Pese a la existencia de núcleos fabriles dispersos por la geografía valenciana desde finales del siglo XIX (Alcoi) o primer tercio del XX (Vall d’Uixó, Port de Sagunt, Buñol, València, Valls del Vinalopó…), la industrialización del País será tardía y desigual, lo que en su momento fue objeto de un largo y confuso debate nacionalista sobre el supuesto sujeto del cambio histórico y las consiguientes alianzas políticas, que acabaría resultando tan formalmente sofisticado como socialmente estéril.

En realidad, durante la década de los sesenta se registró aquí un acelerado proceso de cambio demográfico, económico y laboral  que acabaría impugnando en la práctica el fatalismo de la profecía fusteriana según la cual  “…la valenciana serà un societat rural, acèfala i neutra.., (en la que) la mediocritat de la burguesía local i la indefinició del proletariat…salten a la vista”.

Finalmente, la inercia del agrarismo y la desvertebración no se cumplió y el País Valenciano  se configurará a partir de entonces como la tercera región económica de España, con una estructura de clases y consiguiente conflicto de intereses propios de una sociedad capitalista desarrollada.

Y así, mientras unos continuaban entretenidos “…à la recherche de la burgeoisie perdue” (nacional, of course!) y otros pontificaban sobre la imposibilidad de un auténtico movimiento obrero de masas debido al minifundismo productivo y la mentalidad menestral de los valencianos…, el hilo industrial que había detectado Ernest Lluch fue tejiendo, de norte a sur del País,  una amplia y compleja trama de pequeñas y medianas empresas articuladas en pujantes distritos sectoriales (cerámica, metal, madera, textil, juguete, calzado…) en los que, junto a algunas grandes factorías (Altos Hornos, Macosa, los astilleros…), trabajaba una nueva clase obrera, procedente en gran parte de la desagrarización valenciana y de la emigración interior mayoritariamente andaluza de la que, en la fase final del franquismo, emergerá un potente movimiento obrero y sindical cuya intervención resultará clave en la transición a la democracia

A mediados de la década de los setenta, la población asalariada en el País Valenciano era ya de 860.000 personas, de las que el 40% aproximadamente trabajaban en el sector secundario (industria y construcción) y algo más de la mitad en los servicios, mientras que el sector agrario apenas ocupaba al 8% del total.

Tal era, en síntesis, la composición sociológica del proletariado valenciano que, tras un proceso de luchas parciales que fortalecieron su organización y conciencia de clase, protagonizará las grandes huelgas de 1976, definiéndose en la práctica como motor real del cambio, al articular sus reivindicaciones socio-laborales con la demanda de libertades democráticas.

Repertorios de acción colectiva

La triple crisis (económica, política y social) del final de la dictadura, que analizamos en la primera entrega de esta serie coincidió también aquí con la negociación de los principales convenios sectoriales que debían regular las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores del País, en un contexto de paro creciente e inflación muy alta que erosionaba el poder adquisitivo de sus salarios.

Por primera vez iba a ensayarse una nueva dinámica negociadora, con todas las características del sindicalismo de clase que emergía con fuerza real, pese a seguir siendo oficialmente ilegal. Se trataba de articular una nueva legitimidad basada en las asambleas de fábrica y de sector, con los representantes elegidos en las candidaturas unitarias y democráticas durante las últimas elecciones del Vertical y las organizaciones obreras aún clandestinas que operaban como auténticos nodos de coordinación.

Durante los primeros meses de 1976 se registró aquí el mayor movimiento reivindicativo que podía recordarse, coincidiendo en intensidad y objetivos con las movilizaciones obreras del resto de España. A un ritmo escalonado primero y casi general después, 190.000 trabajadores valencianos fueron a la huelga en el marco de la negociación de sus respectivos convenios colectivos, utilizando para ello los repertorios de acción colectiva propios del moderno sindicalismo de clase.

Mientras que en unos casos (construcción) la lucha por los convenios se impulsaba desde coordinadoras elegidas en asambleas multitudinarias, en otros (metal) se hacía desde posiciones representativas conquistadas en las estructuras verticalistas, combinándose finalmente ambos modelos en los ramos de madera-mueble, textil, calzado, sanidad, etc., en función de sus respectivas características. Tanto en un caso como en los otros, la presencia e intervención de miembros de CC.OO. fue siempre hegemónica, junto a grupos menores vinculados a USO, el obrerismo cristiano y una UGT en fase de reconstrucción.

El proceso se iniciaba con la elaboración de una plataforma reivindicativa que recogía las demandas surgidas de las asambleas informales de fábrica, de carácter tanto laboral (salario, jornada, vacaciones, horas extra…) como sociopolítico (libertad, amnistía, sindicato obrero), coordinada por los enlaces sindicales elegidos y presentada luego a los representantes empresariales del ámbito correspondiente que, en la mayoría de los casos, carecían de la más elemental cultura negociadora y se instalaban en posiciones intransigentes amparándose en la burocracia verticalista y las apelaciones al orden público.

En una segunda etapa, se convocaban grandes asambleas para informar a los trabajadores del sector y elegir comisiones representativas para el seguimiento de las negociaciones. Ante la habitual negativa de los jerarcas verticalistas a utilizar las instalaciones oficiales, las asambleas multitudinarias se trasladaban a iglesias y plazas públicas concluyendo, generalmente, en manifestaciones por el centro de la ciudad, que aportaban visibilidad al conflicto y reforzaban la percepción social del proceso de cambio en curso.

Ante el frecuente bloqueo de las negociaciones, la representación obrera, compuesta mayoritariamente por militantes de las principales organizaciones sindicales, planteaba la posibilidad de huelga como medida de presión, sometiendo su convocatoria a la decisión de la asamblea, que operaba desde entonces como factor de difusión y coordinación de la misma.

Pese a las dificultades derivadas de las restricciones legales para el normal ejercicio de los derechos de asociación, reunión y huelga, que tardarían aún más de un año en reconocerse, aquella primera generación de sindicalistas forjada en la clandestinidad y sin apenas experiencia fue capaz de gestionar un amplio movimiento huelguístico que concluyó, en muchos casos,  con importantes acuerdos que satisfacían, al menos en parte, las reivindicaciones presentadas al tiempo que generaban poder contractual y sentaban las bases para el posterior desarrollo de las organizaciones obreras.

Cuando se cumplen ahora 50 años de aquel proceso, que contribuyó decisivamente a acelerar el cambio político y la conquista de las libertades, constituye un deber de justicia histórica reivindicar la memoria de las mujeres y hombres que lo hicieron posible. Tal es el compromiso que asume y desarrolla la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS), promovida por CC.OO. en su proyecto editorial Rutas de la Memoria Obrera que trata de documentar y difundir los principales conflictos sociales en nuestra Comunidad durante el franquismo y la transición democrática, siguiendo el hilo rojo iniciado por las investigaciones y testimonios recopilados entonces por Josep Picó (El moviment obrer al País Valencià sota el franquisme, editorial E. Climent, 1976) y Jesús Sanz (El movimiento obrero en el País Valenciano, Fernando Torres editor, 1976)

Dialéctica presión/negociación

El primer episodio importante de aquel invierno caliente en el País Valenciano fue protagonizado por más de 200 trabajadoras textiles de la factoría COINTEX de Buñol que mantenían, desde finales de diciembre, una serie de paros parciales contra el despido de una delegada sindical y en defensa de sus reivindicaciones salariales y de seguridad laboral. La noche del 9 de enero de 1976 la policía amenazó con desalojarlas violentamente de su encierro en la iglesia se San Pedro. El toque de campanas alertó a la población que acudió masivamente en su apoyo, activando una oleada de solidaridad civil (dimisión del Ayuntamiento, presiones a la autoridad laboral, etc.) que obligó a la empresa a negociar y evitar despidos y sanciones.

Si el caso de Buñol resulta cualitativamente significativo, la huelga de la construcción lo será en términos cuantitativos tanto por su duración (2 semanas) como por el número de participantes (alrededor de 80.000 en las tres provincias) y los resultados conseguidos.

El conflicto empezó el 14 de enero en Valencia, extendiéndose poco después a Castellón, y se mantuvo hasta el día 27 con asambleas y marchas prácticamente diarias, coordinadas por la Comisión de los 40 que supo articular correctamente la presión con la negociación, pese a las tensiones del proceso y el radicalismo de grupos minoritarios, hasta alcanzar finalmente un acuerdo que, entre otras mejoras, superaba ampliamente el tope salarial impuesto por el Gobierno. Apenas un mes después, el 25 de febrero, arrancaba la huelga en la construcción de Alicante, con dinámicas, duración y resultados similares.

La revisión del convenio valenciano del metal provocó, asimismo, una importante respuesta obrera (30.000 trabajadores en huelga entre el 26 de enero y el 7 de febrero), caracterizada por haber sido gestionada desde dentro (y contra) las mismas estructuras verticalistas, a las que habían accedido militantes de CC.OO. con el apoyo electoral emitido desde muchas pequeñas y medianas empresas que, junto algunas grandes que disponían de convenio propio (MACOSA, Astilleros Elcano) consiguieron quebrar la resistencia patronal a la negociación y lograron acuerdos satisfactorios.

En las comarcas del sur, la tensión social latente estalló también durante aquellos meses en torno a las negociaciones colectivas en los sectores del calzado (Vinalopó) y del textil (Alcoià-Comtat). En el primer caso, el asesinato policial del joven Teófilo del Valle, al término de una manifestación en Elda el 24 de febrero, bloqueó las demandas en curso para la renovación del convenio que quedaron aplazadas al año siguiente cuando, impulsadas por un amplio  movimiento asambleario, alcanzaron su máxima expresión.

En el área de Alcoi, de fuerte concentración fabril y larga tradición de lucha sindical, se habían registrado dos importantes huelgas en los años anteriores (abril de 1974 y octubre de 1975) con acuerdos positivos para los trabajadores del ramo de fibras de recuperación textil, a cuya renovación en 1976 se opuso la patronal de forma intransigente, pese a la huelga sostenida durante tres semanas, a partir de 31 de marzo, por más de 9.000 trabajadores que, aún fracasando en sus reivindicaciones, concitaron la solidaridad de gran parte de la población.

Concluía así, con victorias y derrotas, aquel primer trimestre de 1976 durante el que se registraron, también, importantes luchas en sectores de escasa tradición sindical hasta el momento (banca, enseñanza privada, transportes…) y que el verano  de aquel mismo año demostrarían una alta capacidad de movilización (huelgas en la industria de la madera y la sanidad pública), representando en su conjunto un importante salto cualitativo para el movimiento sindical de nuestro país en su proceso de organización e interlocución social en defensa y promoción de los intereses de la clase trabajadora y los derechos civiles de toda la ciudadanía.

Desde entonces y hasta la legalización de los sindicatos en abril de 1977 y las primeras elecciones libres del 15 de junio, se produjeron avances importantes en el proceso de ruptura democrática, para cuya consecución resultará decisiva la presión obrera y sindical, como tendremos ocasión de analizar en posteriores entregas de este blog.

Se hacía referencia a una resolución promovida por el Ministerio de Memoria Democrática en vísperas del  50 aniversario de los “sucesos de Vitoria” (3 de marzo de 1976) que se saldaron con el asesinato de cinco trabajadores al ser desalojados violentamente por la policía de la asamblea que mantenían en la Iglesia de San Francisco Javier (declarada oficialmente ahora como “lugar de memoria”) en un dramático episodio que -como la muerte de Teófilo del Valle una semana antes en Elda- se enmarcaba en la gran oleada de huelgas obreras que, en demanda de derechos sociales y libertades políticas, atravesó el país durante el primer trimestre de 1.976, como analizábamos recientemente en estas mismas páginas.

Se trata de una declaración políticamente importante y de fuerte contenido simbólico por cuanto confiere un papel fundamental a la contribución del movimiento obrero y sindical en la conquista de la democracia, frecuentemente ignorada en el relato oficial de la Transición que, durante mucho tiempo, presentó aquel proceso como una simple transacción entre las élites ignorando, cuando no despreciando, la lucha obrera, tanto en su dimensión colectiva como individual.

Más allá de episodios concretos, se trata también de documentar y poner en valor las trayectorias vitales, laborales y civiles de quienes, en los tiempos difíciles, lograron impulsar y representar amplios movimientos sociales en defensa de la dignidad del trabajo y de las personas trabajadoras a riesgo, en demasiadas ocasiones, de su propia libertad y que, en mi opinión, no han tenido la visibilidad y reconocimiento que en justicia merecen.

Por referirnos sólo a nuestra Comunidad, el Diccionario biográfico de políticos valencianos (1810-2003), dirigido por Javier Paniagua y José A. Piqueras, publicado por la Institución Alfons El Magnànim, registra en sus 588 páginas los datos y trayectoria de un total de 611 políticos, empresarios, intelectuales y líderes sociales nacidos y/o en activo desde el final de la guerra civil hasta la primera década del presente siglo.

Sólo el 7,4%) de las biografías documentadas corresponden a personas de perfil obrero y/o sindical (45), lo que a todas luces supone una clara infrarrepresentación oficial respecto de la dimensión real del mundo del trabajo, de sus organizaciones y representantes cuya contribución al desarrollo económico, cohesión social y cambio político del País Valenciano fue y es mayor que la de muchos sedicentes líderes regionales, capitanes de empresa o patriotas inasequibles.

Durante esas tres décadas, varias generaciones de sindicalistas, muchos de ellos inmigrantes andaluces y castellanos que llegaron a Valencia huyendo de la pobreza y la persecución, vivieron, trabajaron y lucharon aquí construyendo un movimiento coral por los derechos laborales y la libertad de todos, dejando en sus fábricas y pueblos la memoria de su compromiso y dignidad.

Hoy, en la sede valenciana de Comisiones Obreras (Plaza de Nápoles y Sicilia), en un sencillo y merecido acto, rendiremos homenaje a dos de ellos, Antonio Montalbán y Dionisio Vacas que fueron, y siguen siendo, historia viva del mejor sindicalismo de clase.

Los estragos provocados por la DANA del 29 de octubre de 2024, agravados por la mala gestión de la Administración autonómica, tuvieron efectos catastróficos en pérdidas de vidas humanas, impacto ambiental, infraestructuras, recursos económicos, actividad productiva y empleo que afectaron, según datos oficiales, a 306.000 personas en la provincia de Valencia (11,2% del total), con un coste agregado de 17.800 millones de euros, equivalente al 0,65% del PIB español. En el ámbito socioeconómico el shock alcanzó, en mayor o menor grado, a 40.000 empresas y 275.000 trabajadores, especialmente en los municipios de l’Horta Sud y la Zona Cero.

El Real Decreto-Ley 7/2024, aprobado por el Gobierno apenas diez días después de la DANA incluía, entre otras ayudas urgentes en materia de asistencia a la población, un conjunto de medidas para la protección de las personas trabajadoras y de las empresas que configuraron el escudo social (ERTEs, prohibición de despidos, créditos ICO a empresas, prestaciones a autónomos por cese de actividad…) que contribuiría decisivamente a paliar primero el impacto laboral de la catástrofe e impulsar después el proceso de recuperación.

La información disponible hasta el momento permite cuantificar en 19.000 millones de euros los recursos movilizados para hacer frente a los efectos de la DANA, de los que el 86,9% son aportados por el Gobierno central y el 13,1% por la Generalitat Valenciana, a los que habría que añadir los 946 M€ del Plan de Solidaridad aprobado recientemente por la Comisión Europea. En cuanto a los recursos ya empleados, los gestionados por el Gobierno central ascienden a 5.835,7 M€, lo que supone un grado de ejecución del 53,2%, mientras que de los 2.364 M€ comprometidos por la Generalitat se habrían utilizado hasta el momento 894 M€ (37,8%).

Se trata, con todo, del mayor esfuerzo en inversión pública jamás realizado para hacer frente a una catástrofe natural: entre el 30 de octubre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025 se habrían destinado una media de 23 millones de euros diarios (21 por parte del Gobierno central y 2 del autonómico) para paliar los efectos de la DANA y fomentar la recuperación de la zona afectada.

Escudo social

De entre las 110 medidas incluidas en el citado Real Decreto-Ley nos centraremos en analizar el contenido y aplicación de las correspondientes a los Títulos VI (empleo) y VII (Seguridad Social), posteriormente ampliadas con otras destinadas a la protección de colectivos vulnerables, sobre todo de personas migrantes en situación irregular.

Las medidas cuantificables derivadas de la aplicación directa del escudo social desplegado por el Gobierno de España para la protección del empleo y la actividad productiva en las zonas afectadas por la DANA ascienden hasta el momento a 449 millones de euros abonados a un total de 124.269 perceptores entre autónomos y trabajadores asalariados.

Junto a las ayudas directas a empresas y autónomos para el mantenimiento o recuperación de su actividad, el eje central del escudo social fueron otra vez los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Se trata de un sistema regulado por el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que resultó ya clave en la gestión de la COVID (solo en la Comunidad Valenciana garantizó la continuidad de más de 50.000 empresas y el empleo de 440.000 trabajadores), se consolidó luego por la Reforma Laboral pactada en el ámbito del diálogo social (sindicatos, patronal y Gobierno) y se reactivó de nuevo para hacer frente al impacto de la DANA.

Su aplicación supone la suspensión temporal de la relación laboral o reducción de la jornada por fuerza mayor sin rescisión del contrato, la protección de trabajadores con la prestación por desempleo abonando el 70% de su base salarial y considerando su vigencia como período cotizado y una exoneración del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas.

Tras la publicación el 11 de noviembre del RD-L /2024 se activó el mecanismo de los ERTE y en pocos días el número de solicitudes creció rápidamente, hasta alcanzar a finales de diciembre su pico de cobertura, iniciando desde entonces un progresivo descenso, como resultado de la reactivación de la actividad de las empresas y la reincorporación de sus trabajadores, tras una permanencia media de 125,2 días bajo la protección de los ERTE, lo que supone una tasa de retorno del 98%. De hecho, un año después sólo seguían en dicha 791 trabajadores (2,3% del total de los registrados durante todo el período).

En cómputo agregado (de noviembre’24 a noviembre’25) fueron 2.877 empresas las que presentaron un ERTE y 33.643 los trabajadores (8,1% sobre el empleo total de la zona DANA) que recibieron las prestaciones correspondientes durante el período de vigencia del expediente, registrándose niveles de cobertura significativamente mayores en l’Horta Sud (9,3%) y la Zona Cero (14,3%), que dan cuenta del desigual impacto territorial de la afectación. Salvo 10 grandes (Ford, Campofrío, hoteles Ilunion y varias industrias agroalimentarias) se trataba de PYMEs y microempresas con una plantilla media de 9 trabajadores

La cobertura, prestaciones y duración de los ERTEs evitó, pues, la pérdida de miles de empleos, hasta el punto de que durante su vigencia sólo se aprobaron por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat 64 Expedientes de Regulación de Empleo (EREs de extinción contractual) que implicaron el despido de 346 trabajadores (equivalente al 1% de los cubiertos por ERTEs).

Así pues, tal y como confirman las investigaciones más solventes (IVIE-Lab, BBVA-Research) podemos concluir que el papel de los ERTE ha sido extraordinariamente positivo para el mantenimiento primero del empleo y la recuperación posterior de la actividad productiva en el área afectada, superando ampliamente las expectativas empresariales.

Además de su dimensión laboral, el escudo social promovido por el Gobierno de la nación incluía otras medidas de protección a los colectivos más vulnerables doblemente afectados por la DANA mediante el incremento del 15% para las pensiones no contributivas, las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las de ayuda a la infancia.

Según los últimos datos oficiales consultados, fueron 18.909 los perceptores del IMV y del complemento de ayuda a la población infantil (CAPI) los que vieron incrementada su prestación (que oscilaba entre los 497 y los 814 euros mensuales).

Por otra parte, ante la imposibilidad total o parcial de prestar servicios en el ámbito doméstico y de los cuidados, el RD-L 7/2024 estableció en su artículo 45 la aplicabilidad a las trabajadoras de este sector (17.400 de alta en la Seguridad Social en la provincia de Valencia, de las que más de la mitad vive o trabaja en las zonas afectadas) del régimen especial de prestación por desempleo previsto para los casos de fuerza mayor, con una cuantía salarial equivalente al 70% de su base reguladora, sin necesidad de período de carencia previo ni posterior consumo de tiempo cotizado.

Con todo, el mayor nivel de vulnerabilidad social era el que afectaba a las personas migrantes en situación irregular de las zonas afectadas que, por carecer de permiso de residencia y empadronamiento administrativo, no podían acceder a las ayudas en materia de vivienda, empleo y seguridad social pese a ser, paradójicamente, quienes más las necesitaban, convirtiéndose en los parias de la DANA, atrapados en una espiral de precariedad de la que no sabían cómo escapar, mientras en ocasiones sufrían el acoso provocado por los bulos xenófobos de la extrema derecha.

Fueron, de nuevo, los sindicatos de clase (CCOO y UGT) quienes junto a las organizaciones sociales implicadas (Oxfam, Coordinadora valenciana de ONGD) los que plantearon a la Secretaría de Estado de Migraciones la adopción de medidas urgentes para paliar dicho déficit de cobertura.

El acuerdo resultante se concretó en dos vías de regulación extraordinaria, mediante la concesión primero de autorizaciones de residencia y trabajo por un año para quienes estuvieran empadronados o con cita en los municipios afectados y, después, con la prórroga o renovación automática y gratuita de las autorizaciones que expiraban, así como la validez asegurada de permisos supeditados al alta en la Seguridad Social.

Se presentaron 37.448 solicitudes para el conjunto de modalidades de autorización, habiéndose resuelto favorablemente hasta el momento 33.044 y quedando otras 101 en trámite de resolución, en una demostración de la eficacia del diálogo social y de dignidad de la acción gubernamental.

Recuperación laboral

Si los ERTE operaron inicialmente como una estrategia reactiva, los Planes de Empleo impulsados por el Ministerio de Trabajo con carácter complementario (art. 49 del RD-L 7/2024) lo harán desde una perspectiva proactiva con el doble objetivo de reducir el paro mediante la contratación por los Ayuntamientos de desempleados del sector agrícola y contribuir con su trabajo a la reconstrucción de las zonas afectadas. El primero de dichos planes (RD 1282/2024, de 17 de diciembre) supuso la contratación de 3.122 personas y el segundo, aprobado un año después de la DANA (Orden SEPE TES/1302/2025, de 14 de noviembre) y dotado con un presupuesto de 80,6 millones de euros, prevé la incorporación de otras 7.750 personas.

Cuando se cumplía un año de la DANA que asoló un tercio de la provincia de Valencia, el servicio de estudios del BBVA publicó un informe evaluando su impacto y perspectivas de recuperación, constatando que uno había sido menor de lo inicialmente estimado y la otra más rápida y positiva de lo previsto.

Mientras que en sus primeras estimaciones el BBVA-Research proyectaba unas pérdidas económicas de entre el 0,55% y el 1,71% del PIB y caídas superiores del empleo, una vez publicadas las cifras oficiales sobre la evolución de ambas variables se confirmaba el coste de la DANA en una cifra equivalente al 0,65% del PIB y una primera contracción del empleo de 1,4 puntos porcentuales.

Tanto este informe como los realizados por otras instituciones (Banco de España, Cámara de Comercio, IVIE) adjudican el cambio positivo de las previsiones a la fuerte inversión impulsada por los poderes públicos para paliar los daños ocasionados por la DANA y que estaría contribuyendo, junto a la resiliencia ciudadana, a acelerar la recuperación de la actividad en los municipios afectados, aunque con diferencias territoriales y sectoriales en ambos procesos.

Además de los datos macroeconómicos (PIB, facturación empresarial), resulta necesario atender a la evolución de las variables procedentes del mercado de trabajo con objeto de completar la evaluación que pretendemos de la eficacia, alcance y límites del escudo social post-DANA. En este caso, los indicadores a analizar son los de la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores asalariados, así como los registros de paro y contratación laboral.

En todos los casos se comprueba que con ser inicialmente duro el impacto habría resultado transitorio y la recuperación más temprana de la prevista. Si atendemos, de entrada, a la evolución de la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores asalariados se comprueba que, tras una caída inicial entre noviembre’2024 y enero’2025, se inició pronto un ciclo de recuperación que mantendrá desde entonces las oscilaciones habituales de temporada, siendo finalmente mayor el crecimiento del empleo en la Zona Cero más castigada.

Entre octubre de 2024 y el mismo mes del año siguiente la afiliación a la Seguridad Social registró un incremento neto de 44.549 personas en toda la provincia y de 5.051 en la Zona Cero de la DANA, en la que el empleo creció porcentualmente por encima de la media (5,7 y 4.8 por cien, respectivamente).

Dicha tendencia refleja la evolución de la contratación laboral que, tras registrar una ligera contracción en el primer trimestre del año seguirá desde entonces un crecimiento sostenido, hasta consolidarse en valores superiores al mismo período del año anterior, confirmando así el efecto positivo de las políticas de protección implementadas y la capacidad de resiliencia de empresas y trabajadores.

La evolución del paro registrado constituye, finalmente, el espejo invertido de dicha tendencia: mientras que entre octubre’24 y enero’25 aumentaba en un 2,1% en el conjunto de la provincia y un 3,3% en la Zona Cero, experimentaría desde entonces una reducción sostenida (-8,4%), especialmente significativa en la Zona Cero, de manera que justo un año después había en la provincia de Valencia 9.960 parados registrados menos y 1.851 menos en la Zona Cero.

Así pues, mientras se dirimen las responsabilidades políticas y judiciales, la evolución de los indicadores económicos y sociales, así como los informes de los principales institutos de investigación coinciden en valorar muy positivamente la cobertura y efectos del escudo social desplegado por el Gobierno de la nación tras la DANA, pese a la persistencia de ritmos desiguales de recuperación que aconsejan focalizar las inversiones pendientes de ejecución en las áreas y sectores que más sufrieron entonces el impacto de una catástrofe natural y una gestión política que no pueden ni deben repetirse.

Antes incluso de emitirse el último parte del equipo médico habitual ya operaban, desde espacios y condiciones muy desiguales, tres proyectos diferentes para la gestión del post-franquismo que pugnaron por imponerse durante los dos años siguientes: continuismo, reforma y ruptura.

Tras los fastos funerarios por el general superlativo, escoltado en su penúltimo viaje por un fantasmal Pinochet en funciones de epígono criminal, el joven Rey ratificó como Presidente del Gobierno a quién lo había sido durante los dos últimos años del franquismo. El proyecto continuista de Arias Navarro pretendía garantizar que todo siguiera atado y bien atado, introduciendo tan sólo algunos retoques de fachada a cargo de un tronante Fraga con su muy restrictiva Ley de Asociaciones y manteniendo, cuando no incrementando, la represión policial y judicial de la dictadura.

Desde la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) en 1963, habían sido  53.500 los procesados por actividades subversivas, de los que el 70% eran trabajadores, 22% estudiantes y 8% profesionales. Según la documentada investigación de Juanjo del Águila, editada por la Fundación Abogados de Atocha, los años de mayor actividad represiva del TOP fueron, precisamente, los dos últimos de la dictadura y el primero de la Transición, con un total de 15.631 procesados.

Pese a la dura represión, en los primeros meses de 1976 una oleada creciente de demandas sociales y conflictos obreros (casi tres millones de huelguistas y 12,5 millones de jornadas no trabajadas) pondrá de manifiesto el agotamiento del modelo continuista (dimisión del Gobierno Arias a principio de julio), certificando -en acertada expresión del histórico dirigente de CC.OO. Nicolás Sartorius- que si Franco murió en la cama, el franquismo murió en la calle.

Fue, precisamente, la presión social desde abajo, ejercida por los movimientos vecinal, estudiantil feminista, profesional y, sobre todo, obrero (que venía organizando su resistencia desde los primeros años sesenta), la que resultó determinante para desbaratar primero las maniobras continuistas (Arias) y acelerar más tarde las reformas del segundo gobierno de la monarquía presidido por Adolfo Suárez, reforzando la presión negociadora de la oposición democrática unida.

A partir de entonces, la articulación entre movilización social y negociación política conseguirá la legalización de partidos y sindicatos  (abril, 1977) así como la convocatoria de las primeras elecciones parlamentarias (el 15 de junio de aquel mismo año), lo que permitirá avanzar, finalmente, hacia un proceso constituyente (1978) que supondrá la ruptura real con el franquismo y la progresiva consolidación de la democracia y del Estado de Bienestar en nuestro país, como ya analizamos con detalle en una serie de artículos publicados en este mismo medio entre los meses de mayo y junio de este año.

El sistema democrático resultante de aquel proceso ha hecho posible, con sus avances y retrocesos, límites y contradicciones, la mayor y mejor etapa de libertad y progreso de nuestro país, una conquista colectiva de la sociedad en la que radica, ahora como entonces, la posibilidad de cambio y transformación.

Con todo, en los últimos años han reaparecido corrientes revisionistas de orientación tanto conservadora como neofranquista, así como construcciones discursivas sedicentemente alternativas que no sólo impugnan dicho análisis sino que intentan deslegitimar retrospectivamente aquel proceso histórico, proyectando sobre el pasado los problemas y frustraciones del presente, actualizando versiones maniqueas sobre la Transición.

Aunque con narrativas parcialmente diferentes, desde la derecha conservadora y/o radical se enfatiza de forma acrítica y complaciente la dimensión reformista e institucional de la Transición, presentándola casi como la continuación natural del “proceso modernizador” del franquismo y/o resultado de un diseño palaciego pilotado por la corona, tesis que retroalimenta ahora el viejo monarca en unas memorias lamentables.

Tan insostenible como ésta resulta la versión opuesta, de matriz populista, que califica despectivamente el sistema constitucional resultante como régimen del 78 , producto de una simple transacción entre las élites y generador de una democracia de mala calidad, incurriendo en la paradoja de reforzar con ello el discurso de quienes pretendieron en su momento imponer sin éxito el modelo continuista, mientras que se ignora -cuando no se desprecia- la historia de miles de mujeres y hombres anónimos que contribuyeron con su compromiso social al cambio democrático.

Es su memoria la que ahora reivindicamos, desde el más emocionado respeto y reconocimiento porque, como decía una hermosa canción de Labordeta hace también ahora 50 años, fueron ellos y ellas quienes “…hicieron lo posible para empujar la historia hacia la libertad”.

Más allá de sus grandilocuentes apelaciones a la identidad nacional, de viejas resonancias franquistas, y referencias paranoicas a un diabólico plan de reemplazo demográfico diseñado por las élites globalistas, la estrategia de VOX se mueve realmente en dos planos más prosaicos...y peligrosos. Se trata, por un lado, de empujar al PP para que asuma, política e institucionalmente, gran parte de su agenda en materia migratoria y, por otro, de normalizar socialmente el discurso racista y excluyente.

Desde el primer acuerdo PP-VOX para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía (enero de 2019) hasta el pacto de Mazón con el torero Barrera y su cuadrilla (junio de 2023), actualizado recientemente (marzo 2025) para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat…, pacto tras pacto VOX ha ido radicalizando sus propuestas y arrastrando al PP en una deriva de creciente retórica anti-inmigración, convertido en rehén del peor populismo extremista para pactar hoy presupuestos autonómicos o municipales y aspirar mañana a una hipotética mayoría parlamentaria a nivel nacional.

Los pactos políticos entre la derecha y los ultras sirven, además, para aportar legitimidad formal a los mensajes, tan racistas como clasistas, que circulan impunemente por las redes sociales contribuyendo así a normalizar el relato anti-inmigración que permite, a cualquier cuñao con pretensiones despreciar a moros y panchitos, mientras racanea el salario de quienes cuidan de su madre y limpian su casa…, sin dejar por ello de considerarse ferviente católico y votante liberal.

Hacer frente a dicha deriva política y discursiva pasa por impugnar los tópicos esencialistas (…es que no se integran!) y poner en valor los datos que acreditan la contribución positiva de la inmigración, articulando un relato alternativo que reivindique sus derechos, active nuestros valores y recuerde los deberes constitucionales de todos.

En una sociedad plural como la española (por historia, cultura y estructura) nadie puede aspirar, en buena lógica democrática, a definir e imponer el canon de la identidad y las tradiciones patrias que deberían acatar obligatoriamente los inmigrantes… cuando ni siquiera son compartidas de forma unanime por los autóctonos. Bastaría con el normal cumplimiento, por unos y otros, de los preceptos legales y las normas básicas de convivencia para que, superando el ruido y la furia de la confrontación política, poder consolidar, con la contribución de todos, la actual fase de crecimiento económico y cohesión social.

Según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional nuestro país será, por segundo año consecutivo, la economía que más crezca lo que permitirá, asimismo, seguir creando más y mejor empleo, confirmando la tendencia impulsada por el Gobierno progresista desde 2018, tal y como analizábamos aquí en un artículo reciente.

La contribución de la migración a dicho proceso resulta tan decisiva como invisibilizada. Un reciente estudio del Banco Central Europeo indica que el 80% del incremento del PIB español en los últimos cinco años ha sido impulsado por el trabajo de los inmigrantes que representan ya el 14,2% del empleo registrado. Son 3.096.015 ciudadanos extranjeros que viven, trabajan y cotizan entre nosotros (357.571 en la Comunidad Valenciana), aportando el 12% de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que por su perfil sociodemográfico (media de edad más joven, pocas jubilaciones) apenas generan el 2% de los gastos de la misma. Entre los cotizantes se incluyen 10.348 jóvenes ex-tutelados (los mal llamados menas, objetivo preferente del odio fascista), de entre 16 y 23 años, ahora con autorización de residencia legal tras su dramática llegada a nuestro territorio.

Los inmigrantes trabajan, mayoritariamente, en sectores y actividades (agricultura, construcción, hostelería, servicio doméstico…) caracterizados por sus peores condiciones contractuales y salariales (ganan de media un 29,3% menos que los autóctonos), con el consiguiente peligro de ampliar la fractura dual de nuestro mercado de trabajo, pese a las mejoras derivadas de las últimas reformas laborales y de extranjería. A tal efecto, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en abril de 2024, con el apoyo de varias ONGs, incluidas las de la Iglesia católica (lo que suele desatar los demonios de Abascal), propone la regularización de casi medio millón de sin-papeles, lo que facilitará (…eso sí!) su integración y reducirá los márgenes de explotación a la que son sometidos por empresarios sin escrúpulos.

Pero con ser importante, invocar sólo su contribución al crecimiento de nuestra economía y el mantenimiento de nuestro Estado de Bienestar desde perspectivas exclusivamente utilitaristas contribuye, también, a deshumanizar a las personas inmigrantes por lo que es necesario reforzar el relato que viene desarrollando desde hace tiempo el presidente del Gobierno, articulando las reformas pragmáticas con la reivindicación ética de la memoria de un país de emigrantes y refugiados, como reconocía hace poco un laudatorio artículo del New York Times y la apelación permanente a la defensa de los Derechos Humanos, el cumplimiento de los deberes constitucionales y los valores de igualdad, dignidad y solidaridad.

A partir de la legalització dels sindicats i dels partits polítics, durant el primer trimestre de 1977, s’accelerà el procés de canvi democràtic, les principals fites del qual foren les primeres eleccions generals (15-06-77), la Llei d'Amnistia (15-10-77), els Pactes de la Moncloa (27-10-77) i el referèndum constitucional (06-12-78). I tot això en un context de forta conflictivitat laboral provocada per una inflació desbocada que erosionava aviat el poder adquisitiu dels salaris: la mitjana anual de vagues entre 1977 i 1979 va ser de 1.670, amb 2.280.000 participants i 15.390.000 jornades no treballades cada any.

Entre gener i febrer de 1978 es van celebrar les primeres eleccions sindicals lliures a delegats i comitès d'empresa que, en l’àmbit estatal, van confirmar la victòria dels sindicats de classe: CC.OO. i UGT, amb el 34,5 i el 21,7 per cent, respectivament, dels gairebé dos-cents mil electes. A Alcoi el resultat sería encara més contundent: es van triar un total de 478 delegats, dels quals el 61,5% pertanyien a CC.OO. i el 29,9% a UGT, que des de llavors no van deixar de reclamar la devolució del patrimoni sindical que, finalment, els hi va ser lliurat, ocupant actualment la Unió General de Treballadors els vells locals de la CNS i Comissions Obreres els construïts de nova planta, en una demostració real i simbòlica de l'eficàcia de la seua lluita.

Canvi polític i crisi econòmica

Aquells foren també els anys de la segona crisi energètica, amb un fort impacte sobre l'economia i l'ocupació (deslocalització productiva, desregulació laboral, atur...), que s’intentà gestionar des de les administracions públiques amb plans de reconversió industrial de resultats desiguals.

La del sector tèxtil, entre 1981 i 1986, va suposar el tancament de moltes de les grans empreses alcoianes (Hipesa, Peralta, Matarredona…), obligant als sindicats a un canvi d'estratègia des de posicions ofensives (reivindicació de millores salarials i nous drets) a altres de caràcter defensiu, tant dels llocs de treball (expedients de crisi, promoció de cooperatives) com de la viabilitat de les mateixes empreses (el cas paradigmàtic de Papereres Reunides) i del propi sector (la campanya “Salvar el tèxtil és salvar Alcoi”)

Malgrat les dificultats i la conflictivitat latent, durant aquest procés es va posar sovint de manifest la capacitat de diàleg i fins i tot mutu reconeixement entre els principals líders sindicals (Paco Molina) i empresarials (Rafael Terol) del moment, expressió d’una cultura de la negociació fortament arrelada en la comunitat local que la posterior desregulació productiva i laboral debilitaria notablement.

Un dels efectes més negatius d’eixe procés de desregulació laboral va ser l'externalització, via economia submergida, dels processos productius més intensius en mà d'obra, com el de l’aerografia que durant 1992 va provocar la mort per fibrosi pulmonar de sis joves treballadores i més de cinquanta afectats en petites empreses de l'Alcoià-Comtat pel conegut des de llavors com a Sindrome Ardystil, que fou denunciat pels sindicats i acabà amb la condemna dels seus responsables, deu anys més tard, per sentència de l'Audiència d’Alacant.

Després de la reconversió del tèxtil, que suposà la desaparició dels subsectors de la borra i filatura, va arribar la del metall, amb el tancament, entre altres, de les fàbriques de Francisco Blanes i Miró Reig, iniciant-se des de finals la dècada dels noranta un procés de modernització i diversificació de la indústria alcoiana (noves matèries primeres, nous sistemes de producción i dsitribució) la consolidació de la qual explica que, malgrat les diverses crisis travessades, continue sent actualment la segona Área Urbana Funcional (AUF) amb major proporció d'ocupació industrial (23,7%, gairebé el doble que la mitjana espanyola), segons l'Institut Nacional d'Estadística.

Des de llavors, el sindicalisme ha consolidat -tant arreu de l’Estat com a l’àmbit local- la seua organització i capacitat d'interlocució, en un procés no exempt de dificultats, com actor social (agregació, representació i promoció dels interessos dels treballadors) i factor d'igualtat, actuant tant sobre la primera distribució de la renda (salaris, condicions de treball, regulació del mercat laboral) a través de la negociació col·lectiva, com sobre els mecanismes propis de la segona re-distribució (política fiscal, prestacions públiques) mitjançant la pressió social i la participació institucional.

Tot això confirma la legitimitat del sindicalisme de classe, tant pel seu origen i trajectòria històrica (...eixe fil roig que, entre la protesta i la proposta, ha operat com un factor fonamental de progrés social) com per la seua representativitat democràticament acreditada i pels resultats de la seua intervenció, en l'exercici de les funcions negociadores i institucionals que li corresponen.

Amb una taxa d'afiliació directa del 17% a nivell nacional, el sindicalisme espanyol aconsegueix ampliar notablement la seua representativitat indirecta mitjançant mecanismes d'audiència electoral (300.000 delegats electes en empreses, amb una cobertura superior al 65% de la població assalariada) i influència en la gestió de les relacions laborals a través de la negociació col·lectiva (5.700 convenis per a més de 15 milions de treballadors).

A l’àmbit local, la taxa d'afiliació sindical és actualment del 23% sobre el total dels 13.000 treballadors assalariats a la ciutat d'Alcoi que, en l'últim període van triar un total de 680 representants (51,7% de CC.OO. i el 23,4% d’UGT), que regularment atenen les demandes i reivindicacions dels seus companys, negocien amb els empresaris i les institucions, tramiten consultes jurídiques..., etc, en un exercici no per mediàticament invisible menys necessari per a la defensa i promoció dels drets de tots.

Les importants crisis que s'han succeït des dels inicis del segle XXI han posat de manifest, malgrat les seues diferents causes (financera, sanitària), el retorn de la qüestió social (ocupació, salaris, prestacions, igualtat, drets...) que un discurs ideològic neoliberal tracta de presentar com superada per un model desregulat basat exclusivament en la més descarnada competitivitat.

I és en aquest context on estem assistint, paradoxalment, a una re-materialització del conflicte que, incorporant altres repertoris de protesta, fa possible la transició cap a una necessària convergència entre tots els que reclamen la dignitat del treball i la ciutadania, enllaçant la lluita per les velles reivindicacions del moviment obrer (treball decent i amb drets), de la que Alcoi ha estat capdavanter, amb la defensa de les demandes civils plantejades pels nous moviments socials (educació, sanitat, habitatge, igualtat de gènere, qualitat democràtica...).

Más allá de sus grandilocuentes apelaciones a la identidad nacional, de viejas resonancias franquistas, y referencias paranoicas a un diabólico plan de reemplazo demográfico diseñado por las élites globalistas, la estrategia de VOX se mueve realmente en dos planos más prosaicos...y peligrosos. Se trata, por un lado, de empujar al PP para que asuma, política e institucionalmente, gran parte de su agenda en materia migratoria y, por otro, de normalizar socialmente el discurso racista y excluyente.

Desde el primer acuerdo PP-VOX para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía (enero de 2019) hasta el pacto de Mazón con el torero Barrera y su cuadrilla (junio de 2023), actualizado recientemente (marzo 2025) para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat…, pacto tras pacto VOX ha ido radicalizando sus propuestas y arrastrando al PP en una deriva de creciente retórica anti-inmigración, convertido en rehén del peor populismo extremista para pactar hoy presupuestos autonómicos o municipales y aspirar mañana a una hipotética mayoría parlamentaria a nivel nacional.

Los pactos políticos entre la derecha y los ultras sirven, además, para aportar legitimidad formal a los mensajes, tan racistas como clasistas, que circulan impunemente por las redes sociales contribuyendo así a normalizar el relato anti-inmigración que permite, a cualquier cuñao con pretensiones despreciar a moros y panchitos, mientras racanea el salario de quienes cuidan de su madre y limpian su casa…, sin dejar por ello de considerarse ferviente católico y votante liberal.

Hacer frente a dicha deriva política y discursiva pasa por impugnar los tópicos esencialistas (…es que no se integran!) y poner en valor los datos que acreditan la contribución positiva de la inmigración, articulando un relato alternativo que reivindique sus derechos, active nuestros valores y recuerde los deberes constitucionales de todos.

En una sociedad plural como la española (por historia, cultura y estructura) nadie puede aspirar, en buena lógica democrática, a definir e imponer el canon de la identidad y las tradiciones patrias que deberían acatar obligatoriamente los inmigrantes… cuando ni siquiera son compartidas de forma unanime por los autóctonos. Bastaría con el normal cumplimiento, por unos y otros, de los preceptos legales y las normas básicas de convivencia para que, superando el ruido y la furia de la confrontación política, poder consolidar, con la contribución de todos, la actual fase de crecimiento económico y cohesión social.

Según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional nuestro país será, por segundo año consecutivo, la economía que más crezca lo que permitirá, asimismo, seguir creando más y mejor empleo, confirmando la tendencia impulsada por el Gobierno progresista desde 2018, tal y como analizábamos aquí en un artículo reciente.

La contribución de la migración a dicho proceso resulta tan decisiva como invisibilizada. Un reciente estudio del Banco Central Europeo indica que el 80% del incremento del PIB español en los últimos cinco años ha sido impulsado por el trabajo de los inmigrantes que representan ya el 14,2% del empleo registrado. Son 3.096.015 ciudadanos extranjeros que viven, trabajan y cotizan entre nosotros (357.571 en la Comunidad Valenciana), aportando el 12% de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que por su perfil sociodemográfico (media de edad más joven, pocas jubilaciones) apenas generan el 2% de los gastos de la misma. Entre los cotizantes se incluyen 10.348 jóvenes ex-tutelados (los mal llamados menas, objetivo preferente del odio fascista), de entre 16 y 23 años, ahora con autorización de residencia legal tras su dramática llegada a nuestro territorio.

Los inmigrantes trabajan, mayoritariamente, en sectores y actividades (agricultura, construcción, hostelería, servicio doméstico…) caracterizados por sus peores condiciones contractuales y salariales (ganan de media un 29,3% menos que los autóctonos), con el consiguiente peligro de ampliar la fractura dual de nuestro mercado de trabajo, pese a las mejoras derivadas de las últimas reformas laborales y de extranjería. A tal efecto, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en abril de 2024, con el apoyo de varias ONGs, incluidas las de la Iglesia católica (lo que suele desatar los demonios de Abascal), propone la regularización de casi medio millón de sin-papeles, lo que facilitará (…eso sí!) su integración y reducirá los márgenes de explotación a la que son sometidos por empresarios sin escrúpulos.

Pero con ser importante, invocar sólo su contribución al crecimiento de nuestra economía y el mantenimiento de nuestro Estado de Bienestar desde perspectivas exclusivamente utilitaristas contribuye, también, a deshumanizar a las personas inmigrantes por lo que es necesario reforzar el relato que viene desarrollando desde hace tiempo el presidente del Gobierno, articulando las reformas pragmáticas con la reivindicación ética de la memoria de un país de emigrantes y refugiados, como reconocía hace poco un laudatorio artículo del New York Times y la apelación permanente a la defensa de los Derechos Humanos, el cumplimiento de los deberes constitucionales y los valores de igualdad, dignidad y solidaridad.

La llarga agonia biològica i política del franquisme, que es va iniciar amb la mort de Carrero Blanco al desembre de 1973, coincidirà amb la crisi econòmica derivada de l'augment dels preus del petroli imposada pels països àrabs després de la guerra del Yom Kippur, amb el consegüent increment generalitzat de la inflació que, en el cas espanyol, es complicarà per la incompetència de la gestió governamental, amb el resultat d'un dramàtic augment dels tancaments d'empreses, pèrdua del poder adquisitiu dels salaris, atur i precarietat contractual.

Entre 1974 i 1977 Espanya registraría el volum més gran de vagues de tota la seua història, amb una mitjana anual de més de deu milions de jornades no treballades per conflictes laborals.

Les restriccions derivades d’una dictadura terminal conferien contingut polític a la mobilització obrera que assolia així un fort component expressiu i acreditava la seua consolidació com a actor social rellevant en un context de crisi tant política com econòmica i esdevenia en factor clau per a la conquesta de les llibertats.

A Alcoi, la crisi es veurà agreujada per les deficiències estructurals que arrossegava el sector tèxtil (minifundisme, falta de renovació tecnològica i productiva...), així com per l'impacte negatiu derivat de l'estructura centralitzada de la negociació col·lectiva dissenyada pel verticalisme.

Les vagues del final de la dictadura

El cicle de les grans vagues obreres durant els anys de la Transició es va iniciar ací el juliol de 1973, en una coincidència històrica amb el centenari de la revolta internacionalista del petrólio, no per casual menys significativa. Foren les dones treballadores de la fàbrica Peralta (les “bobinadores”) les primeres que es van plantar davant l'intent de l'empresa d'imposar un nou, i pretesament “científic”, sistema de control de la producció que incrementava el ritme de treball i absorbia els plusos salarials.

L’acomiadament de Pilar Esteve, delegada sindical vinculada a CC.OO. i les sancions a 12 companyes més va generar una onada de solidaritat que amenaçava amb una vaga de tota l’empresa, d’una plantilla de més de 200 persones, gran part de les quals eren xiques molt joves, i fou la seua resistència la que, finalment, va fer recular a la direcció, retirar les sancions i suspendre l’aplicació del sistema de control, el que va constituir un exemple, tan simbòlic com real, de l'important paper de les dones treballadores en la història del moviment obrer alcoià, mai prou valorat i que mereix, en justícia, un reconeixement exprés.

Aquell mateix any es va publicar per primera vegada el butlletí informatiu (clandestí, per descomptat!) de CC.OO. d'Alcoi, sota el títol de Democràcia Obrera, que donaria compte, amb documentación i anàlisi, de les grans vagues i mobilitzacions dels anys següents.

La primera, a principis de 1974, es produí com a conseqüència de la negativa patronal a negociar un nou conveni per al sub-sector de fibres de recuperació i la decisió, per contra, de suspendre la prima de 350 pessetes que s’havia aprovat l’any anterior. Entre el 16 i el 17 de gener pararen la major part de les fàbriques d’Alcoi així com les de Cocentaina i Muro, pobles cap on des de feia un temps s’havien adreçat moltes empreses a la recerca de més sòl industrial i menys costos laborals.

A l’endemà, 18 de gener, eren ja 120 fàbriques i 4.100 els treballadors en vaga que, davant del tancament dels locals de la CNSi l’assetjament de la policia, acabaren reunint-se en una gran assemblea al Barranquet de Soler on, en un exercici de democràcia obrera real, aprovaren l'acord provisional subscrit a l'Ajuntament, per mediació de l'alcalde Jorge Silvestre, entre la patronal local i els líders de CC.OO. Linares i Llopis (presidents aleshores de la Secció Social i de la UTT del Sindicat Tèxtil, respectivament) que recollia les reivindicacions inicialment plantejades i, en conseqüència, posava fi a la vaga.

No obstant això, en febrer començaren les deliberacions del nou conveni dels sectors de gènere de punt, cotó i llana, en el marc del qual la patronal intentà absorbir la prima de les 350 pessetes, oferint un augment salarial del 14% que els treballadors no accepten i contra el que plantegen una vaga d’advertència de dues hores per al 14 de març. Com que la representació empresarial no fa cas, el 4 d’abril s’inicia la vaga que arribarà al dia 8 amb una xifra de 8.000 participants, incloent-hi alguns treballadors d’altres sectors.

En plena Semana Santa es manté la vaga i, davant el nou tancament verticalista dels locals de la CNS es celebren diverses assemblees al pati del Col·legi de San Roc, l'església de Santa Rosa i, fins i tot, a la muntanya del Preventori. El Dijous Sant, en totes les parròquies d'Alcoi es llegeix una homilia de suport a les reivindicacions obreres, instant el reconeixement dels drets laborals. Finalment, el 14 d'abril se signarà l'acord que posava fi a deu dies de vaga i fixava una gratificació de 3.000 pessetes per als treballadors adults i de 1.750 per als aprenents.

La segona vaga important d’aquest període començà el 22 de setembre de l’any següent (1975) en resposta al nou intent de la patronal d’absorbir la prima de les 350 pessetes, cosa que suposava una disminució substantiva del salari real en uns moments de crisi galopant. A més a més, l’acomiadament de diversos treballadors de l’empresa Pablo Doménech i la detenció del sindicalista Ricardo Llopis al final d'una assemblea enfront dels locals novament tancats de la CNS, agreujaran un conflicte que una setmana després afectava ja més de 100 empreses i vora 2.800 treballadors. Finalment, el 3 d’octubre els representants de la part social (Pep Linares) i econòmica (Miquel Payá) signaren un acord que suposava la retirada de les sancions, l’alliberament de Llopis i el reconeixement parcial de les demandes obreres.

Aquell hivern calent

Entre setembre i desembre d'aquell any es celebraren les dues rondes de la que seria última convocatòria d’eleccions sindicals de la CNS, amb el resultat d’un important èxit de les Candidatures Unitàries i Democràtiques (“Hemos ganao el equipo colorao”, va publicar en portada una revista de l'època) i que, en el cas d'Alcoi consolidaren l'hegemonia de CC.OO.

I mentrestant moria, per fí, l'últim dictador d'Europa occidental, la qual cosa va contribuir a accelerar el procés de canvi, caracteritzat en la seua primera fase per una gran incertesa política i institucional, agreujada per una profunda crisi econòmica i social.

Aquell hivern va registrar una autèntica onada de vagues en tot el país, que es prolongaria, amb algunes oscil·lacions, durant els anys centrals de la transició, en els quals el volum de la conflictivitat laboral es multiplicarà pràcticament per deu, passant del mig milió de treballadors participants en 1975 als 5,7 milions de 1979, segons dades oficials del Ministeri de Treball.

Va ser, precisament. la pressió social des de baix, exercida pels moviments veïnal, estudiantil, professional i, sobretot, obrer, la que al capdavall resultarà determinant per a desbaratar primer les maniobres continuistes, accelerar més tard les reformes i forçar, finalment, la ruptura amb el franquisme.

L'any 1976 va començar a Alcoi amb una manifestació per la llibertat i l'amnistia, el mateix 1 de gener, encapçalada pels líders sindicals que a finals de març convocaren la que sería la vaga general de més llarga durada (tres setmanes) i participació (9.000 treballadors tèxtils) de la història de la ciutat.

El motiu inicial va ser millorar a l’àmbit local el que s'havia pactat a nivell nacional en el conveni de Fibres de Recuperació en matèria de salari (augment de 1.100 a 3.000 pessetes setmanals), vacances (de 20 a 25 dies per any), jornada (de 40 a 44 hores setmanals), així com el reconeixement dels representants sindicals recentment elegits.

En aquesta ocasió, la patronal va mantenir una posició tan inflexible (adduint que el conveni estava ja signat) comagressiva, imposant sancions de suspensió de contracte i sou a més de 2.000 treballadors, incrementant la tensió del conflicte, agreujada així mateix per les càrregues policials i els intents d'impedir les assemblees de treballadors que acabaven realitzant-se a les esglésies de Santa Rosa, Sant Francesc i Santa Maria, així com en el camp de futbol del Barranquet de Soler, en les quals s'informava dels intents de negociació, les mostres de solidaritat ciutadana (especialment emotiva fou la manifestació del 10 d’abril de dones amb els sarnatxos de la compra buits) i es decidia democràticament sobre la continuïtat o no de la vaga, impugnant en la pràctica les acusacions de manipulació que difonia la premsa més reaccionària, especialment el diari local Ciutat dirigit per un vell falangista.

Malgrat els intents de mediació d'una Comissió integrada per qualificats professionals de la ciutat i pel nou alcalde, Rafael Terol, la patronal es va negar a negociar i només acceptà la retirada de les sancions, després de que el dia 21 d'abril, la majoria dels treballadors decidiren desconvocar la vaga, el que es va considerar un fracàs laboral però, malgrat tot, un èxit socio-polític, en la mesura en què la massiva participació i solidaritat aconseguiren imposar la legitimitat del nou sindicalisme i l'exercici real dels drets de vaga, reunió i manifestació encara no reconeguts legalment pel govern post-franquista d’Arias Navarro, que acabaria dimitint a primers de juliol d'aquell mateix any, arrossegat per la protesta popular després de la violenta repressió de les mobilitzacions obreres d'Elda i Vitòria.

Des d’aleshores s’acceleraren tant els ritmes de canvi com l’agreujament de la crisi económica (l'any acabaria amb una inflació del 19%) que, junt amb la congelació salarial i un fort creixement de l'atur, convertiren la negociació col·lectiva del primer trimestre de 1977 en l'escenari clau del conflicte social, en la fase central de la transició política.

Se trata de dos etapas, de duración similar pero de orientación y balance muy diferentes, cuya comparación impugna en la práctica el viejo mantra neoliberal según el cual sólo la derecha sabe gestionar mientras que la izquierda apenas puede aspirar a repartir: en los años de lo que despectivamente denominan sanchismo un sólido crecimiento económico se ha demostrado compatible con más y mejor empleo, prestaciones sociales y reducción de la pobreza.

Sin embargo, una insidiosa campaña de acoso al Gobierno progresista, cuya legitimidad ha sido cuestionada desde el primer momento por una derecha trumpista y tramposa, trata de ocultar -social y mediáticamente- los avances conseguidos en la materia, con la inestimable colaboración reciente de las maniobras cutres de Ábalos y compañía.

Pero va pasando el tiempo y la verdad inexorable asoma: los principales indicadores de desarrollo económico y social acreditan el buen desempeño del Gobierno progresista (2018-2025) y sitúan sus resultados en niveles muy superiores a los presentados por el equipo de M. Rajoy, entre cuyas lumniarias destacaba el ministro Montoro que nos castigaba entonces por vivir por encima de nuestras posibilidades, mientras engrosaba las cuentas de su Equipo Económico por debajo de sus responsabilidades políticas.

Según la EPA correspondiente al segundo trimestre de este año, el empleo ha alcanzado su máximo histórico con 22.268.700 personas ocupadas, tres millones más que en el mismo período de 2018, duplicando el crecimiento registrado durante el gobierno Rajoy (2011-2018), al tiempo que el paro habría disminuido en un millón de desempleados hasta situarse en el 10,2% de la población activa, la tasa más baja desde 2008, mientras que con el anterior gobierno del PP llegó a alcanzar el 25,7%. Por su parte, las prestaciones por desempleo gestionadas por el SEPE habrían ampliado su tasa de cobertura del 58,6 al 72,4 por cien.

Los datos correspondientes al País Valenciano son, incluso, comparativamente mejores, habiendo aumentado el empleo durante dicho período en un 17.6% (dos puntos más que la media nacional), hasta alcanzar actualmente la cifra de 2.413.600 personas ocupadas

Pero no sólo ha mejorado la cantidad del empleo sino que lo ha hecho también, y mucho, la calidad del mismo, especialmente desde la reforma laboral de 2021: reducción de la tasa de precariedad contractual (del 26,8 al 15,3 por cien); aumento del empleo femenino (hasta superar por primera vez los 10 millones de mujeres de alta en la Seguridad Social), de los jóvenes menores de 30 años (incremento del 27,9% en los últimos tres años) y de los extranjeros, que representan ya el 14,3% de los cotizantes regulares.

El aumento y mejora de la población ocupada ha operado, asimismo, como factor clave del espectacular crecimiento económico de los últimos años desbaratando, de hecho, los tópicos pretendidamente rigurosos de los gurús económicos, políticos, mediáticos e, incluso, académicos de la derecha, según los cuales para crecer había que reducir primero los costes laborales, recortar prestaciones e impuestos y luego, lo del empleo, salarios y pensiones, ya si eso…

También aquí los nuevos datos se imponen a los viejos relatos: según la OCDE la renta de los hogares españoles creció un 3,5% en 2024, casi el doble de la media (1,8%) de los 38 países que la integran. Por su parte, el aumento del PIB español triplicó el de la UE, situándose muy por encima del de los principales países de nuestro entorno (-0,2% el de Alemania, + 07,% el de Italia y +1,1% el de Francia), al tiempo que se mantienen similares previsiones para el año en curso (+2,6% para el PIB español y + 1% para la media de la zona euro).

Paralelamente se habrían incrementado tanto el salario mínimo como las principales prestaciones sociales, con la oposición, tan clásica como clasista, de las derechas. En primer caso, el SMI que perciben 2,4 millones de trabajadores ha aumento durante los gobiernos del denostado sanchismo en un 60,9%, hasta alcanzar los 16.576 euros anuales en 14 pagas de 1.184 (lo que Feijóo considera ahora un “incremento indiscriminado”), mientras que durante la etapa de Rajoy apenas mejoró en un 14,7%. En proporción similar habrían evolucionado las pensiones de jubilación en ambas etapas (57,5 y 14,9 por cien, respectivamente).

Por su parte, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), establecido por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, como nueva prestación estructural de nuestro sistema de protección social, estaría funcionando como factor clave en la reducción de las tasas de pobreza (del 23,5 al 19,7 por cien), superando ya el millón de hogares beneficiarios, en los que viven 3.120.623 personas vulnerables (el 43,3% de las cuales son menores de edad), que perciben una prestación media de 522 euros mensuales…, despectivamente definida como “la paguita” por quienes desprecian cuanto ignoran de la realidad social del país que, en su patrioterismo de hojalata, dicen defender.

Con todo, persisten todavía asimetrías y problemas estructurales, tales como los bajos salarios de una parte importante de la población trabajadora, la necesaria reducción de jornada, los costes de la vivienda que bloquean proyectos vitales y de movilidad laboral, las dificultades de reinserción de los parados de larga duración, etc., motivos todos ellos para seguir avanzando en el desarrollo de una agenda social que, en paralelo a la regeneración ética de la política, consolide esta etapa como la del mejor gobierno de nuestra historia democrática.

Amb la derrota de la República s’inicià una llarga i fosca etapa de repressió política i sindical, endarreriment econòmic i social, por, fam, pobresa i corrupció generalitzades. Mentre se suprimien totes les conquestes socials aconseguides durant el període democràtic, s'imposava un règim de terror cuartelero sota parafernàlia feixista i fracassava la política autàrquica (el PIB espanyol no recuperaria fins a 1960 els nivells registrats abans de la guerra), amb el consegüent cost social per a la classe obrera (els salaris es van reduir en un 25% durant les dues primeres dècades de la dictadura).

Repressió i autarquia en el primer franquisme

D’acord amb les dades registrades a l’Arxiu de la Memòria de la Universitat d’Alacant, després de la guerra foren executades en Alcoi 55 persones, entre elles l’alcalde republicà Evaristo Botella i el líder anarquista Enrique Barberà (Carrasca); condemnades a diferents penes de presó altres 270, aproximadament; inhabilitades i sancionades econòmicament unes 250 i acomiadats 200 funcionaris públics i un gran nombre, difícil de precisar, de treballadors industrials.

En l’àmbit laboral el moviment obrer va ser escapçat i destruït, prohibides les seues organitzacions i imposada per la força l’adscripció obligatòria al Sindicat Vertical (CNS), que en Alcoi s’instal.là en l’antic xalet de Vicens a l’Albereda, sota la línea de mando dels capitosts falangistes, entre el rebuig i la indiferència de la majoria dels treballadors.

La política de revenja i destrucció, d’espoli material i anihilament cultural posada en marxa contra el moviment obrer pel franquisme va tindre efectes duradors. Tot i les precàries condicions de vida, l’activisme i la protesta suposaven un risc massa alt i, malgrat alguns intents inicials de resistència i reconstrucció, el silenci de les organitzacions sindicals tradicionals va crear, durant els anys quaranta i cinquanta, un buit ocupat tant sols per relacions de solidaritat primària, especialment entre les dones treballadores. En el cas d’Alcoi serien les bambuneres les que, al voltant de 1945, feren la primera vaga de braços caiguts.

L'esforç i la valentia de posar en marxa un nou moviment obrer, d'acumular nous recursos, estratègies i lideratges, trigaria encara anys a concretar-se, en un context de canvis sociodemogràfics i productius.

Cap a finals dels anys cinquanta, el fracàs del model autàrquic va obligar la dictadura a donar un gir en la seua política econòmica (Pla d'Estabilització) i de gestió laboral (Llei de convenis col·lectius) que, sense renunciar a l'autoritarisme original, contribuïren a impulsar un desenvolupament productiu que implicava, entre altres canvis, la introducció d'una certa bilateralitat en les relacions laborals que seria hàbilment aprofitada pels nuclis fundacionals del nou moviment obrer, en la mesura en què la negociació col·lectiva obria una escletxa, fins aleshores inexistent, que possibilitava el conflicte, mentre que les eleccions a enllaços i jurats d’empresa permetien acumular recursos organitzatius i d'intervenció.

La nova fase de desenvolupament coincideix amb una sèrie de profunds canvis sociodemogràfics en el món del treball, al qual s'incorpora la primera generació que no havia participat en la guerra, després d'importants fluxos migratoris del camp a les ciutats, amb noves demandes salarials, d'accés a habitatge i béns de consum, etc., i que serà la que protagonitze el següent llarg cicle conflictivitat obrera.

En el cas d’Alcoi, el Cens de població registrarà un increment acumulat del 20%, fins a situar-se en 61.391 habitants en 1970, degut fonamentalment al saldo migratori positiu, alhora que s’iniciava una traumàtica reconversió industrial del sector tèxtil (entre 1963 i 1968 tancaren 57 empreses deixant al carrer a vora 1.500 treballadors), que arrossegava una llarga crisi (obsolescència tecnològica, manca d’inversions, caiguda de la demanda…) i s’orientarà progressivament des de les fibres de recuperació cap als productes tèxtils per a la llar.

I és que el que inicialment havia contribuït al desenvolupament de la indústria tèxtil alcoiana, la seua concentració en els segments baixos del mercat en materials, qualitat i preu, esdevincrà després el seu principal desavantatge quan la creixent demanda de qualitat en la draperia faça que la indústria catalana aconsegueixca augmentar quota de mercat a les seues expenses. Fins a ben entrats els anys setanta, en què s'iniciarà un complicat procés de modernització, l'estructura empresarial i la dotació tecnològica del tèxtil alcoià es demostraran incapaços de fer front als canvis necessaris per a la seua modernització.

L'emergència d'un nou sindicalisme

És en aquest context on, malgrat les restriccions estructurals i la repressió tant policial com patronal, cal situar la progressiva configuració d'un sindicalisme de nou tipus, de voluntat assembleària, estructures flexibles als centres de treball, estratègia instrumental, orientació unitària i projecció socio-política... que acabarà coneixent-se com el moviment de les comissions obreres, caracteritzant-se -des de meitat dels anys seixanta- per un significatiu canvi d'estratègia respecte del sindicalisme tradicional: de l'anarquisme apolític i de confrontació radical al sindicalisme possibilista (penetració en el Vertical, negociació de convenis) i plural (comunistes, catòlics, socialistes i, fins i tot, antics cenetistes), desenvolupant un nou repertori d’acció col.lectiva que, tot i els entrebancs de la dictadura, combinaria des d’aleshores la pressió i, fins i tot, la vaga als centres de treball amb manifestacions puntuals, tancament a esglésies i actes de solidaritat que tractaven d’implicar a professionals, estudiants i altres col.lectius, entre la protesta i la proposta.

Des de llavors, la tàctica entrista. rebutjada pels sindicats tradicionals (CNT, UGT), permetrà a les Comissions Obreres el desenvolupament d'àmplies xarxes de coordinació i participació en la negociació dels convenis col·lectius d'empresa i sector, generant una espiral de mobilitzacions que seguirà a un ritme creixent fins a la fase final de la dictadura.

En Alcoi, els primers indicis de l’emergència d’aquest nou moviment obrer es registraren a final de la dècada dels cinquanta arran de l’elecció en diverses empreses d’uns quants enllaços i jurats no verticalistes, que acordaren nomenar com a president de la Secció Social del Sindicat Tèxtil a Josep Linares, un teixidor comunista de la fàbrica Mataix que aviat esdevindrà en líder reconegut pels treballadors locals i un interlocutor respectat per la mateixa patronal del sector.

El nucli alcoià de Comissions Obreres jugarà un paper clau en l’articulació del moviment arreu del País, aportant els seus contactes i experiència per a fer possible la reunió fundacional de l’11 de desembre de 1966 als locals de la societat cultural Lo Rat Penat situats al centre de València en la que hi participaren, entre una cinquantena de sindicalistes, Josep Linares i Francisco Castañer.

Poc després, en el saló d’actes del Sindicat Vertical de l’Albereda es celebrà una gran assemblea de suport als treballadors bascos de l’empresa Laminaciones de Bandas en Frío, que duien mig any de vaga i per als qui es va realitzar una col·lecta de solidaritat, el resultat de la qual (20.000 pessetes) va ser portat per Linares a Bilbao, i del que va conservar sempre el rebut datat el 27 d'abril de 1967 i signat pels representants d'aquells treballadors agraïts.

Durant els últims anys seixanta i primers setanta es registrà arreu una lenta però sostinguda expansió de les xarxes de protesta dels moviments obrer, estudiantil, veïnal, professional i cultural que, amb les seves reivindicacions de llibertat, desafiaven els límits imposats per una dictadura anacrònica, que només sabia respondre amb la repressió aconseguint a vegades obrir precàries però importants zones de llibertat, com va ser a Alcoi el Club d'Amics de la UNESCO fundat en 1966 i que actuaria després com a lloc d’encontre i coordinació de l'oposició democràtica.

Pel que es refereix concretament al moviment sindical serà llavors quan emergeixen vells i nous compromisos i lideratges, des d'alguns veterans militants de la CNT (José Aparisi, Gonzalo Bernabeu) a joves de la JOC (José Vidal, Jesús Cascant), passant pels primers representants d'una renovada UGT (Sergio Ferri, Armando García Miralles) i, sobretot, del grup àmpliament hegemònic de CC.OO. (Pep Linares, Ricardo Llopis, Emilio Olcina, Paco Valor…).

El fracàs insurreccional de 1873 tingué també, a més de la repressió policial i judicial, greus conseqüències socials: la venjança patronal retallà en un 20% els salaris, augmentaren els acomiadaments i les llistes negres, mentre empitjoraven encara més les condicions de vida (alimentació, salubritat, malalties…) dels treballadors (fins al punt de que durant els 20 anys següents es reduí la talla mitjana dels quintos alcoians!) i les seues organitzacions romandran ilegalitzades durant molt de temps, arran del col.lapse de la Iª República i la reinstauració canovista, mentre s’eixamplava la divisió entre els dos grans corrents del moviment obrer internacional (anarquistes i marxistes).

Hegemonia anarquista

Les associacions obreres romandran prohibides fins a 1887 i a l’any següent es crearà la UGT impulsada pels socialistes, la presència dels quals serà per molt temps minoritària entre els treballadors alcoians, atesa l’hegemonia que mantindrà l’anarcosindicalisme durant les dècades següents, especialment a partir de 1910 en què es constituí la CNT, al Congrés fundacional de la qual hi participaren dos delegats locals (Rogelio Cantó i Rafael Bernabeu).

D’aleshores ençà, el sindicalisme actuarà -malgrat les diferències internes- com l’expressió més fefaent de la centralitat del treball i la urgència de la qüestió social que, des de 1890, farà del 1er de Maig una convocatòria de solidaritat internacional i reivindicació obrera. En Alcoi aquella primera manifestació s’ajornà fins al dia 5 i en participaren vora 2.000 treballadors, confirmant l’inici d’un nou cicle de lluita obrera que assolirà, des d’aleshores, alts nivells de conflictivitat laboral.

Les dues primeres dècades del segle XX seran les del creixement de la indústria alcoiana, per la utilització de l’energia elèctrica, el desenvolupament de nous productes i l’obertura d’altres mercats, la construcció de grans factories (Mataix, Matarredona, Carbonell, Terol, Bambú…), especialment a partir de 1914 a recer de la conjuntura favorable derivada de la Iª Guerra Mundial, els contendents de la qual demandaren durant uns pocs anys un important volum de productes tèxtils i mecànics.

La fi del conflicte bèl.lic impactarà negativament en la indústria alcoiana, amb el tancament de nombroses empreses, l’augment de l’atur, la pèrdua de salaris i, fins i tot, problemes de subsistència entre la població que provocaren un motí protagonitzat per les dones al mercat de queviures, factors que junt amb els efectes de la pandèmia de grip de 1918 configuraven l’escenari d’una pregona crisi social.

Durant la dictadura primoriverista (1923-1930) tornarà la repressió de les organitzacions obreres i el més descarat domini de classe de les elits locals, que es van demostrar incapaces de fer front a la greu crisi econòmica que esclataria a finals de la dècada.

El triomf de la IIª República (1931-1936) va ser rebut com una oportunitat d'avançar en la conquesta de les llibertats civils (sufragi universal, drets polítics, autonomies, divorci…) ireivindicacions socials llargament ajornades (regularització de contractes laborals, segur obligatori, jurats mixtes, negociació col.lectiva, jornada de 8 hores, …) encara que la gravetat de la crisi econòmica i el bloqueig de les forces reaccionàries dificultaren la seua consolidació.

El moviment anarquista articulat al voltant de la CNT va desplegar des del primer moment una constant activitat, tant en l'àmbit laboral (vagues, manifestacions...) com social (ateneus, publicacions, projectes culturals...) que consolidaren llur implantació entre el proletariat alcoià, tot i que el seu abstencionisme electoral i impaciència revolucionària contribuïren, de fet, a afeblir el projecte republicà.

Guerra i col.lectivitzacions

En febrer de 1936 la victòria del Front Popular, que a Alcoi aconseguí el 64,5% dels vots, accelerà la conspiració reaccionària que esclataria, finalment, el 18 de juliol i es perllongaria dramàticament durant els tres anys següents.

Com en altres indrets del país, aquí fou també la ràpida mobilització de les organitzacions obreres la que, després de posar cércol a la caserna del regiment d'infanteria, va impedir que la seua guarnició s’adherira a la rebel·lió militar, restant des d’aleshores la ciutat sota el control d’un Comitè Revolucionari, presidit pel representant de la CNT Cándido Morales, integrat pels partits d’esquerra i els sindicats que, tot i organitzar el funcionament de la producció i els serveis públics, no sempre aconseguiria garantir l’aplicació de la legalitat republicana ni evitar esclats de violència radical contra representants de la burgesia i el clergat locals, objectius freqüents de l'odi popular acumulat durant dècades d'explotació.

Les necessitats d'una economia de guerra i l'oportunitat d'implantar el programa revolucionari expliquen la decisió dels sindicats, especialment de la CNT, de socialitzar i col·lectivitzar els mitjans de producció, que havien estat prèviament confiscats. Entre agost i octubre de 1936 la pràctica totalitat de les empreses alcoianes (tèxtils, metal.lùrgiques, paperers, de la construcció i, fins i tot, del comerç i serveis…) quedaren sota control obrer i dedicades, en gran part, a la producció de material bèl.lic i articles per al front.

Les primeres empreses gestionades pels sindicats van ser les 30 del sector metal·lúrgic amb vora 1.500 operaris, mitjançant acord signat amb els seus propietaris, constituint-se com a Indústries Metal·lúrgiques Alcoianes Socialitzades (ISMA), poc després ho foren les del sector tèxtil (128 empreses i 6.000 treballadors) sota control de CNT i, finalment, les Papereres Col.lectives CNT-UGT (12 fàbriques i 2.000 operaris), així com les d'altres subsectors de menor entitat, completant així un procés que resultaria paradigmàtic entre les col.lectivitzacions industrials durant el conflicte arreu del país.

Cal fer constar que la gestió de les empreses socialitzades fou, en termes generals, econòmicament eficient, socialment equitativa i tècnicament eficaç, malgrat el sabotatge dels quintacolumnistes i els bombardejos de l’aviació italiana que causaren ací 64 morts i afectaren a 22 empreses. Amb tot i això, en acabar la guerra les fàbriques alcoianes col.lectivitzades foren entregades als antics propietaris en perfectes condicions operatives per a continuar treballant.

Con la aprobación de la Constitución, ampliamente refrendada en diciembre de 1978, se cerraba el ciclo de consenso inaugurado por los Pactos de la Moncloa y se iniciaba una nueva fase caracterizada por los reajustes estratégicos de los principales actores políticos (elecciones generales de marzo de 1979) y sociales (nuevo modelo de concertación).

Los sindicatos mayoritarios habían dado su apoyo a un texto constitucional que los reconocía como soporte esencial del Estado social (art. 7) y consagraba los derechos de asociación y huelga (art. 28), negociación colectiva y conflicto laboral (art. 37), así como los de participación en la empresa, las instituciones (art. 129) y en la planificación económica (art. 131.2), lo que constituía una clara ruptura con los principios del liberalismo clásico y del autoritarismo de la dictadura.

La construcción de un nuevo sistema de relaciones laborales

En aplicación de lo establecido en el artículo 35.2 de la Constitución, en junio de 1979 se inició la tramitación parlamentaria del Estatuto de los Trabajadores (ET), lo que junto al Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) suscrito el 10 de julio de ese mismo año por UGT y CEOE, constituye el origen, legal y social, del nuevo sistema de relaciones laborales basado en la concertación corporatista que iba a desarrollarse durante la década siguiente en un proceso no exento de problemas y contradicciones que provocó, inicialmente, la ruptura del frente sindical.

Y es que sobre las culturas sindicales diferentes de CC.OO. y UGT operaba, asimismo, la estrategia de sus, entonces, referentes políticos (PCE y PSOE) de manera que mientras CC.OO. propugnaba negociaciones tripartitas que confirieran protagonismo al partido, UGT optaba por un modelo bilateral (sindicato/patronal) que no interfiriese en la estrategia socialista como alternativa de gobierno.

El ABI estableció, por primera vez, el reconocimiento mutuo entre organizaciones sindicales y empresariales y su capacidad para el establecimiento de acuerdos de eficacia general, criterios ambos que se incorporarían al ET en proceso de discusión parlamentaria, en lo que constituyó la primera muestra de legislación negociada, siquiera sea por partidos afines interpuestos, cambiando asimismo el ámbito de definición de las relaciones laborales desde el marco político (Pactos de la Moncloa) al laboral (diálogo social y negociación colectiva), protagonizado por los legítimos agentes sociales.

Meses después (el 5 de enero de 1980), la patronal y el “sindicato socialista” firmaban el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), como correlato práctico de la declaración de principios que había sido el ABI, convirtiéndose desde entonces en el paradigma procedimental de la concertación social. En cuanto a su contenido sustantivo, el AMI estableció los criterios reguladores de la representatividad sindical para intervenir en la negociación colectiva (acreditar un mínimo del 10% de los delegados electos en el ámbito correspondiente), lo que sería posteriormente consagrado por la legislación (art. 87 ET), incluyendo, asimismo, orientaciones en materia salarial, de jornada, productividad, absentismo, etc.

La negativa de CC.OO. a suscribir el AMI ha sido considerada por muchos analistas como un error estratégico pues no sólo no consiguió impedir su aplicación en la negociación colectiva posterior, sino que provocó su aislamiento temporal y la progresiva pérdida de su anterior hegemonía electoral en beneficio de UGT que empataría en las elecciones de 1980 y ganaría las realizadas entre 1982 y 1994, invirtiéndose desde entonces los resultados de ambas organizaciones.

El Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) fue el primero de carácter tripartitosuscrito en junio de 1981 por Gobierno, patronal y sindicatos (incluyendo en este caso a CC.OO.), como expresión de cohesión democrática tras la intentona golpista del 23-F, y en él se regulaba la participación institucional de los agentes sociales junto a medidas de fomento del empleo, reforma de la Seguridad Social, etc., que se renovarán regularmente en los pactos corporatistas de los siguientes años de recesión ya con gobierno socialista, hasta el agotamiento del modelo a partir de 1987 cuando una recuperación sostenida justifique el cambio de estrategia de los sindicatos desde posiciones defensivas a otras de tipo propositivo, exigiendo un giro social que garantizase un mejor reparto del crecimiento.

Dicha secuencia parece confirmar para el caso español la hipótesis de que durante épocas de crisis económica los trabajadores prefieren una estrategia sindical de negociación más que de confrontación, que les permita mantener el trabajo actual aún a costa de aplazar a futuro otras reivindicaciones, lo que se traducirá en una significativa evolución de la actividad huelguística que desciende en los primeros años de concertación (1980-1983) para repuntar cuando esta fracasa en la fase más dura de la reconversión industrial (1984), disminuyendo de nuevo con la aplicación del Acuerdo Económico y Social (1985-1986) y recuperando luego una tendencia al alza que llegará a su más alto nivel en 1988 con la huelga general del 14-D.

Con carácter complementario a los procesos de regulación normativa (Estatuto de los Trabajadores de 1980, Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985) y desarrollo institucional (concertación social, negociación colectiva), durante estos años clave en la construcción del nuevo modelo de relaciones laborales se consolidó, asimismo, la autonomía sindical, recuperándose finalmente la unidad de acción entre sus organizaciones más representativas.

Fue primero CC.OO. quien, dos años después de que su secretario general dimitiese como diputado comunista, estableció un régimen estricto de incompatibilidades de sus dirigentes respecto de cargos de representación partidaria (artículo 22 de los Estatutos aprobados en su III Congreso, de 1983), lo que contribuyó decisivamente a legitimar la estrategia de su organización y le salvó de la dinámica autodestructiva del PCE que se deslizaría fatalmente desde entonces hacia posiciones tan radicales como marginales.

En el caso de UGT la ruptura de su dependencia orgánica y estratégica de la “familia socialista” tardaría más en formalizarse, tras la primera crisis que representó su oposición a la reforma de la Seguridad Social planteada en 1985 por el gobierno del PSOE y la posterior dimisión de Nicolás Redondo como diputado (octubre de 1987), alcanzando su mayor punto de tensión en vísperas del 14-D. hasta ser finalmente aceptada por el propio partido que en su 32º congreso eliminó la doble afiliación.

Fue precisamente la oposición sindical autónoma a las medidas flexibilizadoras del mercado de trabajo impulsadas por el gobierno de Felipe González la que facilitó de nuevo la confluencia unitaria entre CC.OO. y UGT que, tras contribuir decisivamente al éxito del 14-D, se confirmaría de forma permanente hasta la actualidad.

Aquella gran huelga general fue seguida por nueve millones de trabajadores y la participación en la misma excedió con mucho el ámbito laboral, paralizando la actividad económica y social del país en un impresionante ejercicio de protesta cívica, al tiempo que proyectaba una poderosa imagen, tan simbólica como real, de la capacidad de respuesta colectiva frente a las imposiciones del poder público que ignoraban las propuestas sindicales de “giro social”, tan necesario como posible, en un contexto en el que se consolidaba la recuperación económica y se asistía a una exhibición obscena de la riqueza de unos pocos frente a las demandas de la mayoría.

El 14-D representó, asimismo, la normalización del conflicto social y la legitimidad de los sindicatos, como representantes institucionales del trabajo, para ejercerlo, así como su capacidad de articular movimientos y reivindicaciones laborales y de ciudadanía como las que promovió posteriormente la “Propuesta Sindical Prioritaria” en las negociaciones de 1989-1990 con el gobierno de las que resultaron, entre otros importantes acuerdos de contenido claramente socialdemócrata, la Ley de Pensiones no contributivas, la universalización de la sanidad, las garantías de acceso a la formación profesional y la mejora de la cobertura de las prestaciones por desempleo

Concluía así el ciclo de transición sindical iniciado primero en la lucha contra la dictadura y desarrollado luego en el proceso de consolidación democrática y regulación normativa e institucional de las relaciones laborales en convergencia con los standares existentes en la Unión Europea.

Desde entonces, el sindicalismo español ha consolidado su representatividad y capacidad de interlocución, en un proceso no exento de dificultades, como actor social (agregación, representación y defensa de intereses de los trabajadores) y factor de igualdad, actuando tanto sobre la primera distribución de la renta (salarios, condiciones de trabajo, regulación del mercado laboral) a través de la negociación colectiva, como sobre los mecanismos propios de la segunda re-distribución (política fiscal, prestaciones sociales, Estado de Bienestar) mediante la presión social y participación institucional.

El multitudinario entierro de los abogados de Atocha, el 26 de enero de 1977, constituyó la mayor y mejor demostración del compromiso del movimiento obrero y sindical en la lucha por la libertad, legitimó su intervención y contribuyó, decisivamente, a acelerar los procesos de cambio.

De hecho, en los tres meses siguientes, fueron legalizados partidos y sindicatos, liberados los presos políticos, retornaron numerosos exiliados y se convocaron las primeras elecciones democráticas en cuarenta y un años, abriendo paso a un auténtico proceso constituyente, lo que real y simbólicamente constituía una clara ruptura con el pasado.

La transición sindical

En el ámbito sindical los cambios se concentraron a lo largo del mes de abril, primero con la publicación en el BOE de la Ley 19/1977 de Asociación Sindical (LAS), que liquidaba cuatro décadas de verticalismo y reconocía el derecho de trabajadores y empresarios a desarrollar sus respectivas organizaciones, pasando luego por la ratificación de los principales convenios de la OIT y terminando, el día 28, con el registro y legalización oficial de Comisiones Obreras, UGT y otras organizaciones menores.

Se trataba, con todo, de una situación precaria, tanto en términos coyunturales (tres días después de la legalización de los sindicatos, la manifestación del 1º de Mayo por ellos convocada era duramente reprimida) como, sobre todo, estructurales (incertidumbre política, agravamiento de la crisis económica, marco de relaciones laborales anacrónico), configurando la “anomalía fundacional” del sindicalismo español que iniciaba así su trayectoria en las más difíciles circunstancias, lo que retrasaría su convergencia con las pautas de intervención de sus homólogos europeos, que se habían consolidado durante las tres décadas anteriores en un marco más propicio, caracterizado por sistemas de producción fordista, economía keynesiana y desarrollo del Estado de Bienestar.

Pese a las grandes expectativas generadas, el desarrollo de los nuevos sindicatos pronto se vería limitado por diversos factores de carácter tanto endógeno (fragilidad de sus estructuras organizativas y de encuadramiento) como exógeno (agravamiento de la crisis económica), lo que afectaría a su capacidad organizativa y de intervención.

En el primer caso, el boom afiliativo inicial llegó a situar las tasas correspondientes en niveles medio-altos, al menos en algunos sectores y regiones industriales, registrando en los dos años siguientes una tendencia a la baja hasta estabilizarse, al comenzar la década de los ochenta, en torno al millón de afiliados, equivalente al 13% de los asalariados.

Por su parte, el espectacular incremento de los cierres de empresa, expedientes de crisis y despidos provocaba, en ausencia de una regulación legal y cobertura social adecuadas, tanta conflictividad en las protestas como impotencia en las propuestas, colocando a los sindicatos en posiciones socialmente defensivas y políticamente subsidiarias, sobre todo tras las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, que inauguraban un nuevo ciclo de consenso parlamentario y desarrollo institucional.

El primer gran acuerdo de aquellas Cortes Constituyentes fue la Ley de Amnistía 46/1977, de 15 de octubre, que ampliaba con carácter general, incluida su dimensión laboral, el decreto parcial de julio del año anterior, siendo aprobada por todos los grupos de la Cámara, salvo Alianza Popular, y saludada emocionadamente, entre otros, por el líder de Comisiones Obreras para quien representaba “la forma más democrática y consecuente de cerrar un pasado trágico de guerras civiles y abrir la vía de la paz y la libertad”.

Similar consenso partidario se alcanzó en los llamados Pactos de la Moncloa (27-10-77) que, en su vertiente política, sentaron las bases de la futura Constitución y en la socio-económica trataron de hacer frente a una crisis que presentaba ya indicadores alarmantes (44% de tasa de inflación, 11.000 millones de dólares de déficit exterior, espectacular crecimiento del paro) mediante medidas de saneamiento, austeridad, fiscalidad, reformas estructurales (de la Seguridad Social, pensiones y cobertura del desempleo) y política de rentas (cambios en la indexación salarial)

Se trataba de un pacto político (en la línea del “compromiso histórico” propuesto unos años antes en Italia por el secretario general del PCI, Enrico Berlinguer), en el que no participaron los sindicatos por razones imputables tanto a una “cierta subordinación partidaria” como a su indeterminación representativa (las primeras elecciones sindicales no se celebraron hasta unos meses después), pese a lo que aportaron un posterior apoyo críticono exento de dificultades y contradicciones.

Además de su indudable contribución a la estabilización económica y consolidación democrática, los Pactos de la Moncloa indujeron a un cambio en la estrategia sindical que, superando inercias defensivas y viejos acordes de “lucha final” arrastrados desde la época de la clandestinidad, se orientó desde entonces hacia el reforzamiento de su poder contractual y representación social.

El cambio de estrategia que representaba la posición del movimiento sindical respecto de los Pactos de la Moncloa y, posteriormente, de la Constitución, fue reiteradamente impugnado por las corrientes más radicales del mismo que insistían en calificarla de claudicante y desmovilizadora ignorando, cuando no despreciando, tanto la grandeza del intento como las dificultades del momento en que se desarrollaron.

Las elecciones sindicales y los convenios colectivos del año siguiente se encargarían de desbaratar tales descalificaciones, en la medida en que el primero de dichos procesos aclaró la representatividad de unos y de otros, mientras que el segundo demostró la capacidad de diálogo y movilización de los sindicatos ya acreditados como mayoritarios.

Reguladas provisionalmente por el Real Decreto-Ley 3.149 (que excluía a las microempresas y al sector público), las primeras elecciones sindicales libres se celebraron entre el 16 de enero y el 26 de febrero de 1978, con la participación de casi cuatro millones de trabajadores que eligieron a 191.041 delegados, cuya distribución confirmaba a CC.OO. y UGT como las organizaciones más representativas (con el 42,2 y el 26,5 por cien, respectivamente, de los representantes electos), registrando asimismo el debilitamiento de USO tras la escisión sufrida unos meses antes y situando en posiciones muy minoritarias a las opciones más radicales, tanto las históricas (CNT) como las de trayectoria más reciente y efímera (CSUT-SU).

Por su parte, la negociación colectiva de 1978 y 1979 se desarrolló en un contexto extraordinariamente complicado, caracterizado por el agravamiento de la recesión económica (segunda crisis del petróleo) que se tradujo en un aumento sostenido del paro que se prolongaría hasta finales de 1985, la ausencia de una legislación adecuada, que no llegaría hasta 1980 con el Estatuto de los Trabajadores, y la fijación gubernamental de “topes salariales” en función de los objetivos antiinflacionistas establecidos en los Pactos de la Moncloa.

Con todo, la intervención de los sindicatos, que recién inauguraban el ejercicio pleno de sus funciones de representación e intermediación de los intereses de los trabajadores, consiguió articular un amplio movimiento de presión y negociación que logró importantes incrementos salariales y mejoras sociales (reducción de jornada, control de las horas extraordinarias, vacaciones, etc.), tras protagonizar los más altos niveles de conflictividad huelguística hasta entonces registrados, desmintiendo en la práctica las acusaciones de traición y liquidacionismo que entonces se hicieron, y aún ahora se repiten de forma tan acrítica como recurrente.

Sin embargo, el recurso permanente al conflicto y la protesta era difícilmente sostenible por unos sindicatos aun débiles, lo que requería su transformación en poder contractual dentro y fuera de los centros de trabajo, dotando a sus representantes (Comités de Empresa, Secciones Sindicales, Federaciones sectoriales y Confederaciones generales) de competencias reales en materia de representación e interlocución (derechos de información, consulta, participación y negociación).

Tras la muerte del dictador a finales de 1975 se inició una auténtica “galerna de huelgas” (Sartorius) que se prolongaría, con algunas oscilaciones, durante los años centrales de la Transición (véase tabla adjunta), durante los que el volumen de conflictividad laboral se multiplicaría prácticamente por diez y resultaría decisivo para bloquear los intentos continuistas.

El franquismo murió en la calle

El ciclo de protesta se desarrolló aquí con cierto retraso respecto de los principales países de nuestro entorno (mayo de 1968 en Francia, autunno caldo de 1969 en Italia) y presentaba, asimismo, una significativa diferencia: mientras que la institucionalización de las relaciones laborales en los países europeos democráticos había aislado el conflicto político del social, en el nuestro operaba la tendencia contraria, de forma que las condiciones de la dictadura conferían contenido político a la movilización obrera que alcanzaba así un fuerte componente expresivo y acreditaba su consolidación como actor social relevante en un contexto de crisis, tanto política como económica.

Fue, precisamente, la presión social “desde abajo”, ejercida por los movimientos vecinal, estudiantil, profesional y, especialmente, obrero, la que resultó determinante para desbaratar primero las maniobras continuistas, acelerar más tarde las reformas y forzar finalmente la ruptura con el franquismo.

En el primer caso, el proyecto del Gobierno Arias pretendía alumbrar una supuesta “democracia a la española” mediante la reforma de las Leyes Fundamentales del franquismo, lo que en el plano político se intentó con la Ley de Asociación promovida por Fraga y en el sindical por una reforma de la OSE “desde arriba”, planteada por Martín Villa, con el objetivo declarado de hacer compatible el reconocimiento de un cierto pluralismo de las “organizaciones profesionales de empresarios y trabajadores” con el mantenimiento y control de las estructuras verticalistas.

Ambos intentos continuistas habrían de fracasar, tanto por las contradicciones internas del aparato postfranquista como por la oposición externa de las fuerzas democráticas y, especialmente, del sindicalismo obrero que en los primeros meses de 1976 mantenía un proceso de “movilización casi permanente”, siendo en muchos casos violentamente reprimidas sus acciones colectivas, como sucedió en las huelgas del calzado en Elda-Elche y del metal en Vitoria, en las que la intervención policial causó varios muertos, lo que incrementó el rechazo popular al gobierno de Arias Navarro, que acabaría dimitiendo el 1 de julio de aquel mismo año. 

Dialéctica reforma/ruptura

Se iniciaba entonces un proceso de inflexión en los ritmos de transición política y sindical, pues mientras que en el primer caso el nuevo gobierno Suárez recuperaría la iniciativa reformista, en el ámbito laboral se aceleraba de hecho la ruptura y los sindicatos de clase –que seguían siendo formalmente ilegales- lograban imponer su presencia e intervención, tanto en términos organizativos como de interlocución social y política, bloqueando con ello los intentos verticalistas de promover una especie de UCD-sindical y consiguiendo, en octubre de 1976, la definitiva disolución de la vieja OSE.

Así pues, en esta primera fase de la Transición el movimiento sindical demostró una importante capacidad de movilización social, anticipando en su ámbito la ruptura con el pasado y contribuyendo a acelerar los cambios también en el escenario político, en un proceso no exento de contradicciones.

Por su parte, el agravamiento de la crisis económica (el año concluiría con una inflación del 19%, junto a un fuerte incremento del paro) y las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno (congelación salarial y abaratamiento del despido) convirtieron la negociación colectiva en el escenario clave del conflicto social, ante la ausencia o debilidad de otras formas de redistribución propias del estado de bienestar, con el consiguiente repunte de la conflictividad laboral, siendo la huelga de las tres semanas del textil alcoyano (abril de 1976) un ejemplo paradigmático.

Durante dicho período se ensayaron, asimismo, estructuras unitarias como la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), constituida formalmente el 22 de julio de 1976 e integrada por CC.OO., UGT y USO, con el objetivo de articular la protesta obrera y representar al movimiento sindical en los órganos de la oposición democrática, si bien tendría una vida efímera debido a las diferencias estratégicas entre sus miembros, que pugnaban ya por desarrollar sus respectivos proyectos autónomos.

La huelga general convocada por la COS para el 12 de noviembre contribuyó, por una parte, a fortalecer las posiciones sindicales en las relaciones laborales (ruptura de los topes salariales), pero se demostró incapaz de bloquear el proyecto político del gobierno Suárez (su Ley para la Reforma Política fue ampliamente aprobada en el referéndum del 15 de diciembre siguiente), poniendo de manifiesto los límites de la tradicional estrategia resistencialista y planteando la necesidad de un nuevo modelo de alternativas proactivas que combinasen presión y negociación.

La cuestión fue objeto, desde entonces, de importantes debates y tensiones orgánicas, que en muchos casos se prolongarían durante años, entre unidad y pluralidad sindical, tradeunionismo laboral y sindicalismo sociopolítico, autonomía de los movimientos sociales o subordinación a las estrategias partidarias, movimiento asambleario o sindicato organizado…, cuyo progresivo decantamiento contribuiría a configurar la estructura y estrategia de nuestro sindicalismo.

Entre tanto, en el ámbito político se constataba la existencia de una “correlación de debilidades” (Vázquez Montalbán) entre las fuerzas del régimen y las de la oposición (ninguna de las partes se hallaba en condiciones de imponer al adversario la totalidad de sus planteamientos) lo que abrió paso a una progresiva “metamorfosis de la ruptura” (Juliá) que, superando algunos maximalismos, planteó el inicio de negociaciones formales con el gobierno Suárez en torno a los objetivos centrales de la Transición democrática (libertad política y sindical, amnistía general y convocatoria de elecciones), en un contexto especialmente difícil, caracterizado por las maniobras desestabilizadoras en las que parecían coincidir el bunker franquista y un terrorismo desnortado.

Especialmente dramáticos fueron aquellos “siete días de enero” de 1977 en los que, mientras el GRAPO mataba a tres policías y mantenía secuestrados a un general y al presidente del Consejo de Estado, la represión policial causaba la muerte de dos manifestantes y un comando de extrema derecha, vinculado a la burocracia verticalista, asesinaba en Madrid a cinco abogados laboralistas de Comisiones Obreras en su despacho de Atocha-55.

Hace ahora 50 años que la agonía (biológica y política) de la dictadura coincidió con el agravamiento de la crisis económica, al tiempo que la convergencia de la oposición democrática y el reforzamiento del movimiento sindical se tradujo en una extraordinaria eclosión de la conflictividad social (obrera, vecinal estudiantil…) que precipitaría el final del franquismo y la transición hacia la democracia.

La larga noche de la dictadura

Cualquier estudio sobre la evolución histórica de la clase obrera y del movimiento sindical en nuestro país requiere, para su adecuada contextualización, de una referencia previa al impacto de la derrota de la IIª República y la implantación de una dictadura que habría de prolongarse durante cuarenta largos años en los que el franquismo desplegó un potente aparato de represión y control de los trabajadores, en las esferas económica, laboral y política, que desarticuló su resistencia y retrasó su reconstrucción orgánica, pese a puntuales y heroicos episodios de protesta, como la del 1 de mayo de 1947 en Vizcaya, el boicot a los tranvías de Barcelona en 1951 o la huelga de Euskalduna en 1953.

Tras dos décadas de dictadura, durante las que se sumió al país en una larga noche de represión política, explotación social y retraso productivo, el franquismo se vio forzado a dar un giro “liberalizador” en su estrategia económica (Plan de Estabilización de 1959) y de gestión laboral (Ley de Convenios Colectivos de 1958), normas ambas que, sin renunciar al autoritarismo original, permitieron superar el fracaso del modelo autárquico e impulsar una nueva fase de desarrollo productivo que implicaba, entre otros cambios, la introducción de algunos elementos propios de la política empresarial neoclásica que colisionaban con la teorización unitarista del verticalismo falangista, abriendo paso a una tímida bilateralidad en el plano de las relaciones laborales, que pronto habría de ser hábilmente utilizada por los núcleos fundacionales del nuevo movimiento obrero, en la medida en que la negociación colectiva abrió una brecha, con anterioridad inexistente, que posibilitaba el conflicto, mientras que las “elecciones sindicales” permitían acumular recursos organizativos.

El inicio del ciclo desarrollista coincidirá con una serie de profundos cambios sociodemográficos en el mundo del trabajo, al que se incorporaba la primera generación que no había participado en la guerra, tras importantes flujos migratorios del campo a la ciudad, con nuevas demandas salariales, de accesos a vivienda y bienes de consumo, etc, y que será la que protagonice el despertar de una nueva conflictividad obrera durante la década de los sesenta, cuyo inicio simbólico podemos situar en las huelgas de 1962 en Asturias y el movimiento de solidaridad que convocaron.

Hacia un sindicalismo de nuevo tipo

Es en este contexto en el que cabe situar la emergencia de un nuevo sindicalismo de carácter asambleario, estructuras flexibles en los centros de trabajo, estrategia instrumental, orientación unitaria y proyección socio-política, conocido genéricamente como el movimiento de las comisiones obreras que pronto alcanzará una amplia difusión mediante la utilización, a partir de 1966, de las instancias representativas de base del corporativismo oficial (enlaces y jurados de empresa) y su articulación con la propia organización clandestina, especialmente tras la sentencia del Tribunal Supremo que en febrero de 1967 las declaraba ilegales.

Dicha estrategia entrista, rechazada por los sindicatos tradicionales (UGT, CNT), permitirá a CC.OO. y, en menor medida, a USO, el desarrollo de amplias redes de coordinación y participación en la negociación colectiva y la movilización social, combinando las reivindicaciones laborales con demandas políticas más o menos explícitas, generando un ciclo de protestas que seguirá un ritmo creciente hasta el final de la dictadura, impulsado por sindicalistas adscritos a diferentes corrientes de la izquierda y con la significativa participación de grupos cristianos y curas obreros.

Entre 1963 y 1973 se registraron, según datos oficiales, una media de 786 huelgas “ilegales”, con la participación de 232.800 trabajadores y un total de 681.500 jornadas no trabajadas por año. Pese a las restricciones impuestas por la dictadura, dicha oleada de huelgas se caracterizó por la aparición de nuevos actores (representantes electos, comisiones de trabajadores), sectores (junto a los tradicionales de la industria y la construcción se incorporaron profesionales bancarios, docentes, de la sanidad pública…) y formas de acción (asambleas, coordinadoras) vinculadas a la negociación de los convenios colectivos.

Especialmente significativa resultaba la creciente participación de mujeres trabajadoras en dichos procesos, lo que contribuyó progresivamente a superar su anterior invisibilidad y/o subsidiariedad en las luchas obreras, mediante un protagonismo activo en las huelgas de sectores feminizados (textil, sanidad, cerámica, limpieza…) y la renovación de la cultura sindical tradicional a la que trataban de incorporar, no sin dificultades y resistencias, valores y demandas feministas.

La evaluación del impacto de dichas huelgas fue objeto de un interesante debate sociológico según se apuntara a estrategias previas de creciente politización o consecuencias ex post de las mismas, pues si bien la mayor parte de tales conflictos se centraba, fundamentalmente, en demandas laborales, su práctica y expansión constituían, de hecho, un desafío al régimen y cuestionaban su legitimidad, poniendo de manifiesto su carácter antiobrero y represivo, como se demostró dramáticamente en las huelgas de la construcción de Granada (julio de 1970) y de la construcción naval en Ferrol (marzo de 1972), en las que fueron asesinados varios trabajadores.

La represión contra el movimiento sindical y la oposición democrática se había institucionalizado a partir de 1963 con la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) que, en sus trece años de actividad, incoó un total de 22.600 procedimientos que afectaron a 53.500 personas. De forma paralela y complementaria a la represión policial y judicial se ejercía otra de carácter empresarial sobre los representantes elegidos por los trabajadores, de los que un diez por cien, aproximadamente eran destituidos/despedidos cada año

Las detenciones en febrero de 1972 del Secretariado de USO y en junio de la Coordinadora General de CC.OO. constituyeron el punto más álgido de un ciclo represivo que se había iniciado dos años antes con el estado de excepción declarado con motivo del Juicio de Burgos, dejando prácticamente descabezadas a las dos principales organizaciones sindicales de la época, lo que junto al impacto de la crisis económica que estallaría al año siguiente, provocó un relativo estancamiento de la protesta obrera, iniciándose a partir de entonces una trabajosa recomposición desde la base en la que desempeñaron un papel fundamental los despachos laboralistas, en funciones tanto de asesoría legal como de espacios de encuentro y coordinación del nuevo movimiento sindical.

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, establece como un deber ineludible conocer y divulgar la trayectoria de los movimientos colectivos y personas individuales que participaron en la conquista de la libertad. Es en ese marco en el que pretende situarse el blog que abrimos hoy, 1º de Mayo, acogiéndonos a la hospitalidad de elDiario.es y atendiendo al imperativo ético de aquel hermoso verso de Cernuda: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros!. 

El objetivo de este espacio será, desde ahora, la reivindicación de la memoria obrera, sus luchas, organizaciones y protagonistas, desde el convencimiento de que el movimiento sindical fue clave en la reconstrucción de la razón democrática, articulando la defensa de sus demandas sociales y económicas con la exigencia de libertades civiles. 

Se trata, pues, de seguir el hilo rojo que une las reivindicaciones de ayer con los derechos de hoy y las esperanzas de mañana en defensa de la dignidad del trabajo y de las personas trabajadoras, aportando información, testimonios y análisis procedentes tanto del ámbito académico como del sindical, con especial referencia al País Valenciano. 

A tal efecto, constatamos que la producción historiográfica sobre el mundo del trabajo ha seguido en los últimos cincuenta años una línea discontinua y hasta hace poco decreciente, que tenía su reflejo también en la producción cultural (ensayo, literatura, cine, periodismo, etc.), ámbitos en los que durante décadas no parecía haber sitio para el trabajo y el conflicto social. 

Los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia registraron un volumen significativo de estudios y publicaciones sobre los orígenes y reconstrucción del movimiento obrero. En el ámbito de nuestra Comunidad cabe destacar, entre otros, los excelentes trabajos de Ramiro Reig (Obrers i ciutadans. Blasquisme i moviment obrer), Xavier Paniagua y José Antonio Piqueras (Trabajadores sin revolución: la clase obrera valenciana), Josep Picó (El moviment obrer al País Valencià sota el franquisme) y Jesús Sanz (El movimiento obrero en el País Valenciano). 

Tras esta primera fase caracterizada por la necesidad de documentar el pasado reciente y reivindicar la resistencia democrática a la dictadura, en la que el movimiento sindical tuvo un protagonismo decisivo, una oleada de fatuo desencanto y sedicente postmodernidad se ocupó -durante las tres décadas siguientes- de teñir displicentemente la investigación e información sobre asuntos socio-laborales con tonos arcaizantes y vintage, al tiempo que los cambios en las estructuras de producción y reproducción socio-económica parecían desplazar el conflicto desde el eje materialista (capital/trabajo) hacia entornos y dinámicas post-materialistas (género, medio ambiente, centro/periferia…), lo que se reflejará, asimismo, en la producción intelectual de la época, tanto ensayística como narrativa. 

La crisis económica de 2008-2015 y sus devastadores efectos sociales, agravados por los recortes y reformas desreguladoras del mercado de trabajo, rompieron el espejismo autocomplaciente de una pretendida sociedad de clases medias aspiracionales, al tiempo que el incremento de la precariedad laboral y vital ponía dramáticamente de manifiesto el retorno de la cuestión social (paro, desigualdad, injusticias…) 

Desde entonces,  y tras décadas de marginalidad, el mundo del trabajo (sus escenarios, actores y dramas) ha ido recuperando visibilidad mediática, generando una creciente producción sociológica, literaria y documental sobre sus luchas y esperanzas…, de la que éxitos recientes como la película El 47 o series de televisión como La conquista de la democracia constituyen la prueba fehaciente de que el relato de la memoria obrera y la resistencia democrática no sólo resultan justos y necesarios sino que comienzan a satisfacer demandas largamente aplazadas. 

Esta inversión de la tendencia se registra también en el ámbito de los estudios históricos y proyectos memorialistas, si bien de forma aún insuficiente y un tanto dispersa. En los últimos años se han publicado importantes investigaciones y monografías sobre el movimiento obrero y sindical valenciano atendiendo a diferentes ámbitos (territorial, sectorial, de empresa, etc.) y perspectivas (género, migraciones, salud laboral, etc.), al tiempo que se consolidaban instituciones y redes de documentación y difusión de la memoria obrera y democrática, adscritas tanto a las Universidades como a asociaciones (Instituto Obrero, Red XEIM, CAMDE) y sindicatos (FEIS-CC.OO. y Fundación Pascual Tomás de UGT). 

El blog que ahora inauguramos pretende contribuir a ese proceso de recuperación y dignificación de la memoria obrera, huyendo de la nostalgia paralizante que denunciaba Enzo Traverso en uno de sus mejores libros (Melancolía de izquierda) y asumiendo el compromiso activo de documentar y difundir el relato coral de las luchas, proyectos y alternativas de quienes en los tiempos oscuros rompieron el silencio impuesto y se levantaron aquí contra la injusticia y por la dignidad del trabajo, conquistando los derechos que hoy nos corresponde defender y ampliar. 

Con la declaración del estado de alarma (RD 463/2020, de 14 de marzo) se iniciaba un confinamiento generalizado que, tras sucesivas prórrogas, se prolongaría hasta el 21 de junio, lo que implicaba, entre otras medidas socio-sanitarias, la práctica paralización de todas las actividades productivas y comerciales no consideradas esenciales, con la paradoja resultante de que cuanto más individualmente aislados debíamos permanecer en el ámbito privado…, más necesaria resultaba la protección colectiva desde el sistema público.

Mientras aumentaba cada día el número de fallecidos (hasta alcanzar el pico de 950 el 2 de abril) y se generaba una oleada espontánea de solidaridad civil (…aquellos aplausos a las 8 de la tarde de ventana a ventana), colapsaba el sistema económico y se registraba la destrucción de más de un millón de empleos en sólo dos semanas.

La rápida intervención del Gobierno se concretó en una intensa producción normativa (cinco Reales Decreto durante la segunda quincena de marzo), para hacer frente al impacto del COVID, lo que permitió iniciar el despliegue de un amplio escudo social en materia sanitaria, educativa, laboral y de seguridad, con especial referencia a la defensa del empleo, la continuidad de las empresas y la protección de los trabajadores afectados.

A diferencia de lo ocurrido durante la anterior recesión (2008-2013) que se gestionó conforme a criterios neoliberales que permitían a las empresas externalizar los costes de la crisis a los trabajadores (despidos, recortes salariales y de las pensiones, desregulación y precariedad laboral), la estrategia socialdemócrata del nuevo gobierno se orientó durante la pandemia (2020-2023) a garantizar primero el mantenimiento de los puestos de trabajo, evitando el recursos generalizado al despido como mecanismo de ajuste de las empresas, facilitando luego la recuperación de la actividad productiva, lo que representaba un auténtico cambio de paradigma, consolidado más tarde a través del diálogo social por la reforma laboral y una exitosa política económica que no sólo permitió recuperar el empleo perdido, sino que ha hecho posible la creación desde entonces de más de tres millones de nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar actualmente los 21,5 millones de ocupados.

El factor diferencial entre ambas crisis fue la aplicación de mecanismos protección social y flexibilidad interna en las empresas, que garantizaban la continuidad de los puestos de trabajo y la percepción de los salarios de los trabajadores, a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

La gestión de los ERTEs: entre el riesgo y la esperanza

Se trata de una figura jurídica (art. 47 del Estatuto de los Trabajadores) escasamente utilizada hasta entonces (en 2019 se presentaron poco más de 20.000 solicitudes) que tras los cambios introducidos por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, para flexibilizar su tramitación y ampliar su cobertura, se convirtió en la medida estrella del escudo social pactado entre el Gobierno y los agentes sociales y gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Según el correspondiente balance de gestión (file:///C:/Users/perej/Downloads/SEPE_INFORME_COVID%20(1).pdf), entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de abril de 2022, el SEPE reconoció prestaciones por ERTE a 4.188.362 trabajadores (439.942 en la Comunidad Valenciana), por un total de 16.040 millones de euros. 

Durante el mismo período continuaron tramitándose las prestaciones ordinarias por desempleo por causas ajenas a la COVID, de manera que en cómputo global y desde las 711 oficinas del SEPE (56 de ellas en la Comunidad Valenciana) se aprobaron en dos años 13.422.767 nuevas prestaciones, con un coste total de 48.595 millones de euros.

Declarado, desde el inicio del estado de alarma, como “servicio esencial”, el SEPE fue, junto con Sanidad y los cuerpos y fuerzas de Seguridad, de los pocos organismos públicos que continuaron plenamente operativos durante todo el confinamiento para hacer frente a tan importante sobrecarga de trabajo, siendo también el primero en recuperar escalonadamente la atención presencial a las personas demandantes, lo que en nuestra Comunidad se realizó a partir del 15 de junio de 2020.

Aunque apenas han transcurrido cinco años desde entonces, resulta muy difícil imaginar ahora la distopía cotidiana de aquellas jornadas dramáticas en que los funcionarios del SEPE (7.782 a nivel nacional y 710 en nuestra Comunidad) debían acudir a sus oficinas por calles desiertas y con el miedo en el cuerpo, porque de su trabajo dependía el salario y el empleo de millones de trabajadores. Todo ello, además, sin disponer al principio de los necesarios sistemas de protección, lo que provocaba frecuentes contagios que obligaban a desinfectar las instalaciones y aislar a los posibles contactos.

Con objeto de minimizar los riesgos se autorizó pronto el teletrabajo al personal vulnerable y con cargas familiares, sin contar inicialmente con los medios técnicos necesarios, por lo que los trabajadores del SEPE tuvieron que utilizar sus propios recursos informáticos. Mientras tanto, la mitad de la plantilla continuó trabajando en las correspondientes Oficinas de Prestaciones, a las que se incorporaron incluso funcionarios voluntarios procedentes de otras Administraciones que habían paralizado sus actividades, en un ejercicio de solidaridad y compromiso con el servicio público realmente admirables.

La creciente demanda y las limitaciones derivadas del confinamiento aceleraron los mecanismos de renovación técnica, procedimental y de gestión de las prestaciones del SEPE, tanto ordinarias (desempleo) como extraordinarias (ERTEs), de cuya magnitud dan cuenta los datos correspondientes a las citas previas tramitadas durante los dos años citados (12.680.066), las consultas telefónicas atendidas (7.008.457) y los accesos a la sede electrónica del organismo (271.840.529).

Con todo, la complejidad de los procesos de tramitación y reconocimiento de las prestaciones que, en condiciones normales, la red del SEPE gestionaba sin demora a razón de 24.000 solicitudes diarias, amenazaba ahora con colapsar el sistema ante el crecimiento exponencial de los ERTEs, lo que obligó a flexibilizar los procedimientos administrativos, pasando de las solicitudes individuales a las colectivas de empresa, potenciando al mismo tiempo la renovación tecnológica de la gestión, garantizando el pago mensual a sus perceptores.

Fue precisamente un informático adscrito a la Dirección Provincial del SEPE en Valencia el que diseñó un programa que, tras ser felizmente bautizado como HOPE (esperanza), lograría optimizar los procesos de tramitación y atender las demandas acumuladas, llegando a gestionar a finales de abril más de 320.000 solicitudes en un solo día y logrando que el 2 de mayo seis millones de trabajadores cobraran sus prestaciones. 

Con todo, el extraordinario volumen de datos y documentación que las garantías del proceso requerían en aquellas circunstancias, generaba también errores formales y de tramitación que, en ocasiones, demoraban la percepción de las prestaciones por los interesados. Aunque el porcentaje de cobros atrasados o indebidos no llegara a superar el 2%, fue motivo de una lamentable campaña de bulos y desinformación, alimentada por las redes de extrema-derecha, que iría deshinchándose progresivamente conforme se depuraban los errores y confirmaban las prestaciones.

Un modelo de buenas prácticas

Aunque no fue sólo la derecha más extrema la que atacó burdamente el nuevo modelo de gestión de la crisis que representaron los ERTEs y otras medidas del escudo social como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado también en plena pandemia (Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo), despectivamente calificado como “paguita”, y que desde entonces ha seguido mejorando su cobertura (972.963 hogares, en los que viven 2.894.029 personas) y prestaciones (14.132,8 millones de euros).

Desde la órbita del Partido Popular se intentó también deslegitimar dicha política social, no sólo a través de numerosas fake-news propaladas por sus terminales mediáticas, sino por los análisis pretendidamente rigurosos de quien había sido responsable de su programa económico y candidato efímero al Congreso por Madrid en las elecciones de noviembre de 2019 que negaba la eficacia protectora de los ERTEs y, en un arrebato apocalíptico, auguró la destrucción de 900.000 empresas y que la tasa de paro alcanzaría el 35% sobre la población activa (entrevista a Daniel Lacalle, El Mundo, 31-03-20).

La realidad, como inapelable factor de verificación, se encargaría pronto de impugnar tan negativos pronósticos: los ERTEs, junto con la protección a los trabajadores autónomos (13.000 millones de euros en ayudas por cese de actividad) y los préstamos ICO a las empresas (114.000 millones) demostraron su eficacia, permitiendo recuperar en sólo 15 meses los niveles de empleo existentes antes de la pandemia, mientras que en la crisis anterior -gestionada conforme a criterios liberal/conservadores- tardaron 12 años en hacerlo.

Un exhaustivo informe comparativo de la OCDE (https://www.oecd.org/en/publications/preparing-erte-for-the-future_a70bf8ec-en/full-report.html) confirmaría más tarde dicha evaluación positiva, declarando a los ERTEs como “modelo de buenas prácticas” que habrían garantizado la continuidad de unas 600.000 empresas y los salarios de 4,2 millones de trabajadores durante la pandemia (equivalente al 24,6% de la población asalariada en el sector privado a nivel nacional), generando asimismo un importante efecto multiplicador: por cada trabajador cubierto por los ERTEs “se salvaron entre 1,1 y 2,2 puestos de trabajo”.

El estudio confirma que, efectivamente, los ERTEs gestionados por el SEPE en circunstancias muy difíciles lograron defender el empleo y parar el paro puesto que, en ausencia de dicho escudo social la tasa de desempleo (14,4% en el primer trimestre de 2020) habría sido al menos cuatro puntos porcentuales superior durante los 18 meses siguientes, mientras que en la actualidad ha descendido hasta el 10,6%.

Finalmente, la OCDE considera positivo el saldo presupuestario de la inversión realizada a través de los ERTEs para el mantenimiento del empleo, que se habría compensado con creces con menores gastos en prestaciones por desempleo y mayores ingresos fiscales.

Se trata, pues, de un modelo socialmente justo y económicamente sostenible para hacer frente al impacto de la crisis, como se demostró durante la COVID y de nuevo ahora con la DANA, dando cobertura de prestaciones hasta ahora a 25.110 trabajadores valencianos de las zonas afectadas, por un total de 39,2 millones de euros.

Tanto entonces como ahora, es de justicia dejar constancia del buen hacer profesional y del compromiso cívico como servidores públicos de quienes trabajan diariamente en el SEPE…y que, durante unos años, fueron también mis compañeros.

Según diversas estimaciones, la población afectada en su actividad o sus bienes alcanzaría la cifra aproximada de 600.000 personas, lo que supone algo más de la quinta parte del censo total de la provincia de Valencia, de los que el 23,3% son menores de 16 años y el 26,7% mayores de 64, correspondiendo el bloque central a personas en edad laboral.

Si en una colaboración anterior (El escudo social contra la DANA) analizaba la regulación legal y cobertura real de las medidas destinadas a paliar el impacto de las inundaciones sobre el empleo y la actividad económica (ERTEs, prohibición de despidos, créditos ICO a las empresas y prestaciones a los autónomos por cese de actividad…) se trataría ahora de identificar los perfiles y dimensiones de los colectivos más vulnerables para evaluar, seguidamente, el alcance y límites de la acción protectora del Estado.

Población en riesgo de pobreza y exclusión

Según el último informe de la sección española de la European Anti-PovertyNetwork, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE correspondiente a 2023, el 29,6% de la población de la Comunidad Valenciana se considera en situación potencial de riesgo de pobreza y/o exclusión social, porcentaje que se reduce al 10,7% si consideramos sólo a la población en situación real de pobreza severa, la que sobrevive con ingresos inferiores al 40% de la renta nacional mediana, es decir, con menos de 611 euros mensuales por unidad de consumo.

Se trata de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, integrados por personas y grupos familiares afectados, en mayor o menor grado, por los diferentes factores de desigualdad y exclusión: precariedad laboral, paro de larga duración, emigración irregular, déficit habitacional, marginación social, etc.

El citado Informe demuestra que en ausencia de las transferencias sociales y la acción protectora del Estado impulsada en los últimos años por el gobierno progresista (revalorización de las pensiones, aumento del salario mínimo, IMV, topes al coste de la luz y el gas, etc.) la tasa de pobreza severa crecería hasta el 31,5% de la población valenciana.

Con todo, son los colectivos vulnerables los que más duramente han sufrido el impacto diferencial de la DANA y requieren ahora de una mayor y mejor protección social para evitar que se cronifique, o incluso agrave, su situación de pobreza y exclusión.

Medidas específicas de protección

El primer paquete de ayudas sociales para estos colectivos se incluyó en el Real-Decreto Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se establecía un incremento automático del 15% para las pensiones no contributivas (invalidez, jubilación…) y el Ingreso Mínimo Vital. En los municipios afectados por la DANA son 10.500 los perceptores de dichas pensiones y 23.400 los hogares beneficiarios del IMV (en los que viven 69.500 personas), cuya cuantía oscilaba hasta el pasado mes de octubre entre los 497 y los 814 euros mensuales.

Se ha fijado también una subida adicional del 30% al complemento de ayuda a la infancia (CAPI, equivalente a 150 euros/mes) asociado al IMV que, en la zona de referencia, perciben 10.350 hogares vulnerables en los que viven 30.000 menores.

Por otra parte, ante la imposibilidad total o parcial de prestar servicios en el ámbito del empleo doméstico y de los cuidados, se reconoce expresamente la aplicabilidad a las trabajadoras de este sector (17.389 de alta en la Seguridad Social en la provincia de Valencia) del régimen especial de prestación por desempleo previsto para los casos de fuerza mayor, con una cuantía salarial equivalente al 70% de su base reguladora, sin necesidad de período de carencia previo ni posterior consumo de períodos cotizados.

Expansión y límites del escudo social

Aunque las 110 medidas de protección y ayudas extraordinarias desplegadas hasta ahora, con un presupuesto total de 14.400 millones de euros, tratan de cubrir las necesidades generadas por la DANA y avalan la función protectora del Estado, presentan también límites y contradicciones que resulta necesario resolver.

La más dramática, sin duda, es la que afecta a las personas migrantes en situación irregular de las zonas afectadas que, por carecer de permiso de residencia y empadronamiento administrativo, no pueden acceder a las ayudas en materia de vivienda, empleo y seguridad social pese a ser, paradójicamente, quienes más lo necesitan, quedando atrapados en una espiral de precariedad de la que no saben cómo ni cuándo van a poder salir, mientras sufren en ocasiones el acoso provocado por los bulos xenófobos de la extrema derecha.

Es por ello que desde las organizaciones sociales (CC.OO, Oxfam, Coordinadora Valenciana de ONGD) se ha planteado a la Secretaría de Estado de Migraciones la adopción de medidas urgentes para paliar dicho déficit de cobertura.

Lo que se propone, con carácter de urgencia, es acelerar la renovación o prórroga automática de las autorizaciones de residencia y permisos de trabajo ya vigentes y, sobre todo, conceder ahora una autorización administrativa provisional a los emigrantes irregulares residentes en los municipios afectados con anterioridad al 29 de octubre pasado, en aplicación de la Disposición Adicional 1.4 del actual reglamento de extranjería -a la espera de la aplicación integral del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que lo renueva y amplia- con objeto de regularizar su situación y facilitar el acceso a las prestaciones y ayudas a que tuvieran derecho.

Se trata, en definitiva, de proteger también a los que, estando entre nosotros, lo han perdido todo…, aunque apenas tuvieran nada!

Las dimensiones de la catástrofe en la provincia de Valencia resultan abrumadoras (69 municipios y 3 pedanías de la capital inundados), tanto en pérdida de vidas humanas (219 personas fallecidas y 8 desaparecidas hasta el momento), como de viviendas destrozadas (100.000) y empresas y trabajadores afectados -en mayor o menor grado- en su actividad productiva (30.000 y 240.000, respectivamente), con un impacto económico global que las primeras evaluaciones sitúan en un 34,5% del PIB provincial.

Además de los 25.000 empleados públicos (militares, bomberos, policías, forestales, sanitarios…) desplazados a la zona afectada, el “escudo social” reactivado por el Estado constituye el mayor programa anticrisis jamás planteado para hacer frente a una catástrofe natural (con un presupuesto hasta ahora de 14.374 millones de euros) tanto en esta primera fase de respuesta inmediata como para la posterior reconstrucción y relanzamiento de la actividad económica y social de la zona.

Su regulación normativa cubre, prácticamente, todos los ámbitos de las relaciones humanas (vivienda, trabajo, salud, infraestructuras, servicios, fiscalidad, Seguridad Social) y constituye la más contundente impugnación práctica del relato ultraderechista sobre el “Estado fallido”.

En materia laboral, la norma clave ha sido el Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre que incluye, según se indica en su Exposición de Motivos, “…un conjunto de medidas para la protección de las personas trabajadoras y de las empresas para sostener el empleo y hacer frente a las sobrecogedoras situaciones personales derivadas de los daños de la DANA”, con la finalidad de configurar, de nuevo, “…un verdadero escudo laboral con el que se afrontan las consecuencias de un fenómeno que es cada vez más frecuente e intenso y pone de manifiesto el impacto del cambio climático en las condiciones de trabajo, en la economía y, en general, en las condiciones de vida de toda la ciudadanía”

ERTEs para proteger empresas y trabajadores

El sistema de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que resultó clave en la gestión de la COVID (sólo en la Comunidad Valenciana garantizó la continuidad de más de 50.000 empresas y el empleo de 236.000 trabajadores) y se consolidó lego por la Reforma Laboral, se ha reactivado ahora para hacer frente al impacto de la DANA. Su cobertura implica la suspensión temporal de la relación laboral o reducción de jornada por fuerza mayor, la protección de trabajadores con desempleo, abonando el 70% de su base reguladora salarial y considerándolo como período cotizado (sin consumir prestación por desempleo y sin merma de ingresos por el paso del tiempo) y una exoneración del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas.

Los últimos datos oficiales disponibles (a fecha 20-11-24) indican que en tan sólo dos semanas son ya 2.025 empresas y 22.261 los trabajadores protegidos por dicho sistema regulatorio. Se trata del grupo más duramente afectado por los efectos de la DANA, que se ha visto obligado a suspender por el momento todas su producción o servicio, mientras trata de adecuar sus instalaciones, reponer sus infraestructuras y reactivar su actividad.

Salvo 10 empresas más grandes, la mayoría son PYMEs y micro-empresas con un tamaño medio de 7,4 trabajadores, distribuyéndose casi por mitades entre la industria y los servicios, con especial presencia del pequeño comercio y la hostelería, actividades cuya ubicación en la trama urbana de nuestros pueblos y ciudades ha incrementado gravemente su vulnerabilidad frente a las inundaciones.

El compromiso de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, con competencias en la materia, es mantener la cobertura de los ERTEs hasta que las empresas puedan recuperar su actividad, garantizando el mantenimiento del empleo y la prohibición de los despidos (art. 46 del RDL 7/2024).

…y leyes para que las empresas protejan a sus trabajadores

En este contexto de catástrofe colectiva, solidaridad social y compromiso protector del Estado resultan especialmente irritantes tanto el retraso de la Administración autonómica en difundir la alerta el día 29 de octubre, como la irresponsabilidad de algunas empresas que retuvieron aquella tarde dramática la salida de los trabajadores en algunos polígonos como, finalmente, la falta de empatía de otros empresarios que durante la segunda DANA del pasado 13 de noviembre pidieron a la Generalitat que emitiera “salvoconductos” para que sus empleados pudieran seguir trabajando aún a riesgo de su seguridad.

La misma Conselleria de Interior y Justicia que fue incapaz de activar a tiempo la alarma que podría haber salvado muchas vidas, se demostró luego especialmente diligente para ofrecer dichos salvoconductos, añadiendo indignidad a su ya demostrada inoperancia y contraviniendo frontalmente lo dispuesto en el artículo 41 del RDL 7/2024 que regula la actividad en situaciones de riesgo grave e inminente (alerta amarilla o roja), por lo que han sido presentadas un centenar de denuncias ante la Inspección de Trabajo.

Esta intervención de la Generalitat representa el reverso negativo de la regulación legal desplegada por el Estado para garantizar la seguridad de los trabajadores tras la DANA y en la actual fase de recuperación, para lo que se establece la posibilidad de permisos retribuidos, tanto por la imposibilidad de acceder al centro de trabajo como por la necesidad de realizar tareas de limpieza o acondicionamiento del domicilio habitual, recuperación de enseres, etc, hasta que se disponga de una solución habitacional estable y adecuada, así como para la realización de trámites para la obtención de documentos oficiales.

Según el artículo 42.3 del citado Real Decreto-Ley, dichas interrupciones del trabajo se registrarán como permisos retribuidos no recuperables y tendrán la consideración de tiempo de trabajo efectivo siendo calificadas como legalmente nulas “…cualquier medida desfavorable para la persona trabajadora derivada del ejercicio de los derechos de ausencia” por dicha causa.

Así pues, junto a la cobertura económica y social (ERTEs, créditos ICO, exenciones fiscales…) destinada a paliar los efectos materiales de la DANA y proteger a empresas y trabajadores, el Estado ha desplegado asimismo la necesaria cobertura legal para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales…y de los deberes empresariales.

Després del xoc inicial pel tancament de la factoria i la fi de la mobilització ciutadana, una mena de depressió col·lectiva es va abatre sobre Sagunt, provocada per la sensació de pèrdua de la seguretat conquistada en el passat, la por present a l’atur i la incertesa davant el futur econòmic i de l’ocupació, cosa que es reflectiria durant anys en una llarga atonia dels principals indicadors socials, incloent-hi el demogràfic, fins al punt que el cens de població es va mantindre estancat al voltant de 55.000 habitants durant les dues dècades següents.

Entre la depressió i la resistència

De ser un nucli urbà i una comunitat social formada i desplegada al voltant de la fàbrica, la crisi i el desmantellament posterior d’aquesta significaven, d’entrada, no sols la fallida de la trajectòria laboral dels que hi treballaven, sinó el bloqueig de les expectatives d’inserció dels que confiaven fer-ho i, per extensió, de les del conjunt de la societat del Port de Sagunt. El model de treball fordista i masculí de la gran factoria anava desapareixent a mesura que es desmantellaven les instal·lacions d’AFM i després de l’estancament posterior al tancament definitiu aniria emergint una nova realitat configurada per estructures empresarials i laborals fragmentades i diverses.

Malgrat tot, els nivells d’identitat obrera i cohesió social assolits abans i durant la batalla de Sagunt en la defensa de l’ocupació i els drets laborals, expliquen la capacitat de resiliència col·lectiva davant els efectes disruptius de la crisi i van establir la base del procés de recuperació posterior.

En l’immediat, AFM va quedar com a empresa sense activitat encarregada de gestionar els passius resultants del tancament de la capçalera, mentre que el seu tren de laminació en fred va passar a ser explotat per una nova societat, Siderúrgica del Mediterrani (Sidmed), que va quedar inicialment com a filial de Ensidesa i juntament amb les empreses de creació recent (Pilkington, Fertiberia i altres) va absorbir un total de 2.180 treballadors.

Per part seua, el Fons de promoció d’ocupació (FPO), creat en aplicació dels acords d’abril, va classificar els excedents laborals afectats per la reconversió en tres col·lectius, segons cohorts d’edat. Els obrers majors de 55 anys es van acollir a la jubilació anticipada sufragada per l’empresa i l’Estat i, a mesura complien 65 anys, accedien a la pensió de jubilació normal que els corresponguera. En l’altre extrem, els treballadors menors de 35 anys i els eventuals van passar a percebre les prestacions de l’assegurança de desocupació a què tenien dret mentre es tramitava la seua recol·locació. Finalment, els integrants del grup intermedi van ser contractats de manera preferent en Sidmed (actualment Arcelor-Mitttal) i les noves empreses instal·lades. El 1987 l’FPO havia completat ja la recol·locació de gairebé tot l’excedent laboral d’AFM i havia gestionat les percepcions dels seus prejubilats.

Impacte de la crisi

Encara que durant anys la taxa d’atur registrat a la comarca del Camp de Morvedre es va mantindre per damunt de la mitjana de la Comunitat Valenciana, l’impacte global de la crisi siderúrgica hi va resultar a la llarga menys negatiu que al País Basc i Astúries. Mentre que a Euskadi una segona ronda de reestructuració a mitjan noranta va suposar el tancament de totes les instal·lacions de capçalera d’AHV, incloent-hi l’acereria i el TBC, a Astúries es van apagar els forns alts d’Avilés, i va quedar el TBC reformat d’Ensidesa desconnectat de la resta de les instal·lacions de capçalera situades a Gijón.

Al final del segle, la plantilla global del sector siderúrgic espanyol s’havia reduït pràcticament a la meitat, de 43.000 treballadors a 22.000, en tot just una dècada. Al mateix temps, el dèficit material d’acer i derivats generat per la dràstica reducció de la seua capacitat productiva va transformar el nostre país d’excedentari a importador net de productes siderúrgics, i va convertir el Port de Sagunt, paradoxalment, en la seua principal via d’entrada, factors tots dos que, si més no, obliguen a una reflexió retrospectiva sobre el disseny i la gestió d’aquell difícil procés de reconversió industrial.

Després d’un primer intent reindustrialitzador que durant els anys noranta va suposar la instal·lació al Port de Sagunt d’empreses importants (Thyssen, Bosal, Galmed…) atretes per la disponibilitat de sòl industrial (polígon gestionat pel SEPES) i el saber fer dels tècnics i els treballadors de la zona, al començament del segle l’Ajuntament i la Generalitat, governats tots dos pel Partit Popular, van iniciar la promoció d’un nou Parc Industrial (Parc Sagunt-I) sobre els terrenys de l’antiga AFM (9,5 milions de metres quadrats), amb més fanfàrria publicitària que capacitat de gestió real, i va ser inaugurat successivament pels presidents Zaplana i Camps després d’una dècada d’inactivitat i mentre una altra crisi econòmica colpejava de nou durament una comarca que a penes havia iniciat la seua recuperació: entre el 2008 i el 2013 l’atur es va triplicar i va passar de 4.924 a 13.981 aturats registrats (27,6% sobre la població activa), com a resultat dels ajustos de plantilla i el tancament de diverses empreses.

Procés de reindustrialització

A partir del 2016, el canvi de cicle econòmic i polític suposarà un impuls renovat per a la reactivació econòmica de la zona (central tèrmica, regasificadora, dessalinitzadora, projecte de Parc Sagunt-II…), obrint un debat significatiu sobre si el model a desenvolupar havia de tindre una orientació preferentment industrial o terciària. Mentre que l’equip nacionalista que governava llavors l’Ajuntament (la base electoral del qual es concentrava en el nucli històric de la ciutat) i diversos col·lectius ecologistes s’oposaven a la instal·lació de les noves empreses per considerar-les contaminants i depredadores de l’entorn natural, els sindicats i els partits majoritaris de l’esquerra (d’implantació transversal, encara que àmpliament majoritària al Port) defensaven un creixement sostenible que optimitzara les infraestructures materials i els recursos humans disponibles, per a garantir una justa i necessària recuperació econòmica i de l’ocupació que reparara l’impacte negatiu de les crisis anteriors i obrira noves expectatives de futur.

La crisi de la Covid, iniciada en el primer trimestre del 2020, frenarà temporalment el procés de reactivació econòmica en curs, encara que l’escut social implementat pel govern de coalició progressista (ERTO, reforma laboral, increment del salari mínim…) pal·liarà en bona part els seus efectes més devastadors. A la comarca del Camp de Morvedre, els expedients de regulació temporal d’ocupació gestionats pel SEPE van garantir el manteniment de quasi 10.000 ocupacions (28,5% del total) i el salari corresponent dels treballadors afectats durant els mesos centrals de la pandèmia, i han facilitat després la recuperació normal de l’activitat productiva.

Des de llavors el procés de reindustrialització de Sagunt i la seua comarca no ha parat d’avançar i ha convertit de nou la zona en referent industrial, fins al punt que l’últim estudi de l’Institut Nacional d’Estadística sobre àrees urbanes funcionals la situa en el tercer lloc en el rànquing d’ocupació industrial (23,5%), doblant pràcticament la mitjana nacional (13,3%).

La fita més important fins al moment d’aquest procés ha sigut el compromís de la multinacional Volkswagen d’instal·lar una gigafactoria de bateries en Parc Sagunt-II, després de laborioses negociacions impulsades durant 2022 pel president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que van comptar amb el suport dels principals agents socials, econòmics i institucionals de la Comunitat. Amb una inversió prevista de 4.500 milions d’euros i la creació de més de 3.000 ocupacions directes i 12.000 d’indirectes, la primera fase del projecte, que ha generat un optimisme raonable entre la població de la zona, s’espera que entre en funcionament el 2026 i la resta, al final de la dècada, juntament amb altres inversions importants en infraestructures (ampliació portuària, connexió ferroviària, estació intermodal…) que consolidaran el Port de Sagunt com a node geoestratègic de l’eix mediterrani.

Cal fer constar, finalment, que durant aquestes quatre dècades de crisi i recuperació, les organitzacions sindicals han tractat, no sense dificultats, d’adaptar els seus recursos i les seues estratègies als canvis profunds registrats tant en l’àmbit general com en el seu àmbit més immediat d’intervenció, renovant les estructures, els lideratges i els programes de treball, revalidant la seua representativitat i la capacitat d’interlocució i impugnant en la pràctica el tòpic discurs sobre la seua obsolescència inevitable.

Amb algunes oscil·lacions registrades al llarg del període, l’afiliació sindical a la comarca continua sent superior a la mitjana, i se situa al voltant del 25% sobre la població assalariada, distribuint-se entre els 5.100 adscrits a CC OO, 1.500 a UGT i alguns centenars més entre organitzacions menors.

Quant a la representativitat derivada de les eleccions sindicals que, amb periodicitat quadriennal, se celebren en les empreses amb una plantilla superior a 10 treballadors, la seua cobertura ha evolucionat en funció del cicle econòmic (altes/baixes d’empreses, ampliació/reducció de plantilles) i arriba en l’actualitat a 216 empreses i més de 25.000 treballadors del Camp de Morvedre que, en l’última convocatòria del 2023, haurien elegit un total de 836 delegats sindicals (300 més que el 1990), dels quals el 46,5% pertanyen a CC OO i el 31,3% a UGT, que actuen quotidianament com a interlocutors davant les empreses respectives en defensa dels interessos i els drets dels treballadors d’aquestes.

L’evolució recent del sindicalisme del port registra, així mateix, algunes transformacions qualitatives especialment significatives tant en la composició morfològica de la seua afiliació (presència creixent de treballadores i treballadors de sectors terciaris i professionals) com les derivades del canvi generacional i de gènere en els seus lideratges, cosa que constitueix un indicador clar de la capacitat de renovació de les organitzacions obreres.

Especialment nova resulta l’acció sindical en les grans empreses multinacionals instal·lades en la zona (Arcelor-Mittal, Pilkington, Thyssenkrup), amb una plantilla que, en conjunt, supera els 1.300 treballadors i els representants sindicals dels quals formen part dels respectius comités d’empresa europeus, participant del nou model de relacions laborals d’àmbit global, cosa que demostra haver superat també en aquest àmbit els límits anteriors de la factory-town.