Se cumplen 20 años de un cambio legislativo minúsculo en el código civil que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo y tuvo un efecto mayúsculo en sus vidas. Es tiempo suficiente para volver la vista atrás y hacer balance de lo que ha supuesto para las familias encabezadas por parejas del mismo sexo y también de lo que esta sociedad ha aprendido de ellas y sus experiencias.

Permítasenos empezar meses antes de que se aprobara la ley, cuando aprendimos que las familias de progenitores LGB eran buenos contextos para el desarrollo infantil y adolescente y que quienes crecían en ellas presentaban un desarrollo indistinguible del de sus compañeros de clase que vivían con progenitores de distinto sexo. Esto confirmaba los resultados de estudios llevados a cabo en otros países y las conclusiones de las sociedades de Pediatría o Psicología.

También hemos aprendido en este tiempo la importancia de tener legalizados los vínculos familiares, porque supone garantizar derechos tan fundamentales como poder acompañar a niños y niñas a su pediatra o a una tutoría escolar, poder dejarles herencia o seguir conviviendo con ellos y sosteniéndolos económicamente cuando los progenitores se separan. No es de extrañar por tanto que las familias dijeran que habían ganado en seguridad y tranquilidad, al tiempo que percibieran mayor bienestar familiar tras el matrimonio.

Muy ligado a lo anterior está el hecho de que el matrimonio aportó a las familias de progenitores LGB legitimidad ante la sociedad. Ciertamente la homosexualidad ya no estaba perseguida por leyes penales y la Psicología la había sacado del ámbito de la patología, pero las personas LGB aún no gozaban de todos los derechos. La aprobación del matrimonio igualitario aportó la conciencia de detentar ciudadanía plena y, con ella, estas familias dejaron de ocultarse y ganaron en visibilidad y en percepción de ser más aceptadas socialmente.

De nuestra experiencia en estos años con las familias homoparentales también hemos aprendido que son buenos contextos para el aprendizaje de la Igualdad. Un estudio que llevamos a cabo en España y en Suecia con parejas del mismo y distinto sexo nos desveló que las parejas del mismo sexo españolas eran significativamente más igualitarias en el reparto de tareas domésticas y de cuidado infantil que las parejas españolas de distinto sexo, pero eran similares a las suecas del mismo o distinto sexo.

El estudio de los chicos y las chicas que han crecido en estas familias también nos ha permitido saber que la gran mayoría mantiene relaciones con personas del otro sexo, despejando las dudas de una parte de la sociedad. Lo más interesante ha sido descubrir que han crecido con libertad para experimentar y definir su orientación sexual, sin temor al rechazo en sus familias y sin culpa. Y esto es así porque saben que sus familias lo que quieren es que sean felices, independientemente de a quien amen o con quien se eroticen.

También merece una referencia el hecho de que distintos estudios hayan confirmado que España es uno de los países con más población favorable a que las personas LGTBIQ+ gocen de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Esta circunstancia propicia su integración, y probablemente no es ajena a la aprobación temprana del matrimonio.

No todos los aprendizajes han sido, sin embargo, así de satisfactorios. En estos años las familias de progenitores del mismo sexo también han experimentado situaciones de inseguridad, malestar e incertidumbre, que han coincidido con la llegada a las administraciones de partidos políticos que no defienden sus derechos o que directamente los recortan. Eso encontramos en un estudio que efectuamos en 2012, en el tiempo en que había llegado al gobierno el Partido Popular, que tenía recurrido el matrimonio igualitario ante el Tribunal Constitucional. Las familias estudiadas temían perder el amparo legal y volver a la clandestinidad, que hubiera efectos negativos en sus hijos o hijas, o no poder completar sus proyectos de familia. Estos temores se disiparon con la resolución favorable del Constitucional, que tranquilizó a las familias y les hizo sentir que nunca más tendrán que “pasar exámenes”.

Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un preocupante retroceso en derechos LGTBIQ+ en algunos países o estados. En nuestro propio país, la fuerzas políticas de ultraderecha han extendido discursos de odio y, en autonomías en las que gobiernan con la derecha, han modificado leyes LGTBIQ+, recortando derechos, o han planteado la eliminación de simbología LGTBIQ+, como ha ocurrido recientemente en la ciudad de Sevilla.

Por tanto, en este tiempo luminoso que hemos ido caracterizando, lleno de logros y aprendizajes, se ciernen en la actualidad algunas sombras que pueden poner en riesgo los derechos y el bienestar de las familias de progenitores del mismo sexo. Es imprescindible estar en alerta porque defender los derechos LGTBIQ+ es defender los derechos humanos y eso es responsabilidad de toda la sociedad.

En la historia de todas las sociedades existen episodios que las avergüenzan, por las injusticias o las violencias que se infringieron contra algunos de sus miembros o contra colectivos completos. No podemos reescribir la historia, pero, como indican los organismos internacionales que velan por la salvaguarda de los derechos humanos, sí debemos conocerla, aprender de ella, hacer justicia, reparar el daño causado y garantizar su no repetición. 

Eso podía haber ocurrido en Marbella el pasado viernes 25 de abril, mediante una iniciativa que intentaba poner un bálsamo de cariño y reconocimiento público sobre las heridas de quien recibió un trato injusto y despiadado cuando no tenía ni edad ni posibilidad de librarse de él. El Pleno de su Ayuntamiento votaba una moción del Grupo Municipal Socialista para homenajear a su vecina Pasionaria León Díaz poniendo su nombre a una calle. 

A sus 96 años, Pasionaria podría haber narrado en ese momento cómo, siendo muy niña, sufrió la Juía, la Desbandá, los campos de refugiados, el exilio, la invasión nazi de Francia, y, a su vuelta, el despojo de su casa, de su padre y hasta de su nombre, poco apropiado para las autoridades franquistas. Pero el voto en contra de VOX y del Partido Popular impidieron que se le concediera ese reconocimiento y Pasionaria falleció cinco días después.

Pasionaria León Díaz es un símbolo de los cientos de miles de personas que sufrieron la represión brutal que siguió al golpe de estado de 1936

Aunque en el desgarro de esta biografía había argumentos de sobra para rendirle homenaje, el voto en contra en el pleno de VOX y del Partido Popular, que gobierna en solitario con mayoría absoluta y había comprometido previamente su apoyo, impidieron que se aprobara dicho reconocimiento. Puesto que no hicieron públicos los argumentos que llevaron a ambos partidos a rechazar la moción, desconocemos en qué basaron su negativa, pero sí tenemos el convencimiento de que debe revisarse. 

Y lo decimos porque Pasionaria León Díaz es un símbolo de los cientos de miles de personas que sufrieron la represión brutal que siguió al golpe de estado de 1936 y que vieron conculcados sus derechos más básicos. Es también la evidencia de la resiliencia, de su capacidad de sobreponerse a adversidades tan devastadoras como las descritas, como puede apreciarse en su biografía como madre de nueve hijos y una trayectoria profesional como empresaria, primero con su marido, y en solitario tras el fallecimiento de este.

Esta sociedad tiene una deuda con todas estas personas, a quienes nadie reconoció su sufrimiento, sus pérdidas, la miseria a que se les condenó o el dolor por los familiares que no volvieron a ver. Nunca terminaremos de saldarla, porque hay pérdidas irreparables, pero sí podemos intentar compensarla.

Tenemos el deber de honrar y homenajear a estas personas en actos que deberían abrazar todas las fuerzas políticas, porque se trata de una cuestión de derechos humanos y de sanación social. Sólo desde el reconocimiento de todos los daños infligidos podremos ir cerrando la brecha que esta sociedad abrió hace ya demasiadas décadas.

Instamos a la Corporación Municipal de Marbella, y particularmente al Partido Popular en el gobierno, a revisar la decisión equivocada que tomaron y honrar a Pasionaria León Díaz

Decía el psicólogo Martín Baró que para salir del trauma psicosocial causado por situaciones de sufrimiento colectivo, como las guerras o la violencia política, era imprescindible poner en marcha estrategias que contribuyeran a paliarlo: la narración de lo ocurrido, el reconocimiento de la injusticia, la reparación del daño y la dignificación de sus víctimas.  Es justamente este proceso de sanación lo que esta sociedad necesita y debe acometer.

Es imprescindible añadir un último argumento para abogar por estos actos de memoria, justicia y reparación: se lo debemos también a las siguientes generaciones. Estudios recientes desvelan cómo la mayor parte de nuestros jóvenes ignora el alcance de la represión que siguió al golpe de estado de 1936 y durante la dictadura Franquista. Sobre esta ignorancia se asientan las ideas negacionistas de lo que el historiador Paul Preston denominó acertadamente El Holocausto Español, y prolifera lo que Hanna Arendt llamó la banalización del mal, la frivolización y blanqueamiento del golpe de estado y la dictadura, que debe llenarnos de preocupación.

Por todas estas razones, instamos a la Corporación Municipal de Marbella, y particularmente al Partido Popular en el gobierno, a revisar la decisión equivocada que tomaron y honrar a Pasionaria León Díaz, ya de forma póstuma, reconociendo en ella a tantas otras personas que sufrieron las violencias del régimen de terror y represión que asoló esta sociedad.

Con ello no se trata de reabrir heridas, sino de sanarlas de modo definitivo para poder cerrarlas. Se trata también de transmitir a la siguiente generación nuestra voluntad inequívoca de defender los derechos humanos y abogar por la convivencia democrática. Y hágase con la celeridad que la situación requiere, al no haber llegado a tiempo de que Pasionaria pudiera recibirlo en vida y la magnitud del sufrimiento que ella y esta sociedad arrastran, sin que las nuevas generaciones sean siquiera conscientes.

En 2005, España sorprendió al mundo siendo el tercer país en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue un pequeño cambio en el código civil, apenas una frase con un potente valor jurídico y un inmenso valor simbólico, con el que nuestro país abrió una senda por la que han seguido otras leyes y disposiciones que han permitido avanzar en la conquista y consolidación de los derechos de la población LGBTI+, todas bajo gobiernos socialistas, en solitario o en coalición.

Estos avances jurídicos también han propiciado la inclusión social de la diversidad sexual y genérica: distintos estudios han confirmado que España es uno de los países con más población favorable a que las personas LGTBI+ gocen de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. No es de extrañar que se haya convertido en un referente mundial en esta materia y que haga ya décadas que la celebración del Orgullo en nuestro país haya dejado de ser del “colectivo” para pasar a ser asumida por una gran mayoría social.

Sin embargo, este sentir social tan mayoritario de apoyo a la causa LGTBI+ puede llevar asociados dos tipos de riesgo. El primero de ellos deriva de asumir que todo está conseguido y la desmovilización consiguiente de recursos. La realidad es que los datos de un estudio internacional han reflejado que en España, en los últimos años, se han incrementado un 130% los discursos de odio LGTBI-fóbico. Estos discursos crean el caldo de cultivo que justifica y legitima los delitos de odio: un informe del Ministerio del Interior evidencia que también se han incrementado las agresiones contra personas por su orientación sexual o su identidad o expresión de género, y una encuesta reciente demuestra que una de la cada dos personas del colectivo las ha sufrido en el último año. Por tanto, queda mucho por hacer.

El segundo riesgo es la instrumentalización de la causa LGTBI+ que pueden hacer instituciones públicas o empresas privadas. Se denomina con el término inglés pinkwashing al uso de la bandera arcoiris u otros símbolos históricos del movimiento LGTBI+ para obtener beneficios económicos o reputacionales, sin desarrollar ninguna medida que mejore realmente las condiciones de vida de ese colectivo. Este fenómeno es muy observable en las campañas en torno a la celebración del Orgullo de grandes cadenas alimentarias o textiles, o en las de algunas administraciones.

Permítasenos ahora mirar la realidad de Sevilla y su administración local e intentar ejemplificar estos procesos. Nuestra ciudad había venido siendo referente durante años en el ámbito de la inclusión y defensa de los derechos LGTBI+, pero mucho nos tememos que esta situación está cambiando. Una mirada a lo que ha ocurrido en la ciudad desde la anterior celebración del Orgullo nos ha hecho ponernos en alerta por lo que suponen de evidencias de LGTBI-fobia:

El sentir social tan mayoritario de apoyo a la causa LGTBI+ puede llevar asociados dos tipos de riesgo. El primero deriva de asumir que todo está conseguido. El segundo riesgo es la instrumentalización de la causa LGTBI+ que pueden hacer instituciones públicas o empresas privadas

En estas circunstancias, cualquier Gobierno municipal estaría preocupado por la situación y pondría en marcha estrategias para revertirla. Analicemos qué ha hecho el gobierno del Partido Popular en Sevilla en materia de extensión y consolidación de los derechos LGTBI+ a lo largo de este primer año de mandato:

En síntesis, el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla está envolviéndose en la bandera arcoiris sin haber mostrado apuesta alguna por la extensión y consolidación de los derechos de la población LGTBI+, en un ejemplo de pinkwashing de manual. Esta ausencia de compromiso real no sólo es una burla al colectivo, sino que también puede incrementar los riesgos para esta población, ya que su acción (o inacción) de gobierno está llevando a la reducción de los recursos preventivos de la LGTBI-fobia en las escuelas, a la falta de dispositivos de atención a la población o la ausencia de formación de los empleados municipales. Por tanto, necesitamos menos banderas y más compromiso con la causa de los derechos LGTBI+ que, no lo olvidemos, son derechos humanos.

En las Ciencias Sociales tiene una amplia tradición el concepto de estrés social y en particular el de estrés de las minorías, que ha resultado ser de mucha utilidad para comprender la experiencia vital de quienes no pertenecen al grupo cultural dominante en una determinada sociedad. Hace ahora 20 años, Ilan H. Meyer formuló desde la Psicología el modelo de Estrés de las minorías LGTBI, planteando que estas sufren una presión singular, relacionada con la estigmatización y los prejuicios de los que históricamente han sido objeto, y que tiene importantes consecuencias para su salud psicológica y física. De acuerdo con este modelo, crecer en una sociedad que no reconoce ni ampara la diversidad sexual o de género somete a la población LGTBI a un estrés constante, que se agrava si el entorno más inmediato muestra hostilidad y rechazo. Esta situación les conduce con frecuencia a la ocultación de su condición, a vivir con la expectativa de sufrir rechazo y a la incorporación en su identidad de ser merecedores de él, en un proceso de LGTBIfobia interiorizada. No es difícil concluir que esta situación de estrés constante tiene efectos indeseables para su bienestar psicológico, como se ha demostrado en distintos estudios, revisados recientemente.

La cara más amable de este modelo, y de la evidencia científica en que se basa, indica que quienes viven en un entorno social en que se reconocen legalmente los derechos de las personas LGTBI y que es inclusivo de la diversidad sexual y de género muestran un bienestar psicológico indistinguible del de las personas heterosexuales o cisgénero. Así, en los países en los que se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo y se han promulgado leyes de defensa y no discriminación de la población LGTBI, se ha observado cómo esa legitimidad ha llevado de la mano el incremento de la aceptación social de los derechos LGTBI, así como la mayor visibilidad y percepción de bienestar de esta población. Estos mismos resultados los hallamos en España, un país que, según estudios internacionales, se encontraba en 2019 entre quienes evidenciaban mayor aceptación de la diversidad sexual y de género, una marca de identidad de la que podemos sentir merecido orgullo.

Sin embargo, también se ha demostrado que esta situación puede cambiar cuando proliferan discursos de odio en los medios de comunicación o las redes sociales y, de modo más grave, en las instituciones de representación política. Recordemos en este sentido las recientes regulaciones limitadoras de derechos LGTBI en países europeos como Hungría, Polonia y, más recientemente, Italia. Pero también las medidas tomadas por algunas corporaciones municipales y comunidades autónomas, dentro del Estado español. En estas circunstancias, se producen un incremento del estrés y una grave percepción de inseguridad en la población LGTBI. Esto tiene particular eco en quienes han formado familia y tienen hijas o hijos menores, por cuyos derechos y bienestar temen, puesto que estos discursos crean el marco para el bullying LGTBIfóbico, como ha recordado recientemente la Red Estatal de Familias LGTBI.

Dado que se había producido un cambio reciente en el Ayuntamiento de Sevilla, en el que gobierna el Partido Popular en la actualidad, cundió la alarma por si este suceso era indicador de un cambio en las políticas hacia esta población

Permítasenos analizar ahora un suceso local desde este enfoque global. Hace unos días, en la Velá de Santa Ana de Sevilla, la policía municipal denunció que una bandera arcoíris estaba colgada en una de las casetas. La noticia levantó mucho revuelo y una importante alerta entre la población LGTBI. Dado que se había producido un cambio reciente en el Ayuntamiento de Sevilla, en el que gobierna el Partido Popular en la actualidad, cundió la alarma por si este suceso era indicador de un cambio en las políticas hacia esta población. Se pidió una reunión extraordinaria del Consejo Municipal LGTBI para aclarar los hechos y evitar situaciones similares en el futuro. Tristemente, no se consiguió que el Gobierno municipal comprendiese la necesidad de abrir un expediente que aclarara lo ocurrido, ni de pedir disculpas por la alerta causada. Tampoco le pareció necesario comprometerse a un Plan de Formación en materia de amparo de derechos LGTBI para empleados y empleadas municipales, terminando el consejo sin acuerdo alguno y con bastante frustración.

Es preferible pensar que el desencuentro se debió a la falta de contexto compartido de análisis de un suceso que pudo parecer menor a los ojos del Gobierno municipal. Y probablemente lo sería si esa bandera no representara el logro de derechos y libertades para una población históricamente perseguida y discriminada; si esa denuncia no enfrentara al colectivo LGTBI a sus peores fantasmas y no volviera a provocar un estrés que creían superado; si no volvieran a temer por su bienestar y el de sus familias.

Quienes tenemos responsabilidades en las instituciones públicas tenemos un deber de garantizar, de modo contundente e inequívoco, los derechos de los colectivos más vulnerables. Ojalá nuestros compañeros y compañeras de corporación con responsabilidades de gobierno así lo entiendan, puesto que lo que están concernidos son los derechos humanos, que siempre deben estar fuera de discusión o polémica partidista.

En estos días se han cumplido 20 años de la presentación pública del primer estudio sobre las familias homoparentales españolas, del que se hizo eco la prensa en aquel momento. Su objetivo principal era dar respuesta a las preguntas que esta sociedad se hacía acerca del desarrollo infantil y adolescente en unas familias de las que lo desconocía casi todo.

Los resultados de aquel estudio, publicado en revistas científicas, evidenciaron que no había diferencias significativas entre quienes crecían con madres lesbianas o padres gays y sus compañeros de clase con progenitores de distinto sexo: eran indistinguibles en autoestima, ajuste emocional y comportamental, competencia social o aceptación por sus compañeros o compañeras, entre otras dimensiones evaluadas. Sirvieron para despejar dudas y ahuyentar preocupaciones de buena parte de la sociedad, al tiempo que fundamentaron el cambio legislativo que propició el matrimonio igualitario en 2005.

Sin embargo, también provocaron un sorprendente y airado escándalo en una minoría, reticente a aceptar que pudieran desarrollarse bien quienes crecían con madres lesbianas o padres gays. Así, se puso en cuestión el rigor científico de este estudio y hasta se orquestó una campaña en contra de que fuera publicado o se volviera a financiar a nuestro equipo de investigación. Una de las críticas recibidas estuvo relacionada con el hecho de que ese estudio no respondía a “la pregunta fundamental” (para esta minoría): si estos chicos o chicas serían también homosexuales. Obviando el carácter prejuicioso de la crítica, al considerar implícitamente que sería un efecto indeseable y patológico, ese aspecto ciertamente no había sido objeto de análisis en aquel estudio, dado que los chicos o chicas estudiados tenían edades tempranas.

Años después, nuestro equipo ha estudiado las experiencias vitales y el perfil psicológico de chicos y chicas mayores de edad que habían crecido con madres lesbianas o padres gays en España. Los resultados relacionados con la orientación sexual de esta prole ya adulta acaban de ser publicados en el Journal of Homosexuality y permiten responder a aquella pregunta de un modo claro, aunque con algunos matices interesantes.

Un primer dato de su comportamiento sexual daría una respuesta simple y tajante a la pregunta formulada, puesto que, en una escala de siete puntos, desde la absoluta homosexualidad a la absoluta heterosexualidad, el 87% de los hijos e hijas de lesbianas o gays se situaba en este último polo. O sea, la inmensa mayoría de los chicos o chicas que entrevistamos mantenían relaciones sexuales solo con personas del otro sexo, como ocurre en la población general, desmontando los prejuicios que inspiraban la pregunta.

Un 26% de las chicas o chicos que entrevistamos reconocía haber tenido relaciones sexuales con personas de ambos sexos. Estas experiencias eran enmarcadas en un contexto de exploración en la adolescencia y habían sido vividas sin culpa ni preocupación

Sin embargo, al considerar otras dimensiones de la sexualidad, se añadían matices a la respuesta. Así, descendía al 67% quienes reconocían sentir atracción solo por personas del otro sexo y al 60% quienes se identificaban únicamente como heterosexuales. O sea, una parte de las personas entrevistadas, aunque solo tenía relaciones con personas del otro sexo, reconocía haber sentido en algún momento atracción por personas del mismo sexo y eso les lleva a autodefinirse de modo menos tajante (p.e. mayoritariamente heterosexuales), mostrando sintonía con la diversidad de su deseo sexual.

Abundando en esa idea, preguntarles por sus experiencias pasadas aporta también datos interesantes, puesto que un 26% de las chicas o chicos que entrevistamos reconocía haber tenido en el pasado relaciones sexuales con personas de ambos sexos, aunque fuera de modo esporádico. Estas experiencias eran enmarcadas en un contexto de exploración de su sexualidad en la adolescencia y habían sido vividas sin culpa ni especial preocupación.

Por último, el género se desveló como una variable relevante a la hora de definir la orientación sexual: mientras los varones entrevistados se autodefinían situándose en los extremos de la escala (uno como “absolutamente homosexual” y el resto como “absolutamente heterosexual”), las mujeres mostraban un patrón significativamente más variado y menos polarizado, posicionándose frecuentemente en los niveles intermedios. Estas diferencias por género concuerdan con las halladas en otros estudios con población general, que han encontrado mayor fluidez y menor polarización de las mujeres a la hora de definir su orientación sexual.

A la vista de los resultados obtenidos, hemos de concluir que no se ha visto confirmada la mal llamada “preocupación” que albergaba una parte de la sociedad acerca de que estos chicos o chicas fueran también gays o lesbianas, como sus padres o madres. Lo que sí evidencian nuestros datos es su mayor libertad para experimentar y definir su orientación sexual, sin temor al rechazo y sin culpa. En este sentido, quienes reconocían una orientación homosexual o bisexual nos comentaron que nunca lo ocultaron y que empezaron por comentarlo con su familia. Y esto es así porque saben que sus familias solo quieren que sean felices, amen a quien amen, se eroticen con quien se eroticen.

Mucho que seguir aprendiendo de las familias homoparentales en España.

Hace 15 años, el Congreso de los Diputados aprobó una pequeña modificación en el código civil, impulsada por el Gobierno del PSOE, que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Apenas una frase, pero de una trascendencia mayúscula en la vida de las personas LGTBI y, en particular, en la de quienes ya habían formado familia propia o querían hacerlo.

Nuestro equipo de investigación sobre Diversidad Familiar de la Universidad de Sevilla había estudiado, unos años antes, la situación de estas familias y de los menores que crecían en ellas. Constatamos la indefensión en que se encontraban las familias antes de la aprobación de la ley, pues no sólo carecían de reconocimiento legal los vínculos afectivos entre los miembros de la pareja, sino también los que unían a uno de los progenitores con sus criaturas. Así, no tenían derecho a acudir a sus tutorías escolares, acompañarlas a su pediatra o inscribirlas en un centro deportivo, por ejemplo. Esta situación privaba a sus criaturas del derecho a ser cuidadas, acompañadas o representadas por quien en su corazón era su otra madre o su otro padre y les impedía disfrutar del derecho a su herencia, si fallecía, o a seguir teniendo contacto y sostén económico si la pareja se separaba. Añadamos la ocultación de bastantes familias en distintos ámbitos (trabajo, familia extensa, vecindario) en un intento de protegerse y evitar sufrimiento a sus hijos e hijas.

Esto llenaba de angustia la vida de numerosas familias homoparentales, que no se sentían reconocidas ni amparadas. Aspiraban a que se legalizara el matrimonio para cambiar esta situación, pero aventuraban que su generación no lo vería. Estábamos en 2002. La aprobación del matrimonio igualitario sólo tres años después fue la plasmación de un sueño que se creía inalcanzable, una magnífica noticia para tantas familias ya configuradas, pero también para quienes aspiraban a constituirlas o ampliarlas.

Años después hicimos un estudio para comprobar el efecto del cambio legislativo en las familias. Entrevistamos a madres lesbianas o padres gays que eran pareja al menos desde 2004 y tenían hijos o hijas menores de edad en común. Los resultados fueron claros. La legalización del matrimonio había dado legitimidad y seguridad a las familias, lo que les había llevado a mostrarse más abiertamente: si antes de la ley sólo la mitad había comentado su situación con todos los miembros de sus familias de origen, después lo hacían prácticamente todas; si antes sólo un 35% hablaba abiertamente de su familia en el trabajo, después esta cifra subió al 71%. Asimismo, aumentó significativamente la aceptación que percibían en estos ámbitos de su vida cotidiana (por ejemplo, la aceptación de la familia extensa subió de un 3.8 a un 4.6, en una escala de 1 a 5), así como la percepción de bienestar familiar en relación con la sociedad (de un 3.2 a un 4.5 en la misma escala), que ahora sentían que les acogía y amparaba, datos similares a los encontrados en otros países tras el mismo proceso de legalización.

Cuando realizamos este estudio, había llegado al Gobierno del Estado el PP, que tenía recurrida la ley ante el Tribunal Constitucional. La posible derogación provocó en las familias una consternación generalizada, por la posibilidad de perder derechos y volver a la ilegitimidad y la clandestinidad. Como reacción, buena parte de ellas apostaban por no rendirse, unir fuerzas y dar batalla legal ante el Tribunal de Derechos Humanos, si era necesario. También había quien decía que se iría del país si tal cosa ocurría, que no iban a consentir que sus familias volvieran a aquellos tiempos oscuros. Se apreció un descenso significativo en el bienestar de las familias, (bajó a un 3.8), de modo similar a lo hallado en otros países en parecidos tiempos de incertidumbre.

En diciembre de aquel año llegó la declaración de constitucionalidad de la ley y con ella el alivio de las familias, la sensación de que ya no tendrían que volver a “examinarse” nunca más, la percepción de haber logrado por fin y para siempre la ciudadanía de primera.

Desde 2005 a aquí se han producido en España más de 54.000 matrimonios entre personas del mismo sexo. Según el INE, estos matrimonios se incrementan cada año, en contraste con los de personas de distinto sexo, que siguen descendiendo. Esto indica que las familias homoparentales han llegado para quedarse y ocupar el lugar que merecen. De hecho, el 91% de nuestra ciudadanía está de acuerdo con que las personas LGTB gocen de los mismos derechos. Aprendamos de nuestra historia y no permitamos que esta sociedad vuelva a causarles sufrimiento. Normas que ponen límites al abordaje de la diversidad sexual y familiar en las escuelas, como las impulsadas este último año en algunas comunidades autónomas, van en contra del bienestar de los niños y niñas que crecen en ellas y de sus familias, pero también de la educación en el aprecio por la diversidad que toda la sociedad necesita.

Hay consenso en que la biodiversidad es indicador de la salud y riqueza de un ecosistema. Análogamente, la diversidad familiar debe ser vivida como indicador de la salud de una sociedad, que permite a cada quien constituir la familia que le hace más feliz, y de su riqueza, porque le conduce a aprender de nuevos modos de vida y relación. Las familias homoparentales han demostrado ser igualitarias y corresponsables en las tareas domésticas y de cuidado, y alentar la educación en la libertad y la tolerancia. Aprendamos de ellas y celebremos estos 15 años de legalidad, aceptación y bienestar.