Siete años de cambios en el mercado de trabajo

La reciente publicación de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que radiografía la situación de nuestro mercado de trabajo, ha coincidido con el séptimo aniversario del acceso a la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, tras el triunfo de la moción de censura contra Rajoy, lo que nos permite analizar los resultados económicos y sociales del período progresista en relación con los registrados durante la anterior administración conservadora.

Se trata de dos etapas, de duración similar pero de orientación y balance muy diferentes, cuya comparación impugna en la práctica el viejo mantra neoliberal según el cual sólo la derecha sabe gestionar mientras que la izquierda apenas puede aspirar a repartir: en los años de lo que despectivamente denominan sanchismo un sólido crecimiento económico se ha demostrado compatible con más y mejor empleo, prestaciones sociales y reducción de la pobreza.

Sin embargo, una insidiosa campaña de acoso al Gobierno progresista, cuya legitimidad ha sido cuestionada desde el primer momento por una derecha trumpista y tramposa, trata de ocultar -social y mediáticamente- los avances conseguidos en la materia, con la inestimable colaboración reciente de las maniobras cutres de Ábalos y compañía.

Pero va pasando el tiempo y la verdad inexorable asoma: los principales indicadores de desarrollo económico y social acreditan el buen desempeño del Gobierno progresista (2018-2025) y sitúan sus resultados en niveles muy superiores a los presentados por el equipo de M. Rajoy, entre cuyas lumniarias destacaba el ministro Montoro que nos castigaba entonces por vivir por encima de nuestras posibilidades, mientras engrosaba las cuentas de su Equipo Económico por debajo de sus responsabilidades políticas.

Según la EPA correspondiente al segundo trimestre de este año, el empleo ha alcanzado su máximo histórico con 22.268.700 personas ocupadas, tres millones más que en el mismo período de 2018, duplicando el crecimiento registrado durante el gobierno Rajoy (2011-2018), al tiempo que el paro habría disminuido en un millón de desempleados hasta situarse en el 10,2% de la población activa, la tasa más baja desde 2008, mientras que con el anterior gobierno del PP llegó a alcanzar el 25,7%. Por su parte, las prestaciones por desempleo gestionadas por el SEPE habrían ampliado su tasa de cobertura del 58,6 al 72,4 por cien.

Los datos correspondientes al País Valenciano son, incluso, comparativamente mejores, habiendo aumentado el empleo durante dicho período en un 17.6% (dos puntos más que la media nacional), hasta alcanzar actualmente la cifra de 2.413.600 personas ocupadas

Pero no sólo ha mejorado la cantidad del empleo sino que lo ha hecho también, y mucho, la calidad del mismo, especialmente desde la reforma laboral de 2021: reducción de la tasa de precariedad contractual (del 26,8 al 15,3 por cien); aumento del empleo femenino (hasta superar por primera vez los 10 millones de mujeres de alta en la Seguridad Social), de los jóvenes menores de 30 años (incremento del 27,9% en los últimos tres años) y de los extranjeros, que representan ya el 14,3% de los cotizantes regulares.

El aumento y mejora de la población ocupada ha operado, asimismo, como factor clave del espectacular crecimiento económico de los últimos años desbaratando, de hecho, los tópicos pretendidamente rigurosos de los gurús económicos, políticos, mediáticos e, incluso, académicos de la derecha, según los cuales para crecer había que reducir primero los costes laborales, recortar prestaciones e impuestos y luego, lo del empleo, salarios y pensiones, ya si eso…

También aquí los nuevos datos se imponen a los viejos relatos: según la OCDE la renta de los hogares españoles creció un 3,5% en 2024, casi el doble de la media (1,8%) de los 38 países que la integran. Por su parte, el aumento del PIB español triplicó el de la UE, situándose muy por encima del de los principales países de nuestro entorno (-0,2% el de Alemania, + 07,% el de Italia y +1,1% el de Francia), al tiempo que se mantienen similares previsiones para el año en curso (+2,6% para el PIB español y + 1% para la media de la zona euro).

Paralelamente se habrían incrementado tanto el salario mínimo como las principales prestaciones sociales, con la oposición, tan clásica como clasista, de las derechas. En primer caso, el SMI que perciben 2,4 millones de trabajadores ha aumento durante los gobiernos del denostado sanchismo en un 60,9%, hasta alcanzar los 16.576 euros anuales en 14 pagas de 1.184 (lo que Feijóo considera ahora un “incremento indiscriminado”), mientras que durante la etapa de Rajoy apenas mejoró en un 14,7%. En proporción similar habrían evolucionado las pensiones de jubilación en ambas etapas (57,5 y 14,9 por cien, respectivamente).

Por su parte, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), establecido por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, como nueva prestación estructural de nuestro sistema de protección social, estaría funcionando como factor clave en la reducción de las tasas de pobreza (del 23,5 al 19,7 por cien), superando ya el millón de hogares beneficiarios, en los que viven 3.120.623 personas vulnerables (el 43,3% de las cuales son menores de edad), que perciben una prestación media de 522 euros mensuales…, despectivamente definida como “la paguita” por quienes desprecian cuanto ignoran de la realidad social del país que, en su patrioterismo de hojalata, dicen defender.

Con todo, persisten todavía asimetrías y problemas estructurales, tales como los bajos salarios de una parte importante de la población trabajadora, la necesaria reducción de jornada, los costes de la vivienda que bloquean proyectos vitales y de movilidad laboral, las dificultades de reinserción de los parados de larga duración, etc., motivos todos ellos para seguir avanzando en el desarrollo de una agenda social que, en paralelo a la regeneración ética de la política, consolide esta etapa como la del mejor gobierno de nuestra historia democrática.