La cruz del Aneto, situada en la cima del pico más alto de los Pirineos, podría haber desaparecido. Así lo han comunicado varios guías de montaña al Ayuntamiento de Benasque, que a su vez lo ha denunciado ante del GREIM de la Guardia Civil.

El alcalde de la localidad, Manuel Mora, ha explicado a este diario que tienen constancia de que la cruz permanecía en su sitio tras las fuertes rachas de viento que se registraron hace unas semanas. Por el momento, permanecen a la espera de la investigación de la Guardia Civil, que no ha confirmado la desaparición.

En agosto de 2025, la cruz volvió a la cima del Aneto tras dos años de restauración. La cruz original, instalada en 1951 por el Centro Excursionista de Cataluña con la ayuda de montañeros de todo el país, había sufrido los daños del tiempo. Se encontraba partida, con menor altura y cada vez más dañada por la costumbre de muchos montañeros de subirse sobre ella para hacerse fotos. En septiembre de 2023 se desmontó en cuatro partes para su restauración, que ha sido realizada por el herrero Miguel Ángel Plaza, de Villanova, localidad del mismo valle que acoge al Aneto.

Finalizada la restauración, la cruz fue expuesta durante el verano de 2024 en el Palacio de los Condes de Ribagorza, en Benasque. El 6 de agosto, tras semanas de espera por la meteorología, a las 6:00 de la mañana, un equipo del GREIM de Benasque partía hacia el Aneto. Una hora más tarde, el helicóptero de la Guardia Civil entregaba la cruz restaurada, de más de tres metros de altura y unos 100 kilos de peso.

Los centros especiales de empleo (CEE) están diseñados para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo, existen voces que denuncian prácticas “abusivas” que incrementan la “discriminación” laboral y salarial de este colectivo. Es el caso de Jesús —nombre ficticio—, un trabajador de uno de estos centros en Zaragoza.

Jesús lleva tres años empleado en el sector servicios mediante un CEE con ánimo de lucro y relata cómo, a pesar de realizar “el mismo trabajo” que una persona sin discapacidad, su nómina apenas alcanza el salario mínimo interprofesional (SMI). Mientras tanto, asegura que su empresa factura al cliente más de 3.000 euros mensuales por su puesto: “Tienen la seguridad social subvencionada y un gran porcentaje de mi sueldo. Sacan mucho beneficio”. 

Algo similar relata Matías, que acaba de dejar su empleo en uno de estos centros para irse a otro de iniciativa social. Explica que, en el centro donde ha estado dos años y medio trabajando como conserje, la hora extra de ir a tirar basuras se la pagaban a 3,85 euros, “sin plus de transporte. Al final es más de media hora para ir, trabajar y otra media hora para volver, es mucho rato para tan poco dinero, prácticamente trabajas por la cara”. Asegura que tampoco le pagaron las horas extras que hacía durante meses, hasta que lo reclamó. “El problema principal es que se aplica el convenio de centro especial, mucho más bajo, en lugar del convenio del sector real donde se presta el servicio. Existe mucha explotación laboral, al final los CEE suelen cubrir empleos que no requieren de una formación previa y esto supone mayor precariedad laboral”, explica la abogada Gemma Ruiz. 

Por todo esto, Matías buscó otro empleo, en este caso en un centro especial de empleo con iniciativa social. Allí, según cuenta, le pagan las horas extra al doble que la hora normal, tiene plus de transporte y mejores condiciones laborales. Haciendo un trabajo similar, cobra 400 euros más que Jesús. Matías tiene una discapacidad intelectual, como “el 95% de los trabajadores de estos centros. Muchos no hemos hecho ni la EGB, yo no miró la nómina ni nada, como no entiendo bien lo que pone, no los guardo, de eso se aprovechan”. 

Una brecha salarial

En la práctica, esto supone una brecha salarial entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. Jesús calcula que, si se le aplicará el convenio sectorial correspondiente a su labor, cobraría entre 6.000 y 7.000 euros más cada año debido a pluses por peligrosidad, transporte o tareas específicas. “A igualdad de trabajo, el empleado con discapacidad cobra sistemáticamente menos”, denuncia el afectado. 

Desde que se permitió la entrada de empresas mercantiles con ánimo de lucro en el sector de los CEE, la cifra de estos centros ha crecido de forma exponencial. La normativa de 1985 ya distinguía entre centros con y sin ánimo de lucro según el destino de sus beneficios, pero no fue hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en 2013 cuando se introdujo una definición legal específica para los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. Esta reforma añadió el apartado 4 al artículo 43 de la Ley General de Discapacidad para diferenciar a las entidades sin ánimo de lucro —obligadas a la reinversión íntegra de sus beneficios en el colectivo— de las sociedades puramente mercantiles. Esta brecha legislativa permitió que empresas privadas con fines de lucro compitieran por las mismas subvenciones públicas para el mantenimiento de puestos de trabajo.

Antes de la reforma de 2013, Aragón contaba con en torno a una cuarentena de centros especiales de empleo, según los datos recogidos en informes de economía social, frente a los más de 70 actuales.

Subvenciones que no llegan al trabajador

Los CEE disfrutan de beneficios fiscales y subvenciones masivas. En Aragón, la ley reserva un 6% de la contratación pública para estas entidades y financia el 100% de las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, los trabajadores denuncian que este apoyo financiero no se traduce en mejores condiciones. El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) mantiene una línea de subvenciones de 19.625.000 euros —publicadas en enero de 2026— con fondos estatales y autonómicos. La subvención se otorga con carácter mensual y se gradúa teniendo en cuenta el tipo y grado de discapacidad de las personas, así como la estabilidad de los puestos de trabajo que ocupan, pudiendo ir desde el 40% al 70% del salario mínimo interprofesional vigente.

Jesús relata deficiencias graves en la gestión de su empresa: desde el uso de sábanas viejas troceadas como paños de limpieza hasta la negativa de la empresa a proporcionar calzado ortopédico prescrito por un podólogo. 

La legislación obliga a los CEE a mantener Unidades de Apoyo con psicólogos y trabajadores sociales para facilitar el tránsito hacia el empleo ordinario. No obstante, este trabajador asegura que estas figuras son inexistentes o puramente administrativas. “En mi centro no las vemos. Aparecen nombres en la web que no ejercen funciones de apoyo real; el único que viene es un encargado para controlar que no paremos ni un segundo, lo que acaba siendo acoso laboral”. 

Una perpetuación de la exclusión

La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad en Aragón prevé planes periódicos para corregir la desigualdad. Sin embargo, la realidad de los CEE se ha alejado de su motivación original: ser un puente hacia el mercado laboral común. Ruiz advierte que muchas empresas grandes acuden a los CEE solo para cubrir el 2% de cuota legal obligatoria en los puestos más precarios y sin formación, con lo que “perpetúan la exclusión”. 

La Ley 5/2019 de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón establece en su artículo 24 la obligación del Gobierno de aprobar periódicamente un Plan de Empleo específico. La normativa exige que incluya una memoria económica detallada y obliga a su revisión integral al menos cada cuatro años. Esta 'cláusula de caducidad' busca evitar que las políticas de inclusión se conviertan en papel mojado, garantizando que las ayudas y las cuotas de reserva del 6% en contratos públicos se ajusten a la realidad de trabajadores que, como Jesús o Matías, denuncian estar atrapados en convenios desfasados.

Ruiz reivindica que, frente a los CEE, es “mejor” la figura del empleo con apoyo: “Respeta mucho más los derechos de las personas con discapacidad, es para aquellas personas que necesitan una adaptación mayor, en la teoría cuentan con financiación pero en la práctica es mucho menor que la de los CEE”. La abogada considera que esta medida “respeta mucho mejor la autonomía de las personas con discapacidad, permite un seguimiento más humano del puesto, de las necesidades de la persona, es mucho más compatible con los derechos humanos y del colectivo de la discapacidad”. 

Daniel e Imad son los dos integrantes de 'Los 6 de Zaragoza' que continúan en prisión. Imad, que padece una enfermedad psiquiátrica, logró el tercer grado en diciembre de 2025 y Daniel cumple su condena en una cárcel de Alicante. Desde la plataforma denuncian que no entienden por qué el indulto se concedió solo a dos de los condenados, ya que los cuatro jóvenes fueron acusados por los mismos hechos. Coincidiendo con la semana en la que se cumplen dos años de su ingreso en prisión, han convocado una protesta este sábado 18 de abril: una cadena humana frente a la Audiencia Provincial, seguida de una concentración en la plaza del Portillo.

Javitxu Aijón, uno de los que fue indultado, ha criticado que la situación “no está resuelta” ya que dos de sus compañeros continúan encarcelados. “Adrián y yo estuvimos un año y medio encerrados por unas detenciones injustas y aleatorias, no entendemos por qué a los otros dos jóvenes no se les ha liberado”. Considera que el objetivo del gobierno de coalición con sus indultos “era acallar la oleada de protestas y presión social” pero que “no se ha hecho justicia”: “A pesar del indulto, se mantiene la astronómica pena económica, de 200.000 euros, una medida que condena doblemente a la clase trabajadora y a su entorno”. 

Aijón considera que en este caso está en juego “el derecho a manifestarse contra la extrema derecha”. “Manifestarse ante estas violencias no puede ser un delito”, defiende, y añade que “no es un hecho aislado, sino fruto de un entramado pensado para el disciplinamiento de las clases sociales”.

En la misma línea, el portavoz de la plataforma, Pablo Rochela, critica la sentencia inicial y sostiene que “han querido condenar la protesta”. “Buscan que tengamos miedo a la hora de organizarnos. Manifestarse es un derecho que ha ganado la clase trabajadora y es nuestra responsabilidad conservarlo”, afirma. Según indica, la condena por la que dos personas continúan en prisión “no se basa en ninguna prueba”. La plataforma ha hecho un llamamiento a la movilización este sábado a las 12:00, con una cadena humana frente a la Audiencia Provincial y una concentración posterior en la plaza del Portillo. Con estas acciones, reclaman la libertad de 'Los 6 de Zaragoza', la derogación de la Ley Mordaza y una reforma “no punitiva” del Código Penal.

Sobre la situación de los dos jóvenes que permanecen en prisión, explican que Imad ha mejorado tras la concesión del tercer grado, aunque “no está recuperado, es un tratamiento largo”. En el caso de Daniel, que continúa en segundo grado en una cárcel de Alicante, aseguran que “está sufriendo”.

También señalan que en los últimos meses no ha habido contactos con grupos políticos. “Por nuestra parte siempre hemos estado abiertos a conversar con cualquier grupo que quiera apoyarlo, también con el Gobierno de coalición, que es quien tiene capacidad de conceder el indulto”, indican.

El caso se remonta al 17 de enero de 2019, cuando unos 200 manifestantes antifascistas se concentraron en las inmediaciones del Auditorio de Zaragoza para protestar contra un mitin de Vox. La protesta terminó con cargas policiales y la detención de seis personas, acusadas de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo redujo la condena a cuatro años y nueve meses para cada uno de los cuatro adultos.

Desde 2021, la plataforma ha solicitado reiteradamente el indulto y ha movilizado recursos para afrontar las multas mediante campañas de recaudación colectiva. Advierten que seguirán presionando hasta que todos los jóvenes obtengan justicia completa y “se deroguen las leyes que facilitan este tipo de represión política”.

La presencia de maquinaria y trabajadores en el interior del antiguo edificio de Correos de Zaragoza ha alertado a vecinos y colectivos patrimonialistas, que llevan tiempo manifestando su oposición al derribo. La asociación de vecinos Joaquín Costa ha contactado con la Policía Local tras detectar trabajos en el inmueble, al considerar que no deberían iniciarse mientras no concluya el proceso administrativo y se formalice el recurso de alzada contra la decisión del Gobierno de Aragón, que ha descartado su protección al entender que no reúne valores suficientes para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) ni Bien Catalogado.

El aviso se ha producido a primera hora de la tarde, cuando el presidente de la entidad vecinal, Juan Fustero, ha recibido una llamada que le advertía de actividad en el edificio. “Me dicen que parece que están trabajando dentro y no tenía constancia de nada”, explica. Tras desplazarse hasta la zona, asegura haber encontrado a varios operarios en el interior del inmueble.

Fustero ha documentado la situación con fotografías tomadas entre las 14:30 y las 16:00, en las que se observa la presencia de maquinaria y de entre seis y siete trabajadores. Según relata, en un primer momento se le trasladó que las máquinas operaban en una zona contigua, fuera del solar de Correos.

El representante vecinal ha iniciado una cadena de llamadas a distintas instituciones. Según ha explicado a este medio, ha contactado con la Policía Local, que ha llegado hasta el lugar en torno a las 15:00. Allí, los agentes ha procedido a identificar a los trabajadores y a recabar información sobre la actuación que se estaba llevando a cabo.

Paralelamente, Fustero ha contactado con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón para trasladar lo ocurrido, así como con responsables de la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa).

Desde la asociación vecinal sostienen que la presencia de operarios en el interior del edificio no es compatible con la situación administrativa actual. “Estamos en plazo para presentar un recurso de alzada, por lo que entendemos que no puede haber actividad en el inmueble”, señala Fustero, que advierte de que cualquier intervención será tenida en cuenta en futuras acciones legales.

El episodio se produce apenas días después de que el Gobierno de Aragón haya rechazado proteger el edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado, una decisión que abre la puerta a su derribo pero que todavía puede ser recurrida. De hecho, tanto Apudepa como los colectivos vecinales trabajan ya en la presentación de ese recurso y no descartan acudir a la vía judicial.

Desde la entidad patrimonialista aseguran que, además del recurso de alzada, estudian trasladar el caso a la Fiscalía. “Mientras esté en marcha cualquier procedimiento legal, no pueden tirar nada”, sostienen.

La Dirección General de Patrimonio Cultural resolvió no incoar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) ni como Bien Catalogado al considerar que el edificio no cumple con los criterios exigidos de singularidad, relevancia, integridad y autenticidad.

Según la argumentación del Ejecutivo autonómico, el antiguo edificio de Correos no puede adscribirse al movimiento brutalista —como defendían algunos colectivos— al no presentar rasgos característicos como la expresión estructural o el protagonismo del hormigón visto. El informe concluye que se trata de una construcción funcional, propia de su época, sin elementos innovadores ni un carácter excepcional que justifique su protección. Además, incide en la pérdida de uso tras su abandono por parte de Correos, la ausencia de reconocimiento patrimonial a nivel municipal y el hecho de que cualquier adaptación a nuevos usos implicaría transformaciones sustanciales que desvirtuarían sus valores originales.

La polémica por las facturas para medios de comunicación del Gobierno del PP en Zaragoza que no se incluyen en el Portal de Transparencia ha llegado al pleno municipal. Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común, ha cuestionado al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, por el gasto vinculado a la oficina municipal para el asesoramiento en la implantación de comunidades energéticas en barrios rurales. Según la formación, el Ayuntamiento ha utilizado este proyecto para financiar a medios que considera de “extrema derecha”, lo que a su juicio supone un “patrón del PP para financiar a sus medios afines”. Entre los beneficiarios están EDA TV –el portal de información de Javier Negre–, Periodista Digital, OkDiario o El Debate.

La denuncia de Domínguez ha señalado una posible irregularidad administrativa en lo que ha calificado como un “fraccionamiento de contratos”. El concejal ha revelado que se han emitido 24 facturas por importes “muy similares” que, en su conjunto, superan los 100.000 euros. Al tramitar estos pagos de forma individual, Domínguez sostiene que el Consistorio ha evitado la “licitación pública” en una cantidad que es “superior a lo que se establece para un contrato menor”. Además, ha criticado que estas operaciones se publiquen en el registro “sin especificar que es publicidad institucional”, algo que en su opinión “incumple la ley de transparencia”.

Durante su intervención, el edil ha desglosado la lista de beneficiarios, mencionando varios medios de comunicación. Domínguez ha cuestionado “dónde está la neutralidad y el pluralismo” en un reparto que, según sus datos, destina el “91% de los gastos” a medios del “espectro de la derecha mientras” se deja fuera a otros “con más recorrido e impacto” o a la televisión y radio pública. “Los fondos europeos se están usando para financiar a sus medios amigos”, ha sentenciado el concejal de la oposición.

Esta no ha sido la única alusión de Suso Domínguez a la gestión de la Dirección de Comunicación del Gobierno municipal. En la siguiente interpelación, el edil de ZeC le ha trasladado a Serrano: “Nosotros no somos los que estamos teniendo bajas en el área de Comunicación estos días, habría que ver lo que está pasando”. Hacía así referencia a la ruptura en el gabinete registrada en los últimos días debido a desavenencias internas y que se ha saldado con dos dimisiones.

El consejero admite un gasto de 142.050 euros

Víctor Serrano, el concejal de Urbanismo, ha calificado la intervención de “lamentable” y ha acusado a Domínguez de mostrar un “sectarismo dictatorial”. Serrano ha argumentado que la campaña de comunicación es una “acción obligada” y “específicamente contemplada” por las condiciones del IDAE, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. El edil del PP ha defendido que su área ha sido “austera” y ha precisado que el gasto final ha sido de 142.050 euros, asegurando que “toda la transparencia del mundo” está garantizada en estas facturas.

Serrano ha intentado rebatir las críticas de parcialidad citando la inclusión de otros medios como la Cadena Ser o 'El Periódico de Aragón' en la memoria justificativa. Asimismo, ha recordado polémicas de Zaragoza en Común cuando estaban al frente del Consistorio. El debate ha concluido con el Gobierno municipal insistiendo en que se ha limitado a cumplir con las “actuaciones de publicidad” exigidas por el Gobierno de España, mientras la oposición mantiene que se han utilizado criterios “sesgados” para evitar el control público y la transparencia.

La denuncia de Domínguez en el pleno llega tras la información recabada por este diario, que acredita cómo el Consistorio ha “eludido de manera sistemática” la publicación de estas facturas en el portal de Transparencia. Según los datos analizados, existen pagos por campañas como la reforma del río Huerva que no figuran en el apartado correspondiente. Entre los casos más significativos destaca una factura de 6.050 euros pagada a EDA TV por un banner publicitario que, según los registros a los que se ha tenido acceso, solo obtuvo “once clics” en cuatro días.

Los datos contables ponen cifra al crecimiento del gasto publicitario bajo el actual mandato: la partida de 'Información municipal' ha subido un 160% respecto a 2019, alcanzando los 1,1 millones de euros. Sin embargo, este diario ha podido constatar que el desembolso real llega a triplicar lo que consta en el Portal de Transparencia. Esto se debe a que numerosas facturas se tramitan desde servicios ajenos a Comunicación, como Arquitectura o Infraestructura Verde, destinando fondos a medios como OkDiario, The Objective o El Debate.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha resuelto dos iniciativas de hibridación de energías renovables en la comarca de Tarazona y el Moncayo, ambas de empresas bajo el paraguas del grupo Forestalia. Mientras el denominado proyecto Castor ha recibido una declaración de impacto ambiental favorable, aunque condicionada y limitada a determinados suelos, la planta fotovoltaica Los Borjas II ha sido declarada “incompatible con la protección del medio ambiente” por su afección a la fauna, el paisaje y la normativa urbanística.

En el caso de Castor, promovido por Habidite Energy SL, se trata de la hibridación fotovoltaica de 17,58 megavatios sobre una superficie de 40 hectáreas en Tarazona, Grisel y Vera de Moncayo, integrada con el parque eólico Castor ya operativo.

El Inaga concluye que la actuación puede ser compatible con el medio ambiente siempre que se ajuste a las condiciones impuestas, especialmente en lo relativo al suelo. El organismo limita su viabilidad a las zonas clasificadas como suelo no urbanizable genérico y excluye aquellas áreas protegidas por interés forestal o de pastos, conforme al planeamiento urbanístico de Tarazona, declarando dichas zonas como “incompatibles con la adecuada conservación de los valores naturales y patrimoniales”.

El informe también impone restricciones para minimizar el impacto ambiental, como la obligación de implantar los seguidores solares exclusivamente “mediante hinca en el terreno” , la prohibición del uso de herbicidas y la gestión de la vegetación mediante métodos como el pastoreo. Asimismo, el proyecto deberá respetar la regeneración de las zonas afectadas por el incendio de Añón de Moncayo de 2022, ya que los desarrollos en ese suelo no pueden obstaculizar la regeneración vegetal por un plazo de diez años.

Lo que se deberá dirimir es el conflicto con la empresa de renovables RWE, impulsora del parque eólico Grisel y que alegó el solapamiento de terrenos, algo en lo que la DIA no entra.

'Los Borjas II': rechazo total

Frente a este escenario, el Inaga ha rechazado de forma íntegra el proyecto Los Borjas II, promovido por Innovación Energética Sostenible SL—empresa también vinculada al grupo Forestalia—, al considerar que resulta “incompatible con la protección del medio ambiente y desfavorable”. Se trata de una planta fotovoltaica de 20,118 MW sobre 41,5 hectáreas también en Tarazona y con línea de evacuación de 15,4 kilómetros hasta la SET Castor.

La resolución se apoya, en primer lugar, en su ubicación sobre suelo no urbanizable protegido por razones de interés forestal o de pastos (SNU-FP) del municipio de Tarazona, donde este tipo de instalación “no es viable urbanísticamente” según el planeamiento urbanístico vigente, de 1985.

A ello se suma que todo el suelo del proyecto se ubica en el monte de utilidad pública denominado Valcardera, de titularidad municipal , sin que el promotor haya “justificado adecuadamente la imposibilidad de emplazamiento alternativo fuera del monte” ni tramitado la correspondiente concesión de uso privativo.

El expediente señala además un impacto significativo sobre la avifauna, en un entorno de alta sensibilidad ecológica. La planta se proyectaba a solo 245 metros del área crítica Mochales, vinculada a la conservación de la alondra ricotí, especie en peligro de extinción, y en zonas consideradas clave para aves esteparias. El Inaga advierte de la “presencia muy significativa de especies de avifauna incluidas en los catálogos aragonés y español de especies amenazadas”, como el milano real, el cernícalo primilla o la ganga ibérica, cuya presencia ha sido “constatada en el estudio de avifauna de ciclo anual”.

Alta presión energética y transformación del paisaje

La evaluación ambiental también incorpora el efecto acumulativo de las infraestructuras energéticas en la zona. En un radio de diez kilómetros, el Inaga identifica la presencia de decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos en funcionamiento o tramitación, lo que ha provocado una transformación progresiva del paisaje.

Mientras que en el caso de Castor el organismo considera que el impacto global puede ser asumible bajo condiciones estrictas , en Los Borjas II concluye que la actuación supondría una “transformación significativa del entorno” y una pérdida de conectividad ecológica en un área de alta sensibilidad ambiental, próxima a espacios de la Red Natura 2000 como la ZEC Peñadil, Montecillo y Monterrey.

La resolución subraya que, en este caso, ni las medidas correctoras ni los condicionantes propuestos por el promotor serían suficientes para garantizar la compatibilidad del proyecto con la conservación de los valores naturales del entorno. Así, el principio de cautela se utiliza como criterio determinante para su rechazo.

La Batalla de Teruel estuvo marcada por el frío extremo, la nieve y el desgaste de dos ejércitos ya debilitados. Ese escenario es el que reconstruye la novela gráfica 'Teruel. La lucha helada' una obra que aborda uno de los episodios clave del conflicto con un lenguaje cercano y, en ocasiones, crudo. Su autor, Eneko Tabernilla, construye el relato desde la perspectiva del ejército republicano y en primera persona, con una narración que avanza casi jornada a jornada. El cómic recorre así el desarrollo de la batalla desde la llegada de las tropas para tomar la ciudad hasta el fin de la batalla el 22 de febrero de 1938 con el asalto final a la ciudad por parte del bando sublevado.

“El 23 de febrero de 1938 se dio por terminada la batalla con la ciudad cambiando de manos por tercera vez en menos de tres meses. Setenta y un días de combate que dejaron casi al 70% de sus edificios reducidos a escombros”, relata Tabernilla en las páginas finales de la novela.

“El objetivo era hacer una crónica de la batalla que no fuera superficial”, explica. En esa reconstrucción, además de los combates, cobra importancia el contexto en el que se desarrollaron: una ciudad que había permanecido en manos sublevadas durante toda la guerra y en la que parte de la población no abandonó sus casas pese al avance del frente. La obra se detiene también en ese ambiente y en las condiciones extremas en las que vivieron quienes permanecieron allí.

El interés de Tabernilla por este episodio viene de lejos. “La Guerra Civil siempre me ha interesado”, señala. A su juicio, la batalla de Teruel ha quedado relegada en el imaginario colectivo pese a su importancia estratégica: “Fue una batalla de desgaste que acabó debilitando al ejército republicano y ayuda a entender lo que vino después”.

El origen del proyecto fue, sin embargo, casual. Surgió como un trabajo académico durante sus estudios de ilustración digital, cuando tuvo que realizar seis páginas de cómic. Sus profesores le animaron a continuar y comenzó a mover la idea entre editoriales, aunque sin un guion definido. “No sabía muy bien qué iba a contar en la siguiente página”, reconoce.

El proyecto dio un giro cuando una editorial Cascaborra, especializada en cómic bélico e histórico, decidió apostar por él. “Presenté doce páginas y me pidieron un guion. Ahí fue cuando empezó a tomar forma de verdad”, explica. En ese proceso, y ante la necesidad de dotar de rigor histórico al relato, contactó con el historiador Blas Vicente, que ha trabajado como asesor.

“Cada vez que me documentaba veía errores que había cometido”, admite. La colaboración con Vicente permitió corregir imprecisiones y profundizar en los detalles, tanto narrativos como visuales. La obra presta especial atención a elementos como uniformes, armamento o aviación, con referencias ajustadas a la realidad de la época. “Son detalles que quizá no se ven a primera vista, pero aportan profundidad”, apunta.

"Nadie pensó nunca que una ciudad tan pequeña pudiera exigir un sacrificio tan grande, pero aquella batalla se convertiría en mera estadística comparada con las que vendrían después"

Teruel. La lucha helada

Tras más de tres años de trabajo, el autor reconoce que ha tenido que dejar parte del material fuera. “Hay cosas que se han quedado en el tintero, pero cumple la función que quería”, afirma. El resultado, añade, es el cómic que le habría gustado leer sobre la guerra civil.

Más allá del rigor, Tabernilla subraya la voluntad de mostrar el sufrimiento compartido en ambos bandos. “He intentado ser justo con todo el mundo. Lo pasaron muy mal todos”, señala.

La novela gráfica se presentará el próximo 18 de abril en Teruel con una ruta por distintos enclaves históricos de la ciudad, guiada por el autor y por Blas Vicente, abierta al público.

La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza ha acabado convirtiéndose en un recorrido plagado de tropiezos políticos, dudas técnicas y ahora, desavenencias entre los socios. Desde las primeras reuniones discretas en restaurantes pagadas con dinero público hasta el bloqueo actual de la concesión. Este proyecto empezó a fraguarse en 2024 y actualmente, en abril de 2026, el parque solo abrirá para eventos ya comprometidos —siempre y cuando las atracciones obtengan el certificado de seguridad y se valide la situación económica de la empresa— y 81 trabajadores sin saber si van a conservar sus empleos.

Este viernes, el Parque de Atracciones ha recibido del Ayuntamiento de Zaragoza la autorización de apertura tras entregar el plan detallado de los eventos comprometidos con sus fechas cerradas y la primera será este sábado, día 11 de abril. El plan que la nueva concesionaria ha entregado al Consistorio señala que quieren cumplir con los compromisos de los banquetes ya concertados. A partir del 6 de junio, tras finalizar los compromisos de los banquetes existentes, el Parque de Atracciones prevé la “reapertura progresiva de su instalaciones al público en general”, pero siempre y cuando se cumplan dos condiciones: la obtención de certificado de seguridad del 80% de las atracciones, por lo que técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza analizan la seguridad de las atracciones, y la validación de la situación económica de la empresa por parte del administrador concursal asignado. Las dudas, pues, continúan.

Sin embargo, los trabajadores del Parque de Atracciones de Zaragoza han reclamado abrir “con la calidad que los zaragozanos se merecen, no de tapadillo y solamente para 70 comensales”, según ha calificado el presidente del comité de empresa, Raúl Jiménez, en el día de entrada en vigor del Expediente de Regulación Temporal de Empleo —ERTE— para sus 81 empleados, víspera de la apertura reducida de las instalaciones para atender dos comuniones.

El origen: comidas pagadas con dinero público

El punto de partida es septiembre de 2024. El día 9, el coordinador general del área de Presidencia, Felipe Castán, junto a otros altos cargos municipales, mantuvo una comida con consultores del sector en el restaurante El Real para analizar el futuro del parque. El 13 de noviembre se repitió la escena: una segunda comida, también en el mismo establecimiento, en la que se reunió el director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, con funcionarios, asesores y consultores externos para avanzar en el diseño de la ampliación. El 19 de febrero se reveló que dichas comidas fueron pagadas con dinero público: 530 euros en total. El Ayuntamiento las justificó como reuniones de trabajo ligadas a un proyecto estratégico. El 20 de febrero, Ruiz de Temiño compareció en la Comisión de Presidencia y se negó a revelar con quién comió y qué trató en esas reuniones. El edil de Zaragoza en Común (ZeC) Suso Domínguez criticó en ese momento que se recurriera a comidas en un reservado, con dinero público, en lugar de a la consulta preliminar de mercado prevista por ley.

Antes de conocerse que estos encuentros se habían financiado con dinero público, el 18 de noviembre la Comisión de Urbanismo aprobó inicialmente la modificación del PGOU. El 28 de ese mismo mes, el pleno dio luz verde definitiva con los votos de PP y Vox a una ampliación de 40.000 metros cuadrados —hasta alcanzar las 15,21 hectáreas— que incluye un parque acuático y cuya gestión recaería en una empresa privada. El proyecto se apoyaba en suelos ya previstos en el planeamiento desde 2005, aunque nunca desarrollados, en una zona que actualmente combina espacios sin uso con masa forestal similar a la de los Pinares de Venecia.

El debate se centró desde el inicio en el impacto ambiental. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, negó que la actuación implicara la tala de árboles y defendió que buena parte del ámbito corresponde a aparcamientos que no se modificarán, limitándose la intervención a cambios de calificación y nuevos accesos. Frente a ello, asociaciones vecinales de Torrero y colectivos ecologistas denunciaron la “privatización” de suelo público y alertaron de la posible eliminación de más de 2.000 pinos, además de cuestionar el diagnóstico municipal sobre el estado del pinar.

La oposición elevó el tono en el pleno. El PSOE acusó al Gobierno de actuar con opacidad y de anticipar decisiones antes de completar los procedimientos, mientras Zaragoza en Común habló de “modificaciones a la carta” y políticas ambientales “de pura literatura”. Vox, por su parte, respaldó la operación al considerar que no había “contraindicaciones” y que la ampliación era necesaria para garantizar la viabilidad de la futura concesión.

Sin embargo, la posición de Vox cambió unos meses después. El 14 de abril de 2025, la segunda fuerza política del Ayuntamiento —que el PP necesita para sacar adelante las propuestas y presupuestos— votó a favor de retirar el expediente en la Comisión de Urbanismo, alegando que el aparcamiento de pago previsto podría reducir las visitas al Monumento a la Legión. La decisión pilló por sorpresa al PP: la alcaldesa, Natalia Chueca, admitió que desconocía la posición de su socio hasta la víspera. Apenas once días después, el 25 de abril, Vox rectificó tras lograr el compromiso de garantizar aparcamiento gratuito en el entorno.

Impacto ambiental de la ampliación

En paralelo, crecieron las dudas sobre el encaje legal y ambiental del proyecto. El 29 de abril, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, instó a evaluar el impacto de la ampliación tras recibir las advertencias de la plataforma vecinal en defensa de los Pinares de Venecia. En su respuesta, subrayó el valor de este espacio como “sistema forestal consolidado” con funciones ecológicas y sociales clave para Zaragoza, y advirtió de la necesidad de analizar las consecuencias de la modificación urbanística en relación a la cobertura arbórea y la calidad del ecosistema.

El PSOE recogió ese planteamiento y exigió retirar el expediente ante un “más que posible vicio de legalidad”. Los concejales socialistas Horacio Royo y Ros Cihuelo defendieron que la actuación debería contar con una evaluación ambiental previa o, al menos, con un informe jurídico que justificara su ausencia, apoyándose en la legislación estatal. Alertaron además de que continuar con la tramitación podría desembocar en una judicialización del proyecto que acabase bloqueando la futura concesión, al tiempo que criticaron la “falta de rigor y de diálogo” del Gobierno municipal.

El Ayuntamiento rechazó estas acusaciones y sostuvo que la evaluación ambiental no es obligatoria en esta fase. Según el equipo de gobierno, la modificación del PGOU se limita a reajustar los límites de la parcela y sería más adelante, cuando se concretase el plan especial y los usos exactos del espacio, cuando pueda valorarse la necesidad de ese análisis. Los populares defendieron el trabajo técnico realizado y acusaron al PSOE de cuestionarlo “de manera infundada”. En junio de 2025, el Consistorio da un paso más y publica los pliegos de la licitación: la concesión fijó una inversión mínima de 15 millones de euros, un canon anual de al menos 70.000 euros y una aportación adicional para el mantenimiento de los Pinares de Venecia.

Aprobado justo del proyecto

El 29 de octubre se hizo pública el acta de la Comisión de Selección y solo se había presentado una candidatura, integrada por la familia Morte y la multinacional argentina Fénix Entertainment bajo la marca Noriland. La propuesta, que plantea una inversión de 17 millones de euros y la reapertura del parque en 2027, obtuvo 36,5 puntos sobre 65 en la evaluación técnica, un aprobado ajustado para una concesión de 50 años.

Los informes técnicos fueron especialmente críticos con varios aspectos clave del proyecto. Detectaron “deficiencias” en el diseño —calificado como “poco homogéneo y continuista”—, en el cronograma de ejecución —considerado “poco realista”— y en la estrategia medioambiental, donde se señala “una falta de concreción y de medidas verificables”. También se apuntaron “carencias” en la planificación de accesos, aparcamientos y fases de obra, así como dudas sobre la viabilidad de algunas infraestructuras propuestas y la “escasa innovación” en la oferta de atracciones y restauración. En materia medioambiental la propuesta obtuvo un 3,5 sobre 7 al presentar compromisos genéricos sin información técnica verificable sobre cómo se protegerá el entorno de los Pinares de Venecia.

Pese a que el Gobierno del PP prometió inicialmente que introduciría mejoras para ajustar el proyecto a las expectativas municipales, la realidad administrativa ha sido otra: el contrato se ha cerrado sin avances respecto a los mínimos exigidos. Para el concejal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, el proceso es un “verdadero fiasco” que deja al Ayuntamiento sin margen de maniobra, ya que los pliegos no permiten exigir inversiones ni cánones superiores a los ya establecidos.

Frente a estas deficiencias, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, explicó el pasado 18 de marzo que la escasa concurrencia se debe a la “alta exigencia” del pliego. “El nivel de exigencia que se ha hecho en esta concesión no se ha hecho probablemente en ninguna”, afirmó Lorén, que justificaba así que las mejoras ya estaban integradas en las condiciones de salida, como la inversión mínima de 15 millones de euros o el canon para mantenimiento forestal.

81 empleos en el aire

El último capítulo —por el momento— de este proyecto ha llegado estas últimas semanas, cuando el traspaso de poderes entre las dos empresas ha saltado por los aires. El acuerdo entre los socios de Moncayo Leisure —la alianza formada por la multinacional argentina Fénix Entertainment (80%) y la familia Morte (20%)— se ha roto por discrepancias económicas sobre el precio de las atracciones existentes y el recelo de los inversores argentinos ante la situación preconcursal de sus socios locales. Ante la imposibilidad de formalizar el acta de entrega, el Ayuntamiento se ha visto obligado a activar la “orden de continuidad” prevista en el pliego, forzando a los Morte a seguir operando el recinto hasta el 3 de noviembre de 2026 para evitar el cierre total de la temporada.

Esta parálisis administrativa ha dejado a 81 trabajadores con incertidumbre respecto a su futuro. Mientras 29 empleados fijos acuden a diario a un parque desierto y sin actividad, otros 50 fijos discontinuos ni siquiera han sido llamados para iniciar la campaña. El comité de empresa, liderado por CCOO, ha explicado que en marzo debería haberse producido el llamamiento de los empleados para el inicio de la actividad laboral, pero no se produjo debido a que el nuevo adjudicatario no ha formalizado el contrato. Mapi, trabajadora del parque de atracciones, ha trasladado a los medios de comunicación la inseguridad laboral en la que se encuentra la plantilla, “en este momento de incertidumbre, los trabajadores fijos han seguido trabajando con la esperanza de que esto se solucionara, pero con un futuro incierto porque no sabían qué iba a pasar. Por otra parte, los fijos discontinuos hemos estado esperando una firma o una respuesta que nunca ha llegado, desde febrero o marzo.” 

La plantilla del parque de atracciones la conforman trabajadores y trabajadoras de diferentes edades. “Los que somos jóvenes podemos estar más tranquilos porque podemos buscar otras opciones, pero hay trabajadores en una situación mucho más complicada, después de casi 30 años trabajando, sin saber qué va a pasar”, ha asegurado la trabajadora del parque de atracciones. Ante este escenario, el sindicato atribuye la situación a una responsabilidad compartida entre las empresas que han optado a la licitación y el Ayuntamiento de Zaragoza, por su falta de previsión al establecer condiciones difíciles de cumplir en el pliego, así como por la supervisión sobre la solvencia de las empresas licitadoras. La solución propuesta por la empresa pasa por la aplicación de un ERTE hasta noviembre sin compensación para los trabajadores, una medida que CCOO califica de “inaceptable”. El sindicato denuncia que se pretende activar la actividad basándose únicamente en la “esperanza” de la plantilla, pero con un coste real para los trabajadores: quienes cuentan con prestación por desempleo la consumirán (la mayoría solo hasta julio) y quienes no dispongan de cobertura quedan en una situación de total desamparo.

Por su parte, el consejero Ángel Lorén ha evitado asumir responsabilidades, limitándose a señalar que la gestión de la plantilla es “responsabilidad exclusiva de la empresa”.

La oposición ha elevado el tono ante lo que consideran una dejación de funciones del Gobierno de Natalia Chueca. El portavoz socialista, Horacio Royo, ha censurado que el Ayuntamiento actúe como “mediador” en un conflicto privado en lugar de forzar el cumplimiento de lo firmado en enero. Para el PSOE, la falta de transparencia en las prórrogas y la incertidumbre sobre la apertura real del parque esta temporada confirman que el proyecto “estrella” del PP se ha estrellado antes de empezar. “Es un asunto interno de dos empresas que el Ayuntamiento usa como excusa para no hacer cumplir el pliego”, expresó Royo. Este jueves, Ranera exigió a Chueca que se “garantice” la subrogación de los empleados del parque, que “no amenace con sanciones a la empresa, lo importante y lo prioritario en estos momentos es que funcione de nuevo el Parque de Atracciones para la ciudad y los 81 trabajadores vuelvan a ocupar su puesto de trabajo”. Desde el PSOE se ha solicitado ya la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, el jueves que viene en Comisión, “es el responsable político principal y debe asumir la responsabilidad de este fracaso que ya es real, han fracasado y cuando uno fracasa en política debe asumir también las responsabilidades”.

Por parte de Zaragoza en Común, Elena Tomás ha acusado al Gobierno del PP de incurrir en una “falta de responsabilidad con la plantilla y la ciudadanía”. Ha recordado que el parque puede seguir abierto hasta noviembre de 2026 “siempre que las atracciones estén en condiciones óptimas de manteamiento” y que esto posibilitaría pagar a la plantilla: “Creemos que es un claro ejemplo de la pésima gestión del gobierno de Chueca, con unos pliegos mal realizados, un control deficiente de la concesión y un equipo de gobierno más preocupado por los grandes titulares que por hacer las cosas bien”.

Aragón destina en 2026 cerca de 4.800 millones de euros al conjunto de sus políticas sociales —sanidad, educación y servicios sociales—, una cifra muy similar a la del año anterior debido a una situación que se repite por tercer año consecutivo: el Gobierno de Jorge Azcón solo ha aprobado unos presupuestos propios desde su llegada en 2023 y mantiene prorrogadas las cuentas de 2024.

Según los datos del último informe del Ministerio de Hacienda, actualizado a marzo de 2026, la comunidad ha pasado de registrar una de las mayores caídas del gasto social durante la crisis a situarse entre las que más lo incrementaron en la fase de recuperación, para posteriormente moderar su crecimiento en el periodo más reciente.

La llegada de Jorge Azcón al Pignatelli ha traído consigo un escenario cambiante. Si bien el ejercicio 2024 arrancó con un fuerte impulso presupuestario —un aumento del 9,49% en políticas sociales—, la parálisis legislativa posterior ha pasado factura. Debido a la ausencia de nuevos Presupuestos para 2025 y 2026, la comunidad funciona con cuentas prorrogadas. Esto ha provocado que, en el balance acumulado hasta 2026, Aragón se sitúe como la quinta región con menor incremento relativo (9,27%), quedándose 2,5 puntos por debajo de la media nacional.

En áreas como Sanidad, el crecimiento bajo la actual administración (8,47%) es inferior a la media de las comunidades autónomas (12,11%). El informe ministerial destaca que, tras el aumento inicial de 2024, la dotación para el área sanitaria ha permanecido prácticamente inamovible, registrando incluso ligeros retrocesos técnicos en la actualización de 2025.

Aragón no es la única comunidad en situación de prórroga. Junto a ella, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia tampoco han aprobado presupuestos propios para 2026. Sin embargo, entre las comunidades que sí han presentado proyecto presupuestario, el crecimiento medio en gasto social supera el 11%, por encima de lo que refleja Aragón.

El Ministerio de Hacienda incorpora en sus cálculos los importes prorrogados de esas ocho comunidades para elaborar el total agregado, advirtiendo que el dato global puede no reflejar el comportamiento real de las que sí han aprobado nuevas cuentas.

De la 'tijera' de Rudi al incremento de Lambán

Entre 2011 y 2015, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, se produjo el mayor ajuste presupuestario en Aragón. En esos años, la comunidad fue la tercera que más redujo el gasto en el conjunto de políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales), con un descenso del 11,88%.

La 'tijera' fue especialmente incisiva en Sanidad, donde el presupuesto de 2015 terminó siendo un 13,43% inferior al de la etapa anterior y situó a la comunidad como la segunda que más recortó en salud de todo el país. El año 2013 marcó el punto de inflexión negativo, con una caída de 391 millones de euros en un solo ejercicio que, según Hacienda, no se recuperó en los años posteriores.

Bajo la Administración de Lambán, el presupuesto sanitario solo registró un descenso anual en 2022, año en el que se redujo el gasto extraordinario derivado de la fase más crítica de la pandemia. Esta bajada se produjo tras un aumento del 13,78% en 2021. Pese a dicha reducción, la partida de 2022 se mantuvo un 8,19% por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria (2020). Posteriormente, en 2023, la dotación volvió a subir un 13,64%, situándose como el mayor incremento anual registrado entre todas las comunidades autónomas ese año.

Educación y servicios sociales

La educación aragonesa sigue un patrón similar. Tras la fuerte recuperación en la era Lambán (+55,07%), el crecimiento actual se sitúa en el 10,44%, lo que coloca a Aragón como la sexta comunidad por la cola en este apartado.

Donde Aragón sale peor parada históricamente es en Servicios Sociales. Aunque entre 2015 y 2023 se produjo un aumento del 49,2%, fue el área donde la comunidad mostró un perfil más discreto en comparación con el resto de España, donde la media de incremento superó el 76%. Actualmente, con un aumento del 10,1% frente al 15,7% de la media nacional, la región sigue sin lograr posicionarse en la vanguardia de la protección social.

La gestión de las piscinas y centros deportivos municipales de Zaragoza continúa en una situación de “incertidumbre” tras el anuncio de la UTE Piscinas Zaragoza (Salzillo Servicios Integrales–Imesapi) de activar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectaría a 50 trabajadores, toda la plantilla de los centros Alberto Maestro y Palafox. La empresa justifica esta decisión en la finalización del contrato actual, prevista para el 30 de abril, y en la ausencia de licitación de los nuevos pliegos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, el Consistorio emitió la semana pasada una orden de continuidad para garantizar la prestación del servicio.

Esta decisión no ha despejado el escenario laboral, sino que ha añadido más incertidumbre entre las partes implicadas. El delegado de personal de UGT en Piscinas Zaragoza, Víctor Escorza, explica que la empresa todavía no dispone de una comunicación oficial clara de esa orden de continuidad y que, por tanto, no ha descartado aún activar el ERTE que, según trasladó a la representación laboral, se plantea con una duración de hasta 12 meses. La empresa ha comunicado a fuentes sindicales que mantienen prevista la reunión del 14 de abril donde se comunicará la decisión.

La empresa ha avanzado que acudirá a la vía judicial contra esta decisión al considerar que el Ayuntamiento “se ha negado a actualizar los costes laborales” y por no haber sacado a licitación el contrato en los plazos oportunos.

El Ayuntamiento emitió la orden el pasado 1 de abril con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en los centros deportivos afectados —entre ellos Alberto Maestro, Tenerías y Palafox— así como en varias piscinas de verano de la ciudad. Se trata de asegurar que las instalaciones sigan funcionando con normalidad mientras se culmina la nueva adjudicación de los contratos.

Sin embargo, esto no ha tranquilizado a los trabajadores. “Lo que hay ahora mismo es una incertidumbre total. La empresa no sabe exactamente cómo interpretar la orden de continuidad porque dice que no la tiene comunicada oficialmente en todos sus términos. Hemos tenido conversaciones en las que les hemos trasladado que el ERTE, tal y como estaba planteado, decaería con esta orden, pero siguen sin tener claro qué van a hacer”, señala Escorza. El representante sindical añade que la empresa está valorando distintos escenarios. “Están enfadados y están estudiando posibilidades. A día de hoy no saben si van a seguir adelante con el ERTE o si esto cambia completamente la situación”, afirma.

Escorza insiste en que, desde el punto de vista de la representación de los trabajadores, el expediente no tiene base suficiente en el nuevo contexto administrativo abierto por el Ayuntamiento. “Jurídicamente esto no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros lo vamos a denunciar porque entendemos que este ERTE no estaría amparado en estas condiciones. La empresa dice lo contrario, que el Ayuntamiento no ha cumplido los plazos de la licitación y que por eso podrían seguir adelante, pero nosotros no lo compartimos”, sostiene.

El sindicato denuncia además que la plantilla se encuentra en una situación de inseguridad prolongada. “Estamos en medio de todo esto los trabajadores, que somos los que sufrimos la incertidumbre. No tenemos garantías de nada. El Ayuntamiento da por buena la orden de continuidad, pero a día de hoy no hay una comunicación cerrada ni una solución definitiva”, apunta Escorza.

UGT ha solicitado una audiencia con la consejería competente y advierte de que se emprenderán acciones legales si el ERTE finalmente se materializa en las condiciones actuales. Además, el sindicato recuerda que la empresa ha llegado a plantear la posibilidad de cerrar las instalaciones a partir del 1 de mayo si no se resuelve la situación contractual.

El Ayuntamiento, por su parte, defiende que la orden de continuidad responde a razones de interés público y a la necesidad de garantizar servicios esenciales, y asegura que permitirá mantener abiertos los centros mientras se tramitan los nuevos contratos. La orden establece que la continuidad del servicio se realizará bajo las mismas condiciones técnicas previstas en los pliegos del contrato vencido, y con los precios unitarios originalmente fijados, sin aplicar las bajas ofertadas por los adjudicatarios anteriores, y solo por las horas efectivamente trabajadas.

Según informó el Ayuntamiento, esta decisión responde “a la necesidad de garantizar que las instalaciones deportivas municipales continúen abiertas y funcionado con normalidad, ofreciendo seguridad, mantenimiento y atención adecuada a todas las personas usuarias”. La orden de continuidad se mantendrá hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos, actualmente en tramitación, con el objetivo de asegurar la prestación de estos servicios públicos esenciales.

Un puente del siglo XV por el que pasan a diario siete líneas de autobús. El estado del Puente de Piedra ha vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente en Zaragoza: su peatonalización. La aparición de grietas en sus laterales en los últimos días ha intensificado las voces que reclaman limitar el tráfico.

El geógrafo Francisco Pellicer lo tiene claro: “Un absoluto sí a la peatonalización”. Recuerda que el puente ha sufrido daños a lo largo de su historia, especialmente por las crecidas del Ebro, y lo define como un punto “frágil”. “Antes de construirlo, el río hacía una curva y chocaba justo debajo del Pilar”, explica. La obra, en el siglo XV, corrigió ese trazado: “Es un trabajo monumental, a capazo, con un pico y una pala. En el siglo XV se hace este puente y se corrige la dirección del río para que entre perpendicular. Se ve en el propio río, más arriba son todo vueltas y abajo también, este es el único tramo recto en 400 kilómetros y es una obra humana”.

Pellicer considera que, si se somete a vibraciones de vehículos pesados —de autobuses— el monumento la sufre: “Son obras que se han consolidado, que se han mejorado, pero enseguida aparecen grietas, es decir, hay que tener un exquisito cuidado con esto. Por todo esto tiene que ser peatonal”. Defiende que el valor patrimonial del puente debería estar por encima del tráfico y propone desviar la circulación a otras infraestructuras como el puente de Santiago o el de Hierro.

También el fundador de Iberflumen, Pablo Polo, apunta a problemas estructurales. “La alarma llega por las grietas, pero el problema es de fondo”, sostiene. Habla de pilares erosionados, posibles movimientos y falta de mantenimiento: “Hay que curarle las cicatrices”. Incluso advierte de asentamientos: “El puente se está hundiendo, y se ve en las grietas laterales”.

Desde el barrio del Arrabal, el enfoque es distinto. Su asociación vecinal recuerda que el puente es clave para la movilidad diaria. “El Ebro es la calle principal de Zaragoza”, resume su presidente, Rafa Tejedor. Por él pasan buena parte de las líneas que conectan el barrio con el centro, por lo que pide cautela: “No podemos permitir que una intervención afecte a esa movilidad”.

El PSOE denuncia la “falta de mantenimiento” 

En el plano político, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha pedido actuar “con urgencia”. Considera que el puente es “un símbolo de la ciudad” y denuncia falta de mantenimiento. Según afirma, el año pasado solo se ejecutó la mitad del presupuesto destinado a conservación de puentes. “Hay una desidia absoluta”, critica, y anuncia que pedirá una comisión para analizar su estado. Ranera también criticó las intervenciones artísticas que se han hecho o se han planteado en este monumento en los últimos años: “Natalia Chueca ve los puentes no como parte de la historia ni de la riqueza de la ciudad, los ve para anillarlos o para anclar muñecos por el puente”.

Se refiere al Ring of Luxe, un gran anillo de oro que se programó para colocar en el Puente de Piedra durante el festival Hola Primavera. Finalmente, no se pudo instalar debido a las condiciones meterológicas. Lo que sí que se instalo fueron los ‘Colosses’, unas esculturas que fueron ancladas a la estructura del Puente de Piedra. En ese momento, entidades patrimonialistas denunciaron el hecho al considerar que incumplía propia normativa municipal del Ayuntamiento, que establece para cualquier elemento que deba ser colgado “en ningún caso deberán ir ancladas al suelo o a cualquier otro elemento de la vía pública que pueda sufrir algún deterioro”. El Consistorio aseguró que la piedra no se vio afectada.

Frente a esto, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, rechaza que exista un problema de seguridad y acusa a Ranera de generar “alarmismo”. Defiende que los técnicos municipales revisan periódicamente estas infraestructuras y asegura que el servicio de conservación “hace su trabajo”.

Ese mismo día, Serrano anunció que el Consistorio sí prevé actuar dentro del Plan de Puentes. En las próximas semanas se adjudicará la redacción de un anteproyecto para el Puente de Piedra, que incluirá inspecciones técnicas más detalladas —con drones y ensayos específicos— y propuestas de intervención. Al ser un Bien de Interés Cultural, cualquier obra deberá contar con el visto bueno de Patrimonio. 

En este caso, la inspección principal de puente se centrará en el desgaste general de la sillería; las posibles grietas y fisuras; la vegetación, aterramiento y socavación en zampeados de las pilas; la erosión, desgaste y desprendimiento de los sillares en el muro de estribo izquierdo —aguas abajo—; y otros posibles deterioros y patologías adicionales. También se aprovechará para crear un modelo digital de todo el puente y sus estribos, incluyendo el muro de sillares en el muro de estribo izquierdo.

Además, se elaborará un informe de la zona de nidificación del vencejo común 'Apus Apus' y del vencejo pálido 'Apus pallidus' en las grietas de generadas en los sillares. Se deberá tener en cuenta las épocas de nidificación y elaborar un mapa donde se registren los nidos existentes. De hecho, el proyecto incluirá la redacción de un anexo con procedimientos a seguir en las posibles obras de rehabilitación para la protección y conservación de la avifauna del entorno. Para este puente también se incluirá un anteproyecto de mejora de iluminación ornamental y un estudio de movilidad del tráfico peatonal y de vehículos para el entorno y así minimizar posibles afecciones temporales que pudieran derivar de las obras.

Azuara continúa esperando. Nueve meses después de que las tormentas de junio arrasaran su centro de salud, la infraestructura sanitaria del municipio zaragozano permanece sin rehabilitarse y sin un calendario claro de actuación por parte del Gobierno de Aragón. “El centro está como estaba”, resume el alcalde de la localidad, Joaquín Alconchel, quien insiste en que la situación sigue completamente bloqueada. “Está todo pendiente, depende del Gobierno de Aragón. No tenemos ninguna competencia y estamos esperando a que nos digan qué se va a hacer”, explica. Mientras tanto, la atención sanitaria se mantiene en dependencias municipales habilitadas de forma provisional: “El médico está en la ludoteca, hacen los servicios en un departamento municipal”.

La falta de avances contrasta con los compromisos expresados en los días posteriores a las tormentas de los pasados 13 y 14 de junio, cuando el centro sanitario quedó “totalmente arrasado”. Entonces, desde el Ejecutivo autonómico se aseguró que la prioridad era restablecer la atención sanitaria lo antes posible y acometer obras de urgencia para garantizar el servicio en condiciones adecuadas.

En aquellas jornadas, la gerente de Atención Primaria de Aragón, Pilar Borrás, se desplazó a Azuara para evaluar la situación tras una noche en la que la prioridad fue poner a salvo al personal sanitario. Una de las profesionales que se encontraba de guardia tuvo que ser rescatada por los Bomberos. Paralelamente, se reorganizaron los recursos asistenciales en la zona para evitar que la población quedara desatendida.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, también visitó la localidad y anunció entonces que se habilitaría un espacio alternativo —inicialmente la ludoteca municipal— para instalar consultas provisionales. Además, se comprometió a buscar una ubicación definitiva para el consultorio en una zona no inundable y a acelerar la recuperación de la infraestructura sanitaria, subrayando que “la mayor preocupación es el tiempo”.

Sin embargo, nueve meses después, el consultorio continúa funcionando en un espacio provisional y el municipio sigue a la espera de decisiones administrativas que permitan avanzar en la reconstrucción o reubicación del centro. La situación afecta no solo a Azuara, sino también a la organización sanitaria de su entorno, ya que en los días posteriores al temporal fue necesario redistribuir la atención en municipios cercanos como Letux, Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros, Moyuela, La Zaida o Vinaceite.

Casi 800 vecinos de La Puebla de Alfindén conviven cada día con ruido constante a causa del tráfico de la autopista, una situación que califican como “insostenible” y por la que reclaman la instalación de pantallas acústicas. Algunas de las casas se encuentran a 40 metros de la A-2 “sin nada por en medio, recogemos todo el ruido de los coches”, explica Benjamín Alcalde, portavoz de la recién creada plataforma 'AfectA2'.

Sus quejas están amparadas en un informe técnico que establece que el nivel de ruido que soportan supera los niveles recomendados y tiene efectos directos sobre la salud. La cercanía a la vía y la ausencia de pantallas acústicas —que sí existen en otros tramos— deja a estas viviendas completamente expuestas: “Esto lleva pasando muchos años, pero desde que quitaron el peaje en 2021 ha aumentado muchísimo el tráfico, sobre todo de camiones”, añade Alcalde.

El día a día está condicionado por ese ruido constante. “En las terrazas no se puede estar y dentro de casa se mete igual”, explica. Pero el problema no es solo el volumen, sino también la irregularidad de algunos sonidos. A la circulación continua se suman las bandas sonoras instaladas en la calzada para alertar de salidas de vía, que generan golpes de ruido difíciles de anticipar. “El ruido constante el cerebro lo acaba filtrando, pero este es aleatorio. A veces pasan tres camiones seguidos por la banda y no hay forma”.

El impacto se agrava por la noche y en verano. “No puedes tener las ventanas abiertas para refrescar y mucho menos dormir. Cada diez minutos pasa un camión por una de esas bandas”, describe. Los vecinos aseguran que esos efectos ya forman parte de su día a día. “Aunque el cerebro lo filtre, está haciendo un esfuerzo continuo y eso genera estrés. Se nota en el ánimo”, apunta el portavoz.

Nivel de ruido por encima de la normativa

Un informe elaborado sobre la zona concluye que existen áreas residenciales afectadas por niveles sonoros por encima de lo que establece la normativa y de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que sitúa el umbral en 53 decibelios durante el día y 45 por la noche. El documento recuerda además que el tráfico rodado es la principal fuente de contaminación acústica en entornos urbanos y puede tener consecuencias más allá de la molestia: desde alteraciones del sueño hasta estrés, ansiedad o problemas cardiovasculares.

El mismo informe recoge la “prioridad” de actuación en la zona mediante la implantación de medidas correctoras orientadas a minimizar los niveles de ruido ambiental, proteger la salud de la población y contribuir al cumplimiento de los compromisos normativos y ambientales“. Por tanto, la colocación de estas pantallas acústicas se considera ”necesaria y plenamente justificada desde el punto de vista ambiental y legal“.

Estas barreras constituyen una medida correctora “viable, técnica y ambientalmente efectiva, cuyo fin es lograr que los niveles de ruido en fachada de las edificaciones afectadas se situen por debajo de los límites establecidos”. El informe concluye: “La colocación de pantallas acústicas en el tramo de la A-2 a su paso por la Puebla de Alfindén no solo responde a una necesidad ambiental y sanitaria, sino que también cumple con la obligatoriedad legal de garantizar los objetivos de calidad acústica, asegurando la protección de la población expuesta y la reducción efectiva del impacto sonoro en el entorno”.

La principal reivindicación de la plataforma es la instalación de pantallas acústicas, una medida que, según recuerdan, fue aprobada en 2013 pero nunca llegó a ejecutarse. “No se le dio presupuesto. Es llamativo que en otros municipios de la A-2 sí estén y aquí no”, critica Alcalde. Junto a esta actuación, plantean otras soluciones como la reducción de la velocidad, el uso de pavimentos menos ruidosos o la sustitución de las bandas sonoras por sistemas que generen menor impacto acústico. “Pero lo inmediato son las pantallas”, insiste el portavoz.

Hasta ahora, han trasladado sus demandas a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, sin obtener respuesta. También han contactado con el Ayuntamiento y con el Defensor del Pueblo, mientras el expediente sigue abierto. Este diario ha contactado con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, competente en la materia, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

La estrategia de esta recién creada plataforma pasa ahora por aumentar la visibilidad del problema. Entre las próximas acciones, prevén instalar un medidor de decibelios y difundir los resultados. “Hay que seguir insistiendo, mandar instancias aunque no contesten y estar encima de las administraciones”, señala. Mientras tanto, la sensación entre los afectados es clara: “Cada vez hay más tráfico y cada vez es peor. En verano, con la gente que va a la playa, se nota muchísimo”.

El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue en el aire. El Ayuntamiento ha confirmado este miércoles que la nueva adjudicataria no asumirá la gestión hasta el 3 de noviembre, después de que no se haya cerrado el acuerdo entre las empresas implicadas. Mientras tanto, la actual concesionaria seguirá al frente del recinto durante toda la temporada en aplicación de la orden de continuidad prevista en los pliegos.

El concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha explicado que la falta de acuerdo entre los socios de Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment y en un 20% por PAZ, de la familia Morte y actual gestora— obliga a volver al calendario inicial. “No se ha alcanzado un acuerdo y eso nos lleva a aplicar el pliego”, ha resumido.

Detrás del retraso hay un problema económico. Según ha detallado Lorén, las diferencias entre las partes se centran en el precio de las atracciones que deben pasar de la gestora actual a la nueva sociedad. A eso se suma el malestar del socio mayoritario, el grupo inversor Fénix, al conocer la situación preconcursal del minoritario, lo que ha terminado de tensar la negociación.

El concejal ha reconocido que el Ayuntamiento ha intentado actuar como “mediador” para desbloquear la situación lo antes posible. Según Lorén, se han mantenido diversas reuniones con el objetivo de que el traspaso fuese “lo más rápido posible”, incluyendo un encuentro este mismo martes en el que se trasladaron las discrepancias económicas entre los socios. Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo en dicha reunión —convocada a petición del actual concesionario—, el Consistorio se ha visto obligado a desistir en su intento de acelerar los plazos y regresar a las fechas inicialmente previstas en el pliego para evitar que el parque cierre.

Pese a todo, desde el Ayuntamiento insisten en que el concesionario es Moncayo y que sus problemas internos no deberían afectar al proceso. La empresa, de hecho, ha trasladado su intención de seguir adelante con el proyecto, ha dicho Lorén. Fenix, que aportó una fianza de 600.000 euros —la más elevada jamás depositada para esta concesión—, habría mostrado incluso interés en comprar la parte de los Morte dentro de Moncayo Leisure, lo que podría acelerar una eventual salida de la familia del accionariado. Los pliegos establecen que este movimiento tendrá que estar amparado por el Consistorio.

Sin acuerdo con los sindicatos

La parálisis administrativa se traduce en un escenario crítico para la plantilla. Actualmente, 81 trabajadores vinculados a la familia Morte viven en un limbo legal y operativo, ya que siguen dependiendo de la concesionaria actual mientras la nueva sociedad aún no ha asumido la subrogación prevista al no haberse firmado el acta de entrega.

De ellos, 29 empleados fijos acuden a diario a sus puestos en un recinto sin actividad alguna. “Están yendo a trabajar, pero no hacen nada”, lamentan desde el comité de empresa de CCOO, describiendo la estampa de un parque “desierto”. Peor es la situación de los 50 fijos discontinuos, que ni siquiera han sido llamados para iniciar la temporada. El sindicato, que mantiene la negociación del ERTE abierta hasta el 6 de abril, ha exigido informes financieros para entender cómo una empresa que acaba de ganar una concesión para 50 años pretende entrar ahora en concurso de acreedores. Ante este escenario, Lorén ha rechazado hacer declaraciones y ha reiterado que la gestión de la plantilla es “responsabilidad de la empresa”.

Pese a la situación, el Gobierno municipal sostiene que el parque abrirá esta temporada. La orden de continuidad obliga a la actual gestora a hacerlo “en las mismas condiciones” que hasta ahora, aunque será la empresa quien marque los tiempos. “No hay ningún indicio de que no se vaya a abrir”, ha insistido Lorén. En los pliegos, dicha cláusula establece que esta concesión es de interés público, por lo que se establece que si la adjudicación definitiva se retrasa de forma que impida firmar el acta de entrega antes del 28 de febrero, el gestor anterior está obligado a garantizar la continuidad de la actividad durante toda la temporada, desde el 1 de marzo hasta el 3 de noviembre.

El concejal también ha querido quitar hierro político al asunto y ha recalcado que la renovación no responde a un “proyecto estrella”, sino a la finalización de la concesión anterior.

El PSOE cuestiona un proceso “sin transparencia”

El portavoz socialista Horacio Royo ha cargado con dureza contra la gestión municipal y ha advertido de que el Ayuntamiento lleva semanas sin exigir el cumplimiento del contrato. “Hay un proceso al que concurrió una empresa que ganó la concesión, que se firmó en enero y solo está pendiente de que se entreguen las instalaciones”, ha señalado Royo, para quien la excusa de las discrepancias entre socios no justifica que el consistorio haya decidido no forzar la entrega. “Es un asunto interno de esas dos empresas que el Ayuntamiento ha considerado suficiente para no hacer cumplir el pliego”, ha criticado.

El socialista también ha cuestionado la transparencia del proceso, recordando que la prórroga de la concesión actual —prorrogada del 28 de febrero al 31 de marzo— se concedió “sin transparencia” y que ya en el último pleno su grupo advirtió de que nada generaba confianza en la actuación del gobierno.

Royo ha puesto el foco especialmente en la situación de los trabajadores. “Hablamos de algo muy serio: 81 familias que dependen de manera directa del parque”, ha señalado, añadiendo que otras empresas colaboradoras también se verían arrastradas si el parque no abre. Para el PSOE, el escenario más probable es precisamente ese: que el parque no llegue a abrir en toda la temporada. “El señor Lorén no lo ha garantizado, ha respondido con evasivas”, ha afirmado. Los socialistas han anunciado que pedirán la comparecencia de Lorén en el Ayuntamiento y exigirán que asuma responsabilidades políticas por lo ocurrido.

PP, PSOE y Vox han llegado a un acuerdo respecto a las asignaciones económicas a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón en concepto de subvenciones para gastos de funcionamiento y gastos de personal que “estrangula a los grupos pequeños”. Así lo han denunciado este martes Teruel Existe e Izquierda Unida, que ven reducida la partida de personal en un 54%, lo que, en el caso del segundo “impide contratar a una persona a jornada completa”.

Las asignaciones, aprobadas por los tres principales grupos de la Cámara, se han diseñado —según critican los grupos minoritarios— sin mantener el criterio aplicado en legislaturas anteriores, que incorporaba mecanismos de corrección para garantizar un mínimo de recursos a las formaciones con menor representación. Según ha explicado Tomás Guitarte: “En estas Cortes siempre que ha habido un grupo con una representación inferior a 14 diputados, estas formaciones tenían una serie de recursos mayores que los que corresponde a su proporcionalidad porque el reglamento así lo recoge, son recursos mínimos para que puedan ejercer su función”.

El nuevo reparto se produce en un contexto de reconfiguración parlamentaria tras las últimas elecciones. El PP ha perdido dos diputados, el PSOE cinco, Vox ha pasado de siete a 14, CHA de tres a seis, Teruel Existe ha pasado de tres a dos diputados e Izquierda Unida mantiene un escaño. La Cámara cuenta además con dos grupos menos tras la desaparición de Podemos y el PAR.

Pese a esta nueva aritmética, los grupos minoritarios denuncian que el reparto de recursos no se ha ajustado de la forma proporcional en función del número de escaños y las variaciones respecto a la legislatura anterior. En el caso del PP, la asignación de personal aumenta un 22% pese a la pérdida de diputados. El PSOE apenas varía su dotación. Vox ha visto duplicada la partida a personal. Algo que no se corresponde con lo que ha ocurrido con Chunta Aragonesista, que también duplicó su representación y cuya partida ha aumentado solo en un 36%. Jorge Pueyo ha mostrado su apoyo acompañando a Abengoechea y Guitarte en la rueda de prensa conjunta que estos han dado.

Sin embargo, los grandes damnificados de esta propuesta son Teruel Existe e Izquierda Unida. Este último aún más, ya que mantiene la misma representación que en las últimas elecciones y, a pesar de ello, pierde el 54% de la financiación en personal. Teruel Existe ha perdido un diputado y ha visto reducida la cuantía en el mismo porcentaje que IU. Los dos partidos denuncian un “cambio de criterio” que rompe el consenso histórico de la Cámara y “pone en riesgo su funcionamiento”. La situación es especialmente llamativa cuando en esta legislatura hay dos grupos políticos menos: “Había más dinero a repartir”, destaca la diputada de Izquierda Unida, Marta Abengoechea.

Sostiene además que la propuesta de Vox, PP y PSOE aplica un criterio “arbitrario de proporcionalidad pura” que resulta “profundamente injusto” y deja a los grupos minoritarios con su funcionamiento “gravemente comprometido”. Abengoechea afirma que el grupo mixto ha presentado hasta cuatro propuestas alternativas que no han sido aceptadas y critica que, con menos diputados en la Cámara, los grandes grupos “salen ganando” mientras los pequeños “pierden pese a mantener su representación”: “Con unos 30.000 euros asignados no se puede ni mantener una jornada completa”, ejemplifica Abengoechea.

“El PSOE, perdiendo diputados, gana recursos; no responde a ningún criterio democrático”, sostiene. También acusa al PP de “plegarse a las exigencias de Vox” en un acuerdo que, en su opinión, supone un “mercadeo” entre los grupos mayoritarios a costa de los minoritarios.

Abengoechea también ha destacado que la carga de trabajo de los grupos minoritarios es alta, ya que, en su caso, solo es una persona la que acude a las comisiones: “Vamos a ver gravemente comprometido nuestro funcionamiento tanto de actividad parlamentaria como de representación de la ciudadanía”.

“Un intento de estrangular a los grupos pequeños”

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ratifica este diagnóstico y sostiene que la decisión supone una ruptura con la práctica habitual de las Cortes, que hasta ahora garantizaban “recursos mínimos suficientes” para el funcionamiento de los grupos con menor representación. Guitarte denuncia que la aplicación de un reparto estrictamente proporcional hace “inviable” el cumplimiento de las funciones parlamentarias básicas y “vacía de contenido” el artículo 51 del reglamento de la Cámara.

El portavoz de Teruel Existe acusa además a PP, PSOE y Vox de actuar de forma coordinada para repartirse los recursos: “Son grupos incapaces de llegar a acuerdos en otras materias, pero se ponen de acuerdo para repartirse las subvenciones”. También hace referencia a las cantidades que el PSOE y el PP tendrían que reducir de sus partidas: “Con una financiación total de 1.100.000 euros se niegan a ceder 27.000 en el caso del PSOE o 58.000€ el PP, que cuenta con un millón y medio de euros. Para ellos son cantidades irrisorias que permitirían el correcto funcionamiento de los grupos minoritarios. Aparte de injusto es incomprensible”.

Ambos portavoces agradecen el apoyo de CHA y defienden que el conflicto trasciende lo ideológico. “No es una cuestión política, sino de defensa de la democracia”, subraya Abengoechea. Guitarte concluye que la decisión compromete el derecho de los diputados a desarrollar su labor con garantías: “Se está actuando por la vía de los hechos, limitando la capacidad de trabajo de los grupos minoritarios”.

Diez meses después de dar a luz a su hija, María —nombre ficticio— logró que su matrona la derivase a salud mental con un diagnóstico de depresión posparto, requisito imprescindible para acceder a este tipo de atención. Acudió con la expectativa de recibir tratamiento especializado, pero, según relata, se encontró “en una habitación dentro del Centro de Salud Mental Infantojuvenil Amparo Poch de Zaragoza con una enfermera especializada en salud mental perinatal. Ese era todo el personal”.

“Yo pensaba que me vería la enfermera y después un psiquiatra o un psicólogo especializado, pero no hay, esos son todos los recursos”, denuncia. Madre soltera por elección, con un hijo de seis años y una niña nacida en diciembre de 2024, describe la vuelta a casa tras el parto como “complicada”: una episiotomía “agresiva” que no terminaba de cicatrizar, dolor constante y un bebé con cólicos durante meses que lloraba durante horas cada día.

Considera que el primer fallo se produjo en Atención Primaria. “Me mostraba decaída, triste y agotada, no dormía, y ningún profesional detectó que tenía un problema”, señala en referencia a su matrona, la enfermera pediátrica, la pediatra y su médico de cabecera. La derivación no llegó hasta que ella misma la solicitó “por favor”, y lo hizo diez meses después de dar a luz. Relata además “falta de empatía” por parte de algunos profesionales. “Llorando desconsolada empecé a culpabilizar a mi hija, no sabía qué hacer, no estaba bien. La respuesta de la pediatra fue gritarme y decirme que mi hija sí que lo estaba haciendo bien”.

María cuestiona la falta de coordinación entre los distintos profesionales que la atendieron: “Veían a una madre soltera con dos niños, que acudía con frecuencia a consulta, con un problema físico sin resolver y visiblemente decaída. No soy yo como paciente la que tiene que solicitar ayuda, son los profesionales los que tienen que detectarlo. A mí la sanidad pública me ha fallado”, afirma.

Una unidad especializada sin personal

Cuando finalmente acudió a la consulta especializada, esperaba encontrar herramientas y un equipo multidisciplinar. Sin embargo, asegura que fue atendida por una enfermera y una residente. “Me preguntó si tenía ideación suicida y otras cuestiones que debería explicarme ella. Cuando le pedí orientación, me dijo que era enfermera”, relata. A su juicio, la atención debería implicar a psiquiatras o psicólogos especializados. También denuncia comentarios que considera inapropiados: “Me preguntó por qué había tenido una segunda hija si el primer parto fue tan difícil o por qué los había tenido sin padre. Yo tenía depresión posparto; si tienes prejuicios sobre mi vida, cállate”. “Para cuidar a un bebé hay que cuidar a la madre. No puedes decirle esas cosas a alguien con depresión posparto. Salí de ahí devastada”, resume.

Según su testimonio, la propia profesional le reconoció que no podían atenderla adecuadamente “porque no hay profesionales de salud mental perinatal” y le facilitó información de una entidad privada. “Yo quería que me atendieran en la sanidad pública”, subraya. Tras insistir, fue derivada a psiquiatría, pero meses después sigue sin cita: “Esto fue en octubre y a finales de marzo todavía no tengo fecha”.

Aragón no cuenta, al menos de forma pública, con una unidad específica de salud mental perinatal, aunque sí existen programas de detección y atención dispersos en Atención Primaria y salud mental. A diferencia de esta comunidad, en Cataluña, el Hospital Clínic de Barcelona dispone de un programa consolidado de psiquiatría perinatal; en Comunidad de Madrid, centros como el Hospital Gregorio Marañón cuentan con unidades específicas; y en Comunidad Valenciana se han desarrollado consultas monográficas en hospitales como el Hospital La Fe de Valencia.

La prevalencia de la depresión prenatal se sitúa entre el 7% y el 19%, y en el posparto entre el 10% y el 15%, según datos del VIII Simposio de Salud Mental Perinatal. Extrapolado a Aragón, entre 2.000 y 2.700 mujeres podrían experimentar estos trastornos cada año. “Las madres somos las que traemos criaturas. Es de justicia social que se destinen recursos y profesionales preparados para atender a las madres que lo necesitan. Los cuidados comienzan con el nacimiento de un bebé y de la madre, si eso no se cuida es una sociedad enferma, si no se atiende a una madre enferma el bebé no va a estar bien”, reitera.

“Si tienes dinero puedes tratarte; si no, estás desprotegida”

María denuncia la “falta de recursos profesionales en la sanidad pública” y advierte de una desigualdad en el acceso a la atención: “Si tienes dinero puedes tratarte; si no, estás desprotegida”.

La depresión postparto de María no vino solo derivada de su parto y la crianza. Tal y como ella explica, el factor económico influyó. En su caso, estuvo tres meses sin cobrar “por falta de personal” en el INSS. Relata que tuvo que ir presencialmente a la oficina y no pudieron resolver la situación: “Estuve tres meses sin ingresos, la razón es porque no había personal, me ha pasado a mí y a más gente. En el expediente consta que en mi casa solo están mis ingresos, mi familia depende de ello, se debería priorizar”. 

Ahora, tiene que pagar de su bolsillo la atención psicológica que necesita. Explica que, tras la experiencia en la sanidad pública, llamó “a todas las puertas” y “gracias a otras madres contacté con mi actual psicóloga. Me ayuda mucho, pero es un gran esfuerzo económico y mi situación es precaria”.  A pesar de que su entorno más cercano “no me supo sostener”, María destaca la colaboración entre madres, en su caso dentro de la asociación de madres solteras por elección y de 'el parto es nuestro', ya que gracias a una compañera de esta última ha contactado con su actual terapeuta. “Las madres son las que están salvando a las madres, eso no puede ser, nos han dejado huérfanas de la atención que nos corresponde y nos merecemos”: “Mis hijos y yo estamos vivos de milagro”.

El éxito del true crime no deja de crecer. Podcast, documentales y series basadas en crímenes reales copan las plataformas y arrastran a millones de espectadores. En particular, a espectadoras: alrededor del 70% u 80% del público de este género son mujeres. Una de ellas era Berta Comas, periodista zaragozana reconvertida en docente, que ha escrito un ensayo en el que analiza el éxito de este fenómeno: 'True crime. Una mirada hacia el dolor de las demás'.

Casas reflexiona y argumenta durante 140 páginas sobre lo que el true crime hace sentir a quienes lo consumen y cómo aumenta la sensación de un riesgo a sufrir un acto violento “cuando vivimos en un país con un bajo índice de criminalidad, no es una realidad ese peligro” pero, aún así, un día se descubrió a sí misma “pensando que foto elegiría mi familia para un cartel de desaparecida”. Con esta idea comienza el ensayo, que va recorriendo las diferentes aristas de este tema con fuentes documentales y referencias bibliográficas.

Uno de los ejes centrales del ensayo es la falta de enfoque de género en estos relatos. Esta cuestión aparece en numerosas ocasiones en el libro y también se abordó en la presentación en Zaragoza, que tuvo lugar en la librería La Montonera. La autora, acompañada de sus compañeras —y amigas— del podcast 'Sororitrap' Berta Jiménez y Rocío Durán, reflexionó sobre la falta de referencias a estos crímenes —la mayoría asesinatos de mujeres cometidos por hombres— como feminicidios. Es decir, no se aborda el tema desde el prisma de la violencia machista, por lo que se desliga de uno de los grandes problemas de nuestra sociedad.

Entre el miedo y la identificación

Durante la presentación del libro en Zaragoza, Comas profundizó en esa relación contradictoria que el público —especialmente femenino— establece con este tipo de contenidos. “Si puede ser cualquiera, puedo ser yo. Pero a la vez piensas que a ti no te pasaría”, resumió. Esa dicotomía atraviesa todo el género. Por un lado, las espectadoras se identifican con las víctimas —mujeres, en su mayoría—. Por otro, la propia narrativa introduce una distancia que permite pensar que ese desenlace podría haberse evitado.

Durante el coloquio, las tres periodistas reflexionaron sobre el aprendizaje implícito que puede generar consumir este tipo de contenido. Berta Jiménez lo explicó así: “Te sientes identificada, pero a la vez la espectacularización te saca de ahí, individualiza todo y genera una distancia muy cruel”. Esa tensión, añadió, se traduce en una comparación constante entre lo que le ocurrió a la víctima y lo que una misma habría hecho. Muchas consumidoras de true crime buscan en estos relatos patrones, errores o señales que les permitan anticiparse al peligro. “Si aprendo de esto, a mí no me va a pasar”, es la lógica que subyace, aunque, como señaló Comas, ese razonamiento “es muy perverso”.

“Al final lo que se está diciendo es eso, de no puedes ir por la calle sola de noche porque te puede pasar, entonces te quedas en casa. No hagas auto-stop porque te puede pasar, por lo tanto no te mueves”, explicó. “Entonces como que se va coartando un poco las salidas de las mujeres y se acaba en una domesticación”. En esa misma línea, Rocío Durán apuntó a cómo estos mensajes se trasladan a la vida cotidiana: “Veces y veces que me han repetido la cosa esta de no vuelvas de noche o no cruces parques”. “Entiendo que con el tema del true crime todavía es como insensibilizarte a la vez, como reforzar ese tipo de comportamiento”, añadió.

La autora también apunta a otra clave del éxito del género: la capacidad de generar una identificación múltiple. “El true crime nos hace sentirnos en la piel de víctima y asesino a la vez”.

Punitivismo y normalización de la criminalidad

El ensayo también cuestiona el enfoque habitual del género, centrado en el crimen, la investigación y la resolución judicial. “Todo acaba con la puerta de la cárcel cerrándose”, explica Comas. La autora considera que este esquema narrativo deja fuera buena parte de la historia. “Luego no hay un más allá”, señaló, en referencia a la falta de relatos sobre lo que ocurre después con las familias o los entornos de las víctimas.

Durante el coloquio, Rocío Durán planteó esa misma idea al preguntarse por el peso del castigo en estos relatos: “Es posible un true crime antipunitivista, o sea, es posible imaginar un documental en el que no acabe persiguiendo al asesino a través de los juzgados”. En esa línea, Comas insistió en la necesidad de ampliar el foco: “Sería más interesante qué pasa después con las que nos quedamos, con los entornos que se quedan en relación a eso, qué consecuencias les quedan”.

Otro de los ejes del ensayo es cómo el true crime convierte en cotidiano lo que en realidad es excepcional. España, recuerda Comas, tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de su entorno, pero la repetición constante de estos relatos genera una sensación de amenaza permanente. El libro recoge además referencias internacionales, como el impacto de los asesinatos de Ted Bundy en universidades estadounidenses. Tras esos crímenes, se registró un descenso en las matriculaciones de mujeres. “Si le ha pasado a otras, le puede pasar a mí”, resumió Comas. “Sabemos que ocurren cosas horribles en el mundo… pero tampoco hace nada en tu vida contra eso”, añadió la autora, en relación con la idea de que la información no siempre se traduce en control, sino en una mayor sensación de inseguridad.

Quién cuenta las historias

El libro también pone el foco en quién construye estos relatos. Aunque cada vez hay más mujeres en formatos como el pódcast, la producción audiovisual sigue estando mayoritariamente en manos de hombres. “Depende desde qué perspectiva lo hagas… cambia mucho”, explicó Comas durante la presentación. “Nada va a ser objetivo”.

Durante el coloquio, Berta Jiménez también apuntó a cómo se construyen los perfiles de las víctimas: “Las protas son chicas blancas de clase media, clase alta”. Un patrón que deja fuera otros casos con menor visibilidad mediática.

En paralelo, la figura del agresor también se presenta como una excepción. “Si pensamos siempre que son psicópatas… eso también hace que no podamos pensar que lo que están haciendo es totalmente estructural”, señaló Comas.

Casi diez horas esperando en la sala de espera de Urgencias del Hospital de Barbastro o visitas “sin solucionar el problema”. Marta —nombre ficticio— acudió al centro hospitalario por indicación de su médica de cabecera, al tener mucha fiebre de manera continua que no bajaba y con antecedentes de una operación y una infección posterior. A pesar de su estado, permaneció esperando todo el día y, según cuenta, no fue la única. 

Esta mujer vive en Benasque, a 87 kilómetros de Barbastro, por lo que cada vez que acude al centro tiene “que pedir a alguien que deje de ir a trabajar y me acompañe, el trayecto es de más de hora y media”, explica. Marta no puede conducir, el 31 de enero le operaron la rodilla y depende de algún familiar para poder acudir al hospital: “No sabes cuántas horas vas a estar, por lo que logísticamente no es tan sencillo”. 

Según relata, diez días después de la operación tuvo fiebre y fue a urgencias por indicación de su médica de cabecera. En esa ocasión, “solo fueron tres horas hasta que fui atendida. Tenía una infección y me volvieron a operar, estuve 18 días ingresada”. Regresó a su casa y, a los días, volvió a tener episodios de fiebre. Cuando subió hasta 38, su médica volvió a recomendarle que fuese a urgencias, tras cuatro horas y media de espera “me miraron y me dijeron que no era de la pierna, me mandaron a casa”. Esa noche, la fiebre subió aún más: “Estaba destrozada, no podía bajar ese día, necesitaba a alguien, me organicé y al día siguiente a las 10:00 estaba en el Hospital, había cinco personas en la sala de espera y vi pasar a todos los que entraban durante el día sin que me llamasen”.

Explica que preguntó en varias ocasiones y que, pese a que le habían dicho que no tomase medicación, se tuvo que tomar algo para la fiebre porque se encontraba muy mal. “A las 19:00 pedí una hoja de reclamaciones y, aún no me había sentado a escribirla y ya me estaban llamando”. A las 22:30 salía del centro: “Esta vez sí que me hicieron muchas pruebas, me miraron muy bien y me recetaron un antibiótico. No critico a los profesionales, sino que está mal gestionado. No puede ser que una persona vaya por una urgencia y se pegue más de doce horas esperando, había gente que había llegado a la vez que yo por la mañana y cuando me fui seguían en la sala de espera”. 

Asegura que esta situación le parece “una barbaridad” y que, si le vuelve a suceder algo así, pedirá una ambulancia: “No me parece normal que en Urgencias haya que esperar tantas horas”, concluye. 

Desde el Departamento de Sanidad explican que se está trabajando “para mejorar las Urgencias”: “A corto plazo, además de contar con el apoyo del sector de Huesca, existen conversaciones muy avanzadas para contar también con el apoyo de los sectores sanitarios de Zaragoza I, Zaragoza II y Zaragoza III”. Han enfatizado que se atienden “todas las urgencias, dando prioridad a los pacientes que presentan una clínica más grave, según el proceso de triaje, de forma que no hay ningún proceso vital comprometido”.

Dimisiones

Las dimisiones y las quejas tanto vecinales como políticas son una constante respecto a este centro. La semana pasada se hizo pública la dimisión del jefe de Urgencias de este centro, Juan Magallón, que se hará efectiva el 1 de abril. Este profesional había desempeñado su actividad en el centro hospitalario durante más de veinte años y, según ha trascendido y comunicó el Departamento de Sanidad, su decisión se debe a motivos personales.

No ha sido la única. La primera fue la del gerente sanitario de Huesca y Barbastro, Luis Canalejo, luego el director del hospital, Juan Eito, el responsable de urgencias Manuel Griabal, y la directora de enfermería, jefes de servicio, supervisora de la UCI, y la jefa de admisión. Así lo recuerda José Luis Parra, desde Chunta Aragonesista Somontano: “El goteo de ceses y dimisiones tiene que ver poco con la casualidad o con los motivos personales que se aducen, sino más bien con la nefasta gestión de Bancalero”. Parra asegura que “la crisis estructural del hospital de referencia para la mitad de los habitantes de las comarcas del Alto Aragón es evidente”.

El PSOE Barbastro ha denunciado en varias ocasiones “la saturación de las urgencias” de este centro lo que, según la formación, “está obligando a derivar pacientes al Hospital San Jorge de Huesca. Una situación de colapso inaceptable que vulnera el derecho que tenemos los barbastrenses y los más de 110.000 altoaragoneses que tienen este centro como referencia sanitaria”. “El Gobierno de Aragón sigue poniendo en riesgo con esta decisión un derecho esencial como es la una atención sanitaria pública, cercana y de calidad. No es de recibo que, ante una urgencia médica, se obligue a recorrer decenas de kilómetros, que superan el centenar desde algunos puntos, con el riesgo que ello conlleva para la salud de los pacientes”, expusieron el pasado mes de febrero.

Ubicado en la Comarca del Somontano, el hospital da cobertura a otras cinco comarcas del Alto Aragón oriental: Sobrarbe, Ribagorza, Cinca medio, la Litera y Bajo Cinca. Atiende a una población que supera las 110.000 personas, repartidas en más de 8500 km². Sin embargo, en los últimos años, las voces que alertan del “progresivo vaciamiento” han crecido, hasta el punto de crear una Plataforma ciudadana que reivindica la mejora del servicio. Recientemente desde la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro, junto a la Junta de Personal, han denunciado la “falta de profesionales, planificación y transparencia” lo que, según denuncian, “está poniendo en riesgo la calidad asistencial del centro”.

Fuentes del Departamento de Sanidad explican que las decisiones que se han presentado han sido “por motivos personales” y que se han producido a lo largo del tiempo: “Por parte del Gobierno de Aragón se está realizando un esfuerzo para mejorar la dotación de médicos en el Hospital de Barbastro”. Exponen que, durante 2025, “se mejoró la plantilla con 23 médicos y en 2026 ya se han elegido las 14 plazas ofrecidas en este hospital de difícil cobertura, cuya incorporación tendrá lugar el 17 de abril, y están en tramitación otras 32. En total, serán 46 plazas de 21 especialidades diferentes”. Aseguran que habrá una tercera convocatoria para plazas de Médicos de Familia, que incluiría también a los profesionales de Urgencias.

El debate de una moción de Vox sobre la “defensa de la vida” ha acabado este jueves en un tenso enfrentamiento en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. La concejala de Zaragoza en Común, Elena Tomás, y la alcaldesa, Natalia Chueca, han protagonizado un choque a raíz de unas declaraciones sobre la Virgen María que la regidora ha considerado una “falta de respeto” que “roza el delito de odio”.

La iniciativa del grupo municipal Vox instaba al Consistorio a “manifestar su compromiso firme con la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”, además de “promover campañas de sensibilización en defensa de la vida y protección del no nacido, la maternidad y la familia” y desarrollar medidas de “prevención del aborto”.

Durante su intervención, Tomás ha cargado con dureza contra el contenido de la moción y ha asegurado que no sabía “cuál de todas me provoca más asco”. La edil ha cuestionado el denominado “Día del Niño por Nacer” y su vinculación con la tradición católica, tras recordar que el 25 de marzo coincide con la Anunciación: “Para los no creyentes, cuando la paloma fecundó a la Virgen”, ha dicho, para añadir a continuación que “aunque suene a chiste también abre un debate filosófico” y que “un embrión puede llegar a ser una persona, pero no lo es plenamente”.

Eva Torres, portavoz de Vox, ha dicho que el comportamiento de Tomás es “zafio” e “intolerable”: “Usted habla y no se da cuenta de que roza el delito de odio, roza el ir contra la libertad religiosa, muestra tal cantidad de odio en su corazón que lo lamento muchísimo”.

Tras el debate entre los grupos y antes de la votación, la alcaldesa ha intervenido para pedirle que “retire sus palabras”. “Ha ridiculizado a la Virgen, a la Virgen María”, ha dicho Chueca, que ha considerado que esa afirmación “es una falta de respeto hacia todos los cristianos” e incluso “roza el delito de odio”. Además, le ha afeado que “es habitual escucharle pontificar sobre posicionamientos extremistas”. La regidora ha insistido en varias ocasiones en que la concejala rectificara y ha enmarcado el episodio en lo que considera un trato desigual hacia las religiones. “Se defiende a la religión musulmana y se ataca a la católica y no lo voy a consentir”, ha dicho. En la misma línea, ha asegurado que en la intervención de ZeC ha habido una “falta de respeto” hacia los cristianos.

Tomás ha rechazado retractarse y ha defendido su intervención. “Yo soy una persona no creyente, para mí tanto lo que dice la religión musulmana como la que dice la católica como la que dice la cristiana, para mí es un cuento”, ha dicho. “Hay que tener respeto por las personas”, ha añadido, antes de zanjar: “No tengo nada que retirar”.

“¿Sabe usted que ha hecho una mofa de la concepción de la Virgen? Usted tiene la posibilidad de retirar esas palabras y dejar que el tema trascienda”, ha reiterado la alcaldesa. A lo que Tomás ha respondido: “Denúncieme, denúncieme”.

Más allá del choque, la moción ha sido finalmente rechazada con los votos en contra de PSOE y Zaragoza en Común, la abstención del PP y el único apoyo de Vox y la concejal no adscrita.

Durante el debate, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha defendido que la vida humana es el “fundamento” de todos los derechos y ha apelado a la “dignidad inviolable” de toda persona. Desde el PSOE, su portavoz, Lola Ranera, ha acusado a Vox de querer “controlar el cuerpo de las mujeres” y ha calificado la iniciativa de “involución”. Por su parte, el PP ha defendido la maternidad y la “libertad individual de cada mujer”, recordando que el aborto es “un derecho legal”.

El presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que la líder socialista en la comunidad, Pilar Alegría, es “físicamente más atractiva” que la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero. Ambas han criticado las palabras del líder del PP en Aragón.

Azcón ha realizado estas declaraciones este martes durante su participación en un coloquio organizado por El Confidencial, al ser preguntado por la situación política en Andalucía y por el posible resultado de los socialistas en las elecciones previstas para el próximo 17 de mayo.

“Creo que Pilar Alegria, cuidao estas cosas que se dicen ahora, fisicamente es mas atractiva que María Jesús Montero, a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría”, ha señalado el presidente en funciones de Aragón durante su intervención.

Horas más tarde, Azcón ha publicado un mensaje en la red social X pidiendo disculpas por sus palabras, aunque a medias. La mayor parte de su mensaje ha sido dirigido a criticar el “doble rasero” del PSOE: “Recientemente la Ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas”. Sin embargo, Montero sí que se disculpó: No tenía ninguna intención de ofenderle ni de humillar a nadie por su aspecto y si fue así, le pido disculpas“, dijo en una entrevista en Telecinco. 

Tras sus palabras, la líder socialista aragonesa ha respondido a través de sus redes sociales con un mensaje irónico en el que se dirige a Azcón como “Jorge Torrente” y añade: “El que quiere ser presidente”.

La vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, también ha respondido al comentario machista de Jorge Azcón tras decir que Pilar Alegría es “más atractiva” que la ministra de Hacienda. “Este es el PP de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia y el que desprecia el talento que aportan las mujeres a la vida pública”, ha criticado Montero desde Sevilla al presidente andaluz, al que también ha reprochado que “quiera ir de moderado”.

El PSOE Aragón también ha criticado las palabras de Azcón: “No sabemos si esto forma parte de la política para adultos de Feijóo o es Azcón intentando ser el alumno aventajado de Abascal”.

Las reacciones también han llegado desde otros partidos políticos. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera una “aberración” las palabras de Azcón. Cuando en los pasillos del Congreso se le ha preguntado por estas palabras, la nacionalista vasca ha mostrado inicialmente incredulidad: “¿En serio ha dicho eso?, ha planteado, tras lo cual ha dicho no tener palabras para contestar un comentario de estas características. ”Me parece una aberración“, es lo máximo que ha podido decir.