La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, buscaba este lunes templar las aguas con sus socios de Gobierno tras el duro revés de los servicios jurídicos, que tumbaron la vía que exploraba el Departamento de Cohesión territorial para pagar los 8,3 millones de euros de sobrecoste derivados del modificado que en noviembre de 2025 rechazó la intervención general del Gobierno. Pero lejos de eso, su principal socio, Geroa Bai, ha elevado el tono y asegura que “no se ha actuado con rigor técnico y jurídico suficiente”. “Salimos todavía más preocupados”, ha lamentado su portavoz, Pablo Azcona, a la salida de la reunión que han mantenido durante más de dos horas los tres partidos que conforman la coalición de gobierno.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, es una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco tiempo de iniciarse la obra, las empresas de la UTE presentaron un modificado del contrato que incluía un sobrecoste de 8,3 millones de euros. La dirección general de Obras Públicas lo autorizó, pero a última hora un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que ese sobrecoste no estaba debidamente justificado. Aquel informe derivó en una primera crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que terminó destituyendo al director general Pedro López Vera.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Este nuevo varapalo jurídico ha vuelto a levantar ampollas entre los socios, que han exigido que no se pague a la UTE “ni un solo euro más” de lo que esté avalado jurídicamente. Pero Geroa Bai (Socialverdes y PNV) asegura que “encauzar las cosas va a ser difícil”. Ven complicada una solución al pago del sobrecoste y mientras tanto la obra está parada. “Ha habido una gestión defectuosa en el trámite de esta obra”, ha insistido Azcona, que ha reclamado al Gobierno que presente una propuesta con respaldo jurídico para solucionar la crisis del sobrecoste “cuanto antes”.

También Contigo/Zurekin, el tercer socio del Ejecutivo, ha reclamado “rigor” y “transparencia” y, a diferencia de Geroa Bai, su portavoz, Miguel Garrido, ha señalado que ha salido del encuentro “con algunas certezas”, como por ejemplo el compromiso por parte del Ejecutivo foral de que “no se va a pagar ni un euro más del que correspondía al proyecto inicial” de las obras de duplicación del túnel“.

El PSN, quien está al frente de la consejería de Cohesión Territoral, por su parte ha insistido en que se sigue buscando una “solución jurídica” que aporte la “máxima garantía legal” a la obra. “La prioridad absoluta del Gobierno foral es continuar con las obras de la duplicación del túnel de Belate, siempre buscando una solución jurídica que nos dé la máxima garantía legal posible”, ha aseverado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu.

El PSN va a plantear a sus socios de gobierno en Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, y a EH Bildu, socio presupuestario, una nueva deflactación del IRPF para el año 2027 con la que pretenden paliar el efecto de la subida de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. Los socialistas llevarán la propuesta a la negociación de las medidas fiscales del próximo ejercicio, que se desarrollará en paralelo a la de los presupuestos.

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha señalado que se trata de una medida justificada en el incremento de los precios. “Si todo cuesta más, y si el sueldo de un trabajador sube solo para compensarlo, no queremos que esa subida haga que se acabe pagando más impuestos, porque no es para nada justo”, ha indicado. Unzu ha afirmado que el objetivo del PSN es “poner en marcha todos los años medidas que protegen a la ciudadanía, en este caso, del incremento de los precios”.

La portavoz socialista ha realizado este planteamiento después de que el pasado viernes el Gobierno de Navarra anunciara el techo de gasto para el año 2027, que aumenta un 8,4% respecto al ejercicio anterior. Unzu ha destacado que se “sigue avanzando para tener unos buenos Presupuestos, ambiciosos, con proyectos que están mirando a años vista”.

El portavoz de Geroa Bai, el principal socio del PSN en el Gobierno, Pablo Azcona, ha emplazado a los socialistas a retomar la negociación fiscal “cuanto antes” para poder negociar esa y otras medidas que vayan a afectar a los ingresos de las arcas forales. Tanto él, como el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, han valorado positivamente el aumento del techo de gasto.

En la misma línea se ha manifestado EH Bildu. Su portavoz, Mikel Zabaleta, ha afirmado que “ahora este mayor margen presupuestario debe servir para responder a los retos y las necesidades de la sociedad navarra, avanzar en la protección y el fortalecimiento de los servicios públicos, y garantizar los derechos de la ciudadanía”. “Estamos a la espera de conocer el reparto por departamentos, que se conocerá hoy mismo, así como la traslación de esas cifras generales a partidas concretas en el anteproyecto de la ley foral de Presupuestos”, ha indicado.

Sobre fiscalidad ha apuntado que para poder tener un sistema público “sólido” que “aproxime” a Navarra “a los países socialmente más avanzados de Europa”, hay que “aprovechar las competencias en materia fiscal”. “Es por ello por lo que también esperamos poder alcanzar un acuerdo en la mesa de fiscalidad, porque la fiscalidad debe ser una herramienta al servicio de la mayoría social y servir para afrontar los principales retos que tiene esta sociedad, como el acceso a la vivienda, la redistribución de la riqueza y la emergencia climática”, ha señalado.

El titular de la Fiscalía superior navarra, Jaime Goyena, alerta en la memoria de 2025 de la institución que en el último año se ha detectado una “cierta masificación” de reclusos en el centro penitenciario de Pamplona, que han pasado de los 406 de 2024 a los 457. La cárcel de la capital navarra tiene una capacidad total de 1.008 plazas, pero el ministerio fiscal apunta que en la actualidad solo se encuentran ocupados cuatro de los diez módulos disponibles. Los sindicatos añaden que se debe a una falta de personal funcionario.

Según los datos de la Fiscalía recogidos en su memoria, la cárcel de Pamplona en 2025 solo tenía ocupados cuatro módulos con capacidad para 144 internos (uno de mujeres), así como la enfermería, y el departamento de ingresos. “La convivencia en algún módulo empieza a resentirse”, sostiene el fiscal general, que indica que los módulos 3 y 4, los dedicados a los presos preventivos y penados principalmente, se encuentran masificados con 130 y 127 internos respectivamente, mientras que el módulo 2 asegura que está “saturado”.

“Aunque la capacidad de estos módulos es de 144 internos, dos por celda, la experiencia demuestra que, en los módulos con más de 100 internos, el mantenimiento del buen orden regimental resulta más complejo, debido a la tensión diaria que surge de la competencia entre los internos por el acceso a servicios como el disfrute del gimnasio, reparto de alimentos, y la asignación de celdas con internos afines”, apunta.

Añade además que no está “en las previsiones de la Secretaria General de Instituciones penitenciarias la apertura de módulos nuevos” ante la escasez de funcionarios, que lamenta “se da incluso respecto de la población reclusa ya existente.

Desde el sindicato ACAIP señalan que la falta de personal funcionario se extiende al resto de España porque no se están pudiendo cubrir todas las bajas por jubilaciones que se están registrando. Añaden que en próximas fechas se celebrará una OPE con la que se cubrirán más de mil plazas en todo el país, pero que todavía no serán suficientes. “La ganancia neta está siendo muy baja”, apunta Joaquín Leyva, portavoz de este sindicato.

Más señalamientos que fiscales

En la misma memoria, de 82 páginas, la Fiscalía también refleja que “uno de los mayores problemas” a los que se enfrenta en el día a día “es el elevado número de señalamientos de vistas y juicios” en los que el órgano estatal tiene que intervenir. “En ocasiones, es mayor el número de señalamientos que el de Fiscales disponibles”, se queja el fiscal general en el documento, y apunta sobre todo a los Juzgados de Primera Instancia de Pamplona en los que se celebran “numerosos señalamientos para un único juicio o una vista” del Fiscal, “en lugar de concentrar todos esos señalamientos en una única jornada”. Este funcionamiento deriva en que, si “el primer juicio ha durado más de lo previsto”, el Fiscal llegue con “retraso” a segunda vista si esta se celebra en otro juzgado.

“Esta situación no solo acarrea una deficiente gestión de recursos humanos, sino que, además, contraviene lo dispuesto en el artículo 182.4.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil” y el “Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial”, expresan.

Preocupación por el aumento de denuncias a menores de edad

El fiscal general, Jaime Goyena, también muestra su preocupación por el aumento de denuncias a menores. “En las denuncias tramitadas como Diligencias Preliminares aparecen como denunciados un total de 1.108 menores de edad” en 2025, refleja la Fiscalía navarra, alertando del “elevado número de denuncias penales que se han tramitado durante este año, incrementándose prácticamente en todos los tipos de delitos (salvo en los delitos contra el orden público)”. “Es preocupante”, califican.

En especial, ponen el foco en “las denuncias por delito de acoso escolar, en particular a través de redes sociales”, que además de incrementarse es frecuente que los perpetren “ menores de 14 años, que son inimputables”.

En este apartado, también plasman como “creciente” los delitos contra la seguridad vial por parte de menores, “la mayor parte de las veces por conducir vehículos a motor o ciclomotores careciendo del preceptivo permiso de conducir”. Además, este delito suele cometerse “en concurso con otros delitos”, y plasma de ejemplo el caso de un menor que “condujo el automóvil que acababa de sustraer a un familiar, a la espeluznante velocidad de 231 km/hora, con el añadido de que, una vez interceptado por los agentes policiales, el menor se dio a la fuga”.

Petición de reforma del delito de hurto cuando es un móvil

Para concluir, en las “propuestas de reformas legislativas” el Ministerio Fiscal insta a modificar el artículo 234, que regula la “sanción prevista para el hurto (prisión de 6 a 18 meses, en su modalidad básica)”, puesto que “en numerosas ocasiones, ese hurto tiene por objeto el teléfono móvil”. En este sentido, han considerado que al perjuicio de “la pérdida patrimonial”, base en la que se apoya la calificación (que incluso califica como delito leve si el teléfono tiene un valor inferior a 400 euros), se le suma la extracción de un dispositivo “que ha terminado por convertirse en la auténtica piedra angular de la identidad digital de la persona”.

“Dicho dispositivo almacena información muy sensible, como son los datos de Identificación Personal (números de teléfono, correos electrónicos y documentos de identidad digitales), Datos financieros, Datos biométricos y de salud (huellas dactilares, reconocimiento facial, registros de actividad física o salud personal), Geolocalización (rastreo en tiempo real mediante señales de GPS y antenas de telefonía, que permiten reconstruir historiales de movimiento), así como Comunicaciones y Archivos (mensajes de texto, imágenes, vídeos e historiales de navegación)”, describe la Fiscalía para justificar “la gravedad del perjuicio” que supone la “sustracción de un teléfono”.

Por ello, “se propone como reforma legislativa” dicho artículo del Código Penal, “en el sentido de que el hurto de un teléfono móvil o un dispositivo electrónico semejante (tableta, ordenador personal, etc.) tenga siempre la consideración de delito menos grave, con independencia del valor material del dispositivo hurtado”.

Los delitos cae un 5%

En cuanto a las cifras, en la memoria se recoge que en 2025 los delitos penales “se incoaron un total de 31.381 Diligencias Previas” (inicio de investigaciones) lo que supone un 5% menos que en 2024, cuando se registraron 33.029. De esas diligencias, “incoaron un total de 2.749 Procedimientos Abreviados”, que causa avanza hacia la acusación y, eventualmente, el juicio. “Lo que supone un incremento de 8,1% respecto de los 2.544 incoados en 2024”.

Algunos de los datos desglosados que llaman la atención en la “evolución de la criminalidad” son los homicidios, registrándose un 125% más (9 respecto a 4 del 2024). Los procedimientos por “delitos contra la libertad sexual” han aumentado un 4,6%, un incremento que “contrasta con la importante disminución en el número de violaciones (agresión sexual con penetración vaginal, anal o bucal) pues de las 73 del año 2024 se ha pasado a las 31 de 2025 (-57,5%)”, refleja el Ministerio Fiscal navarro en la memoria. “Por el contrario, respecto de las agresiones sexuales cometidas sobre menores de 16 años, estas han pasado de las 88 del año 2024, a las 110 del año 2025 (+20%)”.

Respecto los “delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por autoridad y funcionario público”, que han aumentado un 21,1% en 2025 respecto al año anterior. Desglosado, se reflejan dos delitos por tortura (frente a los 7 de 2024) y 5 por delitos contra la integridad moral cometidos por funcionario público, un 400% más respecto al único registrado el año anterior.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, en el norte de Navarra, han abierto una nueva brecha entre los socios del Gobierno de Chivite tras el último revés jurídico sobre el abono del sobrecoste de 8,3 millones de euros que acumulan los trabajos. Los servicios jurídicos del Gobierno navarro han rechazado el pago de ese sobrecoste mediante la fórmula del enriquecimiento injusto, una vía legal que existe para el pago de trabajos ajenos al contrato de adjudicación. Se trata del mismo sobrecoste que ya generó una crisis entre los socios en noviembre del año pasado después de que la Intervención General tumbase el modificado del contrato al considerar que carecía de justificación.

Geroa Bai y Contigo/Zurekin, socios del PSN en el Ejecutivo foral, así como EH Bildu, socio presupuestario, han mostrado su malestar por el futuro incierto de las obras y han reclamado a la presidenta Chivite más explicaciones sobre el pago del sobrecoste.

“Lo que está ocurriendo no puede abordarse ya como una cuestión meramente técnica o administrativa”, ha explicado Geroa Bai en una nota de prensa. “La dimensión que ha adquirido el expediente exige una respuesta política al más alto nivel, que permita determinar con claridad qué ha ocurrido, qué consecuencias puede tener la situación actual y, sobre todo, qué medidas va a adoptar a partir de ahora”, ha añadido la coalición de Socialverdes y el PNV.

“Especialmente incomprensible resulta que los socios de gobierno del PSN no hayamos tenido ocasión de conocer este informe hasta momentos antes de hacerse pública la existencia del mismo y las graves consecuencias ahora detalladas. Esta actitud del PSN colisiona frontalmente con la transparencia y lealtad debidas entre socios de Gobierno”, ha reprochado. En ese sentido, Geroa Bai ha recordado que viene reclamando “desde el momento en que tuvo conocimiento de los sobrecostes” que cualquier actuación relacionada con las obras “debía llevarse a cabo con el máximo rigor y con todas las garantías jurídicas y procedimentales, además de con la máxima diligencia política, precisamente por la importancia y trascendencia de esta infraestructura para Navarra”.

Desde Contigo/Zurekin, coalición de Podemos, IU y Batzarre, han considerado “inaceptable la posibilidad de que la ciudadanía pueda acabar sufriendo las consecuencias de la chapuza administrativa del modificado planteado para la obra”, ha expuesto. Ha advertido además de que no aceptarán “ninguna solución que le cueste a la ciudadanía un solo euro más del imprescindible para la obra”. “Los responsables de esta situación son quienes deben poner las soluciones, y éstas deben pasar por garantizar la continuidad de la obra al coste derivado de las necesidades constructivas y de nada más”, ha opinado.

Por último, EH Bildu, socio externo del Gobierno de Chivite, ha reconocido su “preocupación” por el informe de los servicios jurídicos a raíz del sobrecoste, si bien no ha querido hacer más valoraciones hasta no tener más explicaciones de Chivite, a quien han solicitado una reunión. “Consideramos que le corresponde al propio Gobierno de Navarra determinar y, en su caso, depurar las responsabilidades políticas de haber llegado a esta situación”, han expuesto en un comunicado.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

La obra para el desdoblamiento del túnel de Belate, en el norte de navarra, ha sufrido un nuevo revés jurídico en las últimas horas. La asesoría jurídica del Gobierno de Navarra ha tumbado el pago de 8,3 millones de euros de sobrecoste mediante la fórmula del enriquecimiento injusto, una vía legal que existe para el pago de trabajos ajenos al contrato de adjudicación. La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Se trata del segundo varapalo jurídico que recibe esta obra a causa de un sobrecoste de 8,3 millones de euros que inicialmente se incluyeron en un modificado que el Departamento de Obras Públicas avaló. Pero en noviembre de 2025, la Intervención del Gobierno foral lo tumbó a través de un informe en el que consideró que ese sobrecoste no estaba debidamente justificado. Aquel informe derivó en una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que terminó destituyendo al director general Pedro López Vera.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Así, en estos momentos la actividad en el túnel es muy escasa y todavía no se está trabajando en el avance y destroza, una vez en junio se unieron las dos bocas del nuevo túnel. “Todos los escenarios están abiertos”, ha reconocido el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez. “No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine”, ha añadido.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha señalado que ahora se deberá estudiar con Acciona y Osés la situación “contractual y económica” del contrato de obra. “Quiero ser también muy prudente respecto a lo que pueda suceder a partir de ahora, aunque ningún escenario está descartado, porque dependerá de las próximas reuniones y decisiones que debemos tener en el seno del Gobierno y teniendo en cuenta también la posición y el diálogo con la UTE”, ha apostillado.

Por el momento desde el Gobierno navarro no se atreven a dar plazos para que se retomen los trabajos, aunque insisten en que trabajarán para que sea lo antes posible. Sobre el pago del sobrecoste, seguirán estudiando posibles fórmulas. Hasta la fecha, el Ejecutivo ha abonado unos 40 millones de euros a la UTE desde que se iniciaron las obras en 2024.

El último informe PISA (Programme for International Student Assessment, por sus siglas en inglés), con datos de 2025, refleja que Navarra ha sufrido un mayor desplome que la media del país en todas las materias. La caída más dura se ha registrado en lectura, donde el descalabro ha sido de 37 puntos en relación con los datos del pasado informe, del año 2022. La comunidad foral ha pasado de superar a la media española en todas las materias a hacerlo solo en Matemáticas y por apenas cinco puntos de diferencia. Se pueden ver aquí los datos generales de España.

El consejero navarro de Educación, Carlos Gimeno, ha reconocido que los datos del último informe PISA han sido “desfavorables” que ha señalado como una de las causas del descenso “más acusado” en Navarra que la comunidad foral sea la cuarta con mayor tasa de alumnado inmigrante (26,70%), con aproximadamente uno de cada cuatro alumnos. “PISA no da los motivos de los resultados, no es un estudio causal, es un estudio externo sobre tres competencias, es un estudio parcial. No es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo”, ha manifestado el consejero, tras incidir en que Navarra cuenta con una tasa de inmigración “tremendamente alta y significativa” que “nada tiene que ver” con “años pretéritos”. “No se pueden comparar churras con merinas”, ha dicho.

Navarra obtuvo en PISA 461 puntos en matemáticas, ubicándose en el nivel 2, por encima de la media de España en esta competencia (457) y prácticamente equiparada con la media de la Unión Europea y del promedio de los países de la OCDE (463 puntos). En el último informe PISA 2022, obtuvo en la competencia matemática una puntuación de 492 puntos, superior a la media española (472), al total de la UE (474) y al promedio OCDE (473).

En Ciencias, Navarra alcanzó en este informe PISA 2025 un total de 472 puntos, situándose también en el nivel 2, mientras que España obtiene una media de 477, la UE 481 y la OCDE 482. En el anterior Informe PISA 2022, Navarra obtuvo 489 puntos frente a los 485 de la media española, la UE y la OCDE.

En competencia lectora, la comunidad foral ha obtenido 441 puntos, ubicándose en el segundo nivel, frente a los 451 puntos de la media española, 459 del total UE y 461 del promedio OCDE. En el informe PISA 2022, Navarra obtuvo 478 puntos, España 474, la UE 475 y el promedio OCDE 476.

Las puntuaciones obtenidas en los cuatro territorios reflejados (Navarra, España, Promedio OCDE y Total UE) son inferiores a las de la edición anterior, observándose un descenso “más acusado” en el caso de Navarra. En el ranking, Navarra ocupa el puesto número 11 en competencia matemática, el puesto número 14 en competencia lectora, y el puesto número 13 en competencia científica.

El informe constata también que se dan peores resultados en los centros de titularidad pública. Navarra es la tercera comunidad, solo por detrás de Euskadi y Madrid, con menor porcentaje de alumnado escolarizado en centros de titularidad pública (62,6%). Según los últimos resultados la brecha entre los dos tipos de centros es de 47 puntos en Ciencias, 53 en Lectura y 38 en Matemáticas.

En cuanto a las puntuaciones medias obtenidas por el alumnado nativo y el alumnado inmigrante en Navarra, en PISA 2025 el informe constata “una diferencia estadísticamente significativa” entre ambos: 488 puntos para el alumnado nativo en Ciencias frente a 449 del alumnado inmigrante, 479 frente a 429 en matemáticas, y 453 frente a 427 en lectura. En este apartado, no obstante, el Informe “constata una importante diferencia” de resultados de puntuación entre el alumnado inmigrante de primera generación (tanto el estudiante como sus progenitores han nacido en un país distinto al de la prueba) y el de segunda generación (el estudiante ha nacido en el país donde se realiza la evaluación, pero sus progenitores han nacido en otro país.

En este aspecto, el alumnado de segunda generación “obtiene unas puntuaciones notoriamente mejores y mucho más cercanas al resultado del alumnado nativo”. Así, en Ciencias, el alumnado inmigrante de segunda generación obtiene 459,3 puntos frente a los 435,3 del inmigrante de segunda generación. En matemáticas, los estudiantes inmigrantes de segunda generación obtienen 441 puntos frente a 412,7 de los de primera generación, y en lectura, 438,8 frente a 410,9.

Finalmente, el Informe PISA 2025 analiza los resultados en función del género del alumnado. Así, las alumnas obtienen 477 puntos en Ciencias frente a 469 los alumnos. En Matemáticas, en cambio, los alumnos obtienen mejor puntuación (466 frente a 457 de las alumnas) y en Lectura las alumnas vuelven a registrar resultados bastante mejores que sus compañeros (457 puntos frente a 425).

Con respecto a PISA 2022, los alumnos pierden la ventaja que tenían de 8 puntos en ciencias; en Matemáticas las alumnas se acercan al rendimiento medio de sus compañeros reduciendo de 143 a 9 puntos la diferencia de los chicos; y en lectura crece la diferencia a favor de las alumnas, que pasan a obtener 32 puntos más frente a los 24 que separaron en PISA 2022 a ambos grupos.

El PP de Navarra exigirá a UPN la presencia de sus siglas en una hipotética coalición electoral en Navarra. Así lo ha confirmado la parlamentaria Irene Royo, si bien ha avanzado que desconoce si se está en conversaciones con el partido regionalista para reeditar la alianza electoral después de que en 2023 ambas formaciones decidiesen acudir a las urnas por separado. Desde UPN, por su parte, han señalado que todavía no están en “ese análisis”.

A falta de ocho meses para las elecciones forales y municipales, UPN y PP todavía no han decidido si reeditarán la coalición electoral con la que concurrieron a los comicios de 2019, en aquella ocasión también con Ciudadanos. Por el momento, el PP ya avanza que, a diferencia de aquella vez, quiere que sus siglas estén presentes en el nombre de la coalición y descartan, por tanto, una fórmula como la de Navarra Suma, marca elegida para aquellos comicios.

Según la parlamentaria del PP en la comunidad foral Irene Royo, las siglas del PP aportan “valor” a una hipotética suma de los partidos de derecha y ha asegurado que su formación no renunciará a su presencia. Del otro lado, UPN insisten en que todavía no están estudiando la posibilidad de una alianza electoral.

UPN y PP se han presentado juntos a las elecciones en multitud de ocasiones, la última en 2019 bajo la marca Navarra Suma. Con esa alianza, a la que también se unió Ciudadanos, pretendían devolver a la derecha al Palacio de Navarra tras la presidencia de Uxue Barkos (Geroa Bai). Pero no lograron la ansiada mayoría absoluta y resultó investida la socialista María Chivite. Durante esa legislatura se consumó la ruptura total entre las dos formaciones tras el episodio de la votación de la reforma laboral. Los diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero se saltaron la disciplina de voto y votaron en contra de la reforma laboral que UPN se había comprometido a apoyar. Los dos diputados fueron expulsados del partido y dieron el salto al PP, lo que desde UPN se sintió como una traición de quienes eran sus socios.

Así, en 2023 dieron por amortizada la alianza y se presentaron en solitario a los comicios. Ahora, en busca de una nueva mayoría, explorarán una posible nueva alianza.

Joseba Asiron optará a continuar al frente del Ayuntamiento de Pamplona en las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. El actual alcalde de la capital navarra ha sido designado como candidato de EH Bildu por la secretaría de Pamplona. Asiron tratará así de revalidar la alcaldía a la que llegó hace cuatro años tras una moción de censura a UPN.

“Atendiendo a su trayectoria profesional, dedicación y al trabajo que viene realizando desde hace más de una década, en opinión de la Secretaría, Joseba Asiron es el perfil más adecuado para seguir liderando el proyecto y responder a los retos de la ciudad en la próxima legislatura”, ha afirmado EH Bildu en una nota de prensa. Por su parte, el actual alcalde de Pamplona ha afirmado este lunes al mediodía que está “profundamente agradecido” por la “confianza” de su partido y que “hay un proyecto en marcha, un proceso de cambio para esta ciudad”. “Este es el principio de un proceso”, ha afirmado.

Desde la coalición abertzale aseguran que, desde la llegada de Asiron a la Alcaldía se está “transformando” Pamplona en “un referente de servicios públicos de calidad, transición ecológica y convivencia” mediante “la articulación de mayorías alternativas a la derecha y basado en la participación ciudadana”.

Ante los medios de comunicación convocados este lunes en el Ayuntamiento de Pamplona, Asiron ha declarado que todavía queda la confirmación de “la decisión” por parte “de la militancia” de EH Bildu, “que es en última instancia quien tiene la palabra”. “Por mi parte ya he manifestado la ilusión que tengo por continuar y ahora tiene que hablar la militancia, que también quiero animar a su participación”, ha concluido.

Asiron, que ya había sido primer edil de Pamplona en una etapa anterior en 2015, llegó al frente de la Alcaldía esta legislatura merced a una moción de censura pactada con el PSN para desalojar a Cristina Ibarrola, de UPN. Así, en diciembre de 2023, cuando Ibarrola apenas llevaba seis meses como alcaldesa, EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin unieron sus votos para investir a Asiron como nuevo alcalde.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha acudido este viernes a primera hora al Palacio de Justicia de Navarra para comparecer ante la jueza de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 por un presunto delito de desobediencia tras haberse negado a comparecer en la comisión del Parlamento navarro que investigó las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Durante su declaración, Entrecanales ha asegurado a la jueza que justificará su doble plantón a la comisión de investigación, según fuentes cercanas consultadas por este periódico. Según ha añadido su abogado, el presidente de Acciona ha respondido a todas las preguntas que le han formulado la jueza, la Fiscalía y la letrada del Parlamento navarro que siguió todas las sesiones de la comisión de investigación. Su comparecencia ha durado unos 40 minutos y al finalizar ha salido por la puerta trasera de los juzgados para esquivar a la prensa.

José Manuel Entrecanales fue citado en enero por la comisión navarra de investigación en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. No acudió a la citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía sostiene a este respecto que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

Tras volver a ser citado en febrero, una vez más se negó a comparecer. Ante el nuevo plantón, los grupos de la comisión votaron dar traslado de los hechos a la Fiscalía al considerar que Entrecanales había incurrido en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. Hace unas semanas la Fiscalía lo denunció por estos hechos y ahora la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 abre diligencias previas y le cita ha declarar.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha confirmado este jueves que la Policía Nacional ha identificado a varias personas que participaron este pasado miércoles en la manifestación de apoyo a Ceuta convocada en la Plaza Consistorial de Pamplona y protagonizaron incidentes como el acoso a periodistas que cubrían el acto, así como a otras personas, entre ellas una que portaba una bandera de Palestina.

Entre las personas identificadas se encuentra Óscar Téllez, responsable de organización territorial de Vox en Navarra, por un altercado con una persona que trató de cruzar la plaza en bicicleta. Óscar Téllez fue investigado por un juzgado por un presunto delito de odio hacia menores migrantes por la difusión a través de sus redes sociales de varios vídeos en los que se vincula a estos menores con la delincuencia. Por estos hechos, Vox fue sancionado por el Gobierno de Navarra con 15.000 euros de multa, que ya han sido abonados según las fuentes consultadas.

El portavoz del Gobierno navarro, Javier Remírez, también ha rechazado y condenado “las agresiones físicas y verbales” a la periodista de “Radio Televisión Española que cubría la información en la plaza del Ayuntamiento”. “La base fundamental de una sociedad democrática es la convivencia y la libertad, y una de sus máximas expresiones es la información”, ha añadido el portavoz del Gobierno, que ha considerado que “ayer se vio violentada por grupos extremistas” que asistieron a la manifestación de apoyo a Ceuta.

Además, también se ha referido a los “insultos” pronunciados “contra el presidente del Gobierno de España”, que “trascienden a la legítima crítica política”, ha afirmado. Estos sucesos, que el vicepresidente de Navarra ha calificado como “hechos gravísimos”, son prueba de que “bajo una pretendida solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta se escondía, al menos en parte de los asistentes, un interés meramente partidista ajeno al pueblo ceutí”, ha afirmado. Remírez ha criticado que UPN y PP no hayan condenado estos hechos.

En Pamplona se celebraron dos manifestaciones contrarias, una en apoyo a Ceuta y una contramanifestación convocada por GKS que ha denunciado el “racismo” y la “caza contra los migrantes”, separadas por 300 metros y un fuerte dispositivo policial. La concentración de Pamplona de apoyo a Ceuta fue convocada por el grupo ultra Movimiento Cívico del Pueblo, que desplegó una pancarta con el lema “Remigración ordenada, convivencia garantizada”. Sus portadores vestían camisetas negras con una cruz de borgoña estampada en el pecho.

No habrá renovación en EH Bildu en Navarra. La formación abertzale apuesta por la “continuidad” y la actual portavoz del grupo parlamentario, Laura Aznal, repetirá como candidata a la presidencia de la comunidad foral en las elecciones que se celebrarán el 23 de mayo de 2027. La Mesa Política de EH Bildu ha tomado esta decisión con el objetivo de “reafirmar” los buenos resultados que lograron en 2023, superando a Geroa Bai en votos y quedándose a apenas dos escaños del PSN de María Chivite. De hecho, algunas encuestas sitúan ya a la coalición abertzale como segunda fuerza en Navarra, solo por detrás de UPN.

“Con el objetivo de dar continuidad al sólido trabajo de la última década que ha permitido el avance de Nafarroa, la Mesa Política reafirma su apuesta clara por Aznal”, ha señalado EH Bildu en un comunicado de prensa.

Laura Aznal se estrenó como cabeza de lista de EH Bildu en las pasadas elecciones del 2023 después de que Bakartxo Ruiz diese un paso al lado y abandonase la primera línea de la política. La coalición abertzale se situó como tercera fuerza en el Parlamento navarro, superando a la formación de Uxue Barkos. Si bien mantuvo varias reuniones con el PSN, EH Bildu no entró en el Gobierno de PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin liderado por la socialista Chivite. Con todo, la abstención de sus nueve parlamentarios fue fundamental para que Chivite lograse ser investida y EH Bildu se ha consolidado ya como socio externo del Ejecutivo. Con esta formación, el Gobierno navarro ha acordado todos los presupuestos desde que Chivite es presidenta.

Ahora, EH Bildu considera que es necesario “reforzar, consolidar y profundizar en las mayorías que han permitido que Nafarroa avance” en un contexto “complejo en el que los retos se multiplican”. Y para ello han decidido que Laura Aznal siga siendo su cabeza de lista. “Es imprescindible responder con ambición tanto a las preocupaciones como a las prioridades de la ciudadanía, sin dar pasos atrás y haciendo frente firmemente a la ofensiva emprendida por la derecha navarra para volver a los modelos del pasado”, han añadido. Por ello, consideran que Laura Aznal “es la persona más adecuada para responder con ambición a todos estos retos y representar el proyecto”.

De esta forma se van despejando las incógnitas sobre las candidaturas a las próximas elecciones forales del 2027. Aznal competirá por ahora por la presidencia con Cristina Ibarrola, de UPN, y María Chivite, del PSN. Geroa Bai, PP, Vox y el espacio político situado a la izquierda del PSN todavía no han definido quiénes serán sus cabezas de lista. EH Bildu, por su parte, tampoco ha aclarado si Joseba Asiron repetirá como candidato a la Alcaldía de Pamplona.

EH Bildu ha dado comienzo al nuevo curso político este lunes en Pamplona, “la vieja capital de Nafarroa y Euskal Herria”, como la ha definido Arnaldo Otegi. El secretario general de la coalición abertzale ha reconocido que el 2027 estará marcado por los procesos electorales que, según ha alertado, podrían situar a la extrema derecha “gobernando en Madrid y en París”. Para evitarlo, ha insistido en que la prioridad de EH Bildu seguirá siendo “detener” al “bloque reaccionario” que en Madrid representan “Abascal y 'FeiVox'”.

“Los siete territorios pueden estar a no mucho tardar, en manos de gobiernos absolutamente reaccionarios. Por lo tanto, la primera prioridad es detener el avance del bloque reaccionario en el Estado español y en el Estado francés”, ha insistido Otegi, que ha apostado porque el bloque progresista “siga siendo mayoritario”.

El secretario general de EH Bildu ha asegurado que la formación que él lidera tiene una “singularidad” y es la de “fijar prioridades” y “no poner por delante el interés del partido al del país”. Por ello, ha insistido que harán lo que esté en su mano para que Feijóo no llegue a La Moncloa o Le Pen a la presidencia de la República francesa. También tratarán de evitar que UPN recupere la presidencia de Navarra tras 8 años de gobierno de la socialista María Chivite, cuyas dos investiduras fueron facilitadas por EH Bildu, que es a su vez socio presupuestario. “Si es por nosotros, UPN no va a gobernar”, ha aseverado.

Pese a que algunas encuestas sitúan ya a EH Bildu como segunda fuerza en Navarra, superando al PSN y solo por detrás de UPN, Otegi ha incidido en que “estar o no en el Gobierno” no es algo que les interese “en demasía” en estos momentos. “Lo que se juega la sociedad navarra es si hay continuidad de un gobierno progresista, que a nosotros nos gustaría que sea mucho más progresista y mucho más euskaldun y que hiciera políticas mucho más avanzadas en el terreno fiscal o de la vivienda, pero lo que está en juego aquí es si vuelve la derecha reaccionaria de Navarra o si se mantiene el bloque progresista”, ha afirmado.

“Hasta ahora hemos tenido unas fórmulas que se pueden repetir o no, ya veremos, pero la prioridad es que el bloque sume y nosotros vamos a contribuir a ese bloque, creo que con algún escaño más, ese es nuestro interés de partido”.

Sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE, el líder de EH Bildu ha asegurado que está “a favor” de que se investiguen, pero ha señalado que además de presunta corrupción, también “hay casos de 'lawfare' claros”. “Por lo tanto, aquí lo que hay es un diseño no para hacer saltar el Gobierno de Sánchez, sino para obstruir una posible salida en términos democráticos a lo que no se hizo en el año 78. Esa es la batalla principal. Si se dieran casos de financiación de partido irregular evidentemente eso habría que sustanciarlo en términos políticos, pero si la alternativa a la corrupción del PSOE es la corrupción del PP ¿cuál es la salida? La independencia nacional de Euskal Herria”, ha apuntado.

Por último Otegi ha defendido la necesidad de las próximas elecciones sirvan para profundizar en el autogobierno. “El país tiene que dar un salto en materia de capacidades de decisión sobre todas las materias que afectan a la vida de los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en este país”. Para ello, ha considerado que debe haber “acuerdos entre diferentes” sobre tres cosas que ha considerado “básicas”. “Somos una nación, necesitamos herramientas con garantías para hacer políticas públicas diferentes, y el futuro de los vascos y las vascas tiene que depender de la voluntad democrática de los vascos y las vascas, en un proceso gradual, en un proceso acordado, en un proceso como se quiera definir”.

El Gobierno de Navarra ultima un plan de reactivación industrial con el que se pretende contrarrestar la “ralentización” que está atravesando este sector “en toda Europa” y cuyos efectos empiezan a notarse en la economía de la comunidad foral, según ha diagnosticado el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, este jueves en un desayuno informativo en el que ha estado acompañado de la Directora Gerente de CEIN, Uxue Itoiz y el Director General de Fomento Empresarial e Infraestructuras, Iñigo Arruti.

Según ha detallado el consejero, este plan responde a una estrategia de política de inversión, diversificación industrial y apoyo a las empresas para que los efectos del frenazo industrial europeo no repercutan tanto en Navarra. Así, ha puesto en valor el volumen de fondos movilizados en los últimos años para reforzar la industria navarra y acompañar su transformación tecnológica, energética y digital, insistiendo en que la apuesta por la inversión debe mantenerse para generar nuevas oportunidades de empleo y transformar el tejido productivo.

Irujo ha destacado que el principal motor económico de esta transformación está siendo el despliegue de los fondos europeos Next Generation. Desde comienzos de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2025, el Plan de Recuperación ha supuesto para Navarra una inversión total de 1.393 millones de euros, que “ha beneficiado a 14.072 destinatarios” y ha permitido “acelerar la transición digital y verde en prácticamente todos los sectores estratégicos de la economía”. De este montante global, 772 millones de euros proceden de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado -cifra que se eleva a 872 millones al sumar adjudicaciones recientes a firmas como Rockwool, Hithium y Sakana Coop-, mientras que los restantes 621 millones de euros corresponden a fondos asignados mediante conferencias sectoriales para su ejecución directa por parte de la comunidad foral.

Automoción y transición energética

Dentro de las prioridades sectoriales, la automoción y la nueva cadena de valor de las baterías lideran la captación de recursos, según Irujo. Ha destacado que Navarra ha logrado atraer 111,4 millones de euros del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) para respaldar proyectos clave de compañías referentes como Volkswagen, Hyundai Mobis y Gestamp, un impulso que se complementa con los programas MOVES II y III, dotados con 1,8 y 36,6 millones de euros respectivamente para acelerar la movilidad sostenible.

En este ámbito destaca de forma especial la planta de Hyundai Mobis, levantada en apenas dos años y que generará unos 450 puestos de trabajo. De forma paralela, el sector de las baterías recibe un espaldarazo crucial con el proyecto de Hithium Spain Innovation, que ha obtenido 81 millones de euros de fondos europeos dentro del programa RENOVAL 2 para su planta de almacenamiento energético, una inversión orientada a garantizar la autonomía estratégica y la fabricación local de componentes esenciales.

La transición energética y la sostenibilidad concentran otro bloque mayoritario de inversión con más de 83,2 millones de euros movilizados en distintas líneas de actuación. Estas partidas se desglosan en 4,1 millones para almacenamiento de energía; 12,9 millones para la cadena de valor del hidrógeno mediante iniciativas como SIDERAL y la implicación de Siemens Gamesa; 12 millones vinculados al proyecto de electrolizador de Nordex dentro del marco del IPCEI; y 19,9 millones de euros dedicados a la repotenciación circular de parques eólicos y el reciclaje de palas. A este ecosistema de innovación energética se une el proyecto de descarbonización de Rockwool Peninsular en Caparroso, una inversión valorada en cerca de 60 millones de euros que cuenta con 18 millones de ayudas a fondo perdido procedentes de los fondos Next Generation, demostrando que la sostenibilidad ambiental funciona como un elemento de competitividad para la industria navarra.

Salud, agroalimentación y tecnología aeroespacial

La estrategia de diversificación del Gobierno de Navarra se extiende con fuerza hacia los sectores de la salud, la agroalimentación y la tecnología aeroespacial. En el ámbito sanitario, la comunidad ha captado 55,4 millones de euros a través del PERTE de Salud de Vanguardia para financiar proyectos avanzados en vacunas de mRNA, terapias oncológicas, genómica y salud digital. Por su parte, la industria agroalimentaria ha recibido 24,5 millones de euros del PERTE sectorial para implementar soluciones de agricultura digital y sostenibilidad, a lo que se suman 17,5 millones de euros invertidos en dos Planes Complementarios de I+D enfocados en agroalimentación e hidrógeno. Asimismo, el sector aeroespacial ha sumado 9,9 millones de euros del PERTE Aeroespacial, destacando los 4,3 millones asignados al proyecto de MTorres y 2,8 millones dirigidos a agrupaciones innovadoras.

El tejido de pequeñas y medianas empresas también cuenta con un respaldo financiero e innovador específico dentro de esta política industrial. A través de la sociedad de garantía recíproca CERSA se han canalizado 76,9 millones de euros que han fortalecido la capacidad financiera de 855 pymes navarras. En el plano de la modernización tecnológica, 8.477 pymes de la comunidad han recibido un total de 36,4 millones de euros mediante el programa Kit Digital, mientras que otras 160 empresas han accedido a 2,1 millones de euros a través de la línea Kit Consulting, asegurando que la digitalización llegue a todo el entramado empresarial y no solo a las grandes corporaciones.

Para complementar la llegada de fondos, el Ejecutivo foral mantiene una política activa de arraigo empresarial orientada a retener los centros de decisión y el empleo en el territorio. A través de SODENA y mediante el Fondo Arraigo -desarrollado desde 2022 junto con Stellum Growth y Nazca- se ha participado en operaciones de 26 empresas de tamaño mediano y grande, comprometiendo una inversión de 87,1 millones de euros. Estas firmas emplean a un total de 1.443 profesionales, de los cuales 1.189 trabajan en la Comunidad Foral, incluyendo a compañías destacadas como Coover-Envaplaster, Eper, Technimoem, Cocuus, Moa FoodTech, Telum, Inbiot, Palobiofarma o Saprem. En el caso de CEIN, Uxue Itoiz ha destacado que se han creado más de 3000 empresas gracias al apoyo de la sociedad pública y contamos con “más de 200 empresas instaladas en nuestros viveros de innovación”.

Irujo e Itoiz han señalado, que a pesar de que los indicadores recientes reflejan las dificultades del entorno europeo, con un descenso de las exportaciones navarras del 5,9% en 2025 y del 3,8% en los primeros cinco meses de 2026, así como una evolución negativa en el índice de producción industrial, la economía local mantiene un crecimiento interanual cercano al 2%. El consejero Mikel Irujo ha abogado por responder a estos riesgos “sin alarmismo, basando la estrategia en la inversión, la diversificación y la agilidad administrativa”. Con este propósito, el Departamento ultima el Plan de Reactivación Industrial y tramita en el Parlamento la nueva Ley Foral de Industria y Fomento Empresarial, una normativa que prevé la creación de ventanillas únicas, mecanismos de aceleración de proyectos y la declaración de inversiones de interés foral estratégico para consolidar un ecosistema competitivo y capaz de anticiparse a las crisis futuras.

Situado en pleno Casco Viejo de Pamplona, el Palacio marqués de Rozalejo fue promovido en realidad por el general vizcaíno Luis de Guendica y Mendieta en 1736, si bien nunca residió en el inmueble. No fue hasta comienzos del siglo XIX cuando pasó a manos de Policarpo Daoiz y Sala, hijo del marqués de Rozalejo, de donde ha tomado su nombre el palacio. En el siglo XIX se convirtió en un edificio de viviendas en alquiler hasta que a finales del siglo siguiente quedó en desuso. En 2005 el Gobierno de Navarra, presidido por Miguel Sanz, lo adquirió.

Desde entonces fue okupado en varias ocasiones, la más duradera en 2017 cuando se convirtió en sede del gaztetxe Maravillas, en honor a Maravillas Lamberto, una niña que fue violada y asesinada por unos falangistas en la Guerra Civil. Desalojado finalmente en 2019, el Gobierno de Navarra ha invertido más de 9 millones de euros en rehabilitarlo para ser la sede de la Dirección General de Memoria y Convivencia y del Instituto Navarro de Memoria. El edificio también acogerá exposiciones para ser “símbolo de la convivencia en la paz”, según ha destacado la presidenta de Navarra, María Chivite.

“La historia, nuestra historia, debe ser conocida, con sus hechos y consecuencias, para que los y las jóvenes valoren la democracia, los avances y la importancia de vivir en sociedades como la nuestra”, ha insistido la presidenta en la inauguración del nuevo espacio. También ha mostrado su preocupación por las últimas encuestas de ‘Calidad de la democracia’ del CIS, que muestran que “no para de crecer el porcentaje de jóvenes que considera que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático”.

Como respuesta, ha incidido la presidenta en que “las políticas de memoria son imprescindibles, y deben empezar por la educación”. Ha añadido también que, “sin conocimiento de la historia, sin una memoria histórica viva, la ultraderecha negacionista y sus cómplices avanzarán a un abismo peligroso de menos libertad, menos bienestar, de retroceso, de una sociedad con más brechas y en la que solo unos pocos saldrán ganando”.

Chivite ha recordado que Navarra “ha sufrido guerras, dictadura, represión, violencia terrorista y distintas violencias de motivación política” para destacar la importancia de crear un espacio de memoria.

En la misma línea, consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha destacado que el nuevo espacio “recupera el pasado por justicia y reparación, pero, sobre todo, como la mejor receta para un futuro en paz y convivencia”.

La rehabilitación del inmueble para convertirlo en sede del Instituto Navarro de la Memoria se inició en el año 2022 tras haber estado okupado. Las obras han costado 9,2 millones de euros y, además de oficinas, el edificio cuenta con un espacio para exposiciones. De hecho, se ha inaugurado con dos, una (‘La memoria de los objetos’), centrada en objetos encontrados en las excavaciones y prospecciones de fosas de asesinados del franquismo, y otra (‘Caminos a la Escuela’), que recoge el trabajo de 18 periodistas gráficos de Sipa Press que viajaron por el mundo para capturar las diferentes formas mediante las que los niños y niñas se trasladan hacia sus escuelas.

Okupado por el gaztetxe Maravillas durante años

Algunos testimonios aseguran que durante la Guerra Civil se encontraba un refugio antiaéreo bajo el Palacio del marqués de Rozalejo, donde los vecinos de la plaza de Navarrería y sus alrededores se agolpaban cuando sonaban las sirenas que avisaban de un bombardeo inminente. Precisamente, es durante este periodo cuando ocurrió uno de los episodios más crueles de la historia contemporánea en Navarra y que daría nombre al gaztetxe que se ubicaría en el inmueble desde septiembre de 2017.

Muy poco antes, a finales de agosto de 2017, el colectivo denominado Asamblea del gaztetxe Maravillas avisaba que optaba por “la insumisión y la desobediencia para conquistar un gaztetxe para el barrio”, sin especificar cuál sería el lugar elegido. Tan solo cuatro días después okuparon el Palacio del Marqués de Rozalejo, que pasaba a convertirse en el gaztetxe Maravillas' recordando que en 2007 el inmueble ya había sido utilizado con un fin similar.

'Maravillas' fue el nombre elegido en honor a Maravillas Lamberto, una niña de 14 años originaria del municipio navarro de Larraga víctima del bando nacionalista en la Guerra Civil. La joven, detenida junto a su padre en agosto 1936, fue violada en repetidas ocasiones antes de ser fusilada en un bosque para posteriormente ser echada desnuda a los perros. Convertida en símbolo de la barbarie y la represión, la propia hermana de Maravillas, Josefina Lamberto, tuvo un papel activo en el gaztetxe, tal y como trasmitían los integrantes de la “asamblea”, que ya al final de la okupación le agradecieron haber trasmitido “valor y coraje”. Además de mantener viva la memoria de Maravillas.

La okupación del Palacio del Marqués de Rozalejo de la calle Navarrería supuso la continuación histórica del Euskal Jai, el edificio ubicado también en el casco antiguo pamplonés que se convirtió en referencia del movimiento antisistema. Fue desalojado y derribado en 2004 tras una década de actividad, marcando el mandato de la alcaldesa Yolanda Barcina, de UPN. El partido regionalista también gobernaría la comunidad foral desde 1996 hasta 2015, año en el que Uxue Barkos, de Geroa Bai, alcanzaría la presidencia de Navarra, un acontecimiento que sería determinante para aquellos que mantenían en la memoria el antiguo emplazamiento.

“En mayo de 2015 Iruñea vivió uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años de su historia reciente”, relataban en un comunicado. “Se consiguió desalojar a la derecha [...] para intentar desarrollar políticas que caminaran en otra dirección”, despertando “una enorme ilusión entra la mayoría de vecinos de Iruñea”, especialmente entre “las personas que después tomaríamos parte en la iniciativa del Gaztetxe de Alde Zaharra”, por lo que se comenzó un proceso para “volver a llenar Iruñerria de Gaztetxes”, narraban. Sin embargo, tras la okupación en diciembre de “un edificio abandonado propiedad del Gobierno de Navarra para transformarlo en un gaztetxe abierto a todo el pueblo”, mientras mantenían, según ellos mismos, “un diálogo con las instituciones”, se inició un proceso de desalojo por la situación precaria del edificio.

La frustración del colectivo, que buscaba la “autogestión”, hace que finalmente en septiembre de 2017, después de haber mantenido negociaciones infructuosas con las instituciones, tal y como narraron, okupasen el inmueble de Navarrería. El gaztetxe Maravillas se convirtió entonces en una piedra para el Gobierno de Navarra, propietario del inmueble. El lugar, donde se realizaban proyectos de cine, comedor social, euskaltegi y otras actividades al “margen del capitalismo”, vivía bajo la amenaza de desalojo constante. Situación que se agrava en mayo de 2018 al judicializarse la okupación.

En agosto de 2018 la asamblea del gaztetxe Maravillas pedía a los vecinos “defender este espacio con uñas y dientes” con su asistencia “día a día” al edificio. “Maravillas forma parte ya de nuestro barrio y nuestros corazones”, expresaban. En ese mismo comunicado, leído en español y euskera frente a la fachada, también pedían al Gobierno de Navarra la paralización del “proceso de desalojo” y la retirada de las denuncias “contra las personas imputadas” por participar en los disturbios.

Y es que el gaztetxe Maravillas se convirtió en una fuente inagotable de enfrentamientos entre los socios del Gobierno de Uxue Barkos. EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra se opusieron a las actuciones policiales y criticaron la gestión de Geroa Bai.

Así, ese mismo mes se produjo el desalojo con fuertes disturbios que se saldaron con identificaciones y detenciones, aunque el apoyo y los intentos de volver a entrar en el inmueble se prologaron casi hasta la pandemia. En 2019, durante el juicio por la primera entrada al edificio, los 22 jóvenes imputados por un delito leve de usurpación de inmueble, que se enfrentaban colectivamente a multas que en total superaban los 100.000 euros, fueron absueltos por el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona.

El Ejecutivo de Uxue Barkos decidió que el edificio acogiera la sede del Instituto de la Memoria, un plan que continuó el Gobierno de Chivite con su llegada a la presidencia en 2019.

El Parlamento de Navarra celebrará el último debate del Estado de la Comunidad de la legislatura los días 24 y 25 de septiembre. Será el tercero de María Chivite en su segunda etapa al frente del Ejecutivo navarro y se celebrará en fechas anteriores a lo habitual por ser 2027 año electoral.

Según ha avanzado el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno foral, Javier Remírez, durante su intervención Chivite defenderá que Navarra “está en una buena posición con más personas trabajando que nunca, con una economía que sigue creciendo pese a las dificultades”. “Queda legislatura, queda trabajo, queda todavía mucho por hacer por la comunidad foral. Y esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos”, ha añadido.

Remírez también ha destacado que desde el inicio de la legislatura se han aprobado en el Parlamento 62 iniciativas legislativas y ha señalado que quedan ahora unos “meses decisivos” para la aprobación de varias leyes e iniciativas pendientes. Se trata de la ley foral de Salud, la ley foral de Industria y Fomento Empresarial, el nuevo Estatuto de Personal de la Administración foral, la ley contra la Despoblación y Desarrollo Rural, la ley foral de Juventud y Justicia Intergeneracional, la nueva ley foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Terrorismo, o la ley foral del Sistema Universitario de Navarra, así como los Presupuestos del 2027.

Remírez ha indicado que el trabajo del Gobierno se está realizando desde “la estabilidad política” y ha destacado la capacidad de la presidenta, María Chivite, para “dialogar y alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía”.

A la intervención de Chivite le seguirán la de lo portavoces del resto de grupos parlamentarios, comenzando por la del de UPN, partido líder de la oposición. Javier Esparza afrontará su último debate del Estado de la Comunidad como portavoz tras confirmarse que la cabeza de lista para los comicios de 2027 será la presidenta del partido, Cristina Ibarrola.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado este miércoles que María Chivite le debe la presidencia de Navarra a “un presunto corrupto”, en referencia a Santos Cerdán. “La necesitaba en el poder”, ha aseverado la líder regionalista. UPN fue el. partido que denunció ante la Guardia Civil la adjudicación de la obra de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 antes de que estallara el caso de corrupción por el que está imputado el exdirigente socialista Santos Cerdán, quien presuntamente era copartícipe de la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso.

“El mayor sostén y valedor político de María Chivite está lucrándose presuntamente de una adjudicación a cargo de su Gobierno y María Chivite sigue en vano tratando de escurrir el bulto, sigue adelante a costa de lo que sea, entre otras cosas, arrastrando por los suelos la imagen de Navarra”, ha añadido la presidenta regionalista.

Ibarrola ha realizado un balance de legislatura cuando se cumplen tres años de la segunda investidura de Chivite y cuando resta solo un curso político para las próximas elecciones forales, para las que todavía no ha aclarado si UPN buscará una alianza con el PP o acudirá de nuevo a las urnas en solitario como hizo en 2023.

Para la líder del partido regionalista el PSN de María Chivite ha “deteriorado” la marca Navarra y la ha unido a la “corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicación de obra pública”. “No hay maquillaje que pueda tapar el hedor a corrupción y la mala gestión de los servicios públicos del Gobierno de Chivite y EH Bildu. Navarra solo lidera los índices de presuntos corruptos. Desde que llegó Chivite ha empeorado en cualquier parámetro que queramos comparar con otras Comunidades”, ha criticado.

Así, ha asegurado que “el teterioro” de la confianza de la ciudadanía navarra en Chivite “es cada día mayor” por “los espurios acuerdos conocidos entre Santos Cerdán y EH Bildu para repartirse el poder institucional, por ”la presunta trama corrupta que recibía adjudicaciones de obra pública a cambio de pagar mordidas liderada por Santos Cerdán según el auto del juez y por “la adjudicación ilegal de las obras de los túneles de Belate a esas empresas de la trama, que ha acabado siendo investigada por la Justicia dentro del caso de amaños de obra pública”.

“Hoy la sociedad navarra se pregunta hasta cuándo, señora Chivite, merece la pena seguir en esta situación”. “No hay proyecto político ni personal que se sostenga sobre la falta de ética política, la inmoralidad, las sospechas y las investigaciones judiciales por corrupción. No hay proyecto político ni personal que aguante la embestida social de la indignación y la desconfianza”, ha señalado Ibarrola.

El portavoz y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha asegurado este miércoles que la comunidad foral va a ser “solidaria” y acogerá a menores migrantes procedentes de Ceuta. Eso sí, ha apostillado que Navarra “no va a pagar la insolidaridad de otras comunidades”, en referencia a las gobernadas por el PP, partido que ya adelantó su rechazo al acogimiento de estos menores en las comunidades en las que gobierna.

“Lo que no va a permitir Navarra es que la ciudadanía navarra y la comunidad foral pague la insolidaridad y el incumplimiento normativo de otras comunidades autónomas”, ha aseverado el portavoz del Gobierno navarro, Javier Remírez, que ha exigido al resto de comunidades “cumplir” con la “lealtad institucional” y con “la norma”.

Según ha apuntado el vicepresidente primero del Gobierno de María Chivite, Navarra tiene en estos momentos “capacidad” en sus centros de acogida para menores migrantes llegados a Ceuta y que serán trasladados a la Península. Ha añadido que el Ejecutivo foral está en “permanente contacto” con el Gobierno de España por esta cuestión y que cumplirán con la normativa. Con todo, ha añadido que el Gobierno central todavía no ha tomado “una decisión” sobre el traslado de los menores

Remírez también ha señalado que el Gobierno de España les ha comunicado que se está trabajando “como prioridad inicial el regreso de esos menores a sus lugares de origen”. “Pero tiene que haber un regreso que está basado en la normativa, tanto nacional como internacional”, ha añadido.

“Para que unas personas puedan ser menores repatriadas tiene que haber una receptividad por parte del Estado originario y también de las familias de origen”. “Para aquellos menores que no puedan ser repatriados a sus países, cumpliremos con la normativa vigente a nivel nacional que obliga a un reparto organizado entre las diferentes comunidades autónomas”, ha finalizado.

El Gobierno de Navarra ha abierto expediente a 16 viviendas situadas en localidades que han sido declaradas como zona de mercado residencial tensionado tras detectar a través de una inspección que están alquiladas a un precio superior al topado por ley.

Según informan desde el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, ya ha comenzado a enviar comunicaciones a las personas físicas titulares de estas viviendas informándoles de esta situación. De las 16 viviendas detectadas, 12 de ellas están situadas en Pamplona y su comarca, dos en la Ribera y dos en Zona Media.

Según añaden desde el Ejecutivo foral, a los propietarios de estas viviendas se les han comunicado que tienen un plazo de diez días hábiles para presentar el contrato de alquiler vigente y, en su caso, el contrato anterior junto con el justificante bancario del cobro de la última renta, así como aquellas alegaciones que consideren oportunas. En caso de que no se justifique el sobreprecio, se continuará con el expediente.

Antes de iniciar un expediente sancionador la Dirección General de Vivienda puede conceder un plazo no superior a 15 días para rectificar el contrato y, en su caso, devolver la diferencia de importe se ha estado cobrado indebidamente. En el caso de que proceda sancionar, se inicia el procedimiento sancionador con multas que oscilan entre los 3.001 y los 30.000 euros.

En junio de 2025 el Gobierno navarro aprobó la declaración de zona de mercado residencial tensionado para 21 municipios navarros: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. Una de las herramientas recogidas en el Plan de Medidas de Zona de Mercado Tensionado es la limitación de los precios del alquiler a través del índice de referencia de precios de alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los nuevos contratos de alquiler de viviendas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años, el cual establece un rango de precios por metro cuadrado según la ubicación y características específicas del inmueble.

23.066 contratos activos inscritos en el registro

La aprobación de las zona de mercado residencial tensionado incluyó también la creación de un registro de contratos de arrendamientos de vivienda en el que deben inscribirse todos los contratos de alquiler, ya sean de vivienda habitual o de arrendamiento de temporada, ubicadas en el territorio de la comunidad foral. La aplicación también permite consultar, modificar y cancelar los contratos registrados.

Dependiente de la Dirección General de Vivienda y único registro público que existe en materia de alquiler en la comunidad foral, sirve como herramienta para el control y el seguimiento del mercado de alquiler en la zona de mercado tensionado y para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone en esta materia.

Actualmente, hay 23.066 contratos activos inscritos. A esta cifra se suman aquellos contratos que no requieren inscripción por parte de las personas arrendadoras, ya que son registrados de oficio por la Dirección General de Vivienda. Entre ellos se encuentran las 1.163 viviendas gestionadas a través de la Bolsa de Alquiler y los 4.524 contratos de vivienda protegida en régimen de alquiler.

El Servicio Navarro de Salud ya había reforzado el servicio de Oftalmología para este miércoles y los días posteriores ante la previsión de que se incrementaran las atenciones por daños oculares relacionadas con el eclipse total. Según los datos facilitados por el Gobierno de Navarra, en las primeras horas posteriores al evento se han registrado un total de siete asistencias sanitarias por daños oculares. Todas ellas han sido leves y ya han sido dadas de alta.

Con todo, la consejera de Interior, Inmaculada Jurió, ha señalado que se pueden registrar mayores atenciones en las próximas horas porque algunas lesiones oculares producidas por el eclipse “se ponen de manifiesto pasadas unas horas o días”. Por ello, la red de atención primaria cuenta con un protocolo específico y se ha reforzado el personal para un posible incremento de la demanda de pruebas.

A las lesiones oculares se sumaron las decenas de atenciones por golpes de calor debido a las altas temperaturas que se alcanzaron en la comunidad foral en las horas previas al eclipse.

En concreto, en el Hospital Universitario de Navarra se produjeron 448 atenciones de urgencias. De ellas, seis fueron oftalmológicas derivadas del eclipse y hubo un paciente pediátrico por calor. Todas estas atenciones fueron dadas de alta.

En el Hospital Reina Sofía de Tudela se atendieron 130 urgencias, una de ellas derivada por un golpe de calor, y ninguna oftalmológica. En el Hospital García Orcoyen de Estella se atendieron 83 urgencias, una de ellas oftalmológica derivada del eclipse y que fue dada de alta.

En cuanto a los dispositivos preventivos situados dentro de los puntos de observación oficiales, “no se puede reseñar ninguna complicación”, ha apuntado Jurío, salvo un traslado que se produjo desde Sendaviva.

Un hombre de 67 años ha fallecido la tarde de este miércoles tras sufrir un posible ahogamiento mientras nadaba en el pantano de Alloz, en Lerate (Guesálaz).

La Sala de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 12:32 horas del miércoles, y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de Abárzuza y patrullas de la Policía Foral.

Según ha informado el Gobierno de Navarra, el siniestro ha ocurrido en la zona del pantano de Alloz que corresponde a Lerate (Guesálaz), cuando el hombre se encontraba nadando.

Otros bañistas han sacado del agua al hombre y han realizado maniobras de RCP hasta que han llegado los servicios de emergencia, pero no se ha podido hacer nada por salvar la vida del varón de 67 años, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del hombre será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será realizada la autopsia. Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del suceso.