Un mes sin ser atendida por un psicólogo al recibir el alta médica o una única consulta psicológica en seis meses de ingreso en la unidad especializada de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) del Hospital Provincial de Zaragoza. Estas son algunas de las situaciones que relatan madres de pacientes con esta enfermedad y que, según denuncian, las hacen sentirse “abandonadas” por el sistema.

“No cuestiono el esfuerzo de los profesionales, que trabajan bajo una enorme presión asistencial, pero sí me pregunto si el sistema dispone de los recursos necesarios para atender adecuadamente a personas con trastornos alimentarios”, escribe una madre de una joven de 21 años en una carta remitida a este periódico. En ella relata años de ingresos hospitalarios marcados, asegura, por “una profunda sensación de desamparo”, “escasa intervención psicológica” y la impresión de que el tratamiento “no abordaba el origen” de una enfermedad mental que puede llegar a ser mortal.

En este caso, su hija salió del hospital después de diez días hospitalizada por una grave adicción a los laxantes y recibió el alta para continuar el tratamiento de forma ambulatoria. Sin embargo, según denuncia su madre, pasó cerca de un mes sin ser atendida ni por un psicólogo ni por un psiquiatra. Mientras tanto, asegura, la joven seguía sufriendo crisis prácticamente diarias y expresando con frecuencia deseos de quitarse la vida.

No es un caso aislado, según explica María Consuelo Alcalá, presidenta de la asociación de familias de TCA Aragón y madre de una joven con un trastorno de la conducta alimentaria. “Entiendo perfectamente las quejas de esta madre, esa unidad funciona fatal, los pacientes se cronifican porque es una atención precaria”, explica. Añade que, en su caso, puede pagar la atención psicológica de su hija, “pero no en todos los casos es así”.

Una enfermedad grave que va mucho más allá de la alimentación

Los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado en los últimos años, afectan cada vez a personas más jóvenes y requieren un abordaje multidisciplinar que combine atención médica, psicológica, psiquiátrica, nutricional y familiar.

“La anorexia es el trastorno de la conducta alimentaria más frecuente”, explica Sandra Gallego, psiquiatra infanto juvenil tutora de residentes del HURV. La especialista recuerda que suele comenzar entre los 13 y los 18 años y afecta aproximadamente a diez mujeres por cada hombre. También advierte de su gravedad: presenta una mortalidad cercana al 5% por década y, entre los pacientes hospitalizados durante largos periodos, puede alcanzar el 10%. La primera causa de fallecimiento es la inanición y la segunda, el suicidio.

Por eso insiste en que el tratamiento debe ser integral e implicar a psiquiatras, psicólogos, enfermería, familias y, cuando es necesario, hospitalización. “La recuperación podemos dividirla en tres grupos: un tercio de los pacientes se recupera completamente, otro tercio lo hace de forma parcial y un tercio evoluciona hacia la cronicidad”, resume.

La prevención, añade, resulta “fundamental”. Detectar precozmente señales como una pérdida importante de peso, una preocupación excesiva por la imagen corporal, la ansiedad o la obsesividad puede evitar que la enfermedad avance. También considera necesario reforzar la educación en colegios e institutos y formar a docentes y monitores de comedor para identificar los primeros síntomas.

Cuatro camas para toda Aragón

En la atención a adultos, Aragón cuenta con una única unidad especializada, ubicada en el Hospital Provincial de Zaragoza, que da servicio a toda la comunidad autónoma. Su jefe de servicio de Psiquiatría, Miguel Martínez Roig, explica que dispone de cuatro camas de hospitalización, seis plazas de hospital de día y consultas externas. El equipo está formado por dos psiquiatras, una psicóloga especializada, una enfermera específica para consultas y el personal de enfermería del hospital.

La unidad atiende a todos los pacientes adultos de Aragón y Martínez reconoce que la presión asistencial es constante. “Siempre hay demanda de camas. Hay momentos en los que tenemos alguna libre y debemos decidir qué paciente tiene prioridad, pero otras veces no disponemos de ninguna y los casos más graves deben ingresar provisionalmente en las unidades de agudos de sus hospitales de referencia”, explica. Sin embargo, la presidenta de TCA Aragón, asegura que esto “no es una solución”: “La unidad de agudos no nos sirve, no está preparada, nadie controla lo que comen o los baños no están cerrados”, ejemplifica.

El especialista defiende que se trata de “un dispositivo que funciona”, aunque admite que existen importantes márgenes de mejora. Entre ellos, señala la necesidad de reforzar los programas intensivos ambulatorios para evitar ingresos, crear recursos intermedios para pacientes con enfermedades cronificadas y ampliar la plantilla de profesionales. “Tenemos un psicólogo para consultas externas y el de ingresos lo compartimos con Rehabilitación Cardíaca. Nos gustaría contar con un psicólogo exclusivo para la unidad”, reconoce.

El Departamento de Sanidad se remite a las explicaciones ofrecidas por el jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial, quien reconoce la necesidad de reforzar algunos recursos. Respecto a las quejas de las familias, señala que lo habitual es programar citas de seguimiento tras el alta.

“La atención psicológica acaba saliendo del bolsillo de las familias”

Alcalá considera que la principal carencia de la unidad de adultos es precisamente “la falta de profesionales” especializados. “Hay una enorme rotación de psiquiatras. A estos pacientes les cuesta muchísimo crear un vínculo terapéutico y, cuando por fin lo consiguen, vuelven a cambiarles el profesional”, lamenta.

Según explica, muchas familias acaban recurriendo a consultas privadas porque consideran insuficiente la atención pública: “Si puedes pagar un psicólogo privado, todavía puedes complementar el tratamiento. Pero si no tienes recursos económicos es muy complicado. Mi hija ha estado seis meses ingresada y solo pudo hablar una vez con el psicólogo”, afirma.

Alcalá habla en todo momento como madre y como presidenta de la asociación. No lucha solo por el caso de su hija, sino por todas las personas afectadas por esta enfermedad. La asociación también denuncia la ausencia de nutricionistas específicos, la escasez de endocrinos, la falta de terapias familiares y el cierre del hospital de día durante el mes de agosto: “Precisamente el verano y la Navidad son las épocas más difíciles para estas pacientes y, sin embargo, es cuando menos recursos hay”, critica.

A su juicio, la unidad necesitaría al menos duplicar su capacidad de hospitalización. “Con cuatro camas para toda Aragón es imposible responder a la demanda. Nosotros creemos que harían falta, como mínimo, ocho”, sostiene.

Años de tratamiento y la importancia de la prevención

Los trastornos alimentarios no suelen resolverse en unos meses. Son enfermedades complejas que, en muchos casos, acompañan a quienes las padecen durante años. El propio jefe de la unidad reconoce que más de un tercio de los pacientes presenta recaídas o evoluciona hacia formas crónicas y que algunos llevan décadas siendo atendidos en el dispositivo.

Por ello, las asociaciones insisten en la importancia de la continuidad en el tratamiento: “Cuando una paciente recibe el alta y pasan semanas hasta volver a verla, siente que el sistema la abandona”, resume Alcalá. “Y no estamos hablando solo de anorexia. Hay otros trastornos, como el trastorno por atracón, cuyos pacientes también sufren enormemente y muchas veces no encuentran recursos específicos”.

Especialistas y asociaciones coinciden en que prevenir sigue siendo la mejor herramienta. Gallego apuesta por reforzar la educación emocional desde edades tempranas, enseñar a los adolescentes a interpretar críticamente el contenido que consumen en redes sociales y formar a los profesionales educativos para detectar los primeros síntomas.

Las familias, por su parte, reclaman que esa prevención vaya acompañada de más inversión cuando la enfermedad ya ha aparecido. Porque, como recuerda la madre que decidió hacer pública la situación de su hija, “los trastornos de la conducta alimentaria no se curan en unos días”. Requieren tiempo, profesionales especializados y un seguimiento continuado: “Solo espero que ninguna familia vuelva a sentirse tan sola como nos hemos sentido nosotros”.

Mientras miles de personas preparan ya su viaje para contemplar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un pequeño pueblo de la Sierra de Albarracín ha tomado una decisión poco habitual. Jabaloyas, con apenas 66 habitantes censados, ha optado por limitar el acceso en coche al monte Javalón, uno de los puntos privilegiados para observar el fenómeno, con un objetivo claro: evitar la masificación y proteger un espacio natural que considera especialmente valioso.

La restricción estará vigente durante toda la jornada del eclipse y obligará a quienes quieran llegar hasta el Javalón a hacerlo únicamente a pie. El Ayuntamiento ha aprobado la medida mediante un decreto de Alcaldía al considerar que no dispone de medios suficientes para gestionar con seguridad la gran afluencia de visitantes que se espera ese día. “La idea ha sido mía por preservar un entorno natural que tenemos aquí”, explica a elDiario.es Aragón el alcalde de Jabaloyas, Óscar Castillo. El regidor reconoce que el eclipse podría atraer a un gran número de personas, pero cree que el municipio no está preparado para asumir esa presión.

El problema, explica, es que el único acceso al monte es una pista forestal estrecha de unos seis kilómetros, con una sola vía de entrada y salida. Además, la fecha coincide con las fiestas del municipio. “Es imposible que suban tantos coches”, resume. Aunque da por hecho que el Gobierno de Aragón establecerá medidas para impedir que los vehículos abandonen el asfalto, considera que eso no resolvería el problema. “El Gobierno no nos da facilidades para poder hacerlo con seguridad y somos un ayuntamiento muy pequeño, sin dinero ni infraestructura”, afirma.

Precisamente esa dificultad para garantizar la seguridad es la que ha llevado al consistorio a cerrar el acceso rodado al Javalón. El Ayuntamiento advierte de que una gran concentración de vehículos complicaría especialmente cualquier actuación de emergencia o una eventual evacuación, por lo que mantener abierta la pista supondría un riesgo tanto para las personas como para el propio entorno natural.

Castillo insiste en que la decisión no responde a un rechazo al turismo, sino a la voluntad de preservar un enclave que considera único. “Un eclipse es una tarde y conservar el entorno es todo el año”, resume. El alcalde reconoce que el Javalón ofrece unas condiciones excepcionales para contemplar el eclipse, aunque recuerda que existen otros puntos desde los que seguir el fenómeno. “No quiero que se masifique ni que pase algo. La decisión es por preservar el entorno”, añade.

En la nota difundida por el Ayuntamiento, el consistorio defiende que gobernar también implica “saber poner límites cuando el territorio los necesita” y sostiene que el éxito de un municipio no debe medirse únicamente por el número de visitantes que recibe, sino también por su capacidad para conservar aquello que hace único al territorio.

El incendio forestal declarado este lunes por la tarde en Ejulve, en la misma zona de monte bajo que ya resultó afectada en 2009, afecta ya de forma provisional a 1.400 hectáreas. El fuego ha obligado a ampliar las evacuaciones con el desalojo de La Cañadilla y Cirugeda, dos pedanías de Aliaga, que se suman al municipio de Molinos, evacuado durante la madrugada. El Gobierno de Aragón mantiene activado el PROCINFO en Situación Operativa 2, Nivel 2.

Durante la mañana, la situación más complicada se ha concentrado en los sectores 3 y 4, en dirección a Cuevas de Cañart, donde el refuerzo de efectivos y el empleo de maquinaria pesada han permitido consolidar gran parte del perímetro. Sin embargo, el cambio del viento a componente nordeste registrado a mediodía ha favorecido una rápida propagación desde la cola del incendio hacia la carretera entre Ejulve y Aliaga, lo que ha obligado a ordenar la evacuación preventiva de La Cañadilla y Cirugeda mediante el sistema ES-Alert.

Durante la tarde, el incremento de la humedad provocado por la actividad tormentosa, aunque con escasa precipitación, ha contribuido a reducir la intensidad de la cabeza del incendio. “El incendio de Ejulve sigue estando activo y tenemos que seguir trabajando mucho, pero hoy está en mejores condiciones, bastante mejores condiciones que ayer. La tormenta que se ha producido durante la tarde ha ayudado de forma importante a la evolución del incendio”, ha señalado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

El último vuelo de coordinación realizado por la dirección de extinción ha constatado que los sectores 1 y 2 continúan siendo los más activos, aunque permanecen contenidos y sin propagación. La estrategia para la noche se centrará en mantener esa situación y reforzar especialmente los sectores 3 y 4 ante la previsión de cambios en la dirección del viento.

Para las labores de extinción, el operativo de INFOAR mantiene desplegados cuatro helicópteros ligeros, un helicóptero de coordinación, 13 cuadrillas terrestres, cuatro cuadrillas helitransportadas, siete autobombas y maquinaria pesada. A estos recursos se suman los medios aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y por las comunidades autónomas de Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña.

Bermúdez de Castro ha destacado que, pese a la coincidencia de grandes incendios activos en distintos puntos del país, Aragón continúa contando con apoyo de otras comunidades autónomas. Para el relevo nocturno está prevista la participación de ocho brigadas terrestres de INFOAR, una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) procedente de Lubia y cinco bulldozers, con el objetivo de rematar los puntos activos de los sectores 1 y 2 y seguir asegurando el perímetro en los sectores 3 y 4.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegadas dos secciones, integradas por 110 efectivos, y trabaja para incorporar una tercera durante la jornada del miércoles. Al dispositivo también se han incorporado los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, con una Unidad de Intervención Forestal formada por un vehículo de mando, una autobomba, una nodriza y nueve efectivos, así como los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, con 18 profesionales y varios vehículos de extinción y apoyo.

La evacuación preventiva de Molinos continúa vigente. Durante la tarde también han sido desalojadas las pedanías de La Cañadilla, con cinco personas evacuadas, y Cirugeda, con once. En total permanecen evacuadas 266 personas, de las que 115 pasarán la noche alojadas en los recursos habilitados en Alcorisa y Aliaga, mientras el resto permanece con familiares o por sus propios medios.

Permanecen igualmente en situación de preaviso Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader, mientras que continúan evacuadas las masías Mas de Andabe, Mas de la Viuda y Mas Torrecilla. La atención a la población desplazada se coordina con los servicios sociales de las comarcas afectadas, Cruz Roja, el 061 y el resto de servicios de emergencias.

El incendio se declaró el lunes por la tarde cerca del kilómetro 20 de la carretera A-1702, en el puerto de Majalinos. La zona ya resultó afectada por el devastador incendio de 2009, el más grave registrado en España ese año, que arrasó unas 7.300 hectáreas. Según el Gobierno de Aragón, esa circunstancia reduce la carga de combustible vegetal disponible, aunque no elimina el riesgo de propagación del fuego.

Como consecuencia del incendio permanecen cortadas la carretera A-1702, entre los puntos kilométricos 10 y 29, y la A-2403, entre el punto kilométrico 23,7, en el cruce con la carretera de Cirugeda, y el punto kilométrico 38, en Ejulve.

El incendio de Plan continúa activo

Por otro lado, el incendio forestal de Plan, en la comarca altoaragonesa del Sobrarbe, continúa activo y mantiene una superficie provisional estimada de entre 80 y 100 hectáreas, sin que haya aumentado el perímetro. La compleja orografía sigue condicionando las labores de extinción y dificulta el trabajo de los medios terrestres por el riesgo de caída de materiales.

Durante este martes han trabajado hasta siete medios aéreos y el objetivo es mantener un importante despliegue durante la jornada del miércoles, aunque el Gobierno de Aragón no espera que pueda darse por controlado a corto plazo debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Más de 7.800 aragoneses llevan más de seis meses esperando una operación en la sanidad pública. A 30 de junio eran 7.813 los pacientes que permanecían en lista de espera quirúrgica de larga duración, según los últimos datos publicados por el Departamento de Sanidad. Son 162 más que el mes anterior y 2.360 más que en febrero, lo que supone un incremento del 43,3% en apenas cuatro meses.

El dato también empeora respecto al año pasado. En junio de 2025 había 5.463 pacientes esperando desde hacía más de 180 días una intervención quirúrgica, de modo que en doce meses el aumento ha sido de 2.350 personas, un 43%.

Traumatología sigue siendo el principal cuello de botella, con casi 2.500 pacientes esperando una intervención tras medio año de espera. Le siguen Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 1.002 pacientes; Angiología y Cirugía Vascular, con 952; Otorrinolaringología, con 875; Urología, con 699, y Neurocirugía, con 662. Oftalmología registra 594 pacientes con esperas superiores a los seis meses.

La evolución del último mes refleja que los mayores incrementos se produjeron en Angiología y Cirugía Vascular, que sumó 133 pacientes respecto a mayo, y en Traumatología, con otros 110. También crecieron las listas de Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 56 personas más, y de Cirugía Pediátrica, con 37. Por el contrario, Oftalmología fue la especialidad que más redujo la demora, al registrar 158 pacientes menos que el mes anterior.

Con este dato se encadenan cuatro meses consecutivos de aumento: la lista de espera de más de seis meses aumentó en 571 pacientes durante marzo, en 880 durante abril y en otros 747 en mayo. Desde febrero, el número de personas que llevan más de medio año esperando una operación ha crecido en 2.360 pacientes.

El Departamento de Sanidad atribuye este aumento al impacto acumulado de la huelga convocada por organizaciones médicas contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Según explica, los paros han obligado a suspender más de 4.900 intervenciones quirúrgicas y han alterado la planificación de la actividad asistencial, lo que ha provocado un efecto que, sostiene, seguirá notándose durante los próximos meses, especialmente en el periodo estival.

El Ejecutivo aragonés defiende, además, que el plan extraordinario de dinamización de la actividad quirúrgica permitió reducir durante 2025 la lista de espera de larga duración cerca de un 27%, al pasar de 7.526 pacientes a 5.540. Asegura que esa evolución descendente se ha visto interrumpida por las jornadas de huelga y señala que, mientras persista esta situación, se seguirá priorizando la atención de los pacientes con patologías más graves o cuya demora tenga un mayor impacto en su calidad de vida.

Sanidad destaca también que el 34,4% de los pacientes que llevan más de 180 días esperando una intervención, un total de 2.684 personas, aguardan procedimientos que no requieren ingreso hospitalario. Asimismo, subraya que más de siete de cada diez intervenciones realizadas este año se han llevado a cabo antes de superar los seis meses de espera.

Por provincias, Zaragoza concentra la mayor parte de la lista de espera quirúrgica de larga duración, con 6.959 pacientes, seguida de Teruel, con 579, y Huesca, con 275. Respecto al mes anterior, el incremento fue de 139 pacientes en Zaragoza, de 12 en Teruel y de 11 en Huesca.

En cuanto a la evolución anual por especialidades, Angiología y Cirugía Vascular es la que experimenta el mayor incremento, al pasar de 181 pacientes en junio de 2025 a 952 este año. También aumentan de forma significativa Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 517 pacientes más; Traumatología, con 515, y Urología, con 257. Por el contrario, Otorrinolaringología es la especialidad que registra la mayor reducción interanual, con 247 pacientes menos que hace un año.

El incendio forestal declarado en el entorno del Ibón de Plan continúa presentando una evolución favorable, aunque las labores de extinción avanzan con mayor lentitud debido a la complejidad del terreno. La ubicación del fuego, en una zona de alta montaña y de muy difícil acceso, obliga a mantener un amplio despliegue de medios aéreos para continuar consolidando el perímetro y evitar posibles reactivaciones.

Durante la jornada de este lunes participan en el operativo cinco medios aéreos y tres brigadas de INFOAR, que centran sus esfuerzos en extinguir los puntos calientes que todavía permanecen activos. La evolución del incendio permite mantener una previsión optimista, si bien el dispositivo insiste en que los trabajos serán prolongados por las dificultades que presenta el terreno.

El consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que el incendio “sigue estando en la parte de arriba” de la montaña, por lo que “solamente podemos llegar a él por medios aéreos”. En este sentido, ha señalado que, aunque se trata de un incendio de pequeñas dimensiones, “puede que sea largo hasta que todos los puntos calientes puedan ser extinguidos”, ya que la prioridad es evitar cualquier reproducción del fuego.

El consejero también ha destacado el importante trabajo realizado por el operativo durante la jornada del domingo y ha confirmado que este lunes se mantiene el refuerzo de medios aéreos para seguir descargando agua sobre las zonas con actividad. El objetivo es consolidar el incendio y dar por finalizada la extinción en cuanto las condiciones del terreno lo permitan.

El incendio forestal de las Cinco Villas continúa estabilizado y mantiene una evolución favorable, lo que ha permitido autorizar este lunes el regreso de los vecinos de los cinco municipios evacuados: primero Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba y a última hora de la mañana, Orés y Asín. La decisión se ha adoptado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), después de una noche sin incidencias relevantes y sin reproducciones importantes dentro del perímetro.

El consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado a primera hora del día que únicamente se han detectado “reproducciones puntuales” en zonas interiores gracias a la vigilancia con drones de la UME y de la Guardia Civil. Además, ha destacado que todos los municipios recuperan la normalidad al disponer de agua, luz y el resto de servicios básicos.

La evolución favorable del incendio también permite iniciar la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que abandonará el operativo a lo largo de este lunes para desplazarse al incendio declarado en Guadalajara. No obstante, INFOAR y el resto de administraciones continúan trabajando sobre el terreno y el PROCINFO permanece activado en Situación Operativa 2, Nivel 2, hasta que finalice el proceso de realojo de todos los evacuados.

Durante la jornada seguirán actuando medios aéreos y terrestres sobre las fumarolas y puntos calientes que permanecen dentro del perímetro. Bermúdez de Castro ha señalado que la rápida propagación del fuego dejó numerosas zonas boscosas interiores sin quemar y que el operativo centra ahora sus esfuerzos en evitar reproducciones y preservar esas masas forestales. También ha anunciado que durante los próximos días continuará restringido el acceso al interior del perímetro por motivos de seguridad mientras trabajan autobombas y brigadas forestales.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que el acceso por las carreteras del perímetro del incendio está “restringido exclusivamente a las personas desalojadas, a los servicios de emergencia y a las empresas suministradoras de servicios esenciales”. Asimismo, ha solicitado a quienes regresen a sus municipios que permanezcan dentro del núcleo urbano, ya que el operativo continúa trabajando en la zona para garantizar la seguridad.

El incendio de las Cinco Villas ha quedado estabilizado este domingo tras cuatro días de intensa lucha contra las llamas. La Dirección de Extinción ha confirmado que el fuego ya no presenta frente activo y ha podido darse por estabilizado gracias a la evolución favorable de las últimas horas, marcada por unas condiciones meteorológicas más favorables y el intenso trabajo del operativo desplegado sobre el terreno.

La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), celebrada a primera hora de este domingo, ya había constatado la evolución favorable del incendio y que el trabajo realizado durante la noche había permitido mantener el perímetro sin cambios. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, aseguró entonces desde el puesto de mando avanzado de Farasdués que “hoy es el primer día que respiramos” desde que comenzó el incendio. Tras sobrevolar la zona junto al director de extinción, explicó que no habían observado llamas y que apenas permanecían algunas columnas de humo, aunque pidió mantener la prudencia ante el riesgo de reactivaciones.

El director de extinción para la jornada, Rafael González, calificó de “bastante alentadora y positiva” la situación respecto a días anteriores y explicó que los trabajos se centraban en consolidar el perímetro y vigilar las islas de vegetación que permanecen dentro de la zona afectada para evitar reproducciones.

Horas después, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, confirmó la estabilización del incendio y aseguró que se habían cumplido “las previsiones más optimistas” trasladadas durante la mañana. Según los últimos datos, el perímetro de la zona afectada alcanza las 15.700 hectáreas y 78 kilómetros, aunque la superficie realmente quemada se reduce a 14.400 hectáreas, de acuerdo con las imágenes del satélite Sentinel del programa Copernicus.

Aunque el incendio ha quedado estabilizado, el operativo continuará desplegado durante los próximos días para consolidar el perímetro, refrescar los puntos calientes y evitar posibles reactivaciones, con especial atención a los sectores 5 y 6. El Gobierno de Aragón no descarta iniciar una desmovilización progresiva de medios si la evolución continúa siendo favorable.

La estabilización abre además la puerta al regreso progresivo de los vecinos desalojados. Vaquero ha explicado que los habitantes de los cinco municipios evacuados podrán volver a sus casas una vez se compruebe el estado de las viviendas y de las infraestructuras afectadas, un proceso que se desarrollará durante los próximos días con la debida prudencia. Además, ha destacado que ninguno de los nueve municipios que permanecían en situación de alerta preventiva ha tenido que ser finalmente desalojado.

El presidente ha señalado que el Gobierno de Aragón ya trabaja en las ayudas para los afectados y en la tramitación de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, un procedimiento que comenzará a impulsarse con mayor intensidad a partir de este lunes.

El Gobierno de Aragón ha vuelto a pedir a la población que no se acerque al entorno del incendio para no entorpecer las labores de extinción y ha recordado que son falsos los mensajes difundidos en redes sociales en los que se solicita la incorporación de voluntarios al operativo.

El incendio del Ibón de Plan continúa bajo vigilancia

En el Pirineo oscense, el incendio del Ibón de Plan también ha evolucionado favorablemente durante la noche, si bien permanece activo. A primera hora de este domingo se localizó una zona con actividad provocada por la caída de material incandescente, sobre la que trabajan cuatro helicópteros.

Las características del terreno siguen dificultando la intervención de los medios terrestres. El valle permanece en situación de prealerta, aunque por el momento no ha sido necesario ordenar evacuaciones.

Por otro lado, el incendio de El Pueyo continúa estabilizado y el de Fiscal quedó extinguido este sábado.

El incendio declarado en la zona del Ibón de Plan sigue activo, aunque la cabeza y el flanco derecho ya han quedado contenidos. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el flanco izquierdo continúa avanzando, pero lo hace muy despacio, mientras que la superficie afectada se estima provisionalmente en unas 80 hectáreas.

Pese a esta evolución positiva, el operativo mantiene la vigilancia porque el material incandescente continúa rodando ladera abajo, lo que provoca nuevas carreras del fuego hacia cotas superiores y dificulta la estabilización del incendio. El consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que la complicada orografía favorece la caída de árboles, troncos y otros restos en llamas por la ladera, lo que genera nuevos problemas en la extinción. “Seguimos echando agua con medios aéreos, llegando a unos lugares donde va a estar saliendo llama, incluso llamaradas, pero también el incendio ha evolucionado bastante bien”, ha señalado. Los esfuerzos se concentran especialmente en el flanco izquierdo para impedir que las llamas alcancen un barranco que favorecería una mayor propagación por la ladera.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha explicado que el operativo concentra los medios en las zonas con mayor actividad y se anticipa a los posibles vectores de propagación para tratar de contener cualquier extensión de las llamas. En las labores de extinción participan tres medios terrestres y dos cuadrillas helitransportadas del operativo INFOAR, además de un avión anfibio ligero de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el incendio de Jánovas, en el término municipal de Fiscal, permanece estabilizado, aunque continúa presentando humeros y mantiene un elevado potencial de reactivación.

Bermúdez de Castro ha reconocido que este incendio sigue siendo uno de los que más preocupa al operativo. Ha recordado que se desarrolla en una zona de barrancos, con abundante pinar y de muy difícil acceso, donde los equipos llevan varios días trabajando. “No acaba de extinguirse y, por tanto, nos preocupa”, ha señalado.

Durante la jornada se seguirá actuando con medios aéreos sobre este incendio, ya que el acceso por tierra resulta prácticamente imposible, una circunstancia que dificulta notablemente las tareas de extinción pese a la evolución favorable registrada hasta el momento.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad, también para miles de zaragozanos. El encarecimiento del alquiler, las dificultades para emanciparse, el aumento de los desahucios o la irrupción de fondos de inversión y empresas de desocupación han situado el debate en el centro de la actualidad. Mientras las administraciones defienden medidas como la ampliación del parque público o los programas de vivienda asequible, el Sindicato de Inquilinas sostiene que esas políticas siguen sin atajar el problema de fondo. Dos portavoces del colectivo en Zaragoza, Paula Ríos y Teresa Lajusticia, analizan en esta entrevista la situación de la vivienda en la ciudad, cuestionan el modelo impulsado por las distintas administraciones, critican la actuación de la Sareb y defienden que el foco del debate no debería estar en la ocupación, sino en las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda digna.

Se habla mucho de la crisis de la vivienda, pero ¿qué tiene Zaragoza de diferente respecto a Madrid o Barcelona?

Paula Ríos: Zaragoza, por sus características, al no estar en el litoral y no ser una gran ciudad como Madrid o Barcelona, había estado algo menos tensionada hasta ahora. Sin embargo, estamos viendo que esa situación está cambiando: crece el turismo y también los precios de la vivienda, tanto de compra como, sobre todo, de alquiler. Esto afecta especialmente a la clase trabajadora, que cada vez tiene que destinar una mayor parte de su salario a poder acceder a una vivienda. Mientras tanto, los beneficios de los rentistas y de las empresas vinculadas al sector inmobiliario no dejan de aumentar. La vivienda no le está yendo mal a todo el mundo; hay una minoría que obtiene grandes beneficios a costa de que la mayoría viva peor.

¿Cuál dirían que es hoy el principal problema para acceder a una vivienda en la ciudad?

Teresa Lajusticia: Claramente, el precio. Vemos que, pese a que se sigue construyendo, los precios no dejan de subir, en los últimos diez años han aumentado un 80% y muchas personas destinan ya más del 50% de su salario al alquiler. Las administraciones justifican muchas de sus políticas en un supuesto aumento de la demanda, pero lo que vemos es que esas medidas acaban beneficiando siempre a los mismos. Un ejemplo es el acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para ceder suelo público a dos grandes empresas privadas que gestionarán esas viviendas durante 75 años. Se presentan como alquileres asequibles, pero hablamos de viviendas muy pequeñas con rentas de entre 450 y 500 euros, que siguen siendo difíciles de asumir para muchas familias. Al final son promociones que benefician a promotores y rentistas mientras los precios continúan subiendo.

Paula Ríos: Además, el problema no es solo que aumenten los precios. También está creciendo la infravivienda. Cada vez más personas se ven obligadas a aceptar viviendas de peor calidad, alquilar únicamente una habitación en lugar de un piso entero o compartir vivienda en condiciones de hacinamiento. Esa también es una consecuencia directa del encarecimiento de la vivienda.

¿Qué perfiles llegan al Sindicato? ¿Han cambiado en los últimos años? ¿Sigue siendo un problema sobre todo de jóvenes o cada vez afecta más a familias y trabajadores con empleo?

Paula Ríos: El eje central de nuestro análisis es la cuestión de clase. Evidentemente, también hay personas de clases medias que tienen dificultades para asumir las subidas del alquiler, pero quienes más sufren esta situación son quienes dependen exclusivamente de su trabajo para vivir. Dentro de ese grupo, la población migrante trabajadora encuentra todavía más obstáculos. No solo porque suele ocupar los empleos peor remunerados, sino también porque existe un racismo muy extendido que actúa como barrera para acceder al mercado del alquiler. También son especialmente vulnerables la juventud trabajadora, las mujeres y los hogares monomarentales.

¿Qué barrios de Zaragoza están sufriendo más tensión en estos momentos?

Paula Ríos: En el casco histórico se aprecia de forma muy clara, especialmente en zonas como la Magdalena o el Gancho, pero también lo estamos viendo en Las Fuentes y en otros barrios tradicionalmente obreros. En Delicias, por ejemplo, vemos una apuesta por transformar la imagen del barrio, incluso renombrando parte de la zona como “barrio del AVE”. Creemos que el Ayuntamiento está impulsando una estrategia para convertir Zaragoza en un reclamo turístico y eso pasa por expulsar poco a poco a la población trabajadora de sus barrios tradicionales para atraer a otro tipo de residentes.

El Ayuntamiento defiende que está aumentando el parque público de vivienda y programas como ALZA. ¿Es suficiente o creen que va en la dirección equivocada?

Teresa Lajusticia: Creemos que estos modelos siguen reproduciendo la misma lógica del mercado. Hace poco veíamos cómo Zaragoza Vivienda ejecutaba desahucios y también seguimos encontrando numerosos problemas en bloques gestionados por la Sareb. En el caso de la vivienda pública y protegida, o de programas como ALZA, muchas personas quedan excluidas porque se exige cumplir unos requisitos mínimos de ingresos o de empadronamiento que no todo el mundo puede acreditar. Hay familias con rentas muy bajas que ni siquiera pueden acceder porque se exige garantizar el pago del alquiler. Nuestra impresión es que el parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema. Un ejemplo es Casa 47, donde para acceder a las viviendas se exigen unos ingresos mínimos de 16.800 euros al año y, además, la gestión volverá a recaer en empresas privadas. Ese modelo deja fuera precisamente a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda.

El parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema

¿Funcionan realmente las ayudas al alquiler o solo sirven para sostener precios altos?

Paula Ríos: Cuando recibes una ayuda al alquiler parece que el dinero pasa por ti porque lo ingresas en tu cuenta, pero en realidad acaba en el bolsillo del rentista. A corto plazo puede suponer un alivio para quien la recibe, pero, a medio plazo, lo único que consigue es sostener unos precios que ya son inasumibles. Si el propietario sabe que vas a percibir una ayuda, tiene margen para seguir subiendo el alquiler. Que esto se presente como un gran avance es difícil de sostener. Puede haber diferencias entre las políticas de la izquierda y la derecha, pero el núcleo del problema sigue siendo el mismo.

Teresa Lajusticia: Además, muchas de esas ayudas no son universales. Para acceder a ellas hay que cumplir unos requisitos mínimos de ingresos que dejan fuera a parte de la población. Al final generan una brecha entre quienes pueden acceder a esas ayudas y quienes ni siquiera cumplen las condiciones para solicitarlas.

En los últimos meses han denunciado operaciones de fondos de inversión en algunos edificios de Zaragoza. ¿Qué consecuencias están teniendo para los vecinos?

Teresa Lajusticia: El caso más representativo es el de Aloy Sala, un fondo de inversión local que ha comprado 327 viviendas en el barrio de Tenerías, una zona que está inmersa en un claro proceso de transformación. A eso se suma la recalificación de los terrenos del antiguo complejo de Instalaza para construir 155 viviendas de mercado libre y otras actuaciones municipales, como el refuerzo del control policial en el Parque Bruil. Todo ello está teniendo consecuencias directas para el vecindario. Lo positivo es que muchas de esas personas comparten propietario y problemas similares, lo que está facilitando que se organicen junto al sindicato para defender sus derechos.

Paula Ríos: Hemos llamado puerta por puerta en ese barrio y hemos comprobado que alrededor de un tercio de las viviendas permanecen vacías. Mientras se insiste en que falta vivienda, vemos cómo se retienen pisos para rehabilitarlos y ponerlos más adelante en el mercado a un precio mayor. Es cierto que la propiedad inmobiliaria se está concentrando cada vez más en manos de grandes fondos, pero tampoco hay que olvidar el papel que siguen desempeñando los pequeños y medianos rentistas. De hecho, muchos de los conflictos que llegan al sindicato no tienen como propietario a un gran fondo de inversión.

¿Ha aumentado el número de personas que acuden al sindicato por riesgo de desahucio?

Paula Ríos: Sí. Tras el fin de la moratoria se han ido reactivando muchos procedimientos que habían quedado paralizados y la tendencia es claramente al alza. Además, cada vez quedan menos herramientas jurídicas a las que acogerse. En cuanto a los propietarios, nos encontramos de todo: desde personas que tienen una o dos viviendas hasta propietarios con cinco o diez inmuebles o grandes fondos. En realidad, los grandes caseros son menos frecuentes de lo que suele pensarse. Uno de los mayores propietarios es el propio Estado, que en muchos casos actúa con una lógica muy similar a la de una empresa privada.

En los últimos meses han sido muy críticos con la forma de actuar de la Sareb en Zaragoza. ¿Cuál dirían que es el principal problema que detectan?

Teresa Lajusticia: El principal problema es que la gestión de estas viviendas responde a la misma lógica de mercado que cualquier otro gran propietario. Además, está muy fragmentada: intervienen distintas empresas gestoras que no están coordinadas entre sí, de modo que muchas veces se inician procedimientos sin conocer la situación económica de las familias ni existe una negociación real. Todo es muy opaco y muchas personas ni siquiera saben a quién dirigirse. Nos hemos encontrado con familias que desconocían que su casero era la Sareb. Seguían pagando al antiguo propietario, cuando este llevaba años sin serlo tras entrar en bancarrota y ser absorbido. En la práctica, las lógicas son las mismas que las de cualquier gran tenedor.

Paula Ríos: La Sareb nació tras el rescate millonario a la banca después de la crisis de 2008 y se financió con dinero público. Sin embargo, ese dinero no está revirtiendo en garantizar el derecho a la vivienda, sino que muchas familias acaban siendo expulsadas de sus casas. En teoría existe un protocolo para atender a las personas vulnerables, pero los criterios nunca se han hecho públicos y son completamente opacos. Además, vemos que ni siquiera cumplen sus propios protocolos. Dividen a los vecinos entre quienes consideran merecedores de un contrato y quienes no, cuando la realidad es que ninguna de esas familias puede acceder hoy a una vivienda con los precios actuales. Nosotras siempre defendemos una negociación colectiva, pero la Sareb intenta negociar caso por caso porque así debilita la posición de las familias.

Teresa Lajusticia: Ahora mismo tenemos presentes al menos tres bloques completos de la Sareb en Zaragoza que han afrontado procedimientos de desahucio.

En el debate público se habla mucho de la ocupación ilegal. ¿Qué porcentaje de los casos que llegan al sindicato tienen que ver con ocupaciones y cuántos con problemas derivados del alquiler o los desahucios?

Paula Ríos: Los casos de ocupación son muchos menos de lo que se ha hecho creer. No tengo ahora mismo las cifras exactas, pero incluso se han reducido respecto al año pasado. Se ha construido un discurso basado en el miedo, impulsado por la extrema derecha, la patronal inmobiliaria y las empresas de seguridad, que también hacen negocio con esa preocupación. Se ha instalado el mito de que alguien puede ir a comprar el pan y encontrarse su casa ocupada, cuando eso no tiene ningún fundamento. Hay que distinguir entre el allanamiento de morada, que afecta a una vivienda habitada y se resuelve de forma inmediata, y la usurpación de una vivienda vacía, son situaciones completamente distintas. Al final, el debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda. La ocupación es una consecuencia de que haya personas que no pueden acceder a una casa. La mayoría de las ocupaciones se producen en viviendas de grandes propietarios. En cualquier caso, la mayoría de los conflictos que llegan al sindicato tienen que ver con alquileres, subidas de renta o desahucios, no con ocupaciones.

Teresa Lajusticia: Han conseguido que muchas personas de clase trabajadora empaticen más con la posibilidad de que ocupen la vivienda de un propietario que con el hecho de que una familia no pueda pagar el alquiler.

Paula Ríos: Si eres de clase trabajadora, tienes muchas más posibilidades de que te echen de tu casa que de que te la ocupen.

El debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda"

En las últimas semanas se ha conocido la denuncia de una familia de Zaragoza con contrato en vigor que asegura haber sufrido coacciones por parte de una empresa de desocupación. ¿Han tenido contacto con ese caso? ¿Es un episodio aislado o están viendo más situaciones similares?

Teresa Lajusticia: En los últimos meses estamos conociendo cada vez más casos de este tipo. Son empresas que, en nuestra opinión, operan al margen de la legalidad y que muchos pequeños propietarios contratan porque creen que así pueden acelerar los procedimientos y actuar con impunidad. En el caso del Arrabal vimos una clara connivencia con la actuación policial y las familias encontraron numerosas dificultades para tramitar sus denuncias.

Paula Ríos: Lo que buscan estas empresas es que la gente tenga miedo y termine marchándose. Creemos que la única manera de frenarlas es organizarse y plantar cara.

Teresa Lajusticia: En este caso concreto, conseguimos paralizar la actuación permaneciendo en la puerta de la vivienda y contactando con la propietaria. La intervención del sindicato permitió frenar el proceso, al menos de momento.

¿Qué medidas del Gobierno central consideran acertadas y cuáles creen que han fracasado?

Paula Ríos: La gran apuesta del Gobierno fue la Ley de Vivienda. Desde nuestro punto de vista, normaliza que los alquileres sigan subiendo, porque únicamente limita las subidas durante la vigencia del contrato, pero no cuando este finaliza. Se presentó como una gran victoria, pero creemos que los datos hablan por sí solos: durante el mandato del Gobierno de PSOE y Sumar se han alcanzado máximos históricos en el precio de los alquileres. Eso demuestra la ineficacia de sus políticas. Es cierto que han impulsado medidas dirigidas a determinados sectores, como algunos programas para facilitar la emancipación de jóvenes con cierta estabilidad económica, pero dejan fuera a una parte muy importante de la población.

Teresa Lajusticia: Las sucesivas prórrogas siguieron la misma lógica: son medidas temporales que van parcheando la situación sin afrontar el problema de fondo. Ha habido iniciativas que podrían haberse aprobado y no se hizo. Da la sensación de que se intenta contener el conflicto sin cambiar realmente el modelo.

Paula Ríos: Además, tanto gobiernos de izquierdas como de derechas han respondido con represión al movimiento por la vivienda. Lo vemos cuando se criminalizan las protestas o cuando se despliegan numerosos efectivos policiales para ejecutar un desahucio o desalojar una protesta. Un ejemplo es el caso de los 19 de CaixaBank en Zaragoza o la reforma del Código Penal que endureció las consecuencias de determinadas acciones del movimiento por la vivienda. Creemos que eso también retrata cuál ha sido la respuesta institucional.

Cuando una persona llega al sindicato porque no puede pagar el alquiler o afronta un desahucio, ¿qué ocurre?

Teresa Lajusticia: Hay personas que llegan de manera individual y, en menos ocasiones, grupos de vecinos que ya se han organizado previamente. Lo primero es compartir el caso en las asesorías colectivas y estudiar cómo convertir un problema individual en un conflicto colectivo. Cuando varias familias tienen el mismo propietario intentamos constituir un bloque en lucha, porque compartir intereses también aumenta la capacidad de presión. A partir de ahí combinamos herramientas jurídicas con la organización sindical.

Paula Ríos: La mayoría de la gente llega pensando que no puede pagar el alquiler por culpa suya y con un fuerte sentimiento de vergüenza. Lo primero que intentamos explicar es que no es un fracaso individual, sino el resultado de un sistema que expulsa a una parte de la población del acceso a la vivienda. Cuando entienden que ese problema también lo sufren otras personas, se genera una conciencia colectiva que permite organizar el conflicto. Más allá de resolver casos concretos, nuestro objetivo es conquistar derechos y avanzar hacia un modelo en el que la vivienda deje de ser una mercancía para convertirse en un derecho efectivo.

El incendio forestal declarado el miércoles en Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, continúa fuera de capacidad de extinción tras otra jornada de máxima complejidad para el operativo. Después de centrar los esfuerzos en la defensa de Luesia, donde las llamas han llegado a amenazar el casco urbano, la principal preocupación se traslada ahora a la evolución meteorológica durante la noche y la jornada del sábado. El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha advertido de que el dispositivo afronta las próximas horas con un “viento absolutamente loco”, cuyos continuos cambios de dirección podrían reactivar sectores que este viernes habían logrado consolidarse.

El incendio mantiene activada la Situación Operativa 2 del nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO). Aunque la superficie afectada continúa estimándose en unas 12.600 hectáreas, el Gobierno de Aragón calcula que podría situarse ya cerca de las 13.000, a falta de una actualización definitiva. El perímetro ronda los 60 kilómetros.

La defensa de Luesia ha marcado la tarde. Hasta la localidad se desplazaron efectivos de INFOAR, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos de las diputaciones de Zaragoza y Huesca y del Ayuntamiento de Zaragoza para proteger el casco urbano. El operativo ha conseguido evitar daños de consideración en el municipio y, salvo alguna paridera y otras afecciones menores en su entorno, las llamas no alcanzaron las viviendas.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ya había advertido horas antes de que el incendio seguía “activo” y “descontrolado” y que la prioridad continuaba siendo proteger a la población y los núcleos habitados.

Un millar de personas desalojadas

Permanecen evacuados Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo y Petilla de Aragón, con alrededor de 1.000 personas desalojadas. No se han decretado nuevos desalojos durante la jornada, aunque Longás, Biel y Lobera de Onsella permanecen en alerta ante la previsión meteorológica para las próximas horas. La medida implica que los ayuntamientos han sido avisados por si fuera necesario ordenar confinamientos o evacuaciones en función de la evolución del incendio.

Alrededor de un centenar de personas continúan realojadas en el polideportivo de Ejea de los Caballeros, mientras que el resto ha encontrado alojamiento por sus propios medios. Los residentes de los centros asistenciales de Orés, Asín y Luesia permanecen en la residencia Mimara de Zaragoza y cinco usuarios de Uncastillo continúan en la residencia Elvira Otal de Ejea.

En Asín siguen contabilizándose diez viviendas afectadas y una explotación de ganado caprino calcinada, mientras que el suministro eléctrico ya ha quedado restablecido en todas las localidades afectadas.

Más de 400 efectivos sobre el terreno

En las labores de extinción trabajan más de 400 efectivos y más de una veintena de medios aéreos. El dispositivo está integrado por recursos del operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y efectivos desplazados desde Navarra, Castilla y León, La Rioja y la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado este viernes el Puesto de Mando Avanzado de Farasdués, donde trasladó el apoyo del Gobierno a los vecinos afectados y agradeció el trabajo de todos los servicios de extinción. La ministra destacó la coordinación entre administraciones y aseguró que el Ejecutivo central mantendrá su apoyo “hasta la recuperación”.

La Guardia Civil mantiene vuelos de reconocimiento para detectar posibles personas en las inmediaciones del perímetro y durante la noche el Equipo PEGASO ha utilizado drones con cámaras térmicas para localizar puntos calientes y facilitar la planificación de los trabajos. Además, decenas de agricultores continúan colaborando con sus tractores en las labores de apertura y consolidación del perímetro.

Carreteras cortadas y máxima vigilancia

El incendio mantiene cortadas las carreteras A-1204, CV-813, A-1202, CV-841 y CV-628, mientras el suministro eléctrico ha quedado ya restablecido en todas las localidades afectadas.

La principal incertidumbre vuelve a estar en la evolución meteorológica. Bermúdez de Castro ha advertido de que durante las próximas horas y a lo largo del sábado se esperan continuos cambios en la dirección del viento, con el regreso del componente sur-sureste, además de altas temperaturas y baja humedad, unas condiciones que podrían reactivar sectores que este viernes parecían más estabilizados. El consejero ha pedido también a la población que evite desplazarse a la comarca de las Cinco Villas durante el fin de semana para no entorpecer el trabajo del operativo, ya que las carreteras permanecen ocupadas por numerosos vehículos de emergencias y maquinaria pesada.

El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Orés (Zaragoza) continúa fuera de control y amenaza ya el municipio de Uncastillo, donde durante la tarde se han vivido algunos de los momentos de mayor tensión de la jornada. El fuego mantiene evacuados Uncastillo, Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba, en la comarca de las Cinco Villas, y ha obligado además a desalojar Petilla de Aragón (Navarra) por la proximidad de las llamas. Según la última estimación del Gobierno de Aragón, el incendio ha calcinado cerca de 7.600 hectáreas y alcanza ya un perímetro de unos 60 kilómetros.

El consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido que la extinción continúa siendo “muy dificultosa” debido a las condiciones meteorológicas, marcadas por un fuerte viento de componente sur, altas temperaturas y una humedad muy baja. “Nos encontramos ante uno de los incendios forestales más graves y más complejos que ha tenido nuestra comunidad en los últimos años”, ha afirmado.

El momento de mayor tensión de la jornada se ha vivido en Uncastillo. Según ha explicado Bermúdez de Castro, el frente del incendio “ha pegado directamente en el pueblo”, aunque la rápida intervención de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, las brigadas de INFOAR, los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y, especialmente, la Unidad Militar de Emergencias (UME) permitió minimizar el impacto. El consejero ha asegurado que el casco urbano no ha sufrido daños y que, como mucho, se ha visto afectada alguna paridera situada en el entorno.

Según ha detallado el Gobierno de Aragón, la mayor parte de la superficie afectada corresponde a monte bajo y superficies agrícolas ya cosechadas. Durante toda la jornada el operativo ha concentrado sus esfuerzos en contener el avance del fuego y proteger los núcleos habitados, especialmente en la zona norte del incendio, donde el fuerte viento ha dificultado el control de las llamas.

El incendio mantiene evacuados cinco municipios aragoneses y también Petilla de Aragón, en Navarra. En total, el Gobierno estima que alrededor de un millar de personas han tenido que abandonar sus casas, aunque reconoce que la cifra real puede ser superior por la presencia de propietarios de segundas residencias y visitantes durante el verano, especialmente en localidades como Luesia. Los vecinos permanecerán desalojados hasta nuevo aviso. “Preferimos que la gente esté unos días más fuera de casa incómodamente que poner en riesgo su vida”, ha señalado Bermúdez de Castro, quien ha insistido en que no se permitirá el regreso hasta que exista una garantía absoluta de seguridad.

Por su parte, el director de Extinción del incendio, Alberto Mir, ha confirmado que no está previsto permitir la entrada de convoyes para que los vecinos puedan recoger pertenencias mientras persista el riesgo. “Consideramos que poner a los ciudadanos por los pueblos es ponerlos en riesgo y no queremos correr ese riesgo”, ha explicado.

El municipio más afectado continúa siendo Asín, donde el incendio alcanzó el casco urbano. El balance provisional se mantiene en diez viviendas afectadas, una de ellas destruida y otras con daños de distinta consideración. Además, las llamas han alcanzado varias explotaciones ganaderas de porcino y caprino. Bermúdez de Castro ha anunciado ayudas para los damnificados y ha lamentado que “hay muchos evacuados y algunos han perdido todo”.

El operativo desplegado continúa siendo el mayor movilizado este verano en Aragón. Durante la jornada han trabajado 22 medios aéreos, más de 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, además de brigadas de INFOAR, Bomberos de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Zaragoza, Guardia Civil, Cruz Roja, personal sanitario y más de un centenar de agricultores que han colaborado abriendo líneas de defensa con sus tractores.

El incendio mantiene cortadas seis carreteras: la A-1204, la CV-813, la A-1202, la CV-841, la CV-628 y otra vía de la zona afectada por el operativo. También se han registrado incidencias en el suministro eléctrico, aunque todos los municipios afectados cuentan ya con suministro gracias a la red o a grupos electrógenos instalados por Endesa.

Pese a la gravedad de la situación, el Gobierno de Aragón confía en que las próximas horas puedan abrir una “ventana de oportunidad” para el operativo. La previsión es que el viento amaine y role a componente norte o noreste, acompañado de un aumento de la humedad, unas condiciones que podrían favorecer las labores de extinción antes de la nueva subida de temperaturas prevista para el fin de semana.

Jorge Azcón llegó al Gobierno de Aragón en agosto de 2023. Desde entonces ha terminado una legislatura, ha adelantado las elecciones por primera vez en la historia de Aragón y solo ha conseguido sacar adelante unos presupuestos, los de 2024. En todo este tiempo, la educación ha sido uno de los asuntos que más debate político y social ha generado. El Departamento ha tenido tres consejeras distintas, pero muchas de las decisiones que han marcado estos casi tres años han seguido una misma dirección: la apuesta por la concertación del Bachillerato, la ampliación de la Formación Profesional en centros privados, el cierre de aulas públicas o las críticas de sindicatos y familias por la planificación educativa.

La primera consejera fue Claudia Pérez Forniés. Llegó al cargo con el inicio de la legislatura, pero su etapa quedó marcada por el conflicto de la escuela de Caneto. El Gobierno de PP y Vox defendió desde el principio que el centro funcionaba de forma irregular y trató de cerrarlo, pero la decisión desencadenó una fuerte movilización de las familias y una larga batalla judicial. El TSJA ordenó reabrir cautelarmente el colegio y el conflicto se prolongó durante meses. Incluso un incendio en una de las aulas volvió a situar el caso en el centro del debate. La resolución definitiva no llegó hasta después de la salida de Pérez Forniés del Gobierno: la justicia acabó avalando la postura del Ejecutivo y las clases se trasladaron a unos locales del municipio.

Su relevo llegó en julio de 2024 con Tomasa Hernández. Fue durante su etapa cuando el Gobierno impulsó las medidas que más contestación han generado dentro de la comunidad educativa. Bajo su mandato se anunció la concertación del Bachillerato —la principal batalla educativa de la legislatura—, se dio un impulso a la Formación Profesional concertada con proyectos como Distrito 7 y se autorizó una parte importante de la nueva oferta de grados superiores en centros privados. También comenzaron otros debates, como el de la extensión de las aulas de 0 a 3 años o los cambios en el modelo de escolarización.

Tras las elecciones del pasado febrero, Carmen Susín asumió la Consejería de Educación dentro del nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox. Llegó al cargo en mayo con buena parte de esos frentes todavía abiertos: el Bachillerato concertado pendiente de un recurso judicial, las críticas por la planificación de la FP y una escuela pública inmersa en protestas por el cierre de aulas, la reducción de profesorado y el aumento de ratios.

A pesar de los cambios al frente del Departamento, ha habido una figura que se ha mantenido durante toda la legislatura: el secretario general técnico. En su perfil de LinkedIn figura como director general en excedencia de uno de los centros que podían beneficiarse de la concertación del Bachillerato. La oposición ha cuestionado en varias ocasiones su continuidad y ha solicitado la documentación del expediente administrativo con el que se tramitó la medida, una petición que, asegura, todavía no ha obtenido respuesta.

El Bachillerato concertado, el gran símbolo de la legislatura

La propuesta de concertar el Bachillerato ha sido el principal símbolo de la política educativa del Gobierno de Jorge Azcón. El anuncio llegó en septiembre de 2025, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Entonces, el presidente defendió que era una medida “muy demandada por las familias” y anunció que entraría en vigor en el curso 2026-2027. Poco después se conoció el coste de la iniciativa: alrededor de siete millones de euros al año para concertar un nivel educativo en el que cada curso quedan libres unas 2.000 plazas en Aragón.

El proyecto quedó en pausa durante el invierno por la convocatoria de elecciones anticipadas del 8 de febrero. Durante ese periodo el Gobierno estaba en funciones, es decir, con sus competencias limitadas. Aun así, el 7 de abril la entonces consejera de Educación, Tomasa Hernández, aprobó la modificación de la orden de conciertos en el BOA, un paso que permitía concertar hasta 65 unidades de Bachillerato en alrededor de una veintena de centros educativos.

La decisión provocó una rápida contestación. La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, integrada por 17 organizaciones, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Al mismo tiempo, varios expertos en Derecho Administrativo advirtieron de que un Gobierno en funciones no podía aprobar una medida con impacto presupuestario como la concertación del Bachillerato.

Mientras el recurso seguía su curso, la comunidad educativa protagonizó una de las mayores movilizaciones de los últimos años. Durante tres días, una huelga afectó a colegios e institutos de toda la comunidad y culminó con manifestaciones en las tres capitales de provincia y en numerosos municipios aragoneses. La tensión llegó también a las Cortes de Aragón, donde un grupo de representantes de la escuela pública interrumpió el primer pleno de la legislatura lanzando octavillas desde la tribuna de invitados para protestar contra la concertación del Bachillerato, lo que obligó a suspender temporalmente la sesión.

El 10 de junio, ya con el nuevo Gobierno constituido, el TSJA acordó la suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato porque la orden se había aprobado cuando el Ejecutivo estaba en funciones. La decisión, de carácter provisional, fue recibida con satisfacción por las organizaciones que habían recurrido la medida, que la interpretaron como un respaldo a sus argumentos.

Pese al revés judicial, el Gobierno mantiene intacto su objetivo. Dos semanas después de la decisión del TSJA, Azcón anunció en las Cortes que volvería a impulsar la concertación del Bachillerato para el curso 2027-2028 con el objetivo de dotarla de “seguridad jurídica”. El presidente recordó que la medida figuraba tanto en el programa electoral del Partido Popular como en el acuerdo de gobierno firmado con Vox. “Queríamos cumplir con nuestra palabra. Queríamos ampliar derechos y que esas familias pudiesen tener la ayuda del Gobierno de Aragón”, defendió.

Distrito 7 y la expansión de la FP concertada

La Formación Profesional ha sido el otro gran frente de la política educativa del Gobierno de Azcón. Durante la legislatura, el Departamento ha ampliado la oferta de enseñanzas y una parte importante de los nuevos ciclos autorizados se impartirán en centros privados concertados, una decisión que también ha generado críticas por parte de sindicatos, organizaciones de familias y la oposición.

Uno de los proyectos más representativos ha sido Distrito 7, el centro de Formación Profesional impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la antigua fábrica de Giesa. Tras quedar desierto el concurso para gestionar el edificio, el consistorio adjudicó directamente la concesión al Grupo San Valero durante 30 años. Posteriormente, el Gobierno de Aragón autorizó siete ciclos formativos que comenzarán a impartirse en esas instalaciones. La adjudicación fue cuestionada por la oposición, que criticó tanto el procedimiento como la rapidez con la que se tramitó el expediente. La suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato acordada por el TSJA también obligó a retrasar un año la puesta en marcha del proyecto.

Más allá de Distrito 7, la ampliación de la oferta de Formación Profesional también ha reabierto el debate sobre la planificación educativa. Según la documentación oficial del Departamento de Educación para el curso 2026-2027, siete de los nueve nuevos grados superiores autorizados se impartirán en centros privados concertados. Entre ellos figuran titulaciones vinculadas al ámbito audiovisual, la animación o el marketing. Esa misma documentación recoge también modificaciones de la oferta en centros públicos, con supresiones de ciclos y cambios de turnos en distintos institutos.

La escuela pública, entre cierres de aulas y protestas

A lo largo de estos tres cursos, las protestas han llegado a decenas de centros educativos de las tres provincias. El cierre de aulas de Infantil, la supresión de vías, la reducción de profesorado, el aumento de las ratios o el estado de algunas instalaciones han protagonizado buena parte de las movilizaciones de la comunidad educativa.

Uno de los conflictos más repetidos ha sido el de la planificación escolar. Durante estos tres años, el Departamento de Educación ha autorizado el cierre de decenas de aulas de Infantil en colegios públicos, una decisión que ha provocado protestas de familias en distintos municipios. En algunos casos, como el del CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva o el Parque Europa de Utebo, las familias llegaron incluso a acudir a los tribunales para intentar frenar el cierre de vías. En las últimas semanas, además, FAPAR ha denunciado que estas decisiones están provocando un aumento de las ratios y dificultando la escolarización del alumnado que se incorpora fuera de plazo.

Las críticas también han llegado desde los sindicatos. En la negociación de los cupos para el próximo curso, CCOO y CGT denunciaron una reducción del profesorado asignado a los centros públicos. Ambas organizaciones sostienen que la disminución de efectivos repercute en los apoyos al alumnado, los desdobles y la atención a la diversidad, además de aumentar la carga de trabajo de los equipos docentes.

La conflictividad no se ha limitado a la planificación. Durante la legislatura también se han sucedido las denuncias por las altas temperaturas en las aulas, el deterioro de algunas infraestructuras —como el pabellón con amianto del CEIP María Moliner— o actuaciones polémicas como la sustitución de la histórica valla que separaba dos colegios públicos de Zaragoza. Este diario ha solicitado al Departamento de Educación una valoración sobre el balance de estas medidas y de las críticas recibidas, pero desde el Departamento han rechazado hacer declaraciones.

La presidenta de FAPAR, Vanesa Jiménez, hace un balance muy crítico de estos tres años. Considera que la sucesión de tres consejeras refleja una falta de estabilidad al frente del Departamento y sostiene que las principales decisiones han ido encaminadas a “reforzar la red concertada”. Entre ellas cita la concertación del Bachillerato, la apertura de nuevas enseñanzas, los cambios en la escolarización, el cierre de aulas y el aumento de las ratios.

La federación también cuestiona el reparto de las subvenciones destinadas a las asociaciones de familias. Denuncia que la ayuda que recibe FAPAR se ha reducido un 20% mientras la destinada a FECAPA, que agrupa a las asociaciones de madres y padres de la enseñanza concertada, se ha duplicado. Para Jiménez, esta diferencia “refleja una política educativa que, durante estos tres años, ha otorgado un mayor respaldo a la red concertada que a la escuela pública”.

El incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Peñarroya de Tastavins (Teruel) ha quedado estabilizado desde las 06.02 horas de este martes, después de calcinar unas 340 hectáreas. La evolución favorable del fuego ha permitido rebajar la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) al nivel 1 y desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque el Gobierno de Aragón ha decidido mantener desalojadas varias masías por el riesgo de que las llamas puedan reactivarse.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha insistido en que el incendio está “estabilizado, no apagado” y ha advertido de que “no podemos bajar la guardia”. Según ha explicado, las previsiones meteorológicas para este martes contemplan un aumento de las temperaturas, fuertes rachas de viento de componente sur-suroeste, superiores a los 50 kilómetros por hora, y la posibilidad de tormentas, unas condiciones que podrían favorecer reproducciones del fuego.

Por este motivo, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha decidido mantener los desalojos de las masías afectadas al menos durante toda la jornada de este martes. “Entendemos que la gente puede esperar un día más por su seguridad”, ha señalado Bermúdez de Castro, quien ha avanzado que, si la evolución continúa siendo favorable, los vecinos podrían regresar a sus viviendas este miércoles.

Sí se ha autorizado, no obstante, la reanudación de las obras en un hotel de la zona, aunque únicamente en las áreas situadas fuera del perímetro del incendio y bajo estrictas medidas de seguridad.

La mejora de la situación ha permitido retirar desde primera hora de la mañana a la UME, mientras que el operativo mantiene desplegadas ocho brigadas del INFOAR para extinguir los rescoldos y vigilar posibles rebrotes. El consejero ha explicado que dentro del perímetro todavía existen numerosos puntos sin quemar o con combustión latente, por lo que será necesario continuar con las labores de vigilancia antes de poder dar el incendio por controlado.

Durante la pasada noche han trabajado sobre el terreno más de 150 efectivos, entre ellos 12 brigadas terrestres, 11 autobombas y tres bulldozer del operativo INFOAR, además de medios de la UME, los bomberos de las diputaciones provinciales de Teruel y Castellón, Guardia Civil, Protección Civil y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional.

El incendio, declarado el pasado domingo en una zona de alto valor ecológico próxima a los Puertos de Beceite, obligó a activar el nivel 2 de emergencia del PROCINFO, movilizar a la UME, desalojar varias masías y un hotel, enviar un mensaje ES-Alert a los vecinos de cuatro municipios y cortar la carretera A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo.

Además, el Gobierno de Aragón permanece atento a la evolución meteorológica ante la previsión de tormentas durante la tarde. Bermúdez de Castro ha advertido de que, si estas fueran secas y acompañadas de aparato eléctrico, podrían originar nuevos incendios o provocar reactivaciones del ya estabilizado, por lo que ha apelado a mantener la prudencia hasta que el fuego pueda darse definitivamente por controlado.

El incendio forestal de Peñarroya de Tastavins (Teruel) continúa activo y sin controlar después de haber afectado ya a unas 300 hectáreas, una superficie que el Gobierno de Aragón mantiene como estimación provisional. La evolución del fuego sigue siendo favorable y el avance del perímetro durante las últimas horas ha sido “muy leve”, aunque el Ejecutivo autonómico mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) ante la previsión de un cambio de viento durante la tarde.

Así lo han señalado este lunes el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro. Ambos han coincidido en que la evolución del incendio durante la noche ha sido favorable gracias al intenso trabajo del operativo, aunque han insistido en que el fuego continúa activo y que las próximas horas serán decisivas para consolidar el perímetro. Azcón ha pedido “prudencia” y ha recalcado que el incendio “ni está estabilizado ni mucho menos controlado”.

Aunque las condiciones de la noche han permitido avanzar en las tareas de extinción, Bermúdez de Castro ha advertido de que “el incendio aún no está controlado” y de que “hay alguna zona del incendio que aún nos preocupa bastante”, especialmente el flanco derecho.

El principal objetivo del operativo es evitar que las llamas crucen un arroyo situado en ese sector, ya que ello supondría su entrada en una amplia masa forestal. “Intentamos por todos los medios que no salte ese arroyo”, ha explicado el consejero, quien ha precisado que, de producirse, el incendio alcanzaría una extensa superficie de pinar de difícil acceso.

Además del flanco derecho, las zonas norte y este concentran la mayor preocupación de los equipos de extinción. Bermúdez de Castro ha detallado que el incendio está ya perimetrado por el flanco izquierdo y por la parte sur, pero “el flanco derecho y la parte norte no están ni mucho menos perimetrados”, por lo que es ahí donde se concentran los esfuerzos de la UME, las brigadas forestales y los medios aéreos.

En la misma línea, el director de extinción del INFOAR, Rubén Hernández, ha explicado que los trabajos se centran en asegurar el perímetro antes del empeoramiento de las condiciones meteorológicas y ha evitado hacer una valoración definitiva hasta el final de la jornada. “A última hora de la tarde es cuando podremos hacer una valoración más realista”, ha señalado, al considerar que el periodo de mayor riesgo se concentrará entre las cinco y las seis de la tarde.

Las próximas horas continúan siendo determinantes por la evolución de la meteorología. El operativo permanece muy pendiente del cambio de viento previsto hacia componente sur-sureste, que podría intensificarse durante la tarde y comprometer la estabilidad del perímetro. Los esfuerzos siguen concentrados en el flanco derecho (sector 2), donde trabaja la mayor parte de los medios aéreos y terrestres por el riesgo de que el incendio pueda afectar a los Puertos de Beceite.

A la complejidad meteorológica se suma la dificultad del terreno. Según ha explicado Bermúdez de Castro, el incendio afecta a “una zona de alto valor ecológico, con muchísimo pino, muchísimo bosque, bosque frondoso y cerrado”, además de barrancos y áreas de complicado acceso para los medios terrestres.

En estos momentos trabajan sobre el terreno medios del operativo INFOAR, con cinco brigadas helitransportadas y sus helicópteros, un helicóptero de coordinación, once brigadas terrestres, doce autobombas y dos bulldozer. A ellos se suman una BRIF de Prado de los Esquiladores (Cuenca), un avión ACO y un helicóptero medio del Ministerio para la Transición Ecológica, además de medios de las diputaciones de Teruel y Castellón y una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), integrada por 40 efectivos, seis autobombas, una nodriza y un bulldozer.

Por el momento no se prevén afecciones directas sobre núcleos habitados. Azcón ha señalado que el riesgo para los municipios cercanos es “muy bajo”, aunque ha recordado que “el riesgo cero no existe”. Se mantiene el desalojo de varias masías y de un hotel de la zona, así como el corte de la carretera A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo.

El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins ha recomendado a los vecinos salir únicamente si es imprescindible y mantener puertas y ventanas cerradas debido al humo.

Respecto al origen del incendio, Bermúdez de Castro ha señalado que la investigación corresponde al SEPRONA y ha descartado que fuera provocado por una cosechadora, aunque ha indicado que el foco se localizó en el entorno de una actividad económica sin que todavía pueda determinarse la causa exacta. Azcón ha pedido prudencia y ha insistido en que será la Guardia Civil la que determine el origen cuando concluyan las pesquisas.

El incendio forestal declarado este domingo en Peñarroya de Tastavins (Teruel) ha obligado a desalojar varias masías, un hotel y una boda con una veintena de asistentes italianos, mientras el Gobierno de Aragón mantiene activado el nivel 2 de emergencia del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO). El fuego, que permanece activo, ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ya ha calcinado entre 300 y 350 hectáreas, según las primeras estimaciones.

El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que el aviso se recibió sobre las 15:42 en una zona del Barranco de la Virgen, un entorno de alto valor ecológico y “quizás de los más complejos” de Aragón para combatir un incendio forestal, debido a su relieve, la masa boscosa y las fuertes rachas de viento del sur que soplaban durante la tarde.

Ante la evolución del fuego, Protección Civil envió un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de Peñarroya de Tastavins, Monroyo, Fuentespalda y Ráfales, en el que se recomendaba permanecer en un lugar seguro, protegido del humo, y no abandonar las viviendas por iniciativa propia, sino esperar las instrucciones de la Guardia Civil, Protección Civil o las autoridades locales. Bermúdez de Castro ha señalado que el sistema “ha funcionado bastante bien”.

El consejero ha detallado que, en coordinación con los alcaldes y las fuerzas de seguridad, se evacuaron varias masías dispersas, un hotel de la zona y una boda en la que participaban una veintena de ciudadanos italianos. Todos ellos fueron reubicados sin que fuera necesario habilitar alojamientos de emergencia.

En el operativo participan medios del INFOAR, entre ellos brigadas helitransportadas, brigadas terrestres, autobombas y maquinaria pesada, además de recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la BRIF de Daroca, medios de la Comunidad Valenciana y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que trabajarán durante la noche junto al resto del dispositivo.

Asimismo, permanece cortada la carretera A-1414 entre Monroyo y Fuentespalda, mientras el Puesto de Mando Avanzado coordina las labores de extinción.

Bermúdez de Castro ha indicado que la principal preocupación se centra ahora en el flanco derecho del incendio, el más próximo a los Puertos de Beceite, donde existe un barranco que los equipos intentarán aprovechar para evitar que las llamas lo sobrepasen. Pese a que el incendio continúa siendo “preocupante”, ha afirmado que la situación es mejor que durante las primeras horas de la tarde y ha mostrado cierto optimismo por la previsión meteorológica, ya que se espera una notable disminución del viento durante la madrugada y la jornada del lunes.

Sobre el origen del incendio, ha precisado que todavía se investiga, aunque las primeras hipótesis apuntan a trabajos realizados en una explotación, posiblemente relacionados con un transformador, un grupo electrógeno u otra maquinaria, descartándose por el momento que haya sido provocado por un rayo o por una cosechadora.

Los numerosos rescates registrados en los últimos días en el Pirineo han vuelto a poner sobre la mesa un problema recurrente: la falta de preparación con la que algunos montañeros afrontan rutas de alta montaña. La presencia de neveros en los tresmiles sigue siendo habitual al inicio del verano, pero muchos excursionistas emprenden estas ascensiones sin el material necesario para progresar con seguridad. La situación ha sido denunciada por el montañero Jorge Alcaraz en un vídeo difundido en redes sociales tras completar la ascensión al Taillón. “Hay muchísima gente haciéndolo sin crampones, sin material; se están cayendo”, explica. Según relata, permaneció un rato observando el paso de otros montañeros y comprobó que eran muy pocos los que utilizaban el equipo adecuado para superar los neveros.

“Llego a mi casa y me encuentro con la noticia del aluvión de rescates en el Pirineo”, añade en el vídeo, antes de lanzar un mensaje de prevención dirigido a quienes planean salir a la montaña este verano. Entre sus recomendaciones figura llamar previamente al refugio de la zona para conocer el estado de la ruta. “Yo pregunté si eran necesarios los crampones y me dijeron que sí, además de explicarme cómo estaba el recorrido”, explica. También aconseja consultar la previsión meteorológica el mismo día de la actividad, comunicar a alguien el itinerario previsto y no sobreestimar el propio nivel físico o técnico. Además, recuerda que a esas altitudes todavía queda nieve, a pesar de que estemos en verano.

Ese mensaje coincide con las recomendaciones de Montaña Segura, la campaña impulsada por el Gobierno de Aragón, la Guardia Civil y la Federación Aragonesa de Montañismo, que recuerda que la presencia de nieve en recorridos de media y alta montaña del Pirineo al inicio del verano es completamente habitual y está detrás de un importante número de los rescates con traumatismos graves que se producen en estas fechas. Además, advierte de que esos neveros muchas veces ni siquiera son visibles desde el fondo del valle, lo que puede llevar a muchos excursionistas a infravalorar el riesgo antes de iniciar la ascensión.

Por ello, insiste en que, si existe la posibilidad de encontrar nieve durante la ruta, es imprescindible llevar crampones y piolet y, sobre todo, saber utilizarlos correctamente. Los bastones, recuerda la campaña, no sustituyen al piolet para detener una caída sobre un nevero, mientras que el uso del casco es altamente recomendable para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Montaña Segura también subraya que no cualquier calzado sirve para colocar crampones y aconseja utilizar botas adecuadas, preferiblemente impermeables, ya que la nieve en esta época del año suele estar muy húmeda. Asimismo, insiste en la importancia de contar con formación específica para progresar sobre nieve, ya que el uso de este material requiere práctica y conocimientos técnicos.

La campaña también llama la atención sobre otros riesgos propios de estas semanas, como los puentes de nieve que todavía pueden cubrir barrancos y ríos. Con el aumento de las temperaturas, estas estructuras pueden debilitarse y colapsar al paso de los montañeros. Del mismo modo, el deshielo, unido al calor o a las tormentas, puede provocar un incremento rápido del caudal de ríos y barrancos, haciendo que pasos que por la mañana resultan sencillos se conviertan en peligrosos apenas unas horas después.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Arancha Simón (Vox), ha descartado que el Gobierno de Aragón subvencione el 100% del coste de los hidrantes para los pequeños propietarios de la Comunidad V de los Riegos de Bardenas, una medida que el propio grupo parlamentario de Vox impulsó en las Cortes de Aragón el pasado año y que fue aprobada por la Cámara. La responsable del Departamento rechazó esa posibilidad durante el pleno de las Cortes celebrado el pasado 26 de junio, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Teresa Ladrero, quien le pidió que aclarara si el Ejecutivo pensaba cumplir el acuerdo parlamentario y consignar una partida para financiar íntegramente el coste de los hidrantes.

Simón defendió que la modernización del Sector V de Bardenas constituye “una actuación de interés general”, financiada con fondos Next Generation, y aseguró que el coste que deberán asumir los propietarios asciende a 144 euros por hectárea durante 25 años, una cantidad que calificó de “asumible”, “razonable” y “muy inferior” a la de otras modernizaciones ejecutadas en las últimas décadas.

La consejera sostuvo además que la Comunidad de Regantes “no ha pedido esta ayuda” y afirmó que la única petición trasladada al Gobierno fue mantener las acequias mientras avanzaban las obras, una demanda que, según indicó, sí se ha atendido.

En su segunda intervención fue más allá y justificó el rechazo a la subvención alegando que supondría un trato desigual respecto a otros procesos de modernización de regadíos. “No vamos a crear excepciones arbitrarias porque alguien quiera reabrir debates que ya están resueltos”, afirmó. “Si empezamos a financiar el 100% del hidrante en una zona, ¿qué les vamos a decir a los que ya han pagado su parte en otras zonas? No tendríamos dinero para pagar a todos el hidrante al 80%”, añadió.

De una ayuda del 100% a descartarla desde el Gobierno

La posición contrasta con la que defendió Vox hace poco más de un año. En abril de 2025, el grupo parlamentario registró una proposición no de ley en la que reclamaba que el Gobierno de Aragón garantizara que los pequeños propietarios de la Comunidad V de los Riegos de Bardenas no tuvieran que asumir el coste de los hidrantes mediante una línea de subvenciones que cubriera el 100% de esos gastos.

En la exposición de motivos, Vox argumentaba que obligar a los pequeños agricultores a asumir ese desembolso podía comprometer la viabilidad de las explotaciones familiares, favorecer el abandono de tierras y abrir la puerta a la entrada de grandes fondos de inversión. También defendía que el Ejecutivo autonómico debía asumir íntegramente ese coste para evitar la “ruina” de los pequeños propietarios.

La iniciativa salió adelante el 5 de mayo de 2025 en la Comisión de Agricultura de las Cortes, que instó al Gobierno de Aragón a desarrollar una línea de ayudas que cubriera el 100% del coste de los hidrantes para los pequeños propietarios de la Comunidad V de los Riegos de Bardenas.

El PSOE acusa a Vox de incumplir su compromiso

Durante el debate parlamentario, la diputada socialista Teresa Ladrero reprochó a la consejera el cambio de posición de su partido. Recordó que Vox se comprometió públicamente con parte de los regantes a financiar el coste de los hidrantes y sostuvo que ahora mantiene el discurso contrario desde el Gobierno.

“Se comprometieron con una parte de los regantes a subvencionar el 100% del coste del hidrante y ahora dicen lo contrario”, afirmó la parlamentaria, quien pidió al Ejecutivo que incorpore una partida específica en los presupuestos de 2027 para cumplir el acuerdo aprobado por las Cortes.

La respuesta de la consejera fue que aquella propuesta respondía a “un debate electoral que ya pasó” y defendió que el Ejecutivo debe aplicar los mismos criterios en todos los procesos de modernización de regadíos, sin establecer ayudas específicas para una única comunidad de regantes.

La caída de una parte del falso techo de la cocina del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, conocido como Hospital Provincial, ha obligado a clausurar estas instalaciones de forma temporal y a trasladar desde el Hospital Miguel Servet todas las comidas destinadas a los pacientes ingresados. La reorganización del servicio ha despertado la preocupación de trabajadores del centro, que cuestionan las condiciones en las que se está realizando el transporte de los alimentos.

El desprendimiento se produjo alrededor de las 17:00 del pasado sábado, según ha confirmado el Departamento de Sanidad. La incidencia no causó daños personales, pero obligó a dejar fuera de servicio la cocina “como medida preventiva y para garantizar la seguridad alimentaria”. Desde esa misma noche, el Hospital Miguel Servet asumió la elaboración de las cenas y continúa suministrando también los desayunos y las comidas mientras se prolonguen las reparaciones.

Sin embargo, fuentes internas del Hospital Provincial aseguran que las aproximadamente 55 comidas que se trasladaban los primeros días en vehículos del Servicio Aragonés de Salud que, según sostienen, “no disponen de refrigeración”. Ahora, se trasladan en furgonetas sin rotular. Esta circunstancia ha generado inquietud entre parte del personal, que teme que pueda verse comprometido el mantenimiento de la cadena de frío durante el transporte, teniendo en cuenta la ola de calor que atraviesa la ciudad.

El Departamento de Sanidad, por su parte, insiste en que el cierre de la cocina se acordó precisamente para “garantizar la seguridad alimentaria” y asegura que, gracias al trabajo coordinado de los servicios de Mantenimiento, Hostelería y Celadores, entre otros profesionales, la asistencia a los pacientes y el servicio de comidas se han desarrollado “con total normalidad”. Explican que la comida se traslada caliente, tras cocinarla en el Servet y se traslada en arcones isotérmicos para que mantengan la temperatura, “tal y como marca la normativa”.

Además, recuerda que la cocina del Hospital Provincial se encuentra en un edificio histórico y señala que su renovación ya está incluida en el Plan de Obras del Servicio Aragonés de Salud, aunque no concreta cuándo se ejecutarán esos trabajos. Las fuentes consultadas sostienen, no obstante, que las instalaciones arrastran problemas desde hace años y afirman que la cocina trabaja “en precario”. Según indican, hace aproximadamente un año se elaboró un proyecto para reformarla, aunque finalmente no llegó a materializarse.

Durante meses, Vox ha sostenido desde el Gobierno de Aragón que la comunidad no podía asumir la llegada de más menores migrantes no acompañados. Ha defendido que los centros estaban saturados, ha impulsado medidas como el refuerzo de la seguridad en estos recursos y ha llegado a acusar a los medios de comunicación de ocultar información sobre este colectivo. Sin embargo, los registros oficiales dibujan una realidad distinta. A 30 de junio de 2026, Aragón tutela a 238 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es. La cifra equivale a un menor por cada 6.000 habitantes y sitúa a la comunidad al 50% de la capacidad ordinaria que el Estado considera necesaria para atender a este colectivo.

El pasado 29 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la capacidad estructural de acogida que corresponde a cada comunidad autónoma en aplicación del Real Decreto-ley 2/2025, la norma que regula la respuesta ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. En el caso de Aragón, esa capacidad se fijó en 476 plazas. Con los 238 menores que tutela actualmente, el sistema autonómico se encuentra lejos de ese límite.

Los registros oficiales muestran, además, que la entrada en vigor del nuevo modelo de reparto apenas ha modificado la situación en Aragón. Antes de la aprobación del Real Decreto-ley, a comienzos de 2025, la comunidad acogía a 218 menores migrantes no acompañados. Un año y medio después son veinte más, una evolución que contrasta con el discurso sobre una supuesta sobresaturación del sistema mantenido por el Ejecutivo autonómico.

A ello se suma la financiación transferida por el Estado para atender a estos menores. El Gobierno central destinó el pasado año 3.258.150 euros extraordinarios a Aragón y este martes aprobará un nuevo reparto de 577.083 euros para reforzar la atención a la infancia migrante no acompañada.

Meses de ofensiva contra los menores

Las cifras llegan después de meses en los que Vox ha situado a los menores migrantes en el centro de su estrategia política desde su entrada en el Gobierno de Aragón. El partido ha defendido reiteradamente que los centros de acogida estaban saturados y ha endurecido progresivamente su discurso contra este colectivo. En mayo, el Ejecutivo anunció, a petición de Vox, un refuerzo de la seguridad en los centros específicos para menores migrantes no acompañados. La medida fue criticada por organizaciones sociales y profesionales del sistema de protección, que consideraron que contribuía a estigmatizar a estos adolescentes y recordaron que las competencias sobre estos recursos corresponden al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Semanas después, el vicepresidente Alejandro Nolasco presentó un paquete de medidas centradas en este colectivo, entre ellas la realización de pruebas forenses para determinar la edad de quienes generaran dudas sobre su documentación o el impulso de retornos a sus países de origen, pese a que la comunidad autónoma carece de competencias para ello. Durante esa comparecencia mezcló datos de delincuencia general con cifras sobre menores extranjeros para tratar de establecer una relación entre inmigración y violencia y llegó a cuestionar la edad de una niña de nueve años, asegurando que podría tener 13, una circunstancia que, en cualquier caso, no alteraría su condición de menor no acompañada.

La escalada continuó cuando el portal oficial de información del Gobierno de Aragón difundió una noticia sobre un menor migrante investigado por una agresión sexual, una utilización de los canales institucionales que fue criticada por entidades sociales y juristas por considerar que contribuía a señalar a un colectivo especialmente vulnerable. Posteriormente, Nolasco volvió a cargar contra los medios de comunicación aragoneses, a los que acusó de no informar sobre los menores migrantes “porque están a la orden de determinados partidos políticos”. Ese mismo día presentó un documento con el que trató de sostener la relación entre inmigración y delincuencia, un informe que posteriormente fue respaldado por el presidente aragonés, Jorge Azcón.

Ese documento agrupaba en una misma categoría menores detenidos, investigados, denunciados, sometidos a medidas judiciales, implicados en incidentes ocurridos dentro de centros de protección o incluidos en expedientes internos, pese a tratarse de situaciones con consecuencias jurídicas muy diferentes. Tampoco explicaba los criterios de selección de los casos, no contextualizaba esas cifras respecto al conjunto de los cerca de 1.700 menores tutelados por el sistema aragonés y utilizaba conceptos que no existen en el ordenamiento penal español. Especialistas consultados por este periódico advirtieron por ello de que las conclusiones del documento debían interpretarse con cautela.

Pese a esas objeciones, Azcón respaldó públicamente a su vicepresidente cuando fue preguntado por la polémica en las Cortes de Aragón. El presidente aseguró que apoyaba a todos los miembros de su Gobierno “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad”. Todo ello mientras el Ejecutivo autonómico mantiene su rechazo al modelo estatal de reparto de menores migrantes y ha recurrido judicialmente distintos aspectos de la norma.

El debate político ha coincidido, además, con las críticas de profesionales del sistema de protección de menores, aunque por motivos diferentes. Trabajadores y entidades sociales llevan meses denunciando que el Ejecutivo autonómico ha reducido recursos propios destinados a la protección de la infancia con el cierre de tres centros y la pérdida de unas 70 plazas en los últimos años. A su juicio, los problemas del sistema responden a decisiones de gestión y no al número de menores migrantes tutelados por la comunidad.

Los datos nacionales tampoco respaldan otra de las principales tesis defendidas por PP y Vox: la existencia de un supuesto “efecto llamada” provocado por el nuevo sistema de reparto. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso elDiario.es Aragón, actualmente hay menos de 14.000 menores migrantes no acompañados en el sistema de protección español, la cifra más baja desde julio de 2024. A finales de 2024 y comienzos de 2025 el número llegó a superar los 16.000, pero desde entonces la evolución ha sido descendente de forma prácticamente continuada. En el último año, más de un millar de adolescentes han abandonado el sistema tras alcanzar la mayoría de edad. Los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración apuntan, además, que el 62% de las personas extuteladas figuraba afiliado a la Seguridad Social en junio de 2025, un indicador de su incorporación al mercado laboral tras abandonar el sistema de protección.

La titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza ha acordado nombrar un administrador concursal para la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, el principal ente gestor de Etopia, con el fin de revisar su gestión antes de dar por concluido el concurso de acreedores. Será el encargado de analizar si existen indicios de posibles irregularidades o responsabilidades que justifiquen continuar con el procedimiento.

La decisión llega después de que los trabajadores de la fundación, que representan más del 5% de la deuda de la entidad, solicitaran el nombramiento de un administrador concursal. La jueza ha designado para esa labor a Castillero Auditores SLP, que dispondrá de un mes desde la aceptación del cargo para elaborar un informe.

Ese informe deberá determinar si existen indicios de que durante la gestión de la fundación se realizaron actuaciones que perjudicaron a los acreedores, si procede reclamar responsabilidades a sus administradores o liquidadores o si el concurso reúne las condiciones para seguir una tramitación distinta. El auto no concluye que existan esas circunstancias, sino que encarga al administrador concursal comprobar si hay indicios suficientes para ello.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha expresado que no es patrono de la Fundación desde marzo 2024 y que la salida se realizó “cumpliendo la ley, igual que se seguirá haciendo ante cualquier paso judicial que pueda llegar hasta el consistorio”.

La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento fue el instrumento del Ayuntamiento de Zaragoza para gestionar Etopia y desarrollar proyectos de innovación financiados, en buena parte, con fondos europeos. En 2024 el Gobierno de la ciudad canceló la programación cultural de este espacio. Esta fundación ha terminado en concurso de acreedores tras dos años marcados por la devolución de proyectos europeos, la pérdida progresiva de personal, impagos a la plantilla y el desmantelamiento de parte de su actividad cultural y tecnológica. Los trabajadores que todavía continúan vinculados al proyecto sostienen que la situación actual no responde a una quiebra sobrevenida, sino a una estrategia de “abandono deliberado” para conducir a la entidad a la ruina.

El juzgado declaró inicialmente el concurso al considerar que la fundación no disponía de patrimonio suficiente para hacer frente a sus deudas. En ese primer auto también entendió que la entidad no tenía trabajadores en plantilla, aunque semanas después rectificó esa circunstancia al comprobar que sí los había. Ese cambio permitió a los empleados solicitar el nombramiento de un administrador concursal, posibilidad que prevé la Ley Concursal cuando representan al menos el 5% del pasivo.

La situación de la fundación ha estado rodeada de polémica desde su cierre. CCOO advirtió de que la renuncia a seis proyectos europeos podía obligar al Ayuntamiento de Zaragoza a devolver cerca de 700.000 euros de financiación comunitaria, mientras que los trabajadores denunciaron que el proceso de liquidación se llevó a cabo dejando proyectos sin ejecutar y con deudas pendientes.