Nueve puestos de trabajo nuevos, dos amortizados y tres que se quedan sin sueldo asignado. Esta es la nueva estructura de personal que la Mesa de las Cortes de Aragón prevé aprobar la próxima semana con la reforma de su relación de puestos de trabajo (RPT). La operación, que iba a ser aprobada en la junta de portavoces de este jueves pero que ha sido pospuesta, supondrá un incremento neto del gasto de personal de unos 317.000 euros al año, según el cálculo realizado a partir de las retribuciones de las plazas.

La propuesta incorpora nuevos perfiles para la institución. Entre ellos, un arquitecto para atender las necesidades de conservación y mantenimiento del Palacio de la Aljafería y las nuevas actuaciones de modernización estructural; un técnico superior de contratación, ante el aumento de la complejidad y el volumen de la contratación pública; y un analista de sistemas, cuyo puesto se justifica por las necesidades de ciberseguridad y por la intención de reducir la dependencia de servicios externos.

También se crea un técnico medio de mantenimiento, prevención de riesgos laborales y gestión de emergencias, un segundo conductor y un ujier para el área de Biblioteca, Documentación y Archivo. En el caso del conductor, las Cortes argumentan que permitirá cubrir los desplazamientos de la Mesa, sustituir al conductor de Presidencia cuando sea necesario y atender otros servicios de transporte de la institución.

A estos puestos se suman tres oficiales de protocolo. En este caso, las plazas se crean como vacantes no dotadas, es decir, se incorporan a la RPT pero no cuentan inicialmente con financiación para ser ocupadas. Las Cortes justifican su creación por el volumen de actos institucionales y la actividad representativa que se desarrolla en el Palacio de la Aljafería.

La reforma contempla además dotar una plaza de periodista que ya existía en la RPT, pero que permanecía vacante y sin dotación. El puesto pasará a ser funcionarial y asumirá parte de las tareas de información, web y cobertura audiovisual que actualmente se realizan mediante un contrato externo. El complemento específico de la plaza será de 1.063,93 euros mensuales. No se trata, por tanto, de una subida salarial para un periodista que ya esté trabajando en las Cortes, sino de activar presupuestariamente una plaza que ya existía pero que hasta ahora no estaba cubierta.

Cinco puestos salen de la estructura

Frente a los nueve nuevos puestos, la reforma amortiza o deja sin dotación otros cinco. La propuesta plantea la amortización o desdotación de tres plazas —Oficial de Informática y dos de Auxiliar Administrativo— sin especificar qué ocurre con el personal que las ocupa. Según una plantilla de las Cortes de Aragón fechada el 19 de marzo de 2026, los tres puestos figuraban entonces como cubiertos con nombramiento definitivo, a diferencia de otras dos plazas amortizadas en la misma reforma —Técnico de Sistemas y Ujier Conductor Accidental—, que aparecían como vacantes. Este periódico ha preguntado a las Cortes de Aragón si esos tres puestos siguen ocupados y qué previsión existe para su personal en caso de aprobarse la reforma, pero no aportan información relativa a los acuerdos de la mesa.

El cálculo realizado a partir de las retribuciones de las plazas sitúa en unos 415.000 euros anuales el coste de los nuevos puestos y las modificaciones salariales, mientras que los cinco puestos que se amortizan o dejan de estar dotados supondrían unos 156.000 euros de ahorro. La diferencia ronda los 260.000 euros anuales, antes de sumar las cotizaciones a la Seguridad Social y los trienios, que supondría 317.000 euros. La cifra es una estimación realizada a partir de las retribuciones recogidas para cada puesto y no aparece como tal en la propuesta de la Mesa. Las Cortes tampoco han confirmado por ahora ese impacto económico. Además, el gasto no se produciría íntegramente desde el primer momento: los tres puestos de protocolo nacen sin dotación y, por tanto, no implican de entrada el coste de tres nuevos trabajadores.

Siete plazas en la oferta de empleo público

La reforma de la RPT se acompaña de la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla siete plazas: una de Analista de Sistemas, dos de Técnico Corrector, una de Técnico de Sistemas, una de Oficial Administrativo y dos de Ujier.

De esas siete plazas, solo una —la de Analista de Sistemas— corresponde a un puesto creado con esta reforma de la RPT. Las otras seis ya existían y se incluyen en la oferta por diferentes motivos: vacantes dotadas, jubilaciones, plazas pendientes de procesos anteriores o puestos actualmente ocupados de forma interina.

La documentación prevé además la provisión mediante concurso durante 2026 de los puestos de arquitecto, técnico superior de contratación, periodista, técnico de mantenimiento y prevención de riesgos, tres jefaturas de negociado y el nuevo conductor.

Hace más de un siglo, un nogal empezó a crecer en la localidad zaragozana de Used. No es una especie común en la zona y el ejemplar, situado en el patio de una casa-palacio del siglo XVII, figura en la base de datos de árboles sobresalientes de Aragón. Es, además, el único ejemplar del municipio incluido en este listado. Ahora, el árbol se ha convertido en el centro de una disputa entre su propietario, Alberto Sánchez Sánchez, y el Ayuntamiento de Used, que le ha exigido una poda “drástica” del ejemplar de 12 metros de altura en la parte que da a la acera a raíz de las quejas vecinales.

Alberto Sánchez ha contado su situación en redes sociales, donde tiene una cuenta de Instagram en la que relata y muestra el proceso de rehabilitación de su casa en Used, cerrada desde 1965. La publicación sobre el nogal se ha viralizado y el propietario asegura estar “abrumado” por el apoyo recibido, después de contar también que el árbol habría sido rociado con herbicida. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que la actuación responde a las molestias denunciadas por algunos vecinos.

Desde el Consistorio, el alcalde, Fernando Sánchez, asegura que únicamente se le ha pedido “una poda” y reitera que el árbol ha ocasionado numerosas quejas: “Hay gente mayor a la que le molesta, no pueden entrar en casa porque tapa el alumbrado”. El regidor explica además que el Ayuntamiento ha presentado denuncias ante la Guardia Civil por las amenazas recibidas tras la viralidad del caso en redes sociales y contra el propietario de la finca por “poner cámaras grabando la calle”. “El Ayuntamiento actúa por quejas vecinales”, señala, y asegura que el próximo paso vendrá marcado por “lo que diga la justicia”.

Una poda “drástica”

El propietario de la vivienda cuestiona que la intervención requerida por el Ayuntamiento sea una simple poda. En el escrito que recibió se señala que las ramas “están rozando unos cables” y que los frutos del árbol caen sobre la vía pública, donde pueden ser pisados por los viandantes y provocar caídas. El requerimiento municipal le pide que pode “de forma drástica” la parte del árbol que da a la acera y que elimine todo lo que sobresalga de la vertical de la pared para evitar riesgos para peatones y vehículos y problemas con el tendido.

El propietario discrepa de esta valoración y considera que la actuación supondría eliminar aproximadamente un tercio de la copa. También rechaza que el nogal tape la farola, uno de los argumentos que, según explica, se le han trasladado para justificar la intervención. “Partimos de una mentira, el árbol no tapa la farola”, sostiene.

Asegura que incluso planteó como alternativa trasladar la farola a otro punto de su muro si realmente existía un problema con la iluminación. Sin embargo, el Ayuntamiento le respondió que su ubicación debía mantenerse de acuerdo con un proyecto de alumbrado público. El propietario solicitó consultar ese proyecto, pero el Consistorio le comunicó el 30 de abril que “hasta el momento no se ha encontrado en el Archivo municipal, continuamos buscando”.

El vecino asegura que sí ha podido consultar el Plan General de Ordenación Urbana de Used, aprobado en 2019, y que en su documentación aparece representado el nogal, pero no la farola. Para Sánchez, esto refuerza su petición de que antes de actuar sobre el árbol se estudien otras posibilidades para garantizar la iluminación de la calle.

A la disputa por la poda se ha sumado otro episodio que el propietario ya ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil. Alberto Sánchez asegura que en mayo comenzó a sospechar que alguien había rociado herbicida sobre su jardín desde la vía pública y que, en junio, detectó síntomas que atribuye a la aplicación de este producto tanto en la parte baja de la copa del nogal como en un ciruelo situado junto a él. “No sé quién ha podido hacerlo”, asegura el propietario. Una de las ramas del nogal ha resultado afectada, aunque confía en que el daño no termine comprometiendo al conjunto del ejemplar.

El vecino considera especialmente grave lo ocurrido por el valor del árbol. “Lo fácil sería cortarlo”, explica, pero asegura que no obtiene ningún beneficio particular por conservarlo y que su intención es “defender un patrimonio que es de todos”. “Mi casa está protegida y este árbol también hay que protegerlo”, sostiene.

El valor de un árbol centenario frente a una farola

La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono también ha mostrado su apoyo al vecino de Used y ha reclamado al Ayuntamiento que estudie todas las alternativas antes de intervenir sobre el nogal. La entidad recuerda que se trata de un ejemplar que ha necesitado décadas para alcanzar su tamaño y que aporta sombra, reduce la temperatura, captura contaminantes y sirve de refugio para la biodiversidad.

La asociación no cuestiona que los árboles puedan necesitar podas cuando existen razones de seguridad o problemas técnicamente justificados, pero advierte de que una intervención excesiva puede debilitar el ejemplar y alterar su estructura. Por ello, plantea que antes de actuar sobre el nogal se valore técnicamente su estado y se estudien otras opciones para resolver el problema de iluminación.

En este sentido, la entidad contrapone el tiempo necesario para que crezca un nogal de estas características con el que puede requerir modificar una farola. “Una farola puede repararse, desplazarse, reorientarse o sustituirse. Un nogal adulto no se repone mañana”, concluye.

Una disputa que se ha hecho viral

La cuenta de Instagram 'Casa de pueblo' de Alberto Sánchez tenía alrededor de 30.000 seguidores antes de que el conflicto se hiciera viral. La abrió hace nueve años para compartir con amigos de España y Estados Unidos el proceso de recuperación de una vivienda de Used que llevaba cerrada desde 1965. Durante este tiempo ha mostrado la rehabilitación del inmueble y distintas actividades vinculadas a la construcción tradicional y la recuperación de su patrimonio.

Ahora, la cuenta supera los 45.000 seguidores y la publicación en la que explica el conflicto continúa acumulando visualizaciones. Reconoce estar “abrumado” por la repercusión, pero también “reconfortado” por el apoyo recibido: “Jamás pensé que un vídeo sobre un nogal en mi pueblo llegaría a tantísima gente”.

El propietario ha aprovechado además la repercusión para pedir a sus seguidores que mantengan un tono respetuoso. “Mi objetivo no es señalar ni atacar a nadie, sino conseguir que el Ayuntamiento recapacite, entienda el valor de este árbol y, si realmente se demuestra mediante un estudio lumínico que el nogal afecta de alguna manera a la iluminación de la calle, traslade la farola o busque cualquier otra solución que prime el interés del árbol”, señala.

Se trata del único ejemplar del municipio incluido en el listado de árboles sobresalientes de Aragón. Esta inclusión no le otorga la protección que tienen los árboles catalogados como singulares o monumentales, aunque sí pone de relieve el interés del ejemplar. De hecho, en 2020 fue propuesta su catalogación como árbol singular de Aragón, una solicitud que finalmente fue desestimada.

Dos bomberos en un parque que, según los turnos y las necesidades del servicio, debería contar con cuatro o cinco efectivos. Es una situación que denuncian a lo largo y ancho de Aragón los efectivos de las tres diputaciones provinciales y del servicio del Gobierno de Aragón, el Infoar. La falta de personal es el principal problema que señalan los trabajadores, junto a las deficientes condiciones de algunos parques y bases desde los que tienen que salir a atender emergencias.

La situación ha cobrado especial relevancia este mes de agosto, después de que un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza muriera durante las labores de extinción de un incendio en Calatorao. Un día después, sus compañeros se concentraron ante la sede de la institución para rendirle homenaje y reclamar mejoras en las condiciones en las que trabaja el servicio provincial. La protesta se produjo además mientras los bomberos forestales de Sarga mantenían su primera semana de huelga indefinida, iniciada el 18 de agosto para reclamar más personal, medios y el desarrollo de la ley de bomberos forestales aprobada en 2024.

Los dos conflictos son distintos y las competencias también lo son, pero las reclamaciones son similares. En Zaragoza, los bomberos denuncian que hay parques con dos o cuatro efectivos cuando para determinadas intervenciones serían necesarios seis o siete. En Huesca, hablan de parques en los que solo hay dos trabajadores de guardia y calculan que necesitan 30 bomberos más. En Teruel, denuncian que no se alcanza de forma habitual el mínimo de 19 efectivos diarios fijado por la propia Diputación. Y en Infoar, los sindicatos reclaman 352 efectivos más para empezar a evitar las jornadas de más de 20 horas.

“Lo más sangrante es la falta de personal”, explica Diego González, de CGT Huesca. En algunos parques, asegura, hay únicamente dos bomberos de guardia, una dotación que considera insuficiente para formar un equipo de emergencia y afrontar con garantías actuaciones como la movilización de un herido en un accidente. “Hacen falta mínimo cuatro, muchas veces estamos dos”.

En Zaragoza, Eduardo Aznar, de CCOO, asegura que los sindicatos llevan años reclamando mejoras en el número de efectivos, la seguridad, las condiciones de trabajo, los vehículos y los parques. “Llevamos 12 años con esta corporación en los que no ha habido ninguna mejora”, sostiene. La situación ha llegado incluso a los tribunales: los sindicatos presentaron denuncias ante Inspección de Trabajo y llevaron a juicio el incumplimiento de la legislación de riesgos laborales. Según Aznar, los trabajadores obtuvieron una resolución favorable y posteriormente se realizó una evaluación de algunas de las situaciones denunciadas, pero las medidas propuestas no se han aplicado. “Tenemos 4.000 páginas y medidas y no se ha implementado ninguna”, afirma.

Una de las principales reivindicaciones es precisamente la dotación de los parques. Aznar explica que para intervenir con seguridad en un incendio de vivienda consideran necesarios seis o siete bomberos, mientras que hay parques que funcionan con entre dos y cuatro. La posición de la Diputación, según relata, es que esos cuatro efectivos pueden comenzar a trabajar y que posteriormente llegarán otros dos para completar la dotación. “Mientras no haya vidas en riesgo”, expone, la instrucción es que los bomberos trabajen sin entrar en el edificio y esperen a contar con más efectivos; cuando hay vidas en riesgo, sin embargo, “no tenemos que esperar porque es nuestra obligación”.

El problema, añade, es que la plantilla arrastra numerosas vacantes. Los mínimos con los que trabaja el servicio son 27 personas al día y, a medida que se acumulan vacantes y bajas, esa cifra va disminuyendo. Según Aznar, desde 2021 se han ido cubriendo esos huecos mediante horas extra y excedentes de jornada de los propios trabajadores. La plantilla actual es de 167 personas y los sindicatos calculan que serían necesarias 190 para cubrir el servicio. Cifran en un millón de euros lo que llegó a pagar la Diputación en un año por horas extraordinarias.

En Teruel, el operativo diario pasó de 12 a 19 bomberos después de que la Diputación modificara su reglamento, algo que el presidente de la institución, Joaquín Juste, considera una mejora importante de esta legislatura. Los sindicatos, sin embargo, denuncian que esos 19 efectivos no se alcanzan de forma habitual. Según los datos que aportan, en 2025 no se llegó a ese mínimo el 70% de los días. También denuncian que el 67% de las plazas de mando no están cubiertas de forma definitiva y que existe una elevada temporalidad.

En Huesca, Gonzalo Aguado, bombero de la Diputación y delegado sindical de CSIF, calcula que hacen falta unos 42 efectivos más para poder cubrir los turnos con seguridad: “Aun así, sólo estaríamos en los mínimos indispensables, el servicio seguiría sin estar espongeneizado para soportar eventos extraordinarios ni eventuales”

En algunos parques, explica, solo hay dos bomberos de guardia cuando deberían ser tres o cuatro. “La primera manera de cubrir una baja no es la hora extra, es no tener la ausencia. La normalidad de funcionar bajo mínimos ha sido siempre la norma de la administración”, afirma. Considera que las horas extra se han convertido en horas estructurales que, “sumadas a la precariedad salarial controlan al personal”, pero no pueden ser la solución. “Hacemos horas extra, sí, no es la solución ni la primera medida”, la primera medida sería planificar correctamente el calendario, sostiene.

Los datos registrados por los propios trabajadores de la Diputación de Huesca en los ocho parques muestran que la dotación real estuvo de media entre un 23% y un 28% por debajo de la nominal durante mayo, junio y julio. En mayo hubo una media de 24,26 efectivos frente a los 32 previstos; en junio fueron 23,03 y en julio, 24,77. En julio, además, se registraron 42 turnos sin oficial al mando, frente a los 34 que hubo en mayo y los 33 de junio. Uno de los casos más llamativos es Villanueva. El parque tiene una dotación nominal de cuatro efectivos, pero no alcanzó esa cifra ningún día de mayo ni de julio y solo lo hizo un día de junio. En julio, trabajó con una media de 2,48 efectivos y acumuló 13 turnos sin oficial de guardia.

Para Aguado, la falta de personal no es solo un problema de organización, sino una cuestión directamente relacionada con la seguridad. “La plantilla es la solución a la fatiga, al cansancio, a los riesgos”, defiende. En su opinión, contar con efectivos suficientes permite organizar las intervenciones de forma más segura y evitar que el servicio dependa de que los trabajadores prolonguen su jornada para cubrir los huecos. La misma preocupación aparece en la cobertura territorial. Aguado denuncia que la distribución de los parques no siempre responde a criterios técnicos y recuerda que la normativa autonómica establece unos tiempos de respuesta que, según sostiene, no se cumplen en todos los puntos de la provincia. “La ley del fuego dice que se atenderán en 35 minutos, hay pueblos a más de una hora”, afirma. A su juicio, abrir o reforzar determinados parques mientras otros municipios quedan alejados no garantiza una cobertura adecuada del territorio.

Cierre de parques al dejar de hacer horas extra

En Zaragoza, los cuatro sindicatos —CSIF, CCOO, UGT y CGT— han decidido dejar de hacer horas extra para que se vea cuál es la capacidad real del operativo sin ese refuerzo. La medida puede provocar el cierre o reagrupamiento de parques cuando no haya efectivos suficientes. Daroca o Calatayud, explica Aznar, ya han estado cerrados en determinados momentos. “Estamos muy cansados de salvar la papeleta”, señala.

La decisión se tomó después de la muerte de su compañero durante el incendio de Calatorao. Aznar señala que en aquella intervención coincidieron varios de los problemas que llevan tiempo denunciando: “Había poca gente, no había vehículo de agua, el de la zona estaba en el taller, con falta de personal y de material”. Los cuatro sindicatos se han unido para reclamar medidas sobre personal y medios y han sido citados por la Diputación para abordar estas cuestiones. “A raíz de la muerte del compañero no nos vale negociar, queremos soluciones ya”, resume.

Durante la concentración celebrada ante la sede de la DPZ, Luis Sánchez, bombero destinado en el parque de Calatayud, también puso el foco en la falta de efectivos. “Tendríamos que estar en los parques seis bomberos y estamos cuatro. En algunos casos estamos dos”, señaló. Explicó además que durante el incendio de Alpartir fue necesario llamar a entre 12 y 14 compañeros que estaban fuera de servicio.

Este jueves, los representantes sindicales se reunieron con la Diputación. El encuentro, según CCOO, fue “una tomadura de pelo”. La DPZ ha puesto sobre la mesa una propuesta para ampliar la plantilla del SPEI, redistribuir los efectivos entre los parques y revisar el actual sistema de guardias de 24 horas. La institución plantea tres posibles modelos de organización, con plantillas de entre 222 y 223 plazas frente a las 163 actuales, además de cambios en las jornadas para mejorar la seguridad y reducir, en determinados casos, la necesidad de esperar a refuerzos de otros parques.

Sin embargo, desde el sindicato consideran que el aumento planteado es “a todas luces insuficiente” y lamentan que la propuesta “no aborde otros problemas que afectan al servicio, como la renovación y mejora de los vehículos, la adecuación de los parques de bomberos y la mejora de las condiciones de trabajo”. “Estos aspectos los dejan abiertos para más adelante, pero no creemos en la palabra de esta Administración y de esta corporación porque sabemos que incumple sus compromisos de manera sistemática”, ha afirmado el representante sindical.

Ante la falta de acuerdo, los representantes sindicales y de la plantilla se levantaron de la mesa. Las medidas de presión previstas se mantienen, entre ellas el cumplimiento estricto de la jornada laboral. Los sindicatos y los trabajadores han acordado, además, trabajar conjuntamente en una propuesta alternativa y consensuada que será presentada en la próxima reunión.

Naves que no están preparadas y vehículos sin mantenimiento

En Huesca, Diego González asegura que algunos parques “no son de bomberos, son naves acondicionadas”. En Sabiñánigo, explica, los equipos de protección individual están almacenados en contenedores y existe una única salida para toda la flota. En Villanueva, denuncia, “ni siquiera tienen agua corriente”.

En Zaragoza, Aznar asegura que hay parques que incumplen la normativa de seguridad laboral y de higiene. Los bomberos trabajan con contaminantes y necesitan zonas de descontaminación y espacios limpios para cambiarse, pero, según denuncia, “eso es inexistente”. También asegura que hay parques sin extintores reglamentarios. “Nos dicen que somos bomberos para apagarlo”, cuenta, pero recuerda que en las instalaciones también puede haber personal de limpieza o mantenimiento que no tiene esa formación y puede quedarse solo en el parque.

A las condiciones de los parques se suma la antigüedad de los vehículos. Aznar habla de una flota con vehículos de más de 30 años y denuncia problemas de mantenimiento. “Hace poco un compañero se quedó sin frenos, a otro un neumático le explotó en la autovía”, explica. A su juicio, “la inseguridad a nivel material es alta” y en ocasiones se obliga a utilizar vehículos que, según sostiene, “no pasarían una ITV”.

Aguado también pone el foco en la seguridad durante los desplazamientos. Cuestiona que un bombero pueda tener que desplazarse solo con un vehículo pesado por las carreteras del Pirineo para transportar agua. “No se puede ir solo, que no hacemos algo normal, irte por los montes con un vehículo de 18 toneladas”, sostiene. La falta de personal, explica, hace que en ocasiones haya que repartir entre muy pocos trabajadores la conducción de varios vehículos y las tareas propias de una intervención. Es habitual que en una emergencia cada bombero conduzca un vehículo, explica: “Si hay que intervenir con Bomba Rural Pesada, con Autoescala y a veces con Nodriza o ligero o vehículo especial, habitualmente nos faltan bomberos para llevar todos los vehículos que se necesitan”.

En Teruel, entre las reivindicaciones de los trabajadores figuran también la renovación de la flota, mejoras en los protocolos de seguridad y descontaminación y un segundo equipo de protección individual. Los sindicatos denuncian además problemas con la equipación de algunos trabajadores recién incorporados.

En Infoar, las denuncias son también sobre las condiciones básicas de las bases. Carlos Martínez, delegado de OSTA y presidente del comité de empresa de Sarga, asegura que existen centros “sin luz, sin agua, sin sanitarios, gente teniendo que hacer sus necesidades en la calle”. Rubén García Arévalo, delegado de CGT y bombero forestal de la brigada helitransportada de Brea, reclama bases con “urinarios, con agua caliente” y unas condiciones adecuadas para afrontar las jornadas de trabajo.

Huelga indefinida en Infoar

La falta de personal se traduce además en jornadas más largas y descansos más cortos en el operativo forestal. Lourdes Muñoz, delegada de UGT y bombera forestal de la brigada R-36, explica que una jornada puede comenzar con la activación durante el horario ordinario y continuar con el desplazamiento, las doce horas de extinción y el regreso. En muchas ocasiones, asegura, el conjunto supera las 20 horas y puede llegar a las 24. “El problema ya no es tanto las horas que tenga que estar, sino los descansos que hay entre medias que son insuficientes”.

La denuncia de los forestales ha desembocado en una huelga indefinida que comenzó el 18 de agosto. La movilización cuenta con unos servicios mínimos del 100%, por lo que los efectivos continúan trabajando en los incendios y en el resto de emergencias mientras mantienen sus reivindicaciones. La protesta ha coincidido con el final del incendio de Riglos, en un verano marcado por la virulencia del fuego en toda la comunidad. “Estamos dando todos el 100% como siempre, a pesar de que ya estamos extenuados y cansados”, explicaba Muñoz durante una de las concentraciones.

Las reivindicaciones de los bomberos forestales también estuvieron presentes el pasado sábado en Jaca, donde unas 6.000 personas, según los convocantes, participaron en una manifestación por el futuro del medio rural aragonés. La marcha, convocada por el Movimiento por la Dignidad de la Montaña, cargó contra la gestión de los incendios de este verano y reclamó responsabilidades políticas, además de respaldar expresamente la huelga indefinida de los bomberos forestales. Los convocantes reclamaron más trabajadores forestales, medios adecuados y financiación para la prevención, bajo la idea de que “los incendios se apagan en invierno”.

Carlos Martínez cifra en 352 los efectivos adicionales necesarios para empezar a evitar estas jornadas. “Las carencias que tiene el operativo son por la falta de inversión. Hacen falta medios, materiales y medios humanos”, sostiene. Los trabajadores reclaman también que se haga efectivo el reconocimiento de su categoría profesional, pendiente de desarrollo tras la aprobación de la ley de bomberos forestales de 2024.

Rubén García Arévalo relaciona las jornadas prolongadas con el riesgo de accidentes. “Al final la vocación es la que nos lleva a pensar más en el incendio que incluso en la huelga”, afirma. Los trabajadores aseguran que, en ocasiones, compañeros que están libres acuden para cubrir relevos y evitar que el operativo quede todavía más reducido. La huelga, insisten, no ha surgido únicamente por la situación de este verano. Las reclamaciones sobre falta de inversión, medios y personal vienen de años atrás. “Esto no viene de este año”, ha señalado García Arévalo. Para los trabajadores, aumentar las plantillas permitiría además reforzar durante el invierno los trabajos de prevención y limpieza de montes y mejorar la respuesta ante otras emergencias en el medio rural.

Las administraciones responden con refuerzos y nuevas propuestas

En Teruel, el presidente de la Diputación, Joaquín Juste, defiende el aumento del operativo diario de 12 a 19 efectivos. La institución reconoce que no siempre se alcanza esa cifra y atribuye las dificultades a la falta de candidatos disponibles. La Diputación plantea recurrir a bolsas anteriores y al INAEM para cubrir las necesidades más urgentes.

En Infoar, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha pedido esperar a septiembre para abordar las negociaciones y ha defendido que los trabajadores ya cuentan con contratos de doce meses. También ha anunciado que los próximos presupuestos contemplarán partidas importantes para mejorar las condiciones laborales, las bases y los medios del operativo. “Hay que mejorar sus condiciones laborales, sus bases, sus medios”, ha señalado.

Desde la Diputación Provincial de Huesca no han respondido de momento a las preguntas planteadas por este medio sobre las denuncias de los trabajadores y la situación de sus respectivos servicios.

Las cifras no son comparables entre los cuatro servicios y cada administración tiene sus propias competencias y problemas. Pero las reclamaciones que llegan desde los parques y bases de las tres provincias y desde Infoar vuelven una y otra vez sobre las mismas cuestiones: falta de personal, jornadas que se alargan para cubrir los huecos y medios e instalaciones que los trabajadores consideran insuficientes. Tras la muerte del bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza, Aguado reclama además que las intervenciones no se den por buenas simplemente porque el resultado final no haya sido peor. “Hay que ver cómo hacerlo mejor, de forma más rápida y más segura”, plantea.

Esperar más de seis meses para una operación es cada vez más habitual en Aragón. La lista de espera quirúrgica no para de subir en la comunidad y en el último año se ha incrementado un 56,76%, aunque hay especialidades donde la situación se agrava de forma particular. Es el caso de Cirugía Vascular, que ha multiplicado por siete los pacientes que llevan más de seis meses pendientes de una intervención: en julio de 2025 había 147 personas en esta situación; un año después son 1.077, es decir, 930 más, con un incremento del 632,65%.

Pero no es la única especialidad en la que las esperas se han disparado. Cirugía General y Digestivo ha pasado de 490 pacientes a 1.061 en un año, mientras que Traumatología, que ya es la especialidad con más personas esperando más de seis meses, alcanza los 2.614 pacientes, 784 más que hace un año.

También crece de forma importante la espera en Urología, que ha pasado de 460 pacientes en julio de 2025 a 702 ahora, 242 más. En este caso, el aumento supera el 50% en un solo año. El resultado de estos incrementos es una lista de larga duración cada vez mayor. A 31 de julio, 8.117 pacientes llevaban más de 180 días esperando una operación en Aragón, 304 más que en junio y 2.939 más que en julio del año pasado.

La subida se concentra en los últimos meses

El empeoramiento no se ha producido únicamente en julio. Desde febrero, cuando había 5.453 pacientes con una espera superior a seis meses, se han incorporado 2.664 personas a esta lista.

La evolución ha sido especialmente intensa durante la primavera. En marzo se sumaron 571 pacientes respecto a febrero; en abril, otros 880; y en mayo, 747. En junio el crecimiento fue más moderado, con 162 pacientes más, y julio ha cerrado con otros 304. En este último mes, Traumatología ha vuelto a ser una de las especialidades que más ha contribuido al aumento, con 162 pacientes más que en junio.

No todas las áreas han evolucionado al alza. Oftalmología ha reducido su lista en 101 pacientes durante julio, hasta situarse en 493 personas esperando más de seis meses. También es la especialidad que más ha reducido su lista respecto a agosto de 2023 —inicio de la primera legislatura de Jorge Azcón—, aunque ese descenso no compensa el incremento registrado en el conjunto de las especialidades.

Sanidad atribuye el aumento de los últimos meses al impacto acumulativo de la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad —también hubo una huelga por la gestión del Ejecutivo autonómico—. Según el Departamento, los paros han supuesto la suspensión de más de 4.900 intervenciones quirúrgicas y han condicionado la organización de la actividad de los hospitales.

A ello se añade el efecto del verano. Durante la segunda quincena de julio se reduce la actividad quirúrgica debido a las vacaciones del personal, lo que dificulta recuperar de forma inmediata las intervenciones que no se han podido realizar durante los meses anteriores. El Departamento de Sanidad advierte de que el efecto de los paros continuará influyendo en los próximos meses, especialmente en agosto. Ante esta situación, asegura que se han priorizado los procesos más graves y aquellos en los que la demora tiene un mayor impacto sobre la calidad de vida de los pacientes.

Pese al aumento de la lista de larga duración, Sanidad señala que el 73,3% de las intervenciones realizadas este año se han llevado a cabo antes de los 180 días de espera. De los 8.117 pacientes que superan actualmente ese plazo, 2.734 esperan procedimientos que no precisan ingreso hospitalario.

La presión sobre la actividad quirúrgica coincide además con las obras del primer quirófano híbrido público de Aragón en el Hospital Universitario Miguel Servet. Durante los trabajos permanecen operativos 30 de sus 36 quirófanos y se realizarán intervenciones en colaboración con el Hospital General de la Defensa y el Hospital Nuestra Señora de Gracia.

A las tres de la madrugada, la Guardia Civil sacó de su casa a Rosario y Joaquina Buenaventura Blesa. Las dos hermanas, que todavía eran niñas, vivían con su familia en la masía de Alcafas Bajas, en Valbona. Los agentes las llevaron hasta el pinar e hicieron con ellas un simulacro de ahorcamiento. La misma Guardia Civil entró posteriormente en la masía y la destrozó con picos. Rosario (1929-2021) y Joaquina (1926-2016) sobrevivieron a aquella noche y vivieron durante décadas en Valbona. Sus historias forman parte de las 96 personas represaliadas que el antropólogo Sergio Yanes ha conseguido documentar en este municipio turolense dentro de su proyecto 'Valbona 1936-1952', una investigación que comenzó hace siete años y que ha permitido reconstruir con nombres, fechas y documentación buena parte de lo ocurrido en el pueblo desde el periodo del Frente Popular hasta la guerrilla de los maquis.

Yanes es doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y su relación con Valbona comenzó antes que la investigación: es el pueblo en el que veranea, ya que su pareja es de esta localidad. Su interés por cuestiones históricas le llevó a comenzar un trabajo documental que fue ampliando con entrevistas a vecinos y familiares. A medida que avanzaba, comenzó a organizar toda la documentación en una web que le servía como “bitácora”. La publicación del material permitió que otras personas conocieran la investigación y generó un primer diálogo con quienes tenían interés o podían aportar nuevos datos procedentes de la memoria familiar: “Así empieza. Es una investigación levantada muy a pulso, de forma constante”, resume Yanes.

El resultado reúne 2.103 documentos analizados, 23 entrevistas, consultas a diez archivos y 30 entradas publicadas en la web. El proyecto contabiliza 96 valboneros represaliados sobre una población que rondaba los 700 habitantes. “Al ser una población muy pequeña permite profundizar muchísimo, llegar hasta detalles que tal vez en otras poblaciones no es tan sencillo”, explica Yanes. El principal resultado de la investigación, señala, es haber podido documentar al 100% de la población represaliada de Valbona, aunque no descarta que pueda aparecer alguna persona más. En ese caso, explica que se trataría de algún familiar de una persona que ya ha sido identificada.

El trabajo de Yanes no se limita a elaborar una relación de nombres, sino que busca mostrar las distintas formas que adoptó la represión en el municipio: 34 personas encarceladas por “adhesión a la rebelión”, 19 exiliadas en Francia, cuatro ejecutadas por la Guardia Civil, 28 detenidas, apaleadas o torturadas por este cuerpo, una persona ejecutada en un campo de concentración nazi y entre dos y tres ejecutadas por la guerrilla, además de otras víctimas de la guerra y la posguerra. “Lo que es interesante es cómo en un pueblo tan pequeño tenemos de todo. Esa diversidad de historias es muy interesante. Si eso pasó aquí, ¿qué pasaría en las ciudades más grandes?”, se cuestiona Yanes.

“Tenemos claro que alguien represaliado ha pasado por la cárcel, por tortura, por el exilio, pero las mujeres, por ejemplo, no están documentadas ni forman parte de la memoria oral de la misma manera”, explica Yanes. Una de ellas fue María Hormichea Martín, conocida como “la Jaimona”. Nacida en Valbona en 1895, las declaraciones incorporadas a su expediente la sitúan como una mujer especialmente activa en los ambientes políticos de izquierdas del municipio. Uno de los testimonios la calificó como una de las mujeres de izquierdas “más extremistas”, aunque reconocía que no podía precisar hechos concretos contra ella. Fue condenada a seis años de prisión por estas denuncias de sus vecinos.

Del relato de la “guerra entre hermanos” a los nombres y apellidos

El trabajo sobre Valbona también cuestiona la imagen del pueblo rural como una comunidad homogénea en la que la Guerra Civil irrumpió desde fuera y enfrentó a vecinos que hasta entonces habían vivido en armonía. El dossier de la investigación señala que esa visión, construida en buena medida “desde una mirada urbana” y teñida de nostalgia, tiende a ocultar las diferencias de clase, las relaciones de poder y los conflictos sociales que ya existían en los pueblos antes de 1936.

En Valbona, la investigación permite identificar esas diferencias con nombres concretos. El acceso a la tierra, las posiciones de jornaleros, pequeños propietarios y grandes propietarios y el peso de determinadas familias forman parte del contexto local. También la figura del cacique, representada en este caso por Alberto Ibáñez, alcalde de Valbona y hermano de José Ibáñez Martín, que posteriormente sería ministro de Educación durante el franquismo.

“En Valbona no eran vecinos contra vecinos”, explica Yanes. Lo que aparece al revisar los documentos son diferencias de clase y posiciones políticas que la guerra y la posterior represión llevaron a situaciones extremas. Por eso considera que una investigación a esta escala permite “desmitificar historias de la Guerra Civil” y sustituir algunos relatos generales por “hechos, fechas y nombres”.

El expediente de Joaquín Monleón Hormichea es un ejemplo. Secretario de Izquierda Republicana antes de la guerra y después afiliado a la CNT y miembro de la Colectividad, fue detenido al terminar el conflicto y acusado de participar en una muerte, realizar requisas y participar en la destrucción de la iglesia. Desde la prisión negó parte de las acusaciones y trató de aportar su propia versión de los hechos. Para defenderse citó como posibles testigos a varios vecinos de derechas de Valbona, entre ellos Alberto Ibáñez, a quien consideraba una persona de confianza. Sin embargo, el propio Ibáñez, ya como alcalde, terminó firmando una declaración contra él. “Los grandes relatos nos hablan de dos bandos perfectamente definidos y coherencia interna”, explica Yanes.

La represión más allá del 36: el papel de los maquis

Las trayectorias posteriores permiten comprobar también que la represión no terminó necesariamente en 1939. Eleuterio Formentín y su esposa, Nieves Martín, huyeron de Valbona con sus hijos cuando llegaron las tropas franquistas, regresaron después al pueblo y fueron detenidos. Eleuterio pasó por prisión y posteriormente se trasladó a Sabadell; Nieves fue encarcelada y realizó trabajos forzados. Otros vecinos fueron condenados a muerte: Joaquín Mengod Fuertes fue ejecutado en 1941 y Tomás Vicente Izquierdo, en 1939.

A partir de 1947, la aparición de los maquis en la provincia de Teruel coincide en Valbona con la huida de varios vecinos hacia la guerrilla y con la creación de una red clandestina de apoyo. Un documento de marzo de ese año recoge que diez valboneros habían “huido al monte” para unirse a los guerrilleros tras las detenciones practicadas en distintos pueblos de la provincia. Entre ellos estaba Onofre Gargallo, que había pasado por prisión y se incorporó posteriormente al 17º Sector de la Agrupación Guerrillera de Levante. Murió en 1948, a los 39 años, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. La red incluía también a personas que ayudaban a los guerrilleros desde las masías: Miguel Escriche y su hijo Manuel fueron detenidos por acompañar hasta los campamentos a personas que huían de Valbona.

La propia guerrilla aparece también atravesada por contradicciones. Manuel Torres Camallonga, “Rodolfo”, terminó colaborando con la Guardia Civil después de ser detenido y murió en un enfrentamiento con antiguos compañeros. Además, entre los casos documentados por Yanes figuran entre dos y tres valboneros ejecutados por la propia guerrilla, acusados de traición. “Dentro de los maquis hubo algunos guerrilleros de Valbona ejecutados por el propio maquis”, explica.

El trabajo de Yanes no se queda en la reconstrucción de los hechos. La investigación también ha generado nuevas aportaciones de familiares y ha permitido recuperar historias que permanecían incompletas. “Ahora la familia puede reinterpretarse a sí misma. Es interesante y es el papel que tiene que tener la investigación histórica”, explica. “Uno de los resultados más habituales en una investigación al detalle es que aparecen familiares que te dan las gracias y que hacen su propio proceso. Eso es la memoria histórica precisamente”. Yanes plantea que este tipo de investigaciones puedan reproducirse a una escala mucho mayor: “Con este trabajo reivindico que se pueda hacer en cada pueblo de España, en cada barrio, microinvestigaciones que lleguen hasta el final del asunto, que puedan indagar muy en profundidad. La historia de nuestros antepasados nos interpela a todos, tiene que ver con nuestro presente”.

La investigación del incendio de Las Peñas de Riglos, uno de los mayores en superficie de las últimas décadas en Aragón, ha dado un giro. La Audiencia de Huesca ha dejado en libertad al único acusado, un trabajador de la contrata que llevaba a cabo las obras en la carretera A-132, al considerar que los “indicios” contra esta persona como autora son “insuficientes”. La decisión revoca la prisión provisional acordada inicialmente por la jueza de Jaca.

El auto, fechado este miércoles 26 de agosto, reconoce que el investigado era “la persona que se encontraba más cerca del lugar en el momento en que se inició el incendio” y que las grabaciones lo muestran “merodeando por la zona donde se inició el fuego”, muy cerca del punto donde aparecieron las primeras llamas, apenas un minuto antes. Pero “en estas grabaciones no se observa al recurrente prender ningún fuego”, señala la Audiencia. Tampoco el lugar donde aparece inicialmente el fuego coincide con el punto exacto en el que había sido grabado agachándose un minuto antes y, cuando se aprecian las llamas, “el investigado se encuentra a varios metros”.

La defensa la ejerce el abogado Marco Antonio Navarro Laguna, que recurrió la prisión provisional. El Ministerio Fiscal se opuso al recurso y solicitó que se confirmara la resolución impugnada. En su escrito, según recoge el auto, sostuvo que no era necesaria una plena acreditación de los hechos en esta fase, que se trataba de un incendio de “extraordinaria gravedad” y que existían riesgo de fuga y riesgo para la investigación. La Audiencia, sin embargo, considera que los indicios contra el investigado son “insuficientes” para mantener una medida tan restrictiva.

Las grabaciones tienen además varias limitaciones. El auto señala que “no son continuas” y que, al parecer, se trata de cámaras accionadas por sensores de movimiento. Por ello, la Sala considera que los argumentos sobre la actuación del investigado tampoco bastan para acordar la prisión provisional. Las imágenes muestran también un vehículo junto a la campa, a pocos metros del lugar donde comenzó el fuego, y posteriormente a una persona andando. Poco después de iniciarse el incendio, dos personas contemplan las llamas durante unos segundos antes de introducirse en el vehículo y marcharse. “No consta que estas personas vieran al investigado prender ningún fuego”, recoge la resolución.

La propia actuación del investigado en esos primeros momentos es otro de los elementos que tiene en cuenta la Audiencia. “Por otro, se observa al investigado empleando el teléfono móvil, por lo que no puede descartarse que estuviera intentando dar aviso del fuego, como él manifestó”, señala el auto. Además, desde que se observan las primeras llamas, a las 11:51, pasa menos de un minuto hasta que llega un camión con dos compañeros. “A partir de ahí, se observa al personal de la obra, incluido el investigado, buscar extintores e intentar apagar el fuego”.

La resolución también señala que no hay testigos de cómo se inició el incendio, pese a que comenzó “en torno al mediodía, a pocos metros de una carretera con bastante tráfico”. La Audiencia añade que las grabaciones no permiten conocer las dimensiones que tenía el fuego en esos primeros instantes y, por tanto, tampoco determinar si el investigado pudo estar esperando a que llegase ayuda antes de tratar de sofocar las llamas.

La Audiencia cuestiona asimismo que esté suficientemente determinada la causa del incendio. Consta un informe preliminar, “bastante escueto”, en el que se afirma la “compatibilidad plena con la aplicación directa de llama sobre el combustible”. Sin embargo, el tribunal considera que este informe es insuficiente porque se basa en la ausencia de vestigios al examinar la zona. Los técnicos se desplazaron a inspeccionar el lugar a las 16:00 y no consta que se preservara la escena ni que se valorara la posible alteración del escenario. Además, desde el principio del fuego varios trabajadores de la obra acudieron al lugar para sofocarlo con extintores.

El auto recoge también que el investigado afirmó que, posteriormente y junto a dos compañeros, retiraron un aerosol del lugar. La Audiencia señala que esta posibilidad no consta investigada, aunque considera que “no solo no es descartable, sino que aparece como algo razonablemente probable que el personal de la obra haya podido retirar elementos que pudieran resultar inconvenientes”. El tribunal menciona además la declaración de un trabajador que pensaba que el incendio pudo deberse a “algún cristal que hiciera efecto lupa o un mechero que se sobrecalentara”. En cualquier caso, advierte de que la apreciación de la compatibilidad de una posible causa tiene una “relevancia relativa si no se excluyen otras”: “No existe, en definitiva, un dictamen razonado que concluya cuál fue la causa del incendio”, concluye.

Con todo ello, la Audiencia considera que la presencia del investigado en el lugar y en el momento en que comenzó el fuego justifica que se le siga investigando, pero no que permanezca en prisión. Los indicios necesarios para una medida de este tipo, recuerda el auto, deben tener “una intensidad relevante”. “No bastan meras sospechas, posibilidades o hipótesis si no se excluyen otras igualmente posibles”, señala. En este caso, concluye la Sala, “la presencia del investigado en el lugar y momento en que se originó el fuego justifica que se le investigue”, pero “sin mayores indicios” no es posible mantener una medida “excepcional y limitadora de derechos fundamentales”.

La Audiencia acuerda así la libertad provisional del investigado, aunque con medidas cautelares. No podrá salir de España, tendrá que entregar su pasaporte y no podrá obtener otro, además de facilitar un domicilio y un teléfono en el que pueda ser localizado. También deberá comparecer ante el juzgado los lunes, miércoles y viernes. El auto advierte de que, si incumple alguna de estas medidas, podrán adoptarse otras de mayor intensidad, “incluso, de nuevo, la prisión provisional”.

Si algo ha marcado el verano en Aragón han sido los grandes incendios. La comunidad ha vivido una sucesión de fuegos que han calcinado más de 40.000 hectáreas y ha puesto a prueba la capacidad de los servicios de extinción. Detrás de estos fuegos hay un territorio con cada vez más combustible, una vegetación más seca y unas condiciones que favorecen una propagación cada vez más rápida. Los expertos coinciden en que la combinación de estos factores está dando lugar a incendios que, en determinados momentos, quedan fuera de la capacidad de los medios para contenerlos.

El “infierno” empezó en Tamarite de Litera, a finales de junio, después de que el fuego arrasara más de 4.500 hectáreas —muchas de ellas de tierras de cultivo— y provocase el desalojo de cientos de personas. El respiro no duró mucho y, antes de que acabase el mes, se declaró otro incendio en Leciñena, que arrasó unas 3.000 hectáreas.

Un fuego se considera un gran incendio cuando supera las 500 hectáreas calcinadas, por lo que estos dos lo superaron con creces. Pero lo peor estaba por llegar. El fuego comenzó en las inmediaciones de Orés el 15 de julio y su rápido avance marcó desde el principio que no iba a ser un incendio fácil de contener. Llegó a afectar a varias casas de Orés y mantuvo en vilo a cientos de vecinos, mientras las llamas llegaron a amenazar el casco histórico de Uncastillo, uno de los conjuntos históricos más importantes de Aragón. La provincia de Teruel también ha sufrido el fuego: en Ejulve, las llamas arrasaron unas 1.500 hectáreas en una zona que ya había visto sus montes arder en 2009.

El verano no ha terminado y todavía pueden desarrollarse otros fuegos, pero este mes de agosto ha traído “el peor del verano”, en palabras del consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro. El incendio que se originó en el término municipal de Peñas de Riglos ha calcinado entre 14.000 y 15.000 hectáreas, según las primeras estimaciones, aunque el perímetro es de más de 18.000, ha llegado a amenazar la cuna de Aragón, ha obligado a la UME a sacar in extremis los restos de los Reyes de Aragón y ha provocado el desalojo de 19 localidades, con un millar de vecinos fuera de sus casas. Este fuego, cuyas llamas han mantenido en vilo a la provincia de Huesca, ha tenido un comportamiento muy rápido: “En media hora ya era incontrolable”, asegura Lourdes Muñoz, bombera forestal de Aragón. La distancia entre el punto de origen y alguno de los puntos más alejados supera los 20 kilómetros en línea recta, en un incendio que ha llegado a avanzar tres kilómetros en 45 minutos, como ocurrió la tarde del sábado con una lengua de fuego que se dirigía hacia la Peña Oroel.

El problema no es nuevo. “Las condiciones para que se produzcan incendios como los que estamos viendo están ahí desde hace años”, explica el investigador Marcos Rodrigues. “Ha sido suerte no tenerlos antes”. A la acumulación de combustible en el monte se suman ahora factores coyunturales como la sequía, las olas de calor, la baja humedad o el crecimiento de la vegetación favorecido por las lluvias del invierno. “Siempre hemos tenido muchos incendios, pero la gran mayoría no se solían desarrollar como grandes eventos”, señala Rodrigues. La diferencia está en que ahora pueden coincidir todos esos factores. “Tenemos estas condiciones y además tenemos igniciones con maquinaria, vehículos, negligencias... Cuando se da todo a la vez tenemos este tipo de incendios que están completamente fuera de capacidad de extinción”.

Se sabe dónde empieza un incendio, pero no dónde termina

Una de las claves está en aquello que alimenta las llamas: el combustible acumulado en el monte. El paisaje aragonés se ha transformado durante las últimas décadas: “Ha cambiado la vegetación”, explica el expresidente del Gobierno de Aragón e ingeniero de montes, Santiago Marraco. La modernización del campo ha hecho que desaparezca el ganado doméstico que antes pastaba alrededor de los pueblos y controlaba el matorral. “La mecanización ha hecho que se hayan abandonado las parcelas que no se pueden rebajar con tractor” y también que muchos agricultores abandonasen el territorio para marcharse a las ciudades.

“Todo el territorio se ha cubierto de matorral”, resume Marraco. Antes, explica, “había campos labrados, la gente recogía la leña, había ganado... El combustible estaba controlado de una manera natural”. Ahora, en cambio, grandes superficies han quedado cubiertas de vegetación que puede arder con facilidad. “Se sabe dónde empieza un incendio, pero no dónde termina”.

Pero reducir ese combustible no significa que se pueda actuar de la misma manera sobre todo el territorio. Rodrigues advierte de que “tenemos una riqueza forestal importante y es muy difícil controlar todo”, por lo que, a corto plazo, considera más efectivo “actuar en las inmediaciones de las zonas que se quieran proteger”, especialmente alrededor de los núcleos urbanos o espacios naturales protegidos, e “interrumpir la cantidad de combustible” de una forma estratégica. No solo porque ese combustible favorezca la propagación, sino también porque dificulta la propia extinción. En el caso de Riglos, Rodrigues explica que se trata de “una zona con mucho pinar de repoblación muy denso”. “Tenía su sentido en su momento, pero hay que gestionarlo y mantenerlo”. La densidad de la vegetación ha llegado a dificultar el acceso de los equipos: “A compañeros bomberos les ha sorprendido la cantidad de vegetación, las áreas muy densas, no sabían por dónde actuar, no podían acceder a las zonas”.

Paisajes mosaico como medida de prevención

Rodrigues considera necesario decidir “qué tipo de paisaje queremos para el futuro” y localizar los puntos estratégicos donde intervenir para conseguir que los grandes incendios “se hagan de una manera menos virulenta, que sea segura la extinción y factible”. David Badia, catedrático de Edafología, habla de avanzar hacia un “paisaje mosaico”: una mayor heterogeneidad en los usos del territorio, con cultivos, pastos y masas forestales que generen interrupciones en la vegetación. “Estamos viendo que lo que antes eran campos de cultivo, pastos, prados, se han matorralizado y generado superficies forestales que no usamos y que son un peligro”, señala.

Para ello, los expertos plantean recuperar también determinados aprovechamientos del monte. Badia apunta a la extracción de madera para usos como los pellets o la calefacción y a iniciativas de ganadería extensiva que permitan mantener determinadas zonas despejadas. “El paisaje de aquí era muy pelado a mediados del siglo pasado”, recuerda Badia. Los bosques se aprovechaban entonces para obtener madera, algo que ya no se hace de la misma manera. “No hace falta volver a eso, por supuesto”, matiza, pero tampoco considera positivo “tener unos paisajes forestales en continuo y sin usar porque se nos queman”.

A este escenario se suma otro factor: el estado en el que se encuentra esa vegetación. El especialista en suelos David Badia señala que “hemos tenido un final de primavera y verano muy secos”, con muchas horas de insolación y vientos que han contribuido a deshidratar los suelos y la vegetación. “La vegetación deshidratada quema muy bien”, explica. Si está seca, “prende con mucha facilidad”.

Y ahí aparece también el factor humano. Tres de los cuatro grandes incendios que han asolado Aragón este verano han tenido un origen relacionado con la actividad humana. Maquinaria, trabajos agrícolas u obras pueden convertirse en el punto de partida de un incendio cuando las condiciones son extremas. Pero evitar las igniciones no significa demonizar la actividad agrícola. Rodrigues insiste en que “la agricultura no puede parar”. El objetivo, explica, es “intentar que sea lo más segura posible” y concienciar de que, en determinadas condiciones, “cualquier descuido puede llevar a eso. Una pequeña chispa puede dar lugar a un incendio que se descontrola rápidamente”.

La prevención empieza en invierno

La magnitud de los incendios de este verano vuelve a poner así el foco en una cuestión que no se resuelve durante la emergencia. Cuando las llamas avanzan, los medios de extinción son imprescindibles, pero su capacidad tiene un límite. Marraco es especialmente contundente en este punto. “El dinero va en aviones y helicópteros cuando los medios aéreos tienen un efecto muy limitado”, sostiene. “Los fuegos se apagan desde tierra. Los medios aéreos regresan para que las llamas no sean tan fuertes, los aviones no apagan los incendios”.

Una pequeña chispa puede dar lugar a un incendio que se descontrola rápidamente

Su apuesta pasa por actuar durante todo el invierno sobre el territorio y el combustible acumulado. Reclama que todas las administraciones se impliquen en una gestión que afecta también a las propiedades privadas. El problema es que buena parte de ese territorio no está en manos de las administraciones. Según el Diagnóstico del Plan Forestal de Aragón, el 41,5% de la superficie forestal aragonesa es de titularidad privada: más de un millón de hectáreas repartidas entre alrededor de 158.000 propietarios particulares. El 58,5% restante, unas 1,47 millones de hectáreas, es de titularidad pública.

Badia apuesta por buscar un equilibrio entre la inversión en extinción y la gestión forestal. “Hay que equilibrar la inversión entre servicios de extinción y gestión forestal”, sostiene. Porque apagar rápidamente los pequeños incendios permite evitar que se conviertan en grandes fuegos, pero si no se gestiona el territorio, “lo que antes eran campos de cultivo, pastos, prados” continúa matorralizándose y acumulando combustible.

El problema no termina cuando se apagan las llamas. Tras un gran incendio, la vegetación que protegía el terreno desaparece y el suelo queda expuesto. Badia explica que, cuando llegan las lluvias, “la infiltración es menor”, las gotas caen directamente sobre el suelo y aumenta la escorrentía superficial. El agua puede arrastrar partículas de suelo, cenizas y nutrientes y empeorar la calidad de los cursos de agua. Por eso, después del fuego también es necesario actuar. En incendios anteriores se han utilizado acolchados de paja para crear una cubierta sobre el suelo y reducir la erosión. También se han colocado troncos procedentes de las propias cortas siguiendo las curvas de nivel para frenar la escorrentía.

Los grandes incendios de este verano han dejado miles de hectáreas quemadas y localidades enteras pendientes del avance de las llamas. Pero también han vuelto a poner sobre la mesa una realidad que los expertos llevan años señalando: no basta con tener capacidad para apagar incendios. En un territorio cada vez más condicionado por la sequía y con grandes cantidades de combustible acumulado, la batalla empieza mucho antes de que se produzca la ignición.

Huesca recuerda este domingo, 23 de agosto, a las 95 personas asesinadas hace 90 años en una de las jornadas más trágicas de la historia de la ciudad. Aquel día de 1936, hombres y mujeres que permanecían detenidos en la cárcel provincial fueron sacados en camiones y conducidos hasta la tapia oeste del cementerio, donde fueron ejecutados. La matanza se produjo como represalia por el bombardeo de la ciudad por la aviación republicana, que había causado dos muertos y siete heridos.

Las víctimas habían sido detenidas en los días anteriores por sus ideas políticas, su actividad sindical, su vinculación con el Frente Popular o, en algunos casos, simplemente por sus relaciones familiares. Entre ellas había concejales, trabajadores, profesionales o militantes políticos.

La dimensión de aquella jornada se entiende también por el contexto. De las 548 personas asesinadas en Huesca por los sublevados entre agosto de 1936 y enero de 1945, 95 fueron ejecutadas el 23 de agosto, según la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA). Izquierda Unida sitúa además en 326 las personas asesinadas en la ciudad entre el 1 de agosto de 1936 y el 1 de febrero de 1937.

Sin embargo, la represión no terminó con los asesinatos. Los expedientes conservados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca muestran cómo, después de las ejecuciones, se abrieron procedimientos de responsabilidades políticas y se investigaron los bienes de algunas de las personas asesinadas.

Es el caso de Concepción Monrás Casas, una de las mujeres asesinadas el 23 de agosto y esposa de Ramón Acín —fusilado unos días antes, el 6 de agosto de 1936—. Su expediente de responsabilidades políticas muestra que, dos años después de su muerte, en 1938, se abrió un procedimiento contra ella. La documentación acabó estableciendo una multa de 5.000 pesetas, que debía hacerse efectiva sobre sus bienes.

El caso de Juan Llidó Pitarch, juez de la Audiencia de Huesca, presenta un mecanismo similar. Llidó, que había llegado a la ciudad en 1933 y vivía allí con su esposa y sus dos hijos, fue detenido tras el golpe militar pese a no tener una destacada actividad política. El historiador Víctor Pardo Lancina recoge cómo su falta de apoyo al movimiento fue utilizada como argumento para perseguirlo.

El expediente conservado en el Archivo Histórico Provincial recoge que Llidó murió en Huesca el 23 de agosto de 1936, a los 40 años, por heridas de arma de fuego. Meses después de su asesinato se inició contra él un expediente de responsabilidades políticas y se rastrearon sus bienes. Entre la documentación aparecen comunicaciones con bancos y otras instituciones para localizar su patrimonio, incluida una cuenta corriente con 428,35 pesetas.

También Adrián Bonet Ulled fue objeto de un expediente de responsabilidades políticas iniciado en 1937. La documentación del Archivo Histórico Provincial recoge informes sobre su actividad política y municipal y, posteriormente, actuaciones destinadas a localizar sus bienes en el Registro de la Propiedad, Hacienda, el Banco de España y distintas entidades financieras. El procedimiento terminó con una multa de 14.000 pesetas, que debía hacerse efectiva sobre sus bienes.

Los expedientes permiten observar así una segunda dimensión de la represión: la persecución no acababa necesariamente con la muerte. La maquinaria administrativa siguió investigando a personas ya asesinadas, buscando sus propiedades y aplicando sanciones económicas sobre sus patrimonios.

Una ciudad llena de presos

La represión había comenzado semanas antes. Las denuncias y delaciones hicieron que la cárcel provincial se quedara pequeña y que también se utilizaran como lugares de internamiento el instituto —hoy Museo Provincial— y el cuartel de la estación. El historiador Víctor Pardo Lancina reconstruye aquella “matanza” en un artículo publicado en 'Azofra' y recoge casos de personas denunciadas por motivos políticos, pero también por conflictos personales o intereses económicos.

Entre los detenidos había destacados representantes de la vida pública oscense, como el concejal republicano y comerciante Adrián Bonet Ulled, Lorenzo Bescós Santalucía o Antonio del Pueyo Navarro, que fueron perseguidos por su vinculación política. El relato de aquella jornada también ha quedado en testimonios posteriores. Pardo Lancina recoge la descripción que el escritor y miliciano José María Aroca hizo en 'Las Tribus' tras llegar a las inmediaciones de Huesca a finales de agosto de 1936. Aroca encontró uno de los muros del cementerio marcado por los disparos y fosas comunes en el interior del camposanto.

La lista de asesinados incluye perfiles muy distintos. Pardo Lancina recuerda, entre otros, al maestro Inocencio Tolosana, al pintor Gaspar Larroche, al carretero Gregorio Gracia Lanuza y al farmacéutico Jesús Gascón de Gotor. Las hermanas Victoria y Rafaela Barrabés Asún, de 20 y 21 años, fueron detenidas al no encontrar en su domicilio a sus hermanos, que eran buscados por la policía. Francisca Mallén Pardo fue detenida pocos días antes de su ejecución por su relación con el carpintero anarquista José Espuis Buisán, que también fue asesinado aquel 23 de agosto.

La jornada fue, en palabras de Pardo Lancina, “la más trágica de la historia de Huesca”. La memoria de aquellas víctimas permanece hoy en el memorial instalado en la tapia oeste del cementerio, que este domingo cumple además diez años desde su inauguración. El monumento recuerda a las víctimas identificadas hasta entonces como consecuencia de la represión sufrida en la ciudad y es escenario de un homenaje este domingo. A las 11.00 se conmemoran los 90 años de sus asesinatos en el cementerio civil de la ciudad en una actividad organizada por el Colectivo Ciudadano Huesca. A las 12.00, el Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca recuerda a las víctimas en el Memorial 545, en el Parque Mártires de la Libertad.

PAMA recuerda que las víctimas fueron seleccionadas por motivos muy diversos y que “con la simple sospecha de no ser ferviente adicto a la rebelión fue suficiente”. La plataforma subraya además que la represión se produjo “sin distinción de clase social, sexo ni edad” y reclama que la memoria de las víctimas sirva para preservar los valores democráticos y evitar que la historia vuelva a repetirse.

Con motivo del 90 aniversario, la organización reclama a las instituciones que preserven el recuerdo de las víctimas y recuerda que sus nombres están recogidos en el Memorial del Cementerio de Huesca. La Memoria Democrática debe ser, sostiene PAMA, “el faro que alerte a la sociedad para que no vuelva a repetirse la barbarie”.

La plataforma vuelve además a reclamar la recuperación de las políticas de memoria en Aragón y critica la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. En la misma línea, Marta Abengoechea, portavoz de IU en las Cortes de Aragón, acusa a “los partidos políticos de derecha y ultraderecha que tenemos en el Gobierno de Aragón” de intentar “sepultar y, peor aún, manipular” a las víctimas. “No debemos bajar la guardia. Fascismo, nunca más”, concluye.

“Agotados” y con el recuerdo de los dos compañeros que han perdido la vida esta semana ejerciendo su trabajo. Así se han concentrado este jueves decenas de bomberos forestales de Aragón frente a las puertas de la sede del Gobierno de la comunidad para protestar una vez más por sus condiciones laborales, en el segundo día de la huelga indefinida que han planteado. Muchos de ellos han acudido con sus uniformes de trabajo y a la protesta se han acercado también ciudadanos para mostrar su apoyo a los trabajadores. Entre consignas como “Más bomberos y menos consejeros”, “Más bomberas y menos consejeras” o “Azcón, despierta, el fuego está en tu puerta”, los bomberos han reclamado “dignidad laboral al bombero forestal” y han reivindicado su papel como “fundamental”.

La movilización cuenta con unos servicios mínimos del 100%, por lo que los efectivos continúan trabajando con normalidad en los incendios y el resto de emergencias mientras mantienen sus reivindicaciones. Muchos de los bomberos que han participado en la concentración han estado estos últimos días trabajando en el incendio de Las Peñas de Riglos, donde denuncian haber afrontado jornadas de más de 20 horas y unas condiciones laborales deficientes. “No se cumplen los tiempos de descanso”, han señalado, además de denunciar bases sin luz, agua caliente o sanitarios y unos avituallamientos que consideran “insuficientes” para afrontar jornadas de extinción tan intensas.

Pero Riglos no ha sido el único frente. Como recuerda Lourdes Muñoz, delegada de UGT y bombera forestal de R36, durante estos días se han sucedido numerosos incendios a los que los efectivos han tenido que acudir mientras buena parte del operativo permanecía concentrado en el fuego de Las Peñas de Riglos por su gravedad. “Estamos dando todos el 100% como siempre, a pesar de que ya estamos extenuados y cansados”, ha explicado Muñoz, que ha señalado que este verano los incendios están siendo especialmente “virulentos”. En el caso de Riglos, ha relatado, “en menos de media hora” el fuego se volvió “incontrolable” y quedó fuera de la capacidad de extinción.

A su juicio, la situación no responde únicamente a las horas que acumulan los trabajadores, sino a unos descansos “insuficientes” y a un operativo “infradimensionado” que necesita más personal y medios para adaptarse a los incendios actuales. “Lo normal es estar en tu trabajo en tu hora ordinaria cuando te activan para un incendio y sumar las horas de llegada, desplazamiento, las 12 horas de extinción y el regreso”, ha explicado. En muchas ocasiones, ha añadido, estas jornadas “suelen exceder las 20 o 24 horas”. Durante la protesta, los bomberos forestales han animado además a la ciudadanía a sumarse este domingo a la manifestación convocada en Jaca por la plataforma Pirineo Digno.

Reclaman más personal, medios y el reconocimiento de su profesión

Los representantes del comité de huelga han vuelto a poner sobre la mesa las principales reivindicaciones que les han llevado a iniciar una huelga indefinida. Carlos Martínez, delegado de OSTA y presidente del comité de empresa de Sarga, las resume en dos grandes cuestiones: la falta de inversión en el operativo y el incumplimiento de la ley de bomberos forestales, aprobada en 2024. “Las carencias que tiene el operativo son por la falta de inversión. Hacen falta medios, materiales y medios humanos”, ha señalado. También reclama que se haga efectivo el reconocimiento de la categoría profesional de los bomberos forestales, algo que, según denuncia, todavía no se ha producido.

Los representantes sindicales reclaman además 352 efectivos más para que el operativo pueda afrontar los relevos y evitar las jornadas maratonianas que están soportando los trabajadores. “Estamos hablando de un mínimo para empezar a evitar estas jornadas de más de 20 horas”, ha apuntado Martínez.

El delegado de OSTA ha denunciado también que se están incumpliendo las condiciones que establece la normativa de prevención de riesgos laborales. “Hay unas bases que no cumplen las condiciones mínimas que tiene que tener un centro de trabajo: sin luz, sin agua, sin sanitarios, gente teniendo que hacer sus necesidades en la calle”, ha relatado. A ello suma unos avituallamientos que, a su juicio, no aportan la energía y los nutrientes necesarios para trabajos de esta intensidad.

Rubén García Arévalo, delegado de CGT y bombero forestal de la helitransportada de Brea, ha advertido además del incremento del riesgo de accidentes provocado por los “turnos infinitos” y el cansancio. “Al final la vocación es la que nos lleva a pensar más en el incendio que incluso en la huelga”, ha afirmado, antes de señalar que el cansancio acumulado eleva el riesgo de sufrir accidentes laborales.

García ha defendido también la necesidad de reforzar el operativo más allá de la campaña de incendios. La ley de bomberos forestales establece que estos profesionales deben estar preparados para intervenir en otras emergencias en el medio rural y, según ha explicado, los propios trabajadores están formándose por su cuenta mientras esperan que se desarrollen los mecanismos previstos para esa formación. “Necesitamos un nuevo modelo operativo que nos permita tener unos relevos acordes al siglo XXI, unas herramientas acordes al siglo XXI y una manera de prevención y extinción de incendios acorde al siglo XXI”, ha reclamado.

Los sindicatos cuestionan que la negociación se aplace a septiembre

La protesta llega después de que el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, haya emplazado a los bomberos forestales a septiembre para sentarse a negociar. El consejero ha pedido “calma” y ha asegurado que el Gobierno de Aragón se sentará a la mesa y trabajará para mejorar sus condiciones laborales. También ha defendido que la futura agencia de emergencias incorporará elementos de la extinción de incendios forestales, aunque ha admitido que todavía está por concretar cómo se articulará. Bermúdez de Castro ha reivindicado además que el Gobierno de Aragón ya amplió a doce meses la contratación de los trabajadores y ha asegurado que los próximos presupuestos contemplarán “partidas muy importantes” para mejorar sus condiciones, las bases y los medios del operativo.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido este jueves que los medios destinados a la lucha contra los incendios se han incrementado durante los últimos años, con 57 efectivos más, nuevas autobombas y brigadas que trabajan durante todo el año, aunque ha reconocido que “no es suficiente”. “Tenemos que multiplicar los medios, tanto en la limpieza de los bosques como los medios que tienen las brigadas para luchar contra los incendios, y es lo que vamos a hacer y en lo que estamos trabajando”, ha señalado. Azcón ha situado entre las próximas medidas la creación de la Agencia de Emergencias de Aragón, que ha calificado de “inminente”, y ha avanzado un plan presupuestario “como nunca se ha hecho en la Comunidad Autónoma”. “Los pasos que se han dado han sido muchos, pero los nuevos incendios a los que nos enfrentamos hacen que las medidas que se tengan que tomar sean extraordinarias”, ha afirmado.

Los bomberos forestales cuestionan, sin embargo, que no se empiece a negociar ya. El comité de huelga ha señalado que, a día de hoy, la Administración “todavía no se ha sentado” con sus representantes para abordar sus reivindicaciones con capacidad real de negociación. En un comunicado difundido este jueves, reclaman interlocutores con capacidad de decisión, fechas y propuestas concretas. “Negociar no es anunciar que se va a negociar. Negociar es sentarse, escuchar, hacer propuestas y asumir compromisos”, sostiene el comité, que mantiene la huelga indefinida iniciada el 18 de agosto ante la falta de respuestas.

Martínez ha insistido en esta misma idea durante la concentración. “No sabemos si va a ser final de año del 2026, final de año del 2030”, ha ironizado sobre los plazos vinculados a la futura agencia de emergencias. Los trabajadores aseguran que no pueden esperar a una estructura que todavía desconocen cómo se organizará, quién la integrará o bajo qué condiciones funcionará. “Las necesidades que estamos poniendo encima de la mesa son las necesidades ya”, ha recalcado García. Para los bomberos forestales, además, aumentar la plantilla no serviría únicamente para afrontar los relevos durante el verano: permitiría reforzar durante el invierno las labores de prevención y limpieza de montes y mejorar la respuesta ante otras emergencias, como inundaciones o grandes nevadas.

El comité de huelga ha insistido así en que la movilización no responde únicamente a la situación excepcional de este verano. “Esto no viene de este año”, ha señalado García, que ha recordado que las reclamaciones sobre falta de inversión y medios se arrastran desde hace años.

Mientras tanto, los bomberos forestales continúan trabajando en los incendios que siguen activos y reclaman que el Gobierno de Aragón se siente con ellos “ya”. Angélica Mazo, portavoz de UGT, ha cuestionado que el Ejecutivo haya mantenido reuniones estos días con otros colectivos de emergencias mientras, según denuncia, no ha hecho lo mismo con los bomberos forestales de Sarga. “Si hay una mesa para unos, si tienen tiempo para reunirse con unos, tienen que tener tiempo para reunirse con nosotros”, ha reclamado.

El comité mantiene por ahora la huelga indefinida y reclama que el Gobierno de Aragón pase de los anuncios a las propuestas concretas. “Los bomberos y bomberas forestales no necesitamos más anuncios, promesas ni declaraciones de buenas intenciones”, recoge su comunicado. “Necesitamos compromisos reales, fechas, propuestas concretas y soluciones concretas”.

El incendio que desde el 10 de agosto ha afectado a más de 14.500 hectáreas en un perímetro aproximado de 100 kilómetros en el entorno de Las Peñas de Riglos, el peor que ha vivido Aragón desde que hay registros —no solo por la cantidad de masa forestal reducida a cenizas, sino por la importancia del territorio al que ha afectado—, ha colocado bajo el foco una carretera que llevaba casi dos años generando malestar entre los habitantes de la zona: la A-132. La pregunta que ahora se plantea entre los afectados no es únicamente qué provocó el incendio. También es otra: ¿qué se sabía sobre los riesgos asociados a las obras y a los cortes de la carretera antes de que comenzara el fuego?

Noticias, comunicados y documentos publicados durante los últimos meses evidencian que las advertencias existieron. Vecinos, empresarios turísticos y los alcaldes de Ayerbe, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Bailo, Agüero, Biscarrués y Santa Eulalia de Gállego, principalmente, habían reclamado reiteradamente a la empresa que lleva a cabo las obras una planificación diferente de los trabajos, habían cuestionado los cortes totales y señalado expresamente que la A-132 era una vía esencial para atender una eventual emergencia.

“Llevamos meses advirtiendo de que cerrar esta carretera en verano era un riesgo innecesario en una zona con alto peligro de incendios”, apunta Juan Torralba, alcalde de Las Peñas de Riglos. En la misma línea, el primer edil de Ayerbe, Antonio Biescas, subraya que “la coordinación con las obras no ha sido suficiente para garantizar la seguridad del territorio”. Teniendo en cuenta todo lo que ha venido después, con el incendio que ha puesto en jaque a la zona de Riglos, San Juan de la Peña y la Canal de Berdún, los vecinos de las zonas afectadas coinciden de pleno en que ha sido “una catástrofe anunciada”.

La investigación de la Guardia Civil y el procedimiento judicial deberán determinar la causa del incendio, pero esta denuncia de los alcaldes de la zona, vecinos y empresarios permite reconstruir una cadena de advertencias que comenzó mucho antes de que las llamas obligaran a desalojar 19 poblaciones y dos campings, sacando de sus residencias temporales y de sus viviendas a 1.046 personas que todavía se encuentran desalojadas.

Una carretera que se ha convertido en un problema vecinal

Las obras de rehabilitación integral de la A-132 forman parte del Plan Extraordinario de Carreteras del Gobierno de Aragón y tienen una previsión de ejecución de 30 meses. La actuación pretende mejorar la vía para conectar Ayerbe con Puente la Reina y Jaca, y para acceder al territorio en torno a los Mallos de Riglos, un espacio natural protegido de Aragón por sus formaciones geológicas singulares, pero también por su vegetación y fauna.

En el territorio “nadie discutía la necesidad de mejorar la vía”. Desde Reino de los Mallos, asociación integrada por los municipios de Ayerbe, Agüero, Biscarrués, Las Peñas de Riglos, La Sotonera, Loarre, Lupiñén, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, además de empresarios, formada en 2017 para la promoción y desarrollo socioeconómico del territorio en torno a los Mallos de Riglos, han puesto sobre la mesa que el problema era cómo llevar a cabo dichas mejoras sin dejar en una situación de vulnerabilidad a los pueblos y empresas que dependen de la A-132.

Ya en abril de 2025 los alcaldes y vecinos de la zona reclamaron al Gobierno de Aragón una reunión urgente para conocer la planificación de los trabajos. En aquel momento se llegó a plantear la construcción de un nuevo puente sobre el embalse de La Peña y se advirtió al ejecutivo autonómico de que “los cortes podían afectar a servicios públicos, empresas y retenes forestales” debido a que algunos de los desvíos podían obligar a realizar hasta 40 kilómetros adicionales en algunos desplazamientos.

Dos meses después, en junio de 2025, fue el sector de turismo activo el que volvió a pedir mayor comunicación a la empresa encargada de las obras. Los empresarios reclamaban conocer con antelación los cortes y desvíos para poder organizar su actividad. Así lo corrobora, entre otros, Gurtavo Ortas, socio de una de las empresas de turismo de la zona, y vecinos de Murillo de Gállego.

Conviviendo mal con las obras: “Desde hace más de un año”

En julio de 2026, el malestar se convirtió ya en una protesta organizada. Tanto vecinos, como empresas y visitantes, tras más de un año conviviendo con las obras, los cortes y las restricciones derivadas de los trabajos en la A-132, reclamaron públicamente información “clara y urgente” sobre el calendario de los trabajos.

La preocupación en aquel momento tenía una dimensión económica evidente, ya que es en los meses de julio y agosto cuando se concentra una parte sustancial de la facturación de las empresas turísticas de la zona. Para minimizar este impacto, los ayuntamientos y empresarios pidieron que no se produjeran cortes totales durante el verano. Pero había una segunda preocupación: la advertencia sobre los incendios: “No entendíamos cómo se prohibía a los agricultores salir al campo, pero sí se permitía seguir adelante con los trabajos en la A-132”, denuncian los afectados.

El 27 de julio estaba previsto un corte total de la A-132 entre el embalse de La Peña y Bailo. Los vecinos habían rechazado frontalmente con anterioridad la vía alternativa propuesta por el ejecutivo a este y otros cortes: la A-1205, una carretera que quienes conocen y transitan la zona habitualmente definen como estrecha, sin arcenes y con curvas, limitada a 27 toneladas y que podía tener dificultades para absorber todo el tráfico desviado. Así, el asunto llegó a los tribunales y los afectados presentaron al TSJ de Aragón medidas cautelarísimas para intentar paralizar el cierre.

Ese día, “de manera cívica, unas ocho personas nos presentamos a las siete de la mañana en la zona de las obras, con la ley en la mano”, explica Gustavo Ortas. El argumento ya no era solamente económico. Los alcaldes de Las Peñas de Riglos y Murillo de Gállego advirtieron entonces de que el cierre se producía en plena temporada turística, pero también “en un periodo de elevado riesgo de incendios”. Además de poner el foco en el hecho de que la carretera era fundamental para las emergencias y que el cierre podría dificultar el acceso a los pueblos.

Finalmente, el Gobierno de Aragón aceptó paralizar las obras y reabrir —en día y medio— la carretera después de la movilización vecinal. Sin embargo, el Ejecutivo no desiste y plantean nuevas fechas de cierre “a su carta, sin tener en cuenta las necesidades de las poblaciones que atraviesa”, lamenta Raúl García, vecino afectado de la localidad de Murillo de Gállego.

“Llevamos meses pidiendo documentación. No ha habido supervisión en la obra”

Las primeras investigaciones situaron el origen del fuego cerca de Santa María de la Peña, en una zona en la que se estaban ejecutando trabajos relacionados con la A-132. La investigación judicial determinará qué ocurrió exactamente.

Tras el incendio, los ayuntamientos que integran la entidad denominada Reino de los Mallos han reclamado al Gobierno de Aragón documentación sobre las obras: autorizaciones, informes de seguridad, evaluaciones de riesgo, protocolos de obra y documentación medioambiental. Insisten en que esta petición no es nueva ni se ha precipitado por el incendio, sino que llevan meses solicitando esa información y que el Ejecutivo autonómico no ha acreditado, según ellos, disponer de toda la documentación reclamada. “Queremos saber si todo estaba correctamente planificado y si se evaluó el riesgo real en una zona como esta”, apunta el alcalde de Bailo.

La reivindicación ha adquirido una dimensión política y judicial. Seis de los municipios afectados por las obras de la A-132 han interpuesto conjuntamente una demanda contencioso-administrativa contra las autorizaciones de cierre total de la vía de Dirección General de Carreteras. Una demanda que contiene, además, “una solicitud expresa de medidas cautelarísimas porque la actuación de DGC supone una vía de hecho (art.135 LJCA), es decir, actuar absolutamente fuera del procedimiento legal establecido”, explica Raúl García en nombre de las poblaciones afectadas. A este respecto el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado obligando a la Administración a actuar conforme a la ley, es decir, conforme venían exigiendo desde el territorio.

Los vecinos también cuestionan que el Gobierno de Aragón vaya a personarse en la causa penal como perjudicado mientras, según ellos, todavía no se han aclarado las circunstancias administrativas relacionadas con las obras. El Gobierno autonómico, por su parte, defiende su actuación y sostiene que se debe esclarecer la responsabilidad de quien provocó el incendio.

El próximo día 24 de agosto, lunes, en la subdelegación en Huesca, están convocados representantes del Gobierno de Aragón, ayuntamientos de Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Bailo, Santa Eulalia y Ayerbe —personados en el contencioso-administrativo y las medidas cautelarísimas— y empresas de la zona afectada para mantener una reunión sobre las obras de la A-132.

Los afectados, tal y como asegura Raúl García, vecino afectado que está llevando a cabo el registro de documentación e información en este caso, recordarán al Ejecutivo que llevan “desde noviembre de 2024 avisando de los problemas en materia de seguridad en esta obra”. Unas advertencias a las que, aseguran, “la administración ha hecho caso omiso durante todo este tiempo”. “No ha habido supervisión por parte del Gobierno de Aragón en esta obra”, concluye García.

Hacer 300 kilómetros para ir al médico

El devastador incendio forestal de Las Peñas de Riglos es, sin duda, una de las emergencias ambientales más graves y duras que ha vivido Aragón en las últimas décadas. Los vecinos de los municipios afectados no pueden evitar mirar a la carretera A-132 y a la zona donde se almacenan materiales de la obra y en la que presuntamente se originó el fuego.

Para ellos, los problemas han continuado con el fuego, pero venían de muchos meses atrás. “Hay escolares que se han quedado sin ir a centros educativos, sanitarios que han podido llegar hasta los pueblos y vecinos, como los de Salinas de Jaca que para ir a una visita médica han tenido que hacer 300 kilómetros en un día”, denuncia Raúl García.

El corte de la carretera A-132 por las obras se ve en la zona afectada como “una medida desproporcionada”. Los vecinos están de acuerdo en la necesidad de “mejora de algunos tramos de la vía”, pero rechazan frontalmente cortes totales al entender que “existen medidas alternativas suficientes que no generarían un impacto tan negativo en el día a día de los pueblos de la zona que se ven afectados”.

El colectivo formado por Ayuntamientos, empresas y vecinos recuerda que su demanda es “que haya planificación y comunicación” por parte de la empresa que lleva a cabo los trabajos, y que el plan de ejecución de la obra “no sea desproporcionado”, para que vecinos y pueblos no se queden aislados durante días o semanas debido a “una falta de planificación”.

Al impacto ya creado por las obras que muchos llevan arrastrando más de un año, se suma el incendio forestal, lo que dibuja un escenario que crea incertidumbre “no sabemos cuántas empresas aguantan el tirón después de este episodio”, lamentan los alcaldes, conscientes de su ya escasa población y del impacto negativo que el incendio y los problemas de movilidad tendrán sobre dos de sus principales motores económicos, el turismo activo y los servicios.

Lo que todo el mundo temía el pasado jueves, cuando las llamas se acercaron a los dos monasterios de San Juan de la Peña por el incendio de Riglos, finalmente no sucedió. Los edificios, fundamentales en la historia de la comunidad autónoma, han resistido al paso del fuego. Las llamas alcanzaron la parte superior de la roca que protege el Monasterio Viejo, pero no han provocado daños importantes en su estructura, aunque algunas zonas de la piedra sí han quedado afectadas por el fuego.

El estado del monumento supone un alivio después de que el incendio llegara hasta el entorno de San Juan de la Peña y obligara al operativo a concentrar parte de sus esfuerzos en proteger tanto el Monasterio Viejo como el Nuevo. Durante varias horas, ambos estuvieron en una situación de “grave peligro de desaparición”, según explicó entonces el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

El coordinador de los agentes de protección de la naturaleza de La Jacetania, Javier Barrio, recuerda que este fue uno de los puntos críticos del incendio. El fuego avanzaba con mucha fuerza desde el sur y el operativo intentó frenarlo antes de que alcanzara el entorno de San Juan de la Peña, pero la pendiente y las condiciones meteorológicas hicieron imposible contenerlo en ese punto. “Habíamos metido mucha maquinaria aquí abajo, pero el terreno es muy complicado, con mucha pendiente”, explica Barrio. El calor y los vientos dominantes impidieron controlar las llamas y el fuego terminó saltando la carretera y avanzando hacia el norte, rodeando la zona por distintos puntos.

A partir de ese momento, la defensa de los monasterios se convirtió en una de las prioridades del operativo. Los equipos tuvieron que recurrir al fuego técnico y a las pocas motobombas que pudieron llegar hasta la zona, en unas condiciones especialmente complicadas porque las llamas avanzaban por varios frentes y solo había una carretera de acceso: “Era una zona muy peligrosa porque venía el fuego tanto por el este, por el oeste, como por el norte”, señala el agente.

El fuego llegó a la parte superior del Monasterio Viejo y algunos elementos quemados cayeron sobre la zona. Sin embargo, la estructura del edificio no resultó afectada. La gran roca bajo la que se encuentra el monasterio ha protegido el edificio frente a las llamas.

Ese mismo jueves militares de la UME, junto a técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón, tuvieron que entrar para rescatar los bienes históricos ante el avance del incendio. Fue un rescate complicado, que incluso tuvo que interrumpirse durante un tiempo por la proximidad de las llamas. La operación permitió sacar las urnas con los restos del Panteón Real, que fueron trasladadas al Museo de Huesca, además de otras piezas como el traje del conde de Aranda, réplicas de un cáliz, joyas, algunas tallas y una pequeña escultura. Los restos de los primeros reyes de Aragón permanecen ahora en el Museo de Huesca, a la espera de que la situación en San Juan de la Peña permita devolverlos al monasterio.

Vigilancia sobre los puntos calientes

Aunque los edificios han quedado a salvo, el trabajo en este punto del incendio todavía no ha terminado. Los agentes están centrados ahora en rematar los puntos calientes que quedan en el perímetro y consolidar la zona quemada para evitar que el fuego vuelva a entrar en la vegetación que permanece sin quemar.

Es un trabajo que se realiza en buena parte de forma manual, retirando la zona quemada para evitar que las llamas puedan saltar hacia la zona verde. La orografía vuelve a ser un problema: hay lugares a los que las máquinas no pueden acceder e incluso puntos a los que resulta complicado llegar a pie. Barrio explica que todavía hay “zona verde alrededor de los monasterios” que está muy seca y que conserva algunos puntos calientes. Por eso, aunque considera que en principio los edificios están fuera de peligro, reconoce que todavía puede producirse alguna reproducción.

Durante el día, los medios aéreos permiten actuar con rapidez ante cualquier salida de fuego, mientras que por la noche se mantiene una vigilancia especialmente intensa. El objetivo es que los humos y puntos calientes que continúan activos permanezcan dentro de la zona ya quemada y no provoquen una nueva propagación. “Gracias al esfuerzo de los bomberos forestales no sufrieron ninguna afección los dos monasterios”, destaca Barrio.

El agente reconoce que después de ocho días de trabajo los efectivos están “agotados”. Él mismo lleva ocho días trabajando en el incendio y admite que, aunque dentro de las posibilidades estaba que el fuego pudiera llegar hasta San Juan de la Peña, personalmente no esperaba que terminara alcanzando este punto. “Me duele mucho”, reconoce al hablar de cómo está viviendo el incendio. Barrio trabajó como forestal durante 16 años en esta zona junto a un compañero que desarrolló allí toda su trayectoria profesional.

El Monasterio Viejo conserva algunos de los elementos más importantes del conjunto de San Juan de la Peña, entre ellos el claustro románico, la iglesia prerrománica y el Panteón Real. El edificio está integrado en la propia montaña y forma parte del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel.

El incendio ha afectado al entorno natural del monasterio, pero por ahora los dos edificios históricos han conseguido superar el avance de las llamas sin afecciones. El operativo mantiene la vigilancia sobre la zona mientras continúan los trabajos para apagar los puntos calientes y consolidar el perímetro.

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos ha registrado este martes un avance importante en su evolución y entra en una fase de estabilización que permite empezar a preparar el regreso de los vecinos evacuados. El operativo se muestra más optimista después de una jornada en la que ha podido ejecutar las maniobras previstas en los diferentes sectores, aunque mantiene la prudencia porque este miércoles volverán las condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas por encima de los 38 grados, humedad relativa inferior al 15% y viento sur seco.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado tras el CECOPI que “hoy podemos decir que ha habido un avance importante en la evolución del incendio” y que el operativo está “más optimista”. El responsable de Interior ha destacado que todas las maniobras previstas durante la jornada han podido llevarse a cabo, aunque ha reconocido que se han producido reproducciones con el aumento de las temperaturas, especialmente en los sectores 5 y 8.

El sector 5 corresponde al entorno de Santa Cruz de la Serós y los monasterios, mientras que el 8 se sitúa en la parte norte del incendio, la zona que hace unos días generó mayor preocupación por el avance de las llamas hacia Monte Oroel. Durante esta noche, los trabajos se centrarán en consolidar los flancos que todavía permanecen activos y en localizar los puntos calientes mediante drones de la UME, la Guardia Civil y los efectivos franceses.

Mañana podrán volver los vecinos de siete municipios

El avance registrado durante la jornada permitirá el regreso este miércoles de los vecinos de siete municipios: Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María, Bailo, Arbués, Alastuey y Larués. El realojo se realizará de forma progresiva y contará con el apoyo de la Guardia Civil.

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas correspondientes a 19 núcleos de población, dos campings y un campamento. De ellas, 73 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones.

El Gobierno de Aragón continúa trabajando para comprobar que los servicios básicos están garantizados antes del regreso de los vecinos. En este sentido, técnicos del Instituto Aragonés del Agua han revisado las infraestructuras afectadas en Atarés y Osia.

En Atarés, el fuego ha afectado a una de las captaciones y a unos 300 metros de tubería, cuya reparación se realizará en colaboración con el Ayuntamiento de Jaca. En Osia, el incendio ha provocado daños en distintos elementos de la balsa y se está realizando una primera valoración para determinar las actuaciones necesarias.

La Dirección General de Salud Pública ha tomado muestras en todos los municipios afectados y Protección Civil ha preparado un dispositivo para proporcionar agua embotellada a los vecinos que puedan regresar.

Además, la Guardia Civil instalará un punto de información en Bailo para atender posibles incidencias que puedan encontrarse los vecinos al regresar a sus domicilios.

Otro día de calor extremo

Pese a la evolución favorable, el operativo mantiene la cautela ante las condiciones previstas para este miércoles. Bermúdez de Castro ha advertido de que será todavía “un día malo de tiempo”, con temperaturas que superarán los 38 grados y una humedad relativa que caerá por debajo del 15%. A estas condiciones se sumará viento del sur seco, que complicará especialmente las horas centrales de la jornada.

El consejero ha destacado que, si se cumplen las previsiones meteorológicas, la situación debería mejorar a partir del jueves, con un descenso de las temperaturas que podría llevarlas incluso por debajo de los valores habituales al final de la semana.

Menos medios, pero con capacidad de refuerzo

El dispositivo previsto para este miércoles será algo menor que el desplegado durante la jornada de este martes, aunque mantendrá capacidad de refuerzo en función de la evolución del incendio.

INFOAR contará con seis brigadas helitransportadas y sus helicópteros, que se utilizarán según las necesidades, además de un helicóptero de coordinación, diez brigadas terrestres y cuatro autobombas. El operativo dispondrá también de un Puesto de Mando Avanzado ligero, personal técnico, el director técnico de extinción y el equipo de apoyo GADEX.

El MITECO mantendrá una BRIF y medios aéreos que se incorporarán también según necesidad. El Ministerio de Defensa aportará dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias.

El dispositivo se completará con bomberos franceses y efectivos de Castilla-La Mancha, así como bomberos del Ayuntamiento y de la Diputación de Huesca y de las diputaciones y el Ayuntamiento de Zaragoza.

La reducción de medios responde también a la necesidad de atender otros incendios que permanecen activos en España. Bermúdez de Castro ha señalado que algunos recursos del MITECO y de otras comunidades han tenido que replegarse hacia otros fuegos, aunque ha destacado que el operativo de Las Peñas de Riglos seguirá contando con medios suficientes y capacidad de refuerzo.

Las carreteras continúan cortadas

Todas las carreteras que permanecían restringidas continúan cerradas a la circulación. Se trata de la A-1205 entre los puntos kilométricos 0 y 41; la A-132 entre los kilómetros 38,8 y 70,8; la N-240 entre los kilómetros 287,9 y 303; la A-1603 entre los kilómetros 0 y 10, en los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña; la A-2602, en el acceso a Bailo; la HU-V-3001, de acceso a Rasal; la HU-V-3003, de acceso a Javierrelatre; y la carretera local HF-0262-BA, de acceso a Atarés.

El Gobierno de Aragón ha pedido además a la población que no se acerque a las zonas acotadas por el incendio. La Guardia Civil ha tenido que expulsar este martes a personas que se habían desplazado a la zona por curiosidad. El operativo recuerda que se trata de áreas peligrosas y que las carreteras permanecen cerradas, entre otras razones, porque los vehículos de extinción circulan por ellas a gran velocidad.

La superficie provisional afectada asciende a 18.400 hectáreas, aunque el aumento respecto a las cifras anteriores responde a una mayor precisión en las mediciones y no a un avance del fuego.

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos avanza en su estabilización tras una jornada de trabajo intenso en la que las pequeñas reproducciones registradas han sido sofocadas por los medios aéreos y terrestres. La superficie provisional afectada se mantiene en 17.500 hectáreas y el fuego alcanza un perímetro aproximado de 100 kilómetros.

El director de Extinción, Francho Aso, ha asegurado que “la mayor parte del incendio” está estabilizada, aunque todavía quedan algunos sectores “en vía de estabilización”. Los trabajos, ha explicado, están siendo “muy contundentes” y “exitosos”, y han permitido alejar los principales riesgos para las poblaciones y puntos especialmente sensibles, como los monasterios de San Juan de la Peña y el Monte Oroel.

Aso ha pedido, no obstante, prudencia ante la evolución del incendio. Las horas más delicadas de la jornada se situaban entre las 17:00 y las 21:00, por la entrada de viento del noroeste, que podía condicionar los sectores que todavía están en vías de estabilización. El director de Extinción ha señalado que es necesario “tener esa paciencia” y esperar a comprobar la evolución antes de hacer un balance definitivo.

El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha explicado que las lluvias del domingo permitieron actuar sobre la zona que más preocupaba al operativo, el flanco derecho en cabeza. En el sector norte-cabeza no se registró llama durante la noche y las precipitaciones ayudaron a apagar fuego en los puntos más complicados, aunque también dejaron barro y dificultaron los trabajos de defensa pasiva.

Durante la jornada, el operativo ha seguido trabajando en la consolidación del perímetro. Según el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, se han producido algunas reproducciones, pero todas han sido sofocadas por los medios aéreos y los equipos terrestres, sin que se hayan registrado mayores dificultades.

El viento del noroeste seguirá condicionando la situación durante este martes y no se prevé un cambio de régimen hasta el miércoles por la tarde. El operativo mantendrá durante las próximas 48 horas la misma estrategia y las prioridades establecidas.

Biendicho ha insistido en un mensaje de “optimismo, pero de prudencia” y ha advertido de que las lluvias no deben generar una falsa sensación de seguridad. El incendio mantiene un perímetro de unos 100 kilómetros y, aunque la superficie no ha aumentado, todavía pueden producirse reproducciones en las zonas quemadas. “No quiere decir que el incendio esté todavía solucionado”, ha recalcado.

Clavero ha incidido en la misma idea tras la reunión del CECOPI y ha advertido de que el incendio sigue siendo “muy grande y todavía muy caliente”, especialmente en algunas de las poblaciones que se encuentran dentro de la zona afectada.

El Gobierno prepara el regreso de algunos evacuados

La evolución favorable del incendio ha permitido al Gobierno de Aragón comenzar a preparar el posible regreso de los vecinos desalojados. Durante la reunión del CECOPI se ha realizado una revisión de las poblaciones evacuadas para comprobar si cumplen las condiciones necesarias para recuperar los servicios básicos y poder autorizar la vuelta.

Esta misma noche se valorará la posibilidad de que este martes comiencen a regresar algunas poblaciones, siempre bajo el control y la autorización del Puesto de Mando Avanzado. El regreso comenzaría previsiblemente por las localidades del flanco izquierdo más alejadas del incendio, entre ellas Bailo y Larués.

En cambio, las poblaciones situadas dentro del área afectada, como Alastruey, Ena y Centenero, podrían tener que esperar entre 24 y 48 horas más por motivos de seguridad. Clavero ha señalado que el objetivo es recuperar progresivamente la normalidad, pero siempre en función de la evolución del incendio.

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas correspondientes a 19 núcleos de población, además de dos campings y un campamento. De ellas, 73 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones. Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca han quedado desconfinadas.

Durante la jornada se han organizado convoyes para que los vecinos pudieran acceder a sus localidades para recoger pertenencias, medicamentos y ropa, así como atender a sus animales. Uno de ellos ha permitido este lunes el acceso de 47 personas a Santa Cruz de la Serós, acompañadas por voluntarios de Protección Civil y la Guardia Civil.

El agua, principal obstáculo para recuperar los servicios

El Gobierno de Aragón ha revisado los servicios básicos de las poblaciones afectadas como paso previo a un eventual regreso. Las telecomunicaciones ya están restablecidas y el suministro eléctrico se ha recuperado prácticamente por completo.

El principal problema es ahora el agua potable. Técnicos de la Dirección General de Salud Pública han comenzado la toma de muestras en nueve de los pueblos afectados y continuarán este martes en el resto de núcleos. Los análisis determinarán si el agua es apta para el consumo humano.

El Instituto Aragonés del Agua también desplazará técnicos a Atarés y Osia para evaluar posibles daños en las captaciones. En Atarés, donde una de las dos captaciones se ha visto afectada, se estudiará su recuperación mediante una obra de emergencia.

Mientras se recupera la calidad del agua de los depósitos, Protección Civil ha preparado un dispositivo para suministrar agua embotellada a la población. Clavero ha explicado que, inicialmente, el agua de los depósitos podría utilizarse para usos domésticos, pero no para consumo humano.

También se ha revisado el estado de las carreteras afectadas y se ha preparado un plan de reparación urgente. El objetivo es que puedan quedar reparadas y en uso sin limitaciones en un plazo de 48 horas.

Más de un millar de efectivos

El operativo ha mantenido durante la jornada un amplio despliegue, con 42 medios aéreos y alrededor de un millar de efectivos.

Para este martes, INFOAR contará con dos brigadas helitransportadas con sus helicópteros de carga media y otras cuatro brigadas helitransportadas con helicópteros de carga ligera, además del helicóptero de coordinación. El dispositivo terrestre estará formado por 12 brigadas, 12 autobombas y tres bulldozer, a los que se sumarán otros cinco bulldozer y dos helicópteros bombarderos ligeros contratados por el Gobierno de Aragón.

El Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá tres BRIF, tres aviones anfibios FOCA, un avión de coordinación, un avión bombardero con base en Plasencia del Monte, cuatro helicópteros bombarderos ligeros, cuatro aviones anfibios ligeros, cuatro aviones de carga en tierra y dos helicópteros bombarderos medios.

La Unidad Militar de Emergencias reducirá este martes su despliegue a dos secciones, mientras que el dispositivo contará también con medios procedentes de Francia, Navarra, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha, además de los bomberos de Huesca y Zaragoza.

Tres heridos dados de alta tras el accidente de la UME

Las tres personas que resultaron heridas en el accidente registrado este domingo, en el que falleció un miembro de la Unidad Militar de Emergencias, ya han recibido el alta médica. Una de ellas fue atendida en el lugar del accidente y las otras dos fueron trasladadas a los hospitales Miguel Servet de Zaragoza y de Jaca.

Biendicho ha reiterado el pésame del Gobierno de Aragón a la familia, amigos y compañeros del militar fallecido y ha destacado el trabajo de todos los efectivos que participan en el dispositivo.

Carreteras y ferrocarril

El incendio mantiene cortadas la A-1205 entre los puntos kilométricos 0 y 41; la A-132 entre los kilómetros 38,8 y 70,8; la N-240 entre los kilómetros 287,9 y 303; la A-1603 en los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña; la A-2602 en el acceso a Bailo; las carreteras HU-V-3001, de acceso a Rasal, y HU-V-3003, de acceso a Javierrelatre, y la carretera local HF-0262-BA, de acceso a Atarés.

La circulación ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe, que permanecía suspendida por el incendio, ha quedado restablecida este lunes por la tarde.

El Gobierno de Aragón mantiene además el luto oficial por el fallecimiento del militar de la UME hasta las 12:00 de este martes.

La lluvia ha dado un respiro este domingo al incendio de Peñas de Riglos, que continúa activo pero ha logrado contener en gran parte el avance del frente en dirección noreste y ya mantiene más de un 40% de su perímetro consolidado. La jornada ha estado además marcada por el fallecimiento de un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participaba en las labores de extinción, en un accidente de tráfico ocurrido durante el operativo.

Las precipitaciones que han comenzado a mitad de la tarde han permitido mejorar la situación y han reducido la tensión en las horas más complicadas del día. El Gobierno de Aragón mantiene, no obstante, la prudencia ante un incendio de grandes dimensiones, con más de 17.000 hectáreas afectadas y un perímetro aproximado de 60 kilómetros. La estrategia para esta noche pasa por continuar consolidando el perímetro y reforzar la defensa de las poblaciones.

El director de extinción, Francho Aso, ya había señalado durante la tarde que la evolución permitía mirar la situación “con cierto optimismo” después de contener parte del avance en los sectores que más preocupaban, especialmente en la zona este-noreste. Aso había pedido, no obstante, “muchísima prudencia” porque el incendio continúa muy condicionado por la meteorología y queda todavía mucho trabajo por delante.

La actualización de las 20:00 del Gobierno de Aragón confirma que más de un 40% del perímetro ya está consolidado. La estrategia para las próximas horas se centra en continuar perimetrando el flanco derecho y mantener la defensa de las poblaciones amenazadas por el fuego.

La evolución de la tarde ha sido más favorable después de que las tormentas que se habían formado en el entorno del incendio dejaran finalmente lluvia sobre la zona. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que el agua ha mejorado la situación, aunque ha insistido en que el incendio sigue descontrolado y que hay que mantener la prudencia. “El incendio no se encuentra como ayer, está menos caliente que ayer”, ha señalado, antes de advertir de que continúa en una situación “complicada” por la extensión de las masas forestales y la dificultad del terreno.

La zona norte ha sido la más crítica durante la jornada. Bermúdez de Castro ha recordado que el fuego llegó a avanzar ayer unos tres kilómetros en apenas tres cuartos de hora y que las llamas llegaron a verse hacia Oroel. Este domingo, sin embargo, el operativo ha conseguido detener ese avance y establecer un límite en la carretera de Oroel, donde se han desplegado numerosas unidades. También se ha conseguido actuar en la zona baja de Botaya.

En la parte sur, junto al pantano de La Peña y Anzánigo, los trabajos han permitido evitar que el fuego cruzara la carretera y avanzara por una extensa masa forestal. Bermúdez de Castro ha calificado de éxito las actuaciones realizadas en este punto.

La parte izquierda del incendio presenta una evolución mucho más favorable. Según el consejero, hay puntos que ya están fríos, aunque se siguen produciendo algunas reproducciones que obligan a mantener los trabajos de extinción.

La meteorología ha tenido un papel determinante durante la jornada. Las tormentas que se han producido a mitad de la tarde, cuando el incendio suele presentar una evolución más complicada, han permitido reducir la tensión en el operativo. Bermúdez de Castro ha explicado que inicialmente no se esperaba que estas tormentas descargaran en la zona del incendio y finalmente se han producido “dos o tres tormentas” en su entorno.

Un militar de la UME fallece durante el operativo

La jornada ha estado marcada por el fallecimiento de un militar de la Unidad Militar de Emergencias que participaba en las labores de extinción del incendio. El camión en el que viajaba junto a otros tres ocupantes ha caído por un barranco cerca de Atarés. El accidente ha dejado además un herido grave y dos leves, según ha informado Heraldo de Aragón.

El consejero de Interior ha lamentado el fallecimiento y ha destacado especialmente el trabajo realizado durante la jornada por la UME en la zona de la carretera de Oroel, donde sus efectivos estaban desplegados para contener el avance del fuego. “La UME hoy ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel”, ha señalado.

El fallecimiento se produce en una jornada en la que la UME ha mantenido cuatro secciones trabajando simultáneamente en el incendio, con 120 efectivos desplegados en primera línea, además de 12 autobombas, dos nodrizas y dos bulldozer. A estos medios se han sumado un helicóptero bombardero Cougar y tres bulldozer del Ejército de Tierra.

Más de 1.000 efectivos y medios de varias comunidades

Durante este domingo han trabajado en el incendio 42 medios aéreos y alrededor de 1.000 efectivos. El operativo ha contado con medios de Aragón, el Gobierno de España, otras comunidades autónomas y Francia.

Para la noche se mantendrán 14 brigadas terrestres de INFOAR, 12 autobombas y tres bulldozer, además del Puesto de Mando Avanzado, los técnicos de extinción y el personal de apoyo al director técnico.

El MITECO mantendrá dos BRIF, mientras que la UME continuará trabajando con sus cuatro secciones de forma simultánea, con 120 efectivos en primera línea, 12 autobombas, dos nodrizas y dos bulldozer.

También permanecerán durante la noche tres autobombas, una nodriza y 40 efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid, dos brigadas terrestres de Castilla-La Mancha y medios de los bomberos de Huesca, las diputaciones de Huesca y Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza. Se mantendrán además los bulldozer contratados para reforzar los trabajos de maquinaria pesada.

El dispositivo se ampliará de nuevo este lunes con la incorporación de los medios aéreos y terrestres previstos. INFOAR contará con seis brigadas helitransportadas, seis helicópteros de carga, 12 brigadas terrestres, 12 autobombas y tres bulldozer. El MITECO aportará tres BRIF con seis helicópteros medios, tres aviones FOCA, cuatro aviones anfibios ligeros, cuatro aviones de carga en tierra, dos helicópteros bombarderos medios y otros medios de coordinación y extinción.

La Unidad Militar de Emergencias mantendrá sus cuatro secciones, además del helicóptero bombardero Cougar y tres bulldozer del Ejército de Tierra. Francia incorporará un helicóptero Super Puma, un centenar de efectivos y 16 autobombas, mientras que continuarán llegando medios de otras comunidades autónomas.

Los bomberos franceses han llegado ya este domingo y comenzarán a trabajar mañana. Bermúdez de Castro ha agradecido además la colaboración de los vecinos de Jaca, algunos de los cuales han ofrecido sus propias viviendas para alojar a los efectivos franceses.

Santa Cilia de Jaca se ha convertido también en un punto estratégico para el operativo aéreo. El aeródromo ha funcionado durante la jornada como un punto de repostaje para los medios aéreos ligeros y los helicópteros, lo que ha permitido reducir los desplazamientos hasta sus bases y agilizar las operaciones.

19 poblaciones y dos campings desalojados

El incendio mantiene desalojadas 19 poblaciones, además de dos campings, con un total de 1.046 personas afectadas por los desalojos. Por el momento no hay previsión de retorno a las viviendas de ninguno de los núcleos evacuados.

Durante la jornada, Protección Civil ha organizado convoyes para permitir que algunos vecinos pudieran acceder de forma puntual a sus localidades para recoger enseres y atender a sus animales. Los accesos se han realizado acompañados por Protección Civil y Guardia Civil.

La situación seguirá siendo evaluada en función de la evolución del incendio y de las condiciones meteorológicas. La estrategia para esta noche pasa por continuar consolidando el perímetro y reforzando la defensa de las poblaciones.

Bermúdez de Castro ha insistido en que, pese a la mejoría experimentada durante la tarde, no hay que bajar la guardia. “Más vale ser pesimista o optimista y ser realista con la situación del incendio”, ha señalado. Y ha resumido el escenario actual: el fuego está “menos caliente que ayer”, pero continúa en una situación “complicada” y requiere seguir trabajando y mantener la prudencia.

La alcaldesa de Santa Cruz de la Serós, María Fe Viñacua, ha advertido este sábado de la situación que atraviesa el municipio por el avance del incendio forestal de Las Peñas de Riglos. “El pueblo se está convirtiendo en una ratonera”, ha señalado en un mensaje grabado desde la localidad, después de explicar que el fuego está llegando desde otro frente y que los voluntarios tenían que abandonar el núcleo.

Viñacua ha explicado que en el municipio permanecen efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos profesionales, que le han asegurado que trabajarán para proteger las viviendas. “Me han asegurado que las van a salvar, me han asegurado que cuando volvamos tendremos casas”, ha señalado.

Santa Cruz de la Serós es uno de los núcleos que el operativo ha tenido que proteger durante la evolución del incendio. Durante la noche, la localidad vivió momentos especialmente complicados, según ha explicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, que situó entre la una y las dos de la madrugada el momento de mayor dificultad. Bomberos y voluntarios trabajaron para contener el fuego y finalmente consiguieron defender el núcleo.

El director de extinción, Francho Aso, ha señalado que la prioridad del operativo continúa siendo la defensa de las poblaciones, una tarea que condiciona las actuaciones en el resto del perímetro. El flanco derecho y la cabeza derecha concentran actualmente buena parte de la actividad, mientras el viento está obligando a reorganizar las maniobras previstas.

Una crítica a las políticas sobre el territorio

La alcaldesa ha aprovechado la presencia de los medios de comunicación para reclamar que las decisiones que afectan a las zonas rurales tengan en cuenta a quienes viven en ellas. “Si las políticas y las leyes se hicieran en vez de desde una oficina de Zaragoza, Madrid o Bruselas, nos pidieran permiso y nos pidieran opinión a la gente que vivimos en los territorios”, ha reivindicado.

Viñacua ha extendido su crítica a las políticas territoriales desarrolladas durante las últimas décadas y ha recalcado que no responsabiliza únicamente a la Administración actual. A su juicio, la situación actual era previsible y determinadas figuras de protección del territorio han terminado dificultando su gestión. “Tanto paisaje protegido, tanto parque cultural, lo que han hecho es desprotegerlo”, ha afirmado.

La regidora ha defendido así que las personas que viven en estos territorios deben tener mayor capacidad de decisión sobre las políticas que afectan a su entorno y ha reclamado que se tenga en cuenta su conocimiento del territorio.

Su mensaje ha terminado con un agradecimiento a quienes continúan trabajando sobre el terreno, especialmente voluntarios, agricultores, Guardia Civil y efectivos de emergencias. Viñacua ha destacado que son quienes están sosteniendo a los vecinos en una situación que se prolonga ya durante varios días.

Un incendio que mantiene bajo presión a los pueblos

El incendio de Las Peñas de Riglos supera ya las 15.000 hectáreas y mantiene actividad en buena parte del perímetro. El operativo trabaja este sábado con más de 600 efectivos y entre 30 y 36 medios aéreos, mientras el viento está complicando especialmente las labores en el flanco derecho y la cabeza del incendio.

Durante la noche, además de Santa Cruz de la Serós, los equipos tuvieron que defender Centenero, mientras el fuego se aproximó a otros núcleos como Santa María de la Peña, Triste, Yeste, Binacua, Botaya y Atarés. En este último frente se mantiene un despliegue importante de medios.

El avance del incendio ha obligado también este sábado a ordenar la evacuación de Bernués, cuyos 25 vecinos serán trasladados a Jaca. La situación sigue siendo cambiante y la dirección de extinción ha advertido de que las condiciones meteorológicas, especialmente el viento y la posible inestabilidad asociada a las tormentas, pueden obligar a modificar las maniobras de extinción.

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos continúa activo este sábado y alcanza ya las 16.600 hectáreas, en una jornada marcada por un cambio brusco del viento que ha provocado una lengua de fuego de casi tres kilómetros y ha acercado las llamas a la zona de Peña Oroel. El episodio ha generado alarma entre los servicios de emergencia y la población de la zona, según ha explicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del CECOPI de este sábado.

La situación preocupa especialmente en el flanco derecho del incendio. En la parte alta, el fuego podría progresar desde Atarés hacia Monte Oroel, mientras que en la zona baja, junto al pantano, Anzánigo se ha convertido en uno de los puntos más críticos. Allí el operativo trabaja para evitar que las llamas salten la carretera y ha desplegado fuego técnico y numerosos efectivos. En la zona norte, Botaya continúa siendo otro de los puntos complicados.

La evolución del incendio ha obligado a reforzar las medidas preventivas en el entorno de Oroel. Este sábado se ha enviado un ES-Alert para pedir a las personas que estuvieran realizando excursiones u otras actividades en zonas forestales que abandonaran la zona. El aviso se repetirá este domingo a las 08.00, 12:00 y 16:00 para evitar que personas accedan al área, considerada peligrosa.

El cambio de viento se produjo alrededor de las 12.30 horas y modificó de forma importante la evolución del fuego en el flanco derecho-norte. La lengua de casi tres kilómetros se aproximó a Oroel y obligó a extremar la vigilancia sobre esta zona. Bermúdez de Castro ha explicado que, a última hora de la tarde, el incendio se encontraba a unos tres kilómetros de una de las zonas de Oroel y que durante la tarde se había vivido un momento especialmente complejo por el viento del oeste.

En estos momentos, la principal preocupación continúa concentrada en el flanco derecho, mientras el flanco izquierdo, en la zona de la carretera del puerto de Santa Bárbara, permanece bastante asentado.

El operativo trabaja en el flanco derecho con maquinaria pesada, fuego técnico, medios aéreos y ataque directo, además de reposicionar efectivos para preparar las maniobras de la tarde y la noche. También se continúa consolidando el perímetro hacia Puente la Reina, Binacua y Santa Cilia.

La prioridad sigue siendo la defensa de las poblaciones. Santa Cruz de la Serós y el resto de núcleos urbanos continúan bajo especial vigilancia después de una noche especialmente complicada, en la que los equipos tuvieron que proteger distintos puntos del perímetro.

“Hay incendio para rato”

La meteorología está siendo más desfavorable de lo previsto inicialmente. Los cambios erráticos del viento están dificultando las labores de extinción y provocando modificaciones en la dinámica del fuego.

El director de extinción, Francho Aso, ya había advertido durante la jornada de que las condiciones estaban complicando especialmente el flanco derecho y la cabeza del incendio. La posible llegada de tormentas introduce además un factor de inestabilidad que puede dificultar las maniobras. Aunque la lluvia sería beneficiosa, el viento asociado a las tormentas puede generar nuevas dificultades.

Bermúdez de Castro ha advertido de que, si no llegan precipitaciones importantes, “hay incendio para rato”. El consejero espera que este domingo haya menos viento y confía en que pueda llegar lluvia, aunque ha pedido prudencia ante la evolución de las previsiones meteorológicas.

Refuerzo del dispositivo

La complejidad del incendio ha llevado a reforzar el operativo para las próximas horas. La UME incorporará una cuarta sección desde las 21.00 horas de este sábado. Además, el Ejército de Tierra aportará a partir de este domingo entre cinco y seis bulldozer de su grupo de ingenieros para colaborar en la apertura de nuevos cortafuegos.

También se ha activado el mecanismo europeo de ayuda entre Estados. De momento, este domingo llegará un helicóptero Super Puma francés, mientras que podrían incorporarse posteriormente aeronaves de otros países. Aragón ha activado además el mecanismo de apoyo entre comunidades autónomas para solicitar más efectivos, especialmente bomberos, con el objetivo de facilitar los relevos y los descansos del personal que lleva varios días trabajando.

Durante la noche permanecerá un amplio dispositivo terrestre formado por 16 brigadas de INFOAR, 12 autobombas y tres bulldozer, además del Puesto de Mando Avanzado y los equipos de dirección y apoyo a la extinción.

La UME mantendrá cuatro secciones trabajando de forma simultánea, mientras que el MITECO dejará una BRIF de Daroca. El dispositivo nocturno se completará con medios de los bomberos de Huesca y Zaragoza y con maquinaria pesada contratada.

Bermúdez de Castro ha cifrado en alrededor de 450 las personas de la UME desplegadas actualmente en el incendio.

Los monasterios de San Juan de la Peña, a salvo

El entorno de San Juan de la Peña continúa bajo especial vigilancia, aunque los dos monasterios han podido ser salvaguardados. Bermúdez de Castro ha asegurado que durante este sábado no se ha producido ningún problema en los monasterios y ha señalado que tanto los pueblos como los bienes patrimoniales continúan a salvo.

El incendio también ha provocado problemas en las comunicaciones en el entorno de Jaca. Una de las antenas situadas en San Juan de la Peña, correspondiente a la red TETRA de emergencias, pudo ser salvada. También se han registrado incidencias en otros servicios de comunicación y telefonía, algunas de las cuales ya han sido recuperadas.

Evacuados y medidas preventivas

La evolución del incendio ha obligado este sábado a ordenar la evacuación de Bernués mediante un mensaje ES-Alert. Las 25 personas residentes en el municipio serán trasladadas a Jaca.

El director de extinción, Francho Aso, había explicado horas antes que en la zona más activa existen varias poblaciones próximas a Bernués, aunque inicialmente no consideraba que el municipio fuera a verse afectado. No obstante, insistió en que la situación meteorológica es muy cambiante y que no se puede descartar ninguna circunstancia.

Durante la noche anterior se mantenían las 18 localidades evacuadas, según explicó Sara Pellegrin, técnica del Servicio de Seguridad y Protección Civil 112 del Gobierno de Aragón. Los dos desconfinamientos que permanecían activos el viernes fueron eliminados a última hora de la noche.

En cuanto a las personas alojadas en los recursos habilitados, 35 permanecían en la Escuela Militar de Montaña de Jaca y 41 en Ayerbe en el momento de las declaraciones de Protección Civil, todas ellas sin incidencias. Los núcleos evacuados son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo, Osia y Bernués.

Además del ES-Alert de Oroel, se mantienen las medidas de protección de la población en las zonas más próximas al incendio.

Carreteras cortadas

El incendio mantiene cortados varios tramos de carretera de la zona. Permanece cerrada la A-132 entre los kilómetros 38 y 71, entre Murillo de Gállego y Puente la Reina; la A-1205 entre los kilómetros 16, en Bernués, y 41,5, en Santa María de la Peña; y la N-240 entre los kilómetros 297 y 303, entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca.

También están cortadas la pista asfaltada entre la N-240 y Alastuey, la A-1603 entre los kilómetros 0 y 18 y la HUV-3001 desde Rasal hasta el cruce con la A-1205, en el kilómetro 34.

Continúa además suspendida la circulación ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.

Bermúdez de Castro ha pedido asimismo máxima prudencia a la población y ha reclamado que no se salten los cortes de carretera. Ha advertido de que los vehículos de emergencias circulan a gran velocidad por estas vías y que acceder a las zonas cerradas supone un riesgo tanto para los particulares como para los propios equipos de extinción.

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos continúa activo este viernes y se ha complicado durante la tarde en la zona de la cola, donde las llamas se han aproximado a Santa María de la Peña, hasta el punto de obligar a cancelar una convocatoria de medios prevista en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) por motivos de seguridad. La localidad, que ha sido evacuada durante la jornada, alberga el centro desde el que se coordina parte de la emergencia. El fuego afecta ya a unas 12.000 hectáreas, con un perímetro de 58 kilómetros, y el operativo mantiene como una de sus principales prioridades la defensa del entorno de los monasterios de San Juan de la Peña.

El fuego ha vuelto a complicarse durante la tarde en distintos puntos. Según la última actualización de INFOAR, el incendio mantiene un 40% de su perímetro consolidado y el flanco derecho es el que presenta mayor actividad, especialmente en los sectores 2 y 4. Los sectores 5 y 6 presentan propagaciones cambiantes debido al viento errático.

La situación se ha visto condicionada por la aparición de una tormenta a primera hora de la tarde, que ha alterado el comportamiento del fuego y ha complicado las labores de extinción. Los sectores 1 y 3 presentan una evolución favorable, mientras que los esfuerzos se concentran ahora en la defensa de las poblaciones situadas en los sectores más comprometidos, así como en los dos monasterios y Santa Cruz de la Serós.

Las llamas se acercan al Puesto de Mando

La proximidad del fuego a Santa María de la Peña ha obligado a extremar las medidas de seguridad en la zona en la que se encuentra instalado el Puesto de Mando Avanzado, desde el que se coordina el operativo. La convocatoria de medios prevista en este punto ha tenido que ser cancelada ante la cercanía de las llamas.

La situación se produce después de que Santa María de la Peña haya sido evacuada este viernes, dentro de una nueva oleada de desalojos que ha afectado a varios núcleos del entorno. Durante la madrugada fueron evacuados también Triste, La Peña Estación y Yeste y, posteriormente, se ordenaron los desalojos de Anzánigo y Atarés.

En total, el incendio ha obligado ya a evacuar 18 núcleos de población y el Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca, con 1.021 personas afectadas desde el inicio de la emergencia. Los núcleos evacuados son Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey, Botaya, Osia, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Atarés y Anzánigo, además del Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca.

En Anzánigo, además, fue evacuado por precaución un campamento en el que se encontraban 19 niños y cinco adultos, que fueron trasladados al polideportivo de Ayerbe. Santa Cilia de Jaca—donde las llamas se encuentran ya muy próximas al pueblo—, Puente la Reina de Jaca y Bernués permanecen en situación de prealerta, mientras los servicios de emergencia mantienen la vigilancia sobre estas poblaciones ante la evolución del incendio.

San Juan de la Peña, entre las prioridades

El avance del fuego mantiene también la atención sobre el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. El incendio alcanzó este jueves el límite del espacio natural y una lengua de fuego llegó a saltar en algunos puntos hacia el interior.

La evolución de las llamas obligó a modificar la estrategia de extinción y a concentrar recursos en este sector para proteger tanto el espacio natural como los dos monasterios. Durante este viernes, además, la cola del flanco derecho ha registrado una proyección hacia el entorno del Monasterio Nuevo, favorecida por un viento de componente este asociado a las tormentas.

El fuego ha entrado en la pradera y ha llegado a rodear el Monasterio Nuevo, aunque sin alcanzar el edificio. El Monasterio Viejo también ha permanecido protegido. El Gobierno de Aragón mantiene medios destinados específicamente a su defensa y contempla incluso la utilización de retardante si las condiciones lo hacen necesario, siempre en coordinación con los responsables de Patrimonio.

La amenaza llevó el jueves a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y técnicos de Patrimonio a entrar en el Monasterio Viejo para poner a salvo algunos de los bienes históricos que conserva. Los militares tuvieron que interrumpir temporalmente los trabajos por la proximidad de las llamas y regresaron posteriormente para completar la extracción.

Entre los bienes rescatados se encuentran los restos del Panteón Real, trasladados al Museo de Huesca, además de otras piezas de valor histórico. El general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, ha destacado que la intervención permitió poner a salvo estos bienes y defender tanto el Monasterio Nuevo como el Viejo.

Un incendio condicionado por el viento

La evolución del fuego está siendo especialmente cambiante debido a las condiciones meteorológicas. La tormenta registrada durante la tarde ha complicado el comportamiento de las llamas y ha obligado al operativo a adaptarse a los cambios en la propagación.

Los esfuerzos de extinción se centran actualmente en la defensa de las poblaciones situadas en los sectores 2 y 4, que son los que presentan mayor actividad, además de en la protección de los dos monasterios de San Juan de la Peña y de Santa Cruz de la Serós.

La Dirección de Extinción ha destacado el trabajo que están desarrollando las brigadas y el conjunto de efectivos del operativo INFOAR, junto con las distintas organizaciones y administraciones que participan en la emergencia.

Más de 600 efectivos y 38 medios aéreos

El dispositivo mantiene este viernes un amplio despliegue de medios aéreos y terrestres, con casi 600 efectivos y 38 medios aéreos de diferentes administraciones. Aragón cuenta con recursos propios y con la colaboración de la UME, el MITECO y medios procedentes de Navarra, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Durante la noche permanecerán desplegadas 16 brigadas terrestres, 12 autobombas y tres bulldozer de INFOAR, además de una BRIF del MITECO y dos secciones de la UME, con 80 efectivos, 12 autobombas, dos vehículos nodriza y dos bulldozer. El dispositivo se completa con medios de los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca y de las diputaciones de Huesca y Zaragoza.

La meteorología seguirá siendo determinante durante las próximas horas. El viento errático asociado a las tormentas ha dificultado la extinción durante la tarde, mientras que para los próximos días se confía en la llegada de precipitaciones que puedan mejorar las condiciones para combatir el incendio.

El Gobierno de Aragón ha valorado positivamente la colaboración de los agricultores con maquinaria, aunque ha insistido en que todas las actuaciones deben realizarse de forma coordinada. Para ello se ha designado a un agricultor responsable encargado de trasladar las indicaciones del CECOPI.

El Ejecutivo ha alertado además de la circulación de un bulo que solicita donaciones para los agricultores y ganaderos que colaboran en la extinción y ha recordado que los gastos derivados de esta colaboración son asumidos por la Administración.

Carreteras y tren cortados

El incendio mantiene importantes restricciones en las comunicaciones. Continúan cortadas la A-132, entre Murillo de Gállego y Puente la Reina de Jaca; la A-1205, desde Santa María de la Peña; la N-240, entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca; la A-1603; la pista asfaltada que conecta la N-240 con Alastuey y la HUV-3001 desde Rasal hasta el cruce con la A-1205.

Además, se ha suspendido la circulación ferroviaria por la vía convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe debido al incendio. La interrupción se mantendrá hasta nuevo aviso.

El operativo mantiene como prioridades durante las próximas horas la contención de las propagaciones, la defensa de las poblaciones amenazadas y la protección del entorno de San Juan de la Peña, mientras la evolución del fuego continúa condicionada por el viento y los cambios meteorológicos.

El fuego del incendio de Riglos ya ha llegado al entorno de uno de los lugares más simbólicos de Aragón: San Juan de la Peña y sus monasterios. Durante aproximadamente cuatro horas, entre la una y las cinco de la tarde, tanto el Monasterio Nuevo como el Viejo han estado “en grave peligro de desaparición”, según ha explicado el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro. Las llamas han alcanzado la parte superior del Monasterio Viejo, aunque por el momento no han afectado a su estructura, mientras que los equipos de extinción han tenido que realizar un fuego técnico en la pradera del Monasterio Nuevo para evitar que el incendio llegase al edificio.

La evolución del incendio durante la tarde ha sido “mucho peor de lo esperado y mucho más rápido de lo esperado”. Las llamas han llegado a las cortadas de San Juan de la Peña y su rápida propagación ha obligado incluso a retirar algunos medios que se encontraban trabajando en determinados puntos para garantizar la seguridad de los efectivos. La prioridad del dispositivo ha sido proteger tanto a la población como al conjunto patrimonial, considerado por el Gobierno de Aragón un bien de todos los aragoneses.

La situación ha obligado además a intervenir directamente en el Monasterio Viejo. Una agente de protección de la naturaleza y efectivos de la UME especializados en la extracción de bienes patrimoniales han accedido al edificio para sacar de forma urgente aquellos elementos de mayor valor que podían ponerse a salvo. La Guardia Civil había sido preavisada ante la proximidad del fuego.

Según ha explicado el consejero, el fuego ha alcanzado la parte superior del Monasterio Viejo y han caído sobre la zona algunos elementos quemados. Sin embargo, ha precisado que, por el momento, “no se ha quemado la estructura”. El principal desperfecto en el edificio es la puerta que los efectivos tuvieron que derribar para poder acceder a su interior y retirar los bienes.

En el entorno del Monasterio Nuevo, la propia actuación de los equipos de extinción ha provocado la quema de la pradera situada frente al edificio. No se trata de una zona alcanzada por el incendio, sino de un fuego técnico realizado por INFOAR y la UME con el objetivo de crear una defensa y evitar que las llamas llegasen hasta el monasterio. La actuación ha permitido rebajar la intensidad del fuego en la zona.

Esta noche el dispositivo mantendrá una vigilancia especial sobre San Juan de la Peña. La UME, Bomberos de las diputaciones de Zaragoza y Huesca e INFOAR desplegarán efectivos en la zona ante la posibilidad de que un cambio de viento pueda modificar el comportamiento del fuego.

La cuna del Reino de Aragón

San Juan de la Peña está considerado por la tradición como la cuna del Reino de Aragón. El monasterio, cuyos primeros orígenes se remontan al siglo X, fue durante la Edad Media uno de los centros religiosos y políticos más importantes de la primera monarquía aragonesa. También fue panteón de los primeros reyes de Aragón y quedó ligado a algunas de las grandes historias y leyendas del territorio, entre ellas la del Santo Grial.

El Monasterio Viejo se encuentra bajo la gran roca que le da nombre y conserva elementos de distintas épocas. Entre ellos están la iglesia prerrománica, las pinturas de San Cosme y San Damián, del siglo XII, el Panteón de Nobles, la iglesia superior, consagrada en 1094, y la capilla gótica de San Victorián. Su elemento más conocido es el claustro románico, integrado en la propia montaña. El conjunto conserva además el Panteón Real, donde fueron enterrados algunos de los primeros monarcas aragoneses.

La historia del monasterio tampoco ha estado libre de incendios. El más grave se produjo en 1675 y duró tres días. Las llamas dejaron el edificio en unas condiciones que hicieron imposible mantener allí la vida monástica y llevaron a los religiosos a levantar un nuevo monasterio en las proximidades.

Las obras del Monasterio Nuevo comenzaron en 1676, en el Llano de San Indalecio. La construcción se prolongó durante décadas y el edificio terminó convirtiéndose en la nueva sede de la comunidad. Tras la desaparición de las comunidades religiosas en el siglo XIX, el monasterio fue abandonado y sufrió un progresivo deterioro hasta su rehabilitación en el siglo XX. Hoy el Monasterio Nuevo acoge espacios dedicados a explicar la historia del cenobio y del Reino de Aragón..

Un paisaje protegido de 9.514 hectáreas

Sin embargo, el valor del enclave no es solo patrimonial. El entorno natural está considerado como Paisaje Protegido y ocupa 9.514 hectáreas entre Bailo, Caldearenas, Jaca, Las Peñas de Riglos, Santa Cilia y Santa Cruz de la Serós. Se trata de un espacio de media montaña con una importante masa forestal, en la que conviven especies y ambientes de influencia atlántica y mediterránea. Además, es hábitat de numerosas aves rapaces, entre ellas el quebrantahuesos, el alimoche, el águila real, el buitre leonado y el halcón peregrino.

En 1869, el Estado planteó la subasta del monte de San Juan de la Peña. El entonces ingeniero jefe del Distrito Forestal de Huesca, José Bragat y Viñals, se opuso a separar el entorno natural del santuario y dejó una frase que ha quedado vinculada a la historia de la protección del lugar: “Quitad el monte al Santuario y habréis mutilado el monumento”. La defensa del entorno continuó en las décadas siguientes. En 1920 fue declarado Sitio Nacional y en 2007 pasó a contar con la figura actual de Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel.

Ahora, el incendio de Riglos ha puesto a prueba esa unión entre patrimonio y paisaje. El fuego ha penetrado en el entorno protegido y ha llegado hasta los dos monasterios, obligando a desplegar un dispositivo específico para evitar que las llamas puedan seguir avanzando.

La situación continúa siendo delicada. Durante la noche se mantendrá un dispositivo específico en la zona del monasterio, mientras el incendio seguirá condicionado por el viento de sur y las altas temperaturas. Para este viernes están previstos 33 medios aéreos, el máximo que permite el control del espacio aéreo, y se espera que a partir del sábado desciendan las temperaturas y aumente la posibilidad de tormentas

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos sigue avanzando tras una noche “muy complicada” y ha obligado a ampliar de nuevo las medidas de protección para la población. Con las últimas evacuaciones de Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia, son ya 12 los núcleos desalojados y más de 800 las personas evacuadas desde el inicio del fuego. El incendio alcanza ya unas 8.000 hectáreas y mantiene un perímetro de 58 kilómetros. El fuego mantiene como uno de sus principales puntos de preocupación la zona de cabeza, donde una lengua de fuego ha alcanzado el muro del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, y ha saltado en algunos puntos hacia el interior del entorno.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha explicado que el operativo ha tenido que modificar su estrategia para reforzar la defensa de esta zona y evitar que las llamas puedan afectar a los dos monasterios de San Juan de la Peña. Los sectores 6 y 4 concentran buena parte de los esfuerzos, junto a la protección de las poblaciones situadas en este flanco. Biendicho ha descrito el incendio como una emergencia “muy compleja” y ha explicado que las condiciones meteorológicas y el comportamiento del fuego están obligando a adaptar continuamente los trabajos de extinción.

A las localidades que permanecían evacuadas desde los primeros días se han sumado en las últimas horas Santa Cruz de la Serós y Binacua, que reúnen aproximadamente 300 habitantes, y Osia, donde solo permanecían dos familias. Además, Puente la Reina de Jaca permanece confinado por la evolución del incendio. Las personas evacuadas que no tengan alojamiento alternativo serán trasladadas a la Escuela Militar de Montaña de Jaca.

Por su parte, el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado tras la reunión del CECOPI que el incendio ha mantenido una elevada intensidad durante la noche, hasta aproximadamente las 04.00. “Ha sido una noche bastante complicada”, ha resumido. La superficie afectada se estima ya en unas 8.000 hectáreas, aunque se trata de una cifra provisional. El perímetro alcanza los 58 kilómetros. Biendicho ha señalado que el cálculo de superficie tendrá que seguir ajustándose a medida que avance la delimitación del incendio.

Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia, evacuados

Con las evacuaciones de este jueves, son ya 12 los núcleos de población desalojados desde el inicio del incendio: Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia. A ellos se suma el desalojo de un camping de la zona.

Hasta ahora permanecían evacuadas 577 personas de los nueve primeros núcleos, a las que se han sumado aproximadamente 300 vecinos de Santa Cruz de la Serós y Binacua y las dos familias que permanecían en Osia. Con las nuevas evacuaciones, son más de 800 las personas afectadas por los desalojos desde el inicio del incendio.

Protección Civil envió un ES-Alert ordenando la evacuación de Santa Cruz de la Serós y Binacua, cuyos residentes que no dispongan de alojamiento alternativo serán trasladados a la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Poco después se ordenó también el desalojo de Osia, donde únicamente permanecían dos familias.

Además, se mantiene el confinamiento de Puente la Reina de Jaca por la evolución del incendio. Los vecinos deberán permanecer en sus domicilios mientras continúe activa esta medida.

Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia sobre los municipios del entorno y no descartan ampliar las medidas de protección si la evolución del incendio lo hace necesario. El operativo cuenta con apoyo de Navarra, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de medios de la Administración General del Estado.

El incendio mantiene cortadas la A-132, desde el kilómetro 38, en Murillo de Gállego, hasta el 64, en Bailo; la A-1205, entre los kilómetros 38, en Triste, y 41, en Santa María de la Peña; y la N-240, entre los kilómetros 297 y 303, entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina.

Además, el operativo ha alertado de la difusión de un mensaje que solicita la colaboración ciudadana con motosierras, tractores y batefuegos para intervenir en el incendio. Se trata de un bulo, según ha advertido el dispositivo, que ha recordado que cualquier solicitud de ayuda a la ciudadanía se realiza únicamente a través de los canales oficiales y se gestiona directamente por los servicios de emergencia.

Más medios terrestres para una jornada complicada

Para este viernes está previsto reforzar el despliegue terrestre frente al incendio. El Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón contará con las unidades helitransportadas de Bailo, Calamocha y Peñalba, con sus respectivos helicópteros ligeros, además de las unidades de Ejea y Teruel, ambas con helicóptero, y un helicóptero de coordinación.

El dispositivo terrestre estará formado por 16 brigadas, 13 autobombas y ocho bulldozer, además de 27 agentes para la protección de la naturaleza (APN), el Puesto de Mando Avanzado Ligero y los técnicos del Puesto de Mando Avanzado, el director técnico de extinción y personal de apoyo del GADEX.

El MITECO aportará tres BRIF con seis medios aéreos, tres aviones anfibio FOCA, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero de Plasencia del Monte, dos helicópteros bombarderos ligeros y tres aviones anfibios ligeros.

La UME mantendrá dos secciones, mientras que también participarán medios de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de La Rioja, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra y la Comunidad Valenciana, además de los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca, los de las diputaciones de Huesca y Zaragoza y los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

La defensa de San Juan de la Peña obliga a cambiar la estrategia

La evolución del fuego ha obligado al operativo a modificar su estrategia de extinción para reforzar la defensa del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. Biendicho ha explicado que una lengua de fuego ha alcanzado el muro del espacio natural y ha saltado en algunos puntos hacia el interior, por lo que los trabajos se han reorganizado para tratar de frenar su avance en este sector.

La nueva estrategia presta especial atención a los sectores 6 y 4, además de a la defensa del Monasterio Nuevo y el Monasterio Viejo y de las poblaciones situadas en este flanco. El consejero ha descrito el incendio como una emergencia “muy compleja” y ha destacado la necesidad de adaptar continuamente los trabajos de extinción en función de la evolución del fuego y de mantener la seguridad de los equipos.

La situación también está condicionada por la dificultad del terreno y por el comportamiento cambiante de las llamas. El operativo mantiene como prioridades la defensa de las poblaciones, la consolidación del perímetro y la protección de los bienes naturales y patrimoniales. La llegada del fuego hasta el entorno de San Juan de la Peña ha obligado además a reforzar la vigilancia y a concentrar medios en este sector.

Bermúdez de Castro: “La situación es muy preocupante”

El consejero de Hacienda e Interior ha reconocido que la situación continúa siendo “muy preocupante” y que todavía queda mucho trabajo por delante. “Se sigue trabajando muy intensamente, pero queda todavía mucho por trabajar”, ha señalado ante los medios tras el CECOPI.

El operativo trabaja además con la colaboración de agricultores de la zona que están participando en tareas de defensa. Biendicho ha apelado a la coordinación de estos trabajos con los responsables de la emergencia para garantizar que las actuaciones se desarrollen de forma segura y ordenada.

Preguntado por las informaciones sobre la supuesta detención de un hombre de 28 años como presunto responsable del incendio, Bermúdez de Castro ha asegurado que el Gobierno de Aragón no tiene ninguna información oficial al respecto. “Es la primera noticia que tenemos”, ha respondido, y ha añadido que ni siquiera la Guardia Civil les había comunicado datos sobre una posible detención. “No sabemos nada. Ni sabemos si es cierto o no es cierto”, ha afirmado

La gigafactoría de baterías que desarrollan Stellantis y la empresa china CATL en Figueruelas (Zaragoza) a través de la 'joint venture' Contemporary Star Energy (CSE) tiene luz verde para generar el mayor volumen autorizado de residuos peligrosos de Aragón. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) ha fijado en hasta 111.067 toneladas anuales la cantidad de estos residuos que podrá generar la planta. La cifra supera el máximo histórico registrado en el conjunto de la comunidad en un solo año: 106.132 toneladas, en 2021.

La resolución del INAGA del 22 de julio permite la instalación de Contemporary Star Energy (CSE), la empresa que levanta la fábrica de celdas y módulos de baterías en el polígono Entrerríos, y modifica al mismo tiempo la autorización ambiental de la vecina planta de vehículos de Stellantis. El documento detalla, residuo por residuo, qué producirá la fábrica y en qué cantidades. El grueso de esas 111.067 toneladas corresponde a un único compuesto: el NMP (N-metil-2-pirrolidona), un disolvente que se emplea en la fabricación de electrodos de baterías de litio. Su volumen autorizado, 60.560 toneladas al año, equivale por sí solo a más de la mitad de todo lo que generará la planta y supera el 60% de lo que produjo el conjunto de Aragón en 2022, último año con datos publicados por el IAEST (97.762,6 toneladas).

A ese residuo le siguen en volumen los cartuchos colectores de polvo (15.600 toneladas anuales), los restos de pilas y celdas desechadas en el proceso de fabricación (12.901 toneladas) y los aceites minerales y grasas (6.480 toneladas). En conjunto, nueve categorías de residuos concentran el 97% del total autorizado para la instalación. La diferencia con la fábrica de vehículos que Stellantis opera en el mismo polígono es considerable: su autorización contempla 3.727 toneladas de residuos peligrosos al año, casi treinta veces menos que las 111.067 toneladas previstas para la nueva planta de baterías.

Crece la gestión de residuos peligrosos en Aragón

Los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) muestran que el número de empresas registradas como productoras de residuos peligrosos en Aragón ha crecido de forma sostenida en la última década: de las 225 que había en 2012 se ha pasado a 340 en 2022, un incremento del 51%. Los pequeños productores —los que generan menos de 10.000 kilogramos al año— casi se han duplicado, de 8.511 a 14.443.

El volumen total de residuos peligrosos gestionados en la comunidad, que incluye tanto los generados en Aragón como los que llegan desde fuera para ser tratados, ha pasado de 102.719 toneladas en 2012 a 202.086 en 2022, prácticamente el doble. Buena parte de ese crecimiento se explica por el aumento de residuos importados de otras regiones y del extranjero para su tratamiento, no solo por la producción local.

La cifra de la gigafactoría es la cantidad máxima que la resolución autoriza a producir, no una medición de la actividad real: la planta todavía no opera a su capacidad final, que se alcanzará por fases hasta llegar a los 50 GWh/año de producción de celdas previstos para dentro de varios años. Los datos del IAEST, en cambio, reflejan producción efectiva, año a año.

La resolución autoriza además a Contemporary Star Energy a operar su propia instalación de tratamiento de residuos peligrosos. La empresa podrá tratar hasta 27,72 toneladas al año de restos de ánodo procedentes de baterías desmontadas, mediante un proceso de oxidación térmica que busca neutralizar un material considerado potencialmente reactivo antes de enviarlo a valorización, reduciendo así el riesgo de incendio.

Respaldo municipal y una alegación descartada

Los ayuntamientos de Figueruelas y de Pedrola, los dos municipios sobre los que se asienta el complejo industrial, se pronunciaron a favor del proyecto durante su tramitación, subrayando el impulso económico y la creación de empleo que supondrá para la comarca. La gigafactoría prevé emplear a 3.000 trabajadores de forma directa una vez esté a pleno rendimiento, trabajando en turnos que cubrirán las 24 horas del día durante prácticamente todo el año.

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón presentó un escrito de alegaciones sobre las infraestructuras energéticas asociadas al proyecto, pero llegó fuera del plazo de información pública y el INAGA lo dejó fuera del expediente por no considerarlo objeto de esta autorización concreta.

El proyecto, conocido internamente como “Proyecto Toro”, fue declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Aragón a finales de 2024 y fue aprobado como Proyecto de Interés General de la comunidad en noviembre de 2025.