imposible, lo que supondrá un enorme fracaso de este Gobierno, al no haber sido capaz de aprobarlos en ninguno de los cuatro años de mandato. Pero también había otros nubarrones referidos a las citas judiciales penales pendientes, relativas al entorno personal y político más cercano del Presidente. Todo esto ya estaba descontado, entiendo, aunque sus consecuencias no lo estén en modo alguno, al desconocerse aún el alcance de algunas investigaciones y sus resultados – casos Cerdán y Zapatero, por ejemplo – o el enjuiciamiento de otros procedimientos – caso Begoña Gómez, también por ejemplo -.

Pero ya se sabe que, como las desgracias en la vida, las complicaciones políticas tampoco vienen solas. Cuando todo parecía medido, calculado y bajo control – relativamente –, se produce la que, para facilitar las cosas, llamaré la “crisis de Ceuta”. Una crisis inesperada e imprevista en su origen, en su materialización y, sobre todo, ahora ya, en su finalización. Una crisis con muchas aristas – diplomática con Marruecos; debate político interno por la palmaria falta de reacción política a tiempo, adecuada y eficaz en todos los aspectos; miedo, enfado y preocupación de una gran parte de la ciudadanía ceutí; pérdida de vidas humanas y drama humanitario en estos momentos -.

No pretendo hablar ahora de Ceuta, sino de los retos y compromisos pendientes de este Gobierno. Bueno, solamente de algunos de ellos, los que más me interesan desde mi punto de vista profesional, relativos a los derechos laborales y, de entre ellos, los que considero más relevantes.

El Gobierno tiene que volcarse en la agenda social, sin descuidar otros terrenos, claro. Para eso hay carteras y áreas distintas, cada una con su programa de actuación. No son esfuerzos incompatibles, sino todo lo contrario: cumplir – o intentarlo de veras - los compromisos adquiridos en todos los ámbitos es lo que dota de coherencia y credibilidad a un Gobierno. Fuera de ello, un fiasco más.

Y sí, la verdad es que restan por cumplir muchos e importantes compromisos residenciados en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Voy a recordar algunos de ellos para que nadie los pierda de vista, ni quienes tienen la obligación de cumplirlos ni quienes tenemos la obligación de exigirlos.

Un gran compromiso era el de culminar un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, en el marco del cual se pretendía, entre otras materias, reforzar las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues y frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. En esta misma columna me he referido en varias ocasiones a la indemnización por despido improcedente y a las reiteradas manifestaciones de la Ministra al respecto, sin que hasta ahora se haya avanzado ni un solo paso y sin que ello vaya a abordarse.

En este aspecto se anuncia que hoy mismo – martes, 8 de septiembre – el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para dar más transparencia a la contratación laboral obligando a dar más datos en los contratos, así como para limitar la duración del período de prueba dentro de los límites del Estatuto de los Trabajadores y determinar su contenido, con la finalidad de que pueda justificarse la extinción del contrato por no superación de dicho período de prueba. El Gobierno viene así a transponer la Directiva (UE) 2019/1152, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Transposición a nuestro Derecho interno que es parcial, dado que se hace por medio de un Real Decreto que no tiene rango de ley y no puede, por tanto, modificar el Estatuto de los Trabajadores sino solamente desarrollarlo, y que también es tardía, muy tardía, ya que el plazo de transposición de dicha Directiva había finalizado el 1 de agosto de 2022, o sea, hace algo más de cuatro años.

Otro compromiso estrella era el de reducir la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla, de forma progresiva, en 37 horas y media semanales. Ya conocemos, desde luego, las dificultades que presenta la aprobación de una Ley de este contenido, como la de tantas otras, por la debilidad parlamentaria del Gobierno, pero lo cierto es que constituye un gran fracaso político que ha llevado a desistir de un Proyecto de Ley en tal sentido y presentar, en noviembre de 2025, un Proyecto de Real Decreto en materia de registro de jornada. Y, dado que ello no requiere más que su aprobación por el ejecutivo, es de esperar que llegue a aprobarse, aunque tampoco es seguro a tenor de las dudas y el ultimátum – o mejor, preultimátum – de los Sindicatos CCOO y UGT para su aprobación antes de finalizar julio, posteriormente diferido a septiembre.

No menos relevante ha sido el compromiso, reiteradamente anunciado, de aprobar el Estatuto del Becario. Veremos cómo termina la tramitación del Proyecto de Ley del ahora denominado Estatuto de las Personas en Formación Práctica no laboral, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de este mismo año, en tramitación ahora en las Cortes. Si no se logra aprobar será otro más que sonoro fracaso gubernamental, siendo así que se trata de un tema que lleva en circulación desde 2023.

De gran interés es también la transposición de la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento. El plazo de transposición finalizó el 7 de junio de este mismo año, publicándose el pasado 3 de agosto el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, lo que debiera aprobarse en breve por el Consejo de Ministros. Una cuestión muy relevante desde el punto de vista de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Se había comprometido también este Gobierno a actualizar la legislación de prevención de riesgos laborales, una Ley que data del año 1995. Este compromiso conllevaba igualmente la actualización del catálogo de enfermedades profesionales y la evaluación con especial atención de la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de organización del trabajo, incorporando la perspectiva de impacto de género. Pues bien, el 11 de mayo de este año se ha aprobado el Anteproyecto para una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si bien ha de convertirse por el ejecutivo en el imprescindible Proyecto de Ley para su tramitación parlamentaria, lo que todavía no se ha hecho.

No les hago la relación de todos los asuntos pendientes, sino de los que he considerado más transcendentales. Y, en todo caso, conviene también resaltar los compromisos que han sido cumplidos, como el nada desdeñable de incrementar el SMI para asegurar su poder adquisitivo.

No es esta una relación de agravios, sino de simple y humilde recordatorio de que lo prometido es deuda y que las deudas, también las políticas, han de pagarse. Lo contrario es incumplimiento, fracaso y, sobre todo, frustración ciudadana.

Todos esos objetivos comprometidos merecen ser logrados, sin demora y sin complejos, para seguir profundizando en el Estado “social” que la Constitución proclama.

Lo dicho: además de las pronunciadas curvas ya previstas, la recta final de la legislatura tiene otras que han de conocerse y recordarse so pena de estrellarse.

En este verano de 2026 en el que tenemos aquí mismo una tremenda crisis humanitaria, entre otros calificativos posibles, pero siendo éste el más importante, por la llegada de miles de personas migrantes a Ceuta y en el que, más lejos pero cada vez a menos distancia real, en la República Democrática del Congo, un brote del virus del Ébola está causando estragos y generando miles de contagios y una alta mortalidad, aunque no parezca posible, también se están produciendo buenas noticias. Algunas, incluso, muy buenas.

Cierto que, además de esos dos casos de graves crisis que menciono, relacionados con la tremenda situación de millones de personas en el continente africano, notablemente en el área subsahariana, existe una enorme crisis de base, relativa a la falta de medios de vida dignos y respetuosos de los derechos humanos y, en particular, del derecho a la salud.

Ya les he hablado en esta columna de las Enfermedades Tropicales Desatendidas – ETD -, que son un grupo de 21 enfermedades que, en cálculos de la OMS, alcanzan a más de 1.000 millones de personas que se encuentran en contextos de pobreza, exclusión y acceso limitado a servicios de salud, en zonas rurales remotas, asentamientos informales, contextos humanitarios, comunidades desatendidas y otras situaciones de vulnerabilidad, particularmente en zonas de América Latina y en África Subsahariana. De ahí su denominación de “Desatendidas”. Son enfermedades como la úlcera de Buruli, la enfermedad de Chagas, el dengue, la lepra, la filariasis linfática, la oncocercosis y otras forman parte de este grupo.

Enfermedades marginadas por su escasa presencia en los programas de salud en casi todo el mundo, porque todavía hoy se les dedican muy pocos recursos y porque las agencias de financiación mundiales prácticamente las ignoran. Tan marginadas que, hasta ahora, prácticamente no habían sido atendidas por el sistema internacional de Derechos Humanos. Matizo, ello tiene una excepción: la lepra había sido objeto de un mandato específico referido a los Derechos Humanos de las personas que la padecen. Pero el resto de ETD han sido casi invisibles y, desde luego, han estado – siguen estando - faltas de la necesaria protección.

Una buena noticia de la que les di cuenta en el pasado mes de junio, fue la de la constitución de la Coalición Española de Enfermedades Tropicales Desatendidas – CEETD -, que trata de remediar la desatención que estas enfermedades sufren.

La otra reciente muy buena noticia en relación con las ETD es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado, el pasado 7 de julio, la “Resolución sobre Derechos Humanos y Enfermedades Tropicales Desatendidas”.

Se trata de una Resolución extraordinariamente relevante, pues es la primera vez que vincula las ETD con los Derechos Humanos y porque, por fin, sitúa a la población afectada por estas enfermedades en la agenda del principal órgano de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Cierto es que las ETD tenían ya una gran relevancia para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030 de la ONU y que se estaban adoptando medidas concretas en el marco de la Hoja de Ruta de la OMS sobre las ETD 2021-2030 con objetivos claros, como el de reducir en un 90% el número de personas que requieren tratamientos contra estas enfermedades, eliminar al menos una ETD en 100 países y erradicar en todo el mundo dos enfermedades – la dracunculosis y el pian -.

Pero la Resolución que ahora comento está en otro nivel por el órgano que la ha aprobado y las implicaciones futuras que ello tendrá – o, desde luego, habría de tener -. Una Resolución impulsada por la República de Malaui, con el copatrocinio de Burkina Faso, Gambia, Kenia, Marruecos y Tanzania, lo que no es casual, dada la incidencia de las ETD en África.

Resolución también sostenida expresamente por la CEETD a la que me he referido más arriba, que envió una carta al Ministro de Asuntos Exteriores expresando su apoyo a la iniciativa, y también promovida por organizaciones como Uniting to Combat NTDs -UTC- y Fundación Anesvad – cuyo Patronato tengo el honor de presidir -, que han hecho el seguimiento de todo el proceso y desarrollo estratégico, en coordinación con la OMS y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Y así, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado la Resolución referida, en un texto que, como todos los que derivan de esta organización y se vinculan con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con otros hitos de extraordinaria relevancia, tiene un tenor que (me) emociona vivamente.

Un texto que, no en vano, reafirma el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación, y destacando que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interrelacionados, interdependientes y se refuerzan mutuamente. Un texto que recuerda que, para miles de millones de personas en todo el mundo, el pleno e igual derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental sigue estando fuera de su alcance y que reconoce que las acciones dirigidas a combatir las enfermedades tropicales desatendidas son fundamentales para la visión de la cobertura sanitaria universal y contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Resolución que también destaca que las ETD reflejan y refuerzan patrones de desigualdad, discriminación y exclusión social, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas debido a la falta de acceso al agua potable, saneamiento, vivienda adecuada, educación e información, lo que convierte a estas enfermedades no solo en un desafío de salud pública, sino también en una cuestión significativa de derechos humanos.

Resolución que también reconoce el trabajo realizado hasta ahora para combatir las ETD por parte de la OMS, organizaciones multilaterales, intergubernamentales y no gubernamentales, donantes, organizaciones filantrópicas, instituciones académicas y la sociedad civil, así como el importante papel desempeñado por los trabajadores de cuidados y los trabajadores comunitarios de salud dentro de los sistemas de atención primaria. Y que subraya la relevancia de la contribución de los gobiernos y otras partes interesadas pertinentes, incluida la inversión en investigación y desarrollo, para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de medicamentos esenciales y otros productos sanitarios de calidad asegurada para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las ETD.

Y, desde luego, la Resolución reafirma que los Estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar la plena realización del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que abordar todos los determinantes sociales subyacentes de la salud, incluido el acceso a la educación, vivienda digna, agua potable y saneamiento en comunidades desatendidas, el acceso a la información y una participación efectiva y significativa, puede facilitar la prevención y control de las enfermedades tropicales desatendidas y ayudar a combatir el estigma y la discriminación.

No olvida la Resolución que el cambio climático puede alterar la transmisión y distribución geográfica de ciertas enfermedades tropicales desatendidas, con implicaciones para el disfrute de los derechos humanos y tampoco olvida destacar la preocupación relativa a que los conflictos, la ocupación y los desastres naturales pueden interrumpir los sistemas de salud, desplazar comunidades y crear entornos propicios para la propagación de estas enfermedades.

Sin duda de especial relevancia es su recordatorio de que la insuficiente inversión en sistemas de salud, atención y apoyo adecuados, asequibles y accesibles puede socavar los esfuerzos para prevenir, controlar y eliminar estas enfermedades y su impacto en aumentar aún más la pobreza de quienes las padecen.

La Resolución, de manera responsable, insta igualmente a los Estados a reforzar sus esfuerzos y compromiso para abordar las ETD, integrando la prevención, diagnóstico, tratamiento y atención en la cobertura sanitaria universal y los sistemas de atención primaria de salud y a fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud y apoyar la continuidad de los programas sobre enfermedades tropicales desatendidas durante emergencias, incluidas crisis humanitarias, conflictos armados y emergencias sanitarias.

Se preocupa también la Resolución de exhortar a garantizar que las discapacidades relacionadas con estas enfermedades no den lugar a discriminación, exclusión o negación de otros derechos humanos, fortaleciendo enfoques inclusivos de discapacidad.

Y para lograr todos estos objetivos, la Resolución exhorta a las entidades pertinentes de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y regionales, socios de desarrollo, organizaciones filantrópicas y el sector privado a incrementar significativamente el apoyo técnico, financiero y de fortalecimiento de capacidades.

Finalmente, se solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que prepare un informe exhaustivo sobre las dimensiones de derechos humanos de las enfermedades tropicales desatendidas y lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su 65º período de sesiones, incluyendo recomendaciones concretas para fortalecer la integración de los derechos humanos en las respuestas nacionales, regionales y globales a estas enfermedades.

Me ocuparé de darles cuenta de ese informe, cuando se produzca, lo que espero no se demore demasiado.

Hasta entonces, seguiremos preocupándonos y ocupándonos de que los Derechos Humanos sean lo que deben, esto es, universales – en todo lugar, en toda situación y para todas las personas -. Lo que significa ocuparnos de todo el sufrimiento humano injusto.

Los recientes acontecimientos ocurridos en Ceuta nos están llevando a muchas reflexiones y reacciones, de todo tipo. Comenzando por la inicial sorpresa y las críticas a la falta de reacción política -notablemente en materia de acogida digna de las personas migrantes y de seguridad ciudadana-, hasta el miedo, enfado y preocupación de una parte de la ciudadanía ceutí, pasando por el tremendo drama de la pérdida de unas 140 vidas de personas que solamente querían vivir mejor y creían que aquí, o sea, en España y Europa, podrían hacerlo.

Lo cierto es que ha ocurrido y, como cada vez que asistimos a llegadas masivas de inmigrantes y a muertes sin sentido, se despliega una batería de reacciones, en todos los terrenos. Llevamos muchos años debatiendo sobre las migraciones y, particularmente, sobre el destino de las personas que llegan hasta nuestra tierra buscando una vida mejor, algo a lo que, como nosotras, tienen legítimo derecho. Cierto es que, sin embargo, aún no hemos resuelto ni las razones originarias de estas migraciones ni sus consecuencias, sobre todo las más tremendas.

De ahí que las migraciones internacionales, ya se deban a razones económicas, de persecución o de otro tipo, sean, hoy, una de las cuestiones en las que más centramos nuestra atención, lo que se evidencia en los medios de comunicación y, por supuesto, cómo no, en el debate político.

No tenemos respuestas claras ni, menos aún, inmediatas a las diversas cuestiones y problemas que estas migraciones nos plantean -utilizo la palabra “problemas” conscientemente, pues, de hecho, éstos se generan en nuestras sociedades, como se está viendo en Ceuta en estos momentos-. “Problemas”, algunos de los cuales pueden y deben ser resueltos, como lo son los vinculados a la seguridad y a la intranquilidad de la población, así como a la dramática situación en la que aún se encuentran, once días después de su llegada, varios miles de personas migrantes, de las cuales una buena parte son menores. Esto, aunque sólo sea esto, es resoluble con los medios necesarios.

Más complicado es, sin duda, resolver el origen de la cuestión. Cuando miles y miles de personas procedentes de países aún en vías de desarrollo, notablemente de África subsahariana, persiguen el “gran sueño” de llegar al primer mundo, a Europa, como sea, a costa de lo que sea, dejando todo atrás y arriesgando la vida, ello no ocurre porque sí, sino que tiene razones muy profundas relacionadas con la justicia -más bien, con la injusticia-.

Injusticia que, a su vez, está íntimamente relacionada con el “azar”, el de haber nacido en un lugar, aleatoriamente, y la decisión política histórica de que los Estados tengan fronteras que blinden a su población e impidan la entrada de ciudadanos de otros lugares, salvo las debidas autorizaciones.

Esto, a estas alturas, no tiene ya arreglo, o yo no lo veo. En efecto, no se puede pretender hoy de manera realista la desaparición de las fronteras y/o de los controles de movimientos entre países. Pero, en todo caso, debe estar en el fondo del debate, siendo una perspectiva que no puede olvidarse ni menospreciarse.

Por otra parte, no es sólo cuestión de nacionalidad, por supuesto. Nuestras fronteras, las de los países de la UE, sin ir más lejos -no es necesario mencionar a Trump en este tema, que bastante tenemos aquí-, están abiertas para quienes proceden de determinados lugares o en determinadas circunstancias. Y es que las migraciones y el cierre de fronteras tiene que ver no sólo con la nacionalidad, sino, sobre todo, con la situación de las personas migrantes, esto es, con la pobreza y la marginalidad.

Nuestras fronteras se abren al olor del dinero, el dinero de los países de origen -los del primer mundo- y el de las propias personas que se mueven y la rentabilidad económica que nos pueden brindar. No es preciso nombrar a nadie, pero conocemos sobradamente cómo recibimos a sujetos, en algunos casos procedentes también de países en vías de desarrollo, pero que nos pueden proporcionar grandes beneficios. Y, sin ir más lejos, abrimos nuestras fronteras para obtener mano de obra para nuestras necesidades, con una visión eminentemente mercantilizada de las migraciones.

Y, pese a todo, estas migraciones son beneficiosas para toda la humanidad: tienen efectos muy positivos en los países de origen, pues normalmente mejoran la vida de quienes llegan y también de quienes se quedaron allí, ya que generan riqueza a través de las “remesas” que se envían, en porcentajes verdaderamente llamativos. Por ejemplo, en Colombia, en 2024 alcanzaron un 2,3% de su PIB -siendo en un 53% procedentes de Estados Unidos y del 11,3% las de España- y siguen subiendo. En Nicaragua, según el Fondo Monetario Internacional, las remesas alcanzaron en 2025 nada menos que la extraordinaria cifra del 29,5% de su PIB, en cifras muy similares a la de Honduras, Guatemala o El Salvador.

Benéfico efecto que también se produce en Marruecos, país en el que, según los datos del Banco Mundial de 2023, las remesas representaron el 8,2% de su PIB, o en Nigeria -el país más poblado de África- que recibió remesas por valor del 6% de su PIB, y países como Gambia, Liberia o Cabo Verde las han recibido por importes de entre el 10% y el 20% de su PIB.

Datos que muchos análisis en materia de desarrollo humano ponen de relieve como un factor de real impulso del crecimiento económico y de estabilidad política y monetaria de los países de origen de las personas migrantes que nos llegan. Y también ponen de manifiesto su contribución a la reducción de la pobreza y a su incidencia igualmente en el nivel microeconómico, pues sirven para cubrir necesidades básicas de muchos hogares, tanto de carácter alimenticio como en materia de salud y educación, permitiendo a muchas familias acceder a servicios anteriormente inaccesibles, así como a impulsar el emprendimiento y la inversión local.

Por eso vienen, para eso llegan. Por eso, en muchos casos, arriesgan sus vidas. Para mejorar su situación y la de sus entornos más queridos. Algo a lo que tienen pleno derecho y que es de auténtica justicia.

Entretanto, en la UE se sigue una política cada vez más restrictiva respecto de las solicitudes de asilo y la inmigración irregular. Así, hay que recordar que en 2024 se alcanzó un muy discutido Pacto sobre Migración y Asilo, conteniendo un paquete de medidas en diez normas de gran relevancia, aprobado mediante un gran acuerdo entre la derecha y y el grupo socialista, con el rechazo de la extrema derecha, los verdes y la izquierda. Este Pacto ha sido desarrollado por dos Reglamentos que entraron en vigor en febrero de 2026, que flexibilizan las condiciones para que un Estado miembro pueda denegar una solicitud de asilo y remitir a la persona solicitante a un tercer país seguro y que posibilitan la externalización a dichos países del control de fronteras. Lo que merece una reflexión sobre la adecuación de estas normas con los valores constitucionales de la UE. Pero esto es otra cuestión que tiene, hoy por hoy, difícil retorno.

Entretanto, en las calles de Ceuta sigue habiendo personas necesitadas de toda nuestra atención, de todo nuestro cuidado. Personas migrantes y locales: todas ellas precisan respuestas: para garantizar el bienestar de quienes así han llegado y, también, para evitar que esas personas puedan ser percibidas como generadoras de miedo o constitutivas de alguna amenaza. En ello tiene mucho -más bien, casi todo- que decir el Estado, todo el Estado, con todas sus razones, mayormente las de la igualdad y la justicia, y con todos sus medios, los de apoyo y seguridad.

Si el Estado falla en esto, nos hallaremos en una situación realmente complicada y perdiendo argumentos para seguir sosteniendo la justicia de las migraciones.

He escrito ya en este mismo espacio varias columnas sobre esta cuestión. La atrocidad en que consiste la eufemísticamente denominada “gestación subrogada” o “gestación por sustitución”, incluso en nuestra legislación, me lleva a ello cuando leo noticias relevantes al respecto.

Dos últimas referencias se han producido muy recientemente en los medios de comunicación, lo que me lleva a reiterar estas reflexiones.

La primera, del 18 de julio pasado, reflejada en este mismo medio y en otros muchos, según la cual el líder del bloque conservador en el Parlamento de Alemania, Jens Spahn, había dimitido ese mismo día tras el debate generado al conocerse que él y su marido, Daniel Funke, habían sido padres recurriendo a un vientre de alquiler en Estados Unidos. Spahn, miembro destacado de la CDU/CSU, había sostenido siempre la línea de su partido en contra de una posible legalización de los vientres de alquiler en Alemania. La contradicción entre su vida personal y su actividad política y la consiguiente falta de credibilidad ha sido difícil de soportar y ha llevado a su dimisión.

La segunda, del 25 de julio, plasmada en el Diario de Burgos, según la cual el Hospital Universitario de Burgos -HUBU- denunció un mes atrás ante la Policía Nacional que desde comienzos de mayo estaban ingresando en Ginecología mujeres de nacionalidad brasileña, pero llegadas de Bélgica y otros países del norte de Europa, para dar a luz en la capital después de que el embarazo se lo monitorizaran en su país de residencia, siendo unos 30 los partos atendidos desde entonces siguiendo un mismo patrón consistente en llegar a Burgos justo antes del parto, facilitar direcciones concretas en dos localidades de Las Merindades y que en un número indeterminado de casos acudieron al hospital acompañadas del mismo hombre. Aunque la noticia no lo dice expresamente, es de pensar que podría tratarse de casos de gestación mediante los vientres alquilados de estas mujeres.

Recordemos que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo fue modificada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, en cuyo artículo 32 se refiere a la “Prevención de la gestación por subrogación o sustitución”. Pues bien, la norma, tras calificar esta práctica como “forma de violencia reproductiva”, reitera que es un contrato nulo de pleno derecho y que, a través de campañas institucionales, se promoverá la información acerca de la ilegalidad de estas conductas, se produzcan con o sin precio, refiriéndose su artículo 33 a la prohibición de la promoción comercial de la gestación por sustitución.

Responde así la reforma legal -tardíamente, todo hay que decirlo- a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil de nuestro Tribunal Supremo, que, desde la Sentencia de 6 de febrero de 2013 -hace ya 13 años y medio-, en doctrina reiterada en Sentencias posteriores, ha declarado con toda crudeza, pero al mismo tiempo con todo el rigor jurídico, sin paños calientes ni eufemismos, que estos llamados 'Contratos de gestación subrogada' “cosifican a los menores haciéndolos una simple mercancía, objeto de un contrato que pretende fijar su filiación con base en el pago de un precio a una mujer, que por lo general actúa impelida por un estado de necesidad acuciante, que se somete a los riesgos asociados a un tratamiento de reproducción asistida y que renuncia a los derechos que como madre gestante le deberían corresponder, y pretende privar al menor de esa relación de filiación materna así como de su derecho a conocer a su madre”. Añadiendo, también reiteradamente, que este contrato vulnera gravemente los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los Convenios internacionales sobre derechos humanos en los que España es parte. Y ello, por cuanto genera daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables, pues ambos son tratados como meros objetos y no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad.

La doctrina del TS ha dado lugar asimismo a que se dictara la Instrucción de 28 de abril de 2025, de la Dirección de Seguridad Jurídica y Fe Pública, “sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacimientos mediante gestación por sustitución” para regular correctamente la inscripción del nacimiento y filiación de hijos nacidos mediante gestación subrogada al no admitirse a tal efecto una certificación registral extranjera o la simple declaración acompañada de certificación médica al respecto ni sentencia firme del país correspondiente, y preverse que la determinación de la filiación de estos menores se realizará en España por los medios ordinarios: filiación biológica, en su caso, respecto de alguno de los progenitores de intención y posterior filiación adoptiva del otro u otros, cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías.

Por otra parte, en febrero de este mismo año, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al Gobierno que tome medidas para impedir el acceso desde España a páginas web de hasta 13 empresas dedicadas a esta actividad.

Pues bien, pese a todo lo dicho, y a la expresa prohibición legal de la promoción comercial de la gestación por sustitución, basta asomarse a internet para encontrar, sin ningún problema, un buen número de páginas web de diversas empresas -cito solamente unas pocas: Gestlife Surrogacy, FESKOV Human Reproduction Group, Creative Family Connections- en las que se oferta “cumplir el sueño de ser padres con total seguridad legal, por medio de la gestación subrogada”, con “soporte legal completo”, por precios entre 37.500 y 200.000 euros, dependiendo de las empresas y los “servicios contratados”. Y distinguiendo en algunos casos abiertamente entre “gestación subrogada comercial” y “gestación subrogada altruista”.

En mi opinión, dado que nuestra propia legislación actualmente vigente califica esta práctica como “violencia reproductiva” y “explotación de las mujeres” y considera que se vulneran de manera inaceptable los derechos de mujeres y menores, afectando gravemente a su dignidad, una de las respuestas a dar desde el Estado sería, como he reiterado en varias ocasiones, su tipificación como delito en el Código Penal, tanto se produzcan en España como en el extranjero, pues son conductas que merecen el mayor reproche social teniendo en cuenta la auténtica realidad que subyace en ellas.

Éste sería un gran paso contra la explotación de las mujeres y su cosificación y la de los bebés. Un paso imprescindible, porque los derechos de las mujeres y de las criaturas de ellas nacidas no deben depender de ninguna situación personal -infertilidad o pertenencia al grupo LGTBI, cuyos derechos no niego, desde luego, o cualquier otra circunstancia- ni de la capacidad o la penuria económica de nadie -ni la de quien encarga la criatura ni la de quien va a gestarla y parirla-. Porque son derechos absolutos y porque nadie tiene ningún derecho a ser madre o padre vulnerando tan gravemente la dignidad de las mujeres y la de las criaturas así nacidas.

Termino con un testimonio que expresa claramente la situación. El pasado 10 de mayo, la web de BBC-News Mundo publicó un reportaje sobre una mujer ucraniana, Karina Tarasenko, embarazada de seis meses por encargo de una pareja que vive en China. Karina afirma que nunca habría sido madre de alquiler de no ser por la invasión rusa, que ganará unos 17.000 dólares -el doble del salario medio en Ucrania-, percibiendo la mayor parte después del parto. Dice también que iban a abonarle 21.000 euros pero que uno de los gemelos que gestaba murió, por lo que el pago se redujo, tal como estipulaba su contrato. Y termina afirmando que planea “tener tantos bebés como madre de alquiler como su cuerpo le permita, para ahorrar y comprarse una vivienda”.

Un último dato que permite comprender el auténtico alcance “comercial” de esta práctica: en ese mismo reportaje de BBC al que acabo de referirme se habla de una campaña publicitaria en 2021 realizada por la mayor clínica de subrogación de Ucrania -BioTexCom for Human Reproduction-, que promocionó una “oferta de Black Friday en bebés por subrogación”.

¿Alguien puede seguir sosteniendo esta situación sin avergonzarse de la desidia general al respecto?. ¿Tomarán nuestro Gobierno y Parlamento todas las medidas necesarias para terminar con esta ominosa práctica?. Seguimos a la espera.

Cuando el 26 de abril de 2018 se conoció la primera sentencia sobre el caso de “La Manada”, esto es, la dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, gran parte de la ciudadanía expresó un enorme enfado, un gran desconcierto y una clara distancia con el poder judicial.

Aquella sentencia, que aún recuerdo con total claridad, contenía una real, cruda y tremenda descripción de los hechos acontecidos en un oscuro portal de Pamplona en la madrugada del 7 de julio de 2016. En mi opinión -escrita ese mismo día y publicada el día siguiente en El Diario Vasco-, los hechos que la Audiencia Provincial de Navarra consideró acreditados eran claramente reveladores de una situación real de intimidación hacia la víctima y, por lo tanto, debieron haber sido calificados de agresión sexual-violación, tal como solicitaron todas las acusaciones personadas. Expresé así mi desacuerdo jurídico con la calificación de delito de “abuso sexual con prevalimiento” que hizo el Tribunal por no apreciar que se hubiese producido una situación de intimidación.

No voy a recrear los hechos que se tuvieron por probados, pues son de una dureza extrema y no aportan nada relevante a esta reflexión.

Pocos meses más tarde, la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dictada en noviembre de 2018, confirmó la primera, si bien dos de los cinco magistrados intervinientes emitieron un voto particular en el que entendían que los hechos debieron haber sido calificados como delito de agresión sexual por entender que se produjeron con intimidación.

El debate jurídico fue resuelto definitivamente por el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de julio de 2019, que, por unanimidad, calificó los hechos de violación e incrementó, naturalmente, las penas, tras apreciar un claro escenario intimidatorio que provocó el sometimiento de la víctima, que no consintió los actos, y que hubo dos agravaciones específicas: la de trato vejatorio o degradante a la víctima, al haber los condenados alardeado de su conducta en los vídeos grabados, y la de actuación de dos o más personas.

Esto es lo que ocurrió en los Tribunales.

Pero no fue eso todo lo que sucedió. Hubo más cosas, y muy relevantes. Vamos por su orden lógico -en mi percepción-.

Lo primero que ocurrió, lo que ha permitido que diez años después hablemos de esto en los términos en que lo hacemos, fue que una mujer, muy joven y muy fuerte, que había vivido un ataque extraordinariamente duro, denunció aquellos hechos y sostuvo la acusación de manera firme, pese a saber o intuir el duro camino judicial que sabía tendría que recorrer. Siempre habrá de reiterarse, como se hizo en su día, el agradecimiento social cívico a esa mujer, a su valor, así como la exigencia de justicia real para garantizar a las personas – mujeres, en su mayor parte – que su denuncia de delitos contra la libertad sexual o de violencia de género no sea, como muchas lo describen, un auténtico calvario que puede llegar incluso a constituir un elemento claro de disuasión de la propia denuncia o de su mantenimiento.

Por otra parte, tras la primera Sentencia, se produjo un enorme movimiento ciudadano que expresó su absoluto rechazo a la misma, su enfado con el poder judicial y su apoyo a la víctima, con los lemas “Hermana, yo sí te creo” y “No fue abuso, fue violación”. Fue una crítica social a una resolución judicial como yo no recuerdo antes y dio lugar a un interesante debate – siempre de interés – acerca de las presiones sobre los Tribunales y el diálogo efectivo y eficaz entre ciudadanía y justicia.

Finalmente, se abordó la reforma del Código Penal, que ya estaba pendiente de un análisis imprescindible para adecuarlo al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica – el conocido como “Convenio de Estambul” -. Lo que finalizó, como es bien sabido por su relevancia y su gran presencia en los medios de comunicación durante largo tiempo, con la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual -la conocida como “Ley del sí es sí”-. Una reforma necesaria del Código Penal con el abordaje pleno y efectivo de los derechos de las mujeres a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la vida y la integridad física, a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra sexualidad y la erradicación de todas las violencias, subrayando la exigencia del necesario consentimiento para mantener relaciones sexuales.

Lo cierto es que conviene precisar que, para dar respuesta al concreto caso de “La manada”, tal reforma nada habría aportado, pues con el Código Penal vigente a la fecha de los hechos fue posible, como de hecho lo hizo el Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina jurisprudencial consolidada, calificar estos hechos como agresión sexual – violación - por concurrir clara intimidación.

En todo caso, acerca de dicha “Ley del sí es sí” se produjo lo que yo, en este mismo espacio, califiqué como “un debate enredado y equivocado sobre una muy buena y muy necesaria Ley”. Un debate sobre la desaparición de los “abusos” sexuales y su consideración como “agresiones” y algunas otras modificaciones de menor entidad, así como sobre la modificación de ciertas penas, algunas en sus máximos y otras en sus mínimos.

Debate público endemoniado que se generó porque la aplicación del Código Penal, una vez reformado, trajo como consecuencia la revisión judicial de condenas dictadas antes de su entrada en vigor, como es obligado por mor de lo dispuesto en los artículos 9.3 de la Constitución -en sentido contrario-, y 2.2 del Código Penal. Esto es, la necesidad de revisar las condenas por el efecto retroactivo de las leyes penales que favorezcan a la persona condenada, como fue el caso en algunos supuestos en una doctrina que el Tribunal Supremo confirmó. Y ello, pese a las inconsistentes críticas vertidas hacia los jueces por parte de dirigentes políticos a destacar la entonces ministra de Igualdad Irene Montero– acusando de machismo, ignorancia y falta de formación en perspectiva de género de juezas/ces.

Sin negar, desde luego, que desde otras posiciones se expresó una gran “alarma” por las reducciones de penas en un contexto de clara exageración de las consecuencias de la reforma legal.

En resumidas cuentas: irresponsabilidad máxima en ambas posiciones, que generaron una enorme confusión en la ciudadanía con repercusión infundada que trasciende la mera cuestión de la revisión de las condenas y que nubla la percepción sobre la naturaleza de estos delitos y su penalización.

Y, siendo como es, en mi opinión, una gran Ley que aborda de manera integral las violencias sexuales desde muchos aspectos, me apenó profundamente la poca convicción en su defensa por parte de las responsables políticas y su mero ataque a los jueces que la aplicaban.

Han pasado ya 10 años de aquella maldita madrugada en Pamplona. Solamente espero que aquella mujer que padeció tan tremendo ataque a su persona y a su libertad y que tanto nos dio sea feliz, tan feliz como pueda. Y que no haya más “manadas” ni elementos individuales que ataquen la libertad de nadie para satisfacer su deseo. Y que asumamos nuestros actos y reconozcamos que en 10 años hemos avanzado en la percepción de la libertad sexual de todas las personas, con dificultades, desde luego, pero caminando y mirando de frente al objetivo, que no es sino la defensa de estos derechos, sin excusas ni coartadas.

Puede el tango decir que “veinte años no es nada”, pero en este caso, diez años han dado mucho de sí, gracias al esfuerzo de muchas personas, colectivos e instituciones.

Hace dos semanas les di cuenta del arranque de la Coalición Española de Enfermedades Tropicales Desatendidas – CEEDT -, del contexto global en que se ha constituido, de su carácter multisectorial y de sus grandes objetivos: la visibilización de las ETD; la movilización de recursos, conocimiento y voluntad política y el impulso de la colaboración también multisectorial.

Terminé entonces diciéndoles que, para lograr estos objetivos, hacen falta medidas diversas. Y ahora voy con ellas, con algunas de las líneas de actuación que la propia CEETD contempla, sobre todo las que tienen que ver con la institucionalidad y con la ciudadanía.

Una primera y primordial línea es, en mi consideración, la de la relación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID -, a fin de lograr que las ETD se integren en las políticas, la estrategia y la financiación públicas de nuestro país. 

Este objetivo está en íntima conexión con una iniciativa parlamentaria de la que también les hablé en su día. Se trata de la Proposición No de Ley relativa a la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en diciembre de 2025. Esta Proposición insta al Gobierno, en esencia, a, entre otras acciones, continuar apoyando y reforzando la lucha contra las ETD a través de los programas y proyectos de diferentes Organizaciones – Internacionales y No Gubernamentales - que participan en dicha lucha y a analizar la posibilidad de incluir en el futuro en el Plan de Acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID – una mención expresa a la inversión en la lucha contra las ETD.

Ciertamente, son el Gobierno y, en su medida, las Comunidades Autónomas quienes, con todos los recursos del Estado, tienen en sus manos dar respuesta a todas estos tremendos e inaplazables retos. El Gobierno de España, concretamente, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al que se está adscrita la AECID, y que, por tanto, es de esperar que intervenga de manera rápida, intensa y positiva. Será preciso, en este sentido, que la Proposición reseñada se active realmente, que los grupos parlamentarios asuman su responsabilidad y respondan a su compromiso y que, además, se promuevan otros avances en este ámbito. 

En este contexto, es de exigir que esta primera línea de actuación de la CEETD arroje los primeros frutos en breve, en colaboración con la AECID, con los medios económicos necesarios y una acción realmente proactiva. Es absolutamente imprescindible que la AECID asuma la lucha contra las ETD como un objetivo propio, con un presupuesto suficiente acorde a la dimensión del problema. Lo que también se ha de conectar, como les dije en la ocasión anterior, con el cumplimiento íntegro en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo de nuestra Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, esto es, con el apoyo presupuestario previsto en dicha norma.  

La segunda gran línea de trabajo de la CEETD, en el plano institucional, es la de lograr su posicionamiento en Europa, en coordinación con redes internacionales, para lo que, sin duda, el apoyo institucional será del máximo interés.

La unidad y la colaboración leal y comprometida son un medio extraordinario para lograr fines también extraordinarios, como los que comento en relación con las ETD. Las alianzas son imprescindibles para lograr, en este caso, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030 de la ONU y de su Hoja de Ruta sobre las ETD 2021-2030 de reducir en un 90% el número de personas que requieren tratamientos contra estas enfermedades y eliminar al menos una ETD en 100 países y erradicar en todo el mundo dos enfermedades – la dracunculosis y el pian -.

Esta colaboración, esta alianza, es condición sine qua non para los grandes objetivos de la CEETD. No habrá movilización de recursos, conocimiento y voluntad política sin la visibilización de las ETD y sin su inclusión en la agenda pública y política española e internacional, pues las injusticias, las necesidades y los retos han de conocerse por la ciudadanía para reclamar a Gobiernos y otras instituciones su implicación. No habrá visibilización de las ETD sin que quienes tenemos implicación en este terreno intervengamos en los distintos foros – como esta tribuna – y generemos toma de conciencia y opinión individual y colectiva – por ello escribo estas columnas -. Y nada de ello se podrá conseguir sin la colaboración multisectorial, esto es, la colaboración de todas las organizaciones, instituciones y empresas que tienen algo que decir y, sobre todo, que hacer, en este ámbito - en la salud global, la cooperación internacional, la investigación y la comunicación.

Como contempla la propia CEETD, España tiene una gran oportunidad de liderazgo en este terreno – como en otros, ciertamente, pero también en este, no se olvide ni se menosprecie -. Es un momento propicio para reforzar nuestro papel en la lucha contra las enfermedades desatendidas. Como, por otra parte, lo ha hecho el Gobierno, con acierto, poniendo pie en pared a gravísimos ataques al Derecho Internacional y, sobre todo, a gravísimas vulneraciones de derechos humanos. También en esta materia podemos hacerlo, gracias a que la CEETD ofrece una magnífica combinación de capacidades científicas, experiencia en cooperación internacional y tejido de organizaciones especializadas, lo que permite a España situarse en una posición privilegiada para contribuir de forma más decisiva a la eliminación de tantas injusticias y vulneraciones del derecho humano a la salud. En definitiva, España puede y debe asumir un mayor protagonismo global en la lucha contra las ETD. 

Ciertamente, estamos en un contexto global marcado por desigualdades cada vez mayores. Por tanto, apostar por las ETD no es solo una cuestión de salud pública, sino también de justicia social y compromiso internacional.

Yo apuesto por esta “gran coalición”, una coalición útil a los derechos humanos de las personas más vulnerables. No es, desde luego, el único ámbito en el que trabajar, pero es uno de ellos, que hasta ahora ha estado demasiado olvidado.

La CEETD está demostrando que es capaz de tejer alianzas y de reunir un buen número de organizaciones, empresas e instituciones. Falta que quienes tienen el poder de proporcionar los medios para cambiar las cosas colaboren también, de manera decidida y útil, con todo el aparato del Estado dispuesto a este y otros fines similares. Como ciudadana, es lo menos que puedo exigir.

He escrito en este mismo espacio hasta en cinco ocasiones anteriores acerca de las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) desde diversos puntos de vista. Ahora vengo con una iniciativa muy ilusionante de cuyo conocimiento no quiero privarles. En medio de tanta crispación y de tanto desánimo, les voy a dar cuenta de una “coalición”: sí, coalición, lo que significa, según el DRAE, una “unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado”. 

Se trata de la Coalición Española de Enfermedades Tropicales Desatendidas -CEETD-. Una coalición más que necesaria, dado que, de todas las enfermedades conocidas, hay unas cuya gravedad viene dada no sólo por la propia dolencia y sus efectos, sino, principalmente, por su desatención. Una desatención que afecta a muchas enfermedades prevalentes en comunidades empobrecidas de zonas tropicales y que, en cálculos de la OMS, alcanzan a más de 1.000 millones de personas que se encuentran en contextos de pobreza, exclusión y acceso limitado a servicios de salud, particularmente en zonas de América Latina y en África Subsahariana. De ahí su denominación. Enfermedades como la úlcera de Buruli, la enfermedad de Chagas, el dengue, la lepra, la filariasis linfática, la oncocercosis y otras forman parte de este grupo. 

Sin olvidar que en España hay seis enfermedades de esta naturaleza consideradas endémicas, que se han registrado también casos autóctonos de otras y que algunas otras son consideradas potencialmente emergentes en nuestro país. De modo que este tema también nos concierne directamente.

Son enfermedades “desatendidas” por su escasa presencia en los programas de salud en casi todo el mundo, porque todavía hoy se les dedican muy pocos recursos y porque las agencias de financiación mundiales prácticamente las ignoran. Sin embargo, las ETD tienen ahora gran relevancia para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030 de la ONU y están adoptándose medidas concretas en el marco de la Hoja de Ruta de la OMS sobre las ETD 2021-2030 con objetivos claros, como el de reducir en un 90% el número de personas que requieren tratamientos contra estas enfermedades, eliminar al menos una ETD en 100 países y erradicar en todo el mundo dos enfermedades -la dracunculosis y el pian-.

Para ello hacen falta medios de todo tipo y, si bien es cierto que la situación no era buena, ha empeorado notablemente tras dos de las primeras decisiones de la Administración Trump, esto es, su salida de la OMS y el cierre de su Agencia para el Desarrollo Internacional -USAID-, todo ello con unos efectos desastrosos que ya han sido puestos de manifiesto y que solamente podrán paliarse si no nos cruzamos de brazos y nos ponemos manos a la obra. Según los cálculos, esta reducción de un tercio de la financiación agregada de este sector en todo el mundo ha golpeado ya directamente a gobiernos, organizaciones y, lo más importante, a poblaciones afectadas por prioridades sanitarias globales como el VIH, la malaria o las propias ETD. Hay estimaciones muy serias según las cuales estos recortes pueden provocar la muerte de entre 500.000 y un millón de personas al año. 

Bueno, quiero y debo matizar: todo esto ocurrirá si no asumimos nuestras responsabilidades y no ponemos remedio a esta reducción de financiación, pues lo cierto es que, pese a las muchas dificultades, estamos aún a tiempo de atajarlo en relación con las ETD. En efecto, en el plano internacional España puede asumir el liderazgo de la lucha contra las ETD, comprometerse y generar sinergias con otros Estados para cubrir estas carencias tras la cancelacion de USAID.

Porque no todo está perdido, en absoluto: si Trump sale, el resto debemos entrar y llenar el hueco que deja, porque es posible y, sobre todo, es debido.

Hay muchos espacios en los que se puede y se debe trabajar para luchar contra esta situación: desde luego, para comenzar, desde las instituciones, mediante diversas medidas, entre las que destaco el cumplimiento íntegro en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo de nuestra Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y, cómo no, desde el trabajo científico, el de las organizaciones sociales y el sector privado y la necesaria concienciación ciudadana, para lo que los medios de comunicación tienen un papel determinante.

Por eso se ha constituido esta Coalición, la CEETD, como un espacio clave de articulación, incidencia y generación de conocimiento en España. Una alianza multisectorial que reúne a organizaciones del ámbito de la salud global, la cooperación internacional, la investigación, el sector farmacéutico y la comunicación. En concreto, son veinte entidades, entre ellas Fundación Anesvad, cuyo Patronato tengo el honor y la responsabilidad de presidir – permítanme, por tanto, su mención expresa -. Todo ello con el objetivo de reforzar el compromiso de España con la prevención, el control y la eliminación de las ETD, aportando respuestas integrales y coordinadas desde todos los ámbitos implicados. En definitiva, una coalición de la sociedad civil que contribuirá a dichos fines junto con el sector público. 

Coalición que se compromete con tres grandes objetivos: la visibilización de las ETD, tanto en España como en el plano internacional, promoviendo su inclusión en la agenda pública y política; la movilización de recursos, conocimiento y voluntad política para avanzar en su prevención, control y eliminación y, finalmente, el impulso de la colaboración multisectorial, promoviendo además el liderazgo de los países endémicos en la respuesta a estas enfermedades. 

Para lograr estos objetivos hacen falta medidas diversas. Pero de ello les daré cuenta en mi siguiente columna. No se lo pierdan, pues les concierne a ustedes tanto como a mí y a los más de 1.000 millones de personas afectadas en todo el mundo.

Siento ser insistente – pelma, dirán ustedes -, pero opino que hay que seguir el hilo de los acontecimientos, desde el principio hasta el final (si es que hay principio y final) y seguir también los argumentos que distintos sujetos nos proporcionan sobre asuntos de interés. Y, en mi opinión, sin duda este es uno de ellos.

Ya les conté recientemente, hace exactamente cuatro semanas, que el 14 de abril TJUE había dictado Sentencia resolviendo a las cuestiones prejudiciales elevadas por la Sala de lo Social del TS sobre la respuesta a dar a la contratación temporal abusiva en la Administración Pública, dicho muy a grandes rasgos. Pues bien, el TJUE respondió, como también les conté, como no podía ser de otra manera, siguiendo su doctrina, plasmada ya en un buen número de Sentencias que han tenido enorme impacto y suscitado muchos comentarios. 

En definitiva, el que hasta ahora es el último pronunciamiento del TJUE rechaza nuevamente que la calificación de trabajador indefinido no fijo sea adecuada en los casos de abuso de la temporalidad, rechaza asimismo una indemnización tasada y reprocha la falta de asunción de responsabilidad de las Administraciones y el modo en que se han diseñado los procesos de estabilización de aquel personal, entendiendo que no son medidas ajustadas al Derecho de la UE.

Les decía en la anterior ocasión que había que esperar a la decisión del TS al resolver los recursos que tiene pendientes sobre esta materia, sin perjuicio de que otros Tribunales resuelvan ya los suyos con arreglo a la doctrina del TJUE.

Así las cosas, en Sentencia de 11 de mayo, el TS ha “hablado” o, más bien, ha “comenzado a hablar”, pues, sin duda, como se verá, además de lo que ha resuelto, quedan muchos temas pendientes. A destacar que esta Sentencia se ha dictado por una muy amplia mayoría de 10 votos frente a 1. 

En dicha Sentencia el TS, con base en la doctrina del TJUE, determina que, dado que nuestro Derecho nacional, tanto en la Constitución como en el Estatuto Básico del Empleado Público – EBEP - exige que el acceso al empleo público se rija por los principios de igualdad mérito y capacidad, convertir los contratos temporales del personal de las Administraciones Públicas en contratos fijos constituiría una interpretación contra legem de dicho Derecho interno. Esta es la doctrina esencial de dicha Sentencia, que no altera de ninguna manera la que el TS ha manejado tradicionalmente.

Sin embargo, pese a que este criterio tiene excepciones en cuanto a la respuesta final, ello no así en cuanto al riguroso respeto a los principios constitucionales antedichos. De manera que, como muchos titulares de variados medios de comunicación han resaltado – y con razón -, cuando una persona hubiera participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la hubiera superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, es ajustado a Derecho convertir dicha relación laboral en una relación fija, sin que ello resulte contra legem, pues esa persona ya ha superado un proceso selectivo para acceder al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad.

Con arreglo a dicho criterio resuelve el TS el caso concreto, declarando la fijeza de una trabajadora en el Ayuntamiento de Madrid. En realidad, se trata de una respuesta que, dicho ahora muy a grandes rasgos, ya había sido aplicada en alguna ocasión muy concreta – con matices -, en una Sentencia de 2021. Sentencia que, por cierto, dio pie a que la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco declarara fijeza en supuestos similares al que ahora ha resuelto el TS. De ahí que a mí esta respuesta no me resulte novedosa ni sorprendente.

Pero no se limita a ello el TS, sino que, sin ser necesario para resolver el litigio concreto, avanza criterios para poder ir dando respuesta a bastantes más cuestiones que se plantean en torno a esta problemática. De un lado, concluye con claridad que no cabe la misma solución cuando la persona trabajadora hubiera superado un proceso selectivo de acceso a empleo temporal. 

De otro lado, si bien no es aplicable al caso analizado, ya que la trabajadora no había solicitado ninguna, el TS dedica una extensa argumentación sobre la indemnización que debiera fijarse para que fuera reparadora para la persona trabajadora sometida al abuso de la temporalidad y disuasoria para las Administraciones Públicas, además de contemplar una posible sanción administrativa a imponer por la Autoridad laboral, todo ello cuando, según el criterio antedicho, no sea posible convertir el contrato temporal en relación laboral fija. 

El TS no se limita a asegurar que, tal como el TJUE sostuvo, ese daño ha de ser reparado, sino que avanza más allá y determina que la indemnización compensatoria puede fijarse tomando como referencia la LISOS – Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social -, como también se admite y se aplica de manera generalizada para la indemnización de los daños morales derivados de la vulneración de derechos fundamentales, de donde para estos concretos litigios que ahora comento resulta una horquilla de entre 1.000 y 10.000 euros. 

Mucho se ha comentado esta Sentencia, destacándose su innegable trascendencia en varios aspectos: sin duda, para las personas trabajadoras que se hallan en dicha situación, pero también para las propias Administraciones Públicas y sus responsables, pues habrán de reparar económicamente el perjuicio generado, lo que puede suponer un impacto económico nada desdeñable. 

Una vez más, en mi opinión, no va a ser nada sencillo que los Tribunales puedan responder de manera uniforme y rápida. Antes al contrario, es más que previsible un importante aumento de la litigiosidad en reclamación de una indemnización que repare los daños materiales y morales derivados de ese abuso en la contratación temporal, algo que va a complicar aún más, si cabe, la gravísima situación de los órganos judiciales del orden social. 

Lo cierto es que el debate jurídico no ha terminado. Quedan pendientes muchas y muy relevantes cuestiones. 

Para resolver todas ellas, en mi opinión, el Legislador habría de dar una respuesta clara al abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas: en primer lugar para prevenirla y evitarla y, en segundo lugar, para reparar sus efectos, siempre garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, sea éste laboral o funcionarial. 

Pero no parece que sea el momento político más propicio para esperar razonablemente la intervención legislativa, como ocurre con tantos importantes temas en los que millones de personas trabajadoras esperan dicha respuesta (reducción de la jornada laboral, registro de jornada). Lo peor es que no va a haber ocasión de hacerlo en lo que queda de esta legislatura, dure lo que dure. Así estamos, pues, esperando sin esperanza. 

Ya conocemos los resultados de las elecciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como siempre, hay datos de mucho interés, sobre todo de cara al futuro inmediato en esta Comunidad y también, ¡cómo no!, sobre otros procesos electorales que se van a celebrar con total seguridad en mayo de 2027 – autonómicas “comunes” y municipales – y, seguramente también en dicho año, aunque aún sin fecha, claro – elecciones generales -.

De todas las constataciones que pueden extraerse – y son cientos de ellas, todo depende dónde pongamos el foco y cómo vayamos leyendo los resultados y cruzando elementos y datos -, yo quisiera resaltar unos pocos, muy pocos y, como verán, nada originales, en absoluto.

La primera gran y obvia constatación es que el PP no ha obtenido la tan y tan legítimamente ansiada mayoría absoluta y que tendrá que luchar por conseguir sacar adelante su investidura. Veremos con qué apoyos, si con VOX - con un apoyo parlamentario de investidura o de legislatura o conformando un Gobierno de coalición - o si quiere y puede conseguir otros apoyos distintos.

La segunda obviedad es el rotundo éxito de “Adelante Andalucía”, cuadruplicando escaños y estabilizando su posición y su a priori arriesgada decisión de no concurrir con otros grupos políticos de izquierdas. Creo que conocen muy bien el terreno que pisan y que tenían muy bien pulsado lo que la ciudadanía opina de la situación en general y de la izquierda en particular y de su actuación en los últimos años.

La tercera constatación es el claro estancamiento y, por tanto, fracaso, de las fuerzas políticas de izquierda “estatal” que han confluido en la candidatura “Por Andalucía”, de entre las que destacan por su relevancia real en el Estado Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos – pónganlas en el orden que prefieran -. Con la trascendencia que tiene para el resto del Estado. Y ello, pese a haber realizado una campaña “ordenada”, sin estridencias ni contradicciones ni desencuentros públicos, lo que tampoco era fácil, si bien considero que el liderazgo de Antonio Maíllo ha tenido mucho que ver en ello y también, seguramente, en haber mantenido la posición. 

Esto es lo principal que yo extraigo de lo ocurrido el domingo. Queda mucho tiempo para las siguientes elecciones – o eso parece, al menos – y para digerir estos resultados y la formación del Gobierno andaluz, así como para mover las fichas del tablero político. Yo, personalmente, no me atrevo a pronosticar nada.

Pero hay algo que me ha llamado mucho más poderosamente la atención. Ya sé que no es la primera vez que ocurre, pero quizá en esta ocasión la he percibido más clara y crudamente.

De los varios discursos y valoraciones que se hicieron el propio domingo y se siguen haciendo aún – ¡y lo que irá cayendo! -, destaco esa sensación tan agria de que quienes no han ganado – incluyendo quienes han perdido estrepitosamente – celebran como una victoria la “derrota” del PP, que no ha obtenido la pretendida mayoría absoluta y habrá de vérselas con VOX.

Que no haya mayorías absolutas no es malo en sí mismo. Yo misma me he alegrado muchas veces de ello, tanto en el Estado como en Euskadi. Es sano, pues obliga a negociar, a pactar y, sobre todo, a escuchar e incorporar otras ideas distintas de las propias. 

Pero esta idea general no siempre sirve. No sirve, desde luego, cuando ese diálogo, esa negociación y esos pactos se tienen que hacer con quien desde una gran parte de la ciudadanía y desde determinadas fuerzas políticas se rechaza de plano. Esto es, no es sano terminar pactando con quien quiere imponer ideas que repugnan a la mayoría, aquí y en otros lugares.

Es lo que ocurre con VOX. Yo no soy partidaria de ignorarlos ni de evitar que hablen, sino más bien lo contrario: considero que solamente hay una vía para detener ideas repugnantes y es que las escuchemos, razonemos y las filtremos hasta que, con convicción, las rechacemos.

Y ¿qué hacer entretanto? 

De un lado, y para comenzar, no celebrar la “derrota” ajena como victoria propia. Menos aún cuando la “derrota” no es tal y aún menos cuando ello genera una indeseada situación de que la extrema derecha pueda condicionar la formación de Gobierno y, con ello, imponer las tan rechazadas ideas y propuestas. 

De otro lado, si tan negativo es para la ciudadanía que la ultraderecha llegue al Gobierno o lo condicione en los términos que llevamos tiempo escuchando – que lo es, sin duda -, y si tan gran compromiso tienen todas las fuerzas políticas con la democracia y con los derechos humanos – que lo tienen, sin duda también -, no debiera ser tan complicado intentar facilitar una negociación y un pacto para la investidura de Moreno Bonilla con un programa de mínimos aceptable por todos o por algunos. No sería en modo alguno fácil, pero debiera ser posible. Sobre todo, para el PSOE, que sabe bien y ha sufrido en sus propias carnes lo que es negociar y pactar incluso con fuerzas políticas muy dispares en términos que incluso han generado grandes contradicciones internas, además de varios y relevantes “cambios de opinión”.

No soy partidaria de impedir el debate de ideas, pero sí de “cordones sanitarios” que permitan alianzas políticas para evitar que partidos políticos extremistas lleguen a gobernar. Se han practicado, con éxito, en varios países de nuestro entorno sociopolítico. En Francia, sin ir más lejos, a la hora de votar, dado su sistema electoral de doble vuelta, que permite que, en la segunda de las rondas las fuerzas que a ella acceden apoyen la candidatura mejor situada para evitar la victoria de la ultraderecha. Aquí, podríamos considerar que la segunda vuelta es, en realidad, la investidura, de modo que podríamos exigir ese “cordón sanitario” que solamente podría funcionar si hay un acuerdo para votar al partido que, en razón de los resultados electorales, tenga las mayores posibilidades de formar gobierno – no necesariamente el partido vencedor, sino el que pueda tejer más y más potentes alianzas -.

Llámenme ingenua si quieren, porque seguramente lo soy, pero no veo, hoy por hoy, otra manera de impedir que ocurra lo que nadie quiere – o lo que todo el mundo dice no querer -. No es seguro, pero sí muy posible que la ciudadanía termine por agradecer a quien ofreciera un pacto en tal sentido y a quien lo aceptara.

Todo lo demás son palabras huecas y prioridades partidistas.

El pasado 27 de abril Dña. Dolores Vázquez recibió del Ministerio de Igualdad la Medalla a la promoción de los valores de igualdad en el Día de la Visibilidad Lésbica. Ese día, la Sra. Vázquez hizo un discurso que he escuchado íntegramente, en el que dijo, entre muchas otras cosas, que está orgullosa de sí misma y que ha logrado despejar, poquito a poco, solita, todo un sufrimiento. También dijo que cuando salió –de prisión, se entiende– estaba sola en el mundo y que este homenaje es algo que siempre ha deseado, desde el minuto uno. Terminó su discurso –en las grabaciones que he visto– diciendo “quiero más”.

En algunos medios he leído que también afirmó que espera recibir un perdón más amplio, también de la sociedad y de los medios de comunicación, así como una compensación económica, pero que “es el Gobierno el que tiene que decidir” y que cree que “con buena fe todo es posible”.

El caso Wanninkhof fue un caso claro de error judicial en el contexto de uno de los ejemplos más paradigmáticos de juicio paralelo que hayamos conocido. Ciertamente, se generó un ambiente social tal que, según se ha escrito en muchas ocasiones, el juicio oral –por Tribunal del Jurado– habría sido un mero trámite, pues la sentencia ya estaba escrita de antemano por la justicia popular que, se quiera o no, también se imparte en nuestra sociedad. 

La propia Dolores Vázquez, en el discurso de la pasada semana, afirmó que el día en que se emitió el veredicto, una funcionaria de la prisión le dijo, cogiéndole las manos, que no tuviera mucha esperanza porque ya había sido condenada de antemano. 

El caso Wanninkhof lo recordamos muchas personas. Es sencillo de relatar, pero tremendamente duro de asumir. Sin necesidad de más detalles: el 9 de octubre de 1999 desapareció la joven de 19 años Rocío Wanninkhof y el 2 de noviembre siguiente apareció su cadáver; tras muchas conjeturas la Guardia Civil detiene el 7 de septiembre de 2000 como principal sospechosa del crimen a la Sra. Vázquez, que ingresa en prisión preventiva y permane privada de libertad un total de 17 meses. En el juicio se argumentó ampliamente acerca de la relación sentimental que la acusada había tenido en el pasado con la madre de la joven Rocío. El 25 de septiembre de 2001, tras el veredicto del Tribunal de Jurado, se dicta sentencia condenatoria a 15 años y 1 día de prisión por un delito de asesinato, sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula posteriormente por falta de motivación, ordenando celebrar un nuevo juicio, en resolución confirmada por el Tribunal Supremo. Finalmente, se descubrió casualmente, a raíz del asesinato de otra joven, que el asesino era otra persona. La Sra. Vázquez fue exculpada, sin que haya sido indemnizada al parecer por diversos problemas técnicos en relación con su reclamación, y se marchó posteriormente a vivir a Inglaterra. Como dijo en su discurso, en ese momento “estaba sola en el mundo”.

Esto fue lo que ocurrió, a muy grandes rasgos, en el procedimiento judicial. 

Pero pasaron muchas más cosas, desde luego. En primer lugar, se produjo el juicio paralelo mediático más llamativo de los que yo haya conocido nunca -y ya van varios-.

En varios medios de comunicación se montaron auténticos shows, con programas especiales, mesas redondas, con conclusiones sobre la culpabilidad de la Sra. Vázquez. No me referiré a medios y programas concretos ni a sus direcciones -ya saben, no quiero querellas-, pero la realidad es que hubo claros ejemplos de un ejercicio indecente de sensacionalismo y dramatismo, de un lado, y predisposición contra la Sra. Vázquez, de otro. Fuera por razón de su pasada relación sentimental con la madre de la asesinada y/o por otras razones, no acierto a comprenderlo, pero lo cierto es que así fue.

Hay sobre este caso varios trabajos universitarios, tanto desde el punto de vista del ejercicio del periodismo como acerca del Tribunal de Jurado. En dichos análisis se concluye que, entre otros muchos medios, incluso diarios escritos considerados “serios”, de máxima tirada, vulneraron los derechos fundamentales de la Sra. Vázquez a la presunción de inocencia y al honor, la intimidad y la propia imagen, generando juicios paralelos a través de sus informaciones y valiéndose del sensacionalismo informativo para alimentar el interés de la audiencia por el caso, por ejemplo, dando prioridad a las declaraciones del Fiscal y de la acusación en detrimento de las de la defensa y mostrando una clara discriminación por la orientación sexual de la acusada. 

Si solamente se hubiera pretendido -y conseguido, desde luego- vender más periódicos y más programas, incluso habiendo sido extraordinariamente lamentable, habría sido un mal menor. Pero la irresponsabilidad de muchos medios fue tal que, incluso siendo conscientes de su papel -al menos, venían obligados a serlo-, se incumplieron todos los códigos deontológicos y, lo que es realmente un mal mayor, se generó una conciencia social contraria a atender a ningún elemento exculpatorio de la Sra. Vázquez y favorable a demostrar cada día su culpabilidad. Lo que, sin duda, tuvo su resultado, el buscado: su culpabilidad y condena judicial. 

También llegó a afirmarse que, en este caso, contra lo que suele acontecer normalmente, las personas candidatas a formar parte del Tribunal de Jurado no presentaron apenas excusas, pareciendo que todas ellas querían formar parte del Tribunal. A lo que se añade que hay un convencimiento bastante extendido -imposible de acreditar, desde luego- de que, de haber sido juzgado el caso por un Tribunal profesional, la sentencia habría sido distinta y que la Sra. Vázquez fue condenada por un Tribunal del Jurado muy influenciado por las noticias incriminatorias de los medios de comunicación y el “clamor social” resultante. 

En España, como en otros países, existe el Tribunal de Jurado como instancia de decisión, como medio de participación ciudadana en la Administración de Justicia, según el artículo 125 de la Constitución, para algunos tipos de delitos, como el que se comenta. De este Tribunal de Jurado se predica una vocación de verdad con el componente de la “percepción ciudadana”, que se entiende reforzada por el deber cívico asociado al desempeño de una función que exige, asimismo, una gran responsabilidad. A través del Jurado, es la propia sociedad la que decide sobre los hechos juzgados: el juicio popular es, por tanto, democrático y soberano -aunque, constitucionalmente, desde luego, no más que el juicio profesional-.

Sin embargo, el hecho de que sea un grupo de ciudadanos el encargado de decidir sobre los hechos probados del caso hace que, en muchas ocasiones, se dude de la capacidad de los jurados de abstraerse de aquello que han conocido al margen del proceso judicial -de ahí el éxito de éste y otros juicios paralelos-. Buscar la “verdad” en este contexto del juicio con jurado popular tiene, si cabe, más dificultades, aunque ello no significa que el Jurado popular yerre más que un Tribunal profesional. 

De otra parte, no debe olvidarse que el magistrado ponente, esto es, el presidente del Tribunal del Jurado, debió en este caso haber devuelto el veredicto a fin de que el mismo fuera debidamente motivado, lo que no hizo dicho juez profesional, permitiendo un veredicto sin motivación, como más tarde instancias superiores afirmarían. 

¿Cabe utilizar este caso para dudar de la capacidad de enjuiciamiento del Tribunal del Jurado? En mi opinión, no, pese a todas las dudas que gran parte de la ciudadanía alberga al respecto. Un Tribunal del Jurado debidamente instruido por quien lo preside -profesional-, cuyo veredicto sea también debidamente examinado y, en su caso, sometido a corrección, ofrece todas las garantías que podemos legítimamente exigir.

En todo caso, volviendo al comienzo, Dolores Vázquez ha sido objeto de una enorme injusticia judicial, social y política. De las dos primeras ya he hablado algo. Resta la tercera, la política.

Cierto que ha sido homenajeada en los términos antedichos. Pero también lo es que no ha sido indemnizada ni reparada de ninguna otra manera por sus 17 meses de prisión y todo el escarnio al que fue sometida, pese a que han pasado ya demasiados años. Y eso que solicitó una indemnización que le fue denegada en el año 2010 por el Ministerio de Justicia -no entraré en los detalles ni en el acierto o desacierto de esta decisión-, por un Gobierno socialista. La medalla recibida es de justicia, pero no es la única reparación que merece. Sea con ocasión del Día de la Visibilidad Lésbica o no, la injusticia cometida merece reconocimiento pleno y, desde luego, asunción de responsabilidades que, aunque ya sin contenido jurídico, hace tiempo debieron ser expresadas.

GARBIÑE BIURRUN MANCISIDOR.

En julio de 2024 escribí en este mismo espacio una colaboración acerca del empleo público irregular. Lo hice a raíz de una cuestión prejudicial elevada al TJUE sobre esta cuestión por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 30 de mayo de aquel año. En el auto en que se planteó la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, el TS preguntó de manera clara y directa, resumidamente dicho, si es contraria a la normativa de la UE la jurisprudencia española que defiende los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación en la libre circulación de trabajadores y niega el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a los trabajadores indefinidos no fijos y si, de ser así, el reconocimiento de una indemnización disuasoria al trabajador indefinido no fijo en el momento de la extinción de su relación laboral, puede considerarse una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales en el sector público.

Había habido antes muchas cuestiones prejudiciales planteadas por Tribunales españoles sobre esta problemática que ha mantenido nuestra atención durante muchos años, dando lugar a sentencias del TJUE en las que ha ido dando respuesta a las mismas. Desde la muy conocida sentencia de 14 de septiembre de 2016, en el caso De Diego Porras, que inició la saga, pasando por la de 22 de febrero de 2024, en la que, en respuesta a tres cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, ha determinado que la calificación como indefinido no fijo no es una respuesta adecuada para combatir el abuso. Y la sentencia del 13 de junio de 2024 en la que, aunque siguiendo el criterio de la anterior, añade una frase que en mi opinión es determinante, al señalar que ello será posible “siempre que esa conversión no implique una interpretación contra legem del Derecho nacional”.

Todas esas sentencias tuvieron gran impacto y enorme presencia en los medios de comunicación, subrayándose por la mayor parte de ellos que el TJUE obliga a declarar la fijeza de las personas trabajadoras de la Administración Pública en situación de abuso de la contratación temporal. Desde luego, no era así, y de hecho no se ha interpretado hasta ahora de esta manera por la inmensa mayoría de los Tribunales españoles.

La expectación por conocer la decisión del TJUE sobre las preguntas que le planteó el TS era máxima. Y hemos conocido la respuesta en la sentencia de 14 de abril de 2026, Caso Obadal. En dicha sentencia, en esencia y muy brevemente expresado, el TJUE rechaza nuevamente que la calificación de trabajador indefinido no fijo sea adecuada en los casos de abuso de la temporalidad y también rechaza una indemnización tasada y la falta de asunción de responsabilidad de las Administraciones y el modo en que se han diseñado los procesos de estabilización de aquel personal, entendiendo que no son medidas ajustadas a la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70 -que es la que se está interpretando-.

Pende también otra cuestión prejudicial planteada por sobre la misma cuestión por el TSJ de Galicia. Conoceremos pronto también su resultado.

Lo que realmente está en el núcleo del debate que aún nos mantiene pendientes es la de la calificación que ha de darse a la contratación laboral pública abusiva. Es decir: si en estos casos la relación laboral ha de ser considerada “indefinida no fija” y, por tanto, susceptible de ser extinguida cuando la vacante se cubra en un proceso reglamentario, con la indemnización que proceda -hasta ahora de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades-, o bien ha de calificarse como “fija”, sin que quepa su válida extinción por tal causa.

Sin duda es un debate que aún preocupa y ocupa no solo a los Tribunales españoles, sino también a todas las Administraciones Públicas y a una buena parte de la ciudadanía.

Ahora hay que esperar a la decisión del TS al resolver los recursos que tiene pendientes sobre esta materia, sin perjuicio de que otros Tribunales resuelvan ya los suyos con arreglo a la doctrina del TJUE en esta última sentencia.

No me gusta predecir el futuro en ningún ámbito y, menos aún en el judicial. Creo, sin embargo, que el TS tiene que decidir varias cuestiones troncales. De un lado, si mantiene o no su doctrina sobre la figura del trabajador indefinido no fijo y la posibilidad de cobertura de la vacante que ocupa con la consiguiente extinción de su relación laboral con el percibo de la indemnización que anteriormente he reseñado. O si, por el contrario, entiende que cabe declarar la fijeza de dicho personal sometido a contratación temporal abusiva, aunque considero poco probable esta posibilidad. También el TS puede decidir que, manteniendo la calificación de la relación laboral como indefinida no fija en tales casos, la indemnización por extinción por cobertura de la vacante sea superior -por ejemplo, de 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, como para los trabajadores fijos despedidos improcedentemente-. O si en tales supuestos no habría obligación de incluir tales vacantes en una Oferta de Empleo Público. Y, finalmente, habrá de resolver también si estas personas tienen derecho a una indemnización que repare los casos de abuso incluso para quienes no ven extinguidos sus contratos por la cobertura de la vacante. 

Ah, y sobre la validez de los procesos de estabilización de este personal diseñados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en cuyo Preámbulo se reseña que “la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia dispone que las autoridades españolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad; y que las diferencias en el régimen jurídico del personal temporal y del fijo deben basarse únicamente en razones objetivas que puedan demostrar la necesidad de estas diferencias para lograr su fin”.

Esperamos expectantes lo que el TS resuelva y cómo desenrede esta madeja. Lo esperamos quienes decidimos sobre estas cuestiones, quienes están en esta situación laboral y, asimismo, quienes pretenden legítimamente acceder al empleo público y se preparan para ello.

En septiembre de 2019 escribí en este espacio una columna titulada “No hay tercera vía contra la discriminación”, en alusión a la situación generada en torno a los “Alardes” de Irún y Hondarribia, que ahora recordaré. 

No pensaba tener que volver al tema y, menos aún, que hechos parecidos se fueran a repetir en otros lugares. Y, si bien no es la única ni será, desafortunadamente, la última vez, lo ocurrido en Sagunto merece seguir reflexionando sobre el largo y demasiado lento viaje hacia la plena y efectiva igualdad de hombres y mujeres. No quiero, en modo alguno, orillar los grandes avances logrados en todos los terrenos, pero tampoco puede obviarse que sigue habiendo déficits importantes.

Un viaje hacia la plena igualdad que pasa, desde luego, por Irún y Hondarribia y también por otras localidades y acontecimientos festivos. Pero, si resalto estas dos, es por su relevancia, su largo, intenso e incesante recorrido y porque me resultan muy cercanas en muchos sentidos. 

Pues bien, en dichas localidades guipuzcoanas, como la mayoría ya conoce, se celebran desde 1522 y 1638, respectivamente, unos desfiles de armas – Alardes – conmemorando, en esencia, sendas victorias o algo similar sobre las tropas francesas en los días, también respectivamente, de 30 de junio – San Marcial – y 8 de septiembre – Virgen de Guadalupe -. Desde aquellas lejanas fechas los Alardes se habían celebrado con la exclusiva participación de hombres en todos los papeles, excepción hecha de la cantinera de cada compañía participante. 

Sin embargo, desde hace años, muchas mujeres y hombres han querido tomar parte en estos Alardes en pie de igualdad, sin que ello haya sido posible todavía hoy de manera normalizada. Ya en 1996 unas pocas mujeres intentaron participar como soldados en ambas localidades, siendo un momento determinante para ellas y para el resto de mujeres y hombres que las apoyaron y también para el resto de la ciudadanía y para la propia celebración. 

No ha sido un esfuerzo gratuito, sino que, aunque no resulte fácil de comprender, estas mujeres y otras personas que las apoyaron se vieron sometidas a un sufrimiento tremendo que ha impactado duramente en sus vidas y en las de sus entornos más cercanos.

Y también en ambas localidades ha habido clamorosos y dolorosos silencios, además de respuestas varias en todos los espacios posibles, incluidos los Tribunales y poderes públicos concernidos. De un lado, se admitió judicialmente, en decisión difícil de entender, la celebración de actos o Alardes “privados”, entendiéndose que no generaban discriminación. De otro, muchas personas y grupos seguimos defendiendo que, como ordena la Constitución, corresponde a los poderes públicos – y en este caso, añado, muy particularmente, a los Ayuntamientos – promover la igualdad real y efectiva y remover los obstáculos que la dificultan. 

Pues bien, resultado de ello es que aún hoy coexisten dos Alardes con base en fórmulas jurídicas distintas: el “”tradicional“, en el que las mujeres solo intervienen como cantineras, impidiéndoseles otro papel - absolutamente discriminatorio, por tanto – y el ”mixto“ o auténticamente igualitario, en el que mujeres y hombres participan en igualdad y libertad. Algo que genera una inmensa perplejidad, pues, en mi opinión, ello contraviene la propia Ley de Igualdad de Euskadi, que prohíbe expresamente la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en las que se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

¿Y qué han hecho los poderes públicos al respecto durante estos años?. 

De un lado, es cierto que el Gobierno Vasco, a través de Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer –, y el Parlamento Vasco, a través del Ararteko o Defensor del Pueblo, apoyan incluso presencialmente el desfile igualitario. Pero se puede también afirmar que, al mismo tiempo, falta una intervención clara y decidida – decididamente visual - de ambas instituciones, en defensa enérgica e indubitada de la Ley de Igualdad. 

Los Ayuntamientos, por su parte, durante demasiado tiempo se han resistido a cualquier avance. En Irún se viene solicitando la organización de un “Alarde Municipal”, como se había hecho durante cientos de años, hasta que se produjo este absurdo e injusto conflicto. Una petición que no ha tenido respuesta positiva, a lo que se añade la inmensa e imborrable vergüenza de que desde 1996, no haya sido sino en 2023 cuando quien ha sido Alcalde desde 2002 – José Antonio Santano, del PSE-EE, hoy Secretario de Estado de Transportes – haya recibido al Alarde igualitario, siendo así que siempre había recibido, sin ningún rubor y con total desparpajo, al Alarde discriminatorio. 

En Hondarribia la situación ha sido similar – Alcaldía del PNV hasta 2023 -, y, por el momento, tampoco ha cambiado sustancialmente desde esta fecha con el nuevo Ayuntamiento, lo que ha generado una cierta “decepción” en la consideración de la Compañía Jaizkibel – la compañía mixta -, si bien ha habido una mayor consideración oficial hacia esta Compañía.

Y, entretanto, la discriminación sigue desfilando y haciéndose presente e hiriendo cada año, en una especie de inasumible tercera vía, cual es la de que cada cual disfrute de la fiesta como lo desee, incluso si ese disfrute es claramente discriminatorio. 

Un último y muy reciente acontecimiento merece ser resaltado, por su novedad. El pasado 26 de marzo el Ayuntamiento de Hondarribia aprobó su II Plan de Igualdad, en el que el Alarde es abordado en dos líneas: avanzar para la resolución del conflicto – ¡qué menos! - y, lo que, en mi opinión, tiene un gran interés, “analizar fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres a favor de un alarde igualitario”. A destacar que este Plan recibió el voto en contra del PSE-EE y del PNV. Ya ven que aún estamos así – así de mal, quiero decir -.

Y ahora, ustedes se preguntarán, y con toda la razón, ¿qué hay de lo de Sagunto? ¿Qué hay de esa decisión de la Cofradía de la Purísima Sangre de rechazar la participación de las mujeres en la procesión de la Semana Santa, apelando, una vez más, a la “tradición”?

Pues, sobre lo que ocurre en Sagunto, desconozco los detalles, más allá de lo leído. Pero, miren, borren de esta columna los términos de Irún, Hondarribia y Alardes y dejen el resto, pues sirve prácticamente en su integridad. Con una diferencia relevante: la Ministra de Igualdad ha anunciado que llevará el tema a la Fiscalía y que podría privar a la Semana Santa de Sagunto de su calificación de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una decisión – esperemos que así termine siéndolo – cabal y necesaria que, lamentablemente, y de manera inexplicable, nunca se ha anunciado ni sugerido para otros conflictos discriminatorios similares, como los de Irún y Hondarribia. 

Estamos en el buen camino para la igualdad real y efectiva. No cabe, ciertamente, negar los avances en terrenos muy relevantes. Pero no cabe, tampoco, negar todas las dificultades y la realidad que cada día vemos. Una realidad que muestra todavía hoy altísimos niveles de violencia sobre las mujeres, desigualdad laboral, brecha salarial, diferencias en la asunción de las responsabilidades domésticas y de los cuidados y, en definitiva, diferentes oportunidades y condiciones de vida entre mujeres y hombres.

Hay quien opina que, comparada con estos otros terrenos de desigualdad, la participación de las mujeres en actos festivos es un tema menor, pero no es así. La igualdad no puede quedar al margen de los momentos en que la ciudadanía disfruta de tradiciones y diversiones, pues son momentos muy relevantes para la cohesión social. La fiesta une – o desune, como en los casos comentados – y es una expresión clara de la participación ciudadana. En estas fiestas que comento, es claro que no se habría tolerado en los últimos años pretender impedir, por ejemplo, la participación de personas de otras procedencias, pues ello habría sido humanamente injustificable, socialmente insoportable y jurídicamente insostenible. ¿Por qué se sigue, sin embargo, permitiendo orillar a las mujeres en muchas fiestas tradicionales?. ¿Por qué se sigue negando a las mujeres un papel en plena igualdad?.

Hay quien cree que hay “demasiada igualdad”, tal como revelan algunas encuestas. Pero la igualdad está cambiando el mundo y va a seguir haciéndolo para que cada persona disfrute de ello y mujeres y hombres vivamos iguales cada día en cada espacio de vida y en cada lugar.

El pasado 17 de marzo, hace justo una semana, se vivió una jornada de huelga general en la Comunidad Autónoma de Euskadi y en la Comunidad Foral de Navarra. La convocatoria fue hecha por los Sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru. Su objetivo era la reclamación de un Salario Mínimo Interprofesional – SMI – en cuantía de 1.500 euros en ambas Comunidades, en lugar del SMI estatal de 1.221 euros mensuales, así fijado en el Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija este salario para el año 2026.

No haré valoraciones sobre dicha jornada de huelga ni sobre su seguimiento, si bien no puedo dejar de rechazar expresamente algunas situaciones violentas que se vivieron durante su transcurso. No es necesario – y, menos aún, legítimo – acudir a determinados medios de coerción, pues tan derecho fundamental es sumarse a la convocatoria de huelga como no hacerlo.

En todo caso, lo relevante es que hay una reivindicación sindical mayoritaria en el sentido antedicho. Y, asimismo, una reivindicación política sostenida en Euskadi y Navarra por EH Bildu y, en otras Comunidades, por ERC y BNG, que han reclamado un “SMI propio por encima del estatal” en una declaración conjunta emitida el pasado 16 de marzo, poniendo de relieve que “la homogeneización y establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional único e idéntico para todo el Estado tiene consecuencias negativas para miles y miles de personas trabajadoras” y que “supone, de facto, una equiparación a la baja de las condiciones laborales para los y las trabajadoras de Euskal Herria, Galiza y los Països Catalans, así como también de las clases trabajadoras de otros territorios y pueblos...”.

Una reivindicación también apoyada en Navarra por Geroa Bai que, junto con EH Bildu, presentó una proposición de ley en el Parlamento Foral, que no resultó aprobada al ser rechazada por PSN, Contigo/Zurekin, PP, UPN y VOX.

En Euskadi también se ha producido un debate en el Parlamento sobre esta cuestión, impulsado por EH Bildu, aprobándose, con el único apoyo del PNV y el PSE-EE, en una enmienda a la totalidad a la propuesta de EH Bildu, la expresión de “la conveniencia de abordar mediante la negociación colectiva un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponde con la realidad socioeconómica de Euskadi”, pero rechazando la pretensión de negociación con el Gobierno central para un traspaso de competencias que permita establecer legalmente un SMI propio.  

Este es, grosso modo, el panorama político y sindical. Al que ha de sumarse, para poder tener una idea global, que, recientemente, en Sentencia de 30 de enero de 2026, la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco desestimó la demanda de los Sindicatos ELA y LAB en pretensión de declaración de que la conducta de la patronal CONFEBASK, que había declinado negociar un Acuerdo Interprofesional para fijar un salario o retribución mínima para las personas trabajadoras de Euskadi, era una negativa ilegal. Muy resumidamente, esta Sentencia – cuya Ponente fue quien ahora escribe estas líneas – consideró que la patronal no estaba obligada a dicha negociación porque la determinación de un salario mínimo es competencia del Gobierno según lo prevé el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores – ET -.

Al tiempo que escribo esta columna, leo que CONFEBASK ha rechazado acudir nuevamente a la mesa negociadora a la que ha sido convocada para hoy, 23 de marzo, por los Sindicatos ELA y LAB con similar pretensión a la anterior.

La cuestión es jurídica, o sea, política, pues el Derecho surge del debate político. Y la pregunta es, ¿cabe fijar un SMI propio en una Comunidad Autónoma, distinto del del Estado?

Hay que afirmar con claridad, en primer lugar, que ningún obstáculo existe para que, mediante la negociación colectiva en el ámbito autonómico, los agentes sociales acuerden un salario mínimo aplicable a todas las personas trabajadoras amparadas por un Convenio. Ningún obstáculo legal existe al respecto. Claro que ello tiene un inconveniente no menor, ya que de tal acuerdo colectivo quedarían excluidas las personas no cubiertas por Convenio, que son, precisamente, quienes tienen salarios más bajos – por ejemplo, las empleadas de hogar -. Por tanto, es una solución manifiestamente insuficiente e insatisfactoria para la finalidad de lograr que el SMI se ajuste para todas las personas lo máximo posible a las circunstancias socioeconómicas del entorno – la Comunidad Autónoma, en el caso -.

Más discutible es si la negociación colectiva puede o no acordar un SMI propio para “todas las personas trabajadoras” de una Comunidad Autónoma, como era lo pretendido en el litigio al que acabo de referirme. Al respecto existen fundadas opiniones en un sentido y en otro. Veremos lo que resuelve el Tribunal Supremo, pues tendrá ocasión de ello, al haber sido recurrida la Sentencia citada.

Pero, sin duda, la clave para resolver la cuestión se halla en la competencia para fijar un SMI. El artículo 27 ET la atribuye al Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, y teniendo en cuenta determinados factores que enumera. Se trata, en principio, de una competencia exclusiva del Estado, tal como determinan los sucesivos Reales Decretos que lo fijan, cuando señalan que dicha norma se dicta “al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas”.

Y, ¿podría transferirse esa competencia a una Comunidad Autónoma? En mi opinión, la respuesta es claramente afirmativa. Cabe una transferencia o una delegación de una competencia estatal por medio de Ley Orgánica en virtud de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución. 

Pero, ¿le interesa a alguien esto? Políticamente – partidistamente -, quiero decir. Pues creo que más bien poco. De un lado, ello permitiría una diferencia clara en los salarios mínimos en las distintas Comunidades Autónomas, lo que no es fácilmente vendible por los partidos de la izquierda estatal, algo constatado por su escaso – nulo - entusiasmo en esta materia. Por otra parte, no mayor afán muestra el PNV, para quien esto sería una patata, no ya caliente, sino realmente ardiente, como también lo demuestra el hecho de que este partido insista en reclamar la negociación colectiva entre los agentes sociales para un SMI vasco, pero no haga esfuerzo alguno en conseguir esta competencia. Y de EH Bildu no puedo decir otra cosa distinta, porque tampoco ha hecho valer esta cuestión en su participación en el Congreso de los Diputados, al menos que yo sepa.

Termino aclarando dos cuestiones: de un lado, que no sería posible en absoluto, también en mi opinión, que pudiera fijarse un SMI inferior al del Estado, pues sería una condición laboral mínima que no podría ser empeorada. De otro lado, que este posible SMI autonómico no podría tener eficacia en orden a ser, como lo es el SMI, referente para determinar diversas prestaciones sociales.

Veremos cómo termina esto, pero es claro que no será en esta legislatura.

También podría haberse titulado esta columna algo así como “el TJUE admite que los Estados miembros de la UE no traten de la misma manera a las personas indigentes nacionales de terceros países que a las nacionales propias y exija a las primeras disponer de un derecho de residencia permanente en su territorio adquirido tras un período ininterrumpido de cinco años”.

Claro que era un título demasiado largo y, además, comenzaba por el final. El final de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE – que interpreta el Derecho comunitario al resolver una cuestión prejudicial elevada desde un Tribunal italiano. Ahora lo explico.

El pasado 5 de marzo el TJUE dictó una Sentencia (asunto C-151/24) en la que concluyó como ya he avanzado, esto es, que cabe excluir del derecho a obtener un subsidio social para personas de edad avanzada en situación de indigencia a los nacionales de terceros países que no sean titulares de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

En primer lugar, conviene aclarar que, aunque sigue siendo objeto de atención por el resultado de la Sentencia, ésta no es del todo novedosa, pues ya había otras dos Sentencias del TJUE en un sentido parecido, aunque no igual, dictadas el 11 de noviembre de 2014 (asunto C-333/13) y de 15 de septiembre de 2015 (asunto C-67/14). 

Ahora lo subrayable es que se trata de un “subsidio” para “personas de edad avanzada en situación de indigencia”. Anoten estos datos.

En el caso que ahora comento, el TJUE fue interpelado por nada menos que la Corte Constitucional italiana – su Tribunal Constitucional - al objeto de interpretar un precepto de la Directiva 2011/98/UE, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. La Corte Constitucional elevó esta cuestión al TJUE en el marco de un litigio entre una ciudadana nacional albanesa residente en Italia, y el Instituto Nacional de Previsión Social de Italia, en relación con la negativa de este último a concederle una prestación en metálico reservada a personas mayores de sesenta y cinco años – edad elevada a sesenta y siete años en 2019 - que se encuentran en una situación económica precaria.

La denegación de ese subsidio se basaba en la legislación italiana, según la cual, para que un nacional de tercer país pueda disfrutar de ese derecho ha de ser titular de un permiso de residencia de larga duración y haber residido legal e ininterrumpidamente durante al menos diez años en el territorio nacional.

La ciudadana albanesa litigó con insistencia frente a aquella denegación y llegó, en Italia, hasta su Tribunal Supremo, Tribunal que se planteó dudas de adecuación de esa normativa con su Constitución, por lo que remitió el tema a la Corte Constitucional. Es de pensar que a la Corte Constitucional le entraron serias dudas y seguramente algún temblor de piernas a la hora de decidir, habida cuenta de la vigencia del principio de igualdad de trato, tanto en la Constitución italiana como en la UE – con los matices que ahora se verán -. Y así fue como se elevó al TJUE la cuestión prejudicial antedicha.

En esta Sentencia el TJUE analiza el ámbito material del Reglamento 883/2004 y de un precepto de la Directiva 2011/98. Dicho precepto de esta Directiva se refiere al principio de igualdad de trato. Les ahorro los como siempre largos razonamientos del TJUE, que argumenta, en esencia, con base en la normativa comunitaria citada, que el subsidio social objeto del litigio es “una prestación especial en metálico no contributiva” que se financia mediante impuestos no mediante cotizaciones sociales y cuyo objeto es garantizar medios para subsistir a personas que no pueden asegurar su propia subsistencia, entrando dentro del concepto de “asistencia social”.

Hasta aquí nada que llame la atención, pues es una mera descripción de la situación y de la esencia del subsidio en cuestión.

El núcleo de la decisión del TJUE descansa en recordar que el Derecho de la UE optó expresamente por no extender ese derecho a la igualdad de trato a las prestaciones que no pueden calificarse de prestaciones de «seguridad social», esto es, a las prestaciones especiales en metálico no contributivas. Y sigue argumentando que, en consecuencia, los Estados miembros no están obligados, por lo que respecta a estas prestaciones especiales, a respetar la regla de igualdad de trato y pueden, por consiguiente, decidir supeditar la concesión de tales prestaciones a los nacionales de terceros países al cumplimiento de un requisito diferente del aplicable a sus nacionales, como el criterio de integración, cuyo cumplimiento se acredita mediante la posesión de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

Y así, concluye como ya he dicho más arriba, esto es, que el Derecho de la UE no se opone a la normativa italiana que denegó el subsidio de subsistencia a la ciudadana albanesa que no tenía un permiso de residencia de larga duración.

En nuestro caso, el TJUE diría lo mismo, claro está, si llegara la ocasión. Recordemos que nuestra prestación principal para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de quienes carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas es el Ingreso Mínimo Vital, creado y regulado por la Ley 19/2021. Una prestación no contributiva, desde luego, para la que, en relación con el tema ahora tratado, se requiere “tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud”, requisito de plazo no exigible en determinados supuestos - menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género -.

Y ¿ por qué y para qué les he contado todo esto? Pues, principalmente, para que seamos conscientes de que determinados derechos no están asegurados de manera definitiva ni por nuestra normativa ni por la de la UE y de que, ni siquiera ante las situaciones de necesidad más extremas, todas las personas somos iguales. Bueno, en realidad, podríamos ser iguales: todo depende de lo que el Estado y la UE y otros entes – o sea, en definitiva, la ciudadanía, si somos lo suficientemente exigentes - decidan. 

Nota: si cito los datos de las Sentencias es, como ya he dicho en alguna ocasión anterior, para que cualquiera de ustedes pueda, si así lo considera, buscarlas y acceder a su contenido para tener mejor conocimiento de causa.

Viene esto al hilo de las siguientes palabras: “Digan fuera de este hemiciclo que yo conocía los hechos y que no actué y entonces nos veremos en otras instancias. Los hechos son de tal gravedad que no voy a permitir calumnias”. 

Son palabras del ministro Grande-Marlaska el pasado miércoles 18 de febrero en el Congreso de los Diputados. Palabras dirigidas a los representantes del Grupo Popular que, en la correspondiente sesión de control al Gobierno, le hicieron varias preguntas sobre la denuncia de agresión sexual del ya ex-Director Adjunto Operativo – DAO -, esto es, el segundo en el Cuerpo Nacional de Policía. Una denuncia que ya no es solamente eso, sino que es objeto de una querella ya admitida a trámite, interpuesta por la mujer, inspectora del Cuerpo, que acusa de gravísimos hechos a José Ángel González. 

La cuestión es que, cuando el ministro del Interior dijo eso de ¡dímelo en la calle si tienes lo que hay que tener! - en libre traducción mía -, estaba apelando a que quienes así lo interrogaban se desprendieran del manto protector – hoy podríamos decir, del “burka” - de la inviolabilidad que los protege en su condición de diputados/as.

Una inviolabilidad consagrada por el artículo 71.1 de la Constitución, que determina que “Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, lo que también tiene su reconocimiento en los Reglamentos del Congreso y del Senado. Una prerrogativa que se ha considerado imprescindible, dado que se relaciona directamente con la doble función de representación del pueblo español, como reza el artículo 66.1 del texto fundamental, y de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, tal como contempla su artículo 23.1.

Prerrogativa que también alcanza, por así contemplarlo los Estatutos de Autonomía, a los miembros de sus Asambleas Legislativas, igualmente en el ejercicio de sus funciones.

Inviolabilidad que es de carácter permanente, esto es, se extiende una vez finalizado el mandado del parlamentario, de manera que nunca se podrá exigir responsabilidad por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio pasado de sus funciones, si bien, claro está, tal inviolabilidad no protege en relación con las opiniones vertidas con anterioridad y con posterioridad al ejercicio del cargo.

Inviolabilidad que se considera esencia de la democracia representativa y, por ello, común a la mayoría de los sistemas parlamentarios. Si bien es cierto que en los Estados democráticos actuales esta prerrogativa está en debate y, en nuestro concreto caso, ha de ser puesta en relación crítica con el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y, asimismo, con el derecho a la tutela judicial efectiva de su artículo 24, en evitación de espacios que impidan vulneración de derechos fundamentales de terceras personas y su persecución. 

Conviene recordar la finalidad de esta inviolabilidad de “preservación de un ámbito cualificado de libertad en la crítica y en la decisión sin el cual el ejercicio de las funciones parlamentarias podría resultar mediatizado y frustrado, por ello el proceso de libre formación de voluntad del órgano” y de “protección de la libre discusión y decisión parlamentarias (…), decayendo tal protección cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de «político» incluso), fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario”, tal como lo afirmó el Tribunal Constitucional – TC - en su Sentencia 51/1985.

No han sido pocas las ocasiones en que el TC se ha pronunciado a este respecto, además de la antedicha. Incluyendo el análisis de ese ¡dímelo en la calle!, cuando, en su Sentencia 243/1988, se afirmó que “La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario”.

Esto es, la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de estas funciones de representación no alcanza solamente lo que ocurre “dentro” o en el “espacio físico” de los edificios que albergan el Congreso y el Senado, sino que también abarca lo que ocurra “dentro” de esas funciones parlamentarias, aunque las opiniones controvertidas se produzcan “en la calle”, dado que tales funciones requieren, sin duda, el contacto con la ciudadanía y el público pronunciamiento sobre diversas cuestiones. 

Pero, para no quedarnos en la anécdota un tanto pobre e infantil que ha dado pie a esta columna, entiendo más relevante indagar algo más, no tanto sobre el “dónde” sino sobre el “qué”, en relación con la inviolabilidad. Esto es, cabría abrir un debate sobre si esta prerrogativa parlamentaria debiera tener algún límite, como lo tiene la libertad de expresión en algunos terrenos de especial dureza. Piénsese en posibles expresiones que podrían constituir, fuera de este ámbito, graves delitos de, por poner solamente dos ejemplos, justificación de genocidios u otros delitos asimilables o enaltecimiento y justificación del terrorismo. 

Un debate que, en realidad, ya existe en nuestro entorno sociopolítico, toda vez que hay textos constitucionales que reconocen una inviolabilidad parlamentaria relativa, dejando fuera de su ámbito de protección algunas expresiones como “las injurias calumniosas”, en el caso de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o no abarcando “la difamación calumniosa”, como hace la Constitución de Grecia de 1975. O como hacen sendas Leyes de Finlandia o Suecia, que permiten perseguir penalmente por opiniones vertidas en el ejercicio de funciones parlamentarias. Debate en el que el Parlamento Europeo se sitúa en el lado de la “inviolabilidad absoluta”, en la remisión que se hace al Protocolo de 1965, como lo hacen igualmente la Constitución española, como he dicho, y otras, como las de Francia, Italia o Portugal. 

No deja, por otra parte, de resultar cuando menos curioso, que esta inviolabilidad lo sea hacia “fuera” y no hacia “dentro”. Esto es, si bien no cabe perseguir a un representante por sus opiniones vertidas en el ejercicio de su función parlamentaria, sí cabe que las presidencias del Congreso y el Senado, de conformidad con sus respectivos Reglamentos, ejerzan su potestad disciplinaria y sancionadora en relación con tales opiniones o maneras de expresión. 

En cualquier caso, esta inviolabilidad debe siempre ir indisolublemente unida a la “responsabilidad”, algo que no parece fácil de exigir en la actualidad, pues no abunda. La ciudadanía representada por diputados/as y senadores/as merecemos un mayor respeto que el que se manifiesta cuando, “en el ejercicio de funciones parlamentarias” se utilizan expresiones y contenidos que podrían ser objeto de responsabilidad jurídica – civil y/o penal – para el resto de personas. No es de negar que la discrepancia política e ideológica y el debate parlamentario exigen que este se desenvuelva en libertad y, por tanto, con la seguridad de no persecución por opinión. Pero tampoco es de negar que no es de recibo tener que escuchar cada día opiniones que sobrepasan todos los límites dialécticos prevaliéndose de la “inviolabilidad” que protege a “sus Señorías”.

Debieran pensárselo mejor antes de hablar en sede parlamentaria, todos. Porque, lo que no podría ser dicho en la calle, so pena de incurrir en alguna responsabilidad jurídica, mejor sería callarlo o decirlo de otra manera. Así, lo que puede decirse dentro podría también decirse fuera. Y el discurso y el debate parlamentarios no estarían tan alejados de la ciudadanía, que debiera también poder decir en la calle lo que se dice en el Parlamento. Y hablaríamos el mismo lenguaje con la misma libertad para contribuir igualmente a la legítima crítica de las actuaciones políticas de quienes nos representan.

Define el Diccionario de la RAE una “red social” como “Plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios”.

Dicho así, poco nos ilustra acerca de la realidad de estos sistemas de “comunicación”. Desde que se creó Facebook, en 2004, o Twitter, en 2006, muchas cosas han pasado, la mayoría de las cuales no habríamos siquiera podido imaginar, no yo, al menos. Desde entonces han surgido otras nuevas “redes sociales” y, en conjunto, todas ellas están vinculadas a concretos países y a personas con un enorme poder económico, gran parte del cual se ha generado precisamente a partir de ese instrumento.

Tengo que reconocer, sin sonrojo alguno, desde luego, que no soy una de ese “gran número de usuarios” que entran en contacto en una de estas redes. Y eso que, estadísticamente, es difícil pertenecer a ese pequeño grupo humano que permanece al margen de estos mecanismos. Y es que, según los datos, cerca del 90% de las personas que navegan en Internet utiliza las redes y, a su vez, el 95% de la población española utiliza Internet. De manera que, calculen de lo que estamos hablando, aunque lo saben seguramente ustedes mejor que yo.

He de hacer un matiz porque, si bien no utilizo estos medios, hace unos quince años creé un perfil de Facebook, con mi nombre, que no he usado nunca y, de hecho, hoy es el día en que aún no sabría cómo colocar un mensaje. La verdad es que no sé por qué lo hice. Sin embargo, tener ese perfil abierto me ha permitido saber algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la cantidad de personas que “me invitan a ser su amiga” a través de sus “invitaciones de amistad”. Personas que, en su mayoría, me resultan totalmente desconocidas y cuyo interés desconozco, sin desconfiar de él, claro está. Invitaciones a las que, obviamente, dada mi perspectiva, no respondo, esperando que nadie de quienes no me conocen se ofenda por no aceptar su “amistad”.

Si estamos en un mundo – y lo estamos, sin duda – en el que la “amistad” es así de fácil, así de etérea y de insustancial, en un mundo en el que la mayor parte de la gente tiene infinitamente más “amigas y amigos” virtuales que reales, este es un mundo que ya no es el mío. Por eso no participo en él, en este mundo virtual, quiero decir.

Un mundo en el que la reflexión mínimamente sosegada no existe, en el que es habitual el insulto y en el que corren noticias y lo que no son noticias a una velocidad pasmosa y con una duración absolutamente efímera. Un mundo en el que muchas personas ignoran lo que es real y lo que no, lo que es cierto y lo que no, pero que, normalmente, tienen a creer todo lo que leen y oyen.

Algo tiene, sin embargo, este espacio de las redes sociales, dado que, incluso quienes se muestran en contra de su mal uso, y con razón, quienes despotrican contra sus propietarios y contra la manipulación de la realidad, con igual razón, incluso estos despliegan su protesta en el marco de dichas redes. Bien curioso y bien sencillo de entender, dado que tampoco aquí se busca la reflexión sino la rápida divulgación de una idea que puede durar media mañana.

Pues bien, hace unos días, como es bien sabido, el Presidente del Gobierno anunciaba en Dubai que “España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de dieciséis años”, destacando la “urgencia en un momento que considera definitorio de cara a las generaciones venideras” y planteando “la necesidad de recuperar el control de la gobernanza digital y de las redes sociales para que sean un espacio sano y democrático”, tal como consta literalmente en la página web de La Moncloa. Asimismo ha anunciado otras medidas relativas a las plataformas digitales.

Llama la atención el momento, el lugar y el modo de este anuncio. Y su gran objetivo, también expresado en la misma comparecencia, de “devolver a las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado”, en las palabras de Sánchez. ¿De verdad es una “tierra prometida”? ¿Prometida por quién, por Elon Musk por Pavel Durov…?Durovometida para qué?

Pero lo que resulta más llamativo es la medida estrella de este anuncio: la prohibición de acceso a las redes sociales de los menores de 16 años. Llamativo, no por su contenido, sino porque, desde luego, no tiene ninguna novedad. Así, en efecto, no es nueva esta medida. Es una medida que ya consta en el “Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales”. Un Proyecto cuya tramitación fue aprobada el 10 de septiembre de 2025 por el Congreso de los Diputados y que había sido publicado en su Boletín Oficial el 11 de abril de 2025.

Fue el ministro Bolaños el que defendió el Proyecto de Ley en sede parlamentaria, recordando datos tan relevantes como que “la edad media en la que los menores tienen móvil en España es de 11 años y que el 99% de ellos están en redes sociales”. Y dio a conocer toda una batería de medidas protectoras, como la fijación de la edad mínima de registro en redes sociales a los 16 años, la regulación expresa del uso de cualquier dispositivo digital en los centros educativos, la obligatoriedad para los fabricantes de terminales con acceso a Internet de establecer medidas gratuitas de protección a los menores como, por ejemplo, un sistema de control parental, acompañado todo ello de medidas de reforma del Código Penal para tipificar nuevas conductas delictivas. Todo lo cual consta en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en su comunicación del pasado 9 de octubre.

Medidas alguna de las cuales ya se han aprobado en otros lugares, como en Australia, país en que, desde diciembre de 2025, rigen medidas importantes contra el uso de redes por los menores. O como podrían tomarse también, según se ha anunciado, en Francia, Reino Unido o Grecia. Y, lo que tendría mucha mayor relevancia si se aprobara, la posible adopción por la UE de medidas similares, como ya se aprobó el pasado 26 de noviembre de 2025 al votar los miembros del Parlamento Europeo un informe con un resultado de 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones en el que se expresa la profunda preocupación por los riesgos para la salud física y mental de los menores en el entorno digital y se propone una edad mínima armonizada en toda la UE para el acceso a redes sociales y plataformas, edad que sería de 16 años en general y de 13 años para el caso de contar con el consentimiento parental.

El anuncio del Presidente ha generado reacciones de todo tipo, como era de esperar – y como, sin duda, ha sido buscado . Desde quienes defienden la medida en su integridad hasta quienes consideran que es una medida puramente populista que no tendrá grandes resultados – dejo al margen otras reacciones como la de Musk -.

Por mi parte, considero que, como ocurre con muchas medidas legislativas, su finalidad es loable y su necesidad es absoluta, pero que se deberá afinar mucho para que estas medidas sean verdaderamente eficaces.

Sobre todo, habrá que fomentar, déjenme seguir soñando, que menores y mayores disfrutemos de la verdadera amistad, de la calma necesaria para la reflexión sosegada y el intercambio de opiniones y puntos de vista. Si esto se consigue en las redes sociales, estupendo. Si no, hay otros espacios todavía, hay “tierra prometida” para ello.