La exconsejera de Economía e Industria del último gobierno de UPN en Navarra liderado por Yolanda Barcina, Lourdes Goicoechea, ha negado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 haber conocido a Antxon Alonso, el dueño de la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Fue durante el gobierno regionalista (2011-2015) cuando se inició la tramitación para Mina Muga, un proyecto para la instalación de una mina de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón, y que según la UCO fue donde Santos Cerdán y Koldo García iniciaron sus contactos con Acciona. Sin embargo, la exconsejera de UPN ha señalado que el “único recuerdo” que tiene del proyecto es que fue “una tramitación administrativa muy técnica” y ha asegurado “no tener conciencia” de haberse reunido con representantes de Geoalcali, la empresa minera promotora del proyecto.

Así, Lourdes Goicocechea, ha explicado que como responsable de Industria mantenía reuniones con personas interesadas en impulsar proyectos en Navarra, pero cuestionada por Mina Muga ha apuntado que su trabajo se limitó a ser informada del trámite administrativo y no ha sabido decir si se reunió o no con Pedro Rodríguez, directivo de Geoalcali, que la semana pasada, en el mismo foro, sí manifestó que había hablado con Lourdes Goicoechea, entre otros muchos cargos de distinto color político. “No tengo conciencia, ha pasado muchísimo tiempo”, ha apostillado la exconsejera.

La responsable de Economía e Industria en el Gobierno de Barcina ha explicado que tampoco tuvo “ningún conocimiento” de que se pudiera haber firmado algún tipo de acuerdo entre Servinabar 2000 y Acciona para gestionar la obra del proyecto de Mina Muga. “Servinabar se constituyó en septiembre de 2015 y salí del Gobierno en julio de 2015”, ha dicho, para recordar que “han pasado más de 10 años” desde que abandonó la consejería. “A mí lo que me requerían era, institucional o políticamente, mi intervención, por supuesto, que no para el proyecto de Mina Muga, sino para todos los que hiciera falta; pero yo el recuerdo que tengo de esto es que fue una tramitación administrativa de un proyecto complejo”, ha dicho.

Según ha explicado el proyecto implicaba al Gobierno de Navarra, al de Aragón y al de España y en junio de 2015 se acordó una encomienda de colaboración de las tres administraciones para que el órgano sustantivo fuera el Estado. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón).

Lourdes Goicoechea ha asegurado que no recibió ninguna indicación por parte de algún cargo de UPN y que no hubo injerencias políticas para sacar adelante el proyecto Mina Muga. Al mismo tiempo, ha manifestado que nunca ha hablado con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sobre este proyecto y que no conoce ni a Koldo García.

EH Bildu se ha sumado a las críticas de UPN, Geroa Bai y PP a la medida anunciada por el Departamento de Educación que dirige el socialista Carlos Gimeno de no renovar el concierto educativo de 14 líneas de la red privada en Infantil (cinco en ikastolas) ante el descenso de la natalidad. Una medida que el consejero justificó como una defensa de la enseñanza pública, que pierde mucho más alumnado que la concertada (54 aulas frente a 8 desde el curso 2014/2015). “Es totalmente desacertada y precipitada, y es una medida cortoplacista con importantes consecuencias para los centros afectados”, ha lamentado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal.

Según explicó el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha sido la red pública la más castigada por el descenso de la natalidad registrado en los últimos años. Así, a pesar de que el número de alumnos que han perdido desde el año 2014 es similar en las dos redes (22% en la pública frente a 20% en la privada financiada con fondos públicos), el sistema de renovación de conciertos, que se hace cada cuatro años, ha provocado que en el mismo periodo de tiempo en la enseñanza pública se hayan cerrado 54 líneas en aulas mientras que en la concertada únicamente ocho, siete veces menos. Para evitar ese “blindaje” de la concertada Educación ha anunciado que para el curso que viene no se renovará el concierto a 14 líneas de la red concertada para así equilibrar el cierre de 19 líneas en la red pública y evitar que sean más.

La medida ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición, UPN y PP, pero también por el socio de gobierno de los socialistas Geroa Bai, y ahora también EH Bildu, socio presupuestario, porque el cierre afectará también a ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Se pretenden llevar a cabo medidas totalmente excepcionales, nunca tomadas antes y sin un plan general”, ha afeado Laura Aznal, que ha señalado que EH Bildu incluyó en el acuerdo de Presupuestos con el Ejecutivo de María Chivite el compromiso de Educación de realizar un plan estratégico de cinco años para la bajada lineal escalonada de ratios, desglosado por niveles educativos y dotado de recursos, que no se ha realizado todavía.

Geroa Bai por su parte ha planteado una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos “para adaptar las decisiones del conjunto de la red de educación de Navarra a la actual situación demográfica excepcional” y ha presentado una moción parlamentaria por la que se insta al Departamento de Educación a no proceder al cierre de aulas de Educación Infantil ni en la red pública ni en la concertada durante la planificación escolar del próximo curso, que UPN ya ha anunciado que apoyará. “Hay que proteger nuestro sistema educativo de un socialismo radical, ideologizado, que toma las decisiones desde ese prisma. María Chivite quiere aprovechar las circunstancias para cerrar aulas en centros públicos y en centros concertados y nosotros creemos que hay que parar este disparate”, ha criticado el portavoz regionalista, Javier Esparza.

PSN y Contigo/Zurekin, los otros dos socios del gobierno, han defendido el plan de Educación para equilibrar el cierre de aulas por la caída de la natalidad entre las redes pública y concertada. “Lo que no se puede justificar de ninguna manera es mantener unidades concertadas mientras se están cerrando unidades públicas. No se pueden pedir sacrificios siempre a la misma parte. No se puede cargar siempre el coste sobre la escuela pública”, ha defendido Ainhoa Unzu, del PSN. “No se puede pretender defender el carácter estratégico de la red educativa pública y a su vez blindar los conciertos con la red privado-concertada, como en estos momentos están defendiendo las derechas, pero también Geroa Bai y EH Bildu”, ha criticado el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán.

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha defendido en la cumbre progresista de Barcelona las políticas en materia de vivienda que está impulsando el gobierno de coalición (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) que ella lidera en la comunidad foral. Políticas como el impulso de la vivienda protegida o el tope al precio de los alquileres que ha contrapuesto con las que promueve la derecha y que ha criticado que “han supuesto destruir prácticamente la totalidad del parque público de vivienda” en Navarra.

En su intervención en la Global Progressive Mobilisation que se celebra en Barcelona, Chivite ha resaltado la importancia de que la vivienda sea uno de los temas principales de este encuentro, ya que “si es el principal problema de los ciudadanos, también tiene que formar parte de los puntos principales las agendas” de los políticos.

Chivite ha recordado que cuando llegó a la presidencia del Ejecutivo foral en 2019 se encontró “con que miles de viviendas públicas perdían su calificación como tales y pasaban a ser propiedad de los fondos de inversión que copaban esas viviendas para especular”. “De 58.000 viviendas protegidas que se hicieron en los años 90, 55.000, o sea el 95%, están pasando a ser viviendas del mercado libre. Es decir, las políticas de derechas han supuesto destruir prácticamente la totalidad del parque público de vivienda”, ha criticado.

Según ha explicado, esa situación llevó a que su equipo tuviera que “empezar prácticamente de cero” y a cambiar la norma “para impedir por ley que las viviendas públicas se puedan descalificar y garantizar así un parque público de por vida”.

También ha destacado otras iniciativas como el impulso de desarrollos donde, por ley, cómo mínimo el 50% de esas viviendas deberán ser públicas. Desarrollos “muy focalizados en el continuo urbano de la capital, porque es donde vive prácticamente el 60% de la población” de Navarra.

La presidenta navarra ha avanzado su intención de que en la próxima legislatura se lleven adelante “en torno a 20.000 nuevas viviendas”. Además, ha puesto en valor otras medidas como el tope a los precios del alquiler, “declarando zonas tensionadas” y ha destacado que “prácticamente el 50% de las viviendas en alquiler tienen algún tipo de ayuda pública”, entre ellas las ayudas a la gente joven.

Otra iniciativa que ha puesto en valor es la bolsa pública de alquiler, “en la que el Gobierno hace de avalista”, de manera que “si un ciudadano pone su vivienda a disposición del alquiler, es el Gobierno el que responde frente a posibles impagos o posibles condiciones que puedan dejar”. A todo ello sumó la creación de un fondo mixto público-privado “para poder promover más viviendas con el impulso público”.

“La vivienda es el gran problema para desarrollar nuestra condición como ciudadanos” y, por lo tanto, “es un reto de primer orden para el conjunto de las administraciones, pero también para el conjunto de la sociedad”, ha subrayado Chivite. Al respecto, ha apuntado que “hay mucho suelo en manos privadas” y “para poder dar un impulso al modelo público de vivienda hace falta el compromiso de toda la sociedad y también recursos”. “Y, sobre todo, no ceder a las presiones de los lobbies” de los portales inmobiliarios y los fondos de inversión e impulsar “políticas valientes”, ha apostillado.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 y 6 meses de prisión a dos policías forales que agredieron a un detenido en los calabozos de la comisaría de Tudela. El tribunal, que absuelve a un tercer agente acusado, considera probado que uno de los policías “zarandeó, golpeó y propinó puñetazos en la cara” al arrestado y sostiene que el otro policía es tan responsable como el anterior porque “pudo y debió impedir lo ocurrido”. 

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados consideran al autor de la agresión responsable de “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atente contra la integridad de una persona, así como de un delito leve de lesiones. Por el primer delito le imponen la citada pena de 9 meses de prisión y por el segundo una multa de 600 euros. La víctima acudió al día siguiente al servicio de Urgencias Hospitalarias, en donde le apreciaron tumefacción y hematoma en puente nasal, erosión superficial en región escapular derecha y hematomas en ambas rodillas. 

Al otro agente, condenado a 6 meses de prisión, los jueces le atribuyen “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 176 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten actos atentatorios o vejatorios. A ambos encausados, además, la Audiencia les ha impuesto una inhabilitación para empleo o cargo público por 3 y 2 años, respectivamente. 

El agente que golpeó al detenido deberá indemnizarle con 350 euros por las lesiones y 3.500 por las secuelas. Y los dos policías tendrán que resarcir a la víctima conjunta y solidariamente con 4.000 € más por el daño moral causado. El Gobierno de Navarra ha sido declarado responsable civil subsidiario. Los hechos enjuiciados fueron grabados por las cámaras existentes en los calabozos de la comisaría de Tudela. 

Dominación arbitraria y abuso de poder 

La Audiencia de Navarra sostiene que el agente que agredió a la persona detenida accedió al calabozo en el que se encontraba para “zarandearle, agredirle con puñetazos y golpes reiterados, arrastrarle de las piernas para lanzarlo del banco al suelo y dejarlo engrilletado a la espalda y tirado en el suelo, haciendo caso omiso al rostro ensangrentado que presentaba, constituye un claro acto de dominación arbitraria y abuso de poder que atenta tanto contra la integridad física del detenido como contra su integridad moral”. 

Se trata, añade el tribunal, de un supuesto de maltrato al arrestado que incorpora un componente de vejación y humillación a la víctima “por la situación de indefensión en que este se encuentra, dentro de un calabozo, con la inherente imposibilidad de repeler la agresión o pedir el auxilio de terceros y por la impunidad, al menos inicial o aparente, que otorga al agresor su condición de agente de la autoridad, de modo que el así agredido queda reducido a la condición de mero receptor pasivo de los golpes, un simple objeto sometido a la voluntad del agresor, cosificación que de modo indudable atenta a su dignidad como persona sujeta de derechos inalienables”. 

“La Ley ha encomendado a los agentes de Policía Foral, al igual que ocurre con el resto de funcionarios policiales, la persecución de los delitos, pero desde el pleno respeto a los derechos fundamentales, de modo que el uso de la fuerza solo se halla contemplado y legitimado para situaciones excepcionales en las que la misma responde a un fin constitucionalmente legítimo”, subrayan los magistrados, que apostillan que no ha quedado acreditado que, antes de sufrir esta agresión, la víctima hubiera insultado o amenazado de algún modo al agente. “En todo caso resultaría estéril para justificar una reacción así”, añaden. 

Al contrario, la Audiencia destaca que, tras ser detenido, el denunciante sí presentó un comportamiento manifiestamente desafiante, provocativo e incluso grosero y obsceno, no solo con palabras, sino con gestos. “Pero todos los agentes que tuvieron que intervenir con él, y fueron muchos, lo hicieron con profesionalidad, logrando con la debida calma reconducir la situación. Este es el comportamiento exigible y esperable de un servidor público”, remarca. 

“No estaba de ninguna manera legitimado para agredir al [detenido], el cual se encontraba encerrado en el calabozo, por mucho que alegue que le había provocado o amenazado. Al contrario, tenía la obligación de calmarlo y de salvaguardar su integridad física por hallarse bajo su custodia, y de respetar su honor y dignidad, de que es merecedora toda persona, se halle o no privada de libertad. Y, si las amenazas y faltas de respeto hubieran sido consideradas graves, podía haber hecho valer las acciones correspondientes que el propio ordenamiento jurídico pone a su disposición, lo que no solo no hizo, sino que ni siquiera quedaron reflejadas en ningún informe o parte interno”, inciden los magistrados. 

Respecto a la participación del otro condenado, los jueces señalan que el mismo lleva 26 años en el cuerpo policial, por lo que puede afirmarse que se trata de un agente “bregado y experimentado”. 

La Audiencia no cree la versión exculpatoria dada por el procesado. Asegura que pudo ver y vio los puñetazos que, justo delante de él, el agente 979 propinó al arrestado. “No solo percibió los movimientos, como él describió, sino que fue testigo directo de la agresión”, puntualiza.

Según relata el tribunal, este segundo agente ni intervino, ni avisó a los otros compañeros para que acudieran al calabozo. “La Sala no alberga duda alguna de que pudo y debió impedir lo ocurrido. Pudo realizar un gesto, una indicación, una advertencia para que cesara en su actitud o para asegurarse de que no la mantenía, indicación que pudo haber sido eficaz entre compañeros no relacionados entre ellos jerárquicamente. Por ello, es [...] tan responsable como el agente de su actuación”, concluye. 

En cambio, los magistrados exculpan de responsabilidad al tercer acusado, que había ingresado en la Policía Foral el 30 de diciembre de 2024 y, hasta el momento de los hechos, había trabajado un total de 25 días. “No tomó la iniciativa ni realizó por sí mismo ninguna actuación respecto del [detenido]. Antes bien, se mostró dubitativo en cuanto a la actuación que debía llevar a cabo, y las imágenes permiten apreciar a una persona insegura que no tiene certeza de lo que debe hacer”, describe el tribunal. 

Por tanto, razona la Audiencia, a la hora de valorar la conducta que era exigible a este tercer agente, el ordenamiento jurídico suele atender a estándares de comportamiento exigibles a un ciudadano medio en una situación y con unas condiciones similares. Se trata, añade, de fijar un estándar de razonabilidad. “Pues bien, considera la Sala que, en atención a todas las circunstancias expuestas, el agente no fue capaz de enfrentarse u oponerse a su superior, no siéndole exigible otra actuación en términos jurídicos”, sostiene el tribunal, que apostilla que este inculpado “se encontró con una situación tal que no pudo impedir el atentado contra la integridad moral efectuado por un superior”.

El Gobierno de Navarra ha celebrado este miércoles el tercer acto de reconocimiento a víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha en el que ha homenajeado a 81 víctimas que fueron reconocidas por el Ejecutivo foral en 2025 (65) y en el primer trimestre de 2026 (otras 16) en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha destacado en su intervención los avances dados en Navarra en la construcción de una “verdad compartida para construir una democracia sólida y una convivencia duradera”, basada en la deslegitimación de toda violencia y en la defensa de la libertad y los derechos humanos.

Una de las víctimas reconocidas ha sido Txaro Etxetxipia, quien ha intervenido en el acto para contar su historia. Según ha relatado, cuando tenía 16 años, en 1976 fue detenida tras participar en la asamblea de un partido político y trasladada a la comisaría del Gobierno Civil de Pamplona, donde estuvo “encerrada” 72 horas y donde la Policía la “fichó” tomándole las huellas. Varios años después, en 1983, la detuvieron de nuevo al salir de su casa para ir a trabajar como profesora en una ikastola.

“Me hacían hacer flexiones, me tiraban de un policía a otro, me pegaban en la cabeza en la espalda con la guía de teléfonos, me amenazaban con llevarme al monte, con acabar conmigo, con acabar con él. Me devolvían a la celda, no me dejaban sentarme”, ha relatado sobre las torturas que sufrió en comisaría.

Ahora, muchos años después, reconoce que todavía le quedan secuelas de los malos tratos sufridos. “En el pueblo se me quitó un poco el miedo. Siempre me ha gustado llevar un coche grande, porque así parece que paso más desapercibida para la policía; con coche grande parezco más señora. En el coche siempre escucho una emisora en euskera, pero cuando veo a la policía cambio a una en castellano. Pequeños detalles”.

En el acto de homenaje también ha intervenido el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, que ha puesto en valor el trabajo la Comisión de reconocimiento y ha destacado que “todas las víctimas merecen ser reconocidas” porque “nadie tiene legitimidad para vulnerar los derechos de nadie”. Hasta el momento el Gobierno, en base a los informes de ese organismo, ha notificado un total de 122 reconocimientos, mientras que cerca de un centenar de peticiones se encuentran en distintas fases de tramitación, al tratarse de un proceso abierto. 

En el acto han participado, además de las víctimas acompañadas de familiares y su entorno más cercano, los miembros de la Comisión de Reconocimiento y Reparación que están tratando las solicitudes de personas que han padecido la violencia de motivación política. También han estado presentes representantes de distintas instituciones de Navarra (miembros del Ejecutivo, del Parlamento Foral, el Defensor del Pueblo, entidades locales, universidades, sindicatos…), así como asociaciones vinculadas al ámbito de los derechos humanos. El acto ha contado con el acompañamiento artístico del grupo Kukai Dantza.

El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000 que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, estuvo presente en una reunión en el año 2015 celebrada en el Palacio de Navarra entre la entonces presidenta Uxue Barkos y el director de Geoalcali, la promotora de Mina Muga, para la exposición del proyecto para la construcción de una mina de potasa en la frontera entre la comunidad foral y Aragón.

“Llegamos y él ya estaba allí con la presidenta”, ha desvelado este miércoles Pedro Rodríguez, director de Geoalcali entre los años 2012 y 2016, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000. “No tengo ni idea quién le invitó, conocía bien a Uxue Barkos, supongo que habrían quedado”, ha apostillado. Según la UCO fue en Mina Muga donde Koldo García y Santos Cerdán iniciaron sus contactos con Acciona a través del exdirectivo Fernando Merino.

Rodríguez ha asegurado que no supo de Servinabar hasta que salió “en prensa” en informe de la UCO en junio de 2025 a pesar de que la empresa minera remitió a los grupos de la comisión el acuerdo que firmaron en 2015 con la mercantil de Antxon Alonso para trabajos de asesoría jurídica por más de 350.000 euros.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que fue un miembro del consejo de la minera australiana Highfield Resources, principal accionista de Geoalcali, quien le instó a contactar con Acciona para impulsar Mina Muga. Fue así, y tras una reunión con el vicepresidente de Acciona, Ignacio Entrecanales, como entró en contacto con Fernando Merino, que según ha explicado le trasladó el interés de Acciona de encargarse “de la obra civil” del proyecto, en ningún caso de la parte “minera”.

Fue a raíz de ahí cuando conoció a Antxon Alonso, ha apuntado, de quien ha dicho que “siempre” lo asoció con Acciona. “Para nosotros en ese tiempo había un vínculo total o muy próximo entre Antxon Alonso y Acciona”, ha afirmado.

Pedro Rodríguez también ha reconocido que mantuvo “tres o cuatro” encuentros con Koldo García, a quien conoció después de que se lo presentase un compañero de Geoalcali. El exdirector ha negado que Koldo estuviera en la plantilla de Geoalcali y que cobrara de la empresa minera, si bien sí que ha reconocido que hizo “trabajos” para ellos como ponerles en contacto con la comandancia de la Guardia Civil a raíz de un robo en las instalaciones de la mina o con una alcaldesa socialista de Aragón. “Era una persona afectiva, cordial y dispuesta a colaborar desinteresadamente”, ha apuntado.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que durante su etapa al frente de la minera mantuvo encuentros con políticos de distinto signo para exponerles el proyecto de Mina Muga. Así, ha mencionado reuniones con representantes de UPN (Javier Esparza), PSOE, Geroa Bai o EH Bildu, entre otros.

El proyecto Mina Muga se encuentra actualmente paralizado por la Justicia. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón). Así el TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 180 años y 9 meses de cárcel al profesor del IES de Zizur que grabó a 42 mujeres en baños del centro, así como en probadores de establecimientos comerciales. El docente también accedió sin consentimiento a las redes sociales de más de una veintena de sus alumnas, menores de edad, para descargarse fotografías.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados indican que, de conformidad con el artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo por las penas de prisión impuestas en esta causa es de 15 años, el triple de la pena más alta establecida, cinco años.

El procesado deberá indemnizar con entre 3.000 y 15.000 euros a las 42 víctimas. Con anterioridad al juicio, celebrado los pasados 24 y 25 de marzo, el inculpado había consignado 273.000 euros para reparar a las denunciantes, motivo por el cual el tribunal ha estimado en la resolución judicial la atenuante de reparación del daño.

Su primera víctima conocida fue una vecina, quien, al percatarse de que le estaba grabando con cámara que colgaba de la fachada de su vivienda, interpuso en octubre de 2023 la denuncia que dio origen a la posterior investigación policial y judicial. Tras la denuncia de la vecina, el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona autorizó el 19 de octubre de 2023 la entrada y registro en el domicilio del encausado.

El acusado se aprovechó de su condición de docente y, usando los datos personales de las menores, se apoderó de sus claves de acceso de correos y redes sociales como Instagram o Snapchat, con lo que accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas de alumnas que luego se guardaba.

La defensa admitió tanto las grabaciones como el acceso a las carpetas personales de las alumnas para obtener las imágenes. Reconoció todos los delitos contra la intimidad, si bien abogó por la consideración de los mismos como delito continuado, una circunstancia que descarta de pleno la Audiencia, “ya que cada persona perjudicada es independiente de las demás y goza de plena titularidad de los derechos fundamentales violentados, en este caso su intimidad”.

Por otra parte, la Audiencia resalta que la pericial de los agentes fue “demoledora” y desmontó la tesis de la defensa. Rebatió el acceso masivo a las cuentas y confirmó el acceso selectivo. Rechazó el inmediato borrado de los archivos, pues prácticamente todos fueron conservados y no hubo que recuperarlos“.

Además, añade la resolución judicial, tenía las contraseñas, lo que le garantizaba el acceso directo, total y libre, a las redes sociales de las menores. Los investigadores, asimismo, hallaron indicios de la posesión de un programa informático para poder utilizar la inteligencia artificial para conseguir fotografías desnudas con las menores.

Respecto a las atenuantes solicitadas por la defensa, la Audiencia rechaza las de trastorno mental, dilaciones indebidas y confesión. En cambio, aprecia la de reparación del daño, una circunstancia que conlleva a los magistrados a la imposición de las penas en su límite mínimo.

El condenado ha sido considerado autor, en total, de una cuarentena de delitos contra la intimidad, delitos continuados contra la intimidad, delitos de posesión de pornografía infantil y delitos de elaboración de pornografía infantil. La Sección Primera de la Audiencia le ha impuesto, asimismo, 10 años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con menores de edad.

El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido el pasado domingo tras la muerte de su expareja, una mujer que se precipitó cuando se descolgaba desde una ventana del domicilio del hombre, un tercer piso, en el barrio pamplonés de San Jorge. El varón había quebrantado la orden de alejamiento de la víctima.

Ambos habían mantenido una relación sentimental, en el transcurso de la cual la mujer había interpuesto una denuncia contra él por un delito de malos tratos. En ese procedimiento, en septiembre de 2025 se decretó una orden de alejamiento. Sin embargo, la pareja había restablecido la relación desde hacía dos meses, aproximadamente. Al respecto, según relata el magistrado, el investigado era “perfectamente conocedor de la vigencia de dicha resolución judicial, frente a la cual ha evidenciado una actitud deliberadamente obstativa y despreciativa a su cumplimiento y operatividad”. 

Así, el titular de la plaza nº 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona imputa al encausado un quebrantamiento continuado de medida cautelar en concurso con un delito de detención ilegal. 

Según consta en la resolución judicial, que puede ser recurrida, el atestado presentado deja constancia de cómo una testigo, conviviente en el domicilio, que se hallaba en una habitación contigua a la de los implicados, escuchó cómo la víctima, sobre las 4:10 horas, abrió la puerta de acceso a la vivienda con intención de abandonar la misma. Pero, inmediatamente y sin decir nada, el investigado se lo impidió, cerrándola en primer lugar con fuerza, y de igual modo, cerrándola a continuación con llave, “de forma que no dejó que la mujer saliese del domicilio”. 

A continuación, añade el auto, dicha testigo escuchó un golpe en la cocina, como si la puerta de esa estancia se golpease contra una mesa, por lo que interpretó que el imputado había empujado a la víctima, a quien escuchó unos “sonidos jadeantes”. Tras volverse a acostar, esta testigo oyó “un grito de mujer como si viniese de la calle”, mientras el imputado gritaba: “¡Por qué, Dios, por qué!”. 

“El atestado deja constancia de la precipitación de la víctima desde una ventana de la vivienda desde la que se habría intentado descolgar con sábanas; indicando todos los testigos cómo la puerta de la vivienda no se quedaba usualmente cerrada, no obstante lo cual una testigo oyó cómo la puerta se cerraba por dentro cuando la víctima quería abandonar la vivienda, estando acompañada por el investigado en el transcurso de una discusión entre ambos, circunstancia no negada por el investigado aun al ofrecer una versión exculpatoria atribuyendo a los celos de la víctima la situación de tensión ocasionada”, relata el juez. 

Al respecto, el magistrado señala que, entre los motivos de la denuncia interpuesta por la víctima en septiembre de 2025, estaba el hecho de que el encausado le había golpeado y le había impedido salir del lugar en el que se encontraba, donde la había retenido contra su voluntad. 

El juez adopta la medida de prisión solicitada por la fiscalía tanto por la gravedad de las penas contempladas en relación con los delitos imputados, como para evitar la fuga del investigado, quien se encuentra “en situación irregular y carente de arraigo”.

Un juzgado navarro ha abierto diligencias previas por un presunto delito de desobediencia contra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, después de que la Fiscalía le denunciase tras haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, Santos Cerdán.

Entrecanales ha sido citado a declarar en sede judicial el día 4 de septiembre a las 10:00 horas, según ha adelantado Diario de Navarra y ha confirmado este periódico de fuentes jurídicas. De esta forma, el presidente de Acciona no comparecerá en el Legislativo navarro, ya que, según fuentes consultadas los trabajos de la comisión finalizarán en el mes de junio, antes de que Entrecanales tenga que acudir a sede judicial a declarar.

José Manuel Entrecanales fue citado en enero por la comisión navarra de investigación en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. No acudió a la citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía sostiene a este respecto que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

Tras volver a ser citado en febrero, una vez más se negó a comparecer. Ante el nuevo plantón, los grupos de la comisión votaron dar traslado de los hechos a la Fiscalía al considerar que Entrecanales había incurrido en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. Hace unas semanas la Fiscalía lo denunció por estos hechos y ahora la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 abre diligencias previas y le cita a declarar.

El Gobierno de Navarra y EH Bildu han alcanzado un acuerdo sobre las inversiones que se realizarán con los 271 millones de euros que tuvo la comunidad foral de superávit en el año 2024. Los detalles del acuerdo los dará a conocer el miércoles el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, tras la aprobación del Plan de Inversiones, pero este lunes la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, ha avanzado el acuerdo para el destino del superávit que estará incluido en el plan.

La portavoz de EH Bildu ha celebrado el acuerdo, que según ha apuntado, servirá para que “este dinero se utilice en favor de la ciudadanía”. “Cuando EH Bildu participa en la toma de decisiones, es la ciudadanía navarra la que gana”, ha afirmado.

Entre las propuestas pactadas entre EH Bildu y el Ejecutivo navarro se encuentran la financiación de la variante de Arraitz, la sustitución del puente de San Andrés en la localidad de Villava, el impulso a un centro logístico agroalimentario en Noáin, así como inversiones en sanidad y vivienda.

Según ha precisado Laura Aznal, se trata de propuestas concretas en las que han “priorizado” la lucha contra la despoblación con la variante de Arraitz, una infraestructura “necesaria desde hace décadas” que es “estratégica y urgente”.

También las consecuencias de la emergencia climática “como las inundaciones”. “Hemos garantizado los fondos necesarios para la sustitución del puente de San Andrés de Villava”, ha informado, para precisar que han solicitado 2,3 millones de euros que “van a permitir que por fin este puente se pueda sustituir”.

Además, ha detallado que apuestan por la soberanía alimentaria y han impulsado, en sus propuestas, el centro logístico de Noáin para pequeños productores porque les “preocupa el dominio de la gran distribución en la comercialización del sector agrario”. “En este centro de Intia se desarrollará una actividad clave para el producto local y sostenible y también será un punto de venta directo para los consumidores”, ha expuesto.

Aznal ha comentado además sus propuestas en el ámbito sanitario como mejoras en las instalaciones del hospital de Tudela, mejoras en la accesibilidad de las personas en el CASSYR de Andraize y de la climatización del Hospital Universitario de Navarra, así como medidas destinadas a reforzar las políticas públicas de vivienda.

También han valorado de forma positiva el acuerdo los socios de Gobierno PSN y Geroa Bai. “Nos va a permitir destinar muchísimos más recursos a prioridades de la ciudadanía” como vivienda, más infraestructuras educativas, sanitarias, carreteras, infraestructuras de ámbito industrial y “todo tipo de inversiones que van a poder permitir mejorar las prestaciones y los servicios a la ciudadanía navarra”, ha destacado la parlamentaria socialista, Ainhoa Unzu. “Es un principio de acuerdo para reinvertir millones de euros en cuestiones que se contemplan como estratégicas en materias de salud, de industria, en el sector primario e infraestructuras de cohesión territorial”, ha añadido el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona.

El principal partido de la oposición, UPN, ha criticado que haya sido EH Bildu quien haya anunciado el acuerdo sobre el destino de las inversiones y no el Gobierno de Navarra, al que ha acusado de “permitirle todo” a la izquierda abertzale. “EH Bildu ya es segunda fuerza política en Navarra, pero a este paso la diferencia que va a tener con el Partido Socialista y con Geroa Bai va a ser abismal”, ha señalado Javier Esparza.

La presidenta de Navarra, María Chivite, viaja esta semana a China para firmar la llegada de la empresa de fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Chivite encabeza una delegación en la que también está el consejero de Industria, Mikel Irujo, que también visitará otras compañías del país para “vender” a la comunidad foral como “una tierra de oportunidades” de inversión. El viaje coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Será de hecho en esa reunión en la que las autoridades chinas firmarán la autorización para que Hithium pueda invertir del orden de 400 millones de euros en la fábrica de baterías que generará más de 700 empleos, un paso clave para que las compañías chinas puedan exportar su tecnología a países extranjeros. La fábrica de la comunidad foral será la primera que Hithium instale en Europa.

Esta firma supone un paso “fundamental” para la llegada de la inversión china a Navarra, destacan fuentes del Ejecutivo foral consultadas por este periódico, pero no definitivo. Tal y como explicó la presidenta navarra todavía queda “mucho trabajo que realizar”. Chivite mencionó entre los puntos a tratar la necesidad de “constituir una empresa público-privada para el desembarco” de Hithium. También falta por fijar la ubicación de la futura fábrica, que todavía no se ha anunciado aunque las instalaciones de la ya clausurada BSH en Esquíroz se postulan como la principal opción.

La delegación navarra aprovechará el viaje a Pekín para visitar otras compañías en la busca de nuevas inversiones para la comunidad foral. “Queremos seguir vendiendo a Navarra como una comunidad muy atractiva para la inversión”, apuntó la presidenta Navarra el viernes.

“Tenemos fuertes ecosistemas en el ámbito de la automoción, tenemos un fuerte ecosistema en el ámbito de las renovables, y las empresas que vamos a visitar están en esos ámbitos”, añadió.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha logrado en marzo, por segundo mes consecutivo, reducir ligeramente las listas de espera, que sufrieron un repunte tras la Navidad. Son 60.990 personas las que esperan a ser atendidas por un especialista, 487 menos que en febrero.

La lista de espera también es menor en Traumatología, la especialidad con peores cifras. Son 14.461 los pacientes en espera. Para tratar de reducir la lista en esta especialidad, el Servicio navarro de Salud ha puesto en marcha un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes y lograr que descienda la lista.

Con todo, el tiempo media de espera para ser atendido sigue duplicando al máximo recogido en la ley foral de garantías (30 días) y se sitúa en los 77 días de media para ser atendido, uno más que en el mes anterior. En el caso de Traumatología este tiempo asciende a los 131 días.

En cuanto a la lista de espera para cirugía, en marzo se ha reducido en 147 personas y son 10.273 los pacientes que esperan por una operación no urgente. El tiempo medio de espera se sitúa en los 92 días, uno menos que en febrero.

El Servicio Navarro de Salud cambió en julio el sistema de recuentro de la lista de espera para una primera consulta con especialista, dejando de contabilizar a aquellos pacientes que hayan renunciado a una cita por motivos personales para así “homogeneizar” la contabilidad a la del resto de comunidades autónomas.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 13 años y 6 meses de prisión a un acusado que el 8 de julio de 2023, en plenas fiestas de San Fermín, violó a una joven de 15 años en Pamplona tras amenazarla con una navaja en el cuello.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados imponen al inculpado la prohibición de comunicarse y acercarse a la denunciante a menos de 500 metros durante 16 años. Además, el procesado, de nacionalidad española, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 9 años. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la joven con 25.000 euros por el daño moral. 

Los hechos ocurrieron en 2023, cuando el encausado, que tenía entonces 18 años, y la víctima convivían en un centro de menores. El 6 de julio, los dos, junto con otros compañeros del centro y algunos educadores, acudieron al Chupinazo de los Sanfermines. Ese día, según reza la resolución judicial, “tontearon” y “se liaron”, pero ella ya le advirtió entonces que “no quería mantener relaciones sexuales completas”. En compañía de otro joven que había estado en el centro hasta mayo, ambos volvieron a salir el día 8. Acudieron por la tarde a un concierto en la plaza de los Fueros. Entretanto, compraron una botella de pacharán, que se tomaron entre los dos chicos. Ella no bebió. 

En un momento dado, añade la sentencia, el acusado dijo que quería ir al baño. Ella le acompañó. Pasaron de largo la estación de autobuses, a donde ella creía que iban. Él dijo que habría mucha cola en los baños, y la llevó hacia las murallas, a una zona apartada. Allí, según recoge la sentencia, el inculpado le dijo que quería tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Él insistió. La tocó “por todo el cuerpo” y la agarró para que no se pudiera marchar. Sacó una navaja de la riñonera y se la colocó en el cuello a la adolescente. Le espetó que, si gritaba, se lo rajaba. Entonces, la violó. 

Cuando el encausado se marchó, la víctima se quedó allí un rato en estado de shock De regreso al centro, recibió un mensaje del inculpado en el que la amenazaba para que no contara lo ocurrido. En una de sus respuestas, la víctima le contestó: “Déjame en paz […]. Me has jodido la vida. Espero que te quedes Agusto [sic] después de lo que me has hecho”.

 El día 15, el condenado le escribió otra vez para indagar si había “contado algo” y volvió a amenazarla. El agresor se marchó del centro a principios del mes de agosto. En octubre, la víctima relató a su terapeuta la agresión sexual sufrida. Pusieron los hechos en conocimiento de la coordinadora del centro, quien los comunicó a la fiscalía e interpuso denuncia ante la Policía Foral. 

En el juicio, celebrado el 13 de marzo, la Fiscalía y la acusación particular solicitaron 14 años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años. La defensa, por su parte, reclamó la absolución. 

Los mensajes corroboran los hechos denunciados

La Sección Segunda de la Audiencia constata la existencia de dos versiones contradictorias respecto a los hechos objeto de enjuiciamiento, ante los cuales la única prueba directa es la declaración de la víctima. El tribunal considera que el testimonio de la denunciante reúne todos los requisitos que exige la jurisprudencia para servir como prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. “Esta declaración ha resultado plenamente convincente, ha declarado de forma precisa, concreta, creíble, coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes”, remarca. 

Asimismo, agregan los magistrados, no se ha acreditado la existencia de móvil espurio, de resentimiento, venganza, enemistad o cualquier otro motivo ilegítimo que lleve a la adolescente a presentar denuncia. “Tampoco existe ningún dato que indique que tiene algún interés o propósito en perjudicar al procesado más allá del legítimo interés a que se le castigue por haber cometido un hecho delictivo y se le resarza por los perjuicios sufridos”, subrayan. 

La Audiencia destaca, por otra parte, las conclusiones del informe pericial, según las cuales la menor “padece una afectación o daño psicológico que corresponde a un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático compatible con el hecho denunciado”. Sin duda, concluye el tribunal, el elemento más relevante para la corroboración de los hechos radica en los mensajes enviados el 8 y 15 de julio por el encausado. En este sentido, la Sala considera que “la explicación más coherente y lógica para estos mensajes es la ofrecida por la denunciante, que es, además, la que se desprende de su propio tenor literal”.

UPN, partido que denunció la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrika, ha asegurado en una nota de prensa que la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional investigar si hubo “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas” en el trascurso de la carrera popular a favor del euskera. Vox también denunció estos hechos.

Según informa el partido regionalista, la denuncia reclamaba a la policía identificar a los portadores de las imágenes de los terroristas de ETA Francisco Ruiz Romero y Alberto Viedma Morillas, asesino del concejal de UPN Tomás Caballero, y de Alberto Viedma Morillas, también condenado por el asesinato de Tomás Caballero, así como por el del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova. Las imágenes se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea de Pamplona, así como por otras localidades navarras.

La resolución del juez que ordena la investigación se ha llevado a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, según ha apuntado UPN.

Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que “se llegue hasta el final” ante unos hechos “que denigran a las víctimas del terrorismo”, haañadidoo. La presidenta de UPN ha pedido así, que “se haga justicia” con las familias de Tomás Caballero y Francisco Casanova.

“No solo tienen que sufrir la pérdida de un ser querido a manos de los terroristas, sino que se ven humilladas nuevamente por la exaltación que se lleva a cabo con el consentimiento de los organizadores de la Korrika”. “Memoria, justicia, dignidad y verdad para todas las víctimas del terrorismo. Todo mi cariño y mi respeto”, ha manifestado.

“Volvemos a exigir a los organizadores una disculpa pública, la adopción de medidas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro y que las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika pidan la devolución de sus aportaciones”, ha concluido.

Este jueves, 9 de abril, arranca la Campaña de la Renta de 2025 en Navarra, que finalizará el próximo 25 de junio. Durante algo más de tres meses los contribuyentes podrán hacer su declaración el IRPF correspondiente al año pasado mediante tres modalidades: online, telefónica o presencial. Entre las principales novedades de la declaración del 2025 destacan las deducciones por alquiler de vivienda permanente o las deducciones para pensionistas, entre otras. El lema de la campaña de este año es “Si yo pude, tú también” con el que se pretende “romper la barrera del miedo” de realizar la declaración, así como animar a la ciudadanía a decantarse por las modalidades online y telefónica para realizar la declaración.

Según ha informado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, la Hacienda Foral de Navarra ha elaborado este año 221.446 propuestas de declaración que los contribuyentes podrán revisar desde este día 8 en la web www.renta.navarra.es y también se enviarán a los domicilios de las personas mayores de 65 años. De ellas, 134.661 propuestas son a devolver, un 60,8%. Según los cálculos, serán 115,6 millones de euros los que la Hacienda Foral comenzará a devolver a partir del 15 de abril. Las 86.785 propuestas restantes son a pagar, una cantidad estimada de 62,1 millones de euros.

Será a partir del 9 de abril cuando se abrirá el plazo para realizar la declaración a través de internet. Según ha apuntado el consejero, desde el año 2020 está modalidad “ha crecido mucho” y el año asado ya representó el 35% del total de las declaraciones. Además, 221.444 contribuyentes tendrán ya una propuesta de declaración elaborada por Hacienda. El 13 de abril empezará la renta telefónica. Si se opta por esta modalidad, han informado desde el Gobierno, solamente será necesario recopilar la documentación necesaria y esperar la correspondiente llamada en el día y a la hora reservada para que el personal de Hacienda la confeccione como si de una renta presencial se tratara.

Unos días después, el 20 de abril, se iniciará la renta presencial en las oficinas, para la cual se podrá reservar cita desde el día 16. Por primera vez este año y como experiencia piloto, Hacienda incorporará la Oficina Móvil de Renta. El objetivo es facilitar el trámite de la declaración a los habitantes de tres zonas de la geografía foral en las que no hay en un radio cercano una oficina de Hacienda. Del 27 de abril al 15 de mayo estará en Sangüesa, del 18 de mayo al 5 de junio en San Adrián y del 8 al 25 de junio en Alsasua. La reserva de cita se realiza exactamente igual que en la presencial, pero seleccionando la localidad correspondiente. “Es otra manera más de facilitar al máximo a las personas contribuyentes que puedan llevar a cabo este trámite. Entendemos que hay a quien le da más seguridad un trámite guiado y esta es otra manera de ofrecerlo, sobre todo, allá donde resulta más complicado, en núcleos rurales”, ha expuesto José Luis Arasti.

Según las estimaciones de la Hacienda Foral, este año se agendarán unas 24.000 citas presenciales para realizar la declaración de la renta y unas 10.000 por vía telefónica.

Novedades tributarias: vivienda, pensiones y donaciones

Entre las novedades tributarias de la declaración de la renta del 2025 en Navarra destaca las deducciones por el alquiler de vivienda permanente, especialmente de aquellas que se encuentran en zonas declaradas zonas de mercado tensionado. La reducción en estos casos será del 50% sobre el rendimiento neto positivo. Asimismo, se contempla la reducción del 70% para arrendamientos intermediados por la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa y una reducción del 90%, si la vivienda está en la bolsa de alquiler de Nasuvinsa y además se encuentra en una zona de mercado residencial tensionado. Todavía no hay estimaciones de cuantas personas se acogerán a estas deducciones tras la declaración de zonas tensionadas en mayo del 2025.

Otra novedad es la referente a las pensiones. Se trata del aumento de las deducciones por pensiones de viudedad y jubilación contributivas. Así, se elevan para el año 2025 los importes de las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación, una medida que tendrá un coste estimado de 16,7 millones de euros.

También habrá deducciones por la compra de vehículos eléctricos con un aumento del límite base de deducción a 35.000 euros; un aumento del umbral para tributar en EDE para contribuyentes del sector primario de 300.000 a 350.000 euros; y una deducción del 80% hasta 250 euros y del 40% a partir de esa cantidad en las donaciones por mecenazgo.

“La fiscalidad es ideología y por eso la apuesta de Navarra en materia fiscal siempre es la progresividad y el reparto de la riqueza para alcanzar el mayor estado de bienestar común”, ha destacado el consejero de Economía y Hacienda. “Muchas miradas interesadas ponen el foco en nuestro tipo máximo, pero poco hablan de que el mínimo es, con diferencia, el más bajo de todo el país; tenemos un tipo mínimo agregado del 13%”, ha añadido.

El consejero Arasti también ha avanzado que si la inflación cierra el 2026 por encima del 2% , el Gobierno de Navarra llevará a la mesa de fiscalidad una propuesta para la deflactación del IRPF para “corregir los efectos al alza sobre los precios por la propia guerra de Irán”. La mesa de fiscalidad se convocará en la segunda quincena de abril, según ha apuntado el consejero.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea pondrá en marcha entre abril y junio un “proyecto piloto” en el que, en lugar de pagar la “actividad extraordinaria en la asistencia especializada” por “hora de trabajo”, las conocidas como peonadas, lo hará “por objetivos”, con el fin de “empezar un nuevo sistema de optimización de la gestión e incentivos” para reducir la lista de espera en las especialidades más demandadas. Según comunican desde Salud, “conforme al diagnóstico actual y la situación”, el sistema se implantará primero en Cirugía Ortopédica y Traumatología y de Rehabilitación.

En la revisión de “la evolución del gasto en productividad” ligado a los planes “de reducción de las listas de espera”, Salud ha expuesto que la inversión hecha hasta ahora ayuda a “contener” su aumento, pero no siempre logra “la reducción buscada” ni en relación con lo que se gasta. Según han comunicado, así figura también en “informes y auditorias” externas.

Por ello, este “proyecto piloto” se fija como “objetivo”, para poder cobrar un “incentivo”, aumentar “la actividad ordinaria” y “reducir la lista de espera de primeras consultas”, teniendo en cuenta la plantilla disponible y la demanda.

Además, el incentivo “es diferente y adicional respecto al pago” por horas extra en “jornada extraordinaria”. De forma que, tras evaluar su evolución, “el objetivo e intención” es su ampliación “en el sistema” para que se acabe sustituyendo también “el pago por horas con coeficientes por el pago por procesos y consecución de objetivos”, explica este periódico Ignacio Iriarte, director de Profesionales de Osasunbidea. Aunque aclaran que, en un futuro, “no necesariamente” se aplicaría con el único fin de reducir las listas de espera de primeras consultas, sino para alcanzar los objetivos “que en cada momento se establezcan”.

Para controlar el nuevo sistema de pago, “se hará un control trimestral a efectos de pago en 2026, que posteriormente podría ser anual, y un seguimiento mensual de datos e indicadores” para aplicar las medidas de ccorrecciónen la gestión y “lograr mejores resultados”.

Si el proyecto alcanza los “objetivos de reducción de listas de espera y aumento de actividad ordinaria”, que se evaluará entre julio y agosto, se barajará ampliarlo “al resto de servicios” los dos meses siguientes para, finalmente, determinar su implantación en “toda la organización”.

Por su parte, el Sindicato Médico de Navarra ha mostrado su rechazo “frontal” al nuevo sistema de pago. “Esta iniciativa se quiere implantar sin ningún tipo de negociación previa con la representación mayoritaria de los médicos y facultativos, así como del resto de representantes sindicales”, afirman. Y han señalado que “esta forma de proceder supone un grave menosprecio hacia el colectivo facultativo”, incluido a los del servicio “de Rehabilitación y Traumatología, directamente implicados en esta iniciativa”.

Desde el punto de vista de fondo, el sindicato médico mayoritario de Navarra ha considerado que esta estrategia para la disminución de las listas de espera se ha planteado “sin tener en cuenta la situación sanitaria actual”, achacando el problema a “la escasez de plantilla médica”.

40 personas han comparecido ya en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a la UTE de Acciona con Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por presuntamente funcionar como vehículo para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. De todos los comparecientes, apenas cuatro han sido mujeres, un 10%. Además, todos los portavoces políticos de la comisión son hombres.

La comisión se creó en verano de 2025. La preside una mujer, Irati Jiménez, de EH Bildu, mientras que Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ejerce como secretaria. Sin embargo, el vicepresidente, Pedro González (UPN), así como todos los portavoces políticos son hombres: Javier Esparza (UPN), Javier Lecumberri (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Javier García (PP), Miguel Garrrido (Contigo/Zurekin) y Emilio Jiménez (Vox).

En el foro, por el que han pasado los principales responsables políticos y técnicos de las adjudicaciones, así como los dirigentes de las empresas señaladas, tan solo cuatro de los cuarenta comparecientes han sido mujeres: Noemí Osés, la directora general de Osés Construcciones; Edurne Eginoa, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra; Carmen Pérez Miguel, la directora jurídica y de compras de la empresa pública de vivienda Nasuvinsa; y la exdirectora general de Educación del Gobierno de Navarra, Nekane Oroz.

Por el contrario, 36 de los 40 comparecientes han sido hombres, entre ellos todos los técnicos y juristas de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe de la UCO, consejeros y directores generales del Gobierno de Navarra o altos cargos de las empresas señaladas por la UCO. A esta lista se podría haber sumado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que se negó hasta en dos ocasiones a acudir a su citación en el Parlamento navarra. La Fiscalía ya le ha denunciado por considerar que incurrió en un delito de desobediencia.

“Deberíamos hacer la reflexión de quiénes están en los espacios de decisión y de poder y quiénes no”, ha apuntado sobre esta cuestión la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez.

De las comparecencias pendientes, cuatro más serán de mujeres: la de la exconsejera de Ecnomía Lourdes Goicoechea y las de las tres últimas presidentas de Navarra, Yolanda Barcina, Uxue Barkos y María Chivite. Según las fuentes consultadas, se espera que para mayo hayan finalizado todas las comparecencias y que el dictamen con las conclusiones de la comisión pueda ser votado en el pleno antes de que finalice el mes de junio.

La exdirectora general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra en la legislatura 2015/2019, Nekane Oroz, ha insistido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral que tres auditorías externas han “avalado” la adjudicación que ella firmó en el año 2018 a la UTE de Acciona con Alegure, una empresa hermana de Servinabar 2000 sin estructura ni trabajadores, para la construcción del colegio público de Arbizu.

Oroz, que ha asegurado que no tuvo conocimientos de esa mercantil hasta leer el expediente de la mesa de contratación, ha defendido que la adjudicación no respondió únicamente a la oferta económica, como señaló la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), sino que también a criterios técnicos como los plazos de obra.

La obra para la construcción de este centro escolar es el único contrato que el Ejecutivo navarro adjudicó a la empresa Alegure. Alegure estaba domiciliada en el mismo lugar que Servinabar 2000, la pretendida pieza central de la trama y en la que, supuestamente, el exdirigente socialista Cerdán tenía intereses y participación a pesar de que el único administrador nominal era su amigo Alonso. Alegure se compone en un 96% de Servinabar 2000 y el 4% de Uribene, una entidad controlada por el empresario vasco Iñaki Alzaga, de Grupo Noticias, Euskaltel o Nortegás, entre otras. En las antiguas oficinas de Servinabar 2000, ya desmanteladas después de que trascendiera esta investigación, no había ningún rastro de esta otra empresa.

Fue adjudicataria de esta obra en UTE con Acciona, como solía operar Servinabar 2000. Conformaron la UTE denominada CPEIP Arbizu específicamente para esta obra. Se impusieron en un concurso abierto pero que tuvo carácter “de urgencia” a Río Valle, EBA, Erri-Berri y Murias. En la parte técnica EBA tenía una propuesta que fue ligeramente más valorada, pero en la oferta económica la de Acciona y Alegure era claramente la mejor.

De hecho, incluido el modificado, el total facturado por la obra del colegio, que ya está operativo, no supera los 3.563.706,28 de tope máximo previsto por la Administración inicialmente. Se quedó en exactamente 3.268.137,37 euros. Es también más bajo que cualquiera de las otras ofertas del concurso. EBA, por ejemplo, propuso 3.314.596,22 euros. En la UTE Acciona tenía un peso del 75% y Alegure del 25%, pero estos porcentajes se cambiaron posteriormente en escritura pública y Acciona pasó a tener el 99% de las participaciones y Alegure únicamente un 0,01%. Nekane Oroz ha asegurado que nadie le informó de esta circunstancia. “Mi labor es la coordinación y supervisión de los informes y la firma de las resoluciones”, ha afirmado.

La tramitación de esta adjudicación se hizo en la legislatura 2015-2019, con Uxue Barkos de Geroa Bai como presidenta y María Solana, de esa coalición y, en concreto, del PNV navarro, como consejera responsable. Todos los pasos del concurso los supervisó una mesa de contratación encabezada por el director del Servicio de Infraestructuras Educativas de Navarra. El modificado, en cambio, lo firmó ya el Ejecutivo de María Chivite, con Carlos Gimeno al frente de Educación. De hecho, consta en el expediente que el anterior equipo aceptaba dar más plazo pero no más dinero y que las empresas recurrieron y lograron esa compensación adicional.

La exdirectora general ha apuntado que ella únicamente autorizó una ampliación de plazo de ejecución de las obras y que respondió a un informe elaborado por la dirección facultativa en el que se exponía que “habían surgido algunos problemas con la red de pluviales durante las obras”. “Era un informe muy exhaustivo”, ha aseverado, para añadir que se les dio dos meses más de plazo “sin coste añadido”.

El exgerente de la sociedad pública navarra de vivienda Nasuvisa Alberto Bayona ha admitido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' que mantuvo varias reuniones con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, si bien ha negado cualquier “relación laboral o contractual” con Servinabar 2000, la mercantil propiedad también de Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por funcionar supuestamente como el vehículo para el cobro de comisiones ilegales.

Según ha detallado Alberto Bayona, los contactos con Antxon Alonso, que no ha sabido cuantificar, se produjeron tras su salida de la empresa pública de vivienda en el año 2023, es decir, después de que el Gobierno de Navarra adjudicase a Servinabar 2000, en UTE con Acciona, el contrato para la construcción de 46 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña en 2022. El exgerente de Nasuvinsa ha enmarcado esos encuentros en su actividad profesional tras su salida de la empresa pública. Según ha explicado trabajaba para una empresa en el análisis de parcelas de uso residencial que pudiesen ser de interés para promotores para la gestión de proyectos.

“Tuvimos un encuentro casual en la calle, él me preguntó cuál era mi actividad y le expliqué que estaba analizando unas parcelas para ver si podían ser de interés para promotores. Él estaba interesado en unas parcelas, pero no se llegó a concretar nada”, ha señalado Alberto Bayona sobre sus reuniones con Antxon Alonso. “No he cobrado nada de Servinabar 2000”, ha aseverado.

El exgerente de Nasuvinsa ha negado también haber tenido relación con Santos Cerdán o Koldo García y haber desarrollado algún tipo de actividad incompatible con su cargo como gerente en Nasuvinsa. Asimismo ha asegurado desconocer que Cerdán era accionista de Servinabar.

La sociedad pública Nasuvinsa adjudicó dos lotes de VPO a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, uno de 62 viviendas en el año 2018 y otro de 43 en 2022, los dos en el barrio de Erripagaña. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detectó algunas “irregularidades” en el proceso de esas adjudicaciones como la inexistencia de actas de las reuniones que mantuvo la mesa de contratación.

En la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún, hay dos túneles que llevan años incumpliendo la normativa europea de seguridad en este tipo de infraestructuras, lo que ha llevado incluso a una amenaza de cierre de esta carretera por la que circulan a diario multitud de vehículos, sobre todo tráfico pesado. Son los túneles de Belate y Almándoz, que en la actualidad son bidireccionales y que la normativa obliga a desdoblar. La obra para separar el tráfico que circula en sentido norte (Irún) del que lo hace dirección sur (Pamplona) en el de Belate ya está avanzada, y no sin polémica. El contrato fue adjudicado por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. Tras hacerse público el informe de la UCO, esta mercantil fue excluida de la obra, en la que participaban dos empleados dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la directora general de Obras Públicas, María Torres, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, así como personal de las empresas que conforman la UTE han enseñado este viernes a los alcaldes de la zona y a la prensa cómo avanzan las obras de desdoblamiento del primero de los dos túneles de la N-121-A. Según han detallado, de los alrededor de tres kilómetros que tendrá el túnel de longitud, se han excavado ya más de 2,5 kilómetros (“un 90%”), la gran mayoría por la cara norte. Para la unión de ambas caras, lo que se conoce como el “cale”, tan solo faltan unos 340 metros y se espera que se produzca “antes del verano”. Tras ello se desarrollarán los trabajos de “destroza”, todo lo que tiene que ver con la excavación de la parte inferior del túnel. Se prevé que la infraestructura sea inaugurada a finales del 2027, aunque el consejero no ha querido fijar una fecha.

En la obra, según ha apuntado el consejero, trabaja “24 horas al día, siete días a la semana” un equipo de unas 200 de personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad. Entre el personal ya no queda nadie con uniforme de la empresa Servinabar 2000, cuyo único rastro en la obra es un pequeño logo en uno de los carteles de la boca norte del túnel, por donde se ha entrado a la visita de los trabajos. En el resto de la cartelería ha desaparecido toda referencia a la empresa de Alonso y Cerdán que la UCO sitúa en el centro de la trama de corrupción por supuestamente funcionar como el vehículo para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Es en exterior de la cara norte del túnel, por donde se están llevando la gran parte de los trabajos de “avance”, las empresas de la UTE han montado “una pequeña ciudad”: hay un taller para reparar la maquinaria averiada, un espacio en el que se forjan las cerchas con las que asegura el techo del túnel, así como vestuarios, aseos y un pequeño comedor. Todo ello 'edificado' sobre un terreno pantanoso y lleno de trozos de pizarra extraida del interior del túnel. Para esas labores se están empleando un Jumbo de tres brazos; un Jumbo de dos brazos; dos Robot gunitador (hormigón proyectado); tres plataformas elevadoras normed; dos telescópicas; dos miniretroexcavadoras; dos bombas de inyección; cuatro extraviales articulados; un camión articulado; dos palas cargadoras; cuatro retros con martillo hidráulico; ocho vehículos de apoyo; dos patines de avance (cuadro eléctrico en el interior del túnel), uno por cada boca; dos transformadores eléctricos, uno por cada boca; cuatro bombas para achique de agua; dos sistemas láser de guiado y dos sistemas de ventilación compuesto por ventiladores y mangas, uno por cada boca.

El jefe de obra, Jerónimo Pérez, ha explicado que el terreno sobre el que se está excavando el túnel “es más complicado” de lo que se había “anticipado”, lo que ha obligado a solicitar un modificado del contrato. Las mayores dificultades, ha precisado, se encuentran en los cambios de la tipología de la geología y en las numerosas vetas de agua que han aparecido. Así, se han tenido que utilizar diferentes técnicas de excavación en función de la dureza del terreno. De los 300 metros que quedan para el “cale”, la unión de las dos bocas, la práctica totalidad del material es blando, pizarra, lo que obliga al uso de máquinas excavadoras en lugar de material explosivo.

La obra de este túnel no es objeto de la causa que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero está bajo sospecha de corrupción por ser el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a la empresa Servinabar 2000, de un total de siete. Además, estuvo envuelto en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, podía “generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. 

También destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conoció las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas, lo que según la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra debió “anular” el proceso de adjudicación.

En paralelo a estas obras se trabaja en la redacción de un segundo modificado del contrato que incluirá los sobrecostes por imprevistos de la obra después de que el primero de ellos fuera objeto de un reparo suspensivo por parte de la intervención general, que consideró que gran parte de los 8,5 millones de euros de sobrecoste presupuestados no estaban justificados. Este reparo provocó una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite que se saldó con la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, quien había autorizado el modificado.

Mientras se desarrollan estas obras también se está avanzando en las obras del tramo de carretera que comunica los túneles de Belate y Almándoz, y en la licitación del desdoblamiento de este segundo túnel, que se prevé para este 2026. El consejero ha avanzado que se tratará de negociar con la Unión Europea una prórroga del plazo fijado para la finalización de los dos túneles, que el Gobierno navarro había fechado en 2027, para evitar una sanción.