Ocho de ocho. La socialista María Chivite cerrará su segunda legislatura al frente del Gobierno de Navarra con todos los presupuestos aprobados tras alcanzar un nuevo acuerdo con EH Bildu, formación que se ha convertido en socio externo del Ejecutivo de coalición de PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros). Las cuentas del 2027 llegarán este mismo viernes al Parlamento para iniciar allí su tramitación con la idea de que sean aprobados en un pleno que se celebrará el 17 de diciembre.

El acuerdo se ha firmado este viernes, pero llevaba encarrilado semanas después de que, un año más, el Ejecutivo foral incluyese en el anteproyecto de presupuestos partidas propuestas por EH Bildu. Desde la coalición abertzale no detallaron qué valor económico tenían esas partidas, pero aseguraron estar “contentas”. Ahora, en las diferentes comisiones del Parlamento los socios del Gobierno apoyarán otras partidas de la coalición abertzale.

Los presupuestos de Navarra tendrán en 2027 un techo de gasto de 7.284,8 millones de euros, de los que un 54,7% corresponden al denominado “gasto social”, es decir, las áreas de Salud, educación y Derechos Sociales.

Las cuentas recogen a su vez una partida de 22 millones de euros del Departamento de Vivienda que se destinará a comprar viviendas que son propiedad de fondos buitre y que han pasado al mercado libre tras estar protegidas.

El Parlamento de Navarra cancelará su actividad el próximo 11 de noviembre con motivo de la huelga general por la vivienda a petición de los grupos que sustentan el Gobierno de María Chivite, PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin, así como EH Bildu, socio presupuestario. Así, ese día no se celebrarán dos comisiones que de Cultura, Deporte y Turismo y de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, que ya estaban calendarizadas tras el acuerdo alcanzado este lunes en la reunión de la Mesa y junta de portavoces.

Los socios del Gobierno de Chivite han defendido respaldar la propuesta de EH Bildu de sumarse a la huelga como un “gesto político” de apoyo a la reivindicación, aunque han matizado que suspender la actividad no implicará que no se trabaje. “El que quiera podrá hacer evidentemente su huelga y el que no, podrá venir a trabajar”, ha explicado el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona. Se da la circunstancia de que el PNV, uno de los socios de esta coalición, ha criticado en Euskadi la huelga, pero se va a sumar a ella en Navarra. “Ni UGT, ni ELA ni LAB. Ni media palabra sobre vivienda. Cero patatero. Ahora la vivienda es una prioridad. ¿Hace mes y medio no lo era en las clases obreras y populares?”, dijo el viernes el lehendakari Imanol Pradales.

El principal partido de la oposición en Navarra, UPN, se ha sumado a las críticas al apoyo a la huelga por parte del Parlamento foral y ha afeado a los socios de Chivite que quieran “gobernar” y al mismo tiempo “protestar como si gobernaran otros”.  “Gobierna el PSN, y es quien tiene que solucionar los problemas y, en lugar de eso, elige ponerse en la pancarta”, ha apuntado su portavoz, Javier Esparza.

Los regionalistas ven en el acuerdo para la suspensión de la actividad parlamentaria el 11 de noviembre “una muestra más” de que es EH Bildu “quien manda en el bloque del Gobierno”, pese a no formar parte de él.  “Esta es una huelga por motivos electorales, si no hubiera habido elecciones, no habría huelga; y por primera vez, además, en lo que afecta a este Parlamento, ante una huelga general, se paraliza”, ha asegurado Esparza.

Del otro lado, PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y EH Bildu han defendido la medida de cancelar la actividad parlamentaria como un “gesto político” de respaldo a la causa que ha llevado a la convocatoria de la huelga general. “Surgió a raíz de un estallido social, cuando UPN, Partido Popular, Vox y Junts tumbaron en el Congreso los decretos Mari Carmen”, ha defendido la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu.

UPN ha designado a su expresidente Javier Esparza como cabeza de lista de la coalición que ha conformado con el PP para el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Esparza abandonará así el Parlamento foral, donde es portavoz de la formación regionalista y líder de la oposición al Gobierno de la socialista María Chivite. UPN también ha nombrado a Leticia San Martín como número uno de la lista al Congreso, a la que acompañará Sergio Sayas como número dos y designado por el PP.

Se da la circunstancia de que Esparza, siendo presidente de UPN, fue quien expulsó a Sergio Sayas y Carlos García Adanero del partido después de que estos le mintiesen y votasen en contra de la reforma laboral cuando existía un acuerdo con el PSOE para apoyarla en el Congreso. La maniobra fue urdida por el PP, que buscaba una derrota del Gobierno de coalición.

Los dos diputados trásfugas acabaron dando el salto a ese partido y ahora Esparza compartirá lista con esa formación. De hecho, fue el propio Esparza el que decidió, por primera vez desde 1982, que en 2023 UPN y PP fuesen por separado a las urnas en las generales.

Para evitar una nueva división del voto de la derecha, la nueva líder regionalista, Cristina Ibarrola, alcanzó hace una semana un acuerdo con el PP para concurrir a las nuevas elecciones. Por ese acuerdo, a UPN le correspondía designar a los cabezas de lista tanto del Congreso como del Senado. La Parlamentaria Leticia San Martín será la candidata a la Cámara Alta, acompañada de Sayas, y Esparza lo será en el Senado.

Una mayoría social navarra considera necesaria una mayor intervención pública del mercado de la vivienda. Es una de las principales conclusiones de una encuesta encargada por el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra a la empresa demoscópica CIES, cuyos resultados serán presentados este viernes en una comparecencia parlamentaria por la consejera Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin). Entre ellos destaca que un 78% de las personas encuestadas está a favor de la regulación del mercado del alquiler para topar los precios, medida que lleva impliantada más de un año en 21 municipios de la comunidad foral, entre ellos Pamplona y Tudela.

La encuesta fue encargada por el Gobierno foral el pasado verano para “analizar la situación de la vivienda en Navarra” y conocer “la valoración de las políticas públicas, así como plantear posibles soluciones para abordar la demanda”. CIES realizó un total de 803 entrevistas a comienzos de septiembre, antes del desahucio de Maricarmen que provocó una gran movilización en España por la vivienda. Los resultados de la encuesta se entregaron a comienzos de octubre, después de que el presidente, Pedro Sánchez, anunciase el adelanto electoral. Por ello, y para evitar una posible sanción de la Junta Electoral, el Departamento de Vivienda ha optado por presentar los resultados en una comparecencia en el Parlamento que UPN, principal partido de la oposición, ha querido vetar.

Los resultados de la encuesta reflejan que una amplia mayoría de la ciudadanía navarra ve “acertadas” las políticas que intervienen el mercado de la vivienda. Destaca, además, que un 77% de las personas entrevistadas es propietaria de una vivienda. Navarra es una de las pocas comunidades que tiene topados los precios de los alquileres. Además, en los últimos meses ha aprobado otras medidas como la regulación del alquiler de habitaciones o de los alquileres de temporada, así como una ley que blinda la calificación de las viviendas protegidas de alquiler parra que no pasen al mercado libre. Está última norma, ha sido recurrida recientemente por el PP ante el Tribunal Constitucional.

“Hemos tomado muchas medidas, porque no hay una fórmula mágica, para tratar de hacer cambios estructurales que obtengan resultados en el medio y largo plazo, que es de lo que se trata”, aseguraba este jueves la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, en el Parlamento navarro.

Todas estas reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo foral son avaladas por los navarros según los resultados de la encuesta. El 78% apoya el tope a los precios de los alquileres, el 81% considera que la calificación debe ser permanente en el caso de las viviendas de compra y un 82% en el caso de las de alquiler. Además, un 88% está a favor de que no se permina a fondos buitre adquirir viviendas protegidas. Destaca a su vez que un 67% cree que se debería topar el precio de venta de las viviendas libres.

En la encuesta también se ha preguntado sobre medidas que la ciudadanía considera que podrían ayudar a mejorar el acceso a la vivienda. Así, más del 80% ve acertado que la Administración Pública impulse el alquiler asequible o un 72% cree necesaria la constitución de una inmobiliaria pública para gestionar el mercado del alquiler. En la comunidad foral existe una empresa pública de promoción de vivienda, Nasuvinsa, pero no una de este tipo.

Los resultados muestran a su vez que las mujeres apoyan en mayor medida que los hombres las políticas de regulación del mercado de la vivienda. Por edad, son los mayores de 65 años los que ven necesario poner tope a los precios del alquiler.

Preguntados por las ayudas públicas para el acceso a la vivienda, el 66% no sabe que existe una bolsa pública de alquiler de viviendas asequibles, si bien, de los que sí la conocen un 75% la valoran positivamente.

El Gobierno de Navarra ha decidido invertir 1,9 millones de euros para mantener en su parque público de vivienda 27 casas, propiedad de Building Center, la filial inmobiliaria de Caixabank, y que iban a pasar al mercado libre entre los años 2027 y 2044.

La compra se ha cerrado este mismo jueves mediante el derecho de tanteo y retracto que tiene el Gobierno de Navarra. Fuentes consultadas por este periódico añaden que son viviendas que la inmobiliaria de Caixabank pretendía traspasar a otro fondo de inversión. Las viviendas, repartidas por diez municipios de la comunidad foral han sido adquiridas por un precio de media de 73.740,81 euros por casa.

La mayor parte de las viviendas adquiridas se sitúan en Murchante (13), Valtierra (3), Tudela (3) y Cadreita (2). El resto se encuentran en localidades como Huarte, Lakuntza, Cintruénigo, Peralta, San Adrián y Sangüesa. Todas están todavía sujetas al régimen de Vivienda de Protección Oficial -salvo la ubicada en San Adrián, que figura como libre-, calificación que tenía previsión de vencer en un rango temporal comprendido entre los años 2027 y 2044.

De estas 27 viviendas recientemente adquiridas, 11 están actualmente alquiladas y se mantendrán con los contratos vigentes hasta su finalización; las 16 restantes se destinarán a engrosar el Fondo Foral de Vivienda Social y la Bolsa de Alquiler de Gobierno de Navarra, gestionada a través de la empresa pública Nasuvinsa.

“La compra en lote de estas viviendas ha permitido al Gobierno de Navarra su adquisición por un coste muy por debajo del valor medio de los inmuebles, según un análisis realizado por la mencionada empresa pública Nasuvinsa”, destacan desde el Departamento de Vivienda que dirige Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin).

La presidenta de Navarra, María Chivite realizará a finales de octubre un viaje institucional a Perú y Argentina para conocer iniciativas de cooperación al desarrollo y mantener una agenda institucional en ambos países. Lo hará tras conocerse que la Junta Electoral ha desestimado la reclamación de UPN para que lo cancelase por coincidir con la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Junta considera que no hay datos que permitan presumir que el viaje tenga una finalidad electoralista y no existe una “prohibición general de los viajes oficiales ni de toda actividad institucional desarrollada durante el periodo electoral”. “La eventual infracción debe apreciarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada actuación”, expone.

Según este órgano, “no consta dato alguno” del que se pueda presumir que la presidenta de Navarra “vaya a realizar actuaciones prohibidas por la legislación electoral, ni que el referido viaje tenga un contenido electoralista”. “La suspensión del desplazamiento constituye una medida de alcance general que no puede fundarse exclusivamente en la coincidencia temporal con el periodo electoral o en un riesgo abstracto de afectación de la neutralidad institucional”, añade.

La Junta, además, rechaza exigir la agenda completa del viaje. “Ante la alegada ausencia de información suficiente sobre la agenda y las circunstancias del desplazamiento no procede presumir un mal uso del mismo, por lo que no procede requerimiento alguno desde esta Junta”, indica. La Junta rechaza también advertir formalmente al Gobierno y entiende que el Ejecutivo conoce sus obligaciones legales.

No obstante, mantiene la posibilidad de actuar ante infracciones futuras. En concreto, si durante el viaje se produjeran actuaciones contrarias a la legislación electoral, podrían denunciarse y dar lugar a un expediente sancionador.

El Gobierno navarro ha celebrado la decisión de la Junta Electoral . “UPN no consigue coartar la actividad institucional de la presidenta, ninguna de las medidas solicitadas y el viaje oficial puede seguir adelante, sujeto a las obligaciones legales habituales del periodo electoral”, han apostillado.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra que dirige Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin) va a destinar el próximo año 104 millones de euros para la compra de viviendas que fueron construidas con fondos públicos pero que tras perder la calificación pasaron al mercado libre y acabaron en manos de fondos buitre en los últimos años. Tal y como avanzó la consejera hace unas semanas se trata de unas 600 casas que están en manos de Testa, filial de Blackstone, Catella y otros fondos de inversión.

Navarra se sumará así a Euskadi, cuyo consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha anunciado recientemente que comprará más de 500 viviendas en Donostia a Blackstone por unos 100 millones de euros, la operación de este tipo de mayor calado en España. Los departamentos de Vivienda navarro y vasco llevan años colaborando para impulsar medidas como esta o la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

Según informan fuentes consultadas por elDiario.es, de los 104 millones, 22 estarán recogidos en los presupuestos que el Gobierno de Chivite está negociando con EH Bildu para garantizar su aprobación y 82 del plan de inversiones aprobado hace una semana. A esta medida además le acompañará la construcción de nuevas VPO en localidades que han sido declaradas como zonas de mercado residencial tensionado y para la que se destinarán 13 millones de euros provenientes de fondos del Estado. La comunidad foral es una de las pocas que, merced a la ley de Vivienda ha declarado 21 municipios como tensionados, topando así el precio de los alquileres.

“Nos repatea porque es pagar dos veces por un mismo bien”, lamentaba hace unos días la consejera Begoña Alfaro, que reprochó “la herencia recibida” de administraciones anteriores. En Navarra ahora la calificación de las VPO, también en régimen de alquiler, es permanente, por lo que las próximas promociones que se construyan nunca perderán la protección.

Las negociaciones con estos fondos buitre llevan meses en curso y, según apuntó la consejera, al menos Testa se ha mostrado partidario de vender esas viviendas porque ya no les resulta “tan rentable” tener vivienda en Navarra por la declaración de zonas tensionadas. “La declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable, sino que sea un territorio del que huir. Nosotras estaremos encantadas de que se vayan porque bastante daño han hecho ya”, añadió.

UPN, principal partido de Navarra, ha cambiado su imagen en redes sociales en los últimos días. Tras haber alcanzado un acuerdo con el PP para concurrir a las elecciones generales el próximo 29 de noviembre, el partido regionalista ha pasado a imitar a su socio de coalición con una campaña agresiva X contra Pedro Sánchez y María Chivite que contrasta con el perfil que tenía hasta entonces el partido en esta red social antes del acuerdo.

UPN y PP confirmaron la semana pasada que tras cuatro años separados, para las próximas generales retomarán la alianza que iniciaron en 1982 y que no se rompió hasta el 2022, cuando los diputados trásfugas Sergio Sayas y Carlos García Adanero dieron el salto al PP tras haber sido expulsados de UPN. Cuatro años después, Sayas será el número dos en la lista al Congreso de la coalición de las dos formaciones.

Con su pacto los dos partidos buscan “desalojar” a Pedro Sánchez del Gobierno y evitar una nueva división del voto de la derecha en Navarra. En 2023 que UPN y PP fueran por separado a las urnas facilitó una victoria del PSN, que logró dos de los cinco diputados navarros y 92.798 votos. En segundo lugar, quedó EH Bildu y, por detrás, PP y UPN. Todos ellos lograron un escaño. La suma de los votos de UPN y PP por separado alcanzó los 108.247. En el Senado el PSN logró tres representantes y UPN una, María Caballero.

El nuevo acuerdo ha ido acompañado de un cambio de estrategia en la comunicación del partido regionalista para acercarse al estilo de su nuevo socio. A raíz del mitin de Pedro Sánchez del que el PSOE tuiteó el lema “La fuerza que lo puede todo, la fuerza del amor”, UPN, al igual que el PP, entró al trapo y publicó varios mensajes con el mismo lema, pero acompañados de fotografías de José Luis Ábalos o de María Chivite con Santos Cerdán.

“Estamos deseando que llegue mayo y Chivite en su primer mitin por fin sea valiente como Sánchez ayer y diga: 'Que lo escuchen alto y claro: Te quiero, Santos'. Menudo campañón el del PSOE…”, reza uno de los tuits, dirigido en este caso a la presidenta de Navarra, pupilo de Cerdán.

UPN fue el partido que denunció ante la Guardia Civil la adjudicación de las obras de los túneles de Belate antes incluso de que se supiera que, presuntamente, Santos Cerdán era copropietario de Servinabar 2000, una de las empresas que formaban parte de la UTE adjudicataria y mercantil que está siendo investigada por el cobro de mordidas. Desde entonces, el partido regionalista ha utilizado esa obra como principal ariete contra el Ejecutivo de Chivite. Ahora se ha salido del carril institucional y hasta usado imágenes de 'Aquí no hay quien viva'.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha firmado recientemente una declaración que reconoce como víctima del franquismo al exalcalde de Tudela Aquiles Cuadra, dirigente de Izquierda Republicana que fue fusilado el 19 de octubre de 1939 tras ser condenado a muerte por un consejo de guerra por oponerse al golpe de Estado.

En la declaración, el Gobierno de España reconoce que Aquiles Cuadra “padeció persecución por razones políticas durante la guerra de España y la dictadura franquista” y señala que el tribunal que lo juzgó fue “ilegal e ilegítimo”, por lo que considera “nulas” las “condenas, sanciones o resoluciones dictadas, tanto judiciales como administrativas”.

De esta forma, el Ministerio certifica que el exalcalde de Tudela “tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva”.

Aquiles Cuadra fue elegido concejal de Tudela en las elecciones del 12 de abril de 1931 y nombrado alcalde el 17 de febrero de 1932, cargo que desempeñó hasta su dimisión en junio de 1934. El año pasado todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Tudela firmaron una declaración en el que reconocieron que durante su etapa al frente del Ayuntamiento “destacó por su compromiso con la defensa de los bienes comunales y la aplicación de la ley de reforma agraria, impulsando la recuperación de terrenos y corralizas privatizados décadas atrás”.

Tras el golpe de Estado de julio de 1936, Cuadra fue detenido en diciembre de ese año en Sevilla y trasladado a Pamplona. El consejo de guerra celebrado el 10 de noviembre de 1937 lo condenó a muerte, sentencia que se ejecutó el 19 de octubre de 1939, cuando fue fusilado en Pamplona.

El Observatorio de derechos Humanos de Euskal Herria -GEBehatokia presentó hace un año, en coordinación con la familia de Cuadra, una iniciativa al Gobierno central para que fuese reconocido como víctima de la dictadura merced a la ley de Memoria Democrática. En el día en el que se cumplen 85 años de su fusilamiento se ha conocido que en Ministerio ha aprobado la declaración.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha rechazado los disturbios que el jueves provocaron manifestantes de GKS —movimiento comunista juvenil que suele ser identificado como escisión de la izquierda abertzale— ante la convocatoria del agitador ultra Vito Quiles, y que por el momento se saldan con tres detenidos por atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos. Con todo, Asiron ha afeado la “provocación” de Quiles y ha asegurado que Pamplona “es una ciudad profundamente antifascista”.

El agitador de extrema derecha inició en la capital navarra un nuevo tour en plena precampaña electoral porque fue la ciudad en la que el año pasado tuvo que cancelar su acto ante el anuncio de una contramanifestación de GKS y otros colectivos antifascistas. En esta ocasión Vito Quiles sí que apareció en Pamplona, pero lo hizo 40 minutos tarde de la hora anunciada y acompañado de más de una decena de escoltas vestidos de negro, encapuchados y con gafas de sol.

Cuando llegó a la Plaza Yamaguchi, donde había convocado a sus simpatizantes, varias dotaciones de las UIP (antidisturbios) de la Policía Nacional y de la Policía Foral ya habían desalojado la plaza y sus inmediaciones tras haberse iniciado los disturbios. Los manifestantes prendieron fuego a algunos contenedores y cortaron varias avenidas y lanzaron piedras y botellas de vidrio a los agentes, que cargaron con proyectiles de 'foam' y gas lacrimógeno.

El alcalde de Pamplona ha lamentado que los disturbios causaran “peligros” a la ciudadanía, pero ha criticado que estos se generasen por una “provocación” de Vito Quiles. “Esto no va de una persona que viene a Pamplona a comunicar sus ideas o su postura en relación a diversos temas, esto va de provocación y de fascismo, y el fascismo no es una idea, el fascismo es precisamente la negación de las ideas, el fascismo lo que pretende es aniquilar las ideas”, ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que Vito Quiles publicó el 7 de octubre un mensaje en sus redes sociales donde llamaba “a la aniquilación de los zurdos de mierda y esto evidentemente es algo que no se puede avalar, ni en nombre de la libertad de expresión, ni en nombre absolutamente de nada”.

Asimismo, Joseba Asiron ha asegurado que el agitador ultra no eligió Pamplona por “casualidad”. “Se elige Pamplona precisamente porque es una ciudad profundamente antifascista y porque hay en marcha un proyecto de convivencia entre diferentes”, ha remarcado. “Yo no creo en este tipo de casualidades, si viene a Pamplona en primer lugar -dentro de la gira de Quiles- es precisamente porque sabe que es una ciudad con una trayectoria absolutamente antifascista”, ha insistido. “Y ahora pretende continuar esta tournée de odio por otras ciudades si nadie pone remedio”, ha lamentado.

El alcalde de Pamplona se ha mostrado partidario de “hacer frente a este tipo de manifestaciones y de discursos de odio” y ha recordado que este jueves se celebró una manifestación en la Plaza del Castillo, donde inicialmente iba a ser el acto de Quiles, que fue, ha destacado Asiron, “un muro social, diverso y plural que de manera contundente y estrictamente democrática denunció el fascismo”. “Ese es desde luego mi modelo y por eso estuve allí en la Plaza del Castillo”, ha concluido.

La Policía Nacional ha cargado contra varios cientos de manifestantes de GKS —movimiento comunista juvenil que suele ser identificado como escisión de la izquierda abertzale— y antifascistas que este jueves han acudido a la plaza de Yamaguchi de Pamplona para protestar contra la convocatoria anunciada por el agitador ultra Vito Quiles, que ha hecho acto de presencia 40 minutos tarde. Una vez la Policía ha desalojado a los manifestantes, se ha ido a los pocos minutos tras una breve arenga. Ha estado en la plaza solamente un cuarto de hora.

Los manifestantes han causado altercados volcando contenedores de basura y lanzando a los agentes de la Policía botellas de vidrio y piedras. Los incidentes se han producido justo en el exterior de un tanatorio y en el propio parque Yamaguchi. Por el momento hay tres detenidos, uno de ellos menor de edad. Se les acusa de delitos de atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos.

Ya el año pasado una convocatoria fallida de Quiles generó disturbios en Pamplona. Por ello, en esta ocasión varias dotaciones de las UIP (antidisturbios) de la Policía Nacional y de la Policía Foral han acordonado la plaza en la que se ha celebrado el acto con un fuerte dispositivo policial. De hecho, el agitador ha criticado a la Universidad de Navarra por “desaconsejar a los estudiantes” el año pasado “no ir a los actos” que Quiles promocionaba.

Minutos antes de las 18:00 horas centenares de manifestantes de GKS han llegado a Yamaguchi con una pancarta con el mensaje 'Faxistak. Alde hemendik' ('Fascistas fuera de aquí', en euskera). Un cordón policial los ha rodeado mientras en la plaza medio centenar de seguidores de Quiles les estaba esperando. La tensión ha ido en aumento hasta que la Policía ha comenzado a cargar. El agitador se ha referido a este grupo de personas como “los del tiro en la nuca”, mientras sus simpatizantes —unas treinta personas— lo vitoreaban y clamaban cánticos como “España una, no cincuenta y una” y “Pedro Sánchez, hijo de puta”. “Les gustaría abrime la cabeza”, ha comentado sobre los manifestantes contenidos por los antidisturbios.

Los manifestantes se han ido por calles aledañas a la plaza y han comenzado a volcar contenedores, así como a lanzar botellas y piedras a los agentes. No ha sido hasta que la Policía ha alejado los manifestantes cuando ha aparecido el agitador Vito Quiles, que a la salida del vehículo en el que ha llegado ha pedido a los agentes que lo “escoltasen”.

“No podemos salir solos”, les ha pedido tras estar unos 15 minutos en la plaza. Ha acudido con una pulsera con la bandera de España. En su discurso, concurrido sobre todo por los periodistas que han ido a cubrirlo, ha mencionado lo “duro que es vivir en Pamplona” al estar llena de “etarras”. Ha dicho también que Navarra es “más española que nunca”. En todo momento ha estado protegido por hombres vestidos de negro con gafas de sol.

Los Gobiernos central y navarro han cerrado en las últimas horas el traspaso de las competencias de I+D+I a la comunidad foral, una reivindicación del Ejecutivo foral desde hacía tiempo y que se llevaba negociando durante meses por ser “uno de los pilares fundamentales que potencia el progreso de las empresas y la sociedad”, según ha destacado la presidenta, María Chivite.

En declaraciones a la prensa, la jefa del Ejecutivo foral ha celebrado que se cierra así la “quinta” competencia para Navarra desde que ella es presidenta. “Seguimos ampliando nuestro autogobierno, seguimos fortaleciendo nuestra foralidad y desde luego es positivo para la ciudadanía navarra y para la prosperidad de nuestra tierra, que es nuestro objetivo principal”, ha afirmado.

Según ha explicado, en los próximos días se convocará la Junta de Transferencias para “dar los pasos previstos en la normativa para ejecutar este nuevo hito que hace crecer el autogobierno”. “Con la competencia de I+D+i vamos a aumentar nuestra capacidad de decisión en esta materia. Creo que si Navarra ya lo venía haciendo bien en la materia, esto nos va a permitir seguir avanzando y seguir siendo incluso más ambiciosos en esta competencia”, ha indicado.

María Chivite ha destacado que “supone una mayor responsabilidad” pero ha asegurado que serán “más ambiciosos”. La presidenta ha destacado que Navarra es “una región innovadora fuerte, la región que más ha invertido en I+D+i, el 2,34%”.

Sobre las declaraciones del presidente de la comisión gestora del PPN, Sergio Sayas, en las que aseguró que su formación intentará que la Guardia Civil de Tráfico no salga de Navarra tras el traspaso de esta competencia, la presidenta ha afirmado que el Gobierno de Navarra va a hacer “todo lo que esté en su mano” para “proteger” una competencia que Franco “quitó” a la comunidad foral

“Es verdad que el presidente del Partido Popular de Navarra el otro día en el acto de la Guardia Civil dijo que iba a revertir esta competencia pero creo que a quien hay que hacerle la pregunta es a la presidenta de UPN, que acaba de cerrar un acuerdo para las elecciones con el Partido Popular, hablando del tema del autogobierno, cuando el Partido Popular acaba de decir que lo que va a hacer es revertir las competencias. ¿Cuál es la posición de UPN ante esto? Y, por cierto, ¿cuál es la posición de UPN ante la propuesta del Partido Popular de reajustar, creo que esa es la expresión que se ha utilizado, el tema de las pensiones? Lo digo porque hay casi 140.000 navarros y navarras que se pueden ver afectados por esto”, ha señalado.

A pocas horas para que finalice el plazo para comunicar las coaliciones electorales que se presentarán a las elecciones generales del 29 de noviembre, el tablero político en Navarra dibuja una derecha unida con UPN y PP retomando su alianza y a una izquierda incapaz de cerrar acuerdos. Se da la circunstancia de que hace tres años y medio el escenario fue diferente cuando Podemos e Izquierda Unida, con otras fuerzas, lograron un acuerdo para ir en coalición a las elecciones forales y municipales del 2023, mientras que UPN y PP acudieron por separado a las urnas tras el final de la etapa de Navarra Suma.

Pero no ha sido así en esta ocasión. Este martes el Partido Popular y los regionalistas ratificaron un nuevo pacto por el que acudiran juntos a las generales con el objetivo de “desalojar” a Pedro Sánchez del Gobierno. Para ello, el PP, que en las elecciones de 2023 superó a UPN en votos, le ha cedido a los regionalistas el primer puesto en la lista que, según ha adelantado su presidenta, Cristina Ibarrola, será una mujer. De número dos, presumiblemente, irá Sergio Sayas, presidente de la gestora del PP navarro y exdiregente de UPN que fue expulsado por tranfuguismo. En el Senado, UPN tendrá los dos primeros puestos.

Las dos formaciones han celebrado el acuerdo que devuelve la unidad a la derecha navarra tras la fractura que precisamente provocó Sergio Sayas, así como Carlos García Adanero, en 2022. Entonces los dos eran diputados de Navarra Suma (designados por UPN) en el Congreso y se saltaron las directrices de su partido para votar en contra de la reforma laboral y tratar de hacer caer al Gobierno de coalición en una maniobra orquestada por el PP. A los pocos meses, y tras su expulsión del partido regionalista, los dos se afiliaron al Partido Popular.

Con el acuerdo de este martes las dos formaciones dan por cerrada esa herida y vulven a unir fuerzas para evitar el escenario de 2023. En las generales de aquel año la división en el voto de la derecha hizo que el PSOE ganara en la comunidad foral, con Santos Cerdán de candidato, y que obtuviese dos escaños, así como tres senadores. UPN y PP lograron un escaño cada uno y UPN una senadora, María Caballero. Con todo y pese a que concurran a las elecciones generales del 29 de noviembre, se antoja complicado que juntos puedan lograr más de dos escaños en el Congreso por el ascenso de Vox. En 2019, los últimos comicios en los que las dos formaciones acudieron juntos a las urnas, bajo la marca Navarra Suma, lograron dos escaños. 

Sin unidad en la izquierda

En el otro lado del tablero la unidad parece mucho más lejana. Hace una semana, Geroa Bai la coalición vasquista de que el PNV forma parte en Navarra junto con Socialverdes, el partido de la expresidenta Uxue Barkos, y los minoritarios Atarrabia Taldea, emplazó a los grupos que sustentan el Gobierno de María Chivite a buscar “una fórmula de colaboración” para las generales en un movimiento que contrasta con la estrategia marcada por el PNV, que de hecho ha elaborado su propuesta de nombres para la lista por Navarra dentro de la coalición Geroa Bai.

Pasados varios días tan solo los partidos que conforman el denominado ahora Frente Amplio han tendido la mano a Geroa Bai, aunque en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa el PNV insiste en querer huir de los bloques. Según fuentes de la negociación consultadas por elDiario.es, la opción que gana más enteros es la de un pacto para una lista conjunta en el Senado, y no así en el Congreso. Sería un modelo similar al de 2015 y 2019. En el primero de los casos, el PNV llegó a sacar un escaño en el Senado por esta vía, valiéndose de los votos a fuerzas de izquierdas. La elegida fue Ana Luján.

PSN y EH Bildu por su parte, han descartado el acuerdo. La coalición abertzale ha informado que “en los últimos días” han mantenido contactos con “todas” las formaciones de izquierdas de Navarra para “explorar fórmulas de colaboración” que permitan “articular una unidad de acción” para “reforzar el bloque progresista”, pero que no ha sido posible alcanzar un acuerdo. La formación está “en otra pantalla”.

El agitador de extrema derecha Vito Quiles ha anunciado a través de sus redes sociales que este jueves comenzará una segunda gira de charlas como la que organizó el año pasado. Lo hará con una convocatoria en la Plaza del Castillo de Pamplona para la que no ha solicitado autorización a la Delegación del Gobierno, según confirman fuentes consultadas por elDiario.es. En paralelo, varios colectivos, sindicatos, movimientos juveniles y de pensionistas ha convocado en el mismo lugar una concentración para “conformar un nuevo muro de contención antifascista”.

La elección de Pamplona como la primera parada de su nuevo tour no parece casual. Fue en la capital navarra donde el agitador ultra tuvo que cancelar a última hora su acto el año pasado por la convocatoria de protestas anunciada por colectivos antifascistas y de la izquierda abertzale. Pese a que finalmente Vito Quiles no dio su charla en la Universidad de Navarra, del Opus Dei y que no le había autorizado la convocatoria, ese día se registraron importantes disturbios en la ciudad y más de una treintena de personas fueron detenidas.

En su nueva gira, que tiene como lema 'Mafia o patria', Quiles trata de influir en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. En esta ocasión no celebrará sus actos en universidades, sino que, en el caso de Pamplona por ejemplo, ha elegido la céntrica Plaza del Castillo.

Desde la Delegación del Gobierno confirman a este periódico que por el momento Quiles no ha solicitado la pertinente autorización para la celebración de su acto en Pamplona y que ya ha anunciado a través de sus redes sociales. Dado los plazos, de hacerlo ahora debería solicitarla por vía de urgencia. Por esta vía, el plazo mínimo son 24 horas y se tendría que justificar la urgencia.

En paralelo, varios colectivos, así como sindicatos y movimientos juveniles, han anunciado una convocatoria el jueves en la Plaza del Castillo a las 17:30 horas (media hora antes de la convocatoria de Quiles) “contra el fascismo”. “En estos momentos estamos viviendo una ola reaccionaria que busca, por una parte, recortar en derechos poniendo en el punto de mira los sectores más precarizados y, por otra parte, incidir en la operación nacional de Euskal Herria, con el objetivo de oprimir a las clases populares tanto social como nacionalmente. En este contexto es importante desnormalizar la presencia de personajes que legitiman y refuerzas estas ideas”, señalan en un comunicado.

Así, hacen un llamamiento “a toda la sociedad” de la Comarca de Pamplona para que “se movilice” el jueves 15 de octubre para levantar “un muro de contención llenando la Plaza del Castillo de antifascismo”.

Las direcciones de UPN y PP han alcanzado un acuerdo para concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, que ya ha sido ratificado por el consejo político de la formación regionalista, el órgano encargado de decidir cuestiones como posibles coaliciones electorales, y que se reunirá este martes por la tarde. UPN encabezará la lista al Congreso y el PP designará al número dos de la lista, que previsiblemente será Sergio Sayas, tránsfuga regionalista que acabó afiliándose al Partido Popular en 2023. En la lista del Senado, UPN tendrá los dos primeros puestos.

El acuerdo rego también que los representantes de UPN se integrarán en el Grupo Mixto y tendrán libertad de voto y autonomía para adoptar “el posicionamiento que mejor convenga a los intereses de Navarra”.

Según ha informado UPN, el nombre de la coalición electoral será “Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular” y tendrá como objetivo “desalojar” a Pedro Sánchez del Gobierno. Así, UPN apoyará una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Según explican, ambas formaciones se comprometen “a respetar y blindar el Régimen Foral y mantener el Convenio Económico como el mejor el instrumento para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos de Navarra. De igual forma, manifiestan su apoyo al Amejoramiento del Fuero y a promover y votar a favor de la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, en una eventual reforma de la misma”.

En materia de infraestructuras, UPN y el PP han acordado “impulsar y garantizar” la ejecución de las inversiones del Estado “necesarias para desarrollar las infraestructuras estratégicas de Navarra, como la segunda fase del canal de Navarra, el tren de alta velocidad y su conexión con la Y vasca, el aeropuerto de Pamplona y el refuerzo de la red eléctrica de Navarra”.

De esta forma UPN y PP retoman una alianza en las generales que comenzó en 1982 y que se rompió en 2023. Ese año, tras la expulsión de los diputados tránsfugas Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que terminaron enrolándose en el PP, UPN decidió romper su histórico acuerdo con ese partido y acudir en solitario a las elecciones. La división del voto de la derecha facilitó una victoria del PSN, que logró dos de los cinco diputados navarros y 92.798 votos. En segundo lugar, quedó EH Bildu y, por detrás, PP y UPN. Todos ellos lograron un escaño. La suma de los votos de UPN y PP por separado alcanzó los 108.247. En el Senado el PSN logró tres representantes y UPN una, María Caballero.

Para evitar una nueva división de voto en la derecha, la presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, y el secretario de organización del PP, Miguel Tellado, intensificaron las reuniones en las últimas semanas. Este mismo sábado, Ibarrola estuvo en la sede de la calle Génova ultimando los flecos del acuerdo, que han terminado de sellar este martes. Todavía no se conoce, eso sí, el orden de las listas. En 2019, los dos candidatos de Navarra Suma fueron de UPN y en 2023 los regionalistas exigieron mantener esa condición en un hipotético acuerdo. El PP lo rechazó.

Con todo y pese a que concurran a las elecciones generales del 29 de noviembre, se antoja complicado que juntos puedan lograr más de dos escaños en el Congreso. El ascenso de Vox dificulta que UPN y PP, aunque vaya en coalición, puedan optar a un tercer escaño. En 2019, los últimos comicios en los que las dos formaciones acudieron juntos a las urnas, bajo la marca Navarra Suma, lograron dos escaños, que fueron ocupados precisamente por Sayas y Adanero.

Isabel 'Bel' Pozueta (Alsasua, 1965) no será la candidata de EH Bildu por Navarra en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre y dejará así el Congreso de los Diputados tras dos legislaturas, tal y como ha confirmado ella misma en una carta difundida por la coalición abertzale.

El anuncio de su renuncia a liderar la plancha de EH Bildu por Navarra se produce pocos días después de que su compañera de tribuna Mertxe Aizpurua también anunciase que deja el Congreso. Por el momento solo Oskar Matute, quien ha asumido la portavocía esta legislatura, ha confirmado que sí será candidato una vez más.

Pozueta fue la principal portavoz de Altsasu Gurasoak, la plataforma que englobó a los familiares de los condenados en el denominado 'caso Alsasua' por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas. En la carta explica que tras ello EH Bildu le ofreció encabezar la lista al Congreso en las generales de abril de 2019. “A falta de unos cientos de votos no salí elegida”, explica. Pero tras la repetición electoral, en noviembre de ese mismo año sí que logró un escaño en el Congreso, que reeditó en 2023.

“Hoy llega el momento de dar un paso importante para mi dentro de este proyecto común, se trata de pasar el testigo a una persona que refrendará en Madrid los intereses de esa Navarra a la que defendemos. La responsabilidad política exige energía vital y compromiso, y confieso que mi salud ha mermado la energía necesaria, no así el compromiso con el que me despido”, relata.

Pozueta continúa la misiva explicando que deja también la política institucional para “trabajar en otros ámbitos” y deseando “surte” a la persona que lidere la candidatura de EH Bildu al Congreso por Navarra.

EH Bildu concretará en los próximos días su propuesta de listas, aunque en el Senado ya ha trascendido que concurrirá en coalición con ERC. Después, las bases podrán ratificar las planchas. EH Bildu tiene seis escaños en el Congreso y cinco en el Senado, cuatro electos y uno por designación autonómica.

El Gobierno de Navarra, una coalición del PSN con Geroa Bai y Contigo/Zurekin, ha aprobado en sesión extraordinaria celebrada este viernes el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2027, que asciende a 7.284,8 millones de euros. Lo ha hecho, como viene siendo habitual, incluyendo partidas propuestas por EH Bildu, que no forma parte del Ejecutivo de María Chivite, pero que ha sido socio presupuestario en los siete ejercicios anteriores. De esta forma, el Gobierno navarro trata de certificar el apoyo necesario de la coalición abertzale a los presupuestos por estar en minoría parlamentaria.

EH Bildu ha celebrado que se hayan incluido algunas de sus propuestas en el proyecto y ha señalado que todavía siguen negociando con el Gobierno otras partidas que se añadirán en el presupuesto definitivo y, posteriormente, vía enmiendas en el Parlamento. La coalición abertzale entiende la negociación con el Ejecutivo como un ejercicio de “responsabilidad” porque serán los últimos presupuestos que se aprueben antes de las elecciones forales de mayo del 2027, pero avisa al Ejecutivo de Chivite que exigirán que las nuevas cuentas sirvan “para atender las necesidades de la gente” y para “apostar decididamente por los servicios públicos como instrumento para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía”.

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, por su parte ha destacado “la apuesta del Gobierno sostenida por el gasto social” y ha precisado que el 54,7% del anteproyecto se destina a este área, “lo que muestra el compromiso reforzado por áreas como vivienda, salud, educación o derechos sociales”.

El consejero ha detallado que el Gobierno entregará el documento de Presupuestos el 30 de octubre al Parlamento. “Si todo va bien y la negociación termina bien, desencadenará en un pleno de Presupuestos el 17 de diciembre”, ha comentado, y ha trasladado a los socios de Gobierno y presupuestos que “para Navarra tener unos Presupuestos de cara al año 2027 es sobre todo estabilidad; supone trasladar a la ciudadanía que este Gobierno tiene intenciones de continuar más allá de mayo del 2027”. “Un nuevo presupuesto nos da estabilidad y además muestra que el Gobierno tiene posibilidades de continuar tal y como ahora mismo está establecido”, ha insistido.

Sobre la deflactación de la tarifa del IRPF, el consejero ha indicado que la propuesta se ha llevado a la Mesa de Fiscalidad para que “sea uno de esos puntos que pueda contener lo que es la ley de medidas tributarias que se pueda aprobar también en diciembre de este año”.

El anteproyecto se ha configurado, ha indicado el consejero, a partir de unas previsiones económicas recientemente avaladas por Airef y que contemplan un incremento del PIB real en 2027 del 2%, una inflación media del 2,5% y una tasa de paro en descenso hasta situarse en el 7,5%. En lo relativo al cumplimiento de las reglas fiscales, Navarra tiene fijado un objetivo de déficit del 0,3%, cifra alcanzada en la negociación bilateral con el Gobierno central mientras que, en materia de deuda, 2025 cerró con un 9,4% de deuda en relación al PIB y la previsión de cierre de 2027, a día de hoy, se sitúa en el 8,6%.

Sobre el gasto no financiero, en los últimos siete ejercicios ha pasado de los 4.017 millones de euros en 2019 a los 6.851 millones que refleja para este 2027. El gasto no financiero previsto para 2027 aumenta un 8,4% respecto a 2026.

Por capítulos, crecen las operaciones corrientes, del 1 al 5, con la excepción de los gastos financieros, que disminuyen por la reducción de la deuda. Por su parte, las operaciones de capital, correspondientes a los capítulos 6 y 7, registran una reducción debido, en buena medida, a la finalización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Para compensar la desaparición de estos fondos, el Gobierno de Navarra refuerza la dotación presupuestaria de departamentos vinculados a ámbitos como la innovación y la transformación digital, la cultura y el turismo, la vivienda y la industria.

A este esfuerzo se sumará la aprobación de un nuevo Plan de Inversiones, financiado con el remanente obtenido en los ejercicios 2024 y 2025. A este respecto, el consejero ha indicado que el Plan de Inversiones se aprobará en la sesión de gobierno del próximo miércoles y ha detallado que “el plan que se aprobó en 2025 con los remanentes de 2024 más el que se ha aprobado ahora en 2026 para los años 27 y 28, con remanentes de 2025, formará un único plan de inversiones que podrá alcanzar la suma de más de 800 millones de euros”.

Salud lidera el gasto

Por departamentos, Salud concentra el mayor volumen de gasto previsto para 2027, con 1.677 millones de euros. Le sigue Economía y Hacienda, con 1.200 millones, una cifra condicionada por la aportación económica al Estado, que asciende a 996,1 millones de euros. Educación, Derechos Sociales y Cohesión Territorial también destacan por el volumen de recursos contemplado en sus respectivos presupuestos.

En cuanto a Vivienda, ha indicado el Ejecutivo su apuesta reforzada por el aumento y la consolidación del parque público. Las partidas destinadas al tanteo y retracto y a la adquisición de vivienda alcanzarán los 22 millones de euros, frente a los 8,5 millones de 2026, “lo que supone un incremento del 158%”. El presupuesto incorpora, además, más de 5 millones de euros para movilizar viviendas del parque propio del Gobierno foral y destinarlas a alquiler público a precios asequibles, duplica los recursos destinados a las Oficinas de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVES) y refuerza las actuaciones de rehabilitación rural y en municipios declarados zonas de mercado tensionado.

A partir de ahora, el anteproyecto entra en una fase consultiva ante diferentes órganos antes de convertirse en el proyecto de ley definitivo que se deberá tramitar en el Parlamento de Navarra y donde deberá ser entregado antes del 1 de noviembre.

Geroa Bai, la coalición vasquista de que el PNV forma parte en Navarra junto con Socialverdes, el partido de la expresidenta Uxue Barkos, y los minoritarios Atarrabia Taldea, amaga con buscar “fórmulas de colaboración” con otras fuerzas de izquierdas en las elecciones generales del 29 de noviembre para tratar de lograr representación en las Cortes Generales.

En un comunicado, la coalición explica que en un contexto de “extrema polarización política” y con “el riesgo cierto de que la ultraderecha pueda llegar al Gobierno del Estado” son “necesarias posiciones generosas y efectivas por parte de las fuerzas políticas que comparten el objetivo de evitarlo”. Por ello, emplaza a sus socios en el Ejecutivo foral navarro, que son el PSN y Contigo/Zurekin, una coalición de Podemos, IU, Batzarre e independientes en su momento y que ahora se reconfigurará como Frente Amplio, a buscar una “fórmula de colaboración”. “No proponemos nada que no hayamos trabajado ya antes en Navarra, pero ahora lo hacemos buscando una mayor rotundidad en la apuesta”, apuntan desde Geroa Bai, que trasladará la propuesta a sus órganos de decisión próximamente.

Este movimiento contrasta claramente con la estrategia del PNV. A nivel nacional, Aitor Esteban había lanzado el mensaje de ir a las elecciones alejado de la política de bloques y con un mensaje propio. Es más, en el Alderdi Eguna de Vitoria, a finales de septiembre, dijo sobre la dicotomía entre Pedro Sánchez y la ultraderecha: “Van a querer despistarnos unos y otros con el mantra de que solo hay dos alternativas: la derecha echada al monte o Sánchez. Claro que sabemos lo que es la ultraderecha. Y no nos gusta. Más años de persecución que nosotros no tiene nadie. Pero que no os engañen: el futuro del Gobierno de Madrid no se vota ni se decide en Euskadi”.

De hecho, el PNV este miércoles ha anunciado ya a sus bases los candidatos por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con Maribel Vaquero como referencia. En el caso de Navarra, los nombres estaban ya listos a la espera de cerrar el acuerdo con sus socios locales en Geroa Bai, los Socialverdes de Uxue Barkos. En paralelo, el PNV había desechado con rotundidad también todas las ofertas de EH Bildu para ir en coalición a las generales por razones similares a las que ahora esgrime Geroa Bai. La primera, de hecho, la hizo en Pamplona el propio Arnaldo Otegi.

En Navarra, Geroa Bai fue séptima fuerza política en las generales de 2023, con la nacionalista María Solana como candidata. En el Senado sí tiene un escaño, pero por designación autonómica y no por elección directa. Sin embargo, Barkos, que es la senadora, se ha integrado precisamente en el grupo de Sumar y no en el del PNV, que ha tenido que recibir apoyo del PSOE para salvar su estructura propia y no ir al mixto. Hace apenas un mes, el PNV y Socialverdes renovaron para cuatro años su acuerdo para las forales y municipales. Este periódico reveló los detalles del acuerdo y en él nada apuntaba a la posibilidad de retocar la fórmula de Geroa Bai.

Pero ya existe un precedente. En 2015 y 2019 Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra concurrieron a las generales bajo la marca Cambio/Aldaketa.

El adelanto al 29 de noviembre de las elecciones generales anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obligará al Ejecutivo navarro a “intensificar” las negociaciones con el estado para cerrar algunos acuerdos pendientes, como el de la pasarela para que los guardias civiles de tráfico desplegados en la comunidad foral puedan incorporarse a la Policía foral una vez Navarra asuma al completo las competencias de Tráfico y seguridad vial, ya traspasadas.

El portavoz del Gobierno navarro, Javier Remírez, ha explicado que hay una “hoja de ruta establecida” con el Ejecutivo central para cerrar las negociaciones que todavía están pendientes, y que en las próximas semanas se “intensificarán” los contactos para hacerlo antes de la fecha de las elecciones, cuando el Gobierno quedará en funciones. Además de tráfico, Remírez ha señalado que también queda por resolver el avance del Canal de Navarra o el tren de altas prestaciones. “Confiamos en llegar a algunos acuerdos” antes del 29 de noviembre, ha apuntado.

“El Gobierno de España se mantiene en plena actividad y sin ningún tipo de limitación en su iniciativa política hasta que entra en funciones y solo entra en funciones a partir del 29 de noviembre, cuando se celebran las elecciones”, ha añadido.

El Gobierno de Navarra ha cerrado transferencias de calado durante los mandatos de María Chivite, que llegó al Palacio de Navarra en 2019. Entre ellos destacan el de Tráfico, competencia arrebatada a la comunidad foral durante la dictadura franquista, la gestión del Ingreso Mínimo Vital o la gestión de las becas y ayudas académicas.

Pero en lo que respecta a Tráfico quedan todavía por perfilar algunos aspectos sobre la pasarela que permitirá a guardias civiles cambiar su uniforme por el rojo de la Policía Foral para seguir desarrollando labores de tráfico en Navarra, cuando esta comunidad asuma por completo las competencias. Entre ellas, el número de agentes que se acogerán a ese derecho y las condiciones laborales con las que lo harán.

“Estamos hablando ya de una decisión pacífica, una decisión políticamente ya adoptada, una decisión que ya ha pasado por distintos trámites a nivel de Cortes Generales y, por tanto, a partir de ahí se implementará con toda normalidad. En principio, no tenemos que dudar de lo contrario”, ha afirmado el portavoz del Gobierno de Navarra.

El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley navarra de vivienda que blinda de forma permanente la calificación de las VPO de alquiler. La norma fue aprobada por el Parlamento foral en junio para impedir que 2.248 viviendas protegidas pierdan su calificación, que está próxima a vencer tras pasar 21 años desde su construcción.

“La ley navarra vulnera claramente la seguridad jurídica, y si no hay seguridad jurídica no se va a construir una sola vivienda en la comunidad foral. Ya los navarros están pagando de manera dramática las consecuencias de una política de vivienda sectaria e intervencionista que está practicando María Chivite, que es exactamente la misma que Pedro Sánchez está practicando a nivel nacional”, ha asegurado este el presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas. Navarra, donde los precios de los alquileres están topados en 21 municipios, es de las comunidades donde menos ha subido el precio de la vivienda.

Desde el Gobierno de Navarra han defendido la legalidad de la norma aprobada en el Parlamento navarro, que fue avalada “por informes jurídicos rigurosos y por jurisprudencia consolidada”. La consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha afeado al PP que pretenda dar “inseguridad jurídica” a las familias que residen en esas viviendas que iban a perder su calificación y que se han visto “beneficiadas” por la nueva ley.

Alfaro ha anunciado que si el Constitucional admite el recurso, el Gobierno de Navarra se personará para “defender a las familias”. “Ya le dejamos al Partido Popular la defensa de los buitres”, ha dicho para apostillar: “Si forma parte de una estrategia electoralista, será todavía más ruin”. El PP ha presentado el recurso un día después de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre y en pleno debate por los decretos de vivienda.

De las 2.248 viviendas de alquiler cuya calificación fue blindada con la nueva ley navarra, 123 la perderían en febrero del 2027 y otras 67 en agosto de ese mismo año. Según fuentes del Gobierno de Navarra consultadas, si el Constitucional adoptase como medida cautelar la suspensión de la norma a la espera de estudiar el recurso, esas viviendas se podrían ver afectadas por la pérdida de la calificación, si bien confían en que los magistrados no adopten esa medida.