“Queremos un partido que sea de los afiliados, no un partido de caciques” José Manuel Villegas, secretario general de la Gestora

Coincido plenamente con Andrés Betancor, secretario jurídico de la Gestora de Ciudadanos,que resaltaba la importancia de los Estatutos como norma básica de un partido político si se tiene en cuenta la exigencia constitucional de que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. No obstante, me decepcionó que en el mismo solo citara la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, en relación con el régimen disciplinario.

Aunque no sea posible aquí analizar el Derecho comparado sobre la materia, sí me permitiré afirmar que sería conveniente que nuestra legislación evolucionara hacia normas más avanzadas desde un punto de vista funcional-democrático, como por ejemplo la ley alemana de partidos. No obstante, reconozco que nuestro legislador llevó a cabo en 2015 una reforma de la LOPP de una cierta envergadura, en particular por lo que se refiere al contenido mínimo de los Estatutos.

Teniendo en cuenta la ingente normativa que regula la actividad de nuestras empresas, no únicamente de las cotizadas, cuesta creer que solo desde hace cinco años sea obligatorio que los Estatutos de nuestros partidos políticos tengan al menos, entre otros, contenidos como los siguientes:

Órganos de gobierno y representación, composición, plazos para su renovación que habrá de efectuarse como máximo cada cuatro años, atribuciones o competencias.

Procedimiento para la elección de los órganos directivos.

Procedimientos de control democrático de los dirigentes electos.

Régimen de infracciones y sanciones de los afiliados y procedimiento para su imposición.

Régimen de administración y contabilidad, que incluirá, en todo caso, los Libros de Contabilidad.

Régimen de documentación, que incluirá en todo caso el fichero de Afiliados y el Libro de Actas.

Procedimiento de reclamación de los afiliados frente a los acuerdos y decisiones de los órganos del partido.

Cargo u órgano encargado de la defensa y garantía de los derechos del afiliado.

Sí, los partidos políticos deben llevar ahora un libro de actas, si bien sin necesidad de registrarlo. Recordemos que nuestro Registro Mercantil data de finales del siglo XIX. Quizá el legislador haya considerado no improbable que la Ejecutiva de algún partido pudiera ser capaz de simular actas de sus propias reuniones.

Volviendo al artículo del catedrático Betancor, estoy de acuerdo con él en que es complejo combinar democracia con funcionalidad. Pero, en lo relativo a la organización territorial, no es posible admitir que sea suficiente enlazar directamente la legitimidad democrática de las agrupaciones de base con la del Comité Ejecutivo, por ser este elegido directamente por todos los afiliados. Me explico.

Las agrupaciones

Una Ejecutiva democrática, que quiera de forma seria impulsar la actividad de las agrupaciones y optimizar el talento presente en las mismas, no debe considerarlas útiles únicamente a efectos de política local, de distrito incluso. Es importante, por supuesto, la cercanía con el entorno ciudadano más inmediato, pero una agrupación de un partido liberal debería ser mucho más. Es cierto que se elige su junta directiva de forma democrática, pero luego la agrupación no cuenta cuando se va escalando en la organización.

Es más, la elección de compromisarios para la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en marzo obvia las agrupaciones, no obstante estar definidas en el Reglamento precongresual como el ámbito donde los afiliados pueden ejercer su derecho de sufragio, tanto activo (elector) como pasivo (elegible). En su lugar, dicha elección de compromisarios se pretende hacer esta vez a nivel provincial. Hace tres años, en 2017, se hizo a nivel de comunidad autónoma. No se han ofrecido razones para dicho cambio.

Es decir, en el mundo físico, real, el partido ha tendido hasta ahora a dividir cada vez más en agrupaciones, impidiendo o al menos dificultando el necesario contacto entre afiliados. Sin embargo, a la hora de votaciones que deberían posibilitar un verdadero ejercicio democrático, el partido tiende a lo contrario, a agrupar virtualmente, lo que impide o al menos dificulta el necesario conocimiento de los candidatos a compromisarios. No se entiende.

El Comité Ejecutivo

Como decía en mi anterior artículo, debería también haberse revisado la anomalía de que el Comité Ejecutivo sea elegido con anterioridad a la Asamblea General. En efecto, tanto la elección del Consejo General como la de la Comisión de Garantías, así como la aprobación de los Estatutos y de la Estrategia, que tienen lugar en la propia Asamblea, quedan eclipsadas por la 'entronización' del Comité Ejecutivo, lo que se compadece mal con la visión de “checks and balances” argüida por Betancor.

La organización autonómica

En una España configurada como Estado Autonómico, los partidos políticos deberían constituir las correspondientes organizaciones territoriales también de forma democrática. Si antes decíamos que una agrupación, cuya directiva es elegida democráticamente, debe aspirar a más, pero sin desatender su territorio más cercano, por la misma razón una organización autonómica debe tener una directiva elegida democráticamente. Indica mucha desconfianza, mucho interés en practicar una suerte de centralismo democrático, dar por supuesto que esa legitimidad democrática a nivel autonómico acarrearía necesariamente deslealtad con la estrategia política decidida en los órganos ejecutivos centrales.

No menciona Andrés Betancor en su artículo nada sobre el controvertido –técnicamente aún no es fiable– voto telemático. Como acaba de comprobarse en Murcia, el partido está pisando terrenos resbaladizos. Es más, el hecho de que un afiliado deba solicitar explícitamente, pues el voto telemático lo sería por defecto, que prefiere el voto en urna, podría suponerle verse señalado ante la dirección como un 'antiguo'. Peor aún, como un crítico. Estamos por tanto hablando no de una libertad del afiliado, sino de un procedimiento no secreto que podría suponer en el futuro una discriminación. Estaría incluso en duda la legalidad de dicho procedimiento.

Por último, nada se dice en la propuesta de Estatutos sobre limitación de mandatos de los cargos orgánicos del partido. Recordemos que tras la Asamblea General de febrero de 2017 continuaron las mismas personas al frente del Comité Ejecutivo, del Consejo General y de la Comisión de Garantías. Sería una buena señal de salud democrática que en la de marzo, convocada por la dimisión del presidente del partido, no continuara ninguno de los otros dos.

Permítame finalmente el lector una obviedad: de nada servirían unos Estatutos teóricamente impecables si en la realidad cotidiana del partido no se observaran o, peor aún, fueran sistemáticamente incumplidos. Los miembros de los diversos órganos del partido deben no solo hacer cumplir sino también, y en primer lugar, cumplir lo previsto en los Estatutos.

Sería inadmisible, por ejemplo, que el presidente de la Comisión de Garantías, órgano que debe ser completamente independiente de la Ejecutiva, fuera incluido por esta en una lista electoral a un parlamento autonómico. Peor aún si, tras resultar elegido, tomara posesión del cargo, aunque solo fuera por unos meses.

Tampoco sería de recibo que, en una elección por listas abiertas como la de los miembros del Consejo General –máximo órgano del partido entre asambleas generales–, la Ejecutiva del partido permitiera que determinados candidatos se agruparan en la papeleta de voto mediante una etiqueta común, resaltándose además sus nombres con un vistoso color de fondo.

Como decía José Manuel Villegas, los afiliados de Ciudadanos no quieren un partido de caciques.

Pertenecer a un partido político que eligió denominarse Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía conlleva un plus de exigencia. No se trata de apelar al pueblo puesto que detestamos el populismo, sea de izquierdas o de derechas. Se trata de parecernos al ciudadano medio, de tener en cuenta las dificultades del ciudadano medio, de resaltar el esfuerzo del ciudadano medio; en suma, de facilitar las cosas al ciudadano medio. Es decir, a la gran mayoría de los ciudadanos.

En todo partido político existen élites. Además, sin liderazgos claros es difícil tener éxito electoral. Pero ¿qué tipo de liderazgo? ¿Un liderazgo tan abrumador que pueda llegar a poner en cuestión la democracia interna del partido? Recordemos que, según nuestra Constitución, la estructura interna y el funcionamiento de los partidos deberán ser democráticos.

Albert Rivera ha sido el único presidente de Cs desde su fundación como partido, en 2006. Tras la debacle electoral sufrida el 10N presentó su dimisión, lo que produjo una situación inédita al no estar contemplada la dimisión del presidente en los actuales Estatutos, aprobados en la IV Asamblea General de principios de 2017. Fue sustituido por el secretario general hasta la constitución de una Gestora, aprobada en el Consejo General -máximo órgano entre Asambleas celebrado el 30 de noviembre.

Componen dicha Gestora 16 personas: el presidente del Consejo General, 10 de los 16 miembros del anterior Comité Permanente -una Ejecutiva reducida-, 4 miembros más del Comité Ejecutivo y un secretario. En la citada reunión del Consejo General fue también aprobado el Reglamento de la propia Gestora, con una controvertida disposición adicional:

La participación de cualquier miembro de la Gestora en alguna lista que concurra a la elección del Comité Ejecutivo […] no será impedimento para que pueda continuar ejerciendo sus funciones y cumpliendo sus obligaciones como vocal de la Gestora.

Además, se convocó para el 15 de marzo de 2020 la V Asamblea General del partido, en este caso Extraordinaria. En dicha Asamblea deberán ser elegidos el nuevo Consejo General y la nueva Comisión de Garantías y Valores. ¿También el Comité Ejecutivo? Sería lo razonable, es lo habitual en otros partidos, pero ya en 2017 fue elegido con anterioridad a la propia Asamblea. En otras palabras, el valor añadido que para el partido supone la elección de dos de sus principales órganos, además de la aprobación de las correspondientes ponencias de Estrategia, Estatutos e Ideario, quedaría de nuevo eclipsado por la entronización de una Ejecutiva elegida unas semanas antes. Esto debería ser también reconsiderado.

Cs y las instituciones

Los 57 diputados que Ciudadanos había obtenido en las generales de abril se vieron reducidos a 10 en las de noviembre. El pasado día 3 se constituyeron las nuevas Cámaras, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado. El día anterior -formalmente, por tanto, como miembro de la Diputación Permanente del Congreso-, Inés Arrimadas, ahora portavoz de nuestro grupo parlamentario, hizo pública su propuesta de la que luego sería llamada “La vía de los 221”. Con ese relevante gesto dejó claro que podrá ser en no demasiado tiempo -auguro una legislatura corta- una magnífica candidata de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de España.

Cs y sus afiliados

Este lunes tuvo lugar en Madrid un encuentro de la Gestora con afiliados, en el que se había anunciado la presencia únicamente del presidente y delsecretario de Organización de la misma. No obstante, llegó a haber en la mesa hasta siete miembros de la Gestora. Fue una reunión de algo más de tres horas de duración, intensa, participativa.

Recogiendo las principales reivindicaciones, críticas y propuestas de los numerosos afiliados que intervinieron en dicho encuentro, y en el hipotético caso de que me planteara ser candidato a la presidencia del partido:

1. Propondría a la Gestora que renunciara a emplear el actual sistema de voto telemático, teniendo en cuenta que su utilización ha sido judicializada este mismo año al menos en los procesos de primarias deCastilla y León y de Murcia y que no garantiza el secreto del voto. La participación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se limita a proporcionar un 'sellado de tiempo', es decir, qué día y a qué hora un dispositivo con una determinada dirección IP se conecta al servidor de Cs. Pero la FNMT no sabe si quien accede al sistema es en realidad un afiliado con derecho a tomar parte en la correspondiente votación.

2. Pediría a la Gestora que, en lo que se refiere al censo electoral, aplicara lo decretado por la Comisión de Garantías del partido en su resolución 9/2014, de 3 de noviembre:

En cuanto a la publicación del CENSO, esta Comisión de Garantías tiene que dar la razón a ENRIQUE BOTO en el sentido de que toda votación requiere la publicación del censo electoral de cualquier elección, y expuesto en el colegio electoral pertinente […].

3. Dejaría claro que ningún miembro de la Gestora formaría parte de mi lista para el Comité Ejecutivo. En otro caso, adelantaría su nombre para que dejara de formar parte inmediatamente de la misma y así poder ser sustituido por otro afiliado. La Gestora no solo debe ser neutral sino que debe parecerlo.

4. Solicitaría a la Gestora que hubiera un debate entre candidatos. Como estos últimos meses han demostrado, no todos en Cs pensamos igual. Un partido democrático, más aún un partido que se presenta como liberal, no puede prescindir del valor de poder confrontar modelos distintos de partido.

Como dijo con elegancia un afiliado en el encuentro del lunes en Madrid, en Ciudadanos todos somos críticos. Esa es, esa debe ser, nuestra mayor fortaleza: los afiliados del Partido de la Ciudadanía.

PS. Al cierre de la edición de este artículo, se ha publicado que la Gestora propone que los afiliados podamos elegir si votamos en urna o de forma telemática, supuestamente mediante una versión mejorada del sistema actual. No puedo dar crédito.