La ciudad afronta dos cuestiones de gran relevancia para los próximos años: la ampliación norte del puerto de Valencia y la declaración del 'Regadío histórico de L’Horta de València' como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.

El martes 26 de noviembre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró el 'Regadío histórico de L'Horta de València' Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Una distinción que reconoce el sistema milenario de riego de acequias que se extiende por la zona norte del área metropolitana de Valencia como una pieza fundamental para garantizar que este paisaje agrícola sea un referente a nivel mundial de la continuidad de este tipo de mecanismo y cultura agrícola. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), “los SIPAM pueden contribuir decisivamente a la consecución de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible”, un objetivo que será difícil de cumplir si se apuesta en paralelo por la nueva terminal de contenedores del puerto.

La situación en la que se encuentra la configuración de la ciudad es dual: por un lado, existe la movilización social y política por mantener y generar un área metropolitana sostenible que mire hacia futuro teniendo en cuenta los numerosos aspectos positivos que posee el paisaje valenciano y en un marco de conciencia de crisis climática; y, por otro lado, se manifiesta un sentimiento de expansionismo y reconocimiento internacional que no solo quiere relucir gracias al turismo, sino por ser un punto clave para el transporte de mercancías en el Mediterráneo. Una ampliación justificada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por la necesidad de evitar un riesgo de colapso a medio plazo; un planteamiento que ha sido negado por los vecinos y asociaciones ecologistas de la ciudad. Esta situación refleja la coexistencia de dos modelos de ciudad diferentes que, en caso de elegir las metas de uno u otro, modificarán por completo la ordenación de la ciudad.

La situación crítica de calentamiento global en el que se encuentra el planeta ha dejado, según las palabras del profesor Fidel González Rouco en el seminario Estrategias de adaptación a la crisis climática de la Universitat de València, “un margen de emisión [de CO2] muy limitado si queremos mantenernos en 1,5ºC o 2ºC” del aumento de la temperatura global. Por lo tanto, si es el momento de realizar cambios, de tomar decisiones a largo plazo, de que los grandes problemas que achacan a la sociedad adquieran una visión global, local y de progreso, ¿por qué en la agenda pública de la capital del Turia se ha tomado un camino opuesto a los desafíos presentados? ¿Acaso la ampliación del puerto no repercutirá, entre otras cosas, en el grado de contaminación ambiental de la ciudad, en la destrucción de la flora y fauna de la costa de Valencia y en la protección del parque natural de la Albufera?

Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, mencionó, en la inauguración de la Cátedra Prospect Comunitat Valenciana 2030, la necesidad de “hacer un análisis contundente del territorio” y recalcó el “momento de reflexión” en el que se encuentra la sociedad con respecto a la emergencia climática. Sin embargo, el anuncio que realizó en enero de este año acerca de la construcción de un túnel subterráneo en la costa valenciana para mejorar la conectividad del ZAL (Zona de Actividades Logísticas) choca con esa visión de preocupación y de actuación inmediata existente en la filosofía del PSPV. Por otro lado, se debe tener en cuenta las nuevas dimensiones que adquirirá el puerto y las repercusiones que tendrá en el paisaje y el entorno de la ciudad. Según el presidente de la Autoridad Portuaria (APV), Aurelio Martínez, los nuevos muelles del puerto “contarán con una terminal de casi 2 kilómetros de largo por 700 metros de ancho”, una superficie que duplica la capacidad total actual y que es mayor que la ocupada por el casco antiguo de Valencia. La percepción de que existe una mayor apuesta por la supremacía del puerto que por la necesidad de que Valencia sea una ciudad sostenible es palpable, más si se tiene en cuenta que los empresarios apoyan el proyecto de la infraestructura marítima.  

El foco se encuentra ahora mismo en la realización o no de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ha sido reclamada por Podemos, Compromís y la Comisión Ciutat-Port, integrada por las entidades Per l’Horta, Acció Ecologísta Agró, Ecologistas en Acción, Asociació de veïns i veïnes de Natzaret y la Plataforma el litoral per al poble (PELPAP). Una nueva DIA adaptada a las ampliaciones que se han producido del plan inicial de 2007 y que, como mencionó Joan Ribó, alcalde de Valencia, “cuente con todas las garantías medioambientales” mediante el cumplimiento de la normativa medioambiental actual. Desde el gobierno central, que es quien posee las competencias sobre el puerto, se expresó, en palabras de la diputada socialista Mercedes Caballero, que los cambios del proyecto «están dentro de los márgenes de la DIA elaborada en 2007»; esto es, no se requiere una nueva DIA a pesar de que la legislación en materia ambiental se haya modificado y que la situación de emergencia climática se haya agravado después de 12 años desde el inicio de este proyecto y cuatro desde la Cumbre del Clima de París.

Valencia, una ciudad que en las últimas décadas ha perdido la playa de Nazaret, parte de la Huerta y los vecinos de la Punta, que ha visto la erosión de las playas del sur de la ciudad y que avista ya la pérdida de parte de la Huerta norte (a pesar de poseer la distinción de SIPAM), quiere convertirse en la tercera infraestructura portuaria más importante de Europa. Un proyecto apoyado por inversiones millonarias, la generación de 13.000 nuevos puestos de trabajo y el incremento de la riqueza en la localidad, pero, ¿a costa de qué? Un plan que, para las asociaciones de vecinos y los colectivos ecologistas, contradice la “política estatal de lucha contra el cambio climático” y que repercutirá de forma directa en la contaminación del aire de Valencia es un plan que no tiene en cuenta los errores cometidos en el pasado.

Los vecinos de la Punta no se alzaron contra los promotores de la ZAL en 2003 para que los grandes empresarios determinaran el rumbo de Valencia, no lucharon y continúan la batalla por la Huerta y sus hogares para que en la nueva década se repita el mismo escenario. Los valencianos y valencianas deben pelear por una ciudad que sirva de referente para el resto del mundo por haber logrado mantener patrimonios históricos de gran calidad paisajística, como el regadío de l’Horta, que hacen de Valencia un ejemplo a seguir en cuestión de medio ambiente. El puerto no debe ser la tumba del progreso social y sostenible que necesita la ciudad.