Es domingo al mediodía y la persiana de 'La Pelu de Maakum', en Getafe, ya está levantada. Hoy Otman, un joven marroquí que llegó a España solo cuando aún era menor de edad, está a cargo del negocio. La maquinilla de cortar ya está en marcha y a su sonido lo acompañan los últimos éxitos de reggaeton. Dentro, sentado en una butaca frente a un espejo apaisado, espera su amigo Ismail. Es uno de sus primeros clientes tras la apertura del nuevo local hace poco más de una semana. 

El cartel de la entrada, con grandes letras y un par de tradicionales postes de barbería pintados a rayas, señala que estamos en una peluquería. Pero 'La Pelu de Maakum' es mucho más. El proyecto nació, apoyado por la asociación Makuum Ceuta, como una alternativa de empleo y formación, gestionada por y para jóvenes que, tras migrar solos a España siendo niños, corren el riesgo de quedarse en situación de exclusión en la Comunidad de Madrid. Junto al propietario del negocio, Otman saca adelante buena parte del trabajo. Él fue uno de esos niños migrantes a los que la extrema derecha ha vuelto a colocar en el foco de su discurso xenófobo, en plena campaña electoral en Madrid.

“La peluquería nos da un respiro entre tanto racismo como hay en España”, reflexiona Ismail, también “exmena”, mientras Otman continúa con el corte. “Esto también es una forma de luchar por vidas dignas y contra el odio”, dice el peluquero, ilusionado con su nuevo empleo.

“Lo que más me gusta hacer son líneas como esas”, describe el joven de 18 años, señalando las rayas que decoran el lado derecho de la cabeza de otro de sus amigos, Youssef. Aunque, corre a aclarar, él hace “de todo”: corta, peina, lava… “Lo que quieras”, comenta entre risas. “No me lo corto mucho porque yo lo llevo siempre desordenado”, le dice Ismail. Esta mañana también ha venido a visitarles otro amigo, Hicham, quien no despega la cámara de su móvil de todo lo que va ocurriendo en el local, orgulloso del trabajo de sus compatriotas.

Otman, Youseff e Hichman comparten una trayectoria similar. Dejaron Marruecos hace dos años y llegaron a Ceuta, donde malvivieron durante unos meses. “Me fui en busca de mejores oportunidades. Mi familia era pobre. En Marruecos a lo mejor cobras 80 euros al mes, tampoco tienes posibilidad de estudiar y, claro, así no se puede vivir”, dice el joven peluquero. Su llegada a España tampoco sería fácil. En Ceuta estuvo en un centro de menores del que escapó porque, dice, no lo trataban bien. “Prefieres ir a la calle”, lamenta cabizbajo.

Su día a día consistía, relata, en buscar algo que comer y “escapar de la policía”, hasta que un día consiguió cruzar a la península en los bajos de uno de los camiones transportados por los ferrys que atraviesan el Estrecho cada día. De Andalucía fue trasladado a Madrid, donde ha pasado por varios centros.

En alguno de ellos ya empezaba a apuntar maneras: “He cortado el pelo hasta a 14 compañeros en un fin de semana”, dice riéndose cuando describe las condiciones en las que lo hacía. Ahora vive en un centro de acogida gestionado por una ONG.

La odisea de conseguir un contrato 

“Cuando nos enteramos de que iban a cerrar [la peluquería que había antes] surgió la idea, pero era algo que siempre habíamos tenido en mente”, cuenta Joana, vecina de Getafe y miembro de Maakum, que conocía el antiguo local y a su propietario, Soufian. “Los impedimentos” impuestos a los jóvenes como Otman cuando llegan a España, tanto cuando son menores como cuando ya cumplen la mayoría de edad, explican la necesidad de este proyecto.

Cuando Otman cumplió los 18 años hace cinco meses, fue trasladado a otro centro. “Te ayudan para salir adelante pero no encuentras formas de trabajar y me da miedo que algún día me echen y no tenga aún los papeles en regla. Entonces no puedes hacer nada… Sin un trabajo, no puedo alquilar una habitación. Por eso, ahora, con la peluquería estoy mucho mejor”, dice con una sonrisa intuida detrás la mascarilla.

“Cargan en la espalda una serie de cosas por las que normalmente un chaval no tiene por qué preocuparse: autorización de residencia, permiso de trabajo, búsqueda de empleo, formación”, agrega Joana.

Uno de los problemas principales es que, a pesar de que las comunidades autónomas tienen la obligación de documentar a estos niños y adolescentes antes de que cumplan los 18 años, en reiteradas ocasiones la Administración no cumple con esta responsabilidad. Esta situación retrasa su acceso al mercado laboral y, por lo tanto, su independencia económica y, en muchas ocasiones, les empuja a la irregularidad al alcanzar la mayoría de edad.

“Todo termina siendo una barrera: si no tienen residencia, no pueden encontrar trabajo y si no encuentran trabajo, no pueden seguir con su vida”, añade Joana.

Actualmente, el Gobierno está tramitando una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería para evitar que los niños y adolescentes que llegan solos a España se queden en situación irregular cuando cumplan los 18 años y favorecer su inclusión.

“La Pelu es una puerta para salir adelante”

Tiene pocos días de vida, pero el local ya cuenta con el material imprescindible. Butacas para los que esperan ser atendidos, dos espejos y sillas y una lavacabezas. Además, antes de la inauguración, una treintena de jóvenes marroquíes ayudaron con la reforma. La remodelaron de arriba abajo: “Hemos trabajado duro”, dice Hicham, que no descarta aprender pronto a cortar el pelo. “La Pelu es una puerta para salir adelante y para ayudarnos a conseguir los papeles”.

“La peluquería no es para mí solo”, dice Otman. “Porque yo puedo conseguir mis papeles e irme… Pero no, esto es para que después vengan más chicos”. Por ahora, a Otman lo acompaña y ayuda también Soufian, el propietario del local. “La idea es que el día de mañana esto lo lleven ellos, los gastos, la gestión. No lo dudé, acepté encantado, porque es muy jodido buscar un contrato”, cuenta por teléfono el peluquero, que está convencido que “poco a poco Otman tendrá más clientes”.  

“Está muy bien”, suelta Ismail, mirándose al espejo después del lavado final. Él forma parte además del colectivo ExMenas de Madrid. “No son personas que necesitan solo comer o dormir en algún sitio, sino que necesitan recursos, formación, prácticas, eso son oportunidades y muchos chicos no llegan porque una vez te ves en la calle, ¿quién te confía en ti?”. 

Joana añade que si en Madrid no existe ningún proyecto así es también por las dificultades con las que se encuentran las asociaciones y los jóvenes a lo largo del proceso: desde falta de información, formación necesaria para sacar adelante algo de nuevo o un mejor acompañamiento. “La respuesta suele ser muy asistencialista”, zanja, y apuesta por líneas de trabajo que motiven su autonomía y emancipación.

Todos coinciden en que “La Pelu de Maakum” tiene futuro. Desde la asociación han sufragado los primeros gastos, pero quieren que el proyecto se sostenga en el tiempo, por lo que promueven su financiación a través de una campaña de crowdfunding.

“Cortar el racismo” 

Una pata importante del proyecto es también acabar con los discursos de odio hacia las personas migrantes y, en especial, los adolescentes que llegan solos a España. “Están utilizando miserablemente a los menores con datos falsos que calan en la sociedad”, denuncia Joana. El último ejemplo, uno de los carteles electorales de Vox que ya está siendo investigados por la Fiscalía.

“En esta peluquería le encuentras el sentido a todo en lo que llevamos años trabajando. Se va creando una semilla”, cuenta Joana.

Por hoy Otman ha terminado y volverá de nuevo mañana, a levantar la persiana, “a cortar el pelo y también el racismo”. La idea es dar a conocer el proyecto para que crezca, acercarlo a los vecinos y vecinas de Getafe, animar a la gente a cortarse el pelo mientras llegan a otros jóvenes que se encuentran en una situación similar a la de Otman, Hicham o Youssef. 

La primera ola de la pandemia no lo paró todo. La pena de muerte ha acabado en 2020 con al menos 483 vidas en 18 países del mundo. Son un 26% menos que las detectadas el año anterior, según el balance anual de Amnistía Internacional presentado este miércoles. La cifra vuelve a ser la más baja registrada por la organización en los últimos 10 años.

Aunque la COVID-19 ha influido en una parte de la reducción de la cifra total de ejecuciones, la crisis sanitaria también ha agravado las condiciones de las personas condenadas. La organización denuncia que muchas de las personas ejecutadas no pudieron acceder a asistencia letrada, por lo que no tuvieron un juicio justo; y pasaron sus últimos días sin apenas visitas del exterior debido a las restricciones sanitarias.

“En un momento en que el mundo se centraba en proteger vidas frente a la COVID-19, [la pena capital] es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos”, dice la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. La disminución del 26% respecto al total de 2019 da continuidad a la reducción registrada año tras año desde 2015, y está vinculada a la importante caída del número de ejecuciones en dos de los países que históricamente han comunicado cifras altas de condenas (Arabia Saudí e Irak) y, en menor medida, a algunas interrupciones declaradas en respuesta a la pandemia. Desde la ONG matizan que los datos oficiales son “conflictivos” pues no incluyen las ejecuciones de China, donde Amnistía Internacional (AI) tiene constancia de que siguieron teniendo lugar miles de ejecuciones y condenas de muerte clasificadas como secreto de Estado, lo que impide elaborar un escrutinio independiente.

Los países que más penas de muerte llevaron a cabo fueron Irán (246), Irak (45), Arabia Saudí (27) y Egipto (107), que en total suman el 88% de todas las ejecuciones de las que se tuvo conocimiento en 2020. Si bien Irak y Arabia Saudí fueron los grandes responsables de la reducción mundial de ejecuciones, en Egipto ocurrió justo lo contrario. El uso de la pena capital en este país triplica las del año anterior, escalando hasta un total de 107 muertes. Además, la organización por los derechos humanos ha probado que 23 de ellas se produjeron tras juicios “manifiestamente injustos, empañados por ”confesiones forzadas“ y otras ”violaciones graves de derechos humanos, como tortura o desaparición forzada“. 

En Irán también detectaron la misma tendencia. Mohammad Hassan Reazaiee, un joven ejecutado en la prisión de Lakan (Irán), fue sometido a “reclusión prolongada en régimen de aislamiento sin acceso a familiares ni abogados”, recoge el examen de Amnistía Internacional sobre el caso de Mohammad Hassan Reazaiee. Además, en este país, a pesar de que continúa el descenso de las ejecuciones, se sigue utilizando la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios —como kurdos de la minoría etnica bualchi—, según el informe.

Otros de los nombres escondidos tras esas “prácticas atroces” son Ruhollah Zam, periodista disidente ejecutado “en secreto”, y Mostafa Salehi, un manifestante que también fue condenado a la pena capital a pesar de las denuncias sobre las condiciones en las que se desarrolló el juicio de su caso.

Los delitos de drogas en Indonesia o Singapur, la corrupción en Vietnam, o la blasfemia en Pakistán también conllevaron la muerte. Además, en China se tiene constancia de que por lo menos un hombre fue condenado y ejecutado por actos delictivos en relación con las medidas de prevención de la COVID-19 y bajo el paraguas de una campaña contra la delincuencia que aceleró la tramitación, según recoge Amnistía, que sigue definiendo al país asiático como el “verdugo más prolífico”.

La huella de Trump

Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la han suprimido en la ley o en la práctica. Pero, aunque la lista de países que han erradicado esta práctica sigue en aumento, otros estados las han reanudado, como la India, Omán, Qatar y Taiwán. A ellos se les suma el caso de Estados Unidos, donde el Gobierno de Trump retrocedió 17 años tras reactivar las ejecuciones federales en julio de 2019 –un cambio legislativo sobre el que por ahora Biden ha evitado pronunciarse–. Según señala el informe de Amnistía Internacional, solo en los primeros cinco meses y medio de 2020 se acabó con la vida de 10 personas, entre ellas Lisa Montgomery, ejecutada, convirtiéndose en la primera mujer presa federal ejecutada en 67 años.

A las ejecuciones se le suman un corredor de la muerte que aglutina multitud de casos que evidencian el “defectuoso sistema de pena capital del país”. El afrodescendiente Rocky Meyers, a quien se le diagnosticó diversidad intelectual siendo un niño, lleva más de 26 años en el corredor de Alabama. Durante el proceso judicial, los tribunales se basaron principalmente en pruebas sobre cociente intelectual —criterio que es considerado inadecuado desde 2014— y los testimonios estaban cargados de contradicciones, según AI. Tras un veredicto de cadena perpetua, el juez hizo caso omiso a la recomendación y lo condenó a muerte. Actualmente, se encuentra a la espera de programarse de nuevo su ejecución, “probablemente cuando Alabama finalice un nuevo protocolo de ejecución mediante asfixia por gas inerte”, señala Amnistía Internacional. 

Pasos firmes hacia la abolición

“A pesar del afán de algunos gobiernos de seguir aplicando la pena capital, la imagen general de 2020 fue positiva. Chad abolió la pena de muerte, al igual que el estado estadounidense de Colorado”, ha apuntado Callamard. Sin embargo, el gran objetivo de Amnistía, así como de múltiples organizaciones e instituciones internacionales, de acabar con el “exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante” en todo el mundo aún no ha llegado. 

Por ello, hacen un llamamiento para que crezca la presión sobre aquellos países que se mantiene “al margen”. “Instamos a los dirigentes de todos los países que aún no han derogado esta pena que conviertan 2021 en el año en que pongan fin para siempre a los homicidios autorizados por el Estado. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todas partes, de una vez por todas”, ha zanjado Callamard.

Edith Espinola ha trabajado durante seis años como empleada del hogar, tres de ellos como interna. De los abusos sufridos durante aquella etapa ha acumulado la rabia y la fuerza para, como activista, apoyar a otras empleadas domésticas, la mayoría migrantes, desde la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Ella es una de las mujeres que se reunirán este domingo con el Relator Especial de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Philip Alston, quien se encuentra en España para documentar la situación de pobreza y desigualdad en el país.

“La mayoría son mujeres migrantes o que están nacionalizadas, pero se siguen sintiendo migrantes por el racismo estructural del país. Trabajan por unos 800 euros al mes y solo libran un día a la semana”, dibuja la portavoz de la asociación. “Sostenemos el cuidado y la vida de los demás, y sin embargo seguimos siendo explotadas y abusadas”, denuncia Espinola.

El encuentro se produce después de que la organización Alianza por la Solidaridad presentase un informe al organismo internacional en el que denuncia la situación de las personas migrantes en el país y, en concreto, de las mujeres ocupadas en este sector. “Es muy positivo que el relator quiera conocer a través de la experiencia de las propias trabajadoras qué ocurre en el sector”, comenta Julissa Jáuregui, técnica de participación ciudadana en Alianza por la Solidaridad.

Según un informe del sindicato UGT, el 42% del total de afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar son mujeres de nacionalidad extranjera. El salario que perciben las empleadas de este sector es un 59% inferior al salario medio bruto total y el importe medio de las pensiones es también el más bajo de todo el Sistema de la Seguridad Social, atendiendo al estudio publicado a finales de 2019.

Espinola explicará a Alston las mismas reivindicaciones que llevan años repitiendo una y otra vez desde SEDOAC. “Desde hace siete años vamos exigiendo que se ratifique el convenio 189 de la OIT”, cuenta la portavoz. Este acuerdo jurídico de la Organización Internacional del Trabajo obliga a la equiparación de derechos al resto de trabajadores y exige una prestación de desempleo o medidas como una Ley de riesgos laborales específica para el sector, ahora inexistente.

La portavoz de la asociación espera que la intención del Gobierno de ratificarlo no quede en papel mojado y solicita la apertura de una mesa de negociación y diálogo durante esta legislatura. “Para que nadie hable por nosotras”, sostiene la exempleada doméstica. “Pero no se acaba con la firma, sino con la aplicación concreta de medidas”, insiste Espinola.

En la actualidad, las empleadas del hogar no se encuentran incluidas en el régimen general de trabajadores de la Seguridad Social, sino que están acogidas en un régimen específico que las excluye, entre otros derechos, de la prestación por desempleo.

>Desde el colectivo, también apuntan a una reforma de la Ley de Extranjería. “La Ley de extranjería promueve la esclavitud de las personas y la precariedad”, critica la portavoz de SEDOAC. La normativa, a su juicio, “propicia la existencia de un mercado negro porque una mujer que viene sin red de apoyo y con una situación administrativa irregular se aboca a lo primero que encuentra, y es el trabajo del hogar”.

La dificultad de poder convalidar los estudios del país de origen, el hecho de verse tres años relegada en situación administrativa irregular o el miedo a redadas policiales, perpetúan esta situación, defiende.

Un espacio seguro

El encuentro tendrá lugar en el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados de Madrid, el único espacio que da estos servicios en España. Desde su apertura, los sábados por la tarde y los domingos, cuando libran la mayoría de las empleadas domésticas, han recibido asesoría individual más de 350 mujeres, tanto jurídica, laboral como acompañamiento psicológico.

Pero su continuidad peligra desde que el nuevo Ayuntamiento de la ciudad decidiese cortar la ayuda económica que recibían. Aunque su amplía red de apoyo les ha permitido seguir con los talleres gratuitos, las asesorías ya no son individuales y la abogada, la psicóloga y la técnica de empleo son voluntarias que van al centro solo una vez al mes.

“Las mujeres siguen pidiendo asesoría porque necesitan una orientación. Lo necesitan para poder ser sujetas políticas, si no les prestamos estas herramientas no se van a poder empoderar y defender sus derechos”, apunta con preocupación Espinola, quien añade que “es duro pensar que ellas puedan volver a lo de siempre: estar en las calles o reunirse en los parques”.

Por ello, esta será otra de sus preocupaciones trasladadas al Relator de la ONU. “La importancia de un espacio como este nos da seguridad nos hace más fuertes”, sostiene la portavoz del colectivo. Espinola espera que posicionar las problemáticas que atraviesan el trabajo del hogar y de los cuidados en España ante Naciones Unidas arroje luz a la lucha por una dignificación del sector y su reconocimiento.

La vida de Omar dio un giro tras conocer los resultados de una radiografía. El joven, que desde mayo estaba tutelado por la Generalitat de Catalunya, se vio obligado, por ley, a salir del circuito de protección después de que los resultados de la prueba de la mano y muñeca izquierda determinasen que era mayor de edad. El 17 de octubre lo acogieron en una casa, algo que se trabajó desde el centro en el que estaba, cerca de Igualada, junto con una asociación de personas de Guinea, de donde procedía. El 6 de noviembre, Omar se suicidó.

De Omar, que no tenía documentación, sospechaban que fuese menor. Determinar su edad, como ocurre en otros casos, no se hizo justo en el momento de su llegada. La gran mayoría de los jóvenes que esperan los resultados –Omar espero cinco meses – lo hacen durante un tiempo, a pesar de que Naciones Unidas ha pedido de forma reiterada que las pruebas de edad se lleven a cabo “en un plazo máximo de dos semanas”.

Mientras esperan, suelen ser acogidos en un centro de menores. “Parece que estás protegido y de golpe, adiós. Es un drama”, señalan desde el colectivo Hourria, un movimiento que acompaña a chicos y chicas que han viajado solos y se encuentran en situación vulnerable. Esperan unos resultados de los que depende el acceso a unos derechos fundamentales y un futuro, o, por el que contrario, que les abran un expediente de expulsión y puedan echarles del país.

Desde que pisan suelo español, los niños y adolescentes migrantes que llegan solos se encuentran ante un proceso judicial, policial y burocrático, señala Ángel Madrid, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). El jurista asegura que desde el momento de su recepción e identificación se producen vulneraciones. “Hemos visto como se les ha puesto bridas para esposarlos o se les ha encerrado junto a personas mayores o en centros de emergencia donde terminan alargando su estancia”, añade el integrante de APDHA.

Algunos de los jóvenes se encuentran entre dos lógicas, la de la protección y la de Extranjería. Son aquellos en los que, como Omar, se activa la duda de si tienen menos o más de 18 años. Independientemente de si llevan o no pasaporte, aquí es donde aparecen las pruebas de identificación y verificación de la edad.

El abogado y presidente de Noves Vies, Albert Parés, tiene constancia de que España lleva usando, como mínimo, estas pruebas en este contexto desde marzo de 2009. Cada comunidad autónoma tiene competencia en la acogida y la tutela, pero es la Fiscalía, junto con la Policía y los servicios de protección autonómicos, quien inicia el proceso de determinación de la edad.

En 2018 se abrieron un total de 12.152 procesos entre pruebas de edad e investigaciones de verificación de los documentos. El doble que en 2017 y seis veces más que en 2016, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado. En cuanto a las pruebas realizadas, 4.558 concluyeron que se trataba de un menor. Más de 3.000 certificaron la mayoría de edad y 4.563 fueron archivadas. Su aumento va en paralelo con el crecimiento de llegadas de menores solos. Los últimos datos del Ministerio de Interior de diciembre de 2018 cifraban en 13.796 los menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección. 12.825 son chicos y 971 chicas.

El Defensor del Pueblo y organizaciones como la Fundación Raíces, Noves Vies o la asociación APDHA llevan años alertando de los problemas que se desprenden de estas pruebas, así como denunciando las vulneraciones que se dan durante su realización, como han documentado organismos como Unicef. Estos exámenes se suman a una serie de prácticas muy cuestionadas en la protección de los niños y adolescentes extranjeros, como la sobreocupación en los centros, que pasen en ellos más tiempo del periodo establecido o “el deficiente trato y protección que ofrecen los profesionales”, según la ONU.

Amplio margen de error

Las controvertidas pruebas de edad consisten inicialmente una radiografía del carpo, es decir, de la mano y la muñeca izquierda. “Una prueba ”imprecisa“ y con ”amplios márgenes de error“ – de por lo menos dos años – según Naciones Unidas. En esta, la vara de medir la establece el atlas de Greulich y Pyle, un libro publicado en los años 50, elaborado a partir de 990 chicos de Ohio, Estados Unidos.

Esta prueba se combina con otras: la de la mandíbula, la de la clavícula y la observación de la maduración de los órganos sexuales, con un amplio margen de error sobre todo en el desarrollo mamario, que ha llevado a muchas chicas y chicos a quedarse en un desnudo integral y a encontrarse en una situación completamente intrusiva, de acuerdo con las organizaciones que los acompañan. “Es humillante”, denuncia la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

Las pruebas no se pueden hacer si el joven no da su consentimiento. Ángel Madrid recuerda que se trata de un “consentimiento formal, y no material, ya que los documentos no están traducidos y no se garantiza su comprensión”. Esto contradice la normativa internacional, que además obliga a una asistencia jurídica gratuita en todo momento. “La negativa juega como presunción de mayoría de edad y eso es cuestionable ya que pueden darse muchos otros motivos por los que los jóvenes se nieguen”, añade Madrid.

Pruebas a pesar de venir con pasaportes

El Tribunal Supremo sentenció en 2014 que si una persona lleva consigo un pasaporte o documento que indique su minoría de edad, “no puede ser considerado un extranjero indocumentado”. A no ser que se “justifique razonablemente”, los menores no deberían estar sometidos a pruebas óseas. Solo aquellos que no presenten documentación.

A pesar de ello, la Fiscalía confirma que aún cuando los jóvenes llevan consigo el pasaporte o otra documentación que acredita la edad, estas se realizan. “Suele ser porque en el informe de la Policía Nacional se recoge o que el documento es falso o que hay contradicciones. La apariencia física tampoco despeja la duda, yo no veo a priori que sea un niño”, apunta el fiscal adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, Luis Lafont. A veces los documentos se presentan una vez practicada la prueba, comenta el fiscal de Sala de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa Villa, quien rechaza que exista una contradicción entre lo que ha sentenciado el Supremo y esta forma de proceder, ya que siempre “se justifican” las pruebas.

Para el abogado Albert Parés, esta es una de las vulneraciones principales con la que se debería terminar de inmediato y considera que una prueba de ello es que la gran mayoría de casos de menores que aún llevando pasaporte han sido sometidos a las pruebas se han ganado.

“Fiscalía hace una interpretación errónea. Fiscalía tiene que razonar objetivamente el motivo por el cuál no se cree el pasaporte. Lo que hace es decir que, o bien por su apariencia física no aparenta ser menor. O como no hay un convenio bilateral con el país de origen no se puede saber si el pasaporte es verídico”, asegura el letrado. “La verificación de la autenticidad de los documentos suele ser más ágil con Marruecos, con quien España tiene un convenio bilateral, que con otros países de, por ejemplo, África Subsahariana”, comenta.

En marzo de 2018 el Comité de Derechos del Niño denunciaba España por “el uso de métodos intrusivos de evaluación de la edad, incluso en casos en que los documentos de identificación parezcan ser auténticos” y señalaba las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como los principales lugares donde esta práctica “era sistemática”.

A raíz de cinco dictámenes de la ONU, la Fiscalía elaboró en 2018 un par de notas internas en las que se detallan instrucciones y recomendaciones explicando cuándo se debe o no proceder. A pesar de ello, es cada fiscal el que termina haciendo una valoración del caso, como reconoce Sánchez-Covisa, y tiene la última palabra. Distintas organizaciones coinciden en que la falta de coordinación provoca que en ocasiones una misma persona pueda pasar dos o más veces por las mismas pruebas. Si bien en algunas comunidades autónomas se hace tanto la radiografía de la mano como la de la mandíbula, en otras, como ocurre en Andalucía, se emplea como regla general solo la primera sin aportar pruebas complementarias y, muchas veces, sin una intervención del forense o del radiólogo, indica en su última memoria anual la Fiscalía.

Cuando estas pruebas de identificación dan como resultado que son mayores de edad, estas personas son expulsadas del sistema de protección y muchas se quedan en la calle, desamparadas. En ocasiones hay menores que terminan un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). En 2018, en los CIE de Madrid, Barcelona y Valencia un total de 216 internos alegaron ser menores de edad, según datos de Fiscalía. En el caso de Barcelona, de 143 alegaciones, 17 resultaron ser menores. En Madrid, de las 23 alegaciones hubo 10 en las que “no se pudo afirmar que tenían 18 años”. De las 50 diligencias de Valencia no hay información de los resultados.

“Como se le ha realizado una sola prueba y esta dio que era mayor, se le ha encerrado. Luego, una vez dentro del CIE se profundiza la investigación y se entiende que ese dato puede cuestionarse. Ante la más mínima duda de que es menor se cesa el internamiento y se activa el sistema de protección”, indica el fiscal Luis Lafont.

La decisión del fiscal no se puede recurrir. Desde la Fiscalía de Extranjería señalan la necesidad de que la normativa se recoja en un documento administrativo -actualmente viene estipulado en un protocolo-, algo que permitiría presentar recurso. Los fiscales reconocen que esta es una de “las mayores quiebras del sistema”. “Quién tiene competencias es el legislador”, señala el fiscal Luis Lafont.

“Lo primero sería que en todos los sitios de España se dejasen de hacer pruebas a menores que llevan pasaporte y que se unificara el criterio”, comenta el abogado Albert Parés, quien señala que son necesarios unos informes más globales que no solo se sustenten en la edad cronológica y que eviten llegar a las pruebas médicas.

“Desde que atendemos a estos niños y niñas todos las políticas y los tratados ratificados por España, que si algo pretendían era velar por el interés de estos, han quedado supeditados a las fronteras y al control de la migración”, sentencia la presidenta de la Fundación Raíces.

Más de medio año después de llegar a España, Omar se vio obligado a abandonar el centro de acogida en el que vivía. “Es un momento muy duro para muchos chicos, que de golpe no pueden volver al que ha sido su hogar”, denunciaron desde Hourria. De un día para otro, pasó a ser considerado un adulto. Entre un día y otro, el resultado de una radiografía.

--

Este reportaje se ha elaborado con la colaboración de la Fundación PorCausaFundación PorCausa