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Paz para el pueblo y guerra para la selva: la deforestación en Colombia aumenta tras el fin de la guerrilla

Las cifras de la tala ilegal venían mejorando hasta que el gobierno de Santos comenzó a negociar el acuerdo de paz

La ausencia de las FARC ha creado un vacío aprovechado por quienes se apoderan de la selva para actividades como la minería, la ganadería y el cultivo de coca

En 2016 se perdieron 179 mil hectáreas de bosque en Colombia, cifra que ha ido a más en los siguientes años

La deforestación arrasó 120.933 hectáreas de bosques en Colombia en 2013

La deforestación arrasó 179 mil hectáreas de bosques en Colombia en 2016. EFE

El acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC el 24 de noviembre de 2016 fue un hito para la sociedad colombiana, desangrada por 52 años de conflicto. También fue un punto de inflexión para las selvas de un país que, tras una década de mejoras en la tasa de deforestación, perdió ese año una superficie de bosque comparable a la de Toledo, Guipúzcoa o Almería: 179.000 hectáreas.

Según los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el ritmo de la deforestación en la Amazonia colombiana y otras reservas forestales del país llevaba diez años bajando de forma casi ininterrumpida. Pero en 2016 la tasa comenzó a acelerar de nuevo, con una subida de 44% en la superficie deforestada de ese año y otra del 23% en la del siguiente. La ganadería, el oro, la madera y la coca protagonizan gran parte del aumento de un fenómeno que, según los datos del IDEAM, es la principal fuente de gases de efecto invernadero de Colombia (debido al CO2 que se libera al talar los árboles). Por no hablar del daño irreversible al hábitat de las comunidades indígenas, además de la dramática pérdida en biodiversidad y recursos hídricos.

De acuerdo con el profesor y consultor medioambiental Manuel Rodríguez Becerra, que en 1993 fue el primer ministro de Medioambiente de Colombia, para entender lo ocurrido hay que distinguir entre el año del acuerdo de paz y lo que vino después. Según él, el aumento de la deforestación durante 2016 se explica por la negociación con las FARC, un momento en que el Gobierno quiso alejar fuentes de conflicto: "La mayor tolerancia que hubo ese año con las FARC les permitió aumentar la deforestación para los cultivos de coca". 

Paradójicamente, Rodríguez Becerra también atribuye el incremento del 2017 a las FARC, aunque esta vez el motivo fue su retirada de la zona. "Una vez hecho el proceso de paz el gobierno de Santos no tomó el control efectivo del antiguo territorio de las FARC y algunas regiones se convirtieron en tierra de nadie y comenzaron los procesos de apropiación". La explicación es la siguiente: en su último año, las FARC aprovecharon la tregua negociadora para aumentar las plantaciones de coca, pero en la década anterior habían ejercido de vigilantes impidiendo que los campesinos deforestaran. Entre otros motivos, porque así dificultaban el acceso del ejército colombiano a su área.

Terminado el miedo a una represalia de las FARC, en 2017 llegaron los grandes capitales. Como dice Rodríguez Becerra, "se puede ver claramente el tamaño de los deforestadores, porque en tres meses talan hasta 1.500 hectareas en áreas perfectamente trazadas y hacer eso significa una capacidad grande, tener mucho dinero".

Según Brigitte Baptiste, que hasta julio dirigió el Instituto Humboldt para la Investigación sobre la Biodiversidad de Colombia, uno de los factores de la impunidad de los responsables es la falta de claridad de los títulos de propiedad. A principios de los años 40, explica, "se instituyó un mecanismo para proteger a los campesinos y fue que tras 20 años de ocupación, si presentaban pruebas de desarrollo productivo, eran reconocidos como propietarios".

"Lo que era una ley con buena intención acabó convirtiéndose en un incentivo para el robo de tierras del Estado", concluye Baptiste. Agrega que hay procesos históricos de ocupación que aún no han sido resueltos, con comunidades agrícolas viviendo hace décadas en reservas forestales sin títulos: "Sólo los cafeteros fueron apoyados por el Estado con títulos claros desde principios del siglo XX, por eso casi no hay conflictos en tierras cafeteras".

Al abuso de la ley se añade la falta de reacción estatal por la dificultad de hacer valer la ley en un territorio con escasa implantación de las fuerzas de seguridad. "Las autoridades regionales no tienen personal o están cooptadas por los ilegales", resume Baptiste. "Y tampoco es que puedan hacer mucho, si tratas de llegar sin respaldo a una zona donde se está deforestando, no tienes ninguna opción de salir vivo".

La alternativa a castigarlos con la ley es eliminar los incentivos económicos de la deforestación. La venta de la coca ilegal ya está prohibida, pero el veto se podría extender a la ganadería de tierras deforestadas. Una medida elemental, según Baptiste, "que algunos congresistas y senadores resisten pidiendo hacer un punto de corte para que solo afecte a lo deforestado a partir del año 2016". Sostiene: "Me da la idea de que quienes lo piden están envueltos en la corrupción".

Según Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la responsabilidad de muchos poderes públicos se hace evidente cuando hacen llegar servicios como carreteras o electricidad a tierras no formalizadas, "generando un estímulo a la apropiación de tierras que luego son incorporadas a la frontera agropecuaria".

Los jóvenes apoyados por la ONG DeJusticia denunciaron la violación de sus derechos ante la crisis medioambiental.

Los jóvenes apoyados por la ONG DeJusticia denunciaron la violación de sus derechos ante la crisis medioambiental. DeJusticia / Facebook

Pero también hay motivos para el optimismo. A principios de 2018, un grupo de niños y jóvenes ayudados por la ONG DeJusticia presentaron una demanda contra el Estado colombiano exigiendo que les garantizase una vida libre de catástrofes medioambientales. Un año después, la Corte Suprema les dio la razón, exigiendo al Gobierno cumplir con sus promesas de frenar la deforestación en la Amazonia colombiana. 

Los activistas esperan que la presión del fallo contribuya a que el nuevo gobierno de Iván Duque acelere la dotación de recursos para capturar y castigar a los responsables de la deforestación. Tras los aumentos de 2016 y 2017, el ritmo de deforestación mejoró en 2018. Aunque sigue en niveles catastróficos, las 197.000 hectáreas del año pasado representan una reducción de 10% con relación al 2017. Según Baptiste, el Gobierno ha desplegado recientemente fuerzas en algunas zonas y ha habido señales de control en el Amazonas pero aún es pronto para saber si 2019 confirmará la tendencia con nuevas bajas. "Como la deforestación es una actividad tan estacional, hay que esperar a que termine la temporada de lluvia, en las próximas semanas veremos en los satélites si sigue aumentando o no".

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