Los sindicatos que han convocado huelga en la enseñanza concertada este miércoles, el día del arranque del curso en Galicia, elevan la participación por encima del 60% y aseguran que las protestas no han hecho más que empezar. CCOO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG consideran que el dato es una evidencia del “profundo malestar” en el sector, que acusa a la Consellería de Educación de despreciarlo.

“Esta movilización no termina hoy: mañana mismo empieza una nueva etapa de lucha”, avisaron. Miles de trabajadores se concentraron ante las sedes de Educación en las ciudades para trasladar sus reclamaciones, que pasan por avances en materia salarial y de condiciones laborales que cumplan acuerdos adoptados en el sector. Si la Consellería sigue con “bloqueos, silencios y faltas de respeto”, avanzan que el curso va a ser “complicado”.

Las organizaciones sindicales recuerdan que la enseñanza concertada representa casi el 30% del sistema gallego y tiene unos 7.000 docentes. “No aceptamos ser profesionales de segunda”, protestan, por lo que adelantan que va a haber más movilizaciones conjuntas por “la dignificación de las condiciones salariales y laborales”. La CIG añadió que la huelga es “consecuencia de la callada por respuesta” del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pese a las varias acciones reivindicativas del curso pasado y el inicio de este: escritos de los seis sindicatos con representación en el sector, concentración y cierre en la Consellería, caravanas de coches en las delegaciones territoriales, boicots al conselleiro en actos públicos o el envío de correo masivo a la Xunta.

Entre las condiciones que reclaman están el acuerdo del complemento de equiparación salarial de 2008 y de reducción de la jornada lectiva, el abono de la paga extraordinaria de antigüedad (que denuncian que se dejó de pagar hace 17 años) y que se den complementos a quienes tienen determinados cargos.

Los sindicatos han trasladado también su malestar por los servicios mínimos aprobados por la Consellería de Educación, que consideran abusivos y “un agravio comparativo inaceptable” con respecto a los que se aplican en las huelgas de la enseñanza pública. Estos servicios requerían que estuviese una persona del equipo directivo, una de administración, el 20% de los docentes y el 20% del personal complementario.

El verano de 2026 fue en Galicia el más cálido de, al menos, los últimos 65 años, es decir, desde que hay registros meteorológicos, con una temperatura media de 21,4 grados -2,3 grados por encima de lo habitual- y un 22% menos de precipitaciones, incluso a pesar de las dos borrascas de finales de agosto.

Es el balance de los meses de junio, julio y agosto presentado por el coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada, que ha comparecido junto con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Taboada ha explicado, según recoge Europa Press, que el verano en Galicia fue “muy cálido” y esta característica afectó a los tres meses, así como a las temperaturas máximas y mínimas, también las más elevadas de la serie histórica.

De los 94 días de este periodo, la comunidad estuvo afectada durante 70 por un anticiclón al norte que impidió la llegada de borrascas atlánticas, lo que considera “una anomalía cálida”. En casi la mitad de las jornadas, en 42, hubo en algún punto de Galicia avisos por temperaturas máximas y en 33 jornadas hubo avisos por calor, esto es, temperaturas elevadas tanto en las máximas como en las mínimas que se prolongan durante varias jornadas.

Este verano hubo episodios de calor más cortos que el verano pasado, pero más reiterados. Como ejemplo, Taboada ha explicado que solo en seis jornadas no se alcanzaron en Ourense los 30 grados, aunque las temperaturas fueron más suaves en la costa.

La última semana de agosto “por fin rompió la tendencia” del anticiclón del norte, con la entrada de dos borrascas. Se trató, ha recordado el responsable de Meteogalicia, de una “semana bastante fría” para la época del año. De hecho, tanto Santiago como Ourense midieron esos días la temperatura máxima más baja nunca registrada en un mes de agosto.

En cuanto a las lluvias, la distribución fue irregular. Frente a un mes de junio y julio “muy secos”, en los que “llovió menos de lo que cabría esperar”, el mes de agosto “fue muy húmedo” por las lluvias de la última semana.

En total, en el verano hubo hasta 19 avisos por tormenta y entraron dos borrascas consecutivas en los últimos días de agosto. La media indica un 22% menos de precipitaciones en conjunto, en relación con lo esperado. Sin embargo, agosto superó los datos, con un 73% más de precipitaciones, mientras que junio tuvo un 50% menos de lluvias y julio un 86% menos.

“Nadie niega que hay un cambio climático, vistas las estadísticas”, dijo Ángeles Vázquez una vez presentados los datos. “Hay que tomar determinaciones en función de los datos día a día, año a año y cada década, y trabajar siendo muy rigurosos”, manifestó. La conselleira habló de otra cuestión que se relaciona con las altas temperaturas y la escasez de lluvias del verano: la escasez de agua, incluso a pesar de las intensas lluvias del invierno. La Mesa da Seca, indició, se volverá a reunir este miércoles para, previsiblemente, “continuar como hasta ahora”, es decir, con 32 ayuntamientos en alerta y 59 en prealerta en la demarcación Galicia Costa, que es sobre la que es competente la Xunta.

El Consorcio Zona Franca de Vigo ha inaugurado este miércoles su nueva incubadora de Alta Tecnología StartTIC, con el objetivo de dar un “impulso definitivo” a 30 proyectos innovadores, que se articulan mayoritariamente en torno a la inteligencia artificial y que proceden de diferentes puntos de Galicia y también de León y Portugal.

En el acto de bienvenida, el primero en tomar la palabra fue el delegado del Estado, David Regades, quien celebró que la primera edición de la aceleradora haya recibido 90 candidaturas, de los que fueron seleccionados 30. Defendió la colaboración público-privada es “fundamental” a la hora de impulsar nuevas iniciativas emprendedoras, según recoge Europa Press. También se refirió al peso que el empleo tecnológico tiene en el área de Vigo, donde supera el 13,5% del total, más del doble que la media nacional (6%).

El presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas, que promueve StartTIC, indicó que la incubadora asesorará y acompañará los proyectos para permitirles crecer. Por su lado, el gerente del Centro Tecnológico Gradiant, Fernando Jiménez, que también impulsa la aceleradora, mostró su satisfacción por poder ayudar al crecimiento de estos nuevos proyectos. Javier Collado, director general de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde), que financia StartTIC, animó a que los proyectos se hagan realidad pronto.

El encargado de cerrar el acto fue el alcalde de Vigo y presidente de Zona Franca, Abel Caballero, que indicó que se reunirá la semana que viene con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para solicitar más recursos para este tipo de iniciativas. “La inmensa mayoría de estos proyectos van a ser grandes proyectos de éxito, porque se dan las circunstancias”, afirmó. La mayor parte son de Vigo (14), aunque hay de otras zonas del área viguesa como Cangas, Tui, Marín o Mos; del resto de Galicia (A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Santiago y Vilagarcía) y de otros puntos de España, como León, o uno de Portugal.

En la mayoría de los casos se trata de proyectos de reciente creación o en fases tempranas de desarrollo, aunque destaca también la presencia de startups y proyectos constituidos que suponen casi un tercio del total. Destacan los proyectos de desarrollo de software (aplicaciones, videojuegos, etc.), procesamiento de datos, hosting y portales web, que aplican una amplia gama de tecnologías TIC, pero entre las que sobresale la inteligencia artificial, eje de ocho de cada diez proyectos.

La lista de proyectos completa es: Aiduorio, Aquiax, Auria HR, Braincube V2V, Cadmo Concursal, Caropening, Crifsal, Crisol X Stone, Earlify Health, Ecovuela, Edgecontinuum, Emotive Tech, Enrolamar, Humaind.X.Labs, I love IFC, Indigital, Kernel Security, Kimana, Lemsi, Localdat, Meteomapgal, Nexaveris, Oceanvoice, Opinsys, Orbia, Prevencumplen, Revyc, Sipd-M, Sizit AI y Upinc.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha anunciado que recurrirá la resolución por la que se declara el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Histórica, al considerar que la motivación de dicha declaración no es la adecuada, y que debe tener como eje central la defensa de la memoria de las víctimas del franquismo.

En un comunicado, recogido por Europa Press, la CRMH ha confirmado la presentación de un recurso de reposición tras analizar con otras entidades memorialistas los argumentos que utiliza la Secretaría de Estado para justificar la declaración de Lugar de Memoria, una declaración que la propia CRMH reclamó.

El recurso tomará como eje central la defensa de la memoria de las víctimas. “No estamos hablando de un plan de usos ni de aspectos culturales del Pazo de Meirás. La declaración solo debe tener en cuenta, en la justificación, a las víctimas, la represión y los atentados cometidos contra los derechos humanos y su vulneración sistemática”, han apuntado.

Según ha recordado la Comisión, el Pazo es un lugar de Memoria “vinculado a la represión franquista”, y no se trata, en este sentido, de enarbolar otros valores culturales o literarios. Así, con respecto a la alusión a Emilia Pardo Bazán, recogida en la declaración de la Secretaría de Estado, la CRMH ha recordado que la escritora no fue víctima del franquismo y que, de hecho, falleció antes del golpe de estado de 1936.

“Por lo tanto, su figura no puede ser un eje justificativo del Lugar de Memoria”, ha señalado la Comisión, que ha incidido en que recurrirán para solicitar que la clave de la declaración sean las “víctimas de la represión franquista”.

Por otra parte, también pedirán que se restituya la denominación de Pazo de Meirás, tras eliminarse “sorpresivamente” la denominación 'Pazo' en la declaración; y que se corrijan errores en la tipificación del espolio, en el relato de la represión, o la “omisión absolutamente irregular” del papel juzgado por las asociaciones memorialistas como promotoras de la iniciativa.

El recurso se presentará “próximamente” y está apoyado por entidades como la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, la AAVV Atochas-Montealto-A Torre, la Asociación Veciñal da Agra do Orzán, la AC Eira Vella de Betanzos, la Agrupación Cultural O Galo de Santiago la asociación viguesa Memoria, Verdade e Xustiza, o las ourensanas Comité por la Memoria Histórica do Val del Limia y Comité de Memoria Histórica de la Comarca de Celanova.

También han recibido respaldo de otras organizaciones como Vía Galega, Fundación Galiza Sempre, Fundación Moncho Reboiras o la CIG, además de otras entidades memorialistas de fuera de Galicia.

La Confederación de Anpas -asociacións de nais e pais- Galegas pide explicaciones a la Xunta sobre el programa de refuerzo extraescolar que pondrá en marcha para el alumnado de 6º de Primaria antes de su paso a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Le pide a la Consellería de Educación que aclare quién impartirá esas clases, a qué alumnos se dirigirá y por qué no se prioriza reforzar el horario lectivo con más profesores y medios. “Esperamos también que esta nueva medida no se convierta, una vez más, en una vía para privatizar servicios educativos”, advierte en un comunicado.

Reclama saber por qué se van a destinar partidas a un refuerzo fuera de horario escolar “sin explicar previamente por qué esos recursos no se están garantizando dentro de los propios centros educativos”, según recoge Europa Press. De hecho, propone aumentar partidas para atender las necesidades del horario lectivo: más profesorado, equipos de orientación suficientes, atención a la diversidad, ratios adecuados y apoyos a los centros para prevenir dificultades.

Anpas Galegas razona que si los alumnos de la educación gallega llegan con “un nivel insuficiente” a la ESO, habrá que “buscar las causas” de qué falla en las clases, “en lugar de limitar la respuesta a añadir horas de refuerzo fuera del horario lectivo”.

También ve preocupante que la Consellería de Educación se limite a echar la culpa ley estatal Lomloe “como explicación de las dificultades existentes”, en “una excusa permanente” en vez de ejercer sus competencias para atajar los problemas. “En lugar de buscar culpables, sería necesario poner recursos”, afirma.

La sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a penas que suman casi 17 años de prisión a Borja R. por los delitos de maltrato habitual y asesinato en grado de tentativa. El hombre intentó matar a su expareja en Vigo rociándola con gasolina y prendiéndole fuego hace dos años.

La Audiencia considera probado, según recoge Europa Press, que en la mañana del 14 de septiembre de 2024, el acusado esperó a la víctima, que había roto su relación con él unas semanas antes y que salía de la casa familiar para dirigirse a trabajar, y la agarró del pelo por la espalda, arrastrándola y diciéndole que se iba a “enterar”. Tras rociarla con gasolina, le prendió fuego y le dijo “adiós”.

La mujer trató de apagar las llamas rodando por el suelo, mientras el acusado estaba de pie junto a ella. Para que se fuera, se quedó quieta y, cuando el hombre iba a abandonar el lugar, intentó llegar a la puerta. Entonces, el acusado regresó y trató de agarrarla para que no pudiera pedir ayuda, pero las llamas que él le había prendido le impidieron agarrarla y ella consiguió huir y echarse agua con una manguera mientras gritaba pidiendo auxilio a sus familiares.

La víctima sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en casi el 30% del cuerpo. Estuvo ingresada en la UCI, en coma, durante un mes. Además del tiempo de recuperación, sufre secuelas psicológicas (síndrome de estrés postraumático), físicas y estéticas, y tiene que recibir asistencia psicológica.

La Audiencia también considera probado que, durante el tiempo de la relación, el acusado controlaba a la mujer, la menospreciaba e insultaba, y que no aceptó la ruptura. Así, mantiene que Borja R. actuó movido por un sentimiento de superioridad y posesión hacia ella, y con la intención de dominarla y menospreciarla.

El tribunal rechaza aplicar las atenuantes de alteración psíquica o intoxicación y tampoco ve acreditada la de confesión. En el juicio, el agresor intentó culpar a la víctima de las discusiones que tenían cuando eran pareja porque aseguraba que era posesiva y celosa. También dijo no recordar lo que había hecho el día que intentó matarla quemándola y que era consumidor de drogas.

La decisión judicial señala que la declaración de la víctima fue “clara, coherente, precisa, concreta y centrada” y que no hubo un ánimo espurio en su testimonio. Un testimonio que se corroboró con las declaraciones de los testigos y que “responde a la realidad de lo vivido”. Por todo ello, el tribunal provincial considera a Borja R. autor de un delito de maltrato habitual y otro de asesinato en grado de tentativa, con las circunstancias agravantes de parentesco y género.

En total, condena al procesado a penas que suman 16 años, 11 meses y 29 días de cárcel, y le impone la prohibición de comunicarse o acercarse a su expareja por 31 años, así como la prohibición de portar armas durante 3 años.

Igualmente, establece indemnizaciones que suman casi 840.000 euros por las lesiones causadas, el daño moral y los gastos médicos en los que incurrió la víctima. Lo absuelve, sin embargo, de un delito de acoso. La sentencia puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

CCOO ha denunciado la presencia de cucarachas en la cocina del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, el principal centro hospitalario de la capital gallega, que aseguran que ha llevado a que uno de estos insectos apareciese la semana pasada en la comida de un paciente.

La sección comarcal de CCOO - Sanidade en el área sanitaria de Santiago y O Barbanza asegura que la presencia de cucarachas “se intensificó” durante el mes de agosto y “culminó el pasado 4 de septiembre con la aparición de una en la comida de un paciente”. Tras este episodio, exige “medidas inmediatas y efectivas” para erradicar la plaga y “garantizar la seguridad alimentaria”, además de explicaciones sobre el programa de control y vigilancia aplicado en el área sanitaria.

El sindicato carga contra lo que califica de “abandono” del servicio de cocina hospitalaria en el Clínico de Santiago, que asegura que necesita, desde hace años, ampliaciones y mejoras. La jefatura de cocina, añade CCOO, está sin cubrir desde hace siete meses.

Fuentes del área sanitaria piden disculpas por lo ocurrido, que califica de “hecho aislado y excepcional” y asegura que así se le trasladó al afectado. Sostienen que ya hay “un calendario estricto de control de plagas”, pero que se han dado “indicaciones claras para analizar las circunstancias concretas e intensificar la desinfección”. Este fin de semana, añaden, “se tomaron medidas adicionales”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha elegido un colegio privado para grabar su mensaje de inicio de curso en una vuelta a las aulas que va a estar marcada, precisamente, por las protestas del profesorado de la educación concertada. El jefe del Gobierno gallego se desplazó hasta el Colegio SEI San Narciso, en Marín (Pontevedra), en el que él estudió varios años y que es concertado en las etapas que se pueden concertar y privado en el resto -infantil y bachillerato-.

La Xunta destaca, con este telón de fondo, que este que comienza el miércoles, va a ser el quinto curso con matrícula gratuita en infantil -aunque la medida se basa en buena medida en aportaciones públicas a centros privados- y el tercero en las universidades -una medida que el PP hizo suya después de haberse opuesto-. Rueda hace ante la cámara un discurso dirigido a los alumnos y basándose en su propia experiencia: “Yo pasé por estas aulas, aunque entonces no era muy consciente, porque no lo eres. Después, cuando pasan los años, te das cuenta de que aquí aprendes muchísimas cosas que te acompañan toda la vida”. Al alumnado le da el mensaje de que deben aprovechar “no solo para estudiar, que por supuesto, también para hacer amigos” y para descubrir qué es lo que les gusta.

El presidente gallego no hace mención a las varias críticas que sigue recibiendo la Xunta en el arranque de curso, que de nuevo llega con el cierre de varias escuelas, quejas por la falta de personal para atender adecuadamente la diversidad o por el control ideológico en las aulas. Tampoco se refirió al conflicto en la educación concertada gallega, con una huelga convocada para este miércoles, día del inicio del curso. Los sindicatos que la respaldan -FSIE, UGT, CCOO Ensino, USO, SNEP y CIG- acusan a la Consellería de Educación de tener “nula voluntad” para fijar un calendario de negociación. Lo que reclaman es una mejora en las condiciones laborales: que se abone la paga extraordinaria de antigüedad y los complementos de cargo de hace más de 17 años, “algunos de ellos incluso estando firmados y publicados en el Diario Oficia de Galicia”, entre otras cuestiones.

En la concertada, señalan los sindicatos, trabaja un tercio del personal de educación en Galicia, unas 7.000 personas que atienden al 30% del alumnado de la comunidad en las etapas no universitarias. El día 9, además de la huelga, van a hacer concentraciones a las 10.000 horas ante las delegaciones de la Consellería de Educación en A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo.

El Ayuntamiento de A Coruña incluirá la próxima semana, en el pleno que celebrará el jueves, la anulación de los acuerdos plenarios de 1962 que permitieron entonces que el inmueble de la Casa Cornide pasase a manos de la familia Franco.

Se trata de un trámite necesario en el proceso iniciado por el consistorio herculino para que la Casa Cornide, ubicada en la Ciudad Vieja, pase de nuevo al patrimonio municipal, en línea con lo conseguido con el Pazo de Meirás, en la actualidad propiedad ya del Estado.

A preguntas de los periodistas sobre esta iniciativa –recogidas por Europa Press–, la alcaldesa, la socialista Inés Rey, ha remarcado que el inmueble pasó a ser propiedad del dictador en base a una subasta que calificó de “ficticia” e “ilegítima”.

Con este asunto que se llevará al pleno y otras actuaciones, ha remarcado que se están “dando pasos para anular ese regalo”. “Hay un recorrido administrativo para anular esos acuerdos”, ha recalcado en relación a las actuaciones que incluyen también un procedimiento judicial.

Y es que, en concreto, el pleno anulará sendos acuerdos, uno de julio de 1962 y otro de agosto de ese mismo año, por el que el inmueble pasó a ser propiedad del conde de Fenosa Pedro Barrié de la Maza, que, cuatro días después, lo vendía a Carmen Polo, mujer del dictador.

El fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, se muestra a favor de un indulto parcial al maquinista del Alvia, Francisco Garzón Amo, quien fue condenado a dos años y medio de prisión por el descarrilamiento del tren en el barrio santiagués de Angrois en julio de 2013, un siniestro en el que fallecieron 80 personas.

En un escrito con fecha de 2 de septiembre de 2026, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal informa favorablemente sobre la concesión de un indulto parcial por “relevantes razones de justicia y equidad”.

El sindicato de maquinistas (Semaf) promovió la solicitud de indulto ante el Ministerio de Presidencia para Francisco Garzón, petición que en este momento se encuentra en tramitación. Este escrito de Fiscalía se dirige al Juzgado de lo Penal número 2, que tiene que resolver sobre el ruego.

Así, el fiscal del área de Santiago se pronuncia sobre esta petición de indulto, si bien descarta que deba ser una gracia total. Considera que ese grado sería “inadmisible” por la “gravedad objetiva de los hechos” y la “pluralidad de víctimas”, lo que sería equivalente a “una situación de impunidad”.

Sin embargo, Fiscalía sí que apoya un indulto parcial que pase por “la sustitución de la pena impuesta (2 años y medio de prisión) por otra inferior”.

Circunstancias humanitarias

El texto relata las circunstancias humanitarias y familiares de Garzón Amo, quien tiene 65 años, jubilado, y padece EPOC, lo cual “limita su salud general al dificultar su respiración”. Asimismo, consta acreditado que el penado realiza labores de cuidado de su madre con discapacidad.

Uno de los puntos sobre los que llama la atención es que “resulta igualmente significativo que una parte de las víctimas y perjudicados haya expresado su conformidad con la concesión de la medida de gracia”.

Por todo ello, el fiscal argumenta su posicionamiento en “el extraordinario tiempo transcurrido desde los hechos, la correcta conducta posterior, el arraigo social y familiar, la situación asistencial acreditada y la posición favorable de parte de los perjudicados permiten apreciar una base objetiva suficiente para considerar desproporcionado el cumplimiento total de la pena y, en consecuencia, para informar favorablemente una reducción parcial de sus efectos”.

En enero de este año, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la condena al maquinista Francisco Garzón y absolvió al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, lo cual provocó “desolación” entre los afectados.

Después de una instrucción que duró años y un macroproceso judicial de meses, Garzón y Cortabitarte habían sido condenados a dos años y seis meses de cárcel por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago en la causa por los 79 delitos de homicidio —la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después— y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave.

A Garzón se le atribuye responsabilidad por el exceso de velocidad con el que llegó el tren a la curva (donde debía pasar de 200 a 80 kilómetros por hora) y a Cortabitarte se le condenaba por la ausencia de una evaluación de riesgos que habría llevado a recuperar el sistema máximo de seguridad en ese tramo, el 'ERTMS', el que habría frenado el convoy en caso de error humano.

Por su parte, la sentencia que ratifica la condena al maquinista y la absolución del ex alto cargo de Adif contó con un voto particular y ha sido recurrida ante el Constitucional por el abogado de Garzón, por el representante legal del otro maquinista --el que condujo el Alvia en el trayecto previo-- y por la plataforma de víctimas.

Según el abogado de Garzón, “la inmensa mayoría de las víctimas apoyan el indulto o no se oponen”, aunque una veintena de familias sí ha mostrado su rechazo a esta posibilidad.

El tribunal inicia la ejecución de la sentencia

El Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela ha iniciado la ejecución de la sentencia por el accidente y ha dado traslado a la representación procesal del maquinista para que se pronuncie sobre la posible suspensión de la pena de prisión “por el motivo previsto en el artículo 4.4, párrafo segundo, del Código Penal, a la vista de la petición de indulto que se encuentra en trámite”.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada señala en un auto que “procede llevar a efecto los pronunciamientos contenidos en la sentencia en la forma y tiempo prescritos en el Código Penal y en los reglamentos, acordando la práctica de las diligencias necesarias”.

En cuanto a la responsabilidad civil, liquidada en sentencia y rectificada parcialmente por el fallo definitivo dictado por la Audiencia Provincial de A Coruña, la magistrada requiere a la entidad QBE, como responsable civil directa, para que “en el plazo de un mes abone las cantidades liquidadas pendientes de pago en concepto de indemnización, en el caso de que no consten totalmente satisfechas, desglosando importe, concepto y perjudicado”.

Asimismo, decreta dar traslado a QBE para que, en el plazo de un mes, presente una propuesta de liquidación de intereses por cada uno de los perjudicados. Una vez recibida dicha propuesta, según consta en el auto, se dará un nuevo traslado a las personas perjudicadas para que, en su caso, formulen alegaciones en la correspondiente pieza separada. El auto no es firme, pues contra él cabe presentar recurso.

La Xunta ha informado de la activación, este viernes, de la alerta roja (nivel 3) en el interior de la provincia de Pontevedra por un episodio de calor, mientras que las zonas del Noroeste de A Coruña y la montaña de Ourense estarán en alerta naranja, y la montaña de Lugo y Valdeorras en nivel amarillo.

Así, la previsión es que las temperaturas en el interior de Galicia estén entre los 36 y 39 grados. Las máximas descenderán en la mitad norte de la Comunidad y los vientos soplarán flojos, con intervalos moderados en el litoral norte.

En este escenario, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido la actividad deportiva del programa Xogade en el exterior, entre las 12.00 y las 20.00 horas en las zonas con nivel rojo y naranja. La actividad federada no se suspende, pero se recomienda a las organizaciones de pruebas que adapten los horarios a las condiciones de cada zona, evitando en lo posible las horas de más calor.

Por otra parte, la Xunta ha recordado las recomendaciones en materia de salud, como la hidratación adecuada, evitar comidas copiosas, usar protección contra el sol, ropa cómoda o proteger a los grupos de riesgo (mayores y niños, enfermos crónicos, personas que toman determinados fármacos, personas con patologías determinadas, personas mayores que viven solas, trabajadores, etc.).

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 5,1 millones de euros para las zonas tensionadas declaradas en las ciudades gallegas de A Coruña y Santiago de Compostela.

Forma parte del paquete de 90 millones de euros a las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tal y como recoge Europa Press.

Tras conocerse estas ayudas, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha valorado que se trata de “un paso más con nuevas medidas” para aumentar la oferta de la vivienda gracias al Estado mediante alquileres con “precios asequibles” en estas ciudades.

En un audio remitido a los medios, Blanco destaca que “este Gobierno actúa con recursos y con medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda en Galicia”.

Subvenciones directas

En concreto, las subvenciones directas serán para facilitar el acceso a la vivienda en 317 municipios de Catalunya (59,7 millones), Euskadi (15,5 millones), Navarra (6,6 millones), Galicia (5,1 millones) y Asturias (2,9 millones).

Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regulan estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del Ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

La ministra, que ha realizado una visita a la localidad navarra de Lekunberri para conocer 34 viviendas que la entidad estatal Casa 47 va a poner a disposición de la ciudadanía a un precio de alquiler asequible, ha explicado que estos 90 millones de euros “van a servir para promover más vivienda pública, para construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda existente y dedicarla al alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre esos suelos, o para desarrollar y urbanizar suelos”.

Rodríguez también ha explicado que las Administraciones podrán destinar este dinero a comprar vivienda. “Nosotros estamos en estos momentos, a través de Casa 47 en una opción de compra de vivienda privada para poner a disposición de la gente en alquiler asequible. Esto también entra dentro de este programa. Es decir, se trata de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas”, ha indicado.

La ministra ha señalado que “todos los ciudadanos que quieren que les congelen el precio del alquiler tienen que saber que si no se les congela es porque 'la del Ático' –en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid– no quiere congelar, y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar, o es porque Azcón –presidente de Aragón– no quiere congelar”.

La Seguridad Social perdió 1.466 cotizantes en agosto en Galicia respecto al mes anterior, lo que supone un 0,13% de descenso, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El recorte de empleo es inferior a la bajada del 0,72% en el conjunto del país. De tal forma, el número de afiliados medios se situó en la comunidad en 1.134.483.

En el último año, la afiliación creció en Galicia en 23.276 personas, lo que se traduce en una subida del 2,09%, un punto menos que la media estatal (+3,13%), según los datos del Ministerio, que recoge Europa Press. La mayoría de los afiliados gallegos del octavo mes del año se engloban en el Régimen General, 911.325, de los que 22.199 pertenecían al servicio especial del hogar y 7.556 al agrario. Además, hay 205.244 autónomos y 17.914 trabajadores del mar.

En los datos de afiliación a la Seguridad Social de agosto se aprecia el impacto del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, que hizo que la cifra de destrucción de empleo, habitual en este mes, haya sido más contenida. La Seguridad Social contabilizó a 31 de agosto un total de 337.917 afiliados en alta procedentes de esta medida en el Estado.

En el caso de Galicia, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.369 personas en agosto en relación con el mes anterior (+2,2%), por encima del incremento del 1,92% experimentado en el conjunto del país, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Las mayores subidas mensuales se dieron en Cataluña (+4,63%); Baleares (+3,31); Murcia (+2,71); Madrid (+2,51%) y Cantabria (+2,42%). Galicia se anota el séptimo aumento más acusado entre autonomías.

De este modo, la comunidad gallega cerró el mes de agosto con 109.691 desempleados. Respecto a agosto de 2025, el paro se mantiene invariable (0%), con las mismas personas desempleadas, lo que contrasta con el descenso del 2,91% en la media española.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de España subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha abierto una causa contra tres hombres como presuntos autores de la violación grupal a una joven de 19 años perpetrada en un prostíbulo de la ciudad. Los tres fueron arrestados por la Policía Nacional y dos de ellos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El tercero está acusado de cooperación necesaria por no hacer nada para impedir la agresión. Los agentes buscan todavía a un cuarto implicado

Los hechos, adelantados por el diario La Región, tuvieron lugar el pasado 23 de mayo. Según el auto de la Audiencia Provincial, que desestima la petición de libertad provisional para uno de los encarcelados, la víctima estuvo con uno de los detenidos –el que no está en prisión–en un after del casco antiguo de Ourense, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Después, se desplazó con él al prostíbulo.

Allí, siempre según el auto, el hombre la invitó a una bebida. Luego, “por indicación de éste”, la dejó en la barra para salir a fumar un cigarro y fue al regresar cuando bebió del vaso. Sólo cinco minutos después, empezó a sentirse mal. Desde ese momento, sus recuerdos están fragmentados.

La víctima asegura que tuvo un “breve intervalo de lucidez” en el que vio cómo uno de los hombres la penetraba vaginalmente por detrás, agarrándola por la cintura, y otro la penetraba por la boca mientras la sujetaba por la cabeza. Al mismo tiempo, un tercer individuo, que es al que ahora busca la policía –“un señor mayor al que no había visto en su vida”– intententaba sumarse a esa práctica. Todo sucedía en una de las habitaciones del prostíbulo. Al mirar hacia la puerta, la joven vio a su acompañante inicial irse del lugar.

El auto indica que la chica trató de defenderse, haciéndose daño en los nudillos. “Sintió cómo la estaban mordiendo en la espalda y agarrando por el cuello para que estuviese quieta”. Según la Audiencia, su declaración –“muy detallada, sólida, creíble” y “sin contradicciones”– se ve corroborada por el informe médico emitido horas después de lo sucedido, en el que se recogen “heridas genitales y en distintas zonas del cuerpo, algunas compatibles con defensa, incluyendo mordedura en zona escapular izquierda”.

Los dos hombres fueron detenidos en el mismo mes de mayo en Monforte de Lemos (Lugo), donde comparten piso. Se enfrentan a una pena de entre doce y quince años de cárcel. Aunque carece de antecedentes penales, a uno de ellos ya le consta otra detención por agresión sexual en junio de 2025 y una más en octubre por quebrantamiento de condena.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por una empresa de Ferrol y ha confirmado que ésta deberá indemnizar por los daños morales derivados del retraso en la tramitación del protocolo antiacoso.

Según se recoge en la sentencia, una sentencia del Juzgado de Social 1 de Ferrol declaró extinguida la relación laboral entre la trabajadora y la empresa, y acordó que la mujer sería indemnizada en 38.081 euros por despido improcedente, y en otros 3.750 euros por daños y perjuicios (cantidad que fue recurrida por la compañía), por la tardanza en tramitar el protocolo antiacoso.

El TSXG considera acreditado que la compañía incumplió de forma reiterada y prolongada su propio protocolo de prevención del acoso, al demorar la constitución de la comisión investigadora y la tramitación de la denuncia presentada por la trabajadora a través de su canal ético.

Así, expone que “la empresa ha incumplido un elemento fundamental de su protocolo antiacoso, como es la urgencia, cometiendo una acción u omisión culposa o negligente, constitutiva de una vulneración de derechos fundamentales, con una doble dimensión: individual, sobre la salud laboral de la propia trabajadora, así como colectiva, dado que, desde la perspectiva del personal de la propia empresa, ese incumplimiento despertará razonables sospechas con respecto al cumplimiento del protocolo”.

De hecho, apunta que, además de producirse un incumpliento de la legalidad ordinaria en materia de prevención de riesgos laborales, los hechos están vinculados con el derecho a la integridad moral reconocido en la Constitución.

El TSXG estima que se ha producido un daño moral, “con independencia de la situación de la incapacidad temporal de la trabajadora demandante”. “La circunstancia de estar la trabajadora fuera de la empresa durante la tramitación del expediente no excluye un daño moral derivado de la tardanza en la tramitación del protocolo antiacoso, que es independiente de si la trabajadora está trabajando o fuera de la empresa”, advierten los magistrados.

Además, subrayan que la cuantía de 3.750 euros fijada en la sentencia de primera instancia resulta proporcionada, al tiempo que recuerdan que es habitual tomar como referencia orientativa las sanciones previstas para las infracciones muy graves por vulneración empresarial de derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Por todo ello, el TSXG desestima íntegramente el recurso de la empresa, aunque la sentencia no es firme y contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Siete personas -tres residentes y cuatro profesionales- tuvieron que ser trasladadas tras un incendio en una habitación en la residencia de DomusVi en el municipio lucense de Monforte de Lemos. Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 08.00 horas de este martes cuando un trabajador alertó de que salía humo de una de las habitaciones de la primera planta. Además, indicó que sacaron a los ocupantes de la estancia y necesitaban asistencia sanitaria.

Los bomberos atajaron rápidamente las llamas y procedieron a ventilar las instalaciones. Todos los residentes tuvieron que ser evacuados mientras se realizaron las tareas de extinción y ventilación. En el operativo también participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Nacional y Local.

Analizan las causas

Por su parte, fuentes de DomusVi consultadas por Europa Press, han explicado que fueron trasladas al hospital un total siete personas -tres residentes y cuatro profesionales del centro. Las causas del incendio están siendo analizadas y la situación ya está controlada. Ante esto, las mismas fuentes indican que los sistemas de seguridad y protocolos del centro se “activaron correctamente” y la residencia mantiene su actividad con normalidad. “Estamos siguiendo de cerca la situación y colaborando en todo momento con los servicios de emergencia y autoridades”, han detallado fuentes de DomusVi.

Ana Pontón, líder del BNG, ha anunciado que el aumento del coste de la vida será el centro de la oposición de los nacionalistas al Gobierno de Alfonso Rueda. “Poner a los gallegos y gallegas en el centro del debate político y aportar soluciones a los problemas que les afectan en su día a día” es el objetivo, según explicó este lunes tras la primera reunión de la Executiva Nacional de la organización de cara al nuevo curso político. “Vivir en Galicia cada vez es más caro y los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios”, resumió.

La principal medida que propondrá Pontón en el Parlamento consistirá en lo que denominó plan de choque de 400 millones de euros “dirigido a aliviar directamente la situación de las familias, de las personas autónomas y de las pymes”. Además, ahondó, seguirá respaldando la regulación por ley de las viviendas de uso turístico, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y las ayudas en función de la renta. También reclama abaratar el transporte colectivo o recuperar la gratuidad de los libros de texto.

Más allá de las medidas para frenar el coste de la vida, el BNG ha designado como su “segunda gran prioridad” que Galicia obtenga más recursos. Frente al hermetismo de la Xunta de Galicia, que se pliega a la estrategia diseñada por el PP estatal y no defiende un modelo de financiación propio, Pontón insiste en “un concierto económico que permita gestionar el 100% de los recursos, hacienda propia, capacidad fiscal plena y negociación bilateral con el Estado”. Y critica el rechazo de Alfonso Rueda, de nuevo en línea con Génova, a la quita de 4.000 millones de euros de la deuda gallega.

El estado social de la lengua gallega conforma el tercero de los ejes del Bloque en el curso político que ahora comienza y en el que habrá, como mínimo, elecciones municipales. Pontón se opone al documento que, a bombo y platillo, presentó el Gobierno gallego -sin la presencia de Rueda- el pasado julio y ha emplazado al presidente gallego a una reunión para “abordar un nuevo plan para revertir la emergencia lingüística”. Que pasa, a su ver, por la derogación del llamado decreto del plurilingüismo. Las estadísticas han revelado un fuerte descenso en el uso del gallego desde que Feijóo y Rueda asumieron, en 2009, el mando del Ejecutivo gallego.

Entidades ecologistas y ambientalistas han presentado alegaciones al proyecto de decreto de nitratos de la Xunta de Galicia para tratar de conseguir que se reformule y “sirva realmente para reducir y evitar la contaminación por nitratos generada por el sector agropecuario y, muy en particular, por la ganadería intensiva”. El Gobierno gallego abrió el proceso el 15 de julio del año pasado, sólo cuatro días después de la sentencia pionera que condenaba la “inacción” tanto de la administración gallega como de la estatal en la degradación ambiental provocada por las macrogranjas en el embalse de As Conchas (Ourense). La conselleira de Medio Rural pedía entonces que no se “culpabilizase” a la actividad ganadera.

Esa postura no parece haber cambiado en doce meses. En un comunicado conjunto emitido este lunes, Greenpeace, el Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) acusan a la Xunta de “enrocarse en el negacionismo” y en una “falsa carencia de estudios que acrediten el origen agrario de la contaminación”.

Las tres entidades aseguran que “más de la mitad del preámbulo y casi un tercio de la extensión total del borrador de decreto” se centran en “cuestionar las evidencias sobre la importancia de la contaminación por nitratos de origen agrario en Galicia” lo que “retrasa de manera irresponsable la toma de decisión y la adopción de medidas correctoras, algo que se debería haber llevado a cabo hace años”.

El comunicado cita extractos del borrador en los que se asegura que en Galicia no hay declaradas zonas vulnerables pues “no existe acreditación del origen agrario de la contaminación” y a día de hoy “no se dispone de los datos definitivos y concluyentes aprobados por la autoridad competente sobre las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas, por lo que no cabe la designación de zonas vulnerables por parte de la comunidad autónoma, ya que la correcta designación de ellas exige la acreditación, mediante las pruebas pertinentes, del origen agrario de los compuestos nitrogenados detectados en los puntos de medición así como de su contribución de forma significativa a la referida contaminación”.

Sin embargo, los ecologistas replican que los planes hidrológicos vigentes ya incluyen los planos con la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” y con los excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) de origen agrario debidos a cultivos de secano, cultivos de regadío, ganadería no estabulada y ganadería estabulada. En el caso concreto del embalse de As Conchas y la necesidad de declarar zona vulnerable la cuenca del Limia, “los datos no pueden ser más claros”.

Mientras la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” es “muy baja” –apenas está urbanizado entre el 1% y el 4%–, el excedente de nitrógeno por los cultivos de secano y regadío está entre 1 y 10 kg/ha/año; de ganadería no estabulada se mueve entre 2,5 y 15 kg/ha/año, pero el de ganadería estabulada se dispara entre 20 y 102 kg/ha/año en la mayor parte de la cuenca, “por lo que es responsable de un 80-85% del excedente de origen agrario”.

“Por si dichas evidencias fueran insuficientes”, añaden las tres entidades, “las estadísticas oficiales de 2020 revelan que, en la cuenca del Limia hasta la presa de As Conchas, la carga ganadera era de 111.500 UGM (unidades de ganado mayor), que en producción de heces y orina equivalen a unos 2 millones de personas, cuando la población era de tan sólo 24.736 personas”. “Es decir, la generación de heces y orina por la ganadería era unas 80 veces mayor que la de la población humana”, concluyen.

Esa “desmesurada carga ganadera que soporta Galicia” ha sido confirmada, señalan, por el informe recién elaborado por la Comisión Europea en el que se analiza la aplicación de la Directiva de Nitratos durante el período 2020-23. En él, citan, se establece que “la carga ganadera de Galicia es de 2,3 UGM/ha, solo por detrás de Cataluña con 3 UGM/ha, y muy por encima de la media estatal y europea de 0,7 UGM/ha”.

“Leyendo el 'no-proyecto' de nitratos y las declaraciones del presidente Rueda da la sensación de que a la Xunta no le importa que las aguas de Galicia estén contaminadas por nitratos –que lo están, y el mejor ejemplo es el embalse de As Conchas– sino determinar el origen de la contaminación, cuando éste está más que claro: es la agricultura y muy principalmente la ganadería industrial”, manifiestan las organizaciones firmantes.

Por todo ello, reclaman que el futuro decreto de nitratos debe incluir como objetivo la reducción, “al menos en un 50%” de la cabaña ganadera en intensivo hasta el 2030. También la disminución del uso de fertilizantes sintéticos y, “especialmente”, la prohibición de nuevas granjas o ampliación de las existentes en municipios con balance de nitrógeno por encima del promedio de la comunidad –41 kg N/ha/año–; en aquellos en los que la concentración de nitratos en las aguas aumentase en más de 5 mg/l entre 2016 y 2024 o en las parcelas o parroquias donde el incremento de UGM por unidad de superficie agricola utilizada sobrepase los niveles de carga ganadera recomendados por la Unión Europea. El plazo para la presentación de alegaciones finaliza el jueves 3 de septiembre.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado contra la Xunta por la falta de anticipación para evitar situaciones de escasez de agua como la que se está dando este verano en Galicia- La respuesta del Gobierno gallego, dice, es “que ya lloverá o que la culpa es de los ayuntamientos”, pero “esperar por la lluvia no es una alternativa de suministro, no es una política de abastecimiento.

Besteiro visitó este lunes el embalse de Baíña, en Baiona (Pontevedra), uno de los municipios afectados por la falta de agua y en el que la Xunta aplica desde hace tres semanas medidas iguales a las de la alerta por sequía. Además, ha tenido que pedir ayuda ante la posibilidad de quedarse sin recursos para abastecer a una población que se multiplica en la temporada estival. El Gobierno gallego tiene, en total, a 32 municipios en alerta y a otros 59 en prealerta por la falta de agua. En la demarcación Miño Sil, que depende del Gobierno central, están en prealerta las cuencas del Miño, el Sil y el Cabe. Galicia afronta una sequía repentina que se ha dado pese a las abundantes lluvias del invierno pasado. En un contexto de escasas precipitaciones en verano y varias olas de calor consecutivas que favorecieron la evaporación, buena parte del territorio sufre escasez de agua.

El secretario xeral de los socialistas gallegos manifestó desde Baiona que la Xunta debe asumir que esto “no es una anécdota del verano del 26” y que el cambio climático va a hacer que la situación vaya a peor. “El único que parece no entender que tenemos un problema real de agua es el Gobierno del PP”, dijo. Galicia, añadió, “no va a ser el paraíso del agua” y los efectos se están apreciando ya en restricciones en muchos municipios y en el campo, con unas pérdidas que Unións Agrarias cifra en 164 millones de euros.

Critica a la Xunta por no tener una planificación adecuada y reclama que los esfuerzos se centren en la red de captación y distribución, incluido el tratamiento. También propone que el 50% o más de lo que se recauda por el canon del agua se destine a que los ayuntamientos puedan renovar sus redes, que “pierden agua por todas partes”.

Las fuertes lluvias caídas en Galicia este jueves –donde se superaron en muchos puntos los 30 litros por metro cuadrado acumulado en 24 horas– no han permitido levantar todavía las restricciones en el consumo de agua en los 91 municipios gallegos en alerta o prealerta por sequía, pero sí han dejado otras consecuencias. En las últimas horas, la Xunta ha cerrado al baño dos playas en los concellos pontevedreses de Marín y A Guarda. La causa que se apunta como más probable es el efecto de las intensas precipitaciones y las escorrentías.

Según recoge Europa Press, el Ayuntamiento de A Guarda ha informado de la prohibición temporal de bañarse en la playa de O Muíño debido a un episodio de contaminación microbiológica.

El Gobierno local adoptó la medida tras recibir también una comunicación de la Consellería de Sanidade que señalaba la presencia de contaminación microbiológica en la última muestra de agua recogida. Dicha contaminación superaba los límites establecidos para permitir el baño.

La entidad local ha prohibido el baño para garantizar la seguridad y salud de los usuarios, y dicha prohibición permanecerá en vigor desde este viernes hasta nuevo aviso.

Así, el Ayuntamiento está pendiente de conocer los resultados del contraanálisis y de confirmar que la calidad del agua vuelva a los parámetros aceptables por la normativa.

Mientras, más al norte, en Marín, el ayuntamiento había recomendando no bañarse en la playa de Portocelo debido a la contaminación del agua por la presencia de enterococos intestinales y E.coli.

Fuentes del consistorio indicaron a Europa Press que el cierre se produjo en la jornada de este jueves, pero las analíticas que hace diariamente la Consellería de Sanidade seguían siendo positivas en la mañana del viernes. Esa misma tarde indicó que las nuevas pruebas mostraban el agua limpia de contaminantes y volvía a permitirse el baño.

Por el momento, se desconoce concretamente el origen y consideran que, al igual que sucede en playas de otros ayuntamientos, pueden haber influido las lluvias de estos días y las escorrentías.