Más de 50 comisarías de policía han sido reducidas a cenizas en Bogotá. Son unas casetas llamadas CAI (Comando de Acción Inmediata) que están repartidas por todos los barrios de la capital colombiana y se consideran la cara más visible de las fuerzas de seguridad en las calles. Ahora, más de un tercio del total están inutilizadas o han sido transformadas en “bibliotecas populares”, después de convertirse en el foco de la rabia de las intensas protestas que empezaron el 9 de septiembre en Bogotá y que duran hasta la fecha.

Fue precisamente en una de esas casetas donde, la noche anterior, la policía golpeó hasta la muerte a Javier Ordóñez, un hombre que previamente había sido reducido con una pistola eléctrica táser. Siete agentes están involucrados. La indignación despertó manifestaciones espontáneas en varios puntos de la ciudad. Al menos 13 personas han fallecido en las protestas: 11 de ellas murieron por heridas de bala que, según denuncian las organizaciones sociales, disparó la policía.

“En Bogotá no se veía algo así desde la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, en la década de los cincuenta”, dice a elDiario.es Ariel Ávila, analista político y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Además de las víctimas mortales, 136 personas han resultado heridas de bala, entre ellas 25 personas con lesiones de gravedad, según el recuento de la Fundación Lazos de Dignidad. 

A pesar de que la noche más violenta fue la del miércoles pasado, Isabel Fajardo, integrante de la fundación, asegura que durante las protestas y disturbios de los siguientes días también han registrado “desapariciones” y “detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos”. Además, varias organizaciones han denunciado al menos tres abusos sexuales por parte de la policía durante las manifestaciones. “Han sido unos días difíciles para todas las personas que trabajamos en esto, nos están llegando muchos casos de abuso de autoridad”.

El Gobierno, encabezado por el presidente conservador Iván Duque, ha defendido que en las protestas está infiltrada la guerrilla del ELN y grupos armados que se apartaron del proceso de paz de las FARC y que todavía operan en el país. Sin embargo, todas las fuentes consultadas por este medio lo consideran una teoría que no se sostiene. “Es la misma estrategia de siempre del Gobierno. Es la estrategia de llevar la culpa a unos ilegales que concentran el odio de muchos para evitar asumir la culpa de los actos de la policía”, opina Ávila. 

Duque también ha respondido con la promesa de más transparencia, una investigación sobre los hechos y más cursos de derechos humanos para los agentes. Sus palabras por ahora no apaciguan las protestas convocadas cada noche desde el miércoles. Nadie ha dimitido ni ha habido destituciones. Según Ávila, “debería caer toda la cúpula de la policía, es una masacre”. 

“Había una ira contenida, solo faltaba hacerla estallar”

“Primero no lo creía, luego lloramos, lloramos un montón. Aún es difícil”. Natalia Correa Espitia, activista feminista, conocía a una de las víctimas de la noche del 10 de septiembre. “Todo esto es responsabilidad de la policía nacional, esta gente tiene que desaparecer, no hay una forma de negociar eso”. Natalia lleva días participando activamente de las protestas y habla con tristeza y con rabia. “Somos la generación del no futuro. No tenemos casa, no vamos a tener pensión, no tenemos nada que perder. Si no lo quemamos todo ahora, no vamos a tener nada más adelante. Prefiero que lo quememos todo ahora”. 

Muchos de los jóvenes que salen desde el 10 de septiembre a manifestarse sienten lo mismo. Colombia lleva meses de dolor e indignación acumulados que se vierten ahora en las calles a raíz de las denuncias de violencia policial. “Indudablemente había una afectación contenida, una ira”, describe Ávila. “La pandemia ocultó toda esta Colombia indignada. Solo faltaba algo que la hiciera estallar”.

Según el analista, “son muchos los factores” que alimentan esta rabia. La oleada de masacres que atravesó Colombia durante el último mes todavía está fresca en la memoria de muchos. Pusieron de manifiesto el largo camino que todavía separa al país de la paz y que provocaron la indignación de gran parte de la ciudadanía contra el Gobierno de Duque. En lo que va de año, al menos 218 personas han fallecido en 55 masacres perpetradas en 18 de los 32 departamentos de Colombia en las disputas por el territorio y el poder en zonas de narcotráfico y otras actividades ilegales, según cifras del Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Por otro lado, Colombia está entrando en una de las peores crisis económicas de su historia a raíz de la pandemia de COVID-19, que ha afectado principalmente a las clases medias y bajas. La OCDE pronostica que el desempleo en el trabajo formal llegará al 20% en un país donde la mitad de la población trabaja en la economía sumergida. Muchas voces critican que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente y ha descuidado a la gente de a pie, priorizando a las grandes empresas. Las localidades de Bogotá donde se produjeron las primeras manifestaciones son, precisamente, de las más afectadas tanto por la crisis sanitaria como económica.

Además, el estado de emergencia por la pandemia ha otorgado un mayor margen de maniobra a las fuerzas de seguridad, encargadas de vigilar el cumplimiento de la cuarentena. Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), habla de una mayor “carga represiva” durante los últimos meses. Los policías que mataron a Javier Ordóñez lo inmovilizaron por estar rompiendo una de las restricciones de la pandemia establecidas por las autoridades.

Impunidad policial

Impera el escepticismo ante la posibilidad de que haya un juicio justo sobre el asesinato de Ordóñez. “Hay una violencia instalada en la institucionalidad que tiene mucha impunidad, una impunidad estructural que permite ese desarrollo de la violencia”, dice Castillo. 

Según el analista de la FIP, la cadena de responsabilidades “lleva hasta el Gobierno nacional, hasta el ministro de Defensa”, Carlos Holmes Trujillo. En Colombia, la policía responde a ese ministerio en vez de a la cartera de Interior y las denuncias en su contra suelen tramitarse en la justicia militar y no en la ordinaria. “Lo que nos preocupa como abogados de víctimas es que estamos ad portas de escenarios de impunidad”, señala Fajardo. 

No sería la primera vez que ocurre. Hace menos de un año, el joven Dilan Cruz murió por un disparo de un agente antidisturbios en el marco de las protestas del paro nacional. Su caso llegó a la justicia militar y todavía no ha habido consecuencias. Y como los casos de Cruz y de Ordóñez se acumulan centenares que no solo abarcan a la policía sino también al Ejército. Según la ONG Temblores, miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y los servicios de inteligencia cometieron 639 homicidios entre 2017 y 2019. Son casi veinte al mes.

Castillo asegura que “los abusos de autoridad en los municipios son constantes”. Según el barómetro del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, solo un cuarto de los colombianos confía en la policía, el segundo índice más bajo desde 2004. 

Sin embargo, el cuerpo policial sigue siendo una institución con un poder muy amplio: es la única fuerza de seguridad en todo el país y concentra muchas competencias “sin estar sometida a un control político ni a controles técnicos”, dice Castillo. Se considera un poder enraizado en las heridas del conflicto armado colombiano, que todavía sangran, y que han provocado que la policía y el Ejército hereden una autoridad incuestionable y la potestad para combatir todo aquel que sea considerado enemigo.

“Es una constante. No es que estemos regresando al pasado, al final del día ya no importa tanto quién es el presidente. Es que no hemos sido capaces de democratizar nuestras fuerzas armadas y de seguridad. Hay una falla estructural cuando no se puede cuestionar a la policía”, apunta Castillo. El analista de la FIP agrega que, ante las faltas que cometen los agentes, “prevalece la estructura del cuerpo sobre los derechos humanos, porque hay una mentalidad y una cultura de conflicto y de guerra”. 

Alrededor de las protestas, donde impera la confrontación directa con la policía, se levantan las voces que piden reformas en la institución. “Hay que tratar de romper esa concentración de poder en la policía”, señala Castillo. Fajardo, defensora de derechos humanos de Lazos de Dignidad, también reclama una reforma estructural: “Es un escenario sistemático, no hay casos aislados, y seguimos exigiendo una reforma de la doctrina de su policía, de su funcionamiento, y el desmonte inmediato del ESMAD (el escuadrón antidisturbios)”. Si la situación no cambia, dice, “la gente no va a parar de llenar las calles. Hay una rabia acumulada”. 

Noviembre empezó en Colombia con la noticia de que el Ejército había matado a un grupo de entre 8 y 18 menores durante el bombardeo de una zona del sur del país donde se habían identificado grupos armados. Noviembre terminó en Colombia con el inicio de una protesta masiva en las calles con reivindicaciones sociales y económicas pero que también se retroalimentan con la crítica a un proceso de paz estancado, tres años después de la firma del acuerdo con las FARC, la guerrilla más longeva de América Latina, que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado.

Aquel ataque en el departamento de Caquetá iba dirigido contra un campamento de las disidencias de las FARC --nuevos grupos armados que no se acogieron al acuerdo de paz--, y las organizaciones sociales locales denunciaron que las autoridades sabían que en ese campamento se encontraban niños y adolescentes. El escándalo, que sacudió al país entero, se cobró el cargo del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.

La noticia salió a la luz dos semanas antes del inicio de las movilizaciones en Colombia, y para muchos fue un motivo para salir a la calle. En Cali, una mujer acudió a las protestas con un ataúd blanco. Encima escribió lo siguiente: “Rechazamos la muerte de 18 niños y adolescentes a causa de la violencia del país”. Y es que, en un país que esperaba un camino hacia la paz, el Gobierno del presidente Iván Duque parece dirigirse en la dirección contraria.

“Si continúa por esta línea, vamos a tener una involución completa en el proceso de paz”. Habla Alberto Yepes, el director del Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Colombia Europa Estados Unidos (Coeuropa). “Hay dos temas estructurales en la paz: la reforma rural, que este país nunca hizo (...) y la cerrazón y exclusión política, la falta de participación de amplios sectores” de la sociedad colombiana, agrega. Según Yepes, el Ejecutivo no ha avanzado en ninguno de los dos caminos.

La implementación del acuerdo de paz es, de hecho, el primer punto en el pliego de demandas que le entregaron las organizaciones sociales convocantes del paro a Duque. Además, los partidos de oposición en el Congreso se unieron a las reivindicaciones del paro y agregaron que Duque retome los diálogos de paz con el ELN, suspendidos en enero de este año después del atentado de la guerrilla contra una escuela de policía que dejó 21 muertos.

El Gobierno no avanza en las reformas estructurales

Los manifestantes tienen argumentos para pedir una mayor implementación del acuerdo de paz. El Instituto de Estudios Internacionales de Paz Kroc, que fue la entidad designada oficialmente para verificar los avances en este sentido, separaba así en su último informe de abril de 2019 los niveles de cumplimiento: un tercio de los compromisos “se han completado o han avanzado sustancialmente”, otro tercio se encuentra en un estado inicial, y otro tercio “no han iniciado su implementación”. Según su valoración, “estos niveles son comparables con otros acuerdos” de paz en otros países.

Sin embargo, la cuestión no es solo numérica, sino que pasa por cuáles son los puntos que se están implementando y cuáles no. Los que presentan mayores avances son aquellos que se refieren a la dejación de armas por parte de las FARC, la creación de un partido político heredero de la guerrilla, así como la construcción de herramientas institucionales que acompañen el proceso. En cambio, hay partes del acuerdo que están especialmente estancadas, como la reforma rural o la sustitución de cultivos ilícitos.

Son precisamente estas partes las que buscaban atajar las causas estructurales del conflicto armado: la distribución desigual de tierras, el olvido de las zonas periféricas de Colombia o el narcotráfico. La reforma rural no se ha empezado a tramitar. El proceso de sustitución de cultivos ilícitos (principalmente de mata de coca) para reorientar a los campesinos hacia agriculturas legales está paralizado. Además, Duque recuperó la sustitución forzosa, que consiste en enviar al Ejército a arrancar manualmente la coca.

“El Gobierno no tiene ningún interés en los temas estructurales del proceso de paz, en las causas que generaron y mantuvieron el conflicto, porque responde a intereses corporativos y a los dueños de la tierra”, explica Yepes. Según el Instituto Kroc, tanto la reforma rural como la sustitución de cultivos son los procesos menos avanzados, con un 52% y un 48% de medidas aún no iniciadas. 

“Si tenemos en cuenta que el principal objetivo del proceso de paz era sacar la violencia de la política, uno de los primeros compromisos era desmontar el paramilitarismo, y ese objetivo no se ha cumplido”, subraya Yepes. El Acuerdo contemplaba una serie de mecanismos para desmantelar los grupos armados que aún operan en Colombia, como una comisión que el gobierno de Duque no ha convocado en 16 meses de liderazgo.

Desde el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), heredero de la guerrilla y ahora participante en la vida política de Colombia, también lamentan la actitud del Gobierno. Victoria Sandino, excomandante y ahora senadora, lo expresa así: “la implementación del acuerdo debe ser estructural. La reforma rural es columna vertebral del acuerdo y esa ley no se ha cumplido”. “No hay presupuesto, no le destinan plata”. De hecho, Duque recortó en los anteriores presupuestos 140 millones de dólares a estas medidas previstas en el pacto de paz.

La paz se cobra la vida de líderes sociales y exguerrilleros

“Nosotros nos comprometimos a la entrega de las armas, y lo hicimos (...) Nos comprometimos con el sistema de justicia, y nos sometimos”, lamenta Sandino, quien cuenta con un esquema de seguridad particular. En cambio, han sido asesinados desde la firma del acuerdo 169 exguerrilleros en cifras de las FARC, 129 según la Fiscalía. Precisamente, el incumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno y en concreto la falta de seguridad fueron los motivos que esgrimieron exlíderes de las FARC para volver a las armas.

A finales de agosto, Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron su regreso a la lucha armada, y a pesar de que un amplio grueso de la antigua guerrilla sigue en el proceso de paz, su renuncia es especialmente sintomática. Márquez lideró las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano y Santrich también formó parte de la delegación en los diálogos. Además, ambos debían ocupar escaños en el Parlamento del país.

Pero los exguerrilleros no son los únicos que mueren sistemáticamente en Colombia. Según Somos Defensores, solo en 2019 fueron asesinados 59 líderes sociales o defensores de derechos humanos, la cifra más alta en los últimos diez años. De hecho, las muertes no han dejado de aumentar, en un contexto de supuesta paz: en 2013 mataron a 78 líderes sociales, mientras que 2018 se cerró con 155 homicidios. Las más afectadas son las zonas rurales de Colombia y las comunidades que trabajan por la defensa del territorio. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denuncia, por ejemplo, que cada 72 horas asesinan a una persona indígena.

“Cuando reclamamos nuestros derechos, nos persiguen, estigmatizan y asesinan, producto de la lucha por la tierra. Se quieren quedar con nuestros recursos naturales”, denuncia Diego Tabarquil, miembro de la Guardia Indígena que acudió a Bogotá para dar apoyo al paro. “Últimamente, en pleno auge de los acuerdos de paz, ha aumentado el tema de los genocidios y del reclutamiento forzado”.

Muchas zonas de Colombia ocupadas antes por las FARC han sido un campo de expansión para otros actores armado, como las bandas herederas del paramilitarismo, grupos narcotraficantes, el ELN o las disidencias de las FARC. Para Yepes, esto se debe a que el Estado no llegó a hacer presencia a tiempo: “Los territorios tenían que ser copados por el Gobierno, no solo con fuerza pública sino con una transformación integral. Eso nunca se cumplió (...) En las regiones se está regresando a situaciones de hace años, donde la guerra sometía las comunidades al terror”.

Ángela Giménez también integra la Guardia Indígena: “sentimos miedo, pero de igual manera tenemos que salir a protestar, porque si lo dejamos así, nunca en la vida parará esto”. Llegó a Bogotá desde el Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto, para participar en las protestas. “Paz no hay. Estamos por el derecho al territorio y a la vida, para que Duque reconozca nuestros muertos”.

Las manifestaciones en Colombia han sido mayoritariamente pacíficas y casi que festivas. Pareciera que es un mensaje más para Duque: la ciudadanía, y sobre todo los jóvenes, quieren un respiro definitivo de la violencia. Por eso la muerte de Dilan, un joven que recibió un disparo de la Policía el 23 de noviembre en unas de los paros estudiantiles, o la de los menores bombardeados, son símbolos de un presente aún en conflicto que gran parte de la sociedad busca dejar en el pasado.

Y por primera vez en mucho tiempo, esa voluntad se expresa en las calles. “El proceso de paz y sus reformas eran una manera de ir solucionando la desigualdad extrema que sufre este país. Pero al paralizarlo en seco se genera una gran incertidumbre para los jóvenes, que sienten que para ellos no hay ningún futuro”, explica Yepes. “Toda esta incertidumbre lleva a que la juventud haya perdido el miedo”.

Por eso, más allá de las reclamaciones concretas propuestas por las entidades que organizan el paro, hay un gran clamor que las desborda y es la necesidad de hacerse escuchar, de participar en la vida política del país y de hacerlo sin miedo a que la violencia se los lleve por delante.

Este miércoles, el país vivió su tercera jornada de huelga general, después del 21 y el 27 de noviembre, y las calles de las principales ciudades del país volvieron a acoger manifestaciones convocadas por los sindicatos y los movimientos sociales. Bogotá, Cali, Medellín y otras capitales vieron llenarse sus calles y plazas de multitudes de colombianos que acudieron al llamado del paro nacional: grupos indígenas, bloques feministas, marchas de estudiantes y grupos sindicales bloquearon las vías de Bogotá durante todo el día y parte de la noche.

La mayoría de las protestas transcurrieron de manera pacífica y terminaron en múltiples cacerolazos, que ya se han convertido en un símbolo de la indignación colombiana. Dos semanas seguidas de movilizaciones a nivel nacional es algo inaudito para la historia del país, acostumbrada a mirar de reojo la protesta.

El Comité Nacional del Paro, conformado por un amplio abanico de organizaciones y plataformas, busca reforzar en las calles el pulso contra el presidente Iván Duque, cuya popularidad cayó a mínimos históricos y ronda el 26% de aprobación de su gestión. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), uno de los impulsores de la huelga, Diógenes Orjuela, aseguró en las redes sociales que la movilización del miércoles busca “exigirle al Gobierno la apertura de la negociación”.

Desde que se convocó la primera jornada de protestas el 21 de noviembre, el Ejecutivo y el Comité no han logrado ponerse de acuerdo en los mecanismos de diálogo para revisar las exigencias del paro.

Duque quiere lo que llama una “Conversación nacional”: reunir en una misma mesa a organizaciones sociales y representantes de los gremios empresariales para hablar sobre los grandes temas que atraviesan las protestas, como la educación, el medioambiente y la salud. Sin embargo, el Comité Nacional del Paro critica que eso no es más que “un monólogo” y rechazó este sistema después de una sola reunión. Ellos quieren un encuentro directo con el Ejecutivo colombiano para tratar globalmente las 18 propuestas de las organizaciones sociales, que van desde asegurar las pensiones hasta implementar el acuerdo de paz con las FARC, pasando por evitar la deforestación y dar un mayor presupuesto a la educación.

De hecho, Duque abrió la puerta a aceptar el diálogo con el Comité tal y como lo proponían las organizaciones sociales, pero bajo una condición: que se desconvocaran todas las marchas y movilizaciones de la semana. Las entidades del Comité rechazaron la propuesta de Duque. Pero lo que muestra la iniciativa del Gobierno colombiano es que desconoce un factor importante en estas protestas: hace ya varios días que el paro nacional va más allá del Comité y del Gobierno.

Las protestas se trasladan a los barrios

Entre jornadas de huelga, los barrios de las ciudades han mantenido prendida la llama a través de cacerolazos y concentraciones. Mientras el Comité lleva la voz cantante en las grandes movilizaciones y es la interlocución con el Ejecutivo, las calles encuentran sus propios métodos de protesta. Solo durante la última semana, Bogotá, la capital, ha visto varias intervenciones feministas de 'Un violador en tu camino'; agrupaciones de artistas para hacer piezas gráficas a favor del paro; la llegada de 150 miembros de la Guardia Indígena para dar apoyo a las movilizaciones; conciertos en las calles; y un sinfín de cacerolazos.

“Se ha evidenciado que todo este paro ha llegado a los barrios. De hecho, el cacerolazo se ha vuelto emblemático en los barrios”. Habla Luz Ángela Pinto Rincón, vecina de Engativá, una de las localidades periféricas de Bogotá. En una capital de 7 millones de habitantes, es un triunfo de las protestas lograr penetrar en las zonas más alejadas del centro.

Pero no solo los cacerolazos sacaron a la gente a la calle: el fin de semana pasado se convocaron varias asambleas populares en las distintas zonas de Bogotá para articular la movilización a nivel local. Bosa, Ciudad Bolívar, Usme: en estos barrios populares y periféricos, la ciudadanía se reunió para debatir. “Fue bonito, porque se empezó contando a muchos que no habían estado nunca en una asamblea lo qué es una asamblea”, cuenta Luz Ángela, que estuvo presente en la de Engativá. “Asistieron personas del barrio que nunca habían participado en estos espacios”, agrega.

Las asambleas, que transcurrieron a lo largo del último fin de semana, son el principal espacio autónomo surgido a raíz del paro. Marcela Rodríguez es una de las impulsoras de estos encuentros ciudadanos en Armenia, un barrio central de Bogotá que ya acumula una destacada trayectoria de organización social: “Este es el reto del paro, que logremos ampliar la base de las personas que son receptivas a la información y actividad política”.

Rodriguez recuerda que, en Colombia, “la política siempre ha estado ligada a la violencia y el miedo” y ahora hay una oportunidad de “darle la vuelta”. Para Marcela, estos espacios locales son claves de cara a una posible pérdida de fuerza del paro, que se empieza sentir en unas calles no acostumbradas las marchas constantes. “Podemos pasar a una fase distinta, y ahí la organización en los barrios es crucial, y más en las ciudades, donde el tejido social está deshecho”, subraya.

La llama de las protestas en el continente

Colombia ha sido el último país en sumarse a las protestas que atraviesan América Latina. Por eso fue especialmente significativo para muchos colombianos el cacerolazo latinoamericano que se celebró el pasado 1 de diciembre, donde varios países del continente recogieron el símbolo de las protestas en Colombia para dar apoyo a las marchas.

Rodríguez cita especialmente a Chile como un motor para las manifestaciones colombianas: “El hecho de que haya una manifestación sostenida en Chile ha dado mayor impulso, porque la gente se da cuenta de que es posible hacer algo así”.

A pesar de la distinta fuerza, duración y logros de las manifestaciones que han sacudido Ecuador, Chile, Haití y ahora Colombia, para el politólogo e historiador de la Universidad Nacional Carlos Medina existen vínculos en los motivos que sacaron a los latinoamericanos a la calle. “Es un fenómeno de convergencia silvestre de movilizaciones que se producen por la difícil situación que pasan nuestros países en materia de política económica y social”, subraya.

Otro ejemplo del contagio latinoamericano es la vuelta al mundo de “Un violador en tu camino”, la canción que denuncia la violencia machista y estructural contra las mujeres creado por un colectivo chileno. Un día después de que se viralizara la intervención, se reprodujo en Bogotá, y en las jornadas siguientes saltó a México, Argentina, Perú, e incluso España y Francia. “Las movilizaciones han tenido un importante sesgo en términos de los movimientos juveniles y de mujeres, que han jugado un papel determinante en Chile y ahora también en Colombia”, recuerda Medina.

El politólogo destaca que hay una agenda común entre estos países que piden reformas y protestan contra la desigualdad. “El problema de la salud es un problema generalizado, igual que la política pública en materia de pensiones, la incertidumbre de los jóvenes y los trabajadores, al igual que la desigualdad”. El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentado hace una semana, determinaba que “una alta proporción de la población de ingresos medios” en el continente “experimenta importantes déficits de inclusión social y laboral”, además de “un alto grado de vulnerabilidad a volver a caer en la pobreza”.

De hecho, la proporción de latinoamericanos viviendo bajo la línea de pobreza aumenta sin parar desde 2015 y alcanzó el 30,8% en 2019. Eso significa que 185 millones de personas están bajo el umbral de la pobreza y 66 millones se encuentran en la pobreza extrema.

Frente a los reclamos de las protestas, “hay una especie de autismo institucional”, según Medina, “una simulación de arreglos y no de soluciones concretas y objetivas que respondan a las expectativas de la gente”. Así lo evidencia la manifestación de este 4 de diciembre, convocada por la falta de diálogo con Duque, un presidente que no parece dispuesto a ceder frente a un movimiento que lleva catorce días consecutivos de protestas.

Colombia cumple este jueves una semana de movilizaciones ininterrumpidas. Es un hecho inédito, por su duración pero también por la transversalidad que han alcanzado. Las demandas del Comité Nacional de Paro oscilan desde eliminar la reforma de las pensiones hasta implementar los acuerdos de paz con las FARC, además de incluir reivindicaciones ambientales o de género y pedir medidas contra la corrupción.

Inicialmente, las organizaciones que convocaron el paro nacional solo preveían un día de manifestaciones, el jueves 21 de noviembre, pero el viernes siguiente amaneció con protestas espontáneas en el sur de Bogotá. Desde entonces, cada noche ha terminado con un cacerolazo de protesta en las principales ciudades del país.

Todas las demandas se concentran en una figura: el presidente colombiano, Iván Duque, miembro del partido conservador Centro Democrático. Su impopularidad ha llegado a máximos históricos: según la última encuesta de Gallup, el 69% de los colombianos rechazan su gestión. Karla Pérez, recién licenciada en Derecho, opina que “el problema del Gobierno de Duque ha sido su indolencia, su falta de empatía con los problemas sociales”.

Estos problemas son varios. Según un informe de 2018 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en Colombia se necesitan once generaciones para que una familia de ingresos bajos llegue a ser de clase media. La pobreza multidimensional en el país fue del 19,6% en 2018, en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dos puntos porcentuales más que en 2017. La tasa de desempleo entre la población juvenil es del 18,1%.

Todo esto, en un contexto de crecimiento económico del 3% del PIB. Luis Eduardo Celis, asesor de la organización Redprodepaz, recuerda que “Colombia es una sociedad tremendamente desigual en la concentración de la tierra y del ingreso”. “Eso es lo que una parte de la sociedad quiere cambiar”, agrega.

Es la primera vez que se reúnen en una sola movilización tantas demandas sociales en el país. “Por fin diferentes organizaciones se encontraron en puntos comunes. Eso ha hecho que la movilización tome más fuerza”. Habla Sergio Bustos, representante campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Bustos asiste a los cacerolazos convocados en los barrios de Bogotá cada noche. “Los cacerolazos ni siquiera fueron algo premeditado, fue una iniciativa ciudadana (...) Fue espontáneo y único”, apunta.

Para el líder campesino, la clave de la inmensa movilización es que “todo el mundo se identifica con algún reclamo del paro”. Sin embargo, recuerda que muchas de las personas que participan en las marchas “no se identifican con movimientos políticos, sino en una indignación nacional”, una de las características que hace inéditas estas protestas. Celis coincide: “Hay una importante participación de capas medias de la población, de gente que no está en ninguna organización, pero a la que el discurso llegó, le convocó y salió a marchar”.

Un país sin tradición en movilizaciones masivas

Tradicionalmente, Colombia no ha sido un país de grandes movilizaciones. Por eso el país entero mira con estupor cómo niños y personas mayores salen a “cacerolear” en pijama por las noches. Cincuenta años de conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) han atravesado el país de una manera muy violenta, con consecuencias devastadoras sobre la participación política de la sociedad. “La guerra espantó mucho a la gente, a [la hora de] salir masivamente a las movilizaciones (...) Había una cultura política muy limitada”, explica Celis.

Bajo Ejecutivos siempre conservadores, las instituciones colombianas criticaron y reprimieron los movimientos sociales de manera sistemática. “Siempre, todos los Gobiernos, siempre han estigmatizado las protestas como iniciativas guerrilleras en el marco del conflicto para dañar y satanizar lo que sucedía”, lamenta Bustos.

Pero en la historia de Colombia, este estigma va mucho más allá de la protesta. Según la Escuela Nacional Sindical, entre 1977 y 2011 fueron asesinados 2.975 sindicalistas. Casi 90 cada año. La violencia ha disminuido, pero no ha desaparecido: en 2018, se registraron 28 homicidios contra estos líderes sindicales. El movimiento estudiantil también ha sido víctima, como demuestra un informe publicado por la Universidad Nacional y la Universidad del País Vasco. Los investigadores recopilaron 140 casos de asesinatos o desapariciones forzadas en la comunidad académica, tanto estudiantes como profesores, en los últimos 20 años.

Por otra parte, los líderes ambientales son los más golpeados en la actualidad. Solo en los últimos cinco años han sido asesinados 136 defensores del territorio, convirtiendo a Colombia en uno de los tres países con más homicidios de este tipo. Bustos recuerda las épocas más bajas de movilización campesina. “La gente decía que prefería conservar su vida antes que meterse en política. Preferían su vida”, sostiene.

Sin embargo, eso parece estar cambiando.

La semilla de la paz germina en los jóvenes

En la esquina de la calle 19 con la carrera cuatro, la policía antidisturbios colombiana disparó en la noche del lunes un artefacto aún no identificado contra la cabeza de Dilan Cruz, un joven que había asistido a las protestas del paro nacional. Dilan murió la noche del lunes pasado por el traumatismo craneoencefálico que le provocó el disparo. Tenía 18 años y se iba a graduar del instituto este mismo 26 de noviembre. Sus familiares afirmaron que quería entrar en la universidad, que había salido a las calles para reclamar una educación pública.

El mismo día en que Dilan debía graduarse, mientras cientos de colombianos lloraban su muerte en la misma esquina donde le dispararon, Karla Pérez dejaba de ser una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia para convertirse oficialmente en abogada. Pérez sí pudo asistir a su graduación: en medio de la felicidad del día, ella y sus compañeros buscaron el tiempo para recordar al muchacho.

“Lo que pasó con Dilan es un gran ejemplo: un joven que salía del colegio y no podía acceder a la educación superior”, dice Pérez sobre las reivindicaciones estudiantiles que movilizaron a los alumnos en el paro nacional convocado el pasado 21 de noviembre. Para ella, los estudiantes le deben a Dilan y a muchos otros salir a las calles. “Los que podemos estar en las universidades tenemos un rol muy importante y una responsabilidad social con todas y todos los jóvenes del país”, zanja.

La firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, de la que se acaban de cumplir tres años, no ha hecho cesar la violencia en Colombia, pero ha traído cambios. Luis Eduardo Celis considera que “generó una esperanza de cambio en el país”.

Esa esperanza de cambio ha germinado especialmente entre las generaciones jóvenes. “Somos las primeras generaciones que vamos a empezar a trabajar en una Colombia libre del conflicto armado. Eso nos permite democratizar la política, la educación, el trabajo (...) Nos permite tener una mayor participación política”, explica Karla Pérez. Son precisamente los jóvenes los que valoran más negativamente la gestión de Duque, según el Barómetro de las Américas. Casi la mitad, el 48,2%, se declaran muy insatisfechos con la democracia colombiana, en cifras del DANE.

“Hay una maduración democrática en la sociedad colombiana, y eso se expresa en una juventud que se ha lanzado a las calles”, opina Celis. El analista indica que las protestas del paro nacional también muestran que “la izquierda en Colombia ha dejado de ser marginal”. De hecho, las elecciones presidenciales del 2018 ya apuntaron en esta dirección: ganó Duque, pero por primera vez en la historia del país pasó a segunda vuelta un candidato claramente enmarcado en la izquierda, Gustavo Petro, quien recabó más de ocho millones de votos. Casi el 42% de los sufragios frente al 54% de Duque. “Eso muestra que los colombianos tienen un debate fuerte sobre proyectos de sociedad”, asegura Celis.

Este debate se ve en las calles de Colombia, pero también en la mesa de negociaciones establecida entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno de Duque. Las conversaciones han dado hasta ahora pocos frutos, a pesar de las reiteradas afirmaciones del mandatario de estar dispuesto al diálogo. Por ejemplo, Duque se ha negado a debatir la disolución del ESMAD, el cuerpo de antidisturbios policial que se encuentra en el ojo del huracán por la muerte de Dilan, y no se ha pronunciado sobre la mayoría de las reivindicaciones de los manifestantes. El Ejército sigue en las calles. La respuesta del Comité ha sido convocar una nueva jornada de huelga general para este 27 de noviembre.

Sin embargo, Bustos asegura que estas movilizaciones van más allá del Comité. Ocurra lo que ocurra con las reivindicaciones del paro, las consecuencias de las movilizaciones de esta semana son mucho más grandes, a su juicio. “Vamos a tener más jóvenes organizados, más campesinos, más participación y más representación”.