La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este jueves cerrar durante dos meses el estadio de El Sadar de Pamplona, donde Osasuna juega sus partidos como local. ¿El motivo? Según la Comisión durante un entrenamiento abierto al público el pasado 22 de mayo se exhibió simbología del grupo ultra Indar Gorri y se prendieron varias bengalas.

Antiviolencia considera “muy grave” que el club navarro permitiese la promoción de símbolos de los Indar Gorri y añade que los propios jugadores se acercaron a la grada en la que se sitúa este sector ultra y se “enfundaron banderas y bufandas” del citado grupo ultra. Además, en la grada se encendieron “una decena de bengalas” que pusieron “en riesgo” la integridad de los espectadores que acudieron al estadio a presenciar el entrenamiento.

Por todo ello se propone a Club Atlético Osasuna una sanción de 200.000 euros así como el cierre del estadio de El Sadar durante dos meses.

“El club ha sido sancionado en más de cincuenta ocasiones en las últimas temporadas por el Comité de Disciplina Deportiva por cánticos intolerantes emitidos desde esa misma Grada Sur Baja, donde se ubican habitualmente los aficionados de Indar Gorri”, destaca la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Osasuna considera la propuesta de sanción “injusta”

En un comunicado Club Atlético Osasuna ha considerado “injusta” y “desproporcionada” la propuesta de sanción al considerar que entrenamiento fue organizado “adoptando las medidas de seguridad y prevención oportunas, incluyendo la contratación de seguridad privada y la disposición de los servicios sanitarios correspondientes, con el objetivo de garantizar que miles de aficionados pudieran mostrar su apoyo al equipo en una día de especial trascendencia”.

En un comunicado, el club explica que el equipo se estaba “jugando el descenso de categoría” en la última jornada de la competición ante el Getafe C. F. fuera de casa y dado que sus aficionados no iban a poder desplazarse hasta Madrid al encontrarse el estadio del equipo local en obras, “la entidad decidió abrir las puertas al público en el último entrenamiento de la temporada”. “Acudieron alrededor de 5.500 personas sin que se produjese ningún tipo de altercado o incidente. Eso, que debería ser lo prioritario para cualquier institución pública, parece no serlo en esta ocasión”, añade.

“La propuesta castiga no solo al club, sino también a miles de socios y aficionados que vivieron aquella jornada de forma cívica, respetuosa y apasionada. Resulta incomprensible que un acto que representó el respaldo masivo de toda una afición a su equipo pueda desembocar en una medida tan extraordinaria como el cierre del estadio durante dos meses y una multa de 200.000 euros”.

En el escrito Osasuna muestra su “creciente preocupación por el tratamiento que viene recibiendo de forma reiterada durante los últimos años”. “La acumulación constante de expedientes, sanciones y propuestas sancionadoras contra nuestra entidad está generando entre nuestros socios, aficionados y trabajadores una sensación cada vez más difícil de ignorar: la de que Osasuna se encuentra sometido a un nivel de vigilancia, escrutinio y castigo que es difícilmente homologable a otros ámbitos del fútbol español”.

Y añade: “Resulta legítimo preguntarse por qué conductas que en otros escenarios parecen recibir respuestas muy diferentes desembocan, cuando afectan a Osasuna, en propuestas de una dureza extraordinaria que amenazan directamente al club y a toda su masa social”.

“Nuestra afición merece respeto. Nuestra historia merece respeto. Y Navarra merece respeto. El Club Atlético Osasuna no va a aceptar en silencio un trato que considera cada vez más difícil de comprender y de justificar”, finaliza el comunicado.

La comisión navarra de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha concluido que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a estas mercantiles durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite.

PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que cuentan con mayoría parlamentaria, han acordado un documento de mínimos, del que se ha descolgado Contigo/Zurekin, el tercer socio del Gobierno de Chivite, con cuatro conclusiones que serán aprobadas en un pleno que se celebrará en el Parlamento de Navarra a finales de junio. También han acordado, esta vez con el respaldo de Contigo/Zurekin, un documento con recomendaciones para el Ejecutivo foral.

La comisión de investigación fue creada a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil que vincula al navarro Santos Cerdán con una trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Los agentes encontraron en junio de 2025 en casa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso un documento de compraventa por el que Cerdán habría adquirido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, mercantil que funcionaría como vehículo para el cobro de las comisiones, según la Guardia Civil, y a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó siete obras en UTE con Acciona.

Tras nueve meses de trabajos y 46 comparecencias de técnicos, políticos o empresarios, PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que tienen mayoría parlamentaria, han pactado un documento en el que se recogen cuatro conclusiones, que serán las que se aprueben en el pleno. La primera señala que “no se ha podido acreditar” la existencia “de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados”. Añaden que “a pesar de la gravedad de las sospechas iniciales”, las comparecencias, la documentación y las actas de las mesas de contratación “no han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, reparto de comisiones, aportación de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflicto de intereses”.

Con todo coinciden en que se ha constatado “la existencia de irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos, en especial en la licitación de la duplicación del túnel de Belate”.

Se han constatado “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”

En un segundo punto la comisión destaca que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en “prácticas corruptas” dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende “la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten” corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas “genera un contexto de sospecha” que, sin embargo, “no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas” de adjudicaciones públicas.

Se considera también, en un tercer apartado, que no han aparecido “elementos probatorios directos” que apunten a “prácticas corruptas” en las obras investigadas. No obstante, se señala que en la comisión se han constatado “vicios procedimentales” a lo que ha sumado los votos particulares por parte de miembros jurídicos y de Intervención, así como reparos de Intervención advirtiendo de “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”. Aun siendo “objetivamente incumplimientos de legalidad y la buena administración”, se insiste en que “no se han acompañado de pruebas concluyentes” que acrediten un “pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados”.

Por último, en una cuarta conclusión, se recoge que no se han acreditado “injerencias políticas directas o indirectas” sobre los miembros de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Así, destaca que todos los vocales de la mesa que han comparecido “han manifestado de forma coincidente no haber recibido presiones” para “orientar el sentido de sus valoraciones técnicas o de sus votos en la Mesa”.

Pese a ello, añaden que se han producido “conductas discutibles” por parte del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos, como peticiones para “repensar puntuaciones”, que “podrían suponer un quebranto a la imparcialidad de la Mesa”, pero no las vincula a “directrices” de “instancias superiores”. Igualmente, apunta a la existencia de reuniones y comunicaciones entre cargos políticos y responsables administrativos “preocupados por el desarrollo de la licitación” que “puede interpretarse como una presión ambiental o un interés político intenso”, pero sin probar “una orden expresa” para favorecer a una empresa u orientar la decisión de la Mesa.

De este cuerdo se ha desmarcado la tercera pata de la coalición del Gobierno de Chivite, Contigo/Zurekin, que en sus conclusiones particulares considera que han quedado acreditadas “prácticas en los procesos de contratación pública que son incompatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad” recogidas en la legislación sobre contratación pública y “que evidentemente se han vulnerado en algunos de los procesos” que se han analizado, así como “una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial oscura, opaca y nada saludable en un sistema democrático”.

“La diferencia fundamental ha estado a la hora de analizar qué hemos visto, oído y leído en la comisión”, ya que hay grupos que “han entendido que lo importante eran las conclusiones y que el relato que lleva a esas conclusiones no lo era tanto”, ha explicado el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Recomendaciones

Los tres socios del Gobierno y EH Bildu, socio presupuestario, sí que han alcanzado un acuerdo para presentar un documento conjunto de recomendaciones, entre las que destacan la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que puedan haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Las conclusiones y las recomendaciones serán votadas y aprobadas en la comisión parlamentaria el próximo 10 de junio y llevadas a pleno para su aprobación dedefinitival 18 de junio.

Navarra alcanzó en mayo un nuevo récord de empleo, con un total de 322.358 trabajadores, según las cifras de afiliación media a la Seguridad Social publicadas este martes. Son 3.576 personas más afiliadas que en abril y 6.222 más que en el mes de mayo del año pasado. “Se refuerza la senda de la creación de empleo y lo hace de manera significativa”, destacan desde el Ejecutivo foral.

Por otro lado, la comunidad foral ha registrado el paro más bajo en un mes de mayo desde el año 2008 con una caída de 618 desempleados en el último mes. El número total de parados registrado en las agencias del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) se ha situado al finalizar mayo en 28.285 personas, 674 menos que en el mismo mes del año pasado. 

En cuanto a las características del desempleo, el Gobierno de Navarra ha destacado varios aspectos. Por una parte, ha apuntado que la distribución según sexo “sigue siendo desequilibrada”. “En mayo seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,6%, 17.434) frente al 38,4% de hombres (10.851). La buena noticia, sin embargo, es que, en un mes se ha producido un descenso de un 2% de mujeres desempleadas 348 menos, frente a los 270 parados menos”, ha afirmado.

En términos anuales, ha añadido, la variación del desempleo ha resultado “más positiva” para las mujeres. Así, mientras que el número de paradas se reduce en un año un 2,8% (497 desempleadas menos) el de desempleados lo hace un 1,6% (177 parados menos).

También ha destacado que tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 31,5%) son mayores de 54 años, se trata de 8.900 personas. En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 26,1% del total (7.389). “Estos datos han mejorado levemente respecto del mes pasado”, ha expuesto.

Por su parte, la población parada extranjera representa el 22,9% (6.476 personas). En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha descendido en términos anuales un 3,5% (234 menos), mientras que el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha descendido en un año un 2%, (440 personas menos).

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 42,5%, es decir, 12.033 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del 2,5% (304 personas paradas menos de larga duración), ha añadido.

Por otra parte, ha expuesto el Gobierno, la evolución anual del paro registrado por agencias de empleo ha sido la siguiente. El mayor descenso se ha producido en la oficina de empleo de Alsasua, con 90 personas menos que en mayo de 2025, lo que supone un descenso del 11,5%. Le sigue la agencia de Lodosa, con un descenso de 116 parados menos, un 9,5%. Entre las que aumentan su cifra de desempleo, podemos destacar a Santesteban, con un aumento del 6,3% y a Estella-Lizarra, con un 0,2% de aumento.

En la variación intermensual, ha resaltado la caída del 3,7% de desempleo en la oficina de Lodosa, lo que supone que hay 42 parados menos que hace un mes. Es de destacar, también, los 391 parados menos de la oficina de Pamplona, lo que supone una caída del 2,2%.

La Intervención General del Gobierno de Navarra ha solicitado el reintegro de 652.222 euros a Parquenasa, sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene un 45% de las participaciones, por las irregularidades en la reconstrucción del parque Sendaviva tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022.

El informe de fiscalización al que ha tenido acceso elDiario.es y fechado el 23 de abril de 2026, acredita que existió un “fraccionamiento indebido” en el contrato para las obras de reconstrucción. Señala que Parquenasa adjudicó de forma “no ortodoxa” a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas.

Según la Intervención General estos contratos debían haberse adjudicado de manera unificada y mediante el procedimiento reglado porque las cuatro obras tenían un “objeto similar”, “se llevaron a cabo en el mismo periodo de tiempo” y respondían a la “misma necesidad, enmarcándose dentro del mismo proyecto”.

“Los diferentes proyectos han de ser considerados, cuando menos, prestaciones relacionadas, susceptibles, por tanto, de licitación en un mismo procedimiento cuyo valor estimado total sea la suma de todas ellas”, añade. La titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 admitió hace unas semanas una querella presentada por Vox por estos mismos hechos.

Por todo ello, la Intervención concluye que Parquenasa debe reintegrar la parte correspondiente al “fraccionamiento indebido” del total de la subvención de 5,8 millones de euros que el Gobierno de María Chivite otorgó a esta sociedad para la reconstrucción del parque Sendaviva.

La unidad gestora había propuesto el reintegro de los sobrecostes de los modificados de los contratos, pero Intervención destaca que ello supone un “perjuicio económico” para la Hacienda Foral por lo que expone que el reintegro debe incluir “la suma de todas las facturas relacionadas con las tres actuaciones subvencionadas referentes a las fases I, II y III, esto es 652.222,66 euros (217.149,46 + 217.746,45 + 217.326,75 respectivamente), más los intereses de demora correspondientes”.

Con todo, continúa siendo solo una parte del total de la subvención, ya que se aprecia que “la ejecución material de las actuaciones se ha realizado correctamente”, según apuntó hace unos meses la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, en una comparecencia en el Parlamento navarro. “Las actuaciones realizadas por la beneficiaria de la subvención alcanzan de modo significativo el cumplimiento de la finalidad de la subvención, al estar materialmente ejecutadas tal y como ya se expuso en el informe de omisión de fiscalización, por lo que el reintegro no debe alcanzar la totalidad de la subvención obtenida (5.794.887 euros), sino únicamente la parte correspondiente a las inversiones objeto del fraccionamiento indebido”, apostilla la Intervención General.

Adentro Construimos, la empresa adjudicataria de los cuatro contratos que se fraccionaron de manera “indebida” para la reconstrucción de Sendaviva, según la Intervención General, en la misma empresa que realizó las obras de reforma de la vivienda de Ramón Alzórriz, el ex 'número dos' de Chivite en el PSN. Un juzgado ha remitido recientemente al Tribunal Superior de Justicia de Navarra una denuncia de Vox en la que se asegura que esas obras fueron la contraprestación por la adjudicación de los contratos de Sendaviva.

Navarra inició en los cinco primeros meses de 2026 un total de 483 viviendas protegidas, que suponen el 77% del total de las iniciadas el año pasado. Igualmente, en 2025, esta fue la comunidad que más vivienda protegida promovió, con 0,8 viviendas por cada mil habitantes, el doble que la segunda comunidad en la lista, la Comunidad de Madrid. 

Son datos que la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, presentó esta semana durante la celebración de un nuevo Consejo de Vivienda de Navarra. Datos provisionales que maneja el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, y que indican que hasta el 26 de mayo se han iniciado un total de 483 viviendas protegidas, de las que 357 son VPO y 126, VPT. Suponen un 161,5% de las viviendas iniciadas en el mismo periodo de 2025, lo que refleja “el esfuerzo de este Gobierno por procurar aumentar la oferta de vivienda protegida en esta comunidad para dar respuesta al mayor número de personas posible”, ha señalado la consejera Alfaro.

El informe anual recoge una comparativa de la promoción de vivienda protegida en todo el país, siendo Navarra la primera comunidad con 0,8 viviendas protegidas iniciadas por cada mil habitantes, el doble que la Comunidad de Madrid, que se sitúa en segundo lugar en la lista con 0,4 viviendas protegidas promovidas en el ejercicio anterior. La media estatal es de 0,3. 

Esta cifra, además, ha incrementado en 0,2 viviendas respecto a 2024, cuando Navarra ocupaba la tercera posición en el Estado en viviendas protegidas iniciadas, con 0,6 por cada mil habitantes.

Evolución del parque de vivienda

Tal y como se refleja en el informe, en 2025 el incremento en la edificación de vivienda protegida se observa en los dos tipos de vivienda: la VPO aumenta un 34,9% respecto al año anterior (pasa de 407 a 549) y la VPT duplica su volumen (pasando de 39 a 81 viviendas). Igualmente, el año pasado se calificó provisionalmente el mayor número de VPO desde 2017 y durante 2025 se terminaron 2.015 viviendas (entre libres y protegidas), lo que supone un incremento del 7,1% con respecto a 2024.

El número de viviendas protegidas de Navarra, a 1 de enero de 2026, asciende a 58.931 viviendas, que suponen un 22,7% del total de viviendas principales que se contabilizan en Navarra. Además, el 44,4% de las viviendas tienen limitación del precio por situarse en uno de los 21 municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, y el 9,8% de las viviendas se ofrece en alquiler protegido: viviendas de alquiler, alquiler con opción a compra, alquiler joven, apartamentos tutelados, etcétera, todas con precio limitado.

Por otro lado, la Bolsa de Alquiler complementa la oferta del parque de vivienda protegida en alquiler y, a finales de 2025, este programa que gestiona Nasuvinsa contaba con un total de 1.123 viviendas, un 10% más que en 2024 y más del doble del número de viviendas disponibles en 2015 (474 viviendas).

Subvenciones y ayudas en 2025

Además de esto, en 2025 el Gobierno de Navarra ha concedido 68,2 millones de euros en subvenciones y ayudas para el alquiler, compra o rehabilitación. En concreto, se han destinado 14.256.602,29 euros de subvención para alquileres, para 4.194 viviendas de protección oficial y 868 viviendas de Bolsa de Alquiler. Además, 2.057.925,09 euros se han destinado a la adquisición de 151 viviendas protegidas; 790.718,57 euros para la adquisición de 66 viviendas usadas; y 51.169.095 euros de esos más de 68 millones han servido para rehabilitar 7.875 viviendas. 

Estas subvenciones se complementan con las ayudas destinadas al acceso a una vivienda a través de los programas Emanzipa y David. En 2025, el primero de estos programas destinó 6.252.099 euros en ayudas a 2.440 jóvenes y con el programa David se destinaron 7.304.889 euros a un total de 2.757 unidades familiares.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

La regulación del mercado de la vivienda en Navarra sigue teniendo su reflejo en los precios del alquiler. En los 21 municipios que fueron declarados el año pasado como zonas de mercado residencial tensionado el precio de los alquileres ha caído un 7%, pasando de los 837,6 euros de media a los 778,3 euros.

Así lo ha celebrado la consejera navarra de Vivienda, Begoña Alfaro, que sin embargo ha añadido que “no es la panacea”. “Dijimos desde el principio que esta medida no iba a rebajar de forma escandalosa los precios, sino que iba a servir para contener la sangría”, ha apuntado para añadir que, mientras en la Comunidad de Madrid los precios se han disparado “un 10%” en la comunidad foral se ha logrado que desciendan “levemente”.

El Gobierno de Navarra declaró en mayo del 2025 a Pamplona, Tudela y otros 19 municipios que concentran el 70% de la población de la comunidad foral como zonas de mercado residencial tensionado. Esta declaración implicó que en esas localidades se impulsaran medidas para facilitar el acceso a la vivienda, como por ejemplo el tope al precio de los alquileres, que se comenzó a aplicar en julio de ese año, hace ahora 11 meses.

En ese periodo de tiempo el precio medio del alquiler ha caído un 7%, según los datos recogidos en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra (RECA), que es de inscripción obligatoria en la comunidad foral. Además, en el último trimestre han bajado un 1,8%.

En el otro lado, en las localidades fuera de la zona de mercado tensionado el precio medio alcanzó los 600,3 euros, registrando un ligero incremento del 3,2% comparado con el mismo trimestre de 2025.

Caen ligeramente los nuevos contratos

Respecto al número de nuevos contratos de alquiler formalizados en el primer trimestre del año, estos ascendieron a 951, manteniéndose un nivel de actividad “muy parecido” al del trimestre anterior en el que se formalizaron 956. De ellos el 89% (843) se encuentran en los 21 municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado. 

En relación con el descenso registrado respecto al mismo trimestre del año anterior, en el que se registraron 1.135 contratos, la consejera Alfaro ha explicado que esto es debido “por un lado, a que la declaración de zona de mercado residencial tensionado dota de una mayor estabilidad al mercado del alquiler debido a que la limitación de precios hace que aumenten las prórrogas y se firmen menos contratos nuevos. Esto provoca una estabilidad para las familias inquilinas y una mayor seguridad jurídica para las personas inquilinas y propietarias”. 

Por otro lado, la consejera ha reconocido que “puede existir un porcentaje de contratos de temporada que no esté siendo registrado a pesar de su obligatoriedad”. En este sentido ha recordado que Navarra va a regular el arrendamiento de habitaciones y los contratos de alquiler de temporada al objeto de evitar los posibles abusos que se puedan dar a través de estas figuras para evitar la limitación de precios que existen en las zonas de mercado tensionado declaradas.  

Según datos del RECA, por tipología, el 91,4% de los nuevos contratos corresponden a vivienda habitual y el 8,6% a alquiler de temporada, manteniéndose estable la proporción de contratos de alquiler temporal registrados respecto al cierre del año anterior. Según ha apuntado la consejera muchos contratos se registran fuera de plazo y ha recordado que todos los contratos de arrendamiento deben incluirse, por ley, en el Registro del Alquiler de Navarra.

“A día de hoy en nuestros registros de contratos de alquiler están inscritos casi 22.000 alquileres, a los que hay que sumar los 5.669 de alquiler social. Es decir, estamos hablando de más de 27.500 alquileres en Navarra”, ha explicado Begoña Alfaro. Según datos del Gobierno navarro, en torno a un 30% de las viviendas que están en el mercado del alquiler son propiedad de grandes tenedores.

El Parlamento de Navarra ha tumbado este lunes dos declaraciones institucionales presentadas por UPN y Vox en las que se reclamaba pedir al Athletic Club de Bilbao que retirase de su nueva camiseta el mapa de Euskal Herria con la ikurriña y que solo han contado con los votos favorables del PP. La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ya amenazó hace unos días con llevar a los tribunales al equipo vizcaíno si no quitaba ese mapa por considerarlo “lesivo” para Navarra.

UPN pedía en su declaración que el Parlamento de Navarra reafirmara “el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra, amparado por la Constitución Española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), así como por su identidad institucional, política y jurídica plenamente reconocida”. Además, consideraba “improcedente la inclusión, en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027, de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de 'Euskal Herria' integrando a Navarra junto a la ikurriña, al entender que proyectan una visión política e identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra”.

Así, pedía al Parlamento que solicitase “expresamente” al club reconsiderar la decisión y que retirase de su camiseta “cualquier referencia gráfica o simbólica que incluya a Navarra dentro de una representación política territorial ajena a su realidad institucional, en aras del respeto institucional, la convivencia y las buenas relaciones comunidades vecinas”.

Por su parte, Vox pedía que el Parlamento de Navarra condenara “firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional”.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha pedido que se “respete” a quienes creen que Navarra “tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más”. “Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen”, ha añadido para criticar a la presidenta, María Chivite, por “no defender” a la comunidad foral.

“La camiseta del Athletic lanza un mensaje político claro, un territorio, que ellos consideran una nación y una bandera”, ha afirmado para apuntar que UPN va a “hacer todo” lo que esté en sus manos para intentar que el Athletic no pueda jugar con esa camiseta. También PP y Vox han considerado una “falta de respeto” y un “menosprecio” que el equipo vizcaíno haya incluido el mapa de Euskal Herria en su indumentaria.

Del lado contrario, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido a UPN y a Vox que “no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao” y ha defendido que en su formación son “más” de ponerse “la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera”, ha recordado. “El euskera se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria”, ha aseverado para criticar al partido regionalista que trate de “imponer cómo se tiene que sentir uno navarro”.

El PNV eleva el tono con Pedro Sánchez. El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha considerado este domingo que sería “irresponsable” que el presidente del Gobierno se mantuviera en el cargo “más allá de 2026” tras el estallido del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y le ha advertido de que “son necesarias muchas explicaciones”.

“Es ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”, ha señalado Esteban en un acto político celebrado en Durango en el que el PNV ha lanzado la carrera electoral de las elecciones forales y municipales del 2027.

El presidente del PNV ha aludido a “todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español” y que son “absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental”.

“Aquí no vale todo”, ha advertido Aitor Esteban, que ha recordado que “ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero”, al que el presidente, Pedro Sánchez, ha mostrado apoyo “absoluto”. Aunque se está “en una fase indiciaria de la instrucción” del caso, Esteban ha alertado de que el contenido del auto de imputación al expresidente del Gobierno “es muy grave y muy preocupante”.

Por ello, cree que el Ejecutivo de Sánchez “no puede pretender ventilar el asunto apelando al 'lawfare' y listo” porque “esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones”. Según ha indicado, el Partido Nacionalista Vasco va a “seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales”.

Esteban también ha criticado durante su intervención al otro socio del Gobierno de coalición. Así, le ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haya puesto “patas arriba” Osakidetza por la huelga de médicos. “Mucho hablar de la sanidad pública, pero a la hora de la verdad pura palabrería. Les da igual que la huelga esté afectando a aquellas comunidades cuya sanidad es rotundamente pública, como Euskadi” y le ha reclamado “que se siente a negociar con los médicos”. “Y qué si no lo haga Sánchez porque él es tan responsable como la ministra”, ha apostillado.

Pero las advertencias al Gobierno de Sánchez no han ido acompañadas de guiños al PP, un partido que ha considerado que sigue “fuera de lugar”. “PP, el partido perdido. No entienden el país, quieren traer aquí modelos de confrontación y bronca, pero eso no encaja con nuestro modelo de ser y de hacer”, ha asegurado Aitor Esteban.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, el socialista Javier Remírez, ha propuesto este viernes reformar la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, para eliminar varias limitaciones para la convocatoria de elecciones anticipadas. La propuesta llega apenas una semana después de que se viviese la mayor crisis entre los socios del Gobierno de María Chivite por el blindaje a los conciertos educativos y de que se llegase a plantear la posibilidad de un adelanto electoral, para el que existían dudas jurídicas.

Y es que el Amejoramiento navarro recoge en su artículo 30 que la presidenta no puede disolver el Parlamento “durante el primer periodo de sesiones, ni cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura, ni tampoco antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución”. El Ejecutivo foral encargó un informe a los servicios jurídicos para saber cuándo se considera que finaliza la legislatura.

Ahora, el Ejecutivo plantea eliminar esas limitaciones para equiparse a las que existen para la convocatoria anticipada de unas elecciones generales, en las que únicamente se limita a la no existencia de una moción de censura en trámite, haber transcurrido menos de un año desde disolución, y haber consultado previamente al Consejo de Ministros.

El vicepresidente y portavoz, Javier Remírez, ha comparecido este viernes en la ponencia parlamentaria en la que se analiza una posible modificación del Estatuto navarro, que de producirse debería ser negociada entre los Gobiernos navarro y central. Posteriormente, el acuerdo tendría que ser ratificado en el Parlamento Foral y en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención también ha propuesto que no sea necesario ser parlamentario para presidir la comunidad foral. Para ello sería necesario cambiar el artículo 29, que señala que la persona que presida Navarra “será elegido por el Parlamento, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey”. Remírez ha planteado eliminar este requisito recordando que para ser presidente del Gobierno de España únicamente se requiere ser español, mayor de edad, y disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

Remírez también ha propuesto incluir en la LORAFNA los derechos sociales, incorporando el derecho a la salud, a una vivienda digna, a la educación infantil y a servicios sociales. También el derecho a una buena administración, a la protección de datos, al acceso a nuevas tecnologías y a la transparencia institucional. Igualmente, ha planteado reconocer el derecho a un medio ambiente equilibrado, al desarrollo sostenible o a la promoción de energías sostenibles.

Se ha mostrado partidario de igual forma de incorporar la igualdad entre hombres y mujeres para que “pase a configurarse como un principio general de toda actuación pública de las instituciones de la comunidad foral”.

El portavoz del Gobierno navarro ha defendido en todo caso que la eventual modificación del Estatuto se debe basar en “un espíritu de búsqueda de un consenso, si no unánime, sí inmensamente mayoritario, e igualmente con una vocación de permanencia”.

El Athletic Club de Bilbao vuelve a ser objeto de polémica en Navarra. Pero esta vez no ha sido por el fichaje de algún jugador de la cantera de Club Atlético Osasuna, sino que ha trascendido a lo deportivo. La nueva equipación del club vizcaíno, presentada esta semana, ha indignado a los partidos de la derecha navarra por incluir un mapa de Euskal Herria en la parte trasera del cuello de la camiseta junto con una ikurriña. UPN ha pedido incluso a la Real Federación Española de Fútbol que impida al Athletic Club utilizar esa indumentaria y ha amenazado con acudir “a los tribunales”. PP y Vox también han protestado.

Fue este miércoles cuando el Athetic Club de Bilbao presentó la camiseta que utilizará la próxima temporada. Según la web del club, que usó como modelos a los jugadores navarros Nico Williams y Oihan Sancet, se trata de una indumentaria con la que se quiere contar la historia del equipo. Así, incluye siete rayas que representan “las siete provincias de Euskal Herria, entrelazando las diversas y orgullosas comunidades que conforman el corazón del club”.

Además, en la parte trasera del cuello de la camiseta se ha añadido un mapa de Euskal Herria, en el que se ha incluido el territorio navarro, así como Treviño, con los colores de la ikurriña. Se ha excluido sin embargo del mapa a parte del territorio foral de Álava.

Ha sido ese detalle el que ha indignado a los partidos de derecha en la comunidad foral. UPN ya ha amenazado con acudir a los “tribunales” si el Athletic no retira de su equipación ese mapa, por considerarlo “lesivo” para Navarra “por cuanto desconoce o relativiza su realidad política, jurídica e institucional diferenciada”.

La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ha enviado además sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite, para que se impida al club vasco utilizar esa indumentaria si no retiran el escudo de Euskal Herria del cuello.

“La inclusión de un mapa de 'Euskal Herria' junto con una ikurriña en la equipación oficial de un club que participa en competición profesional nacional incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político”, ha señalado Ibarrola.

También PP y Vox se han quejado en Navarra por la nueva equipación del Athletic Club. “Es inaceptable que el fútbol se utilice para exhibir símbolos que denigran la identidad de Navarra”, ha denunciado el presidente del PP navarro, Javier García, quien ha reclamado al Athletic que retire el escudo de su equipación. “El club donde anida el cariño a ETA”, ha espetado la cuenta de Vox Navarra en la red social X.

El Gobierno de Navarra dice que “no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales”

También se ha pronunciado el Gobierno de Navarra. Su vicepresidente primero y portavoz, Javier Remírez, ha asegurado que en la nueva camiseta del Athletic “no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra”.

En un mensaje en X ha explicado que, además se trata de una entidad “calificada legalmente como asociación privada, es decir, no es una administración pública ni entidad dependiente de una institución pública”. “A partir de aquí el uso de símbolos no oficiales por parte una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni a su ámbito competencial”, ha apostillado.

Con todo, ha asegurado que el Gobierno de Navarra “reivindica sus símbolos oficiales como reflejo de su institucionalidad como Comunidad Foral propia y diferenciada”.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado domingo mató a su esposa, de 44 años en la localidad navarra de Arguedas. Según la magistrada, el hombre la que golpeó en la cabeza y, posteriormente, la estranguló en el domicilio conyugal, donde falleció.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la magistrada califica inicialmente los hechos como constitutivos de un delito de homicidio. El imputado, que el lunes se entregó en dependencias de la Guardia Civil después de que un familiar de la víctima se encontrara en el domicilio el cuerpo sin vida, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en su comparecencia ante la jueza. 

A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional o, en su caso, “la adopción de medidas menos gravosas”. 

Fue el pasado lunes cuando, sobre las 18:00 horas, el investigado acudió a la Guardia Civil de Valtierra para poner en conocimiento de los agentes que el día anterior, sobre las 23:00 horas, había discutido con su esposa, a la que había golpeado en la cabeza. Según su versión, la mujer se había desplomado y caído al suelo. Y añadió que, a la mañana siguiente, ella seguía en el suelo, inmóvil. Tras esta declaración, fue detenido. 

A las 18:45 horas, según se recoge en la resolución judicial, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver. Se apreció que la víctima se encontraba “tumbada en el suelo boca arriba junto con una herida en el lado derecho de la cabeza, junto al lóbulo de su oreja, con sangre”. El informe preliminar forense, indica la jueza, determina que “la muerte ha sido violenta, siendo la causa inmediata de la misma probable anoxia encefálica, como consecuencia de asfixia mecánica cervical”. 

“De todos los hechos descritos anteriormente se desprende de forma indiciaria, al menos en este momento incipiente de la instrucción, que el investigado (…), no solo golpeó en la cabeza a la víctima (…), sino que la agarró del cuello hasta asfixiarla”, concluye la jueza. 

La medida de prisión, según apostilla, es “absolutamente imprescindible para evitar el riesgo de fuga” debido a las penas previstas por el delito de homicidio —de 10 a 15 años de prisión— o, si se determinara, por el de asesinato —de 15 a 25—, así como por “el hecho innegable de la falta de arraigo del investigado”, que lleva “únicamente dos meses viviendo en Arguedas con su mujer”.

Los socios que conforman el Gobierno de María Chivite tratan de superar la crisis que se generó el pasado jueves entre los socios cuando Geroa Bai permitió con su abstención la aprobación de la proposición de ley de UPN para blindar la concertada y revertir la resolución de Educación del cierre de 14 aulas en la red privada porque afectaba a cinco ikastolas. PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han reunido en la tarde de este lunes para limar asperezas y reafirmar su compromiso de continuar juntos lo que resta de legislatura.

Según han informado desde las tres formaciones que conforman el Ejecutivo foral ese ha sido el principal punto de encuentro en una reunión, que se ha prolongado durante una hora y media y que ha estado encabezada por la presidenta, Maria Chivite. Las partes confirman que han sido unos días “difíciles” tras haber afrontado la mayor crisis desde que Chivite es presidenta y que a punto estuvo de llevarse al Gobierno por delante. Pero insisten en que este lunes ha primado el interés mutuo por agotar la legislatura.

“Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista”, ha solemnizado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, que ha enmarcado la crisis en una “relación de coalición” entre partidos diferentes. “Incluso ha fortalecido la coalición y el compromiso con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado.

El PSN salió muy enfadado del pleno del jueves, en el que acusaron a Geroa Bai de incumplir el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 y sumarse a la derecha para aprobar una ley contraria a las directrices del Departamento de Educación. Con todo, este lunes han tratado de reconducir las relaciones con sus socios conscientes de que queda un año de legislatura con varias leyes y proyectos de calado todavía pendientes.

En la misma línea Geroa Bai, considera que se ha “encauzado” el diálogo con sus socios. Al PSN le ha emplazado a que no tome “decisiones de este tipo” de forma “unilateral” y que lo hagan con “diálogo”, ha apuntado su portavoz, Pablo Azcona. “Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro”, ha añadido.

El tercer socio, Contigo/Zurekin, también ha mostrado su compromiso por dar cumplimiento al acuerdo programático en los meses que quedan de legislatura, si bien no ha ocultado su enfado por la postura tomada por Geroa Bai con la concertada y han insistido que su compromiso es la defensa de la red pública. Uno de los partidos de esta coalición de izquierdas, Podemos, por su parte ha pedido de nuevo al resto de formaciones que conforman Contigo/Zurekin abandonar el Gobierno de Navarra.

Tras la reunión de este lunes el tripartito encara el final de legislatura habiendo superado una importante crisis entre los socios, que se han comprometido a no romper el Ejecutivo y a poner los medios para que una situación como la vivida el pasado jueves no se vuelva a repetir conscientes de que pese a las diferencias, son “muchas” las cosas que les unen.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha evitado romper su Gobierno de coalición a pesar de que su principal socio, Geroa Bai, ha votado con UPN el blindaje a la concertada. Los dos, además de EH Bildu, han aprobado una proposición de ley foral presentada por los regionalistas a la que se le han añadido unas enmiendas presentadas por la coalición abertzale para incluir una moratoria de un año a la resolución del Departamento de Educación de no renovar el concierto a 14 líneas de la red privada.

La brecha que ha estado a punto de llevarse por delante el Gobierno navarro surgió hace unas semanas cuando el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, anunció que no se renovaría el concierto a 14 líneas para que la caída de la natalidad no se cebara con la red pública, la que más se resiente con el descenso de matrículas porque el sistema de renovación de conciertos se da cada cuatro años cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente.

La medida contó con el rechazo de UPN, PP y Vox, pero también con el del socio del PSN en el Ejecutivo Geroa Bai y el de EH Bildu, socio presupuestario. ¿El motivo? El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

UPN presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral, que se ha debatido este jueves, para blindar los conciertos educativos revirtiendo el cierre anunciado por Educación. Geroa Bai amagó con apoyarla a pesar de que en el acuerdo programático de legislatura pactado con los socialistas en 2023 para investir a Chivite presidenta se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”. EH Bildu también se mostró abierto a apoyar la ley de los regionalistas.

Así, durante semanas los socios del Gobierno navarro han estado negociando un acuerdo que evitase una importante crisis del Ejecutivo. El miércoles, a menos de 24 horas de que se votase en el pleno la ley de UPN, alcanzaron un acuerdo de mínimos que a las pocas horas Geroa Bai dio por roto porque no se daban “las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, donde se han preinscrito 31 alumnos y, según las ratios, le corresponde una única aula de 25 alumnos, quedándose así fuera seis.

La coalición de PNV y Socialverdes pidió al PSN que rectificase y desdoblara una segunda aula de tres años en la citada ikastola, cuestión que los socialistas rechazaron por no llegar a la ratio mínima por un alumno.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves. PSN y Geroa Bai han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo in extremis y las negociaciones han quedado totalmente rotas. En el pleno se ha aprobado la proposición de ley presentada por UPN pero a la que se le han añadido unas enmiendas de sustitución presentadas por EH Bildu. Así, se ha aprobado una moratoria de un año al cierre de las 14 aulas de la concertada y derogar la resolución aprobada por el Departamento de Educación que incluía el cierre de las aulas.

“Están pidiendo que se financien aulas de la privada vacías y que tienen menos ratios que las de la pública”, le ha reprochado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la oposición, así como a sus socios de Geroa Bai y a EH Bildu.

De esta forma las relaciones entre los socios han quedado tocadas, pero Chivite ha evitado que la mayor crisis de gobierno desde que es presidenta haya terminado con una ruptura de su Ejecutivo. El PSN ha emplazado a sus socios a una reunión para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

PSN y Geroa Bai han llegado al pleno de este jueves en el que se vota una proposición de ley foral para blindar la concertada sin un acuerdo en educación. Las negociaciones entre los socios de gobierno están rotas y amenazan una crisis importante en el Ejecutivo de Chivite, si bien las fuentes consultadas apuntan a que no llegará a una ruptura total del Gobierno.

Los socialistas habían alcanzado in extremis un acuerdo con Geroa Bai este miércoles para evitar la crisis tras el anuncio del consejero de Educación, Carlos Gimeno, de que no se renovará el concierto a 14 aulas de la red privada por la caída de la natalidad y del número de preinscripciones. El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, las escuelas privadas de educación en euskera que reciben fondos públicos.

Y es en este punto en el que surgieron las diferencias. Según el PSN en el pacto alcanzado se acordó que el cierre de aulas se mantendría, pero con el matiz de que los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años, así como que podrán acogerse el proceso de matriculación extraordinaria.

Pero Geroa Bai anunció por la tarde que rompía el acuerdo porque según ellos “no se dan las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, en la que hace falta la preinscripción de un alumno más para que se desdoble.

Desde primera hora del jueves los socios del Ejecutivo han estado manteniendo reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la brecha, pero las posiciones son muy distantes y se han roto las negociaciones, según apuntan las fuentes consultadas.

De hecho es escenario más probable, según añaden estas fuentes que se maneja es que salga aprobada la ley de UPN, pero con unas enmiendas que ha presentado EH Bildu, socio presupuestario. La coalición abertzale propone incluir una moratoria de dos años al anuncio del cierre de 14 aulas en la concertada, mientras se elabore una ley para reducir las ratios en los centros sostenidos con fondos públicos.

El acuerdo que este miércoles habían alcanzado in extremis PSN y Geroa Bai sobre la concertada para evitar una grave crisis interna entre los socios del Gobierno de María Chivite ha saltado por los aires en cuestión de minutos. La coalición de Socialverdes y el PNV dice ahora que ve “peligrar” el acuerdo por las discrepancias surgidas a la hora de plasmar “negro sobre blanco” lo pactado en relación con la ikastola de Estella, una de las afectadas por el cierre de aulas anunciado por el consejero Carlos Gimeno, motivado por la caída de la natalidad, y que ha propiciado la brecha entre los socios.

Este jueves se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años. Geroa Bai, que había amagado con apoyarla porque afectaba a varias ikastolas, alcanzó un acuerdo este miércoles con el PSN para no hacerlo. Pero ahora, desde la coalición aseguran que “no se dan garantías suficientes para el cumplimiento de los acuerdos que Geroa Bai había puesto encima de la mesa”. “A estas horas y ante la posición del PSN, desde Geroa Bai no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno de mañana, salvo cambio de postura del PSN”, apostillan.

Según informa Geroa Bai la discrepancia ha surgido en torno a la ikastola de Estella, en la que seis alumnos no han sido admitidos porque Educación únicamente ha renovado el concierto para un aula de 25 alumnos, cuando recibieron 31 solicitudes. Geroa Bai ha exigido que se concierte una segunda aula, cuestión que el PSN rechaza con la actual demanda de plazas porque ello implicaría que esta escuela privada contase con mejores ratios que la pública. En el acuerdo alcanzado el mediodía de este miércoles se incluyó el siguiente punto: “Se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

“En lo referido a las dos aulas que solicita la ikastola de Lizarra con 31 preinscripciones, a requerimientos de esta coalición y a la hora de formalizar el acuerdo, negro sobre blanco, nos encontramos con que la voluntad y propuesta del PSN dista con mucho de la solución planteada por Geroa Bai, que ya viene avalada en jurisprudencia del Tribunal Supremo”, sostienen desde Geroa Bai.

El PSN pide a Geroa Bai que “recapacite” y “mantenga su compromiso”

Desde el PSN, por su parte, defienden que habían alcanzado un acuerdo con Geroa Bai que ratifican. Así, piden a sus socios de coalición que “recapaciten y mantengan su compromiso”.

“El PSN no puede aceptar que, una vez cerrado el acuerdo político, se pretenda incorporar al mismo cuestiones que deben ajustarse al marco legal vigente”, apuntan los socialistas.

El consejero de Educación ha declarado en varias ocasiones que la retirada del concierto a las 14 aulas era irreversible y alertó de que la proposición de UPN tiene visos de “inconstitucionalidad” y que de aprobarse obligaría a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, añadió.

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha sido la última persona en comparecer ante la comisión de investigación sobre la derivada navarra del 'caso Koldo' en el Parlamento foral, que este miércoles finaliza sus trabajos, a falta de la redacción del dictamen, tras más de nueve meses de comparecencias. Una vez más ha reiterado la “honestidad” del Gobierno que ella lidera respecto a las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000. “Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará un delito”, ha aseverado.

Chivite ha recordado que las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate no está siendo investigadas por el momento por la Justicia. Este es el contrato más alto (76 millones de euros) que el Ejecutivo navarro ha adjudicado a las empresas investigadas por una posible trama de corrupción que según la Guardia Civil estaría liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Así, ha reprochado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que quiera “darle la vuelta a la prueba” y que “se tenga que demostrar la inocencia” en lugar de la culpabilidad. “Yo no voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido”, ha asegurado. 

Ahondando en Belate, ha afirmado que ella como presidenta “no puede intervenir” en una mesa de contratación y ha recordado que “todos” los miembros de aquella mesa declararon en la misma comisión que “no hubo ni instrucción ni injerencia política” para que modificasen sus puntuaciones.

 “Al respecto de las puntuaciones, ya he dicho que hemos modificado algunas de las lagunas que había en los procedimientos de las mesas de contratación y puedo explicar qué mejoras hemos introducido ya en los procesos de licitación de las obras públicas”. Ha hablado así de “la digitalización de los expedientes; la mejora en los criterios de adjudicación incluyendo en los pliegos criterios con una puntuación diferenciada, de forma que se concretan los aspectos que se valoran en las adjudicaciones y su relevancia en las mismas”.

Chivite también ha apuntado que cuando se adjudicó la obra nadie sabía de la “presunta” participación de Cerdán en la mercantil señalada por la UCO.

A este respecto, ha señalado que fue un “shock” para ella la publicación del informe en el que los agentes de la Guardia Civil desvelaron que Cerdán había adquirido en 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar 2000 tras haber encontrado un documento privado en el trastero del empresario vasco Antxon Alonso en el registro de su domicilio. “Cuando salieron los rumores hablé con él (Santos Cerdán) y me dijo que todo eran rumores, que era falso”, ha añadido Chivite, que ha repetido que no ha vuelto a hablar con Cerdán desde que se conoció el informe.

“Cerdán no negoció la moción de censura en Pamplona”

Javier Esparza ha centrado gran parte de su interrogatorio a la presidenta en la figura de Santos Cerdán, a quien consideran muñidor de los pactos de Gobierno de Chivite y de la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona para investir a Joseba Asiron, de EH Bildu.

“La moción de censura en Pamplona se habló, se acordó, se negoció y se decidió tanto en una asamblea del PSN de Pamplona como en una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSN”, ha aseverado Chivite, que sí ha reconocido que “se informó a los órganos del partido” de la decisión de hacer alcalde al candidato de EH Bildu.

De igual manera, ha indicado que la negociación del Gobierno de Navarra también se llevó en la comunidad foral. “Para conformar Gobierno no tengo que pedir autorización a Ferraz, tengo que someterme al comité regional del PSN, otra cosa es que el partido esté informado”.

“Es falso que necesite una autorización de Ferraz y si quiere le remito los estatutos de nuestro partido. Otra cosa, porque somos un partido de estructura federal, es que se esté informado de las cosas que se hablan en otras federaciones”, ha finalizado.

Mantiene la “confiaza política” en Alzórriz

Cuestionada por Ramón Alzórriz, su ex 'número dos' en el PSN a quien forzó a dimitir por haberle ocultarle que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, ha manifestado que aquel día le retiró su “confiaza personal” pero que mantiene la “política”. “Sin duda”, ha añadido.

“Cada uno puede trabajar donde quiera, pero es algo que tenía que haber sabido, y como no me lo dijo, tuve que tomar esa decisión”, ha señalado, para negar que pactara con él mantenerlo como parlamentario. “Le retiré mi confianza personal, que no política, porque hasta donde yo sé no ha cometido ningún delito”, ha indicado.

Hace unos días, la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 ha remitió al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una denuncia de Vox por las obras que realizó en su domicilio Ramón Alzórriz. Las obras las realizó la empresa Adentro Construimos, la misma a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó los cuatro contratos para la reconstrucción del parque natural de Sendaviva tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022.

El presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha defendido que Uxue Barkos volvería a ser una gran candidata de Geroa Bai para las elecciones a la presidencia foral del año 2027. Barkos, que presidió el Ejecutivo navarro entre 2015 y 2019, volvió a ser la candidata de la coalición de Socialverdes —el partido que ella creó— y PNV en 2019 y 2023, años en los que fue investida la socialista María Chivite con el respaldo de Geroa Bai, que forma parte de la coalición de gobierno. En esta última legislatura, Barkos ha sido designada senadora autonómica por Navarra.

“Barkos sin duda es un valor”, ha aseverado Hualde en una entrevista en Euskadi Irratia, si bien ha matizado que PNV y Socialverdes todavía están “discutiendo” el futuro de la coalición. El presidente del Napar Buru Batzar (NBB) ha asegurado que la intención de su partido es “reconducir las posibles desavenencias” que existen con la formación de Uxue Barkos para que “otra vez la coalición Geroa Bai esté presente en las elecciones forales y municipales de 2027”. “Esperamos tener un acuerdo”, ha apostillado.

Barkos, que impulsó Geroa Bai en 2015 con la que logró presidir el conocido como Gobierno del “cambio”, abrió las puertas al relevo en Geroa Bai en septiembre de 2023 cuando, tras pactar con el PSN que serían ellos quienes designasen a representante del Parlamento navarro en el Senado, decidió ser ella misma quien diera el salto a la Cámara Alta en Madrid.

Así, en 2024 la expresidenta navarra dio un paso a un lado y no se presentó a la reelección como secretaria general de Socialverdes, el partido que ella misma había creado en 2020, y fue elegido en su lugar Pablo Azcona, actual portavoz de la coalición Geroa Bai en el Parlamento de Navarra. Ahora, a falta de un año de que se celebren las elecciones, el PNV vuelve a poner encima de la mesa el nombre de Barkos como posible candidata.

Las relaciones internas en Geroa Bai no han vivido su mejor momento en los últimos años. Por un lado, Aitor Esteban ha decidido reimpulsar al PNV en Navarra, destacando que es la fuerza local más antigua, y, por otro lado, Barkos no comparte grupo en el Senado con sus socios. El PNV precisa de un senador del PSOE, en este caso del PSC, para poder tener presencia propia en la Cámara alta mientras Barkos está en un grupo de izquierdas con fuerzas como Sumar.