Hasta 35 trabajadores de Mercazaragoza mayores de 55 años y con décadas de antigüedad en la empresa pueden perder su empleo por un expediente de regulación de empleo (ERE) cuyas condiciones, según denuncia la familia de uno de los afectados, “van a arruinar su jubilación”. Así describe una familiar de uno de los trabajadores la situación que atraviesa su padre, de 59 años y con más de 30 años de trayectoria en la empresa pública, en medio de unas negociaciones que se han roto sin que la plantilla tenga certezas sobre su futuro.

“Mi padre está fatal”, explica, al tiempo que denuncia la falta de información durante el proceso. La familia asegura que inicialmente se plantearon 20 salidas voluntarias y pactadas, pero que la propuesta terminó ampliándose un ERE obligatorio que afectaría a 35 trabajadores. La familia teme las consecuencias que las condiciones económicas del ERE puedan tener sobre la pensión de los trabajadores en la misma situación. “Con indemnización que proponen y llevarlos al paro con esa edad después de toda la vida dedicándose a eso van a arruinar su jubilación”, advierte.

En redes sociales se ha difundido también un vídeo por parte de uno de los familiares de un trabajador: “35 currantes de más de 55 años a la calle como perros”, denuncia. En su mensaje reivindica la trayectoria de quienes han dedicado buena parte de su vida a la empresa: “Mi padre no es un número en Excel que puedan poner en negativo, es un currante”.

La familia no cuestiona que la empresa tenga que tomar medidas ante su situación económica, pero sí reclama que se tenga en cuenta el futuro de los afectados. “No digo que no los despidas, es que les tiendas un puente justo hacia la jubilación”, plantea. También pide que se respeten los compromisos que, según afirma, se habían trasladado durante las conversaciones: “Lo único que pido es que Mercazaragoza cumpla con su palabra”. La familia recuerda que los trabajadores han dedicado décadas a su trabajo, que no dejaron de trabajar ni durante la pandemia porque eran servicio esencial.

El comité rompe las negociaciones

La preocupación de los trabajadores coincide con el bloqueo de las conversaciones entre la empresa y la representación de la plantilla. El Comité de Empresa de Mercazaragoza ha comunicado la ruptura de las negociaciones del ERE ante las condiciones planteadas por la dirección: “Se ha producido la ruptura de las negociaciones del ERE ante unas condiciones inaceptables propuestas por Mercazaragoza por mandato del Ayuntamiento de Zaragoza”, afirma el comité en un comunicado. La representación de los trabajadores considera que la propuesta supone “un grave retroceso” respecto a los compromisos trasladados en reuniones previas y en el Pleno municipal.

“Lo que se trasladó a los trabajadores y lo que ahora se pone sobre la mesa no está a la altura de lo que se esperaba”, señala el texto. El comité exige a Mercazaragoza y al Ayuntamiento que reconsideren su postura y presenten una propuesta que garantice “unas condiciones de salida verdaderamente dignas”.

La reclamación incluye también a quienes permanezcan en la empresa después del expediente. El comité exige que se garantice la viabilidad futura de Mercazaragoza y que se mantengan las condiciones laborales y salariales de la plantilla que continúe trabajando en ella. “Los trabajadores no son números ni piezas prescindibles. Son personas con familias, responsabilidades y años de trabajo a sus espaldas”, recuerda el comunicado.

La representación de los trabajadores advierte sobre una posible privatización: “La propuesta presentada por la empresa supone, a nuestro juicio, la preparación del camino para proceder a su privatización”, sostiene. El comité reclama garantías sobre el futuro de la empresa, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Zaragoza y por Mercasa. “La plantilla ya ha soportado suficiente incertidumbre y no merece que sus derechos queden relegados durante este proceso”, concluye el comunicado, que atribuye la responsabilidad de desbloquear la situación a quienes tienen capacidad de decisión. Preguntado por este medio, el Ayuntamiento de Zaragoza ha remitido a la empresa, que por el momento no ha respondido.

“Quiero sacar la nota que me corresponde y aprender la materia, y nos lo están impidiendo”, explica una alumna de un grado superior de Formación Profesional en Zaragoza, que denuncia que lleva semanas sin recibir clases de uno de los módulos de su ciclo por los retrasos en la incorporación del profesor experto que debía impartirlo. La estudiante teme que la falta de docencia les impida completar el temario antes de las prácticas y perjudique sus calificaciones: “No quiero repetir, no es mi culpa, no quiero un aprobado general. Quiero hacer un máster después y me importa la nota”. 

El suyo es uno de los casos afectados por los problemas en la contratación del profesorado experto del sector productivo, profesionales que compaginan su actividad laboral con la docencia y que imparten módulos para los que se requieren conocimientos específicos. Este curso, las condiciones de contratación han cambiado y las horas de estos especialistas deben concentrarse en un periodo máximo de seis meses, frente a la organización durante todo el curso académico que, según explica el profesorado consultado, se venía aplicando en algunos centros.

Las nuevas condiciones han obligado a reorganizar los horarios lectivos y, según denuncian docentes y estudiantes, están dificultando la incorporación de los especialistas. En el instituto zaragozano donde estudia la alumna, el horario del grupo ha cambiado tres veces en un mes y uno de los expertos que debía incorporarse ha renunciado, según su testimonio.

La estudiante relata que, al comienzo del curso, les comunicaron que los profesores estaban contratados y que la situación se resolvería. Una semana después, sin embargo, les informaron de que la contratación se había cancelado. “Estábamos flipando porque no tendríamos profesores, uno para primero y uno para segundo”, explica. Los grupos se quedaron sin los especialistas que debían impartir determinados módulos.

Los estudiantes presentaron un escrito ante el Servicio Provincial de Educación para reclamar una solución. Según explica la delegada, el 25 de septiembre Inspección se puso en contacto con el profesorado y les trasladó que la incorporación se produciría el lunes siguiente. Sin embargo, la documentación necesaria para formalizar una de las contrataciones todavía no estaba preparada y el grupo volvió a quedarse sin docente. Después llegó el festivo del Día del Pilar y, según su relato, la semana siguiente tampoco hubo profesor.

La estudiante explica que deben completar y aprobar el temario antes de comenzar las prácticas, previstas para finales de febrero en su caso. “El tiempo corre, quedan cuatro meses entre unas cosas y otras”, advierte. Además, los cambios de horario afectan especialmente a quienes trabajan, tienen hijos o viven fuera de Zaragoza. La última solución que les trasladaron, según la alumna, fue añadir una hora al comienzo de la jornada lectiva para encajar las clases pendientes, lo que generó rechazo entre los estudiantes porque les obligaría a reorganizar sus obligaciones laborales y familiares. “Hay gente que vive fuera de Zaragoza, compañeros que trabajan de noche, tienen hijos y ya llegan justos a la hora normal”, explica. Asegura que ha presentado dos escritos ante la Administración para pedir que se resuelva la situación y que no ha obtenido una solución.

Un sistema que obliga a concentrar las horas

El profesorado experto del sector productivo procede de ámbitos profesionales concretos y aporta conocimientos técnicos que no siempre puede cubrir el profesorado ordinario. Su contratación está regulada en Aragón por decreto y por las instrucciones específicas para el curso 2026-2027, que establecen que las horas de los módulos impartidos por expertos deben desarrollarse en un periodo máximo de seis meses, incluidas las evaluaciones finales.

Un profesor de un centro público zaragozano explica que, hasta ahora, los especialistas de su instituto impartían tres horas semanales durante todo el curso. “A efectos prácticos parecen un profesor ordinario”, señala sobre estos profesionales, que compaginan las clases con su actividad en el sector productivo.

La nueva distribución obliga a concentrar esas horas en un periodo más corto y complica la elaboración de horarios compatibles con los empleos de estos docentes. “Tienes que concentrar las tres horas semanales en un periodo más corto”, explica. En su centro, las clases se imparten por la tarde, de 15.30 a 21.10, lo que dificulta encajar las horas de los expertos sin alterar el resto de la organización lectiva.

El docente relata que el equipo directivo trató de reorganizar temporalmente las horas de otros módulos para concentrar la docencia de los especialistas y compensarla después. La propuesta consistía en reducir durante esos seis meses las horas de otras asignaturas y aumentarlas una vez finalizara la contratación de los expertos, de manera que el cómputo anual se mantuviera. Sin embargo, la reorganización generó dificultades con parte del profesorado, incluidos docentes interinos a tiempo parcial que no aceptaron los cambios de horario. El profesor asegura que finalmente se les comunicó que esa alternativa no era viable. El docente sostiene que algunos profesionales se han encontrado con horarios difíciles de compatibilizar con sus empleos. “Si no se les concentran las horas para no tener que venir los cinco días, dicen que no les interesa”, explica. En su instituto, uno de los expertos ha renunciado. 

El profesor asegura que las dificultades no se limitan a su centro y señala que también se han producido problemas en otros institutos con módulos impartidos por expertos. Considera que los cambios deberían haberse planificado con más antelación: “Los cambios no se hacen así, sin tiempo para tener un encaje pedagógico a nivel laboral”.

Educación atribuye el cambio a la normativa estatal

El Departamento de Educación sostiene que el nuevo sistema responde a cambios en la normativa nacional a los que Aragón debe adaptarse. Según explica, las direcciones generales de Personal y de Formación Profesional elaboraron instrucciones específicas para regular estas contrataciones, sujetas a un régimen laboral particular y a una duración limitada a seis meses. El objetivo, afirma, es adecuar el procedimiento a las modificaciones normativas y garantizar la seguridad jurídica.

La Administración asegura que, cuando una plaza de experto no se cubre, la prioridad es reorganizar los horarios junto con el centro para que el alumnado tenga cubierto su horario escolar. Como ejemplo, señala que se pueden impartir los módulos comunes mientras se formaliza la incorporación del especialista y recuperar posteriormente las clases técnicas pendientes.

Educación añade que, además de las instrucciones de inicio de curso, cada centro dispone de autonomía para organizar sus horarios. No obstante, no ha concretado cuántas plazas de expertos siguen pendientes de cubrir, cuántos centros están afectados ni en qué plazo se recuperarán las horas lectivas que el alumnado ha perdido.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza ha exigido este viernes responsabilidades por las cargas policiales del jueves a los manifestantes que protestaban en el campus San Francisco contra la visita de Vito Quiles. En una rueda de prensa, sus representantes han reclamado la libertad inmediata y sin cargos de los cinco detenidos y han acusado a la Delegación del Gobierno de responder con violencia a una movilización “para impedir que el agitador Vito Quiles campara a sus anchas por nuestra ciudad, llamando a aniquilar rojos y migrantes”.

“Al menos diez personas resultaron heridas por los porrazos y las pelotas de goma”, según el balance de la coordinadora, que denuncia el uso de material antidisturbios contra los participantes en la concentración. El colectivo cifra en más de un millar las personas que acudieron a la convocatoria, entre estudiantes, trabajadores y docentes, y considera que la movilización consiguió impedir que Quiles entrara en el campus.

El agitador compareció brevemente en el exterior de la Universidad, acompañado por seguidores y bajo un amplio dispositivo policial, según el relato de la coordinadora. Sus representantes sostienen que un grupo de personas a las que identifican como neonazis se acercó a los manifestantes y les lanzó gas pimienta. “Contra nada de esto actuó la policía, sino que cargó contra la manifestación antifascista”, denuncia el colectivo en el comunicado difundido este viernes.

La coordinadora acusa a los agentes de utilizar porras y pelotas de goma contra los asistentes y de disparar gases de forma indiscriminada. “Porrazos contra la cara, cabezas abiertas, bombas de gas abrasivo disparadas indiscriminadamente”, han explicado, al tiempo que exigían responsabilidades legales por las lesiones.

Las críticas se dirigen también contra el Gobierno y el Rectorado. La coordinadora responsabiliza a la Delegación del Gobierno de la actuación policial y señala directamente a la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa María Bolea, por haber solicitado, según afirma, la entrada de los antidisturbios en el campus. “Exigimos su dimisión”, reclama el colectivo, que pide además “el fin de la presencia policial en el campus”.

En la rueda de prensa, el resto de las organizaciones sindicales presentes también ha cuestionado la respuesta del Rectorado y ha reclamado explicaciones sobre la intervención policial. Desde Somos, Anabel Sánchez ha anunciado que el sindicato solicitará un informe transparente sobre lo ocurrido. Entre las cuestiones que quiere aclarar figuran las posibles “limitaciones de las libertades ”de estudiantes y trabajadores, los daños producidos y la actuación de los agentes. “El Rectorado debe dar información sobre estos hechos y, a través de sus servicios jurídicos, exigir las responsabilidades penales a que haya lugar”, ha señalado.

Julia Cámara, delegada de CGT en la Universidad de Zaragoza, ha recordado que el sindicato ya había advertido del uso de los espacios universitarios para difundir discursos de odio. “Entendemos que los campus universitarios deben ser espacios para la convivencia democrática, para el libre pensamiento y para la confrontación libre y democrática de ideas”, ha defendido. Cámara ha criticado que el Rectorado no se haya posicionado de forma directa en contra del agitador.

También representantes de CGT Sanidad y trabajadores del Hospital Clínico han expresado su apoyo a los estudiantes y han denunciado la actuación policial. “No vamos a dejar que se apalee, que se gasee y que se pegue con esa brutalidad a la juventud”, ha afirmado uno de sus portavoces, que ha reclamado asimismo la libertad de los detenidos.

La coordinadora ha convocado una nueva concentración este viernes a las 19:00 frente a la Delegación del Gobierno en Zaragoza para exigir la puesta en libertad de los arrestados. “Su represión no nos va a parar”, advierte el colectivo.

El Canal Imperial de Zaragoza divide la ciudad y marca también la brecha en la renta media de los hogares. En el lado derecho del cauce, en la zona de Torrero, la renta bruta media por unidad familiar se encuentra entre el 15% más bajo del país, lo que contrasta con la realidad a apenas cinco minutos a pie, donde los hogares se colocan entre el 3% más rico de España.

Esta división económica se acentúa a medida que se sube por el curso del Canal. En el entorno de Ruiseñores y del Parque Grande José Antonio Labordeta, la renta bruta media supera los 90.000 euros y alcanza los 116.148 euros en algunas secciones. En Casablanca, el valor más alto localizado llega a los 167.076 euros anuales por hogar, frente a los 34.717 euros de media en los sectores de Torrero.

La densidad de población también condiciona estas zonas de Zaragoza y el tipo de edificios que se construyen. Frente a los pisos pequeños y en bloques de Torrero, las casas bajas y chalés de Ruiseñores y Casablanca. Los datos demográficos reflejan esta diferencia de modelo urbano: el distrito de Torrero-La Paz cuenta con 45.711 habitantes, frente a los 10.147 de Casablanca. Aunque son cifras que recogen espacios más amplios que las secciones censales de la renta, permiten contextualizar la cantidad de población en las dos zonas.

Los datos proceden de la estadística de renta media por persona y hogar del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge información de las declaraciones del IRPF por secciones censales. La renta bruta media por hogar refleja los ingresos declarados antes de impuestos, por lo que no incluye las rentas que quedan fuera de las declaraciones fiscales, como los ingresos no declarados o los procedentes de la economía sumergida.

Un origen común junto al Canal

El proyecto del Canal Imperial se remonta al siglo XVI, durante el reinado de Carlos V, aunque las obras concluyeron en el XVIII bajo el impulso de Ramón Pignatelli. Las aguas llegaron a Zaragoza en 1784 y, dos años después, se inauguraron los puertos de Casablanca y Torrero. El Canal permitió ampliar el regadío, abastecer de agua a la ciudad y desarrollar actividades vinculadas a la navegación y la energía hidráulica. A su alrededor crecieron asentamientos que, con el tiempo, evolucionaron de forma totalmente opuesta.

Torrero se convirtió en una zona habitada por las clases populares. El menor coste del suelo respecto al casco urbano y los ensanches favoreció la aparición de barriadas autoconstruidas. A comienzos del siglo XX, las canteras de yeso fueron una de sus principales actividades económicas y, en 1928, la construcción de la cárcel provincial terminó de marcar su carácter periférico. Tras la Guerra Civil, el barrio recibió una fuerte ola migratoria procedente del medio rural y experimentó un acelerado crecimiento residencial: en treinta años pasó de unas 1.200 a 12.000 viviendas. La Paz surgió como una extensión de Torrero a mediados de siglo, en una expansión que convivió durante décadas con situaciones de infravivienda.

Al otro lado, el desarrollo del eje de Sagasta siguió otra trayectoria. El antiguo camino de Torrero —hoy paseo de Sagasta— fue una de las principales vías de expansión de Zaragoza hacia el sur. A sus lados se levantaron casas de recreo, torres residenciales e industrias, comunicadas por el tranvía desde 1885. El paseo de Ruiseñores se trazó en 1903. Entre 1910 y 1925 se construyeron allí hoteles y residencias de familias acomodadas —como el chalet de la familia Ostalé, derribado en 1994—, en un proceso donde la burguesía local se implicó de lleno en el desarrollo del parque Pignatelli y su entorno.

Por su parte, Casablanca tomó su nombre de la casa blanca vinculada al molino situado junto a las esclusas del Canal. Su desarrollo se produjo sobre un territorio agrícola que durante buena parte del siglo XIX quedó al margen de la expansión urbana y de la residencia burguesa. El barrio conservó ese carácter rural durante décadas —algunas de sus calles no se asfaltaron hasta los años setenta—, hasta que su transformación residencial posterior, articulada en torno a viviendas unifamiliares y chalés, lo terminó convirtiendo en una zona residencial más exclusiva. 

¿Cómo conseguir que las calles, plazas y parques sean espacios en los que todo el mundo pueda sentirse a gusto? Esta ha sido una de las preguntas que han centrado el coloquio 'Por otros 50 años de espacio público en libertad', organizado este jueves por elDiario.es Aragón en el Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza, cuenta con el patrocinio de la Fundación Bernardo Aladrén y la colaboración de la Delegación del Gobierno en Aragón. Urbanistas, representantes de colectivos ciudadanos y especialistas en derechos digitales han debatido sobre la importancia de escuchar a quienes utilizan estos espacios, facilitar la convivencia y garantizar que las nuevas tecnologías respeten la privacidad.

El geógrafo Francisco Pellicer, de la Universidad de Zaragoza y moderador del encuentro, ha defendido la importancia de prestar atención a los espacios cotidianos y a las relaciones que se construyen en ellos. “No son las grandes obras, las transformaciones importantes, es cuidar ese tejido”, ha señalado. Pellicer ha reivindicado así una forma de entender la ciudad que tenga en cuenta los lugares de encuentro y su capacidad para favorecer la convivencia.

La arquitecta Patrizia Di Monte, impulsora del programa Estonoesunsolar, ha defendido que diseñar la ciudad implica mucho más que construir o reformar plazas. “Un espacio público no se puede diseñar sin generar empatía con los vecinos”, ha señalado. Desde su experiencia en Zaragoza, ha explicado cómo la recuperación de solares abandonados permitió convertir espacios infrautilizados en lugares de encuentro y mejorar la conexión entre distintas zonas de la ciudad.

“Entendimos que no eran errores de la planificación, estos puntos ciegos que interrumpían los ciclos urbanos”, ha explicado al recordar el trabajo desarrollado con solares vacíos. Su planteamiento pasa por reconocer las oportunidades que ofrecen estos espacios para reforzar la cohesión urbana y favorecer las relaciones entre vecinos.

Di Monte ha insistido en que las intervenciones deben partir de la observación y la escucha de quienes habitan los barrios. La flexibilidad, el confort térmico, los árboles que proporcionan sombra y los bancos son algunos de los elementos que, a su juicio, contribuyen a “crear lugares más acogedores y accesibles”. La arquitecta ha defendido así que el diseño físico debe ir acompañado de un proceso que permita reconocer las necesidades y los usos de la ciudadanía.

Una ciudad que tenga en cuenta a sus usuarios

La participación ciudadana ha atravesado buena parte del coloquio, especialmente al abordar las decisiones sobre el futuro de los espacios urbanos. Durante el turno de palabra, asistentes al encuentro han cuestionado la falta de apoyo institucional para mantener determinadas instalaciones y han planteado que algunos colectivos encuentran dificultades para desarrollar sus actividades en la ciudad.

En este contexto, Nacho Romanos, representante del Zaragoza Skateboarding Club, ha denunciado las dificultades que encuentran los jóvenes para practicar skate en distintos puntos de Zaragoza y disponer de espacios propios en la ciudad. “Nos han ido echando de todos sitios, buscamos nuestros espacios para estar tranquilamente”, ha resumido. A su juicio, el problema va más allá de contar con instalaciones deportivas: también tiene que ver con poder utilizar las calles y plazas para desarrollar una actividad que forma parte de su manera de vivir la ciudad.

“El skateboard no es una actividad física solo, es una expresión artística”, ha defendido Romanos, “siempre quieres ir a la ciudad a eso que has aprendido representarlo en un espacio urbano”, ha señalado. Romanos ha expuesto la controversia sobre el futuro del skatepark de Vía Hispanidad como ejemplo de las tensiones que surgen cuando se modifica el destino de un espacio que ya tiene un uso social consolidado. También ha criticado las multas a quienes patinan en la calle y ha asegurado que su cuantía ha aumentado notablemente con la nueva ordenanza cívica.

La tecnología también ocupa el espacio público

La protección de la privacidad y los datos personales ha sido otro de los asuntos abordados durante el encuentro. Cámaras, sensores, aplicaciones y sistemas de identificación forman parte cada vez más de la gestión urbana y de servicios cotidianos, una presencia que plantea interrogantes sobre los derechos ciudadanos.

Daniela González, de la Fundación Hermes, ha defendido que la tecnología puede contribuir a mejorar la vida en las ciudades, pero ha advertido de que su implantación debe acompañarse de garantías. “Nuestros derechos no se quedan en casa cuando entramos en una plaza, ni en la calle al coger el bus”, ha afirmado.

González ha distinguido entre las herramientas que pueden contribuir a mejorar la seguridad y los riesgos de la vigilancia masiva. “La vigilancia masiva funciona todo lo contrario, no sabemos qué datos recopila o quién está al otro lado”, ha señalado. A su juicio, es necesario garantizar la transparencia sobre la información que se recoge, quién puede acceder a ella y qué uso se hace de los datos personales.

La representante de la Fundación Hermes ha defendido que una mayor presencia de sistemas de control no garantiza por sí misma una mejor convivencia. La confianza, la protección de la privacidad y la existencia de garantías deben formar parte, ha señalado, de cualquier estrategia de digitalización del espacio público. También ha planteado la necesidad de evitar que la tecnología se convierta en una barrera para determinados colectivos y de aprovechar sus posibilidades para favorecer la participación ciudadana y las relaciones entre generaciones.

Espacios para convivir entre generaciones

El encuentro ha abordado asimismo la importancia de diseñar espacios en los que personas de distintas edades puedan compartir actividades y encontrarse de forma espontánea. Di Monte ha defendido la necesidad de crear lugares flexibles que faciliten esa convivencia, con elementos como árboles que den sombra y bancos. Por su parte, González ha advertido de que las diferencias en el acceso a la tecnología no son únicamente generacionales y ha señalado que existen organizaciones que trabajan para que “la digitalización ponga a las personas en el centro”.

Las intervenciones también han puesto sobre la mesa la importancia de reconocer los distintos usos del espacio público y de evitar que determinados colectivos queden excluidos. Para Di Monte, el trabajo de quienes diseñan la ciudad debe partir de la escucha y la observación: “No es tanto el diseño del espacio sino el proceso que como técnicos tenemos que facilitar y garantizar”, ha señalado.

La participación ciudadana ha sido también uno de los asuntos planteados por el público, con críticas a la falta de apoyo institucional para mantener algunas instalaciones y a las dificultades para que determinados usos y colectivos tengan cabida en la ciudad. El coloquio ha cerrado así una reflexión sobre cómo construir espacios públicos que favorezcan la convivencia y permitan a la ciudadanía participar en las decisiones que afectan a su entorno.

La visita de Vito Quiles a Zaragoza ha terminado convirtiéndose en una jornada de tensión en el entorno de la Universidad de Zaragoza y la plaza de San Francisco. La Policía ha cargado contra los manifestantes antifascistas durante las protestas contra el agitador ultra, en las que se han vivido momentos de enfrentamiento verbal, lanzamiento de botellines, cajas y otros objetos, y una intervención policial en la que los agentes han sacado las porras y portaban gas pimienta.

La convocatoria se había fijado inicialmente para las 19.00 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. A pesar de que la institución académica no autorizó el acto en sus instalaciones, Quiles mantuvo el llamamiento, que ha empezado más tarde y se ha desplazado hacia la plaza de San Francisco, donde ha pronunciado su discurso.

La movilización ha comenzado en el entorno universitario y se ha desplazado posteriormente hasta la plaza. Desde allí, los participantes han continuado en dirección al Auditorio de Zaragoza, en una secuencia de acontecimientos marcada por los momentos de tensión entre los distintos grupos y la intervención de los agentes. Una de las asistentes asegura que ha visto a una persona “con heridas en la cabeza” y que ha observado a personas con los ojos “fatal” a consecuencia del gas pimienta.

Durante la concentración se han escuchado insultos y consignas dirigidas tanto contra el agitador como contra el presidente del Gobierno. Entre los gritos dirigidos a Quiles se han oído “facha de mierda” y “Vito Quiles, hijo de puta”. El ambiente ha estado marcado por la exaltación y la violencia verbal entre los presentes.

La presencia de manifestantes antifascistas ha sido superior a la de seguidores de Quiles. En distintos momentos, los grupos han permanecido separados por los agentes, aunque la situación se ha tensado cuando el agitador se ha situado entre ambos bloques.

La Policía ha intervenido durante los incidentes y ha cargado contra los manifestantes antifascistas. Los agentes han sacado las porras y portaban gas pimienta, mientras se producían lanzamientos de botellines, cajas y otros objetos.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza había llamado a movilizarse contra la visita de Quiles, al considerar que pretendía utilizar la ciudad como escenario para difundir sus “discursos de odio”. El agitador, por su parte, había animado a sus seguidores a acudir a Zaragoza para demostrar que la ciudad era un territorio “leal a España” y levantarse contra “la mafia de Sánchez”.

En julio de 2016 Alexandra Rodica fue asesinada a las puertas de un punto de encuentro de Zaragoza. Su caso conmocionó a entidades y usuarias de estos centros, puesto que puso de relevancia fallos en los protocolos de seguridad de unos lugares en los que se supervisan y evalúan las reuniones de los progenitores con sus hijos en casos de conflicto o, en muchas ocasiones, tras ser víctimas de violencia de género. Era el caso de Alexandra, había denunciado a su expareja por maltrato y el hombre tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros y comunicarse con ella.

Según el procedimiento establecido, la entrega del menor se debía hacer en el punto de encuentro de Conde Aranda. Allí, él tenía que llegar 15 minutos antes, subir y esperar en la sala. Luego llegaría Alexandra con el menor, lo dejaría y se marcharía sin tener que ver a su expareja. Sin embargo, ese día esperó en el portal del propio punto de encuentro y, cuando ella entró, la asesinó delante de su hijo, tal y como recoge la sentencia en la que el jurado lo consideró culpable de asesinato. Este caso puso en entredicho la seguridad de las mujeres y sus hijos en estos puntos y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón anunció medidas, pero, diez años después, “no ha habido ningún cambio”, según explica Natalia Morlás, presidenta de la asociación de supervivientes de violencia machista Somos Más. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de abril de 2019, confirmó la condena de 20 años y un día de prisión por asesinato con las agravantes de parentesco y de violencia de género. El tribunal se limitó a juzgar al agresor: no analiza la seguridad del servicio ni la actuación del personal. Sí recoge, como hechos probados, que el hombre esperó en el portal en lugar de subir al centro, como exigían sus normas, y que una empleada abrió la puerta a la madre y al niño a través del telefonillo.

Los puntos de encuentro familiar son recursos sociales a los que se accede por resolución judicial o administrativa para facilitar las entregas y recogidas de menores, así como las visitas entre hijos y progenitores cuando existen conflictos familiares que dificultan el contacto. En Aragón están regulados por un decreto que establece entre sus objetivos garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y prevenir situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos. La norma distingue entre las entregas y recogidas –en las que el personal supervisa el inicio y el final y registra las incidencias– y las visitas supervisadas, durante las cuales un profesional debe ejercer una supervisión continua. También contempla medidas específicas en los casos de violencia de género para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los menores, y atribuye a la Administración funciones de inspección y control.

Los centros de Zaragoza están gestionados por la Asociación de Puntos de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto con el Gobierno autonómico. Las condiciones del concierto para el periodo 2023-2026 incluyen requisitos de seguridad, formación especializada del personal, mecanismos de reclamación y seguimiento administrativo. También contemplan la elaboración, por parte del Gobierno de Aragón, de un protocolo específico para los casos de violencia de género que, por el momento, no se ha publicado. 

Aunque la legislación prohíbe expresamente la mediación familiar en los casos de violencia machista y limita la función de estos centros a la supervisión de las visitas, Morlás sostiene que la propia dinámica de los PEF aboca a las mujeres víctimas a exponerse ante los maltratadores. “Es una sensación general, las chicas tienen miedo, hay muchas que están en procesos aún judicializados, con hijos pequeños, nos aprietan mucho en los juzgados”, explica Morlás. Asegura que estos centros son “como cárceles para niños y madres” y critica que se utilicen para casos de violencia machista cuando “no se crearon para eso, sino para disensos en matrimonios que se deshacían sin violencia”. Su postura es clara: “No cabe mediación cuando ha habido violencia, no tiene que haber ningún sitio en el que se medie entre un maltratador y la madre, un maltratador no tiene que tener derecho a ver a las criaturas. Es un despropósito que condenados por violencia puedan ver a sus hijos, esto existe porque nosotras y nuestras criaturas seguimos sin importar. Los daños colaterales de tener que acudir a estos sitios los arrastramos toda la vida, vives en un estado de alerta constante”. 

La abogada Gemma Ruiz también cuestiona que, en casos de violencia machista, se priorice mantener la relación entre los menores y el progenitor denunciado o agresor “sin valorar suficientemente los riesgos”: “Demasiados magistrados y magistradas ponen por delante intentar mantener la relación entre el menor y el agresor”, sostiene. A su juicio, esa decisión puede dejar en segundo plano otras formas de violencia y las consecuencias que el contacto puede tener para los niños.

Ruiz achaca a la falta de perspectiva de género estas decisiones, así como el funcionamiento de los propios puntos de encuentro. Confirma las quejas de las madres: “Emiten informes que vienen a dar más credibilidad a la postura del padre y supuesto agresor que a la madre”. La abogada vincula estas deficiencias con la precariedad y la falta de personal, y advierte de que no siempre se valora adecuadamente el riesgo de que la violencia continúe durante las visitas.

Informes del Justicia y quejas de las víctimas

El informe especial del Justicia de Aragón de 2019 recogió las advertencias de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer de Zaragoza sobre la supervisión de las visitas, la seguridad y las dificultades para reflejar determinadas situaciones. El Servicio de Igualdad municipal del Ayuntamiento de Zaragoza consideraba que la coordinación con los puntos de encuentro era “manifiestamente mejorable”. También trasladó que muchas mujeres se sentían “juzgadas” y “cuestionadas”. 

El informe de 2024 volvió a mencionar “varias quejas” sobre el funcionamiento de estos servicios. El Justicia distingue entre las reclamaciones que cuestionan resoluciones judiciales, sobre las que no puede intervenir, y las que denuncian posibles irregularidades administrativas. Entre estas últimas admitió una sobre una presunta vulneración de la protección de datos de menores en un punto de encuentro. La Agencia Española de Protección de Datos investigó el caso, pero concluyó que no había quedado acreditado el motivo para abrir un expediente sancionador.

En ese mismo informe, la asociación Somos Más, que trabaja con mujeres supervivientes de la violencia machista, denunció la “falta de formación específica” para atender estos casos, la “subjetividad” que atribuía a los informes y las “dificultades para presentar quejas”. La entidad reclamaba una “mayor especialización”, mejoras en la seguridad de las instalaciones y mecanismos que permitieran a las usuarias acceder a los informes y cuestionar su contenido. El Justicia planteó mejoras en la seguridad de las instalaciones, la coordinación institucional y los mecanismos de reclamación, además de una mayor especialización para atender los casos de violencia de género.

Su presidenta, Natalia Morlas, asegura que los problemas que entonces denunciaban las usuarias no han desaparecido. Morlas habla tanto de su propia experiencia como de los testimonios que ha conocido a través de la asociación, y cuestiona especialmente la forma en que los profesionales describen las visitas y las reacciones de los menores. La presidenta de Somos Más sostiene que los informes pueden ofrecer una imagen muy distinta de la que las madres dicen observar. En su caso, asegura que los documentos describían a su hija feliz durante las visitas con el padre, mientras que la niña le manifestaba que apenas hablaba con él. También relata que tuvo que reclamar cuando, según su versión, la menor fue “arrancada de mis brazos para llevarla a la sala”: “Me hacían unos informes desastrosos”, afirma.

Morlas vuelve a cuestionar la supervisión de las visitas y reclama que se instalen cámaras en los centros. Según explica, las madres que participan en la asociación han pedido esta medida para poder aclarar posibles discrepancias sobre lo sucedido durante los encuentros. La normativa autonómica exige supervisión profesional en las visitas tuteladas, pero las condiciones del concierto vigente no establecen de forma general la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas.

Otra madre que lleva tres años acudiendo al centro, describe su experiencia como “una nueva condena”. “Cuando llegas piensas que te van a defender, que te van a cuidar”, explica. Sin embargo, asegura que ha tenido que llevar a sus hijos a las visitas pese a que la niña decía tener miedo de su padre y el niño presentaba moratones que, según afirma, le había causado él. “Mi hija ha ido llorando y mi hijo con moratones, con denuncia y hasta pasó una noche en el calabozo”, relata. Sostiene que los técnicos obligaron a los menores a entrar y que estas situaciones nunca quedaron reflejadas en los informes: “Jamás han puesto que a mis hijos les da miedo su padre aunque ellos lo han dicho delante de los técnicos”.

“Los informes son de risa, mintiendo, ocultando información”, afirma. Ahora sus hijos se niegan a acudir al punto de encuentro, pero ella sigue llevándolos por miedo a que la denuncien por incumplir el régimen de visitas. “Yo los llevo porque sé que, si no, me denuncian”, explica. “Se supone que estás protegido, pero es mentira. No hay protección, ni prevención ni hay nada”.

Lo mismo pide Maribel –nombre ficticio–, una mujer cuya hija y nieta acuden al punto de encuentro familiar de Calatayud. Asegura que la familia de la expareja de su hija les ha increpado en numerosas ocasiones en el PEF y que en los informes “ponían lo contrario, que éramos nosotros”. La mujer asegura que ha podido observar cómo las visitas no están supervisadas, reclama más mecanismos de control y cuestiona la oposición a instalar cámaras: “Claro que no quieren cámaras, no quieren testigos”, afirma.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.

Paula —nombre ficticio— denunció a su pareja por presuntos abusos sexuales a su hija cuando la niña tenía dos años. Desde entonces, las visitas con su padre se realizan en un punto de encuentro familiar de Zaragoza, un espacio en el que profesionales de la psicología y el trabajo social facilitan las reuniones, las supervisan y evalúan la relación de los menores con sus progenitores en casos de conflicto entre estos. La madre asegura que, en dos ocasiones, la menor le ha relatado posibles agresiones sexuales dentro del propio centro y cuestiona que las visitas no siempre estén supervisadas de forma directa, pese a que así lo establece la resolución judicial.

A priori, son lugares imparciales donde debe prevalecer el bienestar superior del menor. Sin embargo, cuatro madres que llevan a sus hijos a estos centros en Zaragoza cuestionan su funcionamiento y denuncian situaciones de indefensión. Todas han pedido que no trascienda su identidad para protegerse ellas y a sus hijos.

Los puntos de encuentro familiar de Zaragoza son de titularidad pública, pero su gestión está externalizada mediante un concierto social con la Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA). El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, es responsable de su coordinación, control y evaluación, así como de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad gestora.

Tras el relato de su hija, Paula la llevó al hospital y comenzó el proceso de denuncia. Explica que desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional —la UFAM— le recomendaron poner cámaras en su domicilio para detectar posibles abusos. Ahí grabó a su hija relatando uno de los episodios, algo que sirvió como prueba, pero que no evitó el régimen de visitas establecido por el juzgado: tres días a la semana cada quince días. La hija de Paula comenzó a presentar problemas de control de la orina durante las visitas, según relata su madre. Explica que, al principio, era el padre quien “la llevaba al baño y la limpiaba, porque los técnicos no están para realizar cuidados, están para informar”. La madre asegura que tiene “un informe del colegio diciendo que tiene un excelente control de esfínteres, solo le pasa ahí”, explica. 

La denuncia de esta madre no se queda ahí. Asegura que en dos ocasiones su hija ha dado información sobre posibles agresiones sexuales por parte de su padre dentro del punto de encuentro. “El año pasado no puse denuncia porque no me lo podía creer, todo el mundo me decía que era imposible que eso pasara en un punto de encuentro y pensé que le venían imágenes de antes o algo. Hasta en abril, que mi hija volvió a relatar que su padre le había tocado dentro del punto de encuentro, varias veces. Esta vez grabé en vídeo a la niña explicándolo y puse una denuncia que está en proceso”, cuenta. Según Paula, la UFAM solicitó al juzgado autorización para instalar cámaras en el punto de encuentro, pero la petición fue rechazada por el derecho a la intimidad de las personas que acuden al centro. Afirma que los agentes trasladaron al Juzgado que necesitaban esa autorización para continuar con la investigación.

En uno de los informes de seguimiento a los que ha tenido acceso este diario aparece una referencia a que la niña expresó sobre sus genitales. El documento añade que, tras realizar el comentario, la menor “continuó jugando con normalidad” y no volvió a hacer referencia al mismo. Paula asegura que tiene grabaciones de su hija hablando de ese juego y cuestiona que el centro no le dé la misma interpretación. “La técnica dice que es un padre muy educado, que ahí ven de todo, que no me preocupe, que mi hija está segura y que tengo que confiar en ellos”, cuenta. La madre explica también que, aunque su hija no se niega a entrar, al principio estaba “muy retraída” y pidió que constara en el informe cómo llegaba al centro. “Me dijeron que solo podían poner lo que pasa dentro de la sala, que la valoración se hace de la interacción con el padre”, relata.

Expone también que su hija realizó un dibujo de su padre desnudo en el que, según su interpretación, se veían los genitales. Muestra su sorpresa de que ese dibujo no “hiciese saltar las alarmas” de los profesionales del centro. “Me reuní con el director diciendo que no entendía cómo una niña podía dibujar a su padre desnudo con genitales en el punto de encuentro y que nadie se diera cuenta ni lo enviara al juzgado. Me dijeron que ellos no están para valorar, que es mi juicio el decir que la niña representa las partes genitales, pero que no están para valorar”, relata. El informe recogió que ella se había quejado del dibujo, pero que el técnico no consideró “nada extraordinario respecto a lo que ella refiere”.

La hija de María, otra de las madres que acude a uno de estos centros, también comenzó a presentar problemas de control de la orina durante las visitas, según relata su madre. Denunció abusos sexuales de su pareja a su hija cuando la niña tenía tres años. En su caso, las visitas se ampliaron basándose en informes técnicos que destacaban el “apego” de la menor hacia su progenitor: “¿Es que no hay nadie en este mundo que tenga formación y que sepa que una niña de entre 0 y 6 años va a sentir apego hacia su figura de referencia y va a mostrar ese apego le haga lo que le haga? Es instinto de supervivencia”. Critica que tanto la ampliación de las visitas como la absolución dictada el pasado mes de septiembre se basaron, a su juicio, en ese criterio: el apego de la menor. “En eso se basó la sentencia para ponerme un día más y en eso la de la absolución”, sostiene. Los informes que se evalúan en estos espacios son fundamentales en las resoluciones judiciales.

Relata que su hija comenzó a perder el control de esfínteres durante las visitas o cuando iba a haber un encuentro, algo que, según asegura, no sucedía en casa ni en el colegio. “Me dicen ”es que se lo estaba pasando tan bien que se le ha escapado'“, cuenta. Explica que al principio esos episodios no se reflejaban en los informes y que tuvo que solicitar una orden judicial para que quedara constancia de cuándo habían sucedido. ”Lo ponen obligados, pero siempre justificando en que se lo está pasando tan bien y se ríe tanto que se le escapa“, afirma. María asegura que también pidió un informe a la tutora de su hija para comprobar si ocurría lo mismo en el colegio, y le confirmó que no, que los problemas de control solo ocurrían en el PEF. Ahora, asegura, su hija ya se niega a entrar a las visitas. ”Se plantó hace dos semanas y dijo: 'No me gusta, no voy a entrar, me hizo daño y no voy a entrar porque no me gusta'“, cuenta María.

La relación entre las visitas con progenitores que han ejercido violencia y el bienestar de los menores también se ha estudiado en el ámbito académico. Una investigación publicada en 2009 en 'Journal of Family Violence' analizó la relación entre las visitas con sus padres y los problemas de conducta de niños en edad preescolar que habían presenciado violencia doméstica. Por su parte, un artículo publicado en 2016 en 'Informació Psicològica', firmado, entre otros, por el psicólogo Antonio Marín Manrique y la doctora en Psicología María Pilar Tormo Irún, abordó las dificultades de intervención en los puntos de encuentro familiar en casos de violencia de género. Los autores señalaron la necesidad de formación específica para los profesionales, una mejor coordinación entre los organismos implicados y una valoración individualizada de la conveniencia de derivar a los menores a estos servicios.

Las madres cuestionan la supervisión de las visitas

Paula sostiene además que, en varias ocasiones, profesionales del centro le han reconocido que no permanecen dentro de la sala durante las visitas, a pesar de que sean supervisadas. “Según la técnica, ellos están en el pasillo con las dos salas con la puerta abierta y a ella le da para, si está manteniendo algo en la sala de la izquierda, tener la capacidad de ver lo que pasa en la sala de la derecha”, afirma. María asegura que, en una ocasión, entró al PEF para ir al baño y vio “a la técnica sentada fuera, entre las dos salas”. 

Paula expone que en el PEF al que acude coinciden dos visitas supervisadas al mismo tiempo, además de las entregas y recogidas de menores. Hay dos técnicos, uno en la oficina que atiende el teléfono y otro que vigila las dos salas. “Si ahora mismo hay dos criaturas en dos salas diferentes haciendo las visitas, ¿quién vigila si están abriendo la puerta o atendiendo al teléfono?”, se pregunta, y asegura que ella ha tenido conversaciones con la técnico mientras había visitas supervisadas.

Irene, otra de las madres entrevistadas, también denuncia una “falta de vigilancia” y añade que, en ocasiones, “los juntan a todos en una sala y los padres hablan entre ellos mientras los niños se entretienen con los demás niños”. Su hija empezó a acudir al centro cuando era muy pequeña, en un contexto de violencia de género y con una causa penal abierta, según relata. “Yo la he criado sola y, al ser tan pequeña, tenía unas rutinas muy marcadas, como cualquier niño a esa edad. Y ahí se las saltan: la tenían hasta última hora de la tarde con pocos meses de vida, cuando debería llevar horas durmiendo, y todo por la enorme falta de disponibilidad del centro, que está saturado y quiere que su etapa allí acabe cuanto antes para atender toda la demanda. Mi hija tuvo que adaptarse a esa falta de disponibilidad para cumplir con las visitas, en horas intempestivas para un bebé que, en su vida normal, estaría durmiendo”, explica.

Irene considera que los profesionales no reflejan en los informes todo lo que ocurre durante las entregas y las visitas. “Se les acaba el concurso en diciembre. Hay algo por lo que creemos que cada niño que consigue salir de ahí es un éxito, y cada cosa grave que pasa la tapan o la ignoran en el informe”, sostiene. Asegura que su hija se pasaba casi todas las visitas dormida y “tampoco se reflejó en ningún informe”: “ Además, esas visitas ni siquiera eran las fijadas por la sentencia, porque el PEF no tiene disponibilidad, y te encaja como puede. Entra llorando muchas veces; la han llegado a meter a la fuerza, cogida como un saco, mientras se la oía llorar desde la calle. ‘No podemos hacer nada’ o ‘que entre así, que ya se calmará’ son frases que suelen decir. Sin embargo, en los informes no recogen los episodios desagradables: lo que pasa ahí dentro es todo de color de rosa para que el juez te saque de ahí cuanto antes”. La madre sostiene que, “informe bueno tras informe bueno y con la causa penal abierta”, se ampliaron las visitas.

La norma que regula estos centros contempla varias de las situaciones que describen las madres. El reglamento de los puntos de encuentro familiar establece que, en las visitas supervisadas, “un profesional supervisará permanentemente la visita”, y la convocatoria del concierto exige además al menos dos profesionales presentes cuando se atiende a familias. El mismo reglamento dispone que, durante esas visitas, el cuidado del menor recae en el progenitor que lo visita, lo que encaja con lo que Paula relata sobre la ayuda con el baño: los técnicos, según le dijeron, “no están para realizar cuidados”. En las entregas y recogidas, los profesionales solo supervisan el inicio y el final de la visita, pero deben registrar “cualquier incidencia” que se produzca en esos momentos. Lo que no recoge la convocatoria del concierto son cámaras de vídeo o audio en las salas: sí exige botón de pánico y videoportero, pero no grabación. Esa medida ya la proponía en 2019 la asociación Somos Más, y la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer recogió entonces quejas de usuarias porque el centro se negaba a instalarlas.

La importancia de los informes

Todas coinciden en que los informes están “sesgados”. “La forma de relatar lo que nosotras hacemos y lo que hacen los padres es completamente distinta. Nos califican con adjetivos subjetivos mientras que destacan lo que ellos hacen de forma positiva”, sostienen. En los informes de seguimiento a los que ha tenido acceso este diario aparecen expresiones como “algo exigente y poco receptiva”, “de manera altiva” o “no facilita la separación” para describir distintas actuaciones de una de las madres. En otro documento, los profesionales consideran que su comportamiento “retroalimenta una despedida larga y angustiosa” y que su reacción “genera mayor intranquilidad”.

En cambio, en otros informes se describe a los padres con expresiones como “comprensivo” o con un “vínculo afectivo positivo y estable”. En otro documento, los profesionales destacan su “implicación, respeto y adaptación a las necesidades de la menor”. Los informes pueden ser tenidos en cuenta en las resoluciones judiciales. Las madres aseguran que, en varias ocasiones, los jueces les han dicho que han basado sus decisiones en lo que consta en esos documentos, cuyo objetivo es evaluar la relación de los progenitores con los menores.

“Incluso con un informe de servicios sociales, el juez hace caso siempre al informe del PEF”, explica Marta, otra de las madres que acude a uno de estos centros. Su hijo tiene necesidades especiales y, según cuenta, los técnicos no evalúan cómo llega al punto de encuentro ni lo que dice en la despedida “El niño entra muy alterado, llorando, con ataques de ansiedad, vómitos, y lamentando que no vamos a poder hablar”, relata. El padre se lleva al menor un fin de semana entero o quince días en verano y, durante ese tiempo, según explica Marta, “no podemos hablar, impide las comunicaciones”. Cuenta que, en una ocasión, el niño lloraba agarrado a su cuello pidiendo quedarse y “me lo quitaron de los brazos y se lo llevaron porque me dijeron que las despedidas rápidas son lo mejor”.

“A mí los psicólogos me han dicho que requiere que le dé su espacio y valide sus sentimientos en la despedida. No obstante, una vez no pude evitar echarme a llorar viendo sufrir al niño y me acusaron de obstaculizar la entrega y alargarla innecesariamente, constando en informe”, afirma. Según relata, cuando ha pedido que se recoja el estado en el que entra su hijo y sus expresiones textuales, le han respondido que “cuando está con la madre no se evalúa, lo que evaluamos es cuando está con el padre, entonces las entregas y lo que dice el niño en ellas no se evalúan”.

La madre asegura que el menor volvió a relatarle lo sucedido y cuestiona que se le preguntara por ello en presencia del padre. “¿Cómo vas a enfrentar a un niño de cinco años cuando relata una agresión? Otra cosa es que se lo preguntes de nuevo a solas para que no haya inferencias en su versión, pero no: lo enfrentas al señor al que está acusando de haberlo agredido y al que tiene que ver de nuevo al día siguiente para que ratifique lo que el propio niño acaba de relatar delante tuyo”, sostiene. Tras este episodio, presentaron una reclamación “a la que ni nos han contestado”. Marta se muestra indignada por la falta de cámaras y de vigilancia constante en este espacio: “Es un sitio donde hay personas de todo tipo, también condenados por violencia de género que han pasado por la cárcel incluso por intento de asesinato de sus parejas, puede pasar cualquier cosa, son personas violentas de las que están analizando si tienen o no capacidad parental. Y no ponen cámaras”.

Un servicio público gestionado por una entidad concertada

Los puntos de encuentro familiar de Zaragoza Centro y Actur están gestionados por la Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto social con el Gobierno de Aragón. El acuerdo para el periodo 2024-2026 contempla un coste máximo de 662.433,47 euros para el conjunto de ambos centros en 2026. El concierto vence el 31 de diciembre de 2026, aunque puede prorrogarse hasta completar un máximo de diez años.

El servicio atiende a cientos de familias. En 2022, los juzgados derivaron 131 familias al punto de encuentro de Zaragoza Centro y 24 al de Actur, según los datos que el propio Gobierno de Aragón facilitó al Justicia de Aragón, además de cinco a un tercer centro, el de Zaragoza Periferia, que entonces gestionaba otra entidad. La convocatoria del concierto estima que ambos centros pueden atender a 900 menores: 600 en Zaragoza Centro y 300 en Actur.

Entre las obligaciones de la entidad figuran mantener los medios humanos y materiales comprometidos, contar con un equipo con formación específica, disponer de protocolos de intervención y seguridad y comunicar por escrito a la Administración las incidencias que se produzcan, así como informar de las quejas presentadas por el funcionamiento del servicio. El concierto también obliga a la entidad a garantizar la continuidad del personal ofertado y a facilitar las inspecciones y evaluaciones de la Administración.

El Gobierno de Aragón mantiene la titularidad pública del servicio y, a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, tiene atribuidas las funciones de coordinación, control, seguimiento y evaluación de los puntos de encuentro familiar. El concierto con APEFA establece la creación de una comisión paritaria que debe reunirse trimestralmente para analizar la actividad, los objetivos, las intervenciones y las incidencias, además de revisar las memorias periódicas del servicio. La Administración también puede solicitar informes sobre la gestión y sobre casos concretos, y tiene capacidad para inspeccionar y evaluar el funcionamiento de los centros.

El acuerdo incluye, asimismo, el compromiso del Gobierno de Aragón de elaborar un protocolo específico para los casos de violencia de género, que las entidades gestoras deben implantar, además de procedimientos propios, que cada entidad debe diseñar, para organizar las intervenciones y distribuir los espacios de forma que se garantice la integridad física y emocional de las mujeres y sus hijos. No consta que ese protocolo se haya hecho público.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.

El comité de empresa del tranvía de Zaragoza llevará a los tribunales los servicios mínimos fijados por el Ayuntamiento para los paros parciales que arrancaron este lunes. La representación de los trabajadores considera “elevadísimos” e inasumibles los porcentajes decretados —de hasta el 90% en las horas punta— y acusa al Gobierno municipal de “vaciar de contenido” y “desactivar” su derecho a la huelga en plena negociación del convenio colectivo. Así lo expresa Julián Aramendía, secretario general del comité de empresa, que explicaque el asunto ya está en manos de la asesoría jurídica para recurrir la resolución.

El representante sindical cuestiona también el procedimiento seguido para establecer estos porcentajes, ya que, según ha señalado, el decreto recoge que la Sociedad de Economía Mixta (SEM) trasladó la propuesta de la operadora sin formular una propuesta propia. “La intensidad de estos servicios mínimos debe estar justificada y ponderarse. Nos preocupa que una decisión de esta importancia se realice así”, ha afirmado. Aramendía también critica que el documento municipal utilice la expresión “huelga indefinida”, cuando la convocatoria contempla paros parciales hasta el 30 de noviembre: “Genera confusión y malestar”, señala.

Los servicios mínimos fijados para el personal de conducción son del 90% entre las 06:45 y las 08:45 y entre las 13:00 y las 15:00, mientras que se reducen al 80% entre las 16:45 y las 18:45. El calendario de movilizaciones contempla 21 paros parciales distribuidos en 19 jornadas, tras el fracaso de las negociaciones del III convenio colectivo.

Se trata del segundo conflicto laboral de este mes en Zaragoza en el que se fijan unos servicios mínimos superiores al 90%. El precedente más reciente es el de la huelga de limpieza viaria y recogida de residuos durante las fiestas del Pilar, cuando el Ayuntamiento estableció unos mínimos del 94,46% de la plantilla para los días laborables y los sábados, y del 94,81% para los domingos, con el argumento de garantizar la salud pública durante las celebraciones.

Jornadas de hasta nueve horas y falta de personal

El conflicto laboral se centra en las condiciones de trabajo de la plantilla. El comité reclama limitar la jornada diaria a un máximo de ocho horas, frente a las nueve que pueden alcanzar algunos servicios. “Actualmente tenemos hasta nueve horas, la empresa propone ocho horas y media y que esos servicios más largos los hicieran las personas más jóvenes”, explica Aramendía, que también exige “descansos efectivos y que se puedan disfrutar”.

Otra de las reivindicaciones se refiere a los tiempos asignados a los recorridos. Según el comité, los trayectos se realizan en menos tiempo del previsto en el proyecto de explotación, lo que incrementa la presión sobre los conductores. “Hacemos el recorrido en menos tiempo del que se estipula, lo que va en detrimento de la seguridad y aumenta el estrés en el colectivo”, advierte el representante sindical. La plantilla también reclama que se dimensionen adecuadamente los recursos humanos, de acuerdo con las previsiones del proyecto de explotación. “Faltan personas, el servicio se organiza con presión y la seguridad puede verse resentida”, sostiene Aramendía, que ha resumido la situación del colectivo con una frase: “La plantilla está exhausta”.

Piden también mejoras salariales y niegan la idea de que los trabajadores del tranvía cobren más que los conductores del autobús urbano, ha asegurado que sus salarios están un 36% por debajo. “Hay una idea equivocada que no se corresponde con la realidad, no cobramos más que los del autobús”, afirma. El comité reclama corregir esta diferencia, reconocer la turnicidad, aplicar subidas salariales y crear una paga extraordinaria. Aramendía asegura que el comité ha tenido que presentar denuncias para que se impartiera formación a trabajadores después de bajas y reclama un reciclaje periódico y una preparación adecuada para el desempeño de sus funciones.

Criterios para el personal eventual y más seguridad

El comité denuncia que hay trabajadores que permanecen durante años como persona eventual sin saber con qué criterios volverán a ser llamados. Por ello, reclama reglas claras de contratación y que se dé un peso real a la antigüedad. “Pedimos reglas claras para que cualquier trabajador pueda ejercer sus derechos sin miedo a no volver a ser llamado”, explica Aramendía.

El representante sindical también ha criticado que las personas que se incorporan por primera vez cobren durante los dos primeros meses el 80% del salario. “No lo consideramos de recibo, es discriminatorio”, afirma. Además, ha asegurado que los representantes de los trabajadores han tenido que presentar denuncias para que se proporcionasen uniformes a la plantilla. Por último, el comité reclama mayor protección frente a las agresiones que sufren los trabajadores en el desempeño de sus funciones de cara al público. Aramendía pide a la empresa que condene cualquier acto de violencia y respalde a quienes prestan el servicio.

La negociación del III convenio colectivo continúa sin acuerdo después de la última reunión celebrada en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Los paros parciales se mantendrán hasta el 30 de noviembre.

Sonia Segura, de 36 años, tiene dos hijas de 17 y 9 años y está embarazada de una tercera, de la que sale de cuentas el próximo 1 de noviembre. El 13 de noviembre, apenas doce días después de la fecha prevista para el parto, está señalado el lanzamiento de la vivienda en la que reside en Alagón, en la provincia de Zaragoza. Tiene reconocida la situación de vulnerabilidad y es víctima de violencia de género, pero todavía no ha encontrado un alquiler asequible para su familia, por lo que pide más tiempo para encontrar una casa que pueda pagar: “Yo lo único que pido es un poco más de tiempo hasta que me aparezca un piso”, explica. 

Su actual pareja la está ayudando a buscar vivienda, pero asegura que las dificultades económicas y los requisitos de los propietarios les cierran las puertas. “Con lo que cobro no se puede, no hay manera de alquilar nada con los precios de la vivienda actuales, se nos ha ido echando el tiempo encima, está todo imposible”. 

La situación, que ha adelantado esta semana 'Heraldo de Aragón', se ha vuelto especialmente angustiosa por la proximidad del parto. Sonia cuenta que tiene anemia, se encuentra muy débil y los nervios le están pasando factura. También le preocupa cómo organizar una mudanza con tan poco margen y qué hacer con sus pertenencias, incluso en el caso de que alguien pueda acogerla temporalmente. “No sé dónde meter mis cosas”, lamenta. A sus hijas todavía no les ha contado que tendrán que abandonar la vivienda: “Estoy muy agobiada, nunca te imaginas llegar a esta situación”. 

El procedimiento judicial tiene su origen en la demanda de desahucio por precario presentada por la propietaria del inmueble, la madre de su expareja, con quien Sonia mantuvo una relación de 14 años. La pareja se rompió tras un caso de violencia de género y una condena por amenazas tras la que se le impuso la prohibición de aproximarse a ella a menos de 200 metros y de comunicarse en dos años, según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza de marzo de 2025. 

La resolución considera probado que, durante una discusión por la separación y en presencia de la hija de ambos, que entonces tenía siete años, el hombre amenazó a Sonia con degollarla, enterrarla viva y no descansar hasta verla “bajo tierra”. La magistrada considera que el testimonio de la mujer fue coherente y creíble, y que estaba corroborado por cuatro grabaciones de audio en las que se escuchaban amenazas similares. La sentencia, sin embargo, lo absolvió del delito de malos tratos por una supuesta agresión física denunciada al día siguiente, al considerar que no había pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

Sonia relata que las discusiones se intensificaron cuando decidió terminar la relación y que llegó a denunciar las amenazas después de que la Guardia Civil las escuchara. Tras la ruptura, ella permaneció en la vivienda con su hija, mientras su expareja abandonó el domicilio. La relación con la propietaria se deterioró y, según afirma Sonia, llegó a quedarse sin suministro eléctrico. “Me cortaron los cables de la luz. Cada vez que venía Endesa a poner la luz me decían que era una okupa. Yo no lo considero así”, sostiene.

La mujer explica que intentó regularizar su situación mediante un contrato de alquiler, pero que la propietaria se negó a firmarlo. Asegura que esta negativa está relacionada con la denuncia contra su hijo y con la orden de alejamiento. “La entiendo, pero es que vivo con su nieta”, afirma. La demanda presentada por la ahora exsuegra de Sonia fue estimada y el procedimiento ha llegado a la fase de ejecución del lanzamiento, previsto para el 13 de noviembre a las 10:45.

La defensa pide suspender el lanzamiento

El abogado Javier Ferreira, del despacho KLYO Abogados, ha presentado un escrito para solicitar que se suspenda el lanzamiento y se requiera a los servicios sociales para que proporcionen una alternativa habitacional a Sonia.

La defensa sostiene que debe aplicarse el artículo 2.2 del real decreto publicado en el BOE que invoca en su escrito. Según explica el letrado, la norma permitiría solicitar la suspensión del lanzamiento en las circunstancias de vulnerabilidad que concurren en este caso. Ferreira asegura que ya se habían intentado otras vías para paralizarlo, pero que las suspensiones anteriores habían perdido vigencia y el procedimiento continuó.

“Su situación es francamente angustiosa”, resume el abogado, que considera necesario que se tenga en cuenta la situación de la mujer y la falta de una alternativa habitacional antes de ejecutar el desahucio.

Sonia explica que ha tenido dificultades para obtener el reconocimiento de su vulnerabilidad y que, cuando ha intentado acceder a recursos de vivienda, se ha encontrado con nuevos obstáculos. Afirma que se ha inscrito en una bolsa de pisos, pero que le han comunicado que ocupa una posición muy retrasada porque no dispone de contrato de alquiler.

Mientras tanto, la búsqueda de vivienda continúa sin resultados. Sonia insiste en que no pretende quedarse en el inmueble sin una solución ni prolongar indefinidamente el conflicto, sino disponer del margen necesario para encontrar un hogar para sus tres hijas. “Si no tengo dónde irme, ¿qué hago?”, se pregunta. “No encuentro salida ni nada por ningún lado”.

Chunta Aragonesista y Frente Amplio Aragón han alcanzado un acuerdo para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones generales bajo la denominación CHA-Frente Amplio Aragón. La coalición, integrada por CHA, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero, aspira a lograr representación en el Congreso de los Diputados y “llevar la voz de Aragón a Madrid”.

El diputado de CHA Jorge Pueyo ha anunciado el acuerdo en redes sociales, donde ha defendido la unidad de la izquierda aragonesa. “La calle nos pedía unidad, y por la unidad estamos trabajando”, ha afirmado. Pueyo ha reconocido que CHA podría tener opciones de conseguir un escaño en solitario, pero ha apostado por una candidatura conjunta.

El diputado ha explicado que la coalición busca “poner pie en pared a la extrema derecha” y defender los derechos de los aragoneses en Madrid. “No somos un territorio de olvido y sacrificio”, ha señalado.

Pueyo también ha hecho un llamamiento a Podemos para que se incorpore al proyecto. “Falta un actor, falta Podemos, y por eso le lanzamos el guante”, ha dicho, con la intención de ampliar la candidatura y sumar fuerzas en torno a la defensa de los derechos de la clase trabajadora.

En su nota de presentación, las formaciones también reivindican la defensa de los servicios públicos, la vivienda y el territorio frente a la especulación, con el lema “Aragón no se vende”.

El Tranvía de Zaragoza ha abierto una investigación interna tras una agresión a uno de sus conductores ocurrida en la parada de Mago de Oz durante la noche del 12 al 13 de octubre, en plenas fiestas del Pilar. Fuentes de la compañía han confirmado los hechos y han señalado que la Policía Nacional se personó en el lugar. Por el momento, no hay constancia de que la víctima haya denunciado los hechos.

Desde el Tranvía aseguran que disponen de imágenes del incidente y que las conservan por si la Policía Nacional las solicita. Además, han señalado que, si la persona agredida decide denunciar, le facilitarán “lo que necesite para que lo pueda hacer”. Las mismas fuentes han explicado que el personal de seguridad intervino para frenar la agresión. En ese momento había 22 agentes de seguridad privada operativos, según la compañía.

El Tranvía de Zaragoza asegura que este año ha reforzado la seguridad privada durante las Fiestas del Pilar, con más efectivos y operativos específicos en distintas paradas, especialmente en Valdespartera y en el centro de la ciudad.

En estos puntos, la compañía instala vallados para ordenar el acceso de los usuarios, que validan sus billetes en el exterior antes de entrar. Según explican, el objetivo es que accedan “de forma ordenada”. Este dispositivo se ha extendido a otras paradas y se ha incrementado el número de vigilantes.

Vox ha eliminado la línea específica de subvenciones para proyectos de apoyo a las personas LGTBI y sus familiares en Aragón, que contaba con 161.000 euros en la convocatoria anterior. La nueva orden, firmada por el departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigido por Alejandro Nolasco, destina los 516.000 euros disponibles a proyectos relacionados con la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

La convocatoria anterior diferenciaba tres líneas: accesibilidad universal, apoyo a personas LGTBI y sus familiares, y sensibilización y gestión de la diversidad para otros colectivos. La destinada al colectivo LGTBI contaba con 161.000 euros, repartidos en dos partidas de 95.000 y 66.000 euros. La nueva orden, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 2 de octubre, limita los proyectos subvencionables a la inclusión social y la atención a personas con discapacidad, así como a la accesibilidad universal y la eliminación de barreras. El presupuesto total baja de 611.000 a 516.000 euros, un 15,5% menos.

Desde la Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón consideran que la supresión de esta línea supone “un grave retroceso en el compromiso institucional con la diversidad sexual, familiar y de género”. En un comunicado, reclaman al Gobierno autonómico que explique qué financiación alternativa ofrecerá a las entidades y cómo garantizará la continuidad de los programas durante 2026 y 2027.

La asociación advierte de que la desaparición de esta ayuda puede traducirse en menos horas de atención, dificultades para mantener a los equipos profesionales e interrupciones en las actividades de prevención y sensibilización. La incertidumbre, señala, afecta a programas que acompañan a personas que sufren discriminación, rechazo familiar o aislamiento. Según la organización, el problema puede ser “especialmente grave” en el medio rural, donde las distancias y la falta de servicios especializados dificultan el acceso a estos recursos. SOMOS también pone el foco en adolescentes y jóvenes que sufren rechazo familiar o acoso, así como en las personas que afrontan varias formas de discriminación.

La organización pide recuperar una línea propia de financiación “con una dotación suficiente y estable”, publicar las partidas y convenios disponibles y convocar una reunión con las entidades LGTBI aragonesas. “Los derechos reconocidos por ley necesitan presupuesto, atención y compromiso institucional”, concluye el comunicado.

Chunta Aragonesista también ha criticado la desaparición de estas ayudas. Su secretario LGTB, Alejandro Claraco, considera que deja a las asociaciones sin una vía específica para financiar sus proyectos de atención, acompañamiento y sensibilización: “Eliminar una línea específica que contaba con 161.000 euros supone dejar sin una vía propia de financiación a proyectos que realizan una labor imprescindible de atención, acompañamiento, sensibilización y defensa de los derechos de las personas LGTBI en Aragón”, sostiene.

Según la formación, el Plan Estratégico de Subvenciones del departamento todavía contemplaba en febrero de 2026 una línea específica para las personas LGTBI y sus familiares. El documento se modificó el 23 de septiembre, después de que Alejandro Nolasco, de Vox, asumiera la dirección del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia. La nueva orden se aprobó una semana después.

“No estamos hablando simplemente de una modificación administrativa. Desaparece una línea específica que reconocía la necesidad de desarrollar políticas públicas dirigidas a las personas LGTBI y permitía sostener proyectos de atención, acompañamiento, sensibilización y participación social”, afirma Claraco.

Además de suprimir esta línea, la convocatoria reduce de 15 a 10 días hábiles el plazo para presentar solicitudes y fija un máximo de 70.000 euros por proyecto. También cambia los criterios de valoración: la puntuación vinculada a las características y la capacidad de las entidades pasa de 20 a 40 puntos, mientras que la correspondiente a los proyectos baja de 80 a 60.

La formación reclama al Ejecutivo que aclare qué otras convocatorias, convenios o partidas pueden financiar estas actuaciones. Claraco precisa que la desaparición de la línea no significa necesariamente que se haya eliminado toda la financiación autonómica para políticas LGTBI, ya que podrían existir otras vías. “Queremos saber dónde están ahora esos recursos y qué alternativa ofrece el Gobierno de Aragón a las entidades que venían desarrollando estos proyectos. No puede desaparecer una línea específica sin explicar cómo se van a mantener actuaciones fundamentales para muchas personas”, reclama.

El departamento que dirige Alejandro Nolasco remite a la nueva orden de ayudas, publicada el 2 de octubre en el BOA y dotada con 516.000 euros, destinada al fomento de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. “El Departamento considera que la condición LGTBI no es una discapacidad”, señala en su respuesta. Preguntado por otras posibles vías de financiación para proyectos de apoyo a las personas LGTBI y sus familiares, el Gobierno de Aragón no aclara si convocará nuevas ayudas específicas. “No adelantamos el contenido de próximas convocatorias”, responde, antes de asegurar que estas atenderán las demandas del tercer sector y cumplirán el pacto de Gobierno suscrito el 22 de abril, con el objetivo de mejorar los servicios sociales en Aragón.

Didac tiene cinco años, tres enfermedades ultrarraras, un 49% de discapacidad y un grado 2 de dependencia. Le encanta hablar, tiene mucha intención comunicativa, pero las palabras no siempre le salen. “Se muere por hablar y no puede”, cuenta su madre, Eva Maura, que denuncia que este curso —el primero de primaria— su hijo ha perdido el acompañamiento educativo estable con el que durante los dos últimos años había conseguido avanzar en el colegio de Tamarite de Litera (Huesca).

Según relata, el apoyo de un profesional de Pedagogía Terapéutica (PT) ha sido fundamental para que el pequeño avance en el aula y, especialmente, pueda desenvolverse con sus dificultades de comunicación. “Durante dos años Educación nos asignó un PT, un docente con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. Nos ha ayudado mucho, mi hijo ha notado muchísimo ese apoyo”, explica Maura. Durante este tiempo, el niño ha conseguido avanzar hasta situarse “al nivel de sus compañeros”: “Ha sido como una flor abierta, ha sacado todo su potencial. Sin ese apoyo mi hijo se hunde”, asegura.

Ahora, el primer curso de Didac en Primaria, sostiene que el centro dispone de un profesional que tendrá que repartirse entre más de 30 alumnos con necesidades educativas. “Va a haber un PT, pero no para mi hijo, se lo repartirán”, afirma. Para ella, el problema no es únicamente disponer de unas horas de atención, sino que su hijo pueda contar con una persona estable que conozca sus necesidades y su forma de comunicarse: “Mi hijo no necesita un apoyo puntual”, insiste. “Necesita a nivel de comunicación, porque no puede expresarse, una ayuda para comunicarse”.

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, preguntado por este caso, señala que el CEIP San Miguel de Tamarite está “dotado con el personal que le corresponde según normativa, también en cuanto al perfil de PT”. Maura responde que su hijo ha podido mantener el mismo nivel que sus compañeros gracias al PT, “sino estaría en un colegio de educación especial” y asegura que el Gobierno de Aragón “incumple la ley”.

“Se muere por hablar y no puede”

Según explica su madre, Didac tiene retraso psicomotor, sordera fluctuante y otras dificultades derivadas de las patologías que presenta. También tiene diagnóstico de TEA y TDAH, según su relato. Pero lo que más condiciona actualmente su día a día es el lenguaje: “Es muy cotorra, le encanta hablar, tiene mucha intención comunicativa, pero es como si no pudiese decir lo que piensa”, cuenta Maura. “Quiere expresarse pero no le salen las palabras, le salen aproximaciones, como un niño de un año y medio”.

La madre explica que el pequeño utiliza sus propias aproximaciones para intentar hacerse entender. “Hablamos chapurreado. Te vuelves loca porque no lo entiendes y él se frustra muchísimo”, continúa. “Mi hijo se muere por hablar y no puede”, explica. Para Maura, esta dificultad hace especialmente importante que el profesional que le acompaña conozca su forma de comunicarse. “Si en lugar de tener un PT tiene una hora con diferentes maestros, se pierde el objetivo. Si siempre hay una persona se mantienen objetivos y rutinas”, explica.

“Mi hijo ha notado muchísimo ese apoyo”

Maura asegura que el acompañamiento recibido durante los dos últimos cursos también ha permitido trabajar objetivos educativos concretos. “Uno de los objetivos es que aprendan a contar del uno al cien y Didac ya lo hace”, señala. También explica que el apoyo es necesario para situaciones tan básicas como pedir ayuda. “Necesita el apoyo para pedir ayuda, porque si se lo da la maestra dejará de atender al resto de alumnos”, afirma.

La madre asegura que Didac tiene reconocido un grado 2 de dependencia y un 49% de discapacidad y que, pese a sus dificultades, mantiene un nivel educativo similar al de sus compañeros: “A nivel educativo me llama la atención que hay nenes que les habían dado libros de refuerzo y al mío no. El nivel educativo es el mismo”, cuenta. Su temor es que la pérdida del acompañamiento estable haga retroceder al niño después de los avances conseguidos. “Si ese apoyo se lo quitan de golpe, mi hijo va a quedar cojo otra vez. No le das la oportunidad de ser un igual”, sostiene. En el colegio, según relata, Didac está integrado con el resto de alumnos y cuenta que durante el verano el pequeño se ha dedicado a “recitar el nombre de sus compañeros”.

Otro alumno, pendiente de un auxiliar

La madre también denuncia la situación de otro alumno del entorno escolar, con artrogriposis, que, según su relato, todavía no ha comenzado el curso porque no dispone del auxiliar que necesita. “Saben desde febrero que ha llegado al pueblo y a día de hoy no ha empezado el colegio porque no hay auxiliar”, asegura. Según cuenta, a la familia le comunican cada semana que el recurso estará disponible “la semana que viene”.

La circular de la Dirección General de Personal para el curso 2026/2027 establece que la dotación de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje se determina conforme a las ratios establecidas en la normativa. El documento contempla además que, una vez iniciado el curso, puedan solicitarse incrementos extraordinarios de cupo cuando existan necesidades que no puedan atenderse con los recursos disponibles, siempre que estén debidamente justificadas por la Inspección Educativa. La propia circular señala que, en determinados casos, cuando la configuración de la plantilla impida reorganizar los recursos disponibles, el centro puede solicitar a través de Inspección una dotación extraordinaria de PT o Audición y Lenguaje.

Maura asegura que, si la situación no cambia, está dispuesta a llevar su protesta ante el Departamento de Educación. “Si esto no funciona, enviaré una nota de prensa a todos los medios y haré una sentada en la puerta de Educación”, anuncia.

Excrementos de aves acumulados en una zona anexa al patio, presencia de roedores, dificultades para ventilar un aula de lactantes y restos de comida y utensilios acumulados en la cocina durante el cambio de turnos de limpieza. Son algunas de las situaciones que recoge un informe del delegado de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva sobre la Escuela Infantil Las Fábulas, tras una inspección realizada el pasado 1 de octubre. El documento alerta de posibles problemas de salubridad y reclama al Consistorio distintas actuaciones para corregirlos. Cuarte de Huerva ha recuperado este año el título de municipio con mayor renta media de Aragón entre las localidades de más de 5.000 habitantes, según el último informe de Fedea, elaborado con datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2023.

El informe pone también el foco en la organización del servicio de limpieza. Según ha podido saber este diario, hay un intervalo diario aproximado de 30 minutos entre la finalización de la jornada del personal del turno de mañana y el comienzo de la jornada de la empresa contratada para el turno de tarde. Durante ese periodo quedan utensilios y restos de comida acumulados en el fregadero de la cocina. Asimismo, señala que anteriormente existía un solapamiento entre ambos turnos que permitía atender las necesidades de limpieza durante ese intervalo y evitar la acumulación de restos.

Según ha podido saber este diario, esta situación tiene su origen en un cambio en la organización del servicio de limpieza. Anteriormente, el centro contaba con una trabajadora municipal fija con una jornada de dos horas y media diarias, 12,5 horas semanales, y otra empleada, también personal laboral fijo, que cubría el turno de tarde con un contrato de 30 horas semanales. Tras la jubilación de esta última, el Ayuntamiento optó por contratar a una empresa externa para prestar el servicio durante 25 horas semanales, en lugar de convocar un proceso para cubrir la plaza. Esta reorganización ha dejado un intervalo entre ambos turnos en el que la cocina permanece sin personal de limpieza.

El PSOE de Cuarte de Huerva ha reclamado al equipo de gobierno una solución a esta situación. En un escrito registrado este miércoles, Mercedes Pérez, portavoz del grupo municipal socialista, plantea reorganizar o ampliar los horarios de limpieza, así como utilizar recursos de personal municipal para garantizar la cobertura del servicio y evitar que se repitan las deficiencias detectadas.

La cuestión laboral también apareció en el pleno municipal del pasado 29 de septiembre. Durante la sesión, la alcaldesa hizo referencia a la presencia de un inspector que había acudido solicitando “protocolos” y mencionó también a “una trabajadora”, aunque sin concretar el contenido de esa actuación. “El día que haya una denuncia, si la hay, se explica perfectamente en qué consiste y qué ha ocurrido”, afirmó la regidora.

Consultado por este diario, el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva asegura que, tras recibir la información sobre las deficiencias, la trasladó a sus brigadas municipales “para ampliar medidas dentro del plan de mantenimiento de dependencias municipales”. Respecto a la situación laboral y la organización del servicio de limpieza, el Consistorio señala que no puede facilitar información por el momento y que tendría que consultar esta cuestión con el departamento de Recursos Humanos.

Excrementos de aves y un posible riesgo biológico

Más allá de los problemas en la cocina, el informe describe las condiciones de la zona exterior anexa al patio infantil. Allí se encuentra un magnolio de grandes dimensiones que sirve de hábitat a distintas especies de aves. Durante la inspección se observó una “importante acumulación” de deposiciones de aves y hojarasca.

La parte superior del murete que separa ambos espacios tiene unos 50 centímetros de altura y queda al alcance de los menores y en ella también se observaron restos de deposiciones de aves. A la acumulación de suciedad se suma la presencia de roedores comunicada por el personal del centro. Se habrían observado ratas en la zona anexa al patio infantil. Durante la inspección se pudieron ver trampas destinadas al control de estos animales, aunque, según las manifestaciones recogidas, no estarían siendo revisadas con la frecuencia necesaria para garantizar su eficacia.

El informe también pone el foco en el aula de lactantes Las Ovejitas. Sus ventanas están directamente comunicadas con la zona exterior señalada y, según el documento, permanecen cerradas. El delegado de prevención considera que esta circunstancia dificulta la correcta ventilación de la estancia y pide valorar las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de ventilación y salubridad.

El espacio anexo al patio comparte además entorno con dependencias del centro médico municipal, por lo que el informe considera que las condiciones observadas no afectan únicamente a la escuela infantil, sino también a las personas que trabajan o acuden a estas instalaciones sanitarias.

La Consejería de Sanidad, consultada por este diario, asegura que no tiene constancia de la situación recogida en el informe del delegado de prevención. El documento, solicita que se actúe con la máxima premura para solucionar las situaciones detectadas y garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad y salud laboral.

El Gobierno de Aragón no ha aclarado qué ocurrirá a partir del próximo 1 de enero con cinco contratos de asistencia sanitaria adjudicados a Ribera Salud que finalizan el 31 de diciembre. En conjunto, estas adjudicaciones suman 1.265.300,18 euros y permiten cubrir consultas externas, guardias, urgencias y procedimientos quirúrgicos en los hospitales de Teruel, Alcañiz, Calatayud y Barbastro.

El Departamento de Sanidad asegura que por el momento no dispone de información sobre cuáles de estos servicios continuarán en 2027 ni sobre si la actividad que ahora se presta mediante estas adjudicaciones se recuperará con medios propios del sistema público. Tampoco ha concretado si se recurrirá a nuevas contrataciones una vez finalicen los expedientes actuales.

La cuestión fue planteada esta semana en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón por la diputada socialista María Rodrigo, que reclamó al Gobierno información sobre el futuro de estos servicios. El director general de Planificación Sanitaria no respondió durante la comisión a qué contratos se prorrogarán y cuáles finalizarán: “No sabemos qué contratos se van a prorrogar de nuevo con empresas privadas, no sabemos qué contratos van a finalizar directamente, no sabemos qué actividad piensan recuperar con medios propios y no conocemos tampoco ningún calendario para hacerlo”, señaló la diputada.

Cinco contratos que vencen en diciembre

Los cinco expedientes que tienen como fecha de finalización el 31 de diciembre suman 1.265.300,18 euros. El de mayor importe corresponde al Hospital de Calatayud, donde Ribera presta consultas externas de Traumatología, atiende urgencias no ingresadas y realiza procedimientos quirúrgicos con hospitalización. La adjudicación asciende a 356.675,65 euros.

Le siguen el servicio contratado en Barbastro, por 288.250 euros, que cubre consultas de Otorrinolaringología y Urología y guardias de Urología, y el de Alcañiz, de 222.374,53 euros, destinado a consultas, urgencias y procedimientos quirúrgicos de Traumatología. Estos dos últimos expedientes contemplan una posible prórroga: de seis meses en el caso de Barbastro y de doce meses en el de Alcañiz.

En Teruel hay dos adjudicaciones diferentes para cubrir guardias de Ginecología, Anestesia, Urología y otros servicios que resulten necesarios, ambas por 199.000 euros. Una comenzó en febrero y la otra en junio, por lo que durante varios meses coincidieron para cubrir esta actividad en el Hospital Obispo Polanco. La documentación consultada no recoge una prórroga para ninguno de los dos expedientes.

Los cinco contratos están adjudicados formalmente a Ribera Medical, una de las sociedades del grupo Ribera Salud. En expedientes anteriores aparece Torrevieja Salud, que figura como denominación anterior. Para este artículo se utiliza Ribera Salud para referirse al grupo empresarial.

La posibilidad de continuidad no es igual en todos los casos. Dos de los cinco contratos —los de Alcañiz y Barbastro— contemplan expresamente una prórroga, mientras que en los otros tres no figura esta opción en la documentación consultada. El Gobierno de Aragón no ha aclarado si hará uso de esas prórrogas ni qué fórmula aplicará para mantener, modificar o recuperar el resto de la actividad.

Más de dos millones de euros adjudicados desde 2025

Los cinco contratos que vencen a final de año forman parte de una sucesión de adjudicaciones a Ribera Medical y a Torrevieja Salud, su anterior denominación, para cubrir actividad sanitaria en distintos hospitales aragoneses. Según la relación de contratación consultada, desde abril de 2025 estas adjudicaciones suman 2.359.264 euros.

Entre ellas figuran servicios de Rehabilitación y Otorrinolaringología en Huesca, consultas de Otorrinolaringología, Rehabilitación y Urología en Barbastro y consultas de Rehabilitación, Otorrinolaringología y Dermatología en Teruel. También se adjudicaron servicios de Traumatología en Calatayud y distintas guardias médicas en Teruel.

Durante 2026 se han sucedido nuevas contrataciones para cubrir actividad asistencial en los cuatro hospitales que ahora concentran los cinco expedientes con vencimiento a 31 de diciembre. La cuestión pendiente es qué ocurrirá con esos servicios cuando termine el año.

Rodrigo sostiene que una eventual prórroga podría servir al Ejecutivo autonómico para disponer de tiempo para incorporar profesionales al sistema público. “Si durante esos seis o doce meses el Gobierno no trabaja en captar profesionales, esto está ocultando una cuestión más de fondo: ese cambio de modelo a un modelo totalmente privatizador que tiene el Gobierno de Azcón”, afirmó la diputada. Esta última consideración corresponde a la valoración política del PSOE sobre la estrategia del Ejecutivo autonómico.

Ribera Salud tampoco confirma por ahora si continuará prestando estos servicios en 2027. Consultada por este medio sobre la previsión para los contratos que finalizan a finales de año, la compañía señala que está “a disposición del Gobierno de Aragón y de todos los gobiernos que necesiten colaboración para mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios de los ciudadanos, especialmente en especialidades y áreas de difícil cobertura”.

El ambiente en la Plaza de España de Zaragoza era de calma tensa este viernes a la espera de la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso. Aunque desde el Sindicato de Inquilinas habían repetido en varias ocasiones que las medidas eran “claramente insuficientes”, seguían con atención el debate y confiaban en que pudiera producirse un cambio en las posiciones de los grupos que permitiera que los decretos salieran adelante. La acampada, que vive este viernes su segunda jornada tras una primera noche en la que alrededor de un centenar de personas durmieron en la plaza, se mantendrá hasta la tarde del sábado.

Mientras esperaban el resultado, en la plaza se repartía comida entre las personas que permanecen en la acampada. Había lentejas preparadas por una conocida cocinera aragonesa y alrededor de una decena de pizzas que habían llegado sin que nadie supiera muy bien quién las había enviado. Entre platos y conversaciones sobre lo que podía ocurrir en el Congreso, los asistentes continuaban pendientes de la votación.

Finalmente, los dos decretos han sido rechazados por el Congreso después de que Junts, PP y Vox votaran en contra. La reacción en la Plaza de España no se ha hecho esperar. Desde el Sindicato de Inquilinas consideran que el resultado demuestra que “ni siquiera las medidas de mínimos pueden salir adelante”: “Es una vergüenza. Los partidos políticos que están ahora mismo en el Congreso son un circo. No son ni siquiera capaces de aprobar los parches más cutres, las migajas más rastreras. Ni siquiera eso puede salir adelante”, ha señalado Paula Ríos, portavoz del sindicato.

El sindicato ya había advertido de que los decretos eran “claramente insuficientes”. “Recogían solamente medidas parciales. No queremos protección contra los desahucios. Queremos acabar con los desahucios. No queremos que se congelen los precios del alquiler cuando están en máximos históricos. En última instancia, queremos que la vivienda deje de ser una mercancía”, ha defendido Ríos.

La caída de las medidas se produce mientras la acampada de Zaragoza afronta su segunda jornada. Alrededor de un centenar de personas pasaron la primera noche en la Plaza de España y el número de tiendas continúa creciendo. Sin embargo, la acampada tiene ya fecha para transformarse: el Sindicato de Inquilinas ha anunciado que este sábado levantará las tiendas después de comer para trasladarse a la manifestación convocada a las 18:00. “La acampada se transforma, la lucha continúa”, han señalado desde la organización.

“La lucha tiene que mantenerse. Cualquiera de los decretos que se votan hoy son claramente insuficientes, queremos acabar con el negocio de la vivienda y las herramientas que utilicemos pueden ser la acampada o la lucha sindical”, señalaba Ríos antes de conocerse el resultado de la votación.

Desde el sindicato consideran que el rechazo de los decretos no supone el final de la movilización. Al contrario, defienden que las protestas de los últimos días han abierto una nueva etapa en la reivindicación del derecho a la vivienda: “Estamos en un momento histórico para luchar por el derecho a la vivienda. Miles de personas han tomado las calles, han tomado las plazas solo gracias a la organización y la lucha”, ha señalado Ríos tras la votación.

La mirada está puesta ahora en la manifestación convocada para este sábado a las 18:00 desde la plaza Santo Domingo. “La lucha es el único camino. Esto no va a quedar aquí. Mañana llamamos a todo el mundo a acudir a la manifestación y después vamos a seguir organizándonos”, han señalado. La acampada también tiene continuidad más allá de la movilización del fin de semana. El Sindicato de Inquilinas ha convocado una asamblea para el próximo jueves 8 de octubre en el número 23 de la calle San Pablo. “Tenemos que extender la lucha y llevarla a los barrios”, han llamado.

El número de tiendas instaladas en la Plaza de España de Zaragoza no deja de crecer tras una primera noche en la que han dormido en el centro de la capital aragonesa unas cien personas. Ha sido una noche “tranquila”, sin incidentes más allá de algún comentario de personas que iban o volvían de la zona de bares, aunque es algo que no preocupa a las personas allí congregadas, que consideran la protesta y la ocupación del espacio público como una de las principales formas de lucha en estos momentos.

Paula Ríos es la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza y una de las impulsoras de esta movilización. Cuenta que esta primera noche ha sido un “éxito” y que sus previsiones son continuar “por lo menos” hasta después de la manifestación de este sábado: “La lucha tiene que mantenerse. Cualquiera de los decretos que se votan hoy —y que previsiblemente no van a salir adelante por el ‘no’ de Junts— son claramente insuficientes. Queremos acabar con el negocio de la vivienda y las herramientas que utilicemos pueden ser la acampada o la lucha sindical”.

A esta movilización “se puede sumar cualquier persona trabajadora harta de la situación de la vivienda”. En cuanto a las necesidades, asegura que por el momento está todo “muy bien organizado”: “Se puede traer agua y comida, pero lo que queremos es ser muchas más, que la vivienda no sea una mercancía para no tener que estar aquí haciendo lo que estamos haciendo”.

La acampada afronta esta segunda jornada, además, con una nueva circunstancia: este viernes se ha aprobado en Zaragoza la ordenanza cívica que penaliza la pernocta en la calle. Desde el sindicato aseguran que desconocían esta medida y que, por el momento, no han recibido ninguna propuesta de sanción. “Poder estar aquí no es casual, tiene que ver con el gran poder y fuerza que se ha generado gracias a estas miles de personas que han salido a la calle. En otras circunstancias sabemos que la Policía no estaría tolerando esto”, sostiene Ríos.

Los ánimos en la plaza son altos. Las conversaciones versan sobre los decretos de vivienda y lo que ocurrirá este viernes en el Congreso, aunque entre los asistentes existe la sensación de que la protesta “va más allá”. El ambiente durante la mañana era diferente al de la noche anterior, marcado por la euforia de haber conseguido mantener la acampada durante sus primeras horas.

En la plaza había activistas, pero también grupos de amigos que habían acudido a la cacerolada del jueves o que se habían enterado de la convocatoria para acampar a través de las redes sociales. “Me he enterado cuando estaba en el gimnasio, he pasado por casa a coger el saco y un colacao y me he venido”, contaba Erika a este diario el jueves por la noche. Esta estudiante no tenía tienda y este viernes por la mañana tenía un examen, lo que no le impidió dormir en la Plaza de España por algo que considera “justo”: “No se me ocurre otro sitio en el que estar que no sea este”.

Martín Ruiz forma parte de la Coordinadora Juvenil Socialista, que agrupa asambleas de jóvenes comunistas que, según explica, “tenemos claro que necesitamos estar organizados al margen de los partidos profesionales que gobiernan para los rentistas y los especuladores”. Ha pasado la noche en la plaza y asegura que “se va a aguantar todo lo que haga falta”. Ruiz asegura que “no van a parar” hasta conseguir llegar “todo lo lejos que podamos”. “Los desahucios han sido la gota que ha colmado el vaso. Se trata de un problema estructural. En el primer trimestre del año ha habido 4.000 desahucios, 44 al día. Estamos señalando que es un problema estructural porque el problema de raíz es que la vivienda, que es un bien básico para sobrevivir, pueda ser objeto de especulación. Es la mera existencia del negocio de la vivienda”, sostiene.

Ruiz es especialmente crítico con la clase política. Por una parte, considera que el Gobierno de PSOE y Sumar “no ha estado haciendo nada” y que las medidas que intenta sacar adelante son “parches que no atacan a la raíz del problema”. Frente a ello, reclama “medidas estructurales”: “Que se prohíba la especulación con la vivienda y con los bienes básicos para sobrevivir, que se expropie a los especuladores, que todas las viviendas que se están considerando bienes para invertir se pongan al servicio de las necesidades sociales, que no se haga negocio con los recursos que sirven para sobrevivir y que necesitamos para vivir dignamente”.

También carga contra los discursos de la derecha y la extrema derecha y señala dos “mantras” que, a su juicio, se repiten: “Que hay que construir mucha vivienda y que el problema de que suban los precios es de los migrantes”. Asegura que “el problema es que la vivienda no se organiza racionalmente” y rememora lo ocurrido durante la burbuja inmobiliaria: “Se construyó a un ritmo récord y los precios subían un 33% al año. Después, los precios de la vivienda cayeron mientras no dejaban de subir las cifras de llegadas de migrantes trabajadores. No nos podemos dejar engañar por esta gente que intenta vendernos como un debate irracional para que no hablemos de la raíz del problema”.

Diego, Germán y Erika son algunas de las personas que se han acercado hasta la Plaza de España de Zaragoza este jueves por la tarde. En el caso de Germán, solo con intención de acudir a la cacerolada convocada a las 20.00, aunque al final “me quedo a dormir, con lo puesto”: “No me esperaba ver este despliegue de tiendas, pero era necesario”. Erika se ha enterado de la convocatoria por redes sociales y, al salir del gimnasio, ha pasado por casa “a coger el saco y un colacao” y espera que alguien le haga hueco en alguna de las tiendas. Diego no se podrá quedar, es una de las personas que mañana trabaja, pero asegura que, en cuanto pueda, acampará junto a sus amigos.

Son solo algunas de las personas que van a llenar las decenas de tiendas de campaña que se han instalado en la Plaza de España de Zaragoza. No ha sido espontáneo: el Sindicato de Inquilinas había convocado una cacerolada y, al concluir, han llamado a los asistentes a quedarse acampando, al igual que en otras ciudades españolas. A la concentración de esta tarde, bajo el lema 'Rentistas culpables, gobiernos responsables', han asistido, según la organización, unas 300 personas.

La iniciativa parte de la acampada que comenzó en la Plaza del Sol de Madrid y que durante los últimos días se ha extendido a ciudades como Málaga, Sevilla, Cádiz, Santiago de Compostela o Barcelona. En Zaragoza, varias tiendas han comenzado a instalarse en la plaza tras la protesta y ya se han organizado turnos y actividades para las próximas horas y durante este viernes.

“Los decretos planteados por el Gobierno son claramente insuficientes, es imprescindible ir más allá”, ha señalado Paula Ríos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza. La organización reclama avanzar en medidas sobre vivienda y sostiene que mientras esta siga siendo tratada como una mercancía no podrá ser un derecho. “PSOE, Sumar y el resto de partidos del arco parlamentario no son capaces de hacer frente al negocio de la vivienda”, ha afirmado Ríos. Desde el sindicato explican que han decidido sumarse a las acampadas para aumentar la visibilidad de sus reivindicaciones en Zaragoza, favorecer que más personas se organicen y reforzar la movilización prevista para este sábado 3 de octubre.

Jorge Remacha, del sindicato CRT y que también va a dormir esta noche en el centro de Zaragoza, también ha querido incidir en la importancia de acudir a la manifestación de este sábado. Remacha ha destacado que esta protesta es por la vivienda, pero que es una problemática “multicausal”, y ha ejemplificado con los salarios: “En Aragón en tres años ha subido un 43% la vivienda y los salarios para la juventud tres veces menos”. Además, ha destacado la importancia de organizar una huelga general “desde abajo, con el apoyo de todos los sindicatos” y ha criticado la gestión del Gobierno nacional: “Este movimiento ha hecho que un Gobierno que se dice progresista haya hecho más en ocho días que en ocho años, da un decreto troceado, consideramos una farsa porque están las medidas hechas para que no se aprueben”.

El Sindicato de Inquilinas ha hecho además un llamamiento a participar en la acampada o a colaborar con ella aportando comida, materiales, difusión o participando en las actividades programadas.

La prospección de dos posibles fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil en La Muela (Zaragoza) ha terminado, por ahora, sin encontrar restos. Los trabajos, impulsados por la Asociación de Familiares y Amigos de Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM) y realizados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, buscaban localizar a represaliados procedentes de Épila y Calatorao cuyos familiares llevan décadas esperando encontrarlos y darles un entierro digno.

La intervención comenzó este martes para comprobar si bajo la tierra quedaban restos de esas personas. Pero no ha sido así, al menos en los dos puntos examinados. “No ha habido nada”, explica la presidenta de AFAAEM, Pilar Gimeno. Las familias han recibido el resultado “apesadumbradas”, después de haber depositado sus esperanzas en estos trabajos.

La investigación comenzó cuando familiares de Épila y La Muela contactaron con la asociación y aportaron documentos y testimonios que señalaban dos posibles lugares de enterramiento. Según esa información, una de las fosas podría encontrarse en el exterior del cementerio, junto a la tapia, y correspondería a vecinos de Calatorao. La otra estaría dentro del camposanto, junto a los nichos, y en ella podrían encontrarse víctimas procedentes de Épila.

Durante meses, AFAAEM ha ido reuniendo documentación y gestionando los permisos necesarios para poder llegar hasta este momento. El proyecto está financiado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España y la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de La Muela, Épila y Calatorao. Los trabajos han corrido a cargo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo la dirección de la antropóloga e historiadora Lourdes Herrasti, especializada en la exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil.

Que no hayan aparecido restos en estos dos puntos no significa que la pista termine aquí. “Es seguro que fueron asesinados. Pueden estar dentro o en el campo de fusilados”, señala Gimeno. La asociación tiene, por tanto, otros lugares que investigar. Los trabajos dentro del cementerio comenzarán después del Día de Todos los Santos y, a partir de ahí, se decidirá si la intervención en el denominado campo de los fusilados puede hacerse también este año o queda para comienzos de 2027.

El resultado de esta primera prospección ha sido difícil para las familias, pero no ha hecho que desistan. “Nos pasa muchas veces, pero no nos achanta. Nos da fuerzas para seguir buscando”, asegura Gimeno. Y hay, al menos, una certeza que antes no tenían: “Ya saben que no hay nada en ese trozo de tierra al que iban a rendir culto”.

Para la presidenta de AFAAEM, esa certeza también tiene importancia. Las familias han pasado años mirando determinados lugares y preguntándose si allí podían estar sus seres queridos. Ahora saben que, en esos dos puntos concretos, no están. La búsqueda, sin embargo, continúa. “No buscamos solamente unos restos anatómicos. Buscamos a personas que tienen nombre, apellidos, familias y una historia que merece y debe ser conocida”, reivindica Gimeno.

Porque detrás de cada prospección hay también una historia familiar que lleva décadas esperando un final. “Un duelo sin cuerpo no se puede hacer. Es un duelo permanente”, sostiene la presidenta de AFAAEM. “Han muerto padres e hijos con este duelo sin cerrar”. En este proceso, las familias han tenido además un papel activo, aportando documentos, testimonios e información sobre sus desaparecidos. “Estoy muy satisfecha. Es un proyecto que trabajamos todos, un trabajo de hombro con hombro de la sociedad civil aragonesa”, destaca Gimeno, que agradece especialmente la implicación de los familiares y el trabajo del equipo de Aranzadi.

La asociación continuará ahora recopilando información y estudiando nuevas actuaciones para tratar de localizar a las víctimas de Épila y Calatorao. La primera búsqueda no ha dado el resultado esperado, pero las familias no piensan detenerse.