La construcción de vivienda pública y asequible se ha convertido en una de las principales apuestas urbanísticas del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Sin embargo, la estrategia de recalificar parcelas reservadas para equipamientos públicos está provocando una creciente contestación vecinal en varios barrios de la ciudad, donde los residentes denuncian que se están sacrificando los últimos suelos dotacionales mientras siguen sin llegar servicios básicos prometidos desde hace años. Rosales del Canal, Parque Venecia, Picarral, Barrio Jesús o el entorno de la avenida de Cataluña comparten una misma reivindicación: antes de seguir aumentando la población, reclaman centros cívicos, institutos, instalaciones deportivas, centros de salud o espacios para mayores y jóvenes.

El caso más avanzado es el de Rosales del Canal. Allí, el Ayuntamiento cedió al Gobierno de Aragón una parcela reservada inicialmente para equipamientos educativos con el objetivo de construir vivienda asequible —aunque cuestionan que los precios planteados se puedan considerar asequibles— . La decisión ha acabado en los tribunales tras el recurso presentado por vecinos del barrio, que consideran que el solar debía destinarse a un instituto largamente reivindicado.

“Aquí seguimos esperando que se complete el colegio y que se construya el instituto que se prometió hace años”, denuncia Nacho Jordán, representante vecinal. Según explica, la parcela era la última reserva de suelo público disponible en el barrio y su pérdida compromete futuras dotaciones. “No estamos en contra de la vivienda protegida, pero no se puede solucionar un problema agravando otro”, sostiene. Explica que “no hay ni siquiera transporte público” y acusa al Ayuntamiento de estar alimentando la “confrontación vecinal” al tratar de enfrentarlos con los vecinos de Arcosur, que hay llegado a un acuerdo respecto a sus parcelas dotacionales. “Está muy bien que hagan equipamientos en Arcosur porque van a hacer falta, en Montecanal hace 30 años que no hacen nada, en Arcosur 19. Están instrumentalizando los equipamientos en detrimento de los barrios que llevamos 20 o 30 años esperando”. Desde la plataforma vecinal de Arcosur explican que tuvieron una reunión “hace semanas” y aseguran que no han recibido “ninguna novedad ni información adicional sobre la planificación, los plazos o las actuaciones concretas que se puedan llevar a cabo”.

La situación se repite en Parque Venecia, donde los vecinos rechazan la construcción de unas 200 viviendas previstas en dos parcelas inicialmente destinadas a equipamientos. El barrio, con más de 12.000 habitantes, sigue sin instituto, centro cívico o instalaciones deportivas propias. “No es que pidamos algo extra; es que no tenemos prácticamente nada”, resume Carlos Malo, portavoz de una de las plataformas vecinales. Según detalla, comparten el centro de salud con Torrero, los colegios están “más que llenos”, han puesto barracones, “los que van ahí para el comedor tienen que cruzar la carretera, no hay instituto, no hay zonas de ocio, ni una sola parcela deportiva. Es el segundo barrio con más natalidad, no hay equipamientos y aún faltan tres promociones privadas y aún así vas a meter dos más con calzador, es inviable”

Malo expone que en esta zona de la ciudad “no hay manera de sacar terrenos, somos como una isla” y acusa al Ayuntamiento de haberse “olvidado del barrio”: “No es que no queramos vivienda porque se nos antoja, queremos que vean como de abandonado está el barrio”.

También en el Picarral ha surgido una fuerte oposición a la recalificación de un solar deportivo en la calle Luis Pinilla. Los vecinos alertan de que el barrio afrontará la llegada de miles de nuevos residentes con el desarrollo de Aceralia mientras continúa sin centro cívico, guardería municipal o centro de día. “No quedan más solares y luego dirán que no hay dónde hacer esos equipamientos”, lamenta Ana Lasierra, portavoz de la plataforma vecinal.

Lasierra asegura que se enteraron de este plan por la prensa y critica que no hay ningún suelo deportivo en el barrio: “Darle ese uso sería lo ideal. Aunque tenemos otras carencias: el centro de salud se queda pequeño, los colegios públicos e institutos se han quedado pequeños y la mayoría de edificaciones públicas necesitan ampliaciones”. 

Una preocupación similar existe en el entorno de la avenida de Cataluña. David Martos, presidente de una cooperativa de viviendas, asegura que la parcela cedida para vivienda pública estaba reservada originalmente para equipamientos como colegios o guarderías. “Nadie está en contra del alquiler asequible, pero en esta zona sobra suelo para construir vivienda y faltan servicios públicos”, afirma. Los vecinos alertan además de la saturación del centro de salud de La Jota y del fuerte crecimiento poblacional previsto en los próximos años: “El centro de salud está desbordado, con un 30% o 40% de cartillas por encima de lo que le corresponde, todo lo que se está construyendo en el barrio supondría entre 10.000 y 15.000 personas más”. 

Además, considera que se ha elegido esta parcela porque estaba ya preparada: “Está urbanizado el entorno, es llegar y ponerse a construir. Sin embargo, hay una barbaridad de terreno para construir en el barrio, por eso consideramos que no es correcto utilizar esa que estaba destinada a equipamientos públicos”. 

El Barrio Jesús fue el primero en movilizarse. Tras las protestas vecinales y la intervención del Justicia de Aragón, el Ayuntamiento acabó descartando la construcción de viviendas en uno de los solares afectados. Los residentes reclaman que el terreno se destine a un centro intergeneracional con servicios para mayores y jóvenes. “Llevamos más de 25 años esperando equipamientos y cada vez somos más vecinos”, señala Raúl Gascón.

En otro de los solares en disputa los vecinos proponen un pabellón deportivo, que ha salido presupuestado varias veces pero “nunca han destinado ningún dinero”: “Somos una zona que creció en los 90 y el único equipamiento es un colegio público del que se quedan cada año 20 o 30 niños fuera. Es una zona en la que en los últimos años han venido más de 3.000 vecinos con los mismos equipamientos, antes de hacer más vivienda hace falta hacer servicios para esos nuevos vecinos”. 

Un plan de vivienda “irrenunciable” según el Ayuntamiento

Frente a estas críticas, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, defiende que el plan de vivienda impulsado junto al Gobierno de Aragón es “absolutamente necesario e irrenunciable”. El edil sostiene que los barrios afectados disponen de superficie suficiente para seguir desarrollando equipamientos en el futuro y asegura que el Ayuntamiento está dispuesto a estudiar alternativas propuestas por los vecinos, aunque insiste en que la construcción de vivienda pública seguirá adelante.

Según explica, la elección de parcelas dotacionales responde también a criterios técnicos y económicos, ya que son terrenos que ya cuentan con infraestructuras urbanas ejecutadas, como calles, aceras o servicios básicos, lo que permite acelerar los proyectos. Además, asegura que en los barrios afectados siguen existiendo metros cuadrados suficientes para desarrollar futuros equipamientos. Serrano recuerda que el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con representantes vecinales de Rosales del Canal, Parque Venecia, Arcosur y otros barrios para escuchar sus reivindicaciones. “Si tienen ubicaciones que entienden mejores, las estudiaremos”, señala. No obstante, insiste en que la construcción de vivienda pública continuará adelante. “Les trasladamos que el plan de vivienda es absolutamente necesario e irrenunciable y vamos a perseverar”, afirma.

El edil sostiene además que algunas de las demandas planteadas ya están siendo atendidas. En el caso de Parque Venecia, asegura que se está trabajando en el futuro centro cívico del barrio, mientras que en otras zonas se han ejecutado actuaciones menos visibles para los vecinos, como infraestructuras destinadas a prevenir inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos. Frente a las acusaciones de que se están eliminando los últimos suelos disponibles para equipamientos, Serrano defiende que los barrios todavía disponen de reservas suficientes para seguir desarrollando servicios públicos “como no puede ser de otra manera”.

El impulso del Gobierno de Jorge Azcón a la enseñanza concertada continúa en Aragón. Primero fue la concertación del Bachillerato —una medida que provocó una fuerte contestación en la escuela pública— y ahora es el turno de la Formación Profesional. El aumento de titulaciones en centros privados y concertados, especialmente en los grados superiores vinculados al sector audiovisual, preocupa a una parte del profesorado de la red pública. Mientras que en 2023-2024 el 86% de las nuevas implantaciones correspondían a centros públicos, la proporción se reduce al 60% en la planificación para el próximo curso, impulsada por la entrada de nuevos ciclos en centros privados y concertados.

Buena parte de ese incremento de la oferta privada se explica por la futura Ciudad del Cine de Zaragoza. El complejo audiovisual de Distrito 7, cuya gestión formativa ha sido adjudicada al Grupo San Valero durante los próximos 30 años, incorporará siete ciclos audiovisuales concertados con cuotas de alrededor de 60 euros al mes por alumno. Entre ellos figuran Producción de Audiovisuales y Espectáculos, Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, Sonido para Audiovisuales y Espectáculos o Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.

La medida ha despertado inquietud entre docentes de la red pública, que temen que esta nueva oferta compita directamente con enseñanzas similares ya implantadas en centros de Zaragoza, Huesca, Barbastro o Teruel. “Van a competir por los mismos alumnos”, resume uno de los profesores consultados. Según recuerdan desde la enseñanza pública, Producción de Audiovisuales se imparte en Teruel y Realización en Barbastro, mientras que otros ciclos del ámbito audiovisual también están presentes en centros públicos de Zaragoza y Huesca. “Cuesta mucho encontrar alumnos para algunos de estos estudios. Nos preocupa que una parte de esa matrícula se desplace ahora a la nueva oferta concertada”, explican.

Sin embargo, las críticas no se centran solamente en la competencia entre centros. Los docentes recuerdan que algunos de los ciclos que ahora volverán a ofertarse en Distrito 7 ya formaron parte del catálogo de CPA como enseñanzas privadas. Según explican, Producción de Audiovisuales dejó de impartirse hace alrededor de cinco cursos e Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen lleva varios años sin conseguir abrir grupo de primero. “Dos ciclos que cerraron por falta de alumnos vuelven ahora convertidos en concertados. Antes costaban alrededor de 400 euros al mes y ahora tendrán cuotas muy reducidas. Es evidente que eso cambia las condiciones de partida”, señalan.

La situación genera especial malestar porque, según denuncian, en los últimos años se han cerrado ciclos en zonas rurales por no alcanzar los mínimos de matrícula exigidos por la Administración. “Hemos visto desaparecer enseñanzas en el medio rural porque no se llegaba a determinados números de alumnos. Por eso sorprende que ahora se concierten ciclos que ya habían demostrado dificultades para captar estudiantes”, apuntan.

La polémica se enmarca dentro del desarrollo de Distrito 7, el gran complejo audiovisual que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza en los antiguos suelos de Giesa. La futura Ciudad del Cine prevé arrancar con alrededor de 400 alumnos y una oferta centrada en perfiles audiovisuales, uno de los sectores por los que más está apostando la Administración autonómica en los últimos años. El Gobierno municipal adjudicó recientemente al Grupo San Valero la gestión del área formativa del proyecto durante los próximos 30 años. La alcaldesa, Natalia Chueca, justificó la adjudicación de la Formación Profesional al Grupo San Valero por tratarse de “una entidad aragonesa de referencia, con casi 30 años de experiencia en formación audiovisual, reconocida por todo el sector y con una capacidad única para ofrecer de manera integral formación profesional, universitaria, especializada y para el empleo en el ámbito audiovisual”.

Varios docentes temen que la concentración de recursos, instalaciones y promoción en torno a este proyecto termine perjudicando a enseñanzas ya implantadas en la red pública. También alertan de una posible competencia por las plazas de prácticas en empresas, un aspecto clave en la Formación Profesional.

Las críticas coinciden además con la decisión del Departamento de Educación de suprimir varios ciclos de FP en centros públicos de Calatayud, Ateca e Illueca. Entre ellos figuran el grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma del IES Emilio Jimeno, el de Termalismo y Bienestar del IES Leonardo Chabacier, el grado medio de Cocina y Gastronomía del IES Zaurín o el de Atención a Personas en Situación de Dependencia del IES Sierra de la Virgen. La medida ha sido criticada por el PSOE, que considera que supone un nuevo golpe para la oferta educativa en el medio rural: “Golpea directamente al corazón del mundo rural. Es un desastre”, ha dicho el portavoz comarcal de la Comunidad de Calatayud, Ramón Duce.

No es la única polémica que atraviesa esta nueva Ciudad del Cine, la adjudicación de este complejo se hizo de forma directa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, después de que se declarase desierto el proceso de adjudicación por problemas tecnológicos de la única empresa que concurrió. Esto fue calificado como “chapuza” por parte del PSOE y como “un verdadero fiasco” desde Zaragoza en Común.

El peso de la pública cae en las nuevas implantaciones

En el curso 2023-2024 se identifican 29 nuevas enseñanzas, de las que 25 se implantaron en centros públicos y cuatro en concertados o privados. Un año después, para 2025-2026, la proporción se mantenía similar: 22 de las 27 nuevas enseñanzas correspondían a la red pública. Sin embargo, en la planificación para 2026-2027 la distribución cambia. De las 25 nuevas enseñanzas identificadas, 15 corresponden a centros públicos, tres a centros concertados y siete a centros privados, la mayoría vinculadas al ámbito audiovisual. Este cambio en el modelo ha sido calificado por CCOO como un “desmantelamiento activo y coordinado” de la FP pública. El sindicato sostiene que “la educación pública pasa a ser residual en los niveles clave” y denuncia que el Ejecutivo está favoreciendo a “macrocentros privados de grandes firmas”.

Aun así, en el conjunto de los tres cursos analizados, la red pública sigue concentrando la mayor parte del crecimiento de la oferta. De las 81 nuevas enseñanzas identificadas, 62 se implantaron en centros públicos, 12 en concertados y siete en privados.

Desde Educación defienden que la ampliación de la FP responde a la necesidad de adaptar la formación a los sectores con más demanda laboral y a la creciente demanda de estas enseñanzas. Recuerdan que este curso casi 450 personas se quedaron sin plaza en su primera opción en Zaragoza y no pudieron entrar: “Para evitar que se produzca una situación similar, se decide concertar plazas en ese Distrito 7; desde el Departamento se entiende que no deben quedarse casi medio millar de aragoneses sin poder formarse estando esa posibilidad”, exponen. Añaden que las plazas de FP sostenidas con fondos públicos “no compiten entre sí, sino que se complementan para sumar talento y oportunidades de empleabilidad”.

Sin embargo, los docentes reclaman conocer los criterios que han llevado a autorizar esta nueva oferta audiovisual y si se ha evaluado el posible impacto sobre los ciclos públicos ya existentes. “Nosotros no cuestionamos que haya más formación audiovisual”, concluyen. “La pregunta es por qué se financian nuevas enseñanzas en centros privados cuando ya existen ciclos similares en la red pública y algunos de ellos siguen luchando cada año por mantener la matrícula”.

El amianto de la cubierta del pabellón deportivo del CEIP Doctor Azúa ha puesto en pie de guerra a las familias de este centro zaragozano. Un informe técnico encargado por el AMPA concluye que el material presenta un estado de “deterioro extremo” y recomienda retirarlo “en un corto plazo de tiempo”. Sin embargo, el Gobierno de Aragón sigue sin concretar una actuación, según denuncian las familias.

Preguntado por este asunto, el Departamento de Educación ha trasladado a este diario que está dispuesto a “escuchar y analizar las quejas que transmita la comunidad educativa” del centro, han recordado que el pabellón se construyó por inciativa privada y “desde entonces la explotación del pabellón ha sido gestionada íntegramente por el AMPA, con su criterio, para los usos que ha considerado y el espacio ha quedado siempre fuera de la red que conforman el resto de infraestructuras deportivas de los centros educativos de Zaragoza”. Las familias aseguran que tanto el Ejecutivo autonómico como el Ayuntamiento de Zaragoza conocen la situación desde hace meses, pero sostienen que todavía no se ha adoptado ninguna medida preventiva ni se ha fijado un calendario de actuación. “No estamos reclamando una mejora estética ni una actuación secundaria; estamos exigiendo garantías mínimas de seguridad y salubridad para nuestros hijos e hijas”, sostienen desde la asociación.

La preocupación de las familias se remonta a 2024, cuando decidieron encargar una revisión del estado del pabellón al detectar signos de deterioro en la estructura. El estudio, elaborado por un despacho de arquitectura, una empresa especializada en análisis estructural y otra dedicada a la evaluación de materiales con amianto, concluyó que la cubierta de fibrocemento presenta un nivel máximo de degradación.

Según el informe elaborado por la empresa especializada en diagnóstico de amianto, la cubierta se encuentra en una situación de “deterioro extremo”. Los técnicos señalan que, aunque a simple vista no existen grandes roturas, sí se observa un “alto nivel de degradación” con afloramiento de fibras y deterioro en distintas zonas de las placas. Entre sus recomendaciones figura la retirada de la cubierta “en un corto plazo de tiempo” mediante un procedimiento específico de desamiantado y, mientras tanto, la adopción de medidas de estabilización.

Fuentes del AMPA explican que el hallazgo fue inesperado: “Encargamos el estudio porque veíamos la estructura deteriorada y queríamos saber en qué estado estaba. Fue entonces cuando descubrimos que había amianto y que estaba en un nivel de degradación muy elevado”. Una representante de las familias asegura que la situación va más allá del uso del pabellón. Según explica, los análisis realizados detectaron una mayor presencia de fibras en zonas próximas al edificio que en el propio interior. “El cierre del pabellón no solucionaría el problema. Nos trasladaron que donde más fibras aparecían era en el entorno, incluso en zonas exteriores al centro por donde pasa gente todos los días”, afirma.

Además de la presencia de amianto, el informe técnico advierte de problemas estructurales en la cubierta. El estudio concluye que varias de las cerchas metálicas no cumplen las exigencias que marca la normativa actual y recomienda sustituir tanto la cubierta como la estructura portante. Los autores consideran que esta opción es “la intervención más fiable y económica” una vez se proceda a retirar el fibrocemento.

Las familias explican que inicialmente intentaron buscar financiación privada para acometer las obras, pero aseguran que esta vía quedó descartada al no ser propietarias del inmueble. A partir de ahí comenzaron los contactos con las administraciones para encontrar una solución institucional.

Uno de los principales puntos de fricción es precisamente la titularidad del pabellón. Las familias aseguran que Educación ha vinculado cualquier actuación a la necesidad de aclarar quién es el propietario del inmueble. Desde el AMPA sostienen que el edificio forma parte del equipamiento del colegio y aseguran que la referencia a la asociación que aparece en el informe técnico responde únicamente a que fueron ellos quienes encargaron y financiaron el estudio. Según defienden, la titularidad del pabellón corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. “No existe ningún documento que diga que el pabellón sea del AMPA. Se construyó con aportaciones de familias hace años, pero eso no significa que sea propiedad de los padres. Forma parte del colegio y lo utiliza diariamente la comunidad educativa”. Explican también que llegaron a un compromiso con el Departamento de Educación cuando estaba bajo la titularidad de Tomasa Hernández, pero que las comunicaciones no se han recuperado.

Las administraciones tienen marcada una hoja de ruta para la eliminación de este material. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a elaborar un censo de instalaciones con amianto y fija la retirada prioritaria de los materiales que presenten mayor riesgo. Asimismo, las recomendaciones europeas sitúan 2028 como horizonte para la eliminación del amianto en los edificios públicos, con el objetivo de erradicar progresivamente este material por sus efectos sobre la salud.

Desde la asociación consideran que la discusión administrativa está retrasando una intervención que consideran prioritaria. “Hay una normativa europea que establece que el amianto debe desaparecer de las edificaciones. Esto no es un capricho, es un problema de salud pública”, añade. Ante la falta de avances, las familias reclaman que las administraciones implicadas se sienten a negociar una solución definitiva y que se establezca un calendario concreto para la retirada del amianto y la rehabilitación del pabellón. También advierten de que seguirán impulsando nuevas acciones para exigir una respuesta a una situación que consideran “insostenible”.

Las altas temperaturas registradas esta semana en centros educativos aragoneses han vuelto a llegar a la Inspección de Trabajo. Mientras algunas aulas han alcanzado hasta 37 grados en plena recta final del curso, más de 45 centros de la comunidad acreditan mediciones superiores a los 27 grados —el límite establecido en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo—. Ante esta situación, sindicatos y familias denuncian la “falta de medidas” para adaptar los colegios a episodios de calor cada vez más frecuentes.

Los problemas no solo se dan en las aulas, también en los comedores. Al caso del CPI Parque Venecia, donde las familias denuncian temperaturas superiores a los 33 grados durante las comidas de los alumnos y alumnas, se une ahora el del CEIP Hispanidad. El AMPA Rubén Darío ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo para denunciar las condiciones térmicas de este espacio. Según la documentación presentada, las mediciones realizadas durante los días 27 y 28 de mayo registraron temperaturas superiores a los límites establecidos por la normativa laboral, alcanzándose hasta 33 grados durante el servicio de comedor. El AMPA dirige la denuncia tanto contra la empresa adjudicataria del servicio como contra el Departamento de Educación, al considerar que ninguna de las dos partes ha adoptado medidas efectivas pese a las reclamaciones realizadas desde finales de 2025. La asociación solicita a la Inspección que compruebe las condiciones en las que trabaja el personal del comedor y que obligue a adecuar las instalaciones para evitar situaciones de estrés térmico.

No es un caso aislado, el sindicato CGT ha presentado una denuncia también ante Inspección de Trabajo en la que acusa al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón de incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y de no haber adoptado soluciones eficaces durante el último año pese a las advertencias realizadas por la propia Inspección de Trabajo. En su denuncia, adjuntan fotografías tomadas en 45 centros escolares aragoneses. En todas ellas se observan mediciones por encima del límite legal —27 grados— y más de veinte que registran 30 grados o más.

El sindicato, segunda fuerza en la enseñanza pública aragonesa, ha aportado pruebas gráficas de decenas de centros educativos en los que, asegura, se han registrado temperaturas de hasta 37 grados. La organización sostiene que estas condiciones vulneran el Real Decreto 486/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. La denuncia llega casi un año después de que la Inspección de Trabajo requiriera al Departamento de Educación la adopción de medidas urgentes para garantizar unas condiciones seguras tanto para el personal de los centros educativos como para las personas que participan en procesos selectivos. Según CGT, la situación apenas ha cambiado desde entonces.

El portavoz del sindicato, José Luis Ruiz, asegura que la Consejería de Educación “no ha tomado medidas reales y eficaces para dar solución a esta problemática”. Aunque reconoce como un avance que parte de las pruebas de las oposiciones docentes se celebren este verano en instalaciones universitarias climatizadas, considera que en los centros educativos “no se ha hecho prácticamente nada”. La organización también cuestiona los plazos de actuación del Ejecutivo autonómico. Ruiz recuerda que en junio de 2025 ya se remitió a los equipos directivos un manual de prevención de riesgos laborales en el que se solicitaba identificar los problemas más urgentes relacionados con la acumulación de calor en los edificios. Por ello, critica que un año después se vuelva a pedir información similar a través del proyecto “Aulas que respiran”.

Desde CGT sostienen que el problema era perfectamente previsible y anuncian que estudian emprender nuevas acciones legales para obligar al Gobierno de Aragón a cumplir la normativa. El sindicato defiende que la Administración debe garantizar la protección tanto de los trabajadores como del alumnado, especialmente vulnerable a los efectos del estrés térmico.

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón (FECCOO Aragón) también ha denunciado públicamente la “falta de medidas estructurales” por parte de la Administración para hacer frente a las altas temperaturas en los centros educativos aragoneses, “una situación que afecta directamente a la salud y al bienestar tanto de las plantillas como del alumnado”. Han expresado que, ante la “falta de avances y la ausencia de un plan integral de climatización negociado y financiado” se están ultimando nuevas acciones legales por la vía judicial. El sindicato asegura que mantendrá la presión sindical y jurídica hasta que todos los centros educativos de Aragón cuenten con condiciones térmicas adecuadas y espacios seguros y saludables para toda la comunidad educativa.

Fuentes del Departamento de Educación han explicado que el Ejecutivo está invirtiendo en actuaciones para tratar de mejorar el confort térmico en centros educativos. Las medidas pasan por mejorar envolventes, cubiertas o carpinterías. La previsión de inversión para este año son tres millones de euros y este curso se ha desplegado un plan de climatización para las aulas de dos años, al ser estos alumnos más vulnerables. Según explican, se han climatizado medio centenar de aulas y se han instalado toldos, además del plan 'Aulas que respiran'.

“La empresa carece de trabajadores”. Así figura textualmente en el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza , asumiendo la información que el Ayuntamiento aportó en sus formularios para instar su concurso de acreedores. Sin embargo, la entidad mantiene todavía a trabajadores en activo vinculados a la organización —y uno más en situación de excedencia forzosa, seis en total— , según ha podido confirmar este diario, en medio de una absoluta incertidumbre laboral y acumulando nóminas impagadas desde el pasado mes de febrero.

El auto, firmado el pasado 6 de mayo por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, recoge que la fundación solicitó un procedimiento especial para microempresas con liquidación sin transmisión de empresa y señala expresamente que “la empresa carece de trabajadores” y que “la empresa se encuentra sin actividad”. El mismo documento declara el concurso sin masa de la fundación. La existencia de trabajadores vinculados a la fundación era conocida públicamente desde hace meses. Parte de la plantilla continúa ligada a la entidad pese a acumular nóminas impagadas y encontrarse todavía pendiente de la resolución definitiva del proceso concursal. En esta situación, una denuncia anónima presentada a través del canal interno del Ayuntamiento de Zaragoza alerta de “presuntas irregularidades” en el proceso de liquidación de la entidad y habla de una “estrategia planificada de desmantelamiento” y un supuesto “vaciado patrimonial”. La denuncia interna sostiene que esa afirmación trasladada al juzgado “induce a error” al órgano judicial e “invisibiliza” la situación laboral de los empleados. Este medio ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.

El escrito reclama además que se investigue el proceso de liquidación de la fundación, la devolución de proyectos europeos y el traspaso de activos vinculados a Etopia. La comunicación, presentada al amparo de la Ley 2/2023 de protección de informantes, denuncia además una supuesta “estrategia planificada de desmantelamiento” de la entidad para conducirla a una situación de “inviabilidad económica”.

La situación de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento se ha convertido durante las últimas semanas en un nuevo frente político en la ciudad. Zaragoza en Común acusa al Gobierno de Natalia Chueca de haber llevado “deliberadamente” a la entidad a la quiebra, mientras que el Ayuntamiento sostiene que la fundación era económicamente inviable y que su continuidad no podía garantizarse.

Etopia abrió en 2013 como uno de los principales espacios municipales dedicados a la innovación, la cultura digital y la experimentación artística. Durante años se convirtió en una referencia nacional en proyectos vinculados a la tecnología, la divulgación científica y la creación cultural contemporánea. Según la memoria de actividades de 2023, el último ejercicio completo antes del inicio del proceso de liquidación, la fundación gestionaba once proyectos con financiación externa y desarrollaba talleres, conciertos, exposiciones, laboratorios infantiles, residencias artísticas y becas que daban servicio a unas 40.000 personas al año.

Fuentes de la plantilla sostienen además que la entidad mantenía proyectos europeos concedidos hasta 2027 y unas cuentas “saneadas” cuando el Ayuntamiento anunció en 2024 el cambio de orientación de Etopia y el inicio de la liquidación. La denuncia también cuestiona la versión mantenida por el Gobierno municipal sobre la salida del Ayuntamiento de la fundación. El escrito habla de un supuesto “control absoluto” del Consistorio sobre la entidad incluso después de anunciar su desvinculación del patronato en 2024 y sostiene que siguió ejerciendo funciones de dirección y gestión.

Para demostrar esa tesis, el comunicante aporta varias actas internas de la fundación. Entre ellas, una sesión extraordinaria celebrada en mayo de 2025 en la que el consejero de Economía y Transformación Digital, Carlos Gimeno, figura como representante LEAR de la entidad y recibe poderes generales en materia laboral junto a otros miembros del patronato. La denuncia también pone el foco en el proceso de modificación estatutaria aprobado en abril de 2024 para facilitar la salida municipal de la fundación. Según el escrito, aquella decisión se adoptó “sin alcanzar la mayoría reforzada” exigida por los estatutos de la entidad, una cuestión que posteriormente derivó en objeciones del Protectorado de Fundaciones de Aragón, que obligó el año pasado a constituir un patronato provisional integrado por el Consistorio, Ibercaja y la Universidad de Zaragoza para poder completar legalmente el proceso.

Otro de los apartados denuncia un supuesto “vaciado patrimonial” de la fundación mediante el traspaso o pérdida de activos vinculados a Etopia, entre ellos marcas, dominios web, perfiles en redes sociales y bases de datos de usuarios. La comunicación también cuestiona la cesión del programa Etopia Kids a la Fundación Hiberus y reclama que se investigue si esos movimientos se realizaron sin expedientes de concurrencia pública, mutación demanial o licitación.

Choque político en el pleno

En sus conclusiones, la comunicación reclama la apertura de una auditoría de regularidad estatutaria y pide investigar la devolución de fondos europeos, la gestión del concurso de acreedores y el traspaso de activos vinculados a la fundación. Desde el Ayuntamiento han defendido en todo momento, y así lo volvió a hacer el propio Carlos Gimeno durante el pleno de este jueves. El concejal volvió a definir Etopia como un “chiringuito de la izquierda” y les acusó de “colonizar la fundación con su gente”.

Las declaraciones se produjeron como respuesta al concejal de ZeC, grupo que presentó una moción para “condenar la censura cultural que ha llevado a la quiebra a la Fundación”. Suso Domínguez afirmó que la gestión del Consistorio ha sido “negligente” y que se ha “impulsado un proceso de desmantelamiento”. En el mismo pleno, el concejal del PSOE, Guillermo Ortiz, criticó que se haya quebrado a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y preguntó si la autopsia “se hará en un hospital público o privado para cobrar el último servicio a la ciudad”.

Además, Gimeno cargó contra la figura del gerente, de excendencia desde hace más de un año: “Ahora está de jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Aragón, del sanchismo que ayer fue a Roma a recibir la bendición del Papa y se fue con la extrema unción”, ha ironizado, acusando a los partidos de izquierda de “colocar a dicho gerente”. Sin embargo, tal y como ha recordado Domínguez, dicho cargo fue nombrado por la ex consejera popular Carmen Herrarte. Respecto a las acusaciones sobre el proceso de “desmantelamiento”, Gimeno no se pronunció y sostuvo que parte de las actividades desarrolladas en el centro no justificaban el volumen de recursos públicos invertidos.

“Los niños se quejan mucho por el calor”, explica David Serrano, presidente del AMPA del CPI Parque Venecia de Zaragoza. En el comedor de este colegio público, el más utilizado de Aragón con unas 800 comidas diarias, las temperaturas superan los 34 grados por el “efecto invernadero” que provoca un gran ventanal “a pleno sol”. Aragón atraviesa esta semana una ola de calor que ha vuelto a poner en evidencia los problemas de climatización de muchos centros escolares, sin sistemas de refrigeración, aislamiento o sombreado adecuados. Para paliar esta situación, el Departamento de Educación ha informado este martes de que durante este curso ha llevado a cabo actuaciones de climatización en torno a medio centenar de aulas de escolarización anticipada de dos años y que el año pasado se ejecutaron obras de mejora del confort térmico en centros por valor de 1,8 millones de euros, aunque muchos centros siguen necesitando mejoras.

Serrano explica que “la sensación es muy mala” y que la padecen “desde hace tiempo”. Por ello, las familias decidieron recaudar dinero y, junto a la cuota que cada una paga por pertenecer a la asociación, poner en marcha un proyecto de climatización en el centro para mejorar las condiciones, especialmente en el comedor: “Estamos dispuestos a hacerlo aunque nuestros hijos vayan a disfrutarlo solo unos años. Esa instalación se quedará en el colegio”, sostienen desde la AMPA. 

Según explica, primero se propuso el uso de ventiladores, pero por cuestiones técnicas no era viable. Así pues, se cuadriplicó la inversión prevista y se reunieron 25.000 euros, que permitirían la instalación de un sistema de climatización en este espacio. Sin embargo, las familias denuncian que su propuesta está “paralizada” y que no obtienen respuesta del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón: “Llevamos más de dos meses esperando respuestas. He llamado personalmente y no nos cogen el teléfono. Lo único que pedimos es que lean la documentación y nos digan sí o no con argumentos”, reclama Serrano. 

El dinero se ha reunido durante todo el curso mediante actividades organizadas por las propias familias: venta de camisetas y sudaderas, mercadillos solidarios y recortes en otras partidas de la asociación. El reciente Día de las Familias fue uno de los principales impulsos para alcanzar la cantidad necesaria. Ante esta situación, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos ha convocado una concentración este miércoles 27 de mayo a las 16:30 frente al comedor del centro para denunciar la situación y exigir una respuesta del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Desde el Departamento de Educación señalan que la Unidad de Proyectos y Obras del Servicio Provincial de Zaragoza ya ha revisado dos propuestas diferentes para climatizar el comedor y que actualmente está valorando una tercera memoria técnica presentada por el centro. La primera alternativa, basada en ventiladores, “no se consideró la más idónea”, indican fuentes del Ejecutivo autonómico, que recuerdan que cualquier instalación debe cumplir determinados requisitos técnicos al tratarse de un edificio educativo. Respecto al segundo estudio, explican que se ha remitido a la dirección del centro “orientaciones” respecto a la propuesta más idónea. Ahora, el Servicio Provincial está valorando la memoria de instalación de la propuesta finalmente elegida para el centro.

La situación coincide con el anuncio del plan autonómico 'Aulas que respiran', con el que el Gobierno de Aragón pretende elaborar un diagnóstico de las condiciones térmicas en colegios e institutos públicos para priorizar futuras actuaciones de climatización, sombreado o mejora de ventilación. Educación sostiene que este curso ya se han climatizado alrededor de medio centenar de aulas de escolarización de dos años y recuerda que el pasado año se destinaron 1,8 millones de euros a actuaciones de mejora del confort térmico en centros educativos aragoneses. Destacan también que en los proyectos de obra nueva, así como en la rehabilitación de las antiguas guarderías que han conllevado su transformación a Escuelas de Educación Infantil, “se están instalando sistemas eficientes de climatización que posibilitan frío y calor”. En cuanto a los proyectos de nueva construcción, como medida de protección solar se colocan lamas orientables en las aulas que permiten optimizar su posición con la estación del año, regular y aprovechar la iluminación natural y proporcionar un sombreamiento adecuado a las estancias. Y desde los servicios provinciales se financia o colabora en la instalación de toldos en centros escolares.

Acciones legales

Serrano recuerda que hay una legislación que protege a los trabajadores y establece a qué temperaturas se puede trabajar, “pero no tenemos nada que proteja a los niños y niñas en los colegios”. Explica que, en la situación concreta del centro, los mayores problemas se detectan en el comedor y ahí “no van los profesores, aunque hay personal laboral de cocina y monitores que se ven afectados”. La situación del CPI Parque Venecia no es un caso aislado. La previsión de temperaturas cercanas a los 39 grados esta semana en Zaragoza ha vuelto a reactivar las denuncias de sindicatos y comunidad educativa por las condiciones térmicas en numerosos centros públicos aragoneses. CCOO Aragón ha advertido de que desarrollar actividad docente en espacios interiores por encima de 27 grados vulnera el Real Decreto 486/1997 y la Orden HAP/459/2024, normas que obligan a garantizar unas condiciones ambientales seguras en los lugares de trabajo. El sindicato denuncia además que el Departamento de Educación sigue sin cumplir un requerimiento emitido por la Inspección de Trabajo a finales del pasado curso.

Según recuerdan desde la organización, dicha resolución obligaba al Gobierno de Aragón a instalar antes del 31 de diciembre de 2025 sistemas de climatización en salas de profesorado, despachos administrativos, conserjerías y otros espacios de personal de todos los centros públicos no universitarios. CCOO asegura que ese mandato continúa sin ejecutarse y que sus servicios jurídicos ya estudian posibles acciones legales contra la Administración autonómica.

“No podemos esperar a que ocurra una desgracia irreparable para tomar medidas contundentes”, sostienen desde el sindicato, que considera “insuficientes” las actuaciones limitadas únicamente a espacios administrativos y reclama un plan integral que incluya también aulas, laboratorios, talleres y bibliotecas.

CGT mantiene un discurso similar y recuerda que lleva más de una década denunciando ante Inspección de Trabajo los excesos de temperatura en los centros educativos aragoneses. El sindicato sostiene que Educación continúa incumpliendo las resoluciones emitidas y critica la falta de inversiones estructurales para adaptar los colegios a las nuevas condiciones climáticas.

Su portavoz, José Luis Ruiz, asegura que la Consejería “no ha tomado medidas reales y eficaces” y denuncia que, mientras se incumplen las exigencias de climatización, el Gobierno de Jorge Azcón destinará 20 millones de euros anuales a la concertación de primero de Bachillerato. “Solo con esa cantidad se podrían llevar a cabo medidas que ayudarían mucho a paliar el calor en todos los centros educativos de Aragón”, sostiene el sindicato.

Además de las posibles acciones judiciales, tanto CCOO como CGT han iniciado campañas para que docentes y equipos directivos documenten las temperaturas en aulas y espacios escolares mediante fotografías y mediciones con el objetivo de trasladar nuevas denuncias a Inspección de Trabajo.

La presencia de la extrema derecha en el segundo Gobierno de Jorge Azcón ya marca la agenda informativa en Aragón. Vox ha protagonizado este lunes dos polémicas comparecencias en las que la formación ha lanzado propuestas ultras de contenido antiinmigratorio que han incluido también valoraciones negacionistas. Primero ha sido el vicepresidente, Alejandro Nolasco, quien a cuenta de un episodio de violencia machista en Zaragoza ha pedido conocer la situación administrativa del agresor, de origen marroquí, y ha reclamado su “expulsión inmediata” del país. La segunda intervención de la jornada la ha protagonizado David Arranz, diputado de la formación, durante la primera Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, cuando hablando de los comedores escolares, ha dicho que espera que haya “mucho cerdo”.

En su intervención, Arranz ha defendido las políticas educativas impulsadas por Vox y ha cargado contra la izquierda, a la que ha acusado de mantener “discursos trasnochados del marxismo” y de utilizar las aulas para “inculcar sus ideas” y hacer “activismo”. El diputado ultra ha reivindicado la educación concertada y ha defendido la “libertad de elección” de las familias, además de insistir en medidas como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o el apoyo a la educación especial.

Sin embargo, la parte más controvertida de su discurso ha llegado al hablar de los comedores escolares y de la integración cultural. Arranz ha defendido la instalación de cocinas en los centros y el consumo de “productos frescos, de proximidad” y “producto nacional”, antes de añadir: “Y mucho cerdo, me gustará ver mucho cerdo en los comedores escolares, es un alimento muy nuestro y muy de aquí”.

El diputado de Vox también ha cargado contra los programas relacionados con lengua árabe y cultura marroquí en las aulas aragonesas. “Es mejor no seguir con esa lengua árabe y cultura marroquí, si queremos integrar a la gente que viene aquí tendrán que aprender nuestras costumbres y no lo de Marruecos”, ha afirmado.

Además, Arranz ha aprovechado el debate sobre climatización en los centros educativos para cuestionar el cambio climático. “Toda la vida de dios ha hecho calor en verano y frío en invierno”, ha dicho, en un contexto en el que docentes y sindicatos reclaman mejorar la climatización en las aulas, que alcanzan temperaturas que superan los 30 grados.

Horas antes, el vicepresidente del Gobierno aragonés y líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado la “expulsión inmediata” del detenido por la agresión machista ocurrida este fin de semana en Zaragoza. Nolasco ha pedido conocer la situación administrativa del arrestado y ha asegurado que, si se encontraba en situación irregular, debía ser deportado. La formación ultra ha utilizado así un caso de violencia machista para reforzar su discurso antiinmigración, uno de los principales ejes políticos con los que Vox está marcando el tono del debate público dentro y fuera del Ejecutivo autonómico.

En su intervención, el dirigente de Vox ha mezclado el caso concreto con propuestas generales sobre inmigración y seguridad, ha asegurado que se implantará el principio de prioridad nacional para frenar “el efecto llamada, tan peligroso para la seguridad de las mujeres” y “poner luz y taquígrafos para procurar que estos delincuentes vuelvan a sus casas”. El Departamento está “abierto” a la colaboración de todas las asociaciones y organismos que quieran trabajar junto con el Ejecutivo “para perseguir a estos delincuentes y que las mujeres no tengan que sufrir ni tener miedo a pasear por la calle”.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha alertado de importantes deficiencias en el sistema de control horario del Servicio Aragonés de Salud (Salud) después de detectar que casi 300 empleados realizaron durante 2024 jornadas complementarias equivalentes a otro año completo de trabajo añadido a su jornada ordinaria. El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma refleja además que, en total, 2.932 trabajadores superaron el límite legal de horas complementarias fijado para el personal estatutario y que el organismo abonó 16,11 millones de euros en complementos por prolongación y exceso de jornada sin contar con mecanismos efectivos para verificar ni la jornada ordinaria ni el derecho a percibir esos pagos.

El informe recuerda que el artículo 48 del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud regula la jornada complementaria y señala que 2.932 trabajadores del Salud superaron en 2024 las 475 horas de atención continuada realizadas fuera de la jornada ordinaria, el umbral utilizado por la Cámara de Cuentas en su fiscalización. En el Salud, la jornada anual ordinaria oscila entre las 1.370 horas del turno nocturno y las 1.547 del diurno, por lo que superar las 1.500 horas complementarias supone realizar prácticamente otro año laboral completo además de la jornada habitual. Pese a ello, la Cámara concluye que casi el 10,5% de los trabajadores que percibieron nómina del Salud en 2024 superaron el umbral utilizado por la Cámara de Cuentas para detectar excesos de jornada complementaria

Los datos reflejan además situaciones especialmente llamativas. Más de un millar de empleados realizaron entre 701 y 1.000 horas complementarias; otros 606 superaron las 1.000; y 293 rebasaron incluso las 1.500 horas en un solo año. Dentro de esos casos más extremos, 62 trabajadores llegaron a acumular más de 2.500 horas complementarias y 13 superaron las 3.500.

Entre los casos analizados por los auditores aparecen situaciones todavía más extremas. La Cámara revisó una muestra de los 14 empleados con mayor acumulación de horas complementarias y señala que, a partir de las retribuciones abonadas en nómina, se deducen jornadas equivalentes de entre 13,31 y 20,41 horas diarias durante 335 días al año, descontando el mes de vacaciones.

El informe recoge incluso el caso de un trabajador que acumuló 5.261 horas complementarias en un solo ejercicio. Según los cálculos del órgano fiscalizador, esa cifra equivaldría a unas 20 horas diarias durante prácticamente todo el año. También apunta que dos empleados realizaron guardias localizadas durante 323 y 335 días del año, respectivamente, sin que ninguna de ellas llegara a convertirse en guardia presencial.

La Cámara de Cuentas subraya, no obstante, que esas cifras se obtienen a partir de los importes retribuidos en nómina y vincula precisamente estas situaciones a la “ausencia de un sistema real de control horario”. Según el informe, “la única acreditación” de que se realizó la guardia es la firma del coordinador del servicio, que además “no está presente durante su ejecución”.

El órgano fiscalizador añade que la aplicación utilizada en los hospitales funciona únicamente como un sistema de planificación de turnos, pero no como un mecanismo de control de presencia efectiva. También señala que no existe seguimiento del acumulado anual de horas complementarias por empleado y que los excesos detectados se infieren únicamente de las nóminas abonadas.

La situación se enmarca, además, en un contexto de aumento sostenido del gasto de personal. El informe cifra en 2.989 millones de euros el gasto agregado de personal del sector público autonómico en 2024, un 7,4% más que el año anterior. Solo el Salud destinó más de 16 millones a retribuciones por prolongación y exceso de jornada.

Ante esta situación, la Cámara de Cuentas recomienda implantar sistemas efectivos de control presencial para verificar la realización de guardias y el cumplimiento de la jornada ordinaria antes de abonar los complementos. También insta a establecer un seguimiento individualizado del acumulado anual de horas complementarias para detectar excesos sobre el límite legal.

En las alegaciones presentadas al informe, el Gobierno de Aragón defendió que algunas de las incidencias detectadas por la Cámara de Cuentas son “muy difíciles de subsanar sino imposibles” debido al funcionamiento del Salud y a la gestión de las guardias y sustituciones de final de año. La Intervención General argumentó que parte de esas retribuciones no pueden imputarse al ejercicio correspondiente porque la información completa se conoce después del cierre de nómina e incluso tras el cierre contable del año. El Ejecutivo autonómico sostuvo además que, aunque existan desajustes entre ejercicios, “las diferencias se compensan de manera natural” y aseguró que esta situación “no compromete la imagen fiel de las cuentas”.

En otra de sus alegaciones, el Gobierno también justificó algunas de las deficiencias contables por la complejidad de gestionar una plantilla de más de 45.000 empleados públicos de perfiles muy distintos, entre ellos sanitarios, docentes y funcionarios de la Administración. La Cámara de Cuentas, sin embargo, rechazó estas alegaciones y mantuvo íntegramente las observaciones incluidas en el informe definitivo.

Dos edificios históricos aragoneses han caído bajo la piqueta estas últimas semanas. La Casa Lucías de Báguena, en Teruel, y el Palacio de los Duques de Villahermosa de Los Fayos, en Zaragoza, han terminado siendo derribados tras años de “abandono” y degradación estructural. Dos inmuebles que en su día simbolizaron el esplendor arquitectónico de sus localidades y que ahora han acabado reducidos a escombros pese a los intentos por conservarlos.

El caso más reciente es el de la Casa Lucías de Báguena, un palacio renacentista del siglo XVII vinculado al linaje de los Azcón-Sancho y considerado uno de los mayores exponentes de la arquitectura nobiliaria del Jiloca. El edificio destacaba por su fachada de más de 40 metros en plena plaza de la Iglesia. Desde hace años, colectivos patrimonialistas han alertado sobre su deterioro. Apudepa recuerda que en 2022 consiguió paralizar un primer derribo. “Logramos que la DGA paralizara su derribo. Estaba en un estado mejorable, pero no como para ser derribado”, sostienen desde la asociación.

La restauradora Lourdes Gracia, integrante del colectivo, ha calificado la demolición como “una aberración” y “un atentado contra el patrimonio”. “Patrimonio es identidad”, defendía días atrás, mientras denunciaba que Aragón pierde patrimonio histórico “casi a inmueble por semana”. También el arquitecto Alberto Used lamenta lo ocurrido en Báguena. “Me escandaliza. Hace cuatro años conseguimos parar el derribo publicando fotografías del edificio y estaba perfecto”, explica. Used define Casa Lucías como “un palacio italianizante del valle del Jiloca” y lamenta que finalmente haya acabado derribado.

Desde CHA-Jiloca, su presidente, Nacho Orte, critica que se haya llegado “al derribo sin valorar alternativas de restauración, musealización o uso turístico” que podrían haber servido, sostiene, como “motor económico para el municipio”. La formación ha anunciado iniciativas parlamentarias para que la consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, explique la actuación del Gobierno de Aragón ante lo que consideran una “pérdida continua” de patrimonio histórico.

CHA reclama además que se conserve el escudo heráldico de los Azcón-Sancho, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1997. “La ley prohíbe la destrucción o alteración de estas piezas, fundamentales en nuestra narrativa histórica”, recuerdan.

Frente a las críticas, fuentes municipales justifican el derribo por el grave deterioro estructural y el riesgo para la seguridad. El pasado marzo, tras el aviso de un vecino por ruidos en el inmueble, Guardia Civil y Bomberos acordonaron la zona y desalojaron una vivienda contigua por peligro de derrumbe. Después, distintos informes técnicos alertaron de riesgo de colapso inminente. Desde Patrimonio del Gobierno de Aragón explican que no se trataba de un edificio protegido: “Es un edificio de propiedad particular que llevaba mucho tiempo en mal estado. No contaba con ninguna figura de protección patrimonial, aunque sí está en el entorno de un bien protegido que es la torre de la iglesia” Explican que, ante el “riesgo que suponía el mal estado del edificio” el Ayuntamiento solicitó realizar un derribo parcial, que se autorizó. Exponen también que es “deber de los propietarios de mantener y proteger este tipo de bienes de propiedad particular”.

“Vamos casi a inmueble por semana”

El otro edificio desaparecido estas semanas es el Palacio de los Duques de Villahermosa de Los Fayos. Un inmueble levantado sobre una residencia vinculada a Martín de Gurrea y Aragón y reformado y ampliado en el siglo XVII, cuando los duques de Villahermosa eran propietarios de las tierras de la localidad. Según recoge Hispania Nostra, junto al palacio se construyó también la capilla contigua y se levantó un muro que rodeaba el conjunto. Incluso se atribuye al edificio una estancia de Felipe IV.

El inmueble estaba en la plaza Mayor y formaba conjunto con la iglesia de Santa María Magdalena. Incluido en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico Aragonés, llevaba años en la Lista Roja de Hispania Nostra.

Pese al deterioro, todavía conservaba parte de la fachada principal y la galería superior de arcos de medio punto, aunque muy modificadas respecto a su aspecto original. La ficha actualizada esta semana por Hispania Nostra describe un edificio con derrumbes interiores, parte de la fachada desplomada, pérdida de cubierta y grietas verticales que comprometían seriamente su estabilidad. El interior estaba lleno de escombros y completamente expuesto a la lluvia y al viento, algo que había acelerado todavía más su degradación.

Desde Apudepa aseguran que inspeccionaron el inmueble hace años y consideran que aún podía haberse salvado. “Estaba en mal estado pero todavía salvable. En pleno siglo XXI seguimos perdiendo patrimonio en Aragón, vamos casi a inmueble por semana”, lamentan.

El derribo ha provocado también la reacción de CHA. La portavoz de la formación en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes, Mary Carmen Bozal, denuncia “la falta de una política eficaz de protección patrimonial” y sostiene que lo ocurrido en Los Fayos “no es un hecho aislado”. “En muy poco tiempo hemos asistido a la desaparición o deterioro grave de edificios de gran valor histórico y cultural sin que el Gobierno de Aragón haya demostrado capacidad de reacción ni voluntad política suficiente para evitarlo”, afirma.

CHA llevará el asunto a las Cortes para pedir explicaciones a la consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero. Bozal reclama además “más coordinación entre administraciones públicas y herramientas eficaces” para intervenir antes de que los edificios lleguen “a situaciones irreversibles”. Desde el Gobierno de Aragón explican que parte del edificio es de propiedad particular y otra parte municipal, y que el ayuntamiento de la localidad realizó una declaración de “ruina inminente dado que existía riesgo para viandantes y para otras infraestructuras”.

La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZC), entidad encargada de gestionar Etopia, el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, ha terminado en concurso de acreedores tras dos años marcados por la devolución de proyectos europeos, la pérdida progresiva de personal, impagos a la plantilla y el desmantelamiento de parte de su actividad cultural y tecnológica. Los trabajadores que todavía continúan vinculados al proyecto sostienen que la situación actual no responde a una quiebra sobrevenida, sino a una estrategia de “abandono deliberado” para conducir a la entidad a la ruina.

Etopia abrió en 2013 como uno de los principales espacios municipales dedicados a la innovación, la cultura digital y la experimentación artística. El asunto volvió este jueves al debate político municipal en la comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, donde Zaragoza en Común (ZeC) acusó al Gobierno de Natalia Chueca de haber llevado “deliberadamente” a la fundación hacia la quiebra. El concejal de ZeC, Suso Domínguez, defendió que la FZC era “un proyecto de éxito que trascendía lo puramente local” y recordó que, en su último ejercicio completo, “por cada euro aportado por el Ayuntamiento se captaban 2,3 euros de financiación externa”.

Según los datos de la memoria de actividades de 2023, el último año considerado “normal” antes del inicio del proceso de liquidación, la fundación gestionaba 11 proyectos con financiación externa y desarrollaba una programación de talleres, conciertos, laboratorios infantiles, exposiciones, residencias artísticas y becas que daba servicio a unas 40.000 personas al año.

Fuentes de la plantilla consultadas explican que la fundación no dependía exclusivamente del presupuesto municipal. “La aportación del Ayuntamiento era relativamente pequeña para un centro de este tamaño. Lo que hacía viable el proyecto era precisamente la capacidad de conseguir financiación externa”, sostienen. Entre 2022 y 2023, la entidad logró más de 1,2 millones de euros de financiación europea y de otras convocatorias externas. Los trabajadores aseguran además que cuando el Gobierno municipal anunció en febrero de 2024 el cambio de orientación de Etopia y el inicio de la liquidación, la fundación mantenía proyectos concedidos hasta finales de 2027 y unas cuentas “saneadas”. A partir de ahí, denuncian, comenzó un deterioro progresivo de la estructura y de la actividad del centro.

El proceso de liquidación ya generó polémica institucional en 2024. El Gobierno de Aragón llegó a reprender al Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Protectorado de Fundaciones, por la forma en la que se había articulado la salida municipal de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. La DGA obligó entonces a constituir un patronato provisional integrado por el Ayuntamiento, Ibercaja y la Universidad de Zaragoza para poder completar legalmente la disolución. Domínguez acusó además al Gobierno municipal de “mentir” al sostener públicamente que el Ayuntamiento había abandonado la fundación cuando seguía formando parte de ese patronato provisional.

“Primero había que llevarla a la ruina”

Tanto la plantilla como Zaragoza en Común sostienen que, tras anunciarse la salida del Ayuntamiento de la fundación, comenzó un proceso continuado de “desmantelamiento” institucional y operativo. “Primero había que llevarla a quiebra, pero como las cuentas estaban saneadas empezaron a renunciar a fondos europeos y a dejar de cobrar facturas”, afirmó Suso Domínguez durante la comisión.

Entre las decisiones que cuestionan figuran la devolución de proyectos ya concedidos, la pérdida de programas vinculados a Etopia, la falta de cobertura de bajas y vacantes o la ausencia de una dirección efectiva. Según explican, en octubre de 2025 el patronato anunció la devolución de proyectos europeos valorados en más de 608.000 euros. “Nos pedían sacar adelante proyectos sin estructura, sin administración y sin directrices claras. La gente se iba marchando y no se sustituía”, relatan fuentes de la plantilla, que aseguran que desde marzo de 2025 la fundación no tiene director gerente.

Los trabajadores también denuncian que quedaron facturas pendientes de cobrar por servicios ya prestados y que no se facilitaron pagos ni documentación necesaria para justificar algunos proyectos europeos ya ejecutados. “Cuando justificas un proyecto europeo tienes que enviar facturas y comprobantes de pago. Había proyectos terminados cuyos pagos no se hacían”, explican.

La situación laboral también se ha deteriorado durante los últimos meses. Las trabajadoras que todavía permanecen vinculadas a la fundación aseguran que llevan desde febrero sin cobrar sus nóminas y critican que no se haya ejecutado un despido formal. “No nos pagan, pero tampoco nos despiden. No nos vamos a ir sin indemnización y sin derecho a paro”, lamentan. Explican también que la fundación llegó a iniciar un ERE para toda la plantilla que posteriormente fue retirado, dejando a los trabajadores en una situación de incertidumbre y sin acceso al desempleo.

La plantilla advierte además del impacto reputacional que la situación está teniendo para Zaragoza en el ámbito cultural y europeo. “Pedir financiación europea y luego devolverla genera un daño institucional enorme”, sostienen. Los trabajadores recuerdan que muchos de los proyectos cuestionados implicaban colaboración con universidades, científicos, expertos ambientales y entidades culturales de distintos puntos del país. “Reducir todo eso a que bajábamos en barca es una caricatura interesada”, sostienen. Defienden además que Etopia había conseguido consolidarse durante los últimos años como una referencia nacional en innovación cultural y tecnológica junto a otros espacios como Harinera.

El PP habla de un “chiringuito de la izquierda”

Frente a las acusaciones de trabajadores y oposición, el concejal de Participación Ciudadana y representante municipal en la fundación, Carlos Gimeno, defendió en la comisión la actuación del Gobierno municipal y aseguró que el Ayuntamiento abandonó oficialmente el patronato en marzo de 2024 por decisión del pleno.

Gimeno sostuvo que el proyecto “no suscitó interés” entre posibles nuevos patronos y aseguró que ni siquiera entidades próximas ideológicamente a la izquierda quisieron asumir la continuidad de la fundación. “Si es un proyecto de izquierdas, ¿por qué no entró la DPZ o la Delegación del Gobierno?”, cuestionó.

El edil popular calificó además la fundación de “auténtico chiringuito” y defendió que parte de las actividades desarrolladas en Etopia no justificaban el volumen de recursos públicos invertidos. Como ejemplo, caricaturizó algunos proyectos culturales vinculados a fondos europeos, mencionando actividades relacionadas con el río Ebro o descensos fluviales con escasa participación.

“Las actividades eran para ellos”, afirmó Gimeno, quien también acusó a Zaragoza en Común de “mentir” y defendió que la actual situación laboral responde a las limitaciones establecidas por la ley concursal. La versión del PP sobre este centro cambió en un año, en 2023, bajo el gobierno de Jorge Azcón, el Consistorio presentó el décimo aniversario del centro definiéndolo como un “referente de investigación, producción, divulgación y participación” a nivel internacional, nacional y local. En aquella presentación institucional se destacaban además los miles de personas que participaban cada año en actividades y programas del espacio. Menos de un año después y bajo la presión de Vox —al que necesitaban para sacar adelante las medidas en el pleno—, el PP inició el desmantelamiento de la fundación y del centro cultural.

La Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado en su informe anual de control interno correspondiente a 2025 la existencia de “injerencias” y presiones por parte de gestores municipales durante la tramitación de expedientes. El documento, firmado por el interventor general, asegura además que durante el último año “ha aflorado una práctica deplorable” por parte de responsables municipales, que han tratado de influir en la interpretación de la legislación y en el sentido de los informes emitidos por este órgano.

El documento recoge que ya en el ejercicio anterior se había advertido de “la profunda injerencia” que suponía la remisión de expedientes “con exigencia de su emisión en plazos estrambóticos”, justificados por la necesidad de elevarlos al órgano competente pese al tiempo que habían permanecido previamente en tramitación en los servicios municipales. Sin embargo, la Intervención sostiene que la situación no solo se ha mantenido durante 2025, sino que además se han producido actuaciones más graves. En concreto, el documento señala que “hay gestores que se permiten el ‘lujo’ de dirigirse a la Intervención General indicando cómo debe interpretar la legislación aplicable a ‘su caso’ e indicando el sentido del informe a emitir”.

El informe no concreta a qué responsables se refiere ni identifica áreas municipales concretas, aunque sí advierte en distintos apartados de problemas reiterados en contratación, subvenciones, control del gasto y fiscalización de expedientes. Entre otras cuestiones, habla de un “elevado volumen de gasto irregular”, contratos sin cobertura contractual o deficiencias en la planificación de la contratación pública.

“Quien consiente o mira es cómplice”

Estas afirmaciones se han abordado en la Comisión de Hacienda celebrada este jueves. La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha preguntado a la consejera de Hacienda, Blanca Solans, si “apoya, consiente o condena” estos comportamientos denunciados por la Intervención. Tomás también ha reclamado que el Gobierno municipal solicite al servicio de Intervención los nombres y responsabilidades de las personas que habrían intentado influir en las decisiones del órgano fiscalizador para abrir expedientes y apartarlas cautelarmente de sus funciones mientras se investigan los hechos. “Quien los consiente o mira para otro lado es cómplice”, ha afirmado la portavoz de ZeC, que ha pedido medidas para garantizar que el interventor pueda desarrollar su trabajo “sin nadie que le presione y le dicte resoluciones”.

Marta Aparicio, concejal socialista, ha criticado que esta situación se perpetúe en el tiempo, puesto que en el informe de 2024 ya se hablaba de injerencias. “Hace un año le decía que ustedes hacen todo lo posible por huir del control, del control de la intervención, del control de la oposición, del control de los medios de comunicación, del control de los ciudadanos. Y también le decía que al final, todo sale a la luz. Pero se están pasado, se creen tan por encima de todo y de todos que piensan que pueden hasta darle instrucciones a la intervención de lo que tiene que hacer”. Ha lamentado asímismo que falte personal y espacio en Intervención: “Mal que les aprieten con los plazos, mal, todo muy mal y se lo decía el año pasado ya. Pero creo sinceramente que esto va mucho más allá de su incapacidad de gestión y de planificación”.

Mientras, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha considerado “extraordinariamente grave” el escrito y ha explicado que pedirá al interventor “que precise qué áreas y expedientes concretos se han visto afectados por las injerencias y la práctica deplorable que denuncia”. “Estamos hablando de que está denunciando interferencias del Gobierno municipal sobre el control interno del Ayuntamiento de Zaragoza”, ha destacado. A su vez, ha incidido en el hecho de que el equipo de gobierno no haya elaborado –como también afea el órgano de control– un Plan de Acción en el que se deben establecer “las medidas correctoras de las deficiencias” detectadas en el pasado.

Por su parte, Solans ha evitado entrar en posibles responsabilidades concretas: “No apruebo estas conductas pero no puedo pronunciarme por algo que no se ha puesto en mi conocimiento”, ha respondido la consejera, que ha añadido que “para mejorar se necesita concretar aquello que de una forma general se dice”. La responsable municipal de Hacienda también ha defendido que muchas de las recomendaciones recogidas en el informe se han ido aplicando desde las distintas áreas municipales, aunque ha admitido que el plan de acción exigido por Intervención “no se ha documentado como tal”.

“Gasto irregular” y contratos sin cobertura

Más allá de las referencias a las presiones denunciadas por la Intervención, el informe anual de control interno del Ayuntamiento de Zaragoza también advierte de otras deficiencias en la gestión municipal. Entre ellas, menciona la existencia de un “elevado volumen de gasto irregular”, expedientes tramitados sin fiscalización previa y contratos que continúan prestándose “sin cobertura contractual”.

El documento también pone el foco en problemas “recurrentes” en subvenciones, contratación pública y control del gasto. En concreto, señala “deficiencias” en la tramitación de contratos menores, dificultades para controlar el gasto derivado de grandes contratos municipales y “retrasos” en la planificación y adjudicación de contratos públicos.

La Intervención también insiste en que carece de medios personales suficientes para desarrollar sus funciones de control de forma “eficaz y eficiente”. El informe recoge vacantes sin cubrir, falta de personal técnico y hasta problemas de espacio físico para incorporar nuevos trabajadores al servicio.

Las calles de Zaragoza, Huesca y Teruel se han teñido este miércoles de verde. Una marea de docentes y familias han llenado el centro de las ciudades aragonesas contra los conciertos educativos promovidos por el Gobierno de Jorge Azcón. En Zaragoza, la marcha ha concluido en una Plaza del Pilar abarrotada que ha pedido bajo el sol la supresión de los conciertos educativos en Bachillerato y “que se escuche a la gente”.

Sandra es doncente en un centro público del Actur y reclama “más inversión a lo público” porque “lo que se ve en el aula día a día son situaciones muy complicadas, amplias ratios y una atención a la diversidad que hacemos como podemos, con nuestro coste personal y nuestro tiempo”.

En la misma línea se manifiesta Elisa, compañera del mismo centro, que critica la falta de recursos que, cuando no se está día a día en el aula, no se vive: “Nos enfrentamos a situaciones diarias que no podemos abarcar, se necesitan muchos más recursos, mucho más personal, tenemos una carga muy grande a nivel de papeleo y el trabajo del día a día con los alumnos se ve perjudicado por la falta de recursos, tienes que sacar tiempo de donde no hay”.

Laura, profesora de un colegio público de Zaragoza, considera que el dinero destinado a la concertación “debería invertirse en reforzar la escuela pública”. “Trabajo cada día en un aula y las carencias de recursos, tanto materiales como personales, son enormes. Faltan apoyos, faltan profesionales y seguimos teniendo muchos centros con problemas de climatización o patios poco adecuados para los alumnos”, lamenta.

La manifestación ha partido de la Glorieta Sasera y ha ido creciendo a medida que avanzaba por el centro de Zaragoza, sumando columnas de docentes, estudiantes y familias en distintos puntos del recorrido, especialmente en el paseo de la Independencia. A diferencia de otras movilizaciones, la marcha ha transcurrido de forma bastante silenciosa durante buena parte del recorrido, aunque la imagen de la calle Alfonso completamente abarrotada de principio a fin reflejaba la dimensión de la protesta. Mientras la cabecera ya entraba en la plaza del Pilar, todavía seguían llegando manifestantes desde Independencia. Ya en la plaza, llena bajo el sol del mediodía, sí han estallado las proclamas y los cánticos contra la política educativa del Gobierno aragonés, con gritos de “es Azcón el que no bote”, “educación pública” o “abajo la concertada”.

La protesta ha concluido en la Plaza del Pilar con la lectura de un manifiesto a cargo de Francisco Fraguas y Aitana Muñoz, que han defendido que “defender la Escuela Pública es defender el futuro de Aragón” y han reivindicado que la educación pública “no pertenece a ningún gobierno”, sino que “garantiza derechos, igualdad de oportunidades y cohesiona el territorio”.

Durante la lectura, la comunidad educativa ha acusado al Ejecutivo autonómico de “seguir avanzando en la privatización de etapas educativas” mientras, aseguran, faltan recursos en los centros públicos. “Nos dijeron que no había presupuesto para reducir ratios, contratar más orientadores o climatizar centros, pero sí aparecen millones de euros cuando se trata de financiar centros privados”, recoge el texto leído este mediodía ante miles de personas en Zaragoza.

Marcha estudiantil y seguimiento de la huelga

En cuanto al seguimiento de la huelga, fuentes sindicales han comunicado que “según los datos facilitados por los propios centros, alrededor del 55% del profesorado ha secundado la huelga para exigir que los más de 20 millones de euros que Azcón quiere despilfarrar en seguir privatizando la enseñanza aragonesa, se destinen a solucionar problemas que la escuela pública tiene por su infradotación económica, el seguimiento ha sido de un 55% en la provincia de Zaragoza, de un 59% en la de Huesca y de un 45% aproximadamente en la de Teruel”.

Ayer, el seguimiento según los sindicatos convocantes, que posteriormente confirmó el Departamento de Educación, fue de en torno a un 40%, con más peso en Infantil y Primaria que en Secundaria. Este miércoles, el Ejecutivo ha trasladado que el 25,96% del personal docente ha hecho huelga y el 12,52% del personal no docente. Por provincias, Huesca vuelve a ser en la que más docentes secundan la huelga, un 29,54%, seguida de Zaragoza con un 25,05% y de Teruel con un 24,79%. En cuanto al personal no docente: en Zaragoza ha secundado la huelga el 17,42%, el Huesca el 15,48% y en Teruel el 14,75%.

Desde la organizaciones sindicales han insistido en que “ante la perdida de alumnado de los centros concertado, el Gobierno de Aragón ha decidido que su política educativa se destine a salvar el negocio de estas empresas, no hay que olvidar que el 70% de las familias aragonesas eligen la escuela pública, porque es la opción de mayor calidad y en la que cabe todo el alumnado, y no podemos permitir que se destine dinero público para que los centros privados puedan seguir con su negocio a pesar de su perdida de alumnado”.

Alrededor de siete mil personas se han manifestado esta mañana por el centro de Zaragoza en la manifestación convocada por el movimiento estudiantil y que el profesorado en huelga ha secundado masivamente para exigir al Gobierno de Aragón que no concierte el bachillerato, y que destine más recuros a la escuela pública.

La huelga comenzó ayer, cuando centenares de personas se congregaron frente al Departamento de Educación de Zaragoza, donde entregaron en torno a un centenar de escritos redactados por los claustros y los consejos escolares de diferentes centros de la provincia. En ellos, los docentes señalan los problemas concretos que tiene cada centro, ya que las personas movilizadas consideran que solucionar esto es “prioritario” a concertar el Bachillerato, una etapa educativa no obligatoria.

El Departamento de Educación ha respondido a los manifestantes, que esta misma mañana han pitado al presidente Azcón en Huesca para mostrarle su malestar por la situación educativa. La Consejería “mantiene abiertos de forma permanente canales de diálogo con toda la comunidad educativa. Estas vías han permitido adoptar medidas relevantes para la mejora del sistema y seguirán siendo el marco adecuado para abordar cualquier propuesta o discrepancia desde la responsabilidad y el rigor”, aseguran.

Según el Ejectutivo, no existe “ningún proceso de recorte ni de desmantelamiento de la educación pública en Aragón. Muy al contrario, el actual Gobierno autonómico está realizando el mayor esfuerzo inversor de la historia en educación no universitaria, con más de 1.300 millones de euros de presupuesto, de los cuales el 84% se destina a la red pública” y defienden su plan de concertación del Bachillerato: “Se trata de una cuestión de justicia, equidad, igualdad de oportunidades y libertad de elección, porque únicamente cuando no hay barreras económicas hay auténtica igualdad y, por tanto, libertad”.

Niegan que se trate de una privatización del sistema ni de una “merma de recursos para la red pública, ni una segregación de alumnado. La concertación de esta etapa va a permitir que los alumnos que han elegido un centro concertado puedan concluir su trayectoria en su mismo colegio hasta los 18 años sin que el factor económico sea un obstáculo, por lo que protege a las familias con menos recursos de esa red”. Concluyen asegurando que ambos modelos —la pública y la concertada— son “totalmente complementarios e imprescindibles desde hace cuatro décadas, que han enriquecido el sistema educativo y que garantizan la libre elección de centro”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este martes que el Gobierno municipal rebajará la sanción prevista para las personas sin hogar que duerman en la calle, parques y jardines. La nueva Ordenanza Cívica contemplaba inicialmente multas de hasta 3.000 euros al considerar esta conducta como una infracción “muy grave”, pero finalmente pasará a tipificarse como “leve”, con sanciones de entre 50 y 750 euros. Lo ha dicho en una entrevista en la COPE Zaragoza, pero no ha incluido ninguna modificación a otras medidas que sancionan a las personas vulnerables de la ciudad, como pedir dinero en la calle o vender pañuelos en un paso de peatones.

La regidora ha justificado el cambio asegurando que el Ayuntamiento ha escuchado las críticas trasladadas por las entidades sociales durante el periodo de exposición pública de la norma. “Uno de los puntos que más sorpresa ha generado ha sido el hecho de que las personas sin hogar no puedan pernoctar en la calle, parques y jardines y que eso sea una sanción muy grave”, ha reconocido.

“Hemos estado en comunicación con la coordinadora de entidades sin hogar y les hemos escuchado. Es verdad que que sea muy grave es muy duro”, ha señalado Chueca, quien ha avanzado que el texto se modificará para que la conducta pase a ser considerada una infracción leve. “Va a seguir dando instrumentos jurídicos para que la Policía permita que no se formen asentamientos como los que tuvieron lugar en el parque Bruil”, ha añadido.

La alcaldesa ha defendido que “la calle no es para mantener campamentos ni asentamientos”, aunque ha admitido que la sanción inicial era “excesiva e inasumible”. “Hablamos de pasar de unos 3.000 euros, que era muy grave, a unos 50 euros —la normativa municipal establece que las sanciones leves pueden ir de los 50€ a los 750€—. Lo importante es tener el instrumento jurídico”, ha afirmado.

La modificación llega después de la polémica generada por una ordenanza que castigaba con hasta 3.000 euros dormir en la vía pública, una medida que distintas entidades sociales y partidos de la oposición calificaron de criminalización de la pobreza. El Ayuntamiento de Zaragoza, además, participó en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030, donde se recoge expresamente que las personas sin hogar no deben ser “criminalizadas”.

Pese a este cambio, el texto mantiene otras medidas criticadas por colectivos sociales. Entre ellas, la prohibición de la denominada “mendicidad coercitiva”, que incluye pedir dinero obstaculizando “de manera intencionada el tráfico libre de los ciudadanos por los espacios públicos”. También se sanciona la limpieza de parabrisas o la venta de pañuelos en semáforos “a cambio de una cantidad de dinero o donativo”, así como la venta ambulante irregular o ‘top manta’, castigada igualmente con multas de hasta 3.000 euros.

Chueca ha vinculado además el incremento de personas sin hogar con las políticas migratorias del Gobierno central. “El problema de las personas sin hogar está creciendo en toda España como consecuencia de un Gobierno nacional que tiene las competencias en inmigración y no está aplicando una política de integración”, ha asegurado. Según la alcaldesa, Zaragoza ha registrado “un incremento del 60%” de personas sin hogar en los últimos años, aunque ha defendido que la tasa continúa “muy por debajo de la media nacional”.

La alcaldesa también ha reivindicado las políticas municipales impulsadas durante su mandato. “He sido la alcaldesa que más ha hecho por las personas sin hogar”, ha afirmado, antes de destacar la reforma del albergue municipal con una inversión de seis millones de euros y el aumento de plazas disponibles. Según ha explicado, la ciudad ha pasado de contar con 349 plazas de atención a personas sin hogar a superar las 500 sumando recursos municipales y convenios con entidades sociales.

La huelga de la educación pública ha empezado con ganas en Aragón. Docentes y familias se han reunido frente al Departamento de Educación de Zaragoza para reivindicar “dinero público para la pública”. Paz Fernández y Diego Tudela son docentes del Colegio de Educación Infantil y Primaria Gustavo Adolfo Bécquer, en Garrapinillos. Ambos consideran a la escuela pública como “la única que garantiza la igualdad de oportunidades, es donde se atiende la diversidad” y critican el estado de muchos centros educativos públicos: “Necesitamos mayor personal, tenemos los centros que se caen a cachos, no hacen más que aumentar la diversidad, pero sin aumentar el personal”, expresa la docente.

El germen de esta huelga educativa de dos días es la concertación del Bachillerato que está llevando a cabo el Gobierno de Azcón. Los asistentes han gritado contra esta medida, que también ha sido el foco principal del manifiesto. María, profesora del Colegio Público Recarte y Ornat, en Zaragoza, asegura que ese dinero que se va a invertir en la concertación “sería justo que fuera para los centros, soy profesora y madre y las carencias que hay en el día a día por falta de recursos personales o materiales es brutal. Hay un gran problema de falta de climatización y muchos coles con patios desnaturalizados”, crítica.

En la misma línea se manifiesta Sandra, que ha acudido a esta protesta acompañada de su hijo: “Se ha concertado un montón de dinero para una etapa educativa que no es obligatoria, se ha dado para la privada, no es necesaria una educación concertada. Si quieres una educación privada y te la puedes pagar, bien, y si no te la puedes pagar hay plazas en la pública donde estamos ofreciendo una educación de calidad”, explica esta docente del CEIP José Camón Aznar. Paz Fernández criticaba también la existencia de la educación concertada, al considerar que segrega: “No garantiza la igualdad de oportunidades, al final los hijos de la clase obrera no van a poder ir a la universidad”.

Los sindicatos han fijado el seguimiento de esta primera jornada en torno a un 40%, aunque son datos provisionales. Gema Tomás, responsable de CSIF Educacion Aragón, ha explicado que son datos de Infantil y Primaria, donde ha habido más seguimiento de la huelga. En Secundaria, “aún estamos esperando los de los institutos”, ha dicho. Este 40% es sobre los docentes que podían hacer huelga, los servicios mínimos establecidos por el Departamento de Educación son de un 25%, algo que ha sido recurrido por los sindicatos. Los datos proporcionados por los sindicatos coinciden con los que ha aportado el Gobierno de Aragón: con un 25,61% de seguimiento entre personal docente y un 15,82% de personal no docente, es decir, un 41,43% de todos los profesionales convocados.

Por provincias, el Departamento detalla un mayor seguimiento en Huesca durante la primera jornada, con el 30,02% de personal docente y el 16,67% de no docente; seguida de Zaragoza con un 25,61% de los docentes y un 14,07% de los trabajadores no docentes; y en Teruel un 21,12% de los profesores y profesoras y un 16,99% del resto del personal.

Tomás ha explicado que se han entregado en torno a un centenar de escritos realizados por los claustros y los consejos escolares de centros zaragozanos —y se hará lo propio en las provincias de Huesca y Teruel— en los que cada uno de los centros manifiestan las debilidades que tienen: “Han manifestado donde querían que ese dinero destinado a la concertada se pudiera aprovechar en los centros públicos, en infraestructuras, recursos humanos y materiales”. Frente al Departamento se han congregado familias, alumnos y docentes que han gritado proclamas como “Susin, escucha, la pública está en lucha”, “Este concierto lo vamos a parar”, “Nada, nada, nada, para la concertada” o “Es Azcón el que no vote”.

Un profesor del colegio Arcosur Sur ha sido el encargado de leer el manifiesto en el que reclaman a Carmen Susin, recientemente nombrada consejera de Educación, la paralización de la orden de concertación del Bachillerato, “que abra una negociación real”, “que deje de gobernar de espaldas a la comunidad educativa” y “que cumpla los compromisos firmados en defensa de la Escuela Pública”. En dicho manifiesto, han pedido defender “un modelo que no selecciona, que no excluye y que no abandona territorios ni alumnado. Y hoy venimos a decirle a la nueva Consejera de Educación, como responsable de nuestros centros, que todavía está a tiempo de elegir qué modelo quiere defender”.

Las críticas al Gobierno de Azcón han sido sonadas, entre cánticos apelándole directamente y referencias a su gestión como Ejecutivo: “El Gobierno de Aragón ha elegido destinar millones de euros públicos a ampliar conciertos educativos en Bachillerato mientras nuestros centros públicos siguen sufriendo recortes, falta de personal, infraestructuras inacabadas y sin climatizar, aulas saturadas, plantillas insuficientes, servicios en precario”, expone el manifiesto. Los convocantes sostienen que la concertación “no responde a una necesidad social ni educativa. No faltan plazas públicas. Lo que falta es voluntad política para apostar por ellas”.

Han ennumerado las cuestiones que se ven afectadas por destinar dinero a la educación concertada. “Cada euro que se desvía a conciertos innecesarios es un euro menos para bajar ratios, contratar más profesorado, reforzar orientación, atender al alumnado vulnerable, climatizar centros, mejorar infraestructuras, garantizar recursos en el medio rural, mejorar los servicios de la escuela como transporte, comedor y conciliación, dignificar nuestras condiciones laborales y mejorar la calidad de la Escuela Pública que es la de todos y todas”.

También han hecho referencia al recurso contencioso presentado por organizaciones sindicales, de familias, educativas, vecinales y sociales que denuncia la orden de concertación: “Altera la planificación educativa pública, desvía recursos durante seis años hacia centros privados y puede provocar consecuencias irreversibles para la red pública: pérdida de alumnado, reducción de grupos, recortes de plantillas y debilitamiento de la oferta educativa pública en Aragón. Incluso se señala que la medida fue aprobada por un Gobierno en funciones y sin acreditar ninguna necesidad real de plazas concertadas”

La huelga está convocada este martes y miércoles, 19 y 20 de mayo, para personal docente y no docente. Este martes, además de la concentración frente al Departamento de Educación en Zaragoza se ha celebrado a la misma hora una en Huesca, en la Plaza Cervantes. El miércoles, a las 12:00 tendrá lugar la manifestación estudiantil en Zaragoza desde la Plaza San Francisco, una concentración en la Plaza Cervantes de Huesca y una manifestación desde el IES Francés de Aranda hasta la Plaza del Torico de Teruel. Por la tarde, las movilizaciones se reactivan en Huesca y Zaragoza: a las 18:00 una manifestación desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Plaza de Navarra de la capital oscense y a las 18:30 una manifestación desde Glorieta Sesera hasta la Plaza del Pilar de Zaragoza.

El frente, integrado por los sindicatos CGT, STEA-i, CCOO, CSIF, UGT y ANPE, junto a organizaciones sociales, vecinales y de familias como FABZ, FAPAR, ADIZAR, AEDIPA y FADEA, con el respaldo de formaciones políticas como PSOE, CHA, IU, Podemos, ZeC, Movimiento Sumar y PCE, denuncia que la medida supone “un ataque a la escuela pública” y un cambio de modelo educativo basado en el desvío de fondos hacia la enseñanza privada.

La huelga educativa convocada para este martes y este miércoles en todo Aragón ha calentado motores esta tarde en Zaragoza. A las 17:00 habían convocado una marcha que ha culminado con el encierro en el CEIP Hispanidad, donde varias familias pasarán la noche en apoyo a la huelga educativa convocada por los sindicatos de docentes. Durante el encierro van a pintar pancartas que portarán en la manifestación contra la concertación del bachillerato bajo el lema 'Dinero Público para la Pública' que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo a las 18:30 en la Glorieta Sasera.

La marcha ha movilizado a familias y docentes de cuatro centros educativos de la zona: las comunidades educativas de Valdefierro, Oliver, Miralbueno e Hispanidad, que se unen a las movilizaciones generales de la educación pública pero que reivindican también mejoras concretas para su barrio y la zona. Alumnos, familias y profesores han recorrido la avenida de Martínez de Velasco desde la puerta del CEIP Hispanidad hasta la rotonda y han regresado por la misma avenida. Durante la misma, se escuchaban proclamas como “Azcón, escucha, estamos en lucha”, “concertar es malversar” o “más inversión y menos promesas”.

El encierro será durante la noche del lunes al martes, aunque no descartan ampliar hasta el miércoles, cuando es la manifestación: “De momento hasta mañana por la mañana que hemos convocado un piquete en el Instituto de Miralbueno donde iremos con una cacerolada y algo de desayuno y a partir de ahí ya nos uniremos a los actos que hay convocados por los sindicatos”, explica Héctor Martínez, presidente Ampa del Rubén Darío.

Según ha explicado Martínez, la manifestación estaba prevista antes de la convocatoria de huelga debido a las carencias que tienen sus centros. Según explica, reclaman más seguridad en la zona: “El 9 de febrero tuvimos el atropello de una niña muy pequeña, lo pusimos en conocimiento del Ayuntamiento de Zaragoza y solicitamos una adecuación de este entorno escolar. Estamos cuatro centros: el colegio, una guardería y dos institutos. Seguimos sin respuesta del Ayuntamiento. Pedimos que se ponga un badén, señalización y que se limite la velocidad a 30”.

Añade también problemas como la climatización de los centros: “Solicitamos el cambio de la cubierta del polideportivo porque el calor lo hace inservible a estas alturas del año”.

Otro de los problemas que han reivindicado este lunes es el cierre de una vía en Infantil. Tania Gracia, secretaria del CEIP Gerónimo Blancas explica que se enteraron “cinco minutos antes de su publicación” del cierre de una vía en cuatro años para el próximo curso. Gracia expone que se trata de un curso con 21 menores, pero con varios casos de necesidades especiales: “Hay dos alumnos TEA, un Acnee y otro a la espera de la evaluación”. Durante este curso estos alumnos han estado divididos en dos clases, pero de cara a 2026-2027 será una sola vía la de cuatro años: “Es una clase con problemas importantes, necesitamos muchos recursos”.

Las organizaciones convocantes han llamado a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones para defender un modelo de educación pública “de calidad, inclusiva, participativa, plural, aconfesional y gratuita”, insistiendo en que el derecho a la educación “solo lo garantiza la escuela pública”. Además, la semana pasada anunciaron la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la orden que permitirá concertar el Bachillerato, al considerar que se ha aprobado de forma “alevosa” y en un contexto de Gobierno en funciones y prórroga presupuestaria, lo que, subrayan, limita la capacidad del Ejecutivo para introducir nuevo gasto.

El frente, integrado por los sindicatos CGT, STEA-i, CCOO, CSIF, UGT y ANPE, junto a organizaciones sociales, vecinales y de familias como FABZ, FAPAR, ADIZAR, AEDIPA y FADEA, con el respaldo de formaciones políticas como PSOE, CHA, IU, Podemos, ZeC, Movimiento Sumar y PCE, denuncia que la medida supone “un ataque a la escuela pública” y un cambio de modelo educativo basado en el desvío de fondos hacia la enseñanza privada.

Las excavadoras ya han derribado casi por completo el edificio histórico de Estébanes 12-14, en pleno casco de Zaragoza. Solo queda en pie una fachada que también desaparecerá próximamente, según ha confirmado el Ayuntamiento. Bajo ella permanecían todavía elementos originales de un antiguo palacio tardogótico que, según un informe pericial encargado por Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), podían conservarse sin necesidad de una demolición integral.

Hace unos meses se desprendió parte de la fachada del inmueble, situado en una de las zonas más transitadas del centro histórico. Desde entonces, distintas voces vinculadas a la defensa del patrimonio han reclamado actuaciones para impedir el derrumbe de un edificio con más de 500 años de antigüedad y elementos arquitectónicos de gran valor histórico. El Ayuntamiento de Zaragoza se comprometió inicialmente a conservar la fachada, pero la demolición del inmueble ya es prácticamente total.

Se trata de una de las construcciones civiles más antiguas del casco histórico, con orígenes en el siglo XVI y una reforma en 1880 firmada por el arquitecto Antonio Miranda. El inmueble, catalogado como de Interés Arquitectónico B según el Plan General de Ordenación Urbana, conservaba elementos singulares como pilares de piedra con arcos góticos, vigas de madera originales y una escalera central que comunicaba sus cuatro plantas. “Estamos hablando de uno de los edificios civiles más antiguos de Zaragoza”, sostiene el arquitecto Alberto Sánchez, autor del informe pericial elaborado para Apudepa. “Que Zaragoza permita demoler un edificio de 500 años me parece un escándalo”.

“Actuaciones para favorecer la ruina”

El informe, firmado el pasado abril, sostiene que el inmueble conservaba “muy importantes elementos histórico-artísticos” susceptibles de recuperación y cuestiona que el deterioro del edificio respondiera únicamente al paso del tiempo. Según el documento, durante la visita realizada al inmueble el 25 de marzo de 2026 se detectaron “distintas actuaciones ejecutadas para facilitar su demolición”: “Lo que me encontré fue un edificio en el que se habían hecho actuaciones para favorecer la ruina”, explica Sánchez. “Había muchas vigas serradas con motosierra, carpinterías arrancadas y, como resultado de eso, el colapso de algunas plantas. Eso no lo provoca el agua ni es el deterioro normal de un edificio”, insiste. El peritaje describe además la demolición de entrevigados de yeso “por medios manuales conservando las vigas”, así como la retirada de falsos techos decorativos “sin apreciarse afectación alguna sobre las vigas”.

La situación del inmueble, sin embargo, venía arrastrándose desde hace años. La documentación municipal consultada por este medio muestra que ya en 2017 el Ayuntamiento había abierto expedientes por el mal estado del edificio, la acumulación de excrementos de palomas y la falta de conservación de la fachada. En un informe del Servicio de Inspección Urbanística de octubre de ese año se advertía de desconchones, pintadas, huecos abiertos y de la necesidad de acometer obras de limpieza y mantenimiento en un inmueble catalogado.

El inmueble pertenece a TON Desarrollos SL, sociedad vinculada al empresario aragonés Antonio Martínez Martínez, dedicado al sector inmobiliario. La documentación mercantil consultada por este medio refleja además distintas conexiones societarias posteriores entre empresas de Martínez y sociedades del entorno empresarial de Juan Forcén, consejero del Real Zaragoza, uno de los principales nombres del negocio inmobiliario zaragozano y una persona muy próxima al presidente aragonés, Jorge Azcón.

Entre ellas figura Martipan Aragón SL, inmobiliaria fundada y controlada por Martínez hasta 2018 y que posteriormente pasó a manos de sociedades vinculadas a Forcén, como Fuenclara SL y Gesplaza 14 SL. Esta última aparece además vinculada posteriormente a Tongest Desarrollos SL, otra de las sociedades inmobiliarias de Martínez. Las relaciones empresariales entre ambos entornos se remontan al menos a la década pasada y aparecen también vinculadas a operaciones inmobiliarias desarrolladas en Zaragoza en los últimos años. Mientras avanzan los trabajos de demolición en Estébanes, fuentes presentes en la obra han trasladado a este medio que el futuro proyecto para el solar contemplaría apartamentos turísticos, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Pese al estado del inmueble, Sánchez sostiene que el edificio todavía conservaba una parte significativa de su valor patrimonial. El informe identifica tres pilares ochavados de traza tardogótica, restos de un arco lobulado, vigas originales del siglo XVI, carpinterías históricas, una caja de escaleras decimonónica y distintos elementos decorativos repartidos por el inmueble. “Hay elementos perfectamente conservables”, defiende el arquitecto. “Por la escalera subí hasta el último piso y, aunque estaba sucia, estaba perfecta. La parte baja no amenaza ruina”. A su juicio, el inmueble podía haberse estabilizado conservando la fachada, la caja de escaleras y el patio original del antiguo palacio. “No era necesario plantear una demolición completa”, sostiene.

En el informe pericial, el técnico llega a recomendar expresamente “evitar la situación de deterioro del edificio, conservar sus valores histórico-artísticos y garantizar la seguridad estructural y la protección de terceros”. Entre las medidas planteadas figuraban la retirada de escombros, un escaneado tridimensional del inmueble y la elaboración de un proyecto de rehabilitación integral que mantuviera “los elementos de mayor valor histórico-artístico arquitectónico”.

Sánchez lamenta además lo que considera una tendencia “recurrente” en Zaragoza respecto al patrimonio histórico. “En otras ciudades de España esto no pasaría. No sé por qué aquí tenemos esta capacidad de autodestruirnos”, afirma. El arquitecto compara el caso con otros derribos recientes de edificios históricos en Aragón y recuerda especialmente el del palacio de Baguena, en Teruel. “Hace cuatro años conseguimos parar el derribo publicando fotografías del edificio y aun así acabó tirándose. Me parece inaudito”.

El Ayuntamiento derribará también la fachada

El pasado noviembre Urbanismo declaró el estado de “ruina inminente” del edificio tras el desprendimiento de una medianera interior. El informe técnico municipal describía entonces una construcción “abandonada” y con “falta de conservación” desde hacía tiempo, con forjados hundidos, grietas, desplomes y estructuras de madera deterioradas. El documento concluía que procedía “estabilizar el edificio impidiendo su caída descontrolada y a continuación proceder a su demolición”.

El Ayuntamiento defiende que la actuación responde exclusivamente a motivos de seguridad. Fuentes de Urbanismo explican a este medio que el edificio tenía una catalogación de Interés Arquitectónico B, una protección que, sostienen, “decae cuando hay un riesgo para la seguridad”. Según detallan desde la Gerencia de Urbanismo, cuando comenzaron los trabajos existía “interés municipal” en preservar la fachada y determinados elementos interiores del inmueble, que habrían sido desmontados y almacenados. Sin embargo, aseguran que los tres arquitectos municipales, junto a los técnicos del Servicio de Inspección Urbanística y la propia Gerencia, concluyeron “de forma unánime” que no podía garantizarse la estabilidad de la fachada al avanzar el derribo hacia la parte delantera del edificio.

“Aunque hubiera voluntad de mantenerla en pie, no se puede garantizar la seguridad”, sostienen fuentes municipales, que subrayan además que el inmueble se encuentra en una de las zonas “más transitadas y turísticas” de Zaragoza. El Consistorio añade que el entorno permanece protegido desde el inicio de las obras mediante la instalación de un túnel metálico de seguridad.

Además, la Justicia rechazó paralizar el derribo del inmueble. El último Consejo de Gerencia de Urbanismo dio cuenta del auto firme del Tribunal de Instancia número 2 de Zaragoza que desestimó las medidas cautelares solicitadas por Apudepa contra la declaración municipal de ruina inminente del edificio. Ese diagnóstico es precisamente el que cuestiona el informe elaborado para Apudepa, que considera que todavía existía margen para conservar parte esencial del inmueble. “La fachada que vemos es una reforma del siglo XIX, pero debajo sigue estando la original”, sostiene Sánchez. “Un derribo así es muy agresivo y no sabemos siquiera todo lo que puede haber debajo”.

“Lo que me escandaliza es que se asuma que no pasa nada por tirar un edificio de 500 años”, concluye Sánchez. “Estamos perdiendo patrimonio histórico de una manera que dentro de unos años será irreparable”.

Los sindicatos médicos Cesm Aragón y Fasamet han desconvocado la huelga autonómica prevista entre el 18 y el 22 de mayo tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Aragón. Según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico, el pacto se ha formalizado con la firma del documento entre los representantes sindicales y la gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo. Ahora, continúan las negociaciones para mejorar las condiciones laborales de los profesionales médicos.

La convocatoria suponía una nueva tanda de paros después de la huelga celebrada el pasado mes de abril y llegaba en un contexto de movilizaciones sostenidas por parte del colectivo médico tanto en Aragón como a nivel estatal.

Según ha detallado Ana Castillo, gerente del Servicio Aragonés de Salud, se van a constituir varios grupos de trabajo “que van a permitir estudiar y analizar las condiciones laborales de nuestros médicos y así se podrán estudiar y analizar todas las mejoras que se tienen que introducir y que se van a llevar a cabo”.

El número de grupos de trabajo no está aún definido, que estaran compuestos de miembros de los sindicatos y de la Administración. “ En el plazo de un mes como mucho se lleva a cabo la constitución de los grupos y entonces se llevará a cabo la primera reunión que se marcará un cronograma de las mismas”, ha explicado Castillo.

Las negociaciones entre ambas partes se intensificaron durante esta semana y han permitido cerrar un acuerdo que pone fin, al menos por ahora, al conflicto abierto en la sanidad aragonesa. Entre las principales reivindicaciones de los facultativos figuraban mejoras laborales y salariales, el desbloqueo del nivel IV de la carrera profesional, el aumento de la retribución de las guardias y mejores condiciones para los puestos de difícil cobertura.

La huelga autonómica se enmarcaba además en las protestas impulsadas en distintas comunidades contra la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad. La huelga estatal se mantiene y Castillo ha instado a la ministra de Sanidad a “que siga el camino del diálogo”.

“Tras el Parque Grande y el Parque del Agua, llega el Parque del Portillo, el tercer pulmón verde de la ciudad”. Así presentó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el proyecto de transformación urbanística previsto en el entorno de la antigua estación ferroviaria, una actuación que el Ayuntamiento defiende como un nuevo espacio “más verde, sostenible e inclusivo” para 150.000 vecinos y que incluirá casi 49.000 metros cuadrados de zonas verdes, áreas de ocio, juegos infantiles y nuevas conexiones peatonales y ciclistas.

El proyecto contempla la creación de un parque urbano de nueve hectáreas entre Escoriaza y Fabro, Anselmo Clavé, Escrivá de Balaguer y la glorieta de los Zagríes, además de la reforma integral de las principales vías que rodean el ámbito. Entre otras actuaciones, Escoriaza y Fabro pasará de tener un único carril a convertirse en una avenida de tres carriles sentido sur con grandes aceras, mientras que Anselmo Clavé contará con doble calzada de tres carriles y nuevas conexiones viarias. El Ayuntamiento sostiene que el objetivo es mejorar la movilidad, reducir emisiones y generar un gran refugio climático para la ciudad.

Sin embargo, la documentación técnica del proyecto también recoge importantes afecciones sobre el arbolado ya existente en la zona. El anejo de protección del arbolado señala que las principales afecciones derivan precisamente de “la ampliación y modificación del sistema viario para dar respuesta a las demandas municipales”, especialmente en los ejes de Escoriaza y Fabro y José Anselmo Clavé. Según ese mismo documento, el proyecto prevé eliminar 134 ejemplares y trasplantar otros 44, además de mantener 111 árboles ya existentes. También se contabilizan 37 alcorques vacíos, de los cuales únicamente cinco serán repuestos.

A partir de esos datos, un análisis elaborado por la Asociación Vecinal Joaquín Costa sobre la documentación técnica cifra en 209 las pérdidas reales de arbolado dentro del ámbito del barrio, al sumar árboles eliminados, ejemplares trasplantados fuera de la zona y casos de no reposición. La avenida José Anselmo Clavé concentra la mayor afección. Según ese análisis, en esta vía desaparecerán 72 árboles, otros 25 serán trasplantados y 34 ejemplares no tendrán reposición efectiva, superando el centenar de pérdidas. Entre las especies afectadas aparecen pinos carrascos, álamos boleana, cipreses o aligustres, aunque la documentación también recoge la posibilidad de trasplantar algunos ejemplares plantados recientemente debido a su menor tamaño y antigüedad.

Frente a ello, el proyecto incorpora una nueva plantación compuesta por 548 árboles de distintas especies adaptadas, según la memoria, a las condiciones climáticas de Zaragoza y orientadas a aumentar la biodiversidad del espacio verde. La memoria de jardinería explica que el objetivo es generar “un espacio de confort térmico que amortigüe el efecto de isla de calor que se da en esta zona de la ciudad”.

El Ayuntamiento cifra en 703 el número total de árboles del futuro parque, de los cuales 548 serán de nueva plantación, y asegura que el proyecto contará con 48.800 metros cuadrados de superficies verdes netas, 50.000 unidades arbustivas, cuatro zonas deportivas, cuatro áreas infantiles y seis espacios de descanso.

Los nuevos ejemplares tendrán calibres de entre 18 y 30 centímetros de perímetro, dependiendo de la especie y de su localización. El análisis realizado por la Asociación Vecinal Joaquín Costa sobre el anejo de jardinería señala que gran parte del arbolado proyectado presenta todavía un desarrollo inicial limitado y que muchas de las especies elegidas tienen crecimiento medio o lento y copas ligeras, por lo que la capacidad de generar sombra será progresiva.

Ese mismo documento también apunta a las “dificultades” derivadas de las condiciones del terreno, ya que parte de la actuación se desarrollará sobre la losa superior del túnel ferroviario soterrado. La propia memoria técnica explica que el proyecto deberá recurrir a sistemas constructivos específicos para evitar afecciones sobre la impermeabilización existente y distribuir adecuadamente las cargas sobre la losa.

Además del arbolado, el nuevo parque incluirá más de 31.000 arbustos, 18.300 plantas vivaces, zonas de césped y pavicésped (pavimento perforado que permite crecer césped) espacios de agua, juegos infantiles, áreas deportivas, un carril bici de 1,4 kilómetros y distintos recorridos peatonales. El proyecto define el futuro espacio como un “parque urbano activo” concebido para conectar urbanísticamente el centro de Zaragoza con Delicias tras el soterramiento ferroviario y generar un nuevo eje peatonal y verde en el entorno de CaixaForum, María Agustín y la Aljafería.

La plataforma de afectados por el derrumbe del edificio de la calle San Francisco 21 de Teruel ha acusado este miércoles al Ayuntamiento de “enfrentar” a vecinos en pleno proceso judicial por el colapso del inmueble, ocurrido el 13 de junio de 2023. El abogado de los afectados, José Manuel Aspas, ha cuestionado las recientes declaraciones de la alcaldesa, Emma Buj, sobre posibles ayudas a los propietarios del número 19, también afectado por las consecuencias del derrumbe.

Aspas ha comparecido para actualizar la situación judicial del caso cuando están a punto de cumplirse tres años del siniestro. Según ha explicado, el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento de Teruel por responsabilidad patrimonial continúa avanzando en el juzgado, aunque con una “tramitación un tanto pausada”.

La reclamación fue presentada después de que el expediente administrativo fuera desestimado por silencio. En la causa figuran como demandantes la comunidad de propietarios, propietarios e inquilinos del edificio derrumbado y, como demandados, el Ayuntamiento de Teruel, la aseguradora municipal Mapfre, la concesionaria Aguas de Valencia y el Consorcio de Compensación de Seguros.

El abogado ha señalado que el procedimiento entrará próximamente en fase de prueba, una etapa que considera “esencial” por las declaraciones y ratificaciones de los distintos peritos implicados.

Demanda del edificio colindante

A este proceso se suma además un nuevo frente judicial. Los propietarios del número 19 de la calle San Francisco han presentado recientemente una demanda civil contra los afectados del número 21 en la que reclaman más de 1,3 millones de euros por los daños sufridos tras el derrumbe del conocido como edificio Amantes.

El inmueble colindante quedó gravemente afectado por el colapso y terminó siendo declarado en ruina. Los vecinos del número 19 sostienen que llevan casi tres años sin poder volver a sus viviendas y defienden que la vía judicial es la única salida mientras no se determinen responsabilidades y las aseguradoras no asuman indemnizaciones.

Desde la plataforma de afectados del número 21 reconocen que la demanda es “una decisión legítima” en defensa de sus intereses, aunque Aspas cuestionó tanto el momento escogido como las declaraciones realizadas esta semana por la alcaldesa.

La polémica surge después de que Emma Buj anunciara una subvención de 94.160 euros para rehabilitar un edificio de cuatro viviendas dentro del programa PREP del entorno de La Parra, financiado con fondos europeos y orientado a la regeneración urbana. Durante su comparecencia, la alcaldesa defendió “la clara apuesta” del Ayuntamiento por la rehabilitación y la recuperación de viviendas vacías en el centro histórico de Teruel.

A raíz de esas palabras, Aspas considera que el Ayuntamiento está abriendo la puerta a incluir también a los vecinos del número 19 en futuras ayudas municipales pese al litigio existente entre ambas comunidades. “Nos parecen unas declaraciones poco afortunadas”, afirmó el abogado, que cree que pueden generar “una suerte de enfrentamiento entre dos comunidades y entre dos grupos de vecinos”, cuando, a su juicio, el Consistorio debería mantener “una posición neutral”.

Durante su intervención, Aspas también deslizó sospechas sobre la documentación incorporada a la demanda presentada por el número 19. Según afirmó, algunos documentos “solo están en posesión del municipio y de San Francisco 21, y en su caso del juzgado contencioso”, por lo que considera que podrían haber salido del Ayuntamiento. Aunque reconoció que se trata de una cuestión “difícil o imposible de probar”, aseguró que han solicitado explicaciones formales al Consistorio ante una posible “revelación indebida de secretos”.

El abogado también advirtió de las consecuencias económicas que podría tener el desenlace judicial. Según expuso, si la comunidad del número 21 fuera condenada a indemnizar al número 19 y posteriormente prosperara la reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento, el coste acabaría repercutiendo sobre las arcas públicas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Teruel ha respondido posteriormente mediante un comunicado en el que reivindica su actuación “desde el primer momento” tras el derrumbe. El Consistorio asegura que durante estos años ha trabajado “con responsabilidad, compromiso y voluntad de colaboración con los damnificados”, priorizando la atención a las personas afectadas “dentro de las competencias municipales”.

Asimismo, el Ayuntamiento afirma que no entrará “en una dinámica de declaraciones públicas destinadas a responder o desmentir” lo que considera “informaciones inexactas, falsedades y bulos” sobre su actuación. El comunicado concluye señalando que el objetivo del Consistorio sigue siendo “dar respuesta y acompañamiento a quienes se vieron perjudicados por este suceso”.

El fundador y director de Open Arms ha presentado en Zaragoza 'Open Arms. Una misión a contracorriente', un libro que recoge una década de rescates en el Mediterráneo, pero también el cambio del relato migratorio en Europa, la criminalización de las ONG y el auge de los discursos xenófobos.

Camps atiende a elDiario.es Aragón después de participar en la flotilla hacia Gaza y mientras se inicia una nueva misión humanitaria rumbo a Cuba para llevar placas solares a un hospital pediátrico de La Habana.

Este es un libro que “no debería existir”, según sus propias palabras. ¿Por qué?

Después de diez años en el mar hemos visto muchas cosas que creemos que no deberían pasarse por alto ni olvidarse, que deberían quedar recogidas en una memoria. Pensamos que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Pasará esta década a la historia como una más? Si lo hacen desde un despacho, quedará todo reducido a un Excel donde las personas desaparecen entre cifras maquilladas y estadísticas reinterpretadas que pueden dar otra visión de la realidad. Con todas las imágenes que tenemos, habiendo llevado fotoperiodistas en todas las misiones, y con todos los testimonios recogidos durante estos diez años, decidimos plasmarlos. Nos dimos cuenta de que en este tiempo era el mismo mar, una misma década, pero habíamos visto dos historias distintas. Había un discurso inicial de que la sociedad quería acoger, de que existía cierta empatía y de que el trabajo que estábamos haciendo era valorado. Nos daban premios incluso en la Unión Europea y, de golpe, hay un cambio paradigmático y, a partir de 2018, el discurso cambia, sobre todo en el mundo digital, y pasamos a ser villanos haciendo exactamente lo mismo, en el mismo mar y en la misma década.

El libro divide la historia entre 'Héroes' y 'Villanos'. ¿Quiénes son hoy los villanos de esta historia?

Decidimos ordenar todo lo que teníamos en este libro que no debe existir. Lo abres y está la parte de héroes, que explica las versiones de las personas rescatadas, de quienes han participado en rescates, médicos, jueces, policías, cocineros o doctoras, e incluso personas rescatadas del mar que cuentan su historia y las decisiones que se toman en los últimos minutos de un naufragio. Todas esas vivencias quedan recogidas en la primera parte del libro. Le das la vuelta y puedes entrar en la parte de villanos, ese contexto político en el que ha ocurrido todo en estos diez años: el auge de la extrema derecha, los discursos de odio, la xenofobia, la externalización de fronteras o la criminalización por hacer exactamente lo mismo. Todo esto está recogido en un libro que no tiene portada ni lomo y que viene dentro de una caja precintada. Es más que un libro, es un objeto que pretende ser la memoria de estos diez años. Quizá dentro de tres o cuatro décadas, cuando nos preguntemos qué pasó en esa época tan convulsa, haya imágenes, testimonios y alguien que lo cuente.

El libro obliga al lector a abrir páginas pegadas y romper precintos para acceder a determinadas imágenes y testimonios. ¿También hay una reflexión sobre cómo miramos el sufrimiento ajeno?

Tienes que hacer un esfuerzo para sacarlo de la caja, tienes que romper un precinto si quieres acceder a la información. Y eso contrasta mucho con un algoritmo, una pantalla y un dedo que hoy en día te dice lo que tienes que pensar, creer u opinar. Antes íbamos a las bibliotecas y contrastábamos la información para asegurarnos de que era buena. Hoy en día nos creemos cualquier cosa y este libro te hace trabajar. No tiene portadas duras ni lomo porque no le hace falta. Sencillamente documenta diez años de historia en el Mediterráneo y diez años de trabajo de muchísimas personas. Te das cuenta de que hay muchísimas fotos porque los fotoperiodistas son importantes, hemos hecho 125 misiones y nos han acompañado dos fotoperiodistas a cada una de ellas. Es un objeto que vas a ver y leer con detenimiento porque contiene muchísimos testimonios, cartas muy personales y vivencias muy particulares. Ha sido nominado como finalista en la categoría de mejor libro de fotografía.

En estos diez años, ¿también ha cambiado la mirada social hacia las personas migrantes?

Vemos que hay dos realidades. Igual que en el libro tenemos dos versiones, en la vida actual también hay que diferenciar el día a día real de la realidad digital. En la calle, en el contacto directo entre personas, se reconoce el trabajo que hacemos, viniendo hasta aquí nos han felicitado en dos ocasiones. En cambio, luego está la realidad digital, que es completamente diferente: artificial, financiada y pagada. Hay granjas de bots que generan un discurso xenófobo y un odio que grita. La sociedad civil es empática y solidaria, pero discreta. No necesita alardear porque es la inmensa mayoría. En redes sociales, en cambio, el odio necesita gritar porque es minoría y porque está financiado. Nosotros lo sufrimos constantemente con algoritmos que potencian estos discursos con intenciones políticas, pero no estoy de acuerdo en que ese discurso xenófobo sea el mayoritario. No lo creo. Es fácil manipular datos o estadísticas para generar determinados relatos. La ignorancia a veces nos lleva a querer creer, pero la inmensa mayoría de la gente tiene valores y principios. Cualquier persona haría lo mismo que hacemos nosotros si estuviera en nuestro lugar. Si estuvieras en medio del mar, lejos de tierra, y vieras una embarcación precaria y sobrecargada, no tendrías ninguna duda de que te acercarías a ayudar porque, si no lo haces tú, morirán.

Cuando escucha hablar del “efecto llamada”, ¿qué piensa después de todo lo que han visto en el mar?

El efecto llamada no existe. Existe el efecto huida. Detrás de cada persona que huye hay un territorio devastado, un conflicto o decisiones económicas y geopolíticas que han colocado a esas personas en una situación imposible. Nadie se sube a una patera sobrecargada con su familia si quedarse es más seguro. Nadie huye de su casa, de su familia o de su entorno si no es por una causa de fuerza mayor. Hay 56 conflictos armados activos en el mundo y seguimos desestabilizando países, generando guerras y vendiendo armas. La gente que se mete en una barca precaria no sale pensando que una ONG le va a rescatar. Ni siquiera saben quiénes somos cuando nos encuentran en mitad del mar. Las ONG no están siempre. Lo que pasa es que cuando están, rescatan. No existe el efecto llamada. Además, la inmigración que llega en patera representa alrededor del 10% o el 12% de la inmigración irregular que llega a España. No se puede hablar de invasión con esos datos.

¿Cree que nos hemos acostumbrado a ver el dolor ajeno?

Creo que el goteo constante de sufrimiento en informativos y redes sociales, verlo de una forma tan cruda y tan real, cómo bombardean escuelas y matan niños, cómo la gente muere de hambre o cómo se hunden embarcaciones, hace que pasemos de ver niños descuartizados a vídeos de gatitos con un simple movimiento de dedo. Eso es la pornografía del dolor, ha entrado tanto en la sociedad que nos inmuniza. Hemos normalizado ver el dolor ajeno en una pantalla como si fuera una película y hemos visto un genocidio en directo mientras tardábamos un año y medio en decidir si debíamos llamarlo genocidio. ¿Hasta qué punto manipulan nuestra opinión a través de una pantalla y de algo tan cotidiano como un smartphone? Se condiciona muchísimo a la sociedad y además nos individualizan. Dejamos de participar en acciones colectivas, ya no conocemos al vecino, no pertenecemos a asociaciones ni a colectivos. Como sociedad nos han quitado el poder de conseguir cambios políticos, de manifestarnos o de mostrar descontento públicamente. Todo eso desaparece porque nos individualizan.

Después de una década de rescates, ¿cómo se gestiona todo lo vivido?

Decepciona y deprime. Deprime darte cuenta de que esta Europa ha envejecido fatal. La degradación moral de Europa en estos últimos 80 años es enorme. Todavía tenemos más humanidad en la sociedad civil que en muchos dirigentes europeos. Esta Europa cínica se ha convertido en un decorado que saca pecho de los derechos humanos, de la solidaridad y de la empatía mientras vende armas a países que vulneran todo eso. Cuando el genocidio viene acompañado de beneficios económicos cuesta mucho decir que no. Esa Europa cínica y rancia tiene que acabar. Las nuevas generaciones deberían sustituir rápidamente todo esto y posicionarse.

Han participado en la flotilla hacia Gaza. ¿Qué sensación deja que una misión humanitaria necesite tanta protección y genere tanta tensión internacional?

Refuerza todavía más la idea de que Europa permite que otros países ataquen barcos civiles en aguas de responsabilidad europea y que lo hagan con la connivencia de la Policía Exterior de Fronteras Europea y de países como Grecia, que permiten que barcos militares entren en su zona de responsabilidad, ataquen embarcaciones civiles, las destrocen y secuestren a 150 personas por la fuerza y contra su voluntad. Eso es piratería de Estado y vulnera no solo los derechos humanos, sino también el derecho marítimo internacional y la Convención de Ginebra. Y nadie dice nada. Hay que decir las cosas como son y nombrarlas. Open Arms lo hace y por eso somos villanos para algunos. El establishment no está de acuerdo porque recibe presiones, dinero y subvenciones y mueve muchísimo. Podemos ser villanos para unos y héroes para otros, pero no podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. Hay organizaciones que no se posicionan ante el genocidio y esta es la base de todo: tener valores, tener principios y no moverte de tu línea. Open Arms se sostiene en más de un 90% gracias a donaciones privadas de la sociedad civil y eso nos da independencia para denunciar todo lo que vemos. Y ojalá sigamos siendo incómodos para algunos, porque eso significará que seguimos en la línea que corresponde.

Open Arms prepara ahora una misión rumbo a Cuba para llevar placas solares a un hospital pediátrico de La Habana. ¿Por qué deciden impulsar este proyecto?

Es una crisis humanitaria silenciosa que lleva seis décadas afectando a la población civil. Decisiones políticas pueden llevar a un sufrimiento colectivo injustificado y deteriorar durante décadas la vida de la gente. El bloqueo energético hace que hospitales no puedan mantener las zonas de cuidados intensivos, los quirófanos, las incubadoras o los medicamentos. Y eso provoca que las personas más vulnerables, incluso los neonatos o los enfermos, sufran las consecuencias. Para nosotros una vida es importante. Nos movilizamos por la foto de Aylan Kurdi, por una sola vida. Hemos hecho misiones para salvar una única vida en el mar. ¿Cómo no vamos a hacer nada? Si haciendo una campaña y utilizando nuestra visibilidad, que es un valor de Open Arms, podemos recaudar los fondos suficientes para dotar de independencia energética a la UCI pediátrica del Hospital Juan Manuel Márquez de La Habana, y eso lo podemos hacer con 150.000 euros y un barco de 52 años, ¿por qué no hacerlo?. Muchos dirán que eso no va a arreglar el problema de Cuba. Claro que no. Pero somos una organización muy pequeña que tiene un barco y que puede hacer esto. Nunca sabes qué acción puede desencadenar un cambio. Cuando fuimos a Lesbos en 2015 yo nunca pensé que diez años más tarde hubiéramos rescatado a más de 73.000 personas en el mar. Cuando fuimos a Ucrania nos decían que no llegaríamos y encontramos otra ruta. Cuando fuimos a Gaza también nos decían que no se podía hacer y acabamos desembarcando 400 toneladas de comida. No nos vamos a quedar en el sofá viendo cómo mueren neonatos porque no funcionan las incubadoras. Si podemos hacerlo, tenemos la responsabilidad moral de hacerlo.

Después de todo lo vivido, ¿hay esperanza?

Tengo cuatro hijos y una nieta y no quiero ser responsable del mundo que les dejamos. Yo hago lo que hago por los que vienen detrás. Deberíamos empezar a movernos todos. Hay que acabar con todo esto lo antes posible y lo va a hacer la sociedad civil, no nuestros representantes políticos.