El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural, ha elaborado un informe negativo sobre la candidatura de la Ribeira Sacra a entrar en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La zona aspira a esta declaración desde hace 30 años, pero no lo ha logrado. La candidatura de 2021, que se centraba en los monasterios, no triunfó. La Xunta tomó nota de las recomendaciones dadas en aquel momento para mejorar su propuesta y planteó otra fórmula: pedir que se reconozca su especial valor como paisaje relacionado con el agua.

El Icomos concluye que no queda justificado el especial valor universal en la propuesta y que las condiciones de “integridad y autenticidad” no se cumplen. En concreto, razona que no se da el criterio de que sea un ejemplo destacable de asentamiento humano tradicional, uso de la tierra o del mar que sea representativo de una cultura o una interacción humana con el entorno. Entre los elementos que cita en su análisis el Icomos están que, aunque valora la larga historia de la interacción entre humanos y naturaleza en la Ribeira Sacra, los valores paisajísticos y las formas en las que se han adaptado los cursos de agua y el escarpado terreno para los asentamientos. La zona es célebre por las terrazas en las que se cultivan viñas. Para el organismo este no es, pese a todo, un caso excepcional.

El informe habla también de que hay varios elementos que tienen impacto en el área, como la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitats, el cambio climático, los incendios forestales o las inundaciones de terrenos por la construcción de varias presas para centrales hidroeléctricas en el siglo XX. También recoge posibles presiones por la expansión de la viticultura. En conjunto, Icomos considera que al análisis comparativo del sitio le faltan amplitud y profundidad y que es necesario más trabajo para documentar los atributos que se defienden.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, que se reunió ayer martes con alcaldes de la zona, se aferró a los puntos positivos que recoge el informe. El Icomos señala que valora los esfuerzos hechos y los compromisos en materia de conservación. Recalcó que la opinión de este organismo es necesaria, pero no vinculante y que la decisión final depende de la Unesco, cuyo comité se va a reunir del 19 al 29 de julio en Busan, Corea del Sur. La Consellería asegura que en el documento hay “múltiples argumentos favorables, que invitan a Xunta y gobierno central a mantener viva la candidatura”.

La tierra y el mar volverán a darse la mano en Arousa contra las amenazas medioambientales que no acaban de desaparecer del horizonte gallego. Las Plataformas Ulloa Viva, En Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Mina de Touro-O Pino Non convocan este domingo una nueva manifestación anfibia para exigir la denegación definitiva de los proyectos de macrocelulosa de Altri (Palas de Rei, Lugo) y la Mina de Touro-O Pino (A Coruña). La cita llega en un momento en el que “ni las empresas –Greenfiber y Cobre San Rafael– ni la Xunta renuncian a seguir tramitando” sus iniciativas industriales, por eso llaman a “enterrarlos” con la movilización social.

La manifestación se celebrará en A Illa de Arousa. Partirá a mediodía de la playa de O Vao y finalizará en el muelle de Xufre, donde este martes se presentó la convocatoria. Barcos de las dos bandas de la ría, norte y sur, se sumarán a la flota de la Illa para entrar a puerto en coincidencia con la llegada de la marcha a pie.

En la comparecencia, a bordo del bateeiro Carallada, el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, detalló con cifras la “situación agónica” de la producción marisqueira en la ría de Arousa, históricamente, la primera productora de mejillón de Europa, con pérdidas económicas de 59,3 millóns de euros para el sector entre 2021 e 2025. Incluso con estos datos sobre la mesa, Rubido criticó que la Xunta “está decidida a imponernos sus proyectos contaminantes y a provocar un cambio en el modelo productivo”.

En el bienio 2024-2025, las pérdidas en el berberecho y la almeja fina superó el 92%, la babosa alcanzó el 91% y la rubia el 68%. En cuanto al mejillón, cayó un 30% en el trienio 2023-25 frente a la década anterior. Entre el 1 de enero y el 1 de junio, durante el trienio 2024-26, la pérdida fue de dos tercios respecto a los últimos veinte años.

En este contexto, el presidente de la PDRA afirmó que los convenios ofertados por la Xunta son “limosna propagandística” para “ocultar su pasividad e inoperancia”. Recordó la negativa del PP a delcarar de interés general el sector tradicional del mar en el debate de la Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Parlamento de Galicia y acusó al gobierno de Alfonso Rueda de apoyar iniciativas que “empeoran la calidad de nuestras aguas”. “Son decisiones y actitudes que van a acabar con el sector marisquero y la prosperidad de miles de familias”.

La “ofensiva autoritaria” de la Xunta

La portavoz de la Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino Non, Che Cancelo, recordó os requerimientos que la Xunta está enviando desde hace meses a las personas y colectivos que alegaron contra la reapertura de la mina y que la semana pasada el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba otros 1.600, “tal y como sucedió hace un año en la tramitación del proyecto de Altri”. Los representantes de las tres plataformas hablaron de una “ofensiva agresiva e autoritaria” del gobierno autonómico “en beneficio de las promotoras y contra las gallegas y gallegos”.

“Si, a estas alturas, la fábrica de Altri non está funcinando y no se reabrió la mina de cobre se debe a la fuerza y la presión sobre nuestros gobernante que lleva años ejerciendo la poblacion directamente afectada”, pero también “gran parte de la ciudadanía y de la opinioón pública gallegas”. Sin embargo, “hasta ahora sólo conseguimos retrasar estos proyectos, porque ni las empresas depredadoras renunciaron a sus agresiones ni la Xunta hizo otra cosa que dar largas”.

Por su parte, el presidente de Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, advirtió a la Xunta que “las mentiras tienen patas cortas, ya sabemos como a cada paso que dan, retroceden otro”. Por eso, insistió en que, tras casi cuatro años de lucha contra el proyecto de Altri, no les importan las “tácticas” del ejecutivo de Rueda. “Nuestra estrategia es continuar la lucha porque nunca nos dejamos engañar por sus palabras vacías”. “Sánchez recordó que el gobierno gallego dijo que ”lo iban a archivar: nosotros exigimos que lo entierren“. Si no lo hacen, añadió, encontrarán ”un pueblo despierto y con ganas de luchar“. Un pueblo al que los tres portavoces invitaron a participar, de forma masiva, en la manifestación del domingo.

Varios jóvenes de la localidad pontevedresa de Silleda han formulado denuncia ante la Guardia Civil por la difusión de falsas imágenes suyas en la que aparecen desnudos y que supuestamente han sido creadas con Inteligencia Artificial (IA). Todos ellos son mayores de edad.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han confirmado la existencia de al menos siete denuncias. Algunos medios elevan la cifra hasta los quince, todos entre los 20 y los 30 años. La investigación sigue abierta y el número de afectados podría aumentar.

Las denuncias apuntarían a otro vecino de la localidad como supuesto autor de estas imágenes falsas de desnudos que estarían recreadas con IA, conocidas como 'deepfakes'.

Yoel Quispe murió en la madrugada de la Nochebuena de 2023, cuando regresaba a casa tras una noche de fiesta. Tenía sólo 22 años. Lo mataron de una puñalada en el pecho en pleno centro de A Coruña. Tres jóvenes se sientan en el banquillo de los acusados: José Luis F., como supuesto autor material; Yared G., al que acusan de proporcionarle la navaja y Aarón L., que habría sido el encargado de deshacerse de un arma blanca que nunca apareció. La acusación particular –ejercida por los padres de Yoel– pide 25 años de cárcel para los dos primeros y 15 para el segundo. La Fiscalía sólo reclama condena, 14 años de prisión, para José Luis, mientras las defensas solicitan la libre absolución. Un jurado popular deberá decidir si son o no culpables de cometer, cooperar o encubrir un asesinato, ya que eso es lo que se juzga en la Audiencia Provincial.

Todo empezó en torno a las seis y media de la mañana, en el cruce entre las calles Juan Flórez y Sinfónica de Galicia. Según narraron varios testigos, Yoel se cruzó con un grupo de unas ocho personas y golpeó a uno de ellos. Así se inició una reyerta en la que Quispe fue agredido “con reiterados puñetazos y patadas” que, entre otras lesiones, le produjeron “traumatismos en la cabeza”. Dos de los jóvenes de ese grupo fueron condenados ya a nueve meses de prisión por un delito de lesiones tras un acuerdo de conformidad entra la Fiscalía, la acusación particular y las defensas.

Según los diversos relatos, esa pelea inicial acabaría desembocando en la muerte de Yoel pero no la provocó. Es en ella donde aparecen los tres acusados que, según reconocieron, intervinieron en un primer momento para “mediar”. El joven, rodeado, no habría distinguido entre enemigos y supuestos amigos. “Aún encima que te venimos a defender”, cuentan que llegó a decirle José Luis. “A mí me da igual que me lleven preso, que me dé mi amigo la navaja”, son las palabras que otro de los presentes pone después en su boca.

El principal acusado tenía 21 años en el momento del crimen. Los agentes que encontraron el cuerpo de Yoel “en un charco de sangre” lo identificaron, como al resto de los presentes. Cuando fue detenido, cuatro días después, se negó a declarar. Después de que se viralizase un vídeo en el que él mismo recreaba la puñalada, culpó a otra persona. “Me meten en un marrón, me buscan la ruina con lo que andan diciendo”, dice en un audio que se pudo escuchar en el juicio. Finalmente, acabó confesando. Tenía ya antecedentes por hurto y lesiones leves.

La búsqueda de condenas en internet

“Cuánto te piden de condena si matas a alguien de dos puñaladas”. Esa fue la búsqueda que Yared realizó en internet apenas unas horas después, en la noche de Navidad. Así lo atestiguó el policía nacional que analizó los móviles de los tres encausados. No fue sólo esa: ya por la mañana había buscado noticias sobre la muerte de un joven apuñalado. No existían registros similares antes de la pelea.

Amigos y familiares de Quispe se concentraron a las puertas de la Audiencia Provincial en el arranque de la vista. Su madre, Maritza Yovana Gómez, manifestó que su hijo era su apoyo y su “vida”, recoge Europa Press. “Era mi mano derecha”, aseveró a preguntas de su letrado en las que precisó que la víctima tenía dos trabajos y que le ayudaba no solo económicamente sino también con el cuidado de una hija de tres años.

“Me ayudaba con la niña al salir del trabajo”, explicó en una declaración muy emocionada en la que, además, señaló que tuvo que ejercer de “madre y padre”. “Si me devolvieran a mi hijo”, dijo en varias ocasiones. Un hijo que, aquel día, le dijo que después del trabajo saldría de fiesta y que quedaría a dormir con un amigo, algo que nunca sucedió.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado de forma definitiva a la empresa Coventina Renovables el concurso público para poner en marcha una central hidroeléctrica de bombeo en Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda.

Se trata, según recoge Europa Press, de una iniciativa en el marco del proceso de Transición Justa, tras el cierre de la central térmica de Meirama. La empresa prevé invertir más de 400 millones y la generación de mil empleos en el plazo de diez años. A finales de 2028 está previsto el inicio de las obras.

En concreto, se ha adjudicado a la empresa el concurso de transición justa de Meirama para conectar una central hidroeléctrica reversible.

El proyecto está ligado a la creación de unos 180 empleos, así como la citada inversión, mediante la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica reversible y el impulso a proyectos empresariales y actuaciones de conservación y mejora ambiental en el entorno del lago de As Encrobas.

Así se ha informado en una comparecencia con presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la directora del Instituto para la Transición Justa, Judith Carreras, en relación a las novedades en el concurso del nudo de Transición Justa de Meirama.

Judith Carreras ha explicado, sobre el contenido de la reunión en la Delegación del Gobierno, que el objetivo ha sido informar de la resolución definitiva del concurso articulado para Meirama, el cual ha sido, según sus palabras, “competitivo y concurrido”, al que se presentaron siete proyectos.

Sobre los criterios seguidos, ha insistido en que ha sido asegurar una generación de energía renovable y la creación de empleo y ha remarcado que Coventina Renovables ha depositado “las exigentes garantías, con 180 empleos asociados a la parte de generación”, ha añadido.

Atraer nuevos proyectos

A su vez, Blanco ha insistido en que no hay Transición Justa “sin un comprimiso firme con el territorio” y ha incidido en que la estrategia es que el proceso de descarbonización “no deje a nadie atrás, a ningún municipio, a ninguna empresa o trabajador”.

“Lo que estamos haciendo es atraer nuevos proyectos e inversiones para proteger a los 19 ayuntamientos gallegos que forman parte de las zonas de Transición Justa de Meirama y As Pontes tras el cierre de las centrales térmicas”, ha remarcado. “183 millones de euros que han permitido crear más de 400 empleos”, ha apostillado en relación a la inversión realizada.

El representante de Coventina Renovables, Jesús Berzosa, ha incidido, mientras en que su prioridad ha sido “el empleo local y el compromiso de transmitir a las empresas que colaboren con nosotros esta exigencia”, ha señalado. Por eso, ha dicho que plantearán un programa de apoyo a la formación de trabajadores.

Por su parte, el alcalde de Cerceda, José Manuel Rodríguez, ha incidido en la repercusión, a nivel de empleo y de ingresos, del cierre de la central y ha destacado el anuncio en esta jornada por lo que supondría de “drama social que no hubiese proyectos encima de la mesa”. A ello, ha sumado el aprovechamiento del potencial turístico en el lago de As Encrobas.

Greenpeace ha sorprendido al barco gallego 'Naboeiro' mientras supuestamente pescaba una especie de tiburón no permitida, cercenando sus aletas y vulnerando la normativa europea, en una zona de convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea, cuya actividad pesquera está regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés).

La organización ecologista ha realizado esta actuación en el marco del Día de los Océanos, que se celebra este lunes, para denunciar “la impunidad de la destrucción en alta mar, donde menos del 1% del océano está protegido”. Así, según recoge Europa Press, con su investigación quiere mostrar cómo la pesca industrial opera en las aguas internacionales.

Según Greenpeace, la imágenes obtenidas revelan “cómo el pesquero español captura tres ejemplares de tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus). La pesca dirigida de esta especie no está permitida al ser extremadamente vulnerable a la explotación. Cuando un buque captura un ejemplar, debe cumplir con ciertas obligaciones que establece la normativa europea y española”.

Así, señala varios incumplimientos en esta actuación pesquera: los ejemplares de tiburón zorro ojón son subidos a bordo, contraviniendo lo que establece la legislación pesquera de la Unión Europea; los animales fueron cortados en piezas y parte de ellas fueron lanzadas por la borda --entre las piezas descartadas, se encontraban zonas del cuerpo con las aletas cortadas, lo que indica que estas aletas habían sido cercenadas a bordo--; también apunta a que, en el caso de que no haya reportado a la Secretaría General de Pesca de esta campaña, “habría incumplido también la normativa europea de control pesquero”.

El 'Naboeiro' es un palangrero con puerto base en Vigo. Tiene 28 metros de eslora y fue dado de alta en el año 1995.

Reclama al Ministerio que estudie la denuncia

Por todo ello, la organización ecologista pide formalmente a la Secretaría General de Pesca que estudie las imágenes y valore, de oficio, la denuncia del caso. “Es necesario redoblar esfuerzos para que no sigan sucediendo estas prácticas”, advierte.

Apunta a que “este hecho demuestra que las normas adoptadas por la UE para proteger a las especies vulnerables son insuficientes, que la gestión pesquera de las OROP, Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (en este caso la ICCAT), es ineficiente para asegurar la protección marina y que la Zona de Convergencia requiere protección adicional en virtud del Tratado Global de los Océanos”.

Esta zona de alta mar frente a la costa occidental de África, es una de las que la organización ecologista considera prioritario proteger bajo el Tratado Global de los Océanos.

“Este caso pone de manifiesto una vez más como algunos barcos usan la impunidad de las aguas internacionales para saltarse la ley. Esto pone en peligro la biodiversidad marina y la supervivencia de los stocks pesqueros y del propio sector. Este saqueo y el bloqueo que han ejercido en las negociaciones las Organizaciones Regionales de Pesca amenazan con herir de muerte al histórico Tratado Global de los Océanos en el mismo año de su entrada en vigor, convirtiéndolo en papel mojado antes de que sus santuarios puedan ser declarados”, ha declarado la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, Ana Pascual.

La investigación judicial abierta contra el alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por un presunto delito de acoso sexual suma ahora nuevas diligencias acordadas por el juzgado instructor. La magistrada que dirige el procedimiento ha citado a declarar como testigos a cinco mujeres vinculadas al PSdeG después de que sus nombres apareciesen durante las primeras comparecencias practicadas en la causa.

El procedimiento judicial se inició a raíz de la denuncia presentada por la presunta víctima, sobre unos hechos supuestamente ocurridos en septiembre de 2025. La causa está siendo instruida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lugo competente en materia de violencia sobre la mujer.

Según informa Europa Press, dentro de las diligencias solicitadas inicialmente por el Ministerio Público, el juzgado tomó declaración a la denunciante principal y a dos testigos, entre ellas la madre de la joven. Fue precisamente durante esas comparecencias cuando surgieron referencias a otras posibles víctimas que, según el relato trasladado al juzgado, podrían haber vivido situaciones similares relacionadas con el dirigente socialista.

A raíz de esas manifestaciones, la jueza ha acordado ampliar la investigación y citar como testigos a cinco mujeres para esclarecer si existieron conductas reiteradas o patrones similares a los denunciados inicialmente. Estas nuevas diligencias forman parte de la fase preliminar de instrucción y buscan determinar el alcance de los hechos investigados.

Paralelamente, la defensa de José Tomé ha presentado recurso contra el auto de incoación de la causa y solicitado el sobreseimiento libre del procedimiento. Sin embargo, el Tribunal de Instancia ha rechazado esa petición, desestimado el recurso y ratificado la continuación de la investigación, incluidas las nuevas declaraciones acordadas.

Tras esa decisión, la defensa ha vuelto a recurrir ante la Audiencia Provincial de Lugo, órgano que todavía no se ha pronunciado sobre la continuidad o archivo de la causa. Hasta que exista resolución de la Audiencia, el procedimiento sigue abierto y las diligencias continúan su curso.

La estrategia de la acusación pasa por sostener que los hechos denunciados no constituirían un episodio aislado, sino que podrían formar parte de una conducta reiterada. Según el relato presentado ante la Fiscalía, la denunciante asegura que a finales de septiembre de 2025 acudió a José Tomé para interesarse por una convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Monforte y que, durante esa conversación, el entonces dirigente socialista le habría insinuado que no lograría aprobar si no mantenía relaciones sexuales con él.

La joven sostiene además que su madre trasladó posteriormente esos hechos a responsables socialistas tanto en Lugo como en la dirección gallega del partido. Mientras desde el PSOE se mantiene que se le recomendó utilizar los cauces internos habilitados para este tipo de situaciones, la denunciante afirma que no encontró apoyo suficiente dentro de la organización.

Finalmente, presentó una comunicación formal a través del canal interno del PSOE en diciembre y posteriormente trasladó el caso ante la Fiscalía a finales del pasado mes de febrero, lo que desembocó en la apertura de diligencias judiciales.

José Tomé ha defendido públicamente su inocencia desde el inicio del caso, antes de la denuncia y que se conoció a través de un programa de televisión. Tras hacerse público, abandonó el PSdeG al día siguiente y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, aunque continúa al frente de la Alcaldía de Monforte de Lemos como edil no adscrito.

CIG-Administración Pública ha calificado de “grave error político” la decisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de nombrar al exconselleiro Alfonso Villares delegado territorial de la Xunta en Lugo tras el archivo de la denuncia por supuesta agresión sexual presentada contra él por una conocida presentadora.

“Con esta decisión, en la Administración autonómica tenemos a un posible depredador sexual de jefe”, ha lamentado, en un comunicado remitido a los medios –y recogido por Europa Press–, en el que afea con dureza a Rueda haber situado al frente de la delegación del Gobierno gallego en Lugo al extitular do Mar e incide en que la ejemplaridad institucional va “más allá” del recorrido judicial de una causa.

La CIG esgrime que la “rehabilitación” de Villares como alto cargo autonómico es de “extrema gravedad” y que “hace patente el falso compromiso” de la Xunta del PP con las víctimas de violencia machista.

El sindicato ha trasladado su respeto por las resoluciones judiciales y la presunción de inocencia, pero recuerda que “el archivo de una causa por falta de indicios suficientes para continuar el procedimiento no equivale a una sentencia que declare la inexistencia de los hechos”.

“Rueda lo rehabilita porque le da la gana”

“La responsabilidad política y social y la ejemplaridad institucional van más allá del recorrido judicial de un caso”, ha esgrimido, además de hacer hincapié en que “nadie obliga a Rueda a rehabilitar políticamente a Villares”.

“Lo hace porque le da la gana, y al hacerlo está enviando un mensaje inequívoco: para el presidente de la Xunta es más importante restituir la honorabilidad de un exconselleiro de su círculo político e íntimo que mandar un mensaje ejemplarizante de tolerancia cero frente a violencia. En definitiva, con esta decisión en la Administración autonómica tenemos un posible depredador sexual de jefe”, ha lamentado.

Al respecto, la CIG agrega que las instituciones públicas “no solo tienen que actuar conforme a la legalidad, sino también preservar su credibilidad, proteger la confianza de la ciudadanía y actuar con la máxima responsabilidad ante situaciones de especial trascendencia social”.

“No es un caso más de enchufismo”

Por ello, la CIG considera que este nombramiento “no es un caso de enchufismo más del PP”, sino que supone “un grave atentado hacia todas las mujeres”.

“Muestra una ausencia absoluta de conciencia que banaliza la violencia sexual, deteriora la credibilidad de las víctimas y evidencia una preocupante falta de responsabilidad y sensibilidad institucional por parte del presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia”, ha concluido.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado la pena a cuatro años de cárcel -era de seis años y cinco meses- a la extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) y de Autoestradas de Galicia, en donde ejerció entre octubre de 2008 y enero de 2019, por apropiarse de 1,2 millones de euros.

En un fallo dado a conocer por el Supremo este jueves, la Sala estima parcialmente el recurso interpuesto por la condenada y excluye la continuidad en el delito de estafa, apreciada por la Audiencia Provincial de A Coruña y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De tal forma, la condena a cuatro años se impone por un delito continuado de falsedad de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa.

La Sala mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, por lo que la condenada tendrá que abonar una indemnización de 1.103.600 euros a Audasa y de 125.155 euros a Autoestradas de Galicia. De esa cantidad responderá solidariamente con la condenada, y hasta el límite de 614.377 euros (50% de lo defraudado), su marido, quien fue también enjuiciado y al que se consideró “partícipe a título lucrativo”.

La sentencia explica que en los hechos probados se describe cómo la acusada se aprovechó de las tareas que se le habían confiado, de gestión contable y tesorería, y entre los años 2011 y 2018 transfirió -sin correspondencia con ningún pago o gasto real de las empresas- desde distintas cuentas bancarias de Audasa a la suya en Ibercaja, abierta el 23 de junio de 2011, un total de 1.237.686,31 euros, de los que se apropió.

Señala la Sala que del relato fáctico se desprende que “la acusada aprovechó la posición confiada a la misma de gestión contable y tesorería, lo que implica ese plus añadido de culpabilidad que exige la agravación, a sumar a la ilicitud propia del tipo base, una mayor gravedad con acento en la violación del crédito y la gran confianza en las propias cualidades profesionales de la misma”.

El tribunal considera que se trata de “conductas falsarias que recaen sobre documentos mercantiles, órdenes de transferencia ficticias con aspecto idéntico a las que Audasa y Autoestradas remitían a los bancos, aunque modificando la cuenta de destino por la numeración de la que tenía en Ibercaja, en definitiva, transferencias bancarias ordenadas por la acusada en nombre de las empresas perjudicadas que remitía a las entidades financieras en formato PDF desde el correo electrónico de Audasa, generando por ello un grado elevado de confianza, que sin duda afectaban al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil, figurando como beneficiarios aseguradores como AXA, Allianz, Zurich, Mapfre o proveedores habituales de las empresas perjudicadas. Todo ello, unido a la alteración del parte de los bancos y las conciliaciones, reintegros y pagarés de cara a cuadrar la contabilidad a finales de cada año”.

Por otra parte, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el marido de la extesorera que cuestionaba la cuantía establecida para él, en concepto de responsabilidad civil, como “partícipe a título lucrativo”.

El tribunal responde que en este caso “se razona cumplidamente la existencia de lucro, por quien siendo el esposo y conviviendo con la acusada, claramente se benefició de las ilícitas ganancias obtenidas por aquella como consecuencia del delito cometido, y al margen de su personal enriquecimiento también lo hizo de aquello que era común y de lo que disfrutó, puesto que la cuenta a donde fue a parar todo el dinero estaba a su nombre y al de su esposa, los cuales tenían régimen ganancial de bienes, por lo que las cantidades calculadas por el tribunal son correctas”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado formar una pieza separada “por mala fe procesal”, a fin depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir un abogado firmante de un recurso con reiteradas “incoherencias o invenciones”, supuestamente elaborado con Inteligencia Artificial (IA). La Sala de lo Social subraya que en el recurso de suplicación interpuesto por el letrado figuran “múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) –y recoge Europa Press–, que traslada que el paso se da a tenor de lo dispuesto en los artículos 75.4 y 235.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En total, el magistrado ponente identifica 24 citas –y sus textos adicionados– que asegura que constituyen “un ejercicio de libérrima creatividad jurídica”.

Además, hace referencia a que ha detectado “una curiosa estructura en la manera de redactarse y que se corresponde, como no es aventurado suponer, con el uso de Inteligencia Artificial en su elaboración, del tipo generativa y de carácter gratuito, sin una verificación posterior para controlar las constantes 'alucinaciones' ofrecidas”.

“Ello implica una falta de diligencia notoria en la actuación profesional, es obvio”, recalca el tribunal en la resolución, en la que indica que, la otra opción, es decir, que el letrado “haya inventado directamente todas la citas falsas y haya tratado de defender su postura (y motivos) de una manera tan burda (y mendaz)”, comportaría “un comportamiento que se deslizaría hacia otros campos, quizás, aparte la censura moral, y que esta sala quiere descartar de entrada”.

“Mala fe procesal”

En la sentencia, los magistrados inciden en que los hallazgos “evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso”.

Lo hizo, continúa, “omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos”.

A ello, añaden que “lejos de consistir en mero desliz o error venial, como podría haber ocurrido en el caso de existir un par de incoherencias o invenciones, por su reiteración, merece ser depurada con la apertura de una pieza separada por mala fe procesal”.

Alfonso Villares, el exconselleiro do Mar que tuvo que dimitir al ser imputado en una investigación judicial por una presunta agresión sexual, acaba de estrenarse como delegado territorial de la Xunta en Lugo, el cargo con el que el Gobierno de Alfonso Rueda lo ha rehabilitado para la política después del archivo, aunque provisional, de su caso. Y en sus primeros pasos en este nuevo puesto público ha incluido una visita a la unidad móvil del centro de información a la mujer, que se encontraba este jueves en Xermade.

Villares publicó en sus redes sociales una imagen del acto y un resumen de su actividad, que consistió en visitar uno de los cuatro vehículos que funcionan como centros de información a la mujer itinerantes en Galicia y decir sobre ellos que “aportan información y atención especializada a la ciudadanía”.

El ahora delegado territorial en Lugo dimitió hace justo un año, tras una denuncia por agresión sexual. Lo hizo en el momento en el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le comunicó formalmente su condición de investigado, pero la denuncia era de principios de año. Rueda conocía la situación -relató que el propio Villares le contó que había acudido a declarar ante la policía- desde febrero y le indicó que esperase a que hubiese novedades para decidir si debía o no abandonar su cargo como conselleiro. El presidente de la Xunta manifestó en varias ocasiones que le gustaría recuperar a Villares para la política y finalmente lo hizo el pasado lunes, cuando anunció que sería el nuevo representante de su Gobierno en la provincia de Lugo.

En abril la causa contra Villares quedó archivada provisionalmente porque los jueces consideraron que no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar” al investigado. Pocos días después, el propio exconselleiro dio una rueda de prensa -en la que no contestó a ninguna pregunta, como en su anuncio de dimisión- en la que anunciaba que volvía a darse de alta como militante del PP y dejaba la puerta abierta a un regreso a la política.

El 77% de los turistas que visitan Santiago no son peregrinos, realizan un gasto medio de 25 euros al día –ligeramente por encima del de los residentes– y perciben la zona vieja de la ciudad no como un barrio real, si no como un “espacio deshabitado”.

Esas son las conclusiones que se desprenden de un estudio realizado por la Rede Galabra de Estudos na Cultura, de la que forma parte profesorado de la USC, y que acaba de presentar los resultados de una investigación que ha analizado población local, comercio y personas visitantes de Compostela para conocer más en detalle su interacción.

La primera cuestión que desmonta el informe, recogido por Europa Press, es que “el turismo que llena las calles de Santiago no procede del Camino”. De hecho, en las encuestas realizadas entre 2022 y 2023 a visitantes se refleja que más de 77% no son peregrinos, frente al 22,7% que sí lo son.

Sobre su experiencia en la ciudad, la encuesta revela que descubren “una ciudad humana y acogedora, valorando su escala y vida real más allá de las grandes piedras monumentales”. La Catedral y su entorno monopolizan la mayoría del turismo.

No obstante, los visitantes no consideran mayoritariamente la zona vieja como un barrio real, si no como un “espacio deshabitado”. Con ello, el informe establece una correlación clara: “Si el turismo expulsa al vecino, el turismo percibe un barrio fantasma”.

En lo relativo a su vínculo con el comercio local, el análisis evidencia que el turista “consume y mira escaparates, pero lo hace mientras deambula, no como objetivo previo”.

Comerciantes y población local

En las encuestas se refleja una “sensación generalizada” de que el casco histórico sobrevive “gracias al turismo”. De hecho, más de la mitad de los comerciantes señalan que el visitante gasta más dinero que las personas locales.

Sin embargo, los datos indican que el 58,5% de los comercios viven del consumidor local. La única diferencia radica en el volumen de gasto: una media de 25 euros diarios por parte de los turistas, frente a los 20 euros diarios de los locales.

Por otra parte, algo más de 51% de la población compostelana preferiría otro modelo de turismo. Finalmente, existe un “enorme consenso local” al respecto de que la zona vieja no debería destinarse solo al turismo.

Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado este jueves ante hospitales y centros de salud de toda la geografía gallega para denunciar las listas de espera del Sergas, “uno de los principales problemas del sistema sanitario gallego”.

Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, en Santiago, frente al centro de salud Concepción Arenal, alrededor de una treintena de trabajadores del sector han coreado consignas como 'coa nosa saúde non se xoga' o 'non ás listas de agarda na sanidade pública', según recoge Europa Press.

La misma escena se ha repetido en Vigo, en la rotonda del Álvaro Cunqueiro, algo más numerosa, y donde han denunciado además la situación del área sanitaria de Vigo.

En muchas localidades se han ido celebrando las concentraciones, así como en grandes ciudades como A Coruña, en la rotonda del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), en Ourense, a las 11.00 horas en el CHUO; en Pontevedra, a las 12.00 horas en el Hospital Provincial; y en Ferrol, a las 20.00 horas delante del Centro de Salud Fontenla Maristany.

Para la plataforma, las listas de espera del Sergas es “uno de los principales problemas del sistema sanitario”, con un incremento, por ejemplo de las quirúrgicas, del 30% desde 2019. Señalan además que la consellería sigue “ocultando” informes respecto a las listas, sin incluir la estructural, por ejemplo.

Esto se ha agravado, señalan, por los efectos de la huelga “indefinida e intermitente” convocada por los sindicatos médicos. Un derecho “totalmente legítimo” pero que está teniendo un “impacto brutal” en las listas de espera. Desde diciembre se han aplazado un cuarto de millón de consultas.

Entre las medidas que propone la plataforma, están las listas de espera “transparentes”, prioridad a aquellos pacientes con riesgo de muerte o invalidez, optimización del trabajo en los hospitales públicos -en relación a esto han recordado que los privados trabajan durante toda la jornada- en base a una negociación en mesa sectorial con los sindicatos, más personal y la potenciación de la dedicación exclusiva.

Fiscalía pide hasta nueve años de cárcel para cada uno de los tres acusados por el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió en febrero de 2022 en aguas de Terranova, en Canadá, llevándose consigo la vida de 21 de los 24 tripulantes a bordo. En su escrito, que ha sido notificado este miércoles, el Ministerio público acusa al patrón del buque, Juan Padín, así como a los dos máximos responsables de la armadora del barco Grupo Nores Marín: José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, padre e hijo.

Para cada uno de ellos pide hasta nueve años de prisión como supuestos autores de 21 delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por imprudencia. Este último por el marinero sobreviviente Samuel Kwesi. Además, también les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores. Según fuentes consultadas por Europa Press, Fiscalía también pide para Padín inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de barco. Además, solicita la misma cantidad de años de inhabilitación para los responsables de la armadora para administrar o dirigir empresas dedicadas a la pesquería.

Lo que sucedió

Todo ello después de que hayan pasado ya más de cuatro años de la tragedia, que acabó con la vida de 21 marineros. Solo tres de las personas que viajaban en el 'Villa de Pitanxo' lograron sobrevivir, siendo uno de ellos Juan Padín, ahora imputado en la causa. También su sobrino Eduardo Rial consiguió salir con vida del naufragio, además de Samuel Kwesi. Precisamente por la declaración de este último comenzó la investigación judicial del siniestro.

Padín y Rial contaron que el motor del Pitanxo paró de forma repentina, quedando el barco a la deriva en medio de una fuerte tormenta, por lo que el mar acabó engulléndolo y con poco margen para que los 24 tripulantes pudiesen hacer algo para salvar sus vidas. Sin embargo, Kwesi aseguró que el 'Villa de Pitanxo' había embarrado (enganchado las redes al fondo del mar), por lo que el capitán trató de hacer varias maniobras para solucionar este problema. Así, el barco comenzaría a escorarse al no ser capaz de soltarse, entrando agua hasta que el motor se paró, sin escuchar a los marineros que pedían que soltase las redes.

Estas contradicciones hicieron que comenzase la investigación judicial, llevando al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a ver indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín y a los responsables de la armadora por los mismos. Ahora, Fiscalía pide hasta nueve años para cada uno de ellos.

Profesorado de Dibujo Técnico de diversos centros educativos de Galicia ha presentado una reclamación formal ante la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para pedir la dimisión de los responsables de la prueba de Dibujo Técnico de la PAU 2026 ante la existencia de “múltiples errores” en los enunciados del examen. En el documento, los docentes han exigido la dimisión inmediata del grupo de trabajo y de su director, al considerar que el equipo “no está a la altura de las circunstancias” tras “múltiples incidencias detectadas”.

El examen estuvo marcado por “múltiples errores” en los enunciados que obligaron a hacer rectificaciones constantes que interrumpieron el trabajo del alumnado y generaron una situación de “confusión e inseguridad”, denuncian. Señalan que todo esto provocó que se perdiese más de media hora porque numerosos estudiantes tuvieron que volver a empezar ejercicios en los que ya habían avanzado.

También consideran que se ha producido una desigualdad de condiciones porque algunos alumnos ya habían abandonado el aula cuando se comunicaron todas las correcciones, mientras que en otros casos no se aclararon errores posteriores para no perjudicar a quienes ya se habían marchado.

En el texto registrado, los docentes hacen referencia también a errores gráficos, como la ausencia de líneas ocultas en ejercicios de perspectiva, escalas que conducían a valores decimales “inadecuados” para el nivel evaluado y una carga “desproporcionada” para el tiempo disponible y “falta de claridad en la estructura de las opciones”. Consideran que no estaba suficientemente explicitado qué opciones debían escoger los alumnos, lo que creen que aumentó la posibilidad de errores en un momento en el que recuerdan que quienes se examinan están sometidos a mucha tensión.

La lista de deficiencias continúa: aseguran que el alumnado que hizo la prueba en lengua gallega sufrió un perjuicio porque tuvo que sustituir ejemplares con el examen iniciado porque las redacciones eran diferentes en gallego y en castellano. Todo ello, dicen, llevó a un “elevado nivel de ansiedad” para los estudiantes. Piden que se adopten criterios extraordinarios de corrección y medidas compensatorias para que ningún alumno resulte perjudicado.

Finalmente, además de las dimisiones, han instado a que se abra una investigación interna para determinar responsabilidades y se revisen los protocolos de control de calidad para evitar que estos incidentes se repitan en futuras convocatorias.

Otro examen ha resultado polémico en la PAU en Galicia. La CiUG ha anunciado que corregirá “con criterios flexibles” una de las preguntas incluidas en el examen de Historia de España, tras las quejas registradas por los profesores de la materia sobre su formulación. Las protestas se referían a una de las preguntas incluidas en el bloque II de la materia de Historia de España, en la que se pedía una comparación entre las características del socialismo y del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX.

Varios profesores de la materia y departamentos implicados en este ámbito protestaron desde última hora de este martes en relación a esta pregunta porque señalan que las indicaciones de la CiUG para la preparación de estos exámenes incluían estos conceptos solo en el bloque III, el orientado a un comentario de texto, y no en el II.

La CiUG replicó que la pregunta versaba de “conceptos básicos en relación a ideologías y movimientos políticos iniciados en el siglo XIX para poder entender el contexto político del momento”. Admitió que los contenidos “solo aparecen específicamente reflejados en las instrucciones del blog del grupo de trabajo en un único tema del bloque III, relacionado con aspectos socioeconómicos, lo que generó malestar y confusión entre profesorado y alumnado”.

De todas formas, añadió, asume “plenamente esta incidencia” y va a revisar las instrucciones del blog para el próximo curso. También, para “garantizar la equidad del proceso evaluador”, la pregunta “será corregida aplicando criterios flexibles, valorando el conocimiento del alumnado sobre ambos movimientos, independientemente de que la respuesta adopte un formato comparativo escrito”.

La Real Academia Galega de Belas Artes ha emitido este miércoles un comunicado en el que subrayan la “importancia estratégica” del CGAC y consideran que su dirección “requiere de un perfil de altísima especialización”. Tal y como recoge el texto remitido a la Consellería de Cultura, que se desprende de una sesión ordinaria del plenario celebrada el pasado 30 de mayo, la Real Academia manifiesta su “máximo respeto institucional y compromiso con el CGAC” como “buque insignia que es del arte contemporáneo gallego”. “Precisamente por la relevancia estratégica de este centro, consideramos que su dirección requiere un perfil de altísima especialización, acreditada experiencia en la gestión de museos de arte contemporáneo y un proyecto curricular firmemente alineado con los retos del sector”, recogen.

El posicionamiento de la institución contrasta con la figura elegida por el Gobierno gallego tras un cambio unilateral del procedimiento administrativo, la desconocida Eva López Tarrío. La decisión de la Xunta ha provocado una formidable tormenta en el mundo del arte en Galicia y más allá e incluso se ha pronunciado en contra y con duras críticas el Consejo Internacional de Museos -que agrupa 45.000 socios y miles de centros en 138 países. El ejecutivo de Alfonso Rueda ha desoído por el momento las innumerables críticas y ha continuado adelante con el nombramiento de López Tarrío.

La Real Academia de Belas Artes defiende que el acceso a la dirección “de los grandes contenedores culturales”, como el CGAC, “debe regirse estrictamente por los principios de mérito y capacidad, siguiendo los manuales de buenas prácticas vigentes”, y recuerdan que la Xunta de Galicia “tiene la competencia exclusiva para la elección de la persona responsable de la dirección del CGAC, a partir de los principios de mérito y capacidad sobre los que se fundamenta el acceso a todo empleado público, dentro de la legalidad vigente, segundo lo cual esta elección debería desarrollarse sin ningún tipo de restricción”.

La Real Academia, que insta a no olvidar “su condición de órgano consultivo de la Xunta”, continuará “trabajando de manera constructiva, pero también vigilante, para asegurar que las políticas culturales del entorno respondan a los más altos estándares de calidad y profesionalidad”.

La Asociación de Inspección Sanitaria de Galicia se suma a las críticas al plan contra las bajas de la Xunta. Traslada, en un comunicado, su preocupación por los efectos que puede tener el protocolo común de gestión de incapacidades temporales aprobado por el Gobierno gallego y el papel que las mutuas jugarán en él. El colectivo defiende que las altas laborales deben estar condicionadas solo al reconocimiento médico del trabajador por el correspondiente facultativo del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Reconocen que, en algunos casos, el alta puede ser expedida por los inspectores médicos, “también tras el reconocimiento médico del trabajador afectado”, pero cargan contra la resolución autonómica porque da a las mutuas privadas “una relevancia superior a la prevista en la legislación estatal”, según recoge Europa Press. Ese nuevo protocolo da más poder a las mutuas, cuyas propuestas de alta podrán ser validadas por los inspectores si se considera que están suficientemente motivadas y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja.

Estas críticas se suman a las de los sindicatos de clase, varios sindicatos médicos, asociaciones profesionales y los cuatro colegios médicos de Galicia, que se han pronunciado en contra de los planes de la Xunta. La asociación de inspectores considera también que es necesario “salvaguardar” la relación médico-paciente y “anteponer la valoración clínica presencial en las propuestas de alta”. También defiende la mejora de la eficiencia del sistema, “disminuyendo bajas evitables o excesivamente prolongadas”, así como “revisar y homogeneizar” los procesos de incapacidad temporal.

“La norma estatal es clara y concisa al señalar que la emisión del documento de incapacidad temporal, la baja o la confirmación del alta, debe ir precedida de un reconocimiento médico al trabajador que permita evidenciar de forma objetiva y efectiva si persiste o no la incapacidad para la realización de su actividad laboral”, resaltan.

Este va a ser uno de los temas que abordarán los representantes de la asociación en la reunión prevista para el próximo martes con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, indican. “No se debe olvidar que la incapacidad temporal es una herramienta terapéutica más de las que los médicos de primaria disponen para contribuir a la curación de una enfermedad que impide a los pacientes el desarrollo de su actividad laboral. El hecho de que estas personas enfermas reciban las correspondientes retribuciones mientras persiste su dolencia es un avance social y un derecho de la ciudadanía que no debemos dejar que se deteriore”, concluyen.

El comité de empresa de Pull&Bear Logística Narón encara su tercera semana de movilizaciones para reclamar mejoras laborales y, coincidiendo con la presentación de resultados de Inditex -con un beneficio de 1.375 millones de euros, un 5,4% más, en el arranque de 2026-, exige que esa buena marcha se traduzca en avances para la plantilla, que está negociando el acuerdo de empresa para el período 2026-2028.

En una nota difundida este miércoles, los representantes de los trabajadores advierten de que “la situación actual de bloqueo en la negociación contrasta con la buena marcha económica del grupo”, informa Europa Press. Exigen mejoras en conciliación, descanso, salud laboral y la articulación de mecanismos de salida digna y voluntaria para empleados con largas trayectorias, que permitan además un relevo generacional sin perder carga de trabajo en la plataforma de Narón. Preguntada al respecto, Inditex no había respondido en el momento de escribir estas líneas.

“Estos beneficios llevan la firma de nuestro esfuerzo y es hora de reconocerlo”, reivindica el comunicado, que insiste en la necesidad de garantizar el futuro del centro logístico en una comarca “especialmente necesitada de oportunidades laborales e industriales”. Como parte de su calendario de protestas, el comité anuncia su tercera semana de movilizaciones. Este mismo jueves, 4 de junio, a partir de las 11.00 horas, los trabajadores se concentrarán en el centro comercial Odeón, en Narón, para repartir una nota y dar visibilidad a sus reivindicaciones, bajo el lema: 'Décadas trabajando. Dignidad reclamando. Narón no se rinde'.

El comité confía en que la presión social y los buenos resultados del grupo Inditex desbloqueen la negociación y permitan un acuerdo “con la ambición necesaria” para quienes, con su trabajo diario, contribuyen al éxito de la multinacional.

El Gobierno repartirá este julio 800 millones de euros entre las comunidades autónomas dentro del Plan Estatal de Vivienda, que comprende un importe total de 7.000 millones de euros para desarrollar distintos proyectos de vivienda de los que el Gobierno aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

En el caso de Galicia, fuentes de la Delegación del gobierno han concretado a Europa Press que la asignación para 2026 será de 45,6 millones de euros, mientras que la distribución de fondos del plan en todo su periodo de vigencia permitirá movilizar una inversión de 399 millones hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la comunidad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con este reparto, las comunidades autónomas podrán comenzar a desarrollar “en plenitud” este proyecto durante el segundo semestre del año.

Asimismo, ha recalcado que este primer desembolso corre a cuenta de la Administración General del Estado. Los 4.200 millones de euros estatales serán transferidos durante las cinco anualidades del Plan Estatal, 800 millones en este año y 850 millones los restantes.

Asimismo, ha recordado que este plan tiene efectos retroactivos al 1 de enero, por lo que las comunidades autónomas podrán incorporar todas las acciones que estén enmarcadas en el plan y que se hayan iniciado en 2026.

Al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

El PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Celebra el acuerdo de Hacienda en materia de vivienda

Asimismo, Rodríguez ha celebrado el anuncio del ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre un acuerdo para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a políticas de vivienda no solo para el año 2025, sino para los cuatro años siguientes.

Arcadi España ha señalado así que los ayuntamientos que tengan remanentes del 2025 podrán utilizarlos, en función de sus estimaciones, garantizando una estabilidad y una proyección a largo plazo de las políticas de vivienda durante los siguientes cuatro años.

Rodríguez ha valorado que los ayuntamientos puedan destinar los fondos a políticas públicas de vivienda y que, además, puedan hacerlo durante este plazo.

El caso contra el exconselleiro do Mar de la Xunta de Galicia Alfonso Villares por presunta agresión sexual no está archivado de forma definitiva. Lo recuerda Paloma Lago, la mujer que lo denunció, en una entrevista publicada por la revista ¡Hola! que coincide con la vuelta de él a un cargo público. El presidente gallego, Alfonso Rueda, había manifestado su voluntad de darle de nuevo un puesto en su equipo y le ha buscado acomodo como delegado territorial de la Xunta en Lugo, un puesto del que tomó posesión este martes, arropado por tres conselleiros.

Lago señala en la entrevista que se han ocultado datos sobre el caso y, por ese motivo, ha decidido aclarar públicamente cuál es el punto del proceso judicial en el que se encuentra. Hasta este momento, indica, no había hecho declaraciones porque así se lo habían recomendado mientras durase la investigación judicial. Expone que hay un auto de cierre de sumario con fecha del 7 de abril y otro posterior, del día siguiente, en el que se dicta un sobreseimiento provisional de la causa. “Y no un sobreseimiento libre, como solicitaba la defensa del investigado. Eso hubiera dejado el caso completamente cerrado, pero no ha sido así”, expone.

La denunciante añade que esto quiere decir que continúa abierta la posibilidad de que se reabra el caso si aparecen nuevas pruebas. “Esto no ha terminado. Verdad solo hay una y verdad judicial, también. Y nadie puede pasar por encima y pisotearla”, protesta. En la entrevista habla también de las dificultades que ha pasado y señala que no le resulta fácil hablar de lo ocurrido. Alude al sobreseimiento provisional como un punto de inflexión: “Ya puedo descansar un poquito de esta tensión tan grande acumulada”. También se reafirma en su decisión de denunciar: “Estoy tranquila porque hice lo que debía”.

A pesar de que el sobreseimiento no entierra la causa de manera definitiva, la Xunta ya ha recuperado a Villares para la política y los cargos públicos. La decisión ha sido criticada por el BNG, que rechaza que se “premie” a una persona que tiene “unas acusaciones tan graves a sus espaldas”. La diputada Noa Presas recordó que en el proceso judicial “no se niegan los hechos ni se declara que esta persona sea inocente”. Este nombramiento, añadió, es “el colmo del posicionamiento contrario a las víctimas de violencia machista”.

El propio Villares anunció en abril que volvía a afiliarse al PP. Este lunes, Alfonso Rueda comunicó que sería el nuevo delegado territorial en Lugo. En la toma de posesión este martes estuvo rodeado por los conselleiros de Presidencia, Diego Calvo; Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y Medio Rural, María José Gómez. En el acto estuvieron presentes otros compañeros de partido, como la alcaldesa de Lugo, Elena Candia. Calvo le dirigió unas palabras a Villares, al que le dijo que lo reciben “con los brazos abiertos”. “Formas parte del Gobierno y confiamos en ti para representarnos en la provincia de Lugo”, insistió.