La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP cerrará cuatro escuelas unitarias el próximo curso 2026/27 debido a la “falta de alumnos”. En concreto, dejará de funcionar el colegio Pazos-Comoxo en Boiro y las escuelas infantiles de Olas en Mesía, de Taboadela y de Lantaño en Portas. Así lo ha dado a conocer la Xunta a través de un comunicado en el que habla de “adaptar el mapa escolar a la evolución demográfica” de cada zona para el próximo curso 2026/27, lo que implica que dejarán de funcionar estas cuatro unitarias.

En este contexto, ha subrayado que “debido a la matrícula insuficiente y sin previsión de incremento”, este próximo curso dejarán de funcionar las escuelas de Educación Infantil de Olas en Mesía (cinco matrículas), de Taboadela (una matrícula) y de Lantaño en Portas (tres matrículas). Además del Colegio de Pazos-Comoxo en Boiro (dos matrículas). Estas unitarias, cuya relación se publicará en el Diario Oficial de Galicia próximamente, no alcanzan el número mínimo de alumnos para su continuidad, según ha insistido. Paralelamente, la Xunta ha defendido que está reforzando las infraestructuras educativas en aquellas zonas donde se constata “una demanda creciente de matrícula”.

En este caso se ha referido a tres centros de nueva construcción como el nuevo Colegio CEIP de Milladoiro en Ames (11,6 millones de euros), y los institutos IES Domingo Villar en Vigo (17,8 millones) y de O Pereiro de Aguiar (9,5). Asimismo, ha recordado que tiene en marcha o en previsión 11 obras de ampliación de centros educativos en Santiago de Compostela, Lugo, Vivero, Ourense, Caldas de Reis, Lalín o Vilagarcía de Arousa, entre otros.

Un total de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran “injustificado” y “nulo de pleno derecho” el traslado forzoso del magistrado Luís Villares decidido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al apartarlo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administratrivo, encargada de decidir sobre proyectos eólicos, para pasarlo a la sección cuarta. Así figura en un voto particular discrepante que firman a raíz de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya desestimado por solo un voto de diferencia los recursos de alzada del juez Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia contra este traslado forzoso que afecta en total a cuatro magistrados que se intercambian entre las secciones tercera y cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, decidió en marzo, unos días después de su llegada a este cargo, el traslado forzoso de quien fue portavoz de En Marea y de otros jueces entre las secciones tercera y cuarta. Sobre esta cuestión, los ocho vocales advierten en su voto particular que se trata de una decisión nula por “haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

De tal forma, cuestionan la propia forma en que se adoptó la decisión. Según exponen sus firmantes, el traslado fue ejecutado de manera inmediata y los órganos de gobierno llamados a intervenir tuvieron conocimiento de la medida cuando ya estaba plenamente en vigor, lo que supone “apartarse del procedimiento legalmente previsto”.

Justificación “insuficiente”

Asimismo, señalan que el recurso debió ser estimado porque la decisión se adoptó sin seguir adecuadamente el procedimiento, pero también porque la justificación ofrecida para acordar el traslado resulta insuficiente.

Indican que laa presidenta de la Sala vinculó la reorganización de las secciones a varias sentencias del Tribunal Supremo relativas a la participación previa de Villares en la actividad política y a posibles dudas sobre su imparcialidad en determinados procedimientos. Los firmantes del voto particular no cuestionan la relevancia de esas resoluciones ni la necesidad de preservar la imparcialidad judicial, pero consideran que no se explica de forma convincente “por qué dichas sentencias hacían necesaria una reorganización de las secciones de la Sala ni por qué la medida adoptada era la más adecuada para alcanzar ese objetivo”. A su parecer, el acuerdo realiza un juicio anticipado sobre eventuales problemas de imparcialidad que podrían producirse en el futuro, sin acreditar que esos riesgos justificaran una reorganización inmediata.

Además, advierten de que el cambio de sección no elimina necesariamente las situaciones que se invocan como fundamento de la medida. Y recuerdan que, en todo caso, el ordenamiento prevé mecanismos específicos para afrontar posibles conflictos de imparcialidad en asuntos concretos, como la abstención o la recusación, respecto de los que la presidenta “no explica por qué serían insuficientes”. El voto particular está firmado por: Bernardo Fernández Pérez, Ricardo Bodas Martín, Ángel Arozamena Laso, Luis Martín Contreras, Esther Erice Martínez, José María Fernández Seijo, Argelia Queralt Jiménez y Lucía Avilés Palacios

El presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, ha asegurado que percibe “un clamor” para que los partidos políticos dialoguen y “se pongan de acuerdo” para sentar “las bases del futuro de la lengua gallega”. Así lo ha manifestado en su intervención este viernes en la clausura de los cursos de lengua y cultura gallegas 'Galego sen fronteiras', una semana después de que la Xunta presentase la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística y tras la ausencia del BNG en la primera reunión entre los grupos parlamentarios para analizar el documento.

En este contexto, el presidente de la Academia ha instado a los gobernantes y dirigentes políticos a que “se pongan de acuerdo, se sienten, hablen y no busquen disculpas para no dialogar y no llegar a acuerdos”. Unos acuerdos que, en opinión de Monteagudo, son “fundamentales” para garantizar el futuro de la lengua gallega que, ha lamentado, “corre riesgo”.

Junto a él, en la mesa de clausura de estos cursos, ha participado también el secretario xeral da Lingua, Valentín García, a quien ha transmitido ese “sentimiento” que, según ha apuntado, está recogiendo “de mucha gente”. “Es imprescindible que tengáis una actitud de hablar entre las distintas opciones políticas porque tenéis que poneros de acuerdo para sentar las bases que nos permitan contemplar las bases del futuro de la lengua con un poco más de tranquilidad que tenemos hoy”, ha subrayado el presidente de la RAG.

Especialistas del grupo de técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tédax) de la Policía Nacional han llevado a cabo la explosión controlada de un proyectil de artillería de 62 milímetros de calibre hallado en una zona rural de Santiago de Compostela. Por sus características, no se descarta que pudiera corresponder a uno de la Guerra Civil española.

La detonación se llevó a cabo a las 22.00 horas del jueves en la misma zona del hallazgo, que ocurrió en las inmediaciones de una vivienda deshabitada de la parroquia de San Xoán de Fecha. El aviso fue realizado previamente por trabajadores de una empresa que se encontraba efectuando labores de desbroce allí. La explosión se desarrolló sin daños personales ni materiales.

Según ha detallado la Policía Nacional, tras recibir la comunicación, varias patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Santiago se desplazaron de inmediato al lugar, donde establecieron un perímetro de seguridad con el fin de impedir el acceso y evitar cualquier manipulación del artefacto que pudiera provocar su detonación.

Con carácter previo a la detonación controlada, los Tédax realizaron una inspección del entorno para descartar la presencia de otros posibles artefactos explosivos. Durante la batida localizaron en las proximidades un tramo de cordón detonante y varios metros de mecha lenta.

Hasta las 22.00 horas, los agentes inspeccionaron el artefacto y, después de valorar el riesgo que suponía su manipulación, lo destruyeron mediante una explosión controlada con medios técnicos especializados. Lo hicieron habiendo activado antes el protocolo correspondiente, con la presencia de bomberos y una unidad del 061.

En relación con el artefacto, se trataba de un proyectil de artillería de 62 milímetros de calibre que tenía la espoleta activada, aunque no había llegado a explosionar. Es por este motivo por el que la Policía Nacional no descarta que pudiera corresponder a un artefacto de la Guerra Civil. Además, tanto el cordón detonante como la mecha intervenidos fueron recogidos por los especialistas para su posterior análisis.

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado enviar a juicio a dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego Villa de Pitanxo y al capitán de la embarcación por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

En un auto de este jueves y recogido por Europa Press, el juez del caso, Ismael Moreno, abre juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores; al director de Flota, José Antonio Nores, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores. Y señala como responsable civil subsidiario a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora British Marine Luxembourg como responsable civil directo.

El juez requiere a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, así como reclama a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, que preste la misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados, así como a la responsable civil, la seguradora British Marine Luxembourg SA.

Además, cita a los tres acusados y al representante legal de Marisquerías Nores el próximo 28 de julio para entregarles el auto de apertura de juicio oral.

La Fiscalía reclama nueve años de cárcel para los tres acusados por 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y uno contra los derechos de los trabajadores, así como la inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de barco para Padín y otros 13 años de inhabilitación para administrar o dirigir empresas dedicadas a la pesca para ambos directivos de la armadora.

Falta de medidas de precaución

El juez apuntó en otra resolución, recogida por Europa Press, que el barco se hundió, entre otras causas, por la sobrecarga no controlada, así como por la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras. De los 21 fallecidos, según recordó, 12 de ellos no han aparecido y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

El magistrado señaló que el barco no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo y que sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia y tampoco estaban familiarizados con los medios de salvamento, los procedimientos de abandono y los riesgos específicos de navegación en aguas frías. Asimismo, indicó que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde, cuando “las posibilidades de salvarse eran muy reducidas”, al no ser este consciente de la gravedad de la situación.

En un informe, la Fiscalía aseguró que los tres acusados tenían “facultades de decisión, ejecución y control” y permitieron que se desempeñase el trabajo “en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida y la integridad física de los tripulantes del buque”. Y resaltó que el buque estaba “sobrecargado con tanques de combustible instalados sin autorización legal”, lo que supuso un “incumplimiento” de los criterios de estabilidad reglamentarios.

Asimismo, el Ministerio Público acusó a los armadores por “incumplimiento” de sus obligaciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores al no configurar adecuadamente las vías de evacuación del barco ni cumplir con la exigencia de existencia de una escalera de estribor tal y como estaba prevista en el plano de salvamento del buque.

Familiares: “Se cierra una etapa de mucha lucha”

Familiares de las 21 víctimas mortales del pesquero gallego Villa de Pitanxo han celebrado este jueves que la Audiencia Nacional haya acordado enviar a juicio a dos directivos de la armadora del barco y a su capitán, Juan Padín: “Se cierra una etapa de mucha lucha”. En un audio enviado a los medios de comunicación, la portavoz de las familias, María José de Pazo, ha confirmado la noticia, esperando que sea una “forma de avanzar” hacia “una futura sentencia justa”. Ha subrayado que continúan “confiando en la justicia” y desean que llegue la hora del juicio, tras una etapa de “mucha lucha” por parte de los familiares para conseguir “todas las reivindicaciones” que se propusieron.

Greenpeace acaba de presentar su informe “Destrucción a Toda Costa 2026” donde muestra los problemas que afronta la costa gallega. La franja costera de la comunidad se encuentra en un escenario de vulnerabilidad por la confluencia de la subida del nivel del mar, el incremento térmico de las aguas —que registró su primera ola de calor marina en mayo con temperaturas de hasta 6 °C sobre la media en el Cantábrico— y el aumento en la intensidad de las borrascas invernales. Por todo ello, Greenpeace señala que Galicia necesita una estrategia para la adaptación y conservación de la costa.

Principales problemas en la costa gallega

El informe señala 19 puntos críticos en la costa gallega y analiza cómo el desarrollo de la franja litoral se ha hecho de espaldas a la realidad que ahora toca afrontar: los impactos del cambio climático. Las olas de calor, marinas y terrestres, recorren la costa gallega. Hasta la fecha, y según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, cerca de 200 personas han perdido la vida en Galicia por causas atribuibles al calor.

En el mar, el calentamiento es aún más alarmante. En las estaciones científicas de Rande y Cortegada en las Rías Baixas se ha detectado incremento térmico de hasta 1,8 °C por década. Este aumento de temperatura debilita el afloramiento costero de aguas frías y profundas, y provoca el desplazamiento de especies. Según la Universidade de Vigo, hasta 63 especies están afectadas, destacando el congrio, la ostra o la vieira. Estudios del IEO-CSIC confirman que el aumento de la temperatura influye en la talla de la merluza, que está disminuyendo y estiman que de seguir la tendencia de calentamiento actual, hacia finales de siglo su talla de reproducción podría verse reducida entre 4 y 9 centímetros. A su vez, las invasiones vegetales degradan los fondos marinos: el alga asiática tiene uno de sus focos principales en A Coruña (frente a Durmideiras), expandiéndose hacia Oleiros y asfixiando a las comunidades locales de macroalgas atlánticas. A esto se suman las mortalidades de bivalvos registradas este invierno en la ría de Noia debido a la drástica bajada de salinidad provocada por las lluvias continuas.

El aumento del turismo está dejando su huella en la costa gallega. La concentración de escalas de grandes cruceros en las terminales de A Coruña y Vigo registran picos de afluencia muy alta que colapsan las ciudades sin dejar apenas beneficio para quienes las habitan.

Este año, asegura la organización ecologista, se están produciendo ataques a la Ley de Costas por parte de casi todas las comunidades autónomas a excepción de Asturias. La reforma del reglamento de aplicación se modifica por imposición de la Unión Europea que amenaza con una sanción a España si no se reduce el plazo de las concesiones que se otorgan y que según Europa suponen “una privatización encubierta del litoral” que atenta contra la competitividad.

“Quienes señalan a la Ley de Costas como una ”sentencia de muerte“ para los municipios o la industria pesquera no quieren respetar los estándares europeos, ni parece importarles que nos enfrentemos a una multa millonaria que pagaremos con dinero que sale de nuestro bolsillo”, declara María José Caballero, responsable de la campaña de Costas en Greenpeace.

Las borrascas invernales motivaron la declaración de zona de emergencia, requiriendo partidas del Ministerio para la Transición Ecológica para la regeneración artificial en arenales de Pontevedra como Praia América. Los daños estructurales también han afectado a edificaciones en primera línea en Miño. El punto más crítico se localiza en la playa y paseo de O Con, en Moaña, donde la fuerza hidráulica ha socavado el pavimento. En total, las reparaciones artificiales en la costa gallega han supuesto este año un coste de 6,4 millones de euros. Las regeneraciones artificiales no son una solución real porque suponen un elevado gasto millonario de dinero público en verter una arena que las próximas borrascas volverán a llevarse, ignorando que el mar no se frena con parches temporales sino con espacio para su dinámica natural.

“La costa gallega se enfrenta a una crisis climática que cada vez deja impactos más visibles y violentos. La Administración debe afrontar esta realidad para garantizar la supervivencia de su riqueza litoral”, añade Caballero.

Frente a las infraestructuras rígidas, los sistemas dunares se consolidan como la alternativa más viable para absorber la energía del mar. Municipios como Nigrán abogan por planes de adaptación y reubicación de infraestructuras en lugar de escolleras de piedra. El nuevo paseo fluvial de la ría de O Burgo ya integra zonas inundables controladas para disipar las mareas vivas. Por su parte, Sanxenxo ejecuta una estrategia integral combinando saneamiento hídrico con la restauración morfológica de dunas en Areas y Magor permitiendo que la arena recupere de forma natural el equilibrio dinámico frente al océano.

El pleno del Conssejo General del Poder Judicial ha decidido, por 11 votos contra 10, avalar el traslado forzoso de magistradas y magistrados, entre ellos Luís Villares, en su día líder de En Marea -una alianza de formaciones políticas soberanistas y de izquierdas. Según la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de la que Villares forma parte, la ajustada votación “evidencia las dudas sobre la legalidad del proceso”. También critica el corporativismo del órgano judicial al respaldar “la decisión arbitraria” de la presidenta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y rechazar dos recursos contrarios, presentados por la asociación y por Villares.

Juezas y Jueces para la Democracia asegura además que la mencionada presidenta, Azucena Recio González, “obvio el procedimiento debido” al apartar a los magistrados y magistradas -cuatro- sin ni siquiera darles audiencia. La asociación progresista, que alerta contra el dominio conservador mayoritario del CGPJ, entiende que en los hechos relativos a este traslado forzoso se dirime también “qué ámbito de poder es atribuido a quien detenta las presidencias de sala precisamente por decisión del propio Consejo General”. El rechazo a los recursos, añade, busca “evitar el control al poder interno que, en casos como este, se ejerció de forma despótica”.

Que la votación saliese adelante por un voto de diferencia indica “la solidez de los argumentos de los recursos” y muestra “la fractura del CGPJ”. “En un contexto como el actual, de creciente desconfianza en la Justicia, produce inquietud”, concluye Juezas y Jueces para la Democracia en un comunicado, “que el Consejo avale una decisión de dudosa legalidad que altera arbitrariamente la composición de un Tribunal (la Sección tercera de la Sala de lo C-A) cuyas resoluciones resultaban incómodas a determinados intereses económicos y políticos”.

Mientras continúa el debate en torno a la reactivación de la explotación minera en Touro (A Coruña), el ayuntamiento de la localidad acaba de publicar un informe encargado por su administración para conocer el estado de los ríos y afluentes que rodean la antigua explotación. La conclusión del estudio evidencia la persistencia de una afectación ambiental que en el consitorio se considera preocupante. El informe pericial revela la presencia de concentraciones de aluminio en las aguas de la localidad que multiplican por veinte los límites legales establecidos por el CEDEX en la Direciva MArco del Agua. Lo mismo sucede con las concentraciones de hierro, que están 18 veces por encima de los valores de referencia; y el magnesio, diecisiete por encima.

El informe pericial independiente encargado por el Ayuntamiento de Touro (A Coruña), el primero promovido por el mismo, ha certificado que la afección ambiental causada por la actividad de la antigua mina de Touro-O Pino (cesada en 1986) “persiste” en puntos de los cursos fluviales de su entorno.

Esta es la conclusión a la que ha llegado este trabajo elaborado por Tysgal Medioambiente a petición del área dirigida por el concejal Darío Rey. Su propósito era evaluar el estado actual de las aguas superficiales a través del análisis de los principales parámetros físico-químicos determinados en las muestras recogidas durante una campaña del 20 de mayo de 2026.

Estos resultados han sido comparados con los registros disponibles de campañas realizadas en años anteriores por la empresa Cobre San Rafael, impulsora de una futura mina en los terrenos del anterior, y recogidos en el Estudo de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto en actual tramitación.

“En conjunto, los resultados evidencian que la calidad de las augas superficiales continúa siendo heterogénea, persistiendo puntos en los que se registran condiciones fisicoquímicas claramente alteradas, especialmente asociadas a la acidificación y a la elevada concentración de determinados metales y sales”, constata el estudio.

La comparación con los datos históricos del EsIA apunta a una “evolución desigual” según el punto de la muestra, de forma que ha habido “mejoras en algunos parámetros concretos”, pero también el “empeoramiento de otros”. Todos los ríos y regatos estudiados forman parte de la cuenca del sistema fluvial Ulla-Deza, espacio integrado en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) Ulla-Deza, con una “especial relevancia ambiental”, tal y como recoge el propio informe.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado el fallo del Juzgado de lo Social Número 2 de Ourense que determina que el Ayuntamiento de Ourense y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), deberán pagar “de forma conjunta y solidaria” a una funcionaria 30.000 euros en concepto de “indemnización por daños morales” y otros 18.685 euros como indemnización por su incapacidad temporal. Así, la Sala avala que Jácome y Ayuntamiento infringieron la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en relación con la exjefa de Negociado de Comercio, a la que deberán pagar una indemnización de 48.685 euros por daños morales e incapacidad temporal. De esta forma, desestima los recursos presentados por el Ayuntamiento y el regidor.

En la resolución, el TSXG rechaza “las profusas denuncias tendentes a la nulidad de actuaciones”, así como los motivos de modificación planteados por los recurrentes. Los codemandados alegaron, entre otros, vicios procesales, falta de competencia del orden social, falta de legitimación y carencia de prueba o nexo causal, así como errores en la valoración fáctica y jurídica. La Sala de lo Social subraya que “la responsabilidad del Ayuntamiento sí es objetiva o de resultado en lo que se refiere a la protección de riesgos de los trabajadores”, así como que “el nexo causal entre el trabajo y la falta de protección de un riesgo es evidente”. Además, en la resolución, desestima las impugnaciones procedimentales por falta de concreción y por improcedencia de trasladar a suplicación una revisión amplia de la valoración de la prueba.

En el fallo, el tribunal confirma la competencia del orden social para conocer de incumplimientos en materia de prevención que afecten a la salud del personal, rechaza las pretensiones de modificación de la mayor parte de los hechos probados, salvo una admisión parcial de una matización sobre la literalidad del informe pericial médico, y considera acreditado el nexo entre la falta de medidas preventivas y el daño sufrido por la demandante.

El TSXG entiende probado el incumplimiento de los codemandados de sus deberes de prevención de riesgos laborales. En consecuencia, desestima los dos recursos y confirma la sentencia de instancia, imponiéndoles, además, las costas. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de casación.

La portavoz del grupo municipal del BNG en A Coruña, Avia Veira, ha anunciado la ruptura del acuerdo de investidura que su formación mantenía con el gobierno local del PSOE, encabezado por la alcaldesa, Inés Rey, al considerar que ha incumplido los compromisos adquiridos. “Damos por rotos los acuerdos con el Partido Socialista, el acuerdo presupuestario y el acuerdo de investidura”, ha concretado Veira en rueda de prensa. “No podemos aguantar más incumplimientos”, ha incidido.

En este sentido, la portavoz nacionalista ha citado lo que ha considerado “asuntos pendientes”, entre otros, en el área de urbanismo, cultura o medio ambiente y ha criticado que la regidora “no es consciente de que no tiene ni la mayoría simple en el Ayuntamiento de A Coruña”. “Depende de nosotros para todo lo que quiera implementar”, ha destacado para añadir que “actúa como si tuviera mayoría absoluta”. “No lo vamos a seguir aguantando”, ha reiterado.

“Sentarse con la derecha”

La regidora, cuestionada sobre este asunto en un acto, ha reprochado que el BNG “haya decidido, a menos de un año de las elecciones -fechadas para mayo de 2027-, que se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición”. “Si es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, sentarse con la derecha a votar todo en contra”, ha expuesto sobre su decisión. Del mismo modo, ha explicado que el gobierno local va a “seguir trabajando”. “Tenemos presupuestos aprobados, estamos ejecutándolos y llevando a cabo mejoras”, ha argumentado. “Seguiremos así a partir de mayo del 2027”, ha avanzado para incidir en que “quien quiera ponerse fuera del tablero será una cuestión que expliquen ellos”.

El Tribunal Supremo ha anulado la autorización administrativa del parque eólico Moeche, en la provincia de A Coruña, de 50,4 MW de potencia instalada, por carecer su estudio de impacto ambiental del análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos que exige la ley, y en particular en relación con los parques e infraestructuras cercanas.

La sala de lo contencioso-administrativo del tribunal estima el recurso presentado por la Asociación Petón do Lobo contra la resolución de agosto de 2024 por la que se otorgaba a Enel Green Power España autorización administrativa previa de las modificaciones y autorización administrativa de construcción para el parque eólico Moeche, de 50,4 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de Moeche, San Sadurniño y As Somozas. Entre otros argumentos, la sala indica que de la lectura del estudio de impacto ambiental no se concluye ni se infiere el oportuno análisis de los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en su relación y repercusión con los parques e infraestructuras cercanas.

Es decir, que no se realiza una identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto, tal y como exige la ley y, en particular, en relación y/o conjunción con los parques e infraestructuras cercanas.

Insiste al respecto en que “deben analizarse todos los aspectos y todos sus posibles efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en sí y su interacción, y una vez analizados descartar expresa y motivadamente los no suficientemente significativos y valorar, cuantificar y proponer cuantas medidas se estimen oportunas de aquellos que puedan revestir incidencia acumulativa y/o sinérgica en el proyecto en sí mismo y en relación con los parques e infraestructuras cercanas”.

Resalta la sentencia que la ley de evaluación ambiental es la que exige que en el procedimiento de evaluación ambiental se tenga en cuenta el efecto derivado de la proximidad de otras instalaciones e infraestructuras mediante la presentación de un estudio sobre los efectos sinérgicos o acumulativos con otras instalaciones. Esto es, cuando los proyectos son independientes entre sí, la normativa ambiental no exige, lógicamente, una única evaluación ambiental conjunta, pero sí que prevé que se deban tener en consideración los efectos sinérgicos y/o acumulativos con otras instalaciones en las correspondientes evaluaciones.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ya con nueva composición sin los magistrados Luís Villares y Dolores López trasladados de forma forzosa a la sección cuarta, ha resuelto por unanimidad acoger el recurso de Adega y paralizar el parque Pena do Pico, que impulsa Greenalia con autorización de la Xunta en los Ancares lucense.

Este auto con fecha de 15 de junio de 2026, recogido por Europa Press, la Sala sostiene que “tolerar el inicio de la actividad bajo la promesa de una reparación futura e incierta contravendría la lógica más elemental de la protección ecológica, que exige evitar la producción del daño antes de que este adquiera carácter irreversible”.

En una pieza separada de medidas cuatelares, este auto da la razón a la asociación ecologista Adega y estima su solicitud de decretar la suspensión de las autorizaciones previas y de construcción emitidas por la Xunta.

“El hecho de que las codemandadas”, en referencia a Xunta y Greenalia, “invoquen un interés público general (como la transición energética), no lo convierte automáticamente en prevalente, ya que dicho interés debe coexistir armónicamente con la preservación del entorno regulado en la DIA (declaración ambiental) y los informes sectoriales”, deja claro el TSXG. “Ninguna norma valida, ni en sede cautelar ni sustantiva/principal, el desarrollo de un proyecto industrial si puede menoscabar algún elemento del medio susceptible de protección”, avisa.

En concreto, se trata de la primera paralización cautelar adoptada en un contencioso eólico tras el polémico traslado de jueces entre secciones, cuestión recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Adega censura que esos cambios fueron “una maniobra aplaudida sin disimulo por la Xunta, que achacó a la supuesta parcialidad de Villares la paralización del sector eólico del TSXG”.

Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental de la Xunta

Esta resolución recoge los argumentos de Adega que apunta a la existencia de peligro de daño jurídico ('periculum in mora') por la afección a elementos de patrimonio natural, ya que se autorizó en un territorio (municipio de Baralla y Quiroga, en los Ancares lucenses), designado por la propia Xunta para ampliar la Red Natura 2000, considerado como zona de exclusión eólica por parte del Ministerio. Apunta a la presión sobre especies amenazadas como el aguilucho cenizo o el aguilucho pálido.

El Tribunal indica que la documentación aportada por Adega “goza de un indubidable valor indiciario y de verosimilitud que no puede ser ignorado por esta Sala”.

Al respecto, Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental del Gobierno gallego, que “ejerce más como expedidora de permisos que como garante del patrimonio y del interés público”. “Este Auto del TSXG apunta directamente a las graves carencias en la tramitación administrativa del proyecto, particularmente en el que alcanza a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”, agrega.

La Audiencia Provincial de Ourense ha estimado parcialmente el recurso presentado por los padres de una alumna víctima de acoso escolar a causa de su orientación sexual, condenando a un colegio de Ourense a pagar una indemnización de 12.000 euros.

Según informa Europa Press, en la sentencia se recoge que los denunciantes presentaron recurso de apelación contra el fallo del Juzgado de primera instancia Número 3 de Ourense, que desestimaba la demanda frente al colegio por actos de acoso que la menor había sufrido durante el curso académico 2022-2023.

En este sentido, la demanda indicaba que el centro educativo no había adoptado las medidas oportunas para que cesase el acoso al que la víctima había sido sometida, “en especial, por dos compañeros de clase”, motivado por la condición homosexual de esta.

Así, los padres de la menor solicitaban el abono de 50.000 euros, dictándose tras el juicio una sentencia desestimatoria al considerar que “no ha quedado acreditada la realización de actos de hostigamiento, humillación o menosprecio por parte de los alumnos del centro escolar”.

Los hechos

En esta línea, tal y como expone la sentencia de la Audiencia, tras examinar la prueba documental y testifical practicada, se extrae que, antes del inicio del curso 2022-2023, concretamente en los meses de verano del año 2022, dos alumnos del centro crearon un grupo de WhatsApp llamado “No al LGBT”, añadiendo “sin previo consentimiento” a la víctima.

Asimismo, a dicho grupo, los dos alumnos enviaron iconos de banderas LGTBI tachadas, así como imágenes con esvásticas, y chatearon en privado con la víctima remitiéndole uno de ellos un icono con un mono con la leyenda “el de abajo es gay”, así como una fotografía con las frases “nosotres sabemes limpier”, “te falta fairy” y “el patriarcado es peligroso”.

Además, consta aportada una conversación entre la perjudicada y uno de los alumnos, a quien los demandantes señalan como “principal acosador”, en el que los dos adolescentes discuten sobre el rol del hombre y la mujer, procediendo el alumno a decirle a la víctima “escoria, normal que nadie te quiera, puedes tener razón, pero simplemente me la suda, tu pedazo de engendro, me caes como el puto culo, eres una mierda”, entre otros mensajes.

Argumentos

Ahora, la Audiencia Provincial de Ourense ha estimado parcialmente el recurso presentado contra dicha sentencia, al señalar que “ha quedado acreditado” que la víctima “padeció una situación de acoso escolar motivada fundamentalmente por su orientación sexual, pero también por razones sexistas”.

En concreto, la Sala ha considerado “acreditado” que varios compañeros de la perjudicada interactuaron con ella a través de mensajería, lo que llevó a sus padres a denunciar la situación ante el colegio y mostrar a lo largo del curso una “profunda preocupación por el estado emocional de su hija”.

Asimismo, el Tribunal ha recalcado que “resulta también probado” que otros compañeros de clase se sumaron “al menos puntualmente” a la realización del mismo tipo de comportamiento, y que la víctima “no se relacionaba en el patio con sus compañeros de clase, hablando solo con su compañera de al lado”, llegando incluso a finalizar el curso en modalidad de atención educativa domiciliaria temporal.

“Actitudes como las que hemos descrito en fundamentos precedentes, en las que se menosprecia a la víctima por su orientación sexual y su ideología de género, son claramente capaces de producir en cualquier adolescente los sentimientos de angustia y ansiedad que reflejan los informes psicológicos aportados”, ha añadido la Sala.

La Guardia Civil ha localizado a dos hombres como presuntos responsables de la creación y divulgación de fotos falsas por inteligencia artificial (IA) de desnudos y en escenas de contenido sexual de un total de 22 mujeres en Silleda (Pontevedra).

Tras múltiples denuncias de mujeres por estas fotos de IA, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de un varón de 29 años como presunto autor de un delito contra la integridad moral y a la identificación de un varón de 35 años de Silleda como presunto creador del material manipulado, informa Europa Press.

El Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra (Edite) ha esclarecido este caso en el que se emplearon aplicaciones de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imágenes a partir de fotografías obtenidas de perfiles de redes sociales.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de Lalín.

La Guardia Civil recuerda que “la creación o difusión de imágenes íntimas manipuladas sin autorización puede constituir una grave vulneración de los derechos de las personas afectadas y dar lugar a responsabilidades penales”. Se recomienda a las víctimas denunciar los hechos a la mayor brevedad, evitar cualquier interacción con los autores y pide revisar periódicamente la configuración de privacidad de las redes sociales y limitar la exposición pública de imágenes personales.

La intervención en busca de víctimas del franquismo en la fosa común de Beira, en Carral (A Coruña), ha hallado un total de cuatro cuerpos. Esta actuación, impulsada por la Diputación de A Coruña en el marco de un convenio con el grupo Histagra de la Universidade de Santiago, ha presentado este miércoles los resultados de la primera cata arqueológica en la que se han localizado los primeros restos humanos en estas fosas de la violencia franquista.

La exhumación del primer individuo ya ha sido realizada y presenta signos de violencia, a la espera del análisis forense y genético que permitirá avanzar en la identificación de víctimas. Las investigaciones históricas indican que en el entorno de la iglesia de Beira fueron enterradas, como mínimo, 18 personas asesinadas.

Los hallazgos realizados son coherentes con la información recopilada en el estudio histórico previo, realizado por el historiador Xurxo Antelo, lo que refuerza la hipótesis sobre la localización de la fosa. En esta fase de la investigación se está contando con la colaboración de varios familiares de las víctimas, cuya participación será fundamental para hacer posible la identificación mediante la comparación de las muestras de ADN.

“Restituir la verdad y la dignidad”

La diputada de Dereitos Civís, Sol Agra; el alcalde de Carral, José Luís Fernández Mouriño; el arqueólogo forense Edgard Camarós (USC-Cispac); el historiador Xurxo Antelo (USC-Cispac); miembros de familias de las víctimas y la asociación Cultura Aberta de Carral han expuesto este miércoles los detalles de la campaña arqueológica. Los trabajos están coordinados por el grupo Histagra que dirigen Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho. Así, Sol Agra subraya que “la localización de estos primeros cuerpos representa un paso muy importante en un proceso que busca restituir la verdad y la dignidad de las personas que fueron asesinadas por el golpe de Estado fascista de 1936 y la posterior represión franquista y de sus familias”.

“No es posible hacer justicia con las víctimas porque nunca se pudo juzgar a los asesinos, pero encontrar los restos de los asesinados y devolvérselos a sus familias para que puedan enterrarlos dignamente es un acto de reparación. Es una anomalía democrática que vivamos rodeados de fosas llenas de desaparecidos, que nunca se buscaron, cuando ya van allá más de 50 años de la muerte del dictador Franco”, advierte.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) multa con 1.800 euros a un abogado por presentar un recurso elaborado con Inteligencia Artificial (IA) con reiteradas “incoherencias o invenciones”. En total, el magistrado ponente identificó 24 citas –y sus textos adicionados– “de libérrima creatividad jurídica”. La Sala de lo Social dará traslado de la resolución al Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, “a los efectos disciplinarios que procedan”.

Tal y como informa el propio TSXG, el auto explica que, si bien el letrado indica haber “reconocido los hechos, pedido disculpas e informado de lo ocurrido a su propio cliente, no ha ofrecido ”explicación suficiente sobre el modo en que tal resultado pudo haberse producido ni sobre la herramienta empleada“, es decir, ”qué IA utilizó“.

Los magistrados indican que “el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa en el ejercicio de la abogacía no es, en sí mismo, una práctica vedada”, pero advierten de que, tanto en el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía, como la Instrucción 2/2026 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, señalan que debe de haber un “control humano consciente y efectivo”, así como que su uso está “restringido a la preparación o estudio -no a la elaboración del cuerpo del escrito procesal debido-”.

“La conclusión es clara” para los magistrados: “el uso de herramientas generativas obliga no solo a un control ex ante (evaluación del sistema de IA que se pretende utilizar), sino también ex post (verificación de los resultados arrojados: reserva de humanidad)”, subraya la Sala.

Partiendo del marco normativo y deontológico sobre el uso de la IA, el TSXG concluye que la conducta del abogado constituye una infracción merecedora de una corrección. Así, señala que tuvo “una forma de actuar poco diligente, al menos, cuando no directamente reveladora de una mala fe procesal, dado que no se ha comprobado la veracidad de las citas, su existencia y su literalidad, sino que o bien se han inventado directamente o bien se han asumido como válidas, tras la perniciosa –y habitual- alucinación de la inteligencia artificial utilizada para su redacción”.

Así, el TSXG recuerda que la buena fe procesal “impone a los profesionales que actúen ante los tribunales el deber de comportarse con lealtad, veracidad y coherencia, absteniéndose de conductas que, aun sin dolo, resulten contrarias a los deberes de honradez y rigor que presiden las relaciones entre las partes, sus representantes y el órgano jurisdiccional”, por lo que destaca que “la presentación de un recurso sustentado sobre una fundamentación jurisprudencial fabricada –al margen de que ello obedezca a simple negligencia y no a un propósito de engaño– constituye una infracción objetiva de dicho principio”.

Jurisprudencia “íntegramente inventada”

A ello añade que la conducta analizada “supone una vulneración de los deberes deontológicos más elementales que el ejercicio de la abogacía impone”. Además, incide en que “traiciona la confianza que su cliente ha depositado en él”, así como que “supone una falta de respeto” al TSXG, pues advierte de que suministrarle “una fundamentación jurisprudencial íntegramente inventada, con apariencia de rigor y de autenticidad, aumenta la carga de trabajo del Tribunal, desvirtúa la función del recurso y compromete la credibilidad del propio proceso, con independencia de la intención que hubiera guiado al autor del escrito”.

A la hora de fijar la cuantía de la sanción, los magistrados resaltan que la legislación les faculta para imponer una multa de 600 hasta 6.000 euros. “Como ya advertíamos, y para determinar su importe, se ponderarán la gravedad de la conducta, los perjuicios causados al procedimiento, a la parte contraria y a la Administración de Justicia, la capacidad económica del infractor y la posibilidad de reiteración”. Todo ello, según manifiestan en el auto, les conduce a fijarla en 1.800 euros, pues tienen en cuenta “no solo el alcance del incumplimiento, sino también de la reprobación que la conducta merece, de cuál ha sido su evidente causa y de su palmario remedio: una IA generativa especializada de pago”.

El auto cita en precedente en Canarias para justificar el uso “como fiel el coste de una herramienta de inteligencia artificial diseñada específicamente para la investigación jurídica –y verificada–, cuyo uso habría eliminado o reducido drásticamente el riesgo de que se produjeran las alucinaciones constatadas”, explica el TSXG, quien señala que “las principales editoriales jurídicas del mercado español ofrecen suscripciones a soluciones de inteligencia artificial integradas con bases de datos jurisprudenciales verificadas, con planes de acceso anual que oscilan, en modalidades básicas, entre 1.500 y 3.000 euros”. De esta forma, afirma que “la contratación de cualquiera de estas herramientas (o, en su defecto, la simple comprobación de las citas a través del CENDOJ, de acceso gratuito y muy intuitivo) habría impedido el resultado que ahora se enjuicia”.

En definitiva, asegura que ese coste es el que le parece adecuado “para cumplir las dos facetas que tiene toda multa: la sancionadora, para castigar el comportamiento inadecuado –vulneración de la buena fe procesal– y la disuasoria, a fin de evitar que se reitere en el futuro”. Por otra parte, la Sala considera, como factores atenuantes, “tanto el reconocimiento expreso de los hechos por parte del letrado implicado, como la comunicación espontánea de la situación a su propio cliente, pasando por una acreditada ausencia de antecedentes similares”.

El presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, reprocha al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que “cáncer” no es “la palabra más adecuada” para referirse al impacto de las bajas laborales en la economía, si bien coincide con él en que es preciso “cortar con el abuso”.

Sin descartar que el CES haga un estudio sobre este tema “en un futuro”, Pérez ha emitido su opinión a preguntas de los medios de comunicación –recogidas por Europa Press– después de entregar al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, la memoria socioeconómica del organismo correspondiente al año 2025.

“Mi opinión como inspector de trabajo jubilado es que el tema del absentismo laboral hay que analizarlo pormenorizadamente y separando los derechos que le corresponden al trabajador, es decir, las bajas que están justificadas, del abuso que se hace por las personas”, ha destacado el que fue alcalde de Vigo por el PP.

En este punto, ha traído a colación un comentario que le hizo “hace bien poco un empresario” sobre una trabajadora que llevaba “de baja dos meses” y que se iba “a una zona de la frontera con Portugal a bailar”. “Lo que hay que procurar es cortar con el abuso”, ha subrayado.

Además, ha hecho referencia a las declaraciones de Núñez Feijóo: “Pienso que eso, además, fue lo que quiso decir el antiguo presidente de la Xunta cuando habló de cáncer, que a lo mejor no fue la palabra más adecuada, pero que en su espíritu estaba tomar medidas”, ha sostenido.

Para el presidente del CES, “no se puede decir a un trabajador que está esperando ser operado y que lleva de baja 10 meses tú estás abusando”. En este caso “lo que hay que hacer es reducir el tiempo de espera”, ha constatado, para volver a incidir en que “luego” deben tomarse “medidas con aquel que realmente abusa”.

Pérez ha aludido a su experiencia profesional al asegurar que un trabajador le preguntó “si tenía derecho a marcharse a su aldea para las fiestas, si la empresa tenía que darle esos días de vacaciones”. “Cuando le dije que no, me dijo: Bueno, es igual, cojo una baja”, ha criticado.

La memoria pide “medidas correctoras”

Manuel Pérez ha destacado que la memoria socioeconómica de Galicia 2025 fue aprobada por unanimidad en el CES y es “fiel reflejo de la situación” de la comunidad.

El CES, ha destacado, “no es un instrumento laudatorio de la acción del Gobierno”, por lo que hace su análisis y también “alguna crítica”. Con todo, sobre la situación de Galicia, Pérez considera que es “buena” y cita al expresidente de la Xunta Manuel Fraga para afirmar que “no hay situación, por buena que sea, que no pueda mejorar”.

En su apartado de consideraciones, la memoria indica que el CES “considera necesario llamar la atención” sobre la “realidad” de los procesos de incapacidad temporal “e insistir en la necesidad de aplicar las medidas correctoras precisas”, ya que “perjudica tanto a las personas afectadas como al empresariado y al erario”.

En concreto, según sus datos, en 2025 “Galicia registra un incremento de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes acompañado de una duración media significativamente superior a la media estatal (casi el doble), que alcanza los 78,85 días frente a los 41,90 días en España, y el número de procesos iniciados en 2025 es superior a los iniciados en el año anterior”.

En este apartado, también constata que el índice de incidencia de accidentes mortales bajó de 5,5 en 2024 a 4,2 en 2025, “pero Galicia sigue muy por encima de la media estatal, que se sitúa en 2,8”. “Esta situación requiere impulsar y reforzar las actuaciones del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia en este ámbito”, subraya.

En otro punto, la memoria advierte de que en Galicia aumenta la duración media de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y ve “preciso reforzar las medidas que permitan revertir esta situación que impide la pronta recuperación de las personas trabajadoras en un contexto de falta de mano de obra en muchas ocupaciones”.

El hombre acusado de tentativa de asesinato tras supuestamente prender fuego a su expareja en septiembre de 2024 en Vigo ha declarado que “no recuerda” lo ocurrido aunque ha dicho que posteriormente “se arrepintió” al darse cuenta de que había hecho “algo malo” y llamó a su primo para entregarse a la Policía.

Así lo ha señalado, según recoge Europa Press, durante la vista celebrada este martes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde el varón, que se enfrenta a casi 22 años de cárcel, ha explicado que el día anterior había coincidido con la víctima en una cafetería, aunque “no habló” con ella “ni se acercó” a la joven.

No obstante, esa noche habría consumido alcohol y otras drogas como cocaína y pastillas, durmiendo solo tres horas. A preguntas de su abogada, ya que no respondió las cuestiones del resto de partes, el procesado ha asegurado que no recuerda qué hizo al levantarse (ya que los hechos habrían ocurrido sobre las 08.00 horas) ni recuerda haber ido a casa de la mujer ni haber estado con ella.

Pese a ello, posteriormente esa mañana habría ido a un bar, donde habría llamado a su primo para entregarse debido a que se dio cuenta de que había hecho “algo malo”. Preguntado sobre si se arrepintió en ese momento al tener conocimiento de lo ocurrido, el hombre confesó que “sí”.

Antes, relató cómo había sido la relación sentimental “tóxica” con la víctima, porque ella era “muy posesiva y celosa”, según ha dicho el varón. Ambos residían en una vivienda de la familia de él, abandonándola ella cuando tenían discusiones, pero reivindicando que era ella la que se iba y que él no la echaba ni la iba a buscar después.

El acusado indicó también que era consumidor de drogas como cocaína, heroína o alcohol desde los 14 años. Además, estaba en tratamiento psiquiátrico, aunque no acudía a todas las citas médicas. Según su relato, estuvo incluso ingresado en un centro de desintoxicación durante un mes y en “dos o tres” ocasiones trató de atentar contra su propia vida.

Apagó las llamas con una manguera

Tras él, fue el turno de la declaración de la víctima, que lo hizo a puerta cerrada. Al acabar, varios amigos y familiares de la joven acudieron como testigos a la vista, relatando que se encontraron a la mujer con gran parte de su piel quemada en la entrada de su casa.

En concreto, el sobrino de la víctima fue el primero en encontrarse a su tía junto a una manguera tratando de apagar las llamas. Él, según ha indicado en la vista, estaba durmiendo y se despertó con los gritos, saliendo por la ventana al ver a la joven pidiendo ayuda. Así, volvió a meterse en la casa para avisar a sus padres (la madre del sobrino es hermana de la joven).

Precisamente la hermana también declaró que al ver a la joven así, cogió el coche y la llevó al hospital directamente, debido a que se encuentra a menos de un kilómetro de la vivienda familiar. Ella ha dicho que la víctima, debido a su mal estado, le dijo: “Me mató”. También ha apostillado que el pronóstico era muy grave, y que los médicos le dijeron que quizá no podría superar aquellas quemaduras.

Ella ha explicado que a día de hoy, casi dos años después, la mujer casi no sale de casa debido a las grandes secuelas que tiene y a los problemas psicológicos que le ha provocado la situación vivida.

Hechos

Los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2024. Según el escrito de acusación de Fiscalía, el varón es autor de un delito de lesión psíquica, un delito de acoso y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en grado de tentativa, y solicita, respectivamente, las penas de 5 años, 2 años y 14 años, 11 meses y 29 días de prisión por cada uno de los delitos, además del pago de una indemnización a la víctima de más de 670.000 euros por las secuelas.

En su escrito, Fiscalía expone que víctima y acusado comenzaron una relación sentimental cuando ella tenía 22 años y él 34, residiendo ambos en el mismo domicilio de Vincios, en Gondomar (Pontevedra), al menos durante los fines de semana.

Durante la relación hubo discusiones, debido a que ella asumía tanto la carga económica del hogar como el cuidado de la casa, al contar con mayor estabilidad laboral que él. “Durante la convivencia, él la menospreciaba de forma habitual con expresiones del tipo 'eres retrasada, mongólica, cerda, vaga', y para resolver la discusión el procesado optaba por echarla de casa”, indica la Fiscalía, que señala que, después de echarla, el acusado le pedía que volviera.

La relación terminó cuando ella decidió poner un final definitivo en mayo de 2024. No obstante, el procesado “buscó a partir de ese momento la atención, acercamiento y/o proximidad con ella con el propósito de recuperarla (como había hecho a lo largo de toda la relación en los momentos en los que se producían las rupturas temporales de la pareja)”.

“Te vas a enterar”

Para ello, solicitó su amistad a través de diversos perfiles en redes sociales, se presentó en el local en el que ella trabajaba o en cafeterías donde ella estaba, hasta que el 14 de septiembre acudió a la casa familiar en la que ella residía, en la parroquia viguesa de Valladares, e intentó quemarla viva.

Según el escrito de acusación, ese día la esperó a las 08.00 horas hasta que salió de la vivienda y la agarró por la coleta por la espalda y le dijo “ven aquí que ahora te vas a enterar”.

La víctima comenzó a mover su cuerpo para deshacerse de él, mientras él la seguía agarrando por la coleta, le propinaba varios rodillazos en la cara y le decía “para quieta”, para reducir de esta forma, más aún, sus posibilidades de defensa.

“A continuación, una vez que el procesado consiguió impregnarla de gasolina, la empujó, ella cayó al suelo, y él le dijo 'adiós', encendió un mechero y le prendió fuego, consciente de que, de esta forma, causaría a quien había sido su pareja sentimental un terrible sufrimiento, aumentando de forma deliberada e innecesaria los padecimientos tanto físicos como psíquicos que tendría y que tenían el claro y único propósito de acabar con la vida de ella”, recoge Fiscalía.

Finalmente, ella pudo coger una manguera y mojarse todo el cuerpo, solicitando ayuda a su sobrino y a su hermana, que la llevó al hospital, sufriendo quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo.

Comisións Obreiras ha anunciado que llevará ante la Justica el recorte del derecho a baja laboral en el que se ha embarcado la Xunta de Galicia. Fue la medida estrella del último discurso sobre el estado de la autonomía pronunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, y su superior en Madrid, Alberto Núñez Feijóo, la quiere replicar a nivel estatal. Para el sindicato, este primer paso de una ofensival que cuenta con el apoyo de la patronal y de algunos medios de comunicación, “supone un cambio de modelo que refuerza el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas, reduce las garantías de tutela pública y sitúa los intereses económicos por delante de los criterios estrictamente clínicos”. También la CIG ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En un comunicado, el secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, ha reclamado la retirada inmediata de la resolución que refuerza el papel de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales y lamenta que la Xunta presente la modificación como una medida para agilizar la gestión de la incapacidad temporal cuando su “efecto real” será “ampliar las funciones de las mutuas privadas en el seguimiento de los procesos de baja y debilitar el papel del sistema público de salud”.

El sindicalista opina que uno de los cambios más lesivos de la nueva instrucción es la implantación de una autorización única que “permitirá a las mutuas coordinar, solicitar y ejecutar todas las pruebas diagnósticas y tratamientos relacionados con un proceso de incapacidad temporal”. Advierte de que esta modificación elimina el sistema de autorización individualizada, reduce el control ejercido por la sanidad pública y deja la evolución de la baja en manos de entidades privadas con intereses económicos. CC.OO. alerta además de que la resolución refuerza el peso de las propuestas formuladas por las mutuas y condiciona la capacidad de decisión del personal facultativo de Atención Primaria. Esta orientación “puede favorecer altas médicas prematuras y anteponer la rápida reincorporación al trabajo a la recuperación completa de las personas enfermas”, advierte Iglesias.

Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es el tratamiento de la información clínica. La resolución prevé que los resultados de las pruebas realizadas por las mutuas se incorporen a la historia clínica electrónica, una medida que, según CC.OO., “amplía el acceso de entidades privadas a datos especialmente sensibles”. Todo ello después de que CIG y CC.OO. -ambas centrales suman una amplísima mayoría sindical- se hayan descolgado de la presunta mesa del diálogo social que aborda el asunto de las bajas laborales, en la que solo quedan Xunta, patronal y UGT.

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, ha culminado el desmantelamiento de una banda de atracadores a quienes se vincula con robos en sucursales del sur de la provincia de Pontevedra –O Porriño, Vigo y Mondariz–, con la detención el pasado 7 de julio del último integrante de este grupo criminal.

Según han informado fuentes policiales y de la Comandancia de Pontevedra –y recoge Europa Press–, el último detenido es un vecino de Arbo que, al menos, participó en dos de los atracos (en O Porriño y Mondariz) y al que se le atribuyen los delitos de robo con violencia, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

En el registro practicado tras la detención, se localizaron una escopeta recortada, un rifle, armas cortas, abundante munición, gran cantidad de dinero en efectivo, prendas utilizadas presuntamente en los atracos, un inhibidor de frecuencia y proyectiles compatibles con armas de guerra prohibidas en España para particulares.

Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Nº1 de O Porriño y la Fiscalía de Área de Vigo.

La Policía Nacional y la Guardia Civil no descartan que este hombre pueda estar detrás de otros atracos ocurridos en la provincia, por lo que la investigación continúa abierta.

Operación Pampa-Tracker

La Operación Pampa-Tracker se inició en octubre del año pasado, tras un violento atraco cometido en una sucursal bancaria de O Porriño. Dos individuos, armados y ocultando su identidad con máscaras y disfraces, entraron en la oficina pocos minutos antes del cierre.

Tras inmovilizar con bridas a empleados y clientes y amenazarlos con armas de fuego, lograron acceder a la caja fuerte y a los cajeros automáticos, apoderándose de unos 138.000 euros.

Los investigadores comprobaron que uno de los autores asumía el liderazgo del asalto y utilizaba una máscara de látex con apariencia de una persona de avanzada edad, gafas y otros elementos de caracterización. Armado con una escopeta recortada dirigía la acción delictiva y daba instrucciones tanto a los trabajadores de la entidad como al resto de integrantes del grupo, demostrando un elevado grado de planificación y un profundo conocimiento de los sistemas de seguridad bancaria.

Las primeras pesquisas permitieron relacionar a los sospechosos con dos intentos de atraco previos cometidos en una sucursal de Vigo, hechos que ya investigaba la Policía Nacional. La coincidencia del modus operandi llevó a la creación de una línea conjunta de investigación entre ambos cuerpos.

Primeras detenciones

Durante meses se estableció un intenso dispositivo de vigilancia sobre los investigados, que cambiaban frecuentemente de domicilio y extremaban las medidas de seguridad para evitar su detección.

El pasado 1 de abril se desarrolló la primera fase de la operación, cuando tres de los implicados fueron detenidos 'in fraganti', cuando se disponían a atracar una sucursal en Vigo. En ese momento portaban un arma de fuego, navajas, bridas, guantes y otros efectos destinados a la comisión del robo.

Los detenidos (uno de ellos el histórico atracador vigués Tielas) ingresaron en prisión por orden del juzgado, y se arrestó a otros dos individuos por darles apoyo logístico, pero el cabecilla del grupo no participó en ese asalto.

Paralelamente, también se investigaba un atraco cometido en febrero en una sucursal de Mondariz, donde una persona disfrazada con una máscara entró poco antes del cierre y, con el mismo modus operandi, usando un arma de fuego, se llevó un botín de unos 115.000 euros.

Las pesquisas permitieron identificar a ese atracador, el mismo que se había disfrazado de anciano en el atraco de O Porriño, y se procedió a su detención el pasado 7 de julio.