“No es un hecho aislado: la diferencia está en que hay cinco mujeres que han sido valientes, han dado el paso, y han hablado”, así se ha referido Enrique Bruna, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de la Región de Murcia esta mañana en la rueda de prensa del caso ‘Yawari’, en el que estas mujeres han denunciado las presuntas violaciones y abusos sexuales sufridos por un encargado agrícola en el campo de Cartagena y en el que CCOO se personará como acusación particular.

La Guardia Civil de la Región de Murcia detuvo el pasado fin de semana al presunto responsable de estos actos, un varón de 58 años, al que se le acusa de haber realizado una veintena de delitos de agresión, abuso y acoso sexual y contra el derecho de los trabajadores extranjeros. Desde el sindicato relatan que la investigación comenzó con la llamada de cinco mujeres que pidieron ayuda al sindicato por esta situación de abusos sexuales y violaciones prolongadas que “no era un hecho aislado, sino un modus operandi que utilizan las empresas si quieres trabajar en esta zona”, asegura Teresa Fuentes, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Región de Murcia.

“Estas mujeres podían trabajar entre 6 u 8 horas por 20 euros, a lo que el intermediario y presunto agresor les descontaba 7 euros de transporte”, relatan desde el sindicato y añaden que “son mujeres que apenas hablan español y que tienen sus hijos en su país de origen esperando a que les mande dinero”.

“Las tiraba en medio del bancal y hacía como que las violaba delante de las otras nueve compañeras que miraban a otro lado y no decían nada porque estaban en situación irregular o les metía mano al subirla en la furgoneta, entre otras cosas”, afirman desde el sindicato. Asimismo, aseguran que algunas de las mujeres que han denunciado este caso habían sufrido ya acoso en Huelva, donde trabajaban como recolectoras de fresa: “Vienen a Murcia a sufrir lo mismo”.

Santiago Navarro, secretario general de CCOO, ha exigido responsabilidades al Gobierno regional y estatal por algo que “no son hechos puntuales, sino una cultura en el campo de Murcia”. Asimismo, ha recalcado que las empresas de trabajo temporal son responsables de esta situación al utilizar “estos intermediarios a sabiendas de que se están aprovechando de los trabajadores”. Por este motivo, Navarro ha anunciado que desde CCOO se realizarán movilizaciones la primera quincena de octubre.

Una semana y media después de que el Gobierno de la Región de Murcia confinase el casco urbano de Lorca y a sus 60.000 vecinos –el 70% de su población–, el municipio sigue tratando de contener la propagación del virus ante unas cifras que no son, por el momento, nada halagüeñas. La localidad se sitúa a la cabeza en índice de contagios entre las poblaciones con más de 50.000 habitantes de toda España: son 988 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por encima de otras como Fuenlabrada (969) o Lucena (958).

Desde el Gobierno regional señalan que aún es pronto para apreciar los efectos de las restricciones, impuestas desde el pasado 14 de septiembre en el casco urbano de Lorca, porque “los expertos dicen que hay que esperar dos semanas”. A sabiendas de que la situación es preocupante, el alcalde de esta localidad de algo más de 90.000 habitantes, Diego José Mateos, ha pedido “un poquito de paciencia” y ha reclamado a los vecinos “compromiso social” para detener la curva en la localidad. “Cada ciudadano tiene en su mano unas tijeras para cortar la cadena de contagios respetando la distancia de seguridad, usando la mascarilla y extremando la higiene”, ha insistido.

El comité de seguimiento de la COVID-19 en la Región evaluará la situación epidemiológica del municipio, donde han fallecido seis personas en los últimos nueve días. Será el próximo lunes cuando las autoridades, que no descartan aplicar más restricciones, decidan “si se mantienen o se modifican las condiciones actuales”, similares a las de la fase 1 de la desescalada, pero flexibilizada: para acceder a la zona de restricciones es necesario una suerte de salvoconducto o un permiso de trabajo, los comercios tienen un aforo restringido al 50% y las terrazas al 75%, pero permanecen abiertas.

Por las calles del centro de Lorca se observa una preocupante normalidad. La única prueba de que el casco urbano se encuentra en fase 1 flexibilizada son los controles policiales en la periferia, donde se requiere aleatoriamente el justificante que acredite la necesidad del desplazamiento.

Desde la Consejería de Salud señalan que el factor de mayor incidencia en la localidad está siendo el “incumplimiento de las medidas de seguridad”. El consejero Manuel Villegas ha repetido en varias ruedas de prensa la importancia de que los ciudadanos cumplan con el distanciamiento social, las medidas de higiene y los criterios sanitarios para guardar cuarentena. En una de sus últimas intervenciones ha recomendado a todos los habitantes de la Región –con una incidencia de 396,55 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días– realizar un “mes de disciplina social” para que la curva se estabilice.

“No todos los lorquinos nos hemos echado a la calle de fiesta. Lo que noto es que hay desmotivación”, defiende Concepción, que considera que “está todo más controlado” que durante la época de vacaciones, cuando vio casos puntuales de relajación en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Precisamente, la jefa de Epidemiología de la Región de Murcia, María Dolores Chirlaque, explicó a este medio a finales de agosto que la movilidad vacacional, en general, estaba siendo una aliada para la expansión del virus.

A esta movilidad, Lorca suma los brotes del ocio nocturno y la propagación del virus en las empresas agroalimentarias de la zona. Porque este municipio, al igual que Totana –la otra zona de Murcia que volvió a ser confinada este verano–, vive del campo, con una elevada población migrante que trabaja en condiciones de precariedad, con una alta temporalidad y salarios bajos.

Bares abiertos, colegios cerrados

Madiha regenta un locutorio y durante las últimas semanas muchas personas han acudido a su local para enviar a las mutuas los informes sanitarios que confirman sus positivos por COVID-19. Algunos clientes le han contado que muchos compañeros de trabajo –en su mayoría temporeros– están ingresados en el hospital. “Estoy asustada porque estoy embarazada de siete meses y tengo bajas las defensas”, cuenta. Su marido es camionero y su hija de 10 años no va al colegio porque en Lorca se implantó, junto a otros cuatro municipios, la vuelta al cole telemática. “Se mete en una cabina y estudia allí” cuenta Madiha, a quien le preocupa que su hija “vuelva al colegio, aunque ella se muere de ganas”.

Alex tiene 19 años, vive en Lorca y siente que la COVID-19 le ha trastocado la vida. “Iba a entrenamientos de fútbol y quedaba con mis amigos y ahora no salgo de casa” cuenta. Su madre, Rosa, se muestra preocupada porque percibe relajación de algunos vecinos, pese al alto número de contagios en el municipio. “Veo a muchos padres que se llevan a sus hijos a los bares porque los colegios están cerrados”, añade. Ella tiene cinco hijos y ninguno sale de casa a no ser que sea necesario. “Unos nos cuidamos y otros no, he visto a gente que no guarda las distancias y ni siquiera lleva mascarilla”, lamenta.

La Policía Local de Lorca ha interpuesto casi 400 denuncias durante la primera semana de fase 1 flexibilizada por incumplir las normas sanitarias. José Luis Ruiz, el concejal de Seguridad del municipio, ha explicado que de las 391 denuncias interpuestas, 194 se produjeron durante el pasado fin de semana. El pasado viernes, la Policía Local tuvo que desplegar un dispositivo especial para disolver un botellón con 30 participantes, la mayoría de ellos menores, en una zona de monte próxima al polígono de Serrata.

Una vuelta al colegio telemática y una cuarentena voluntaria fueron propuestas por el alcalde socialista de Lorquí, Joaquín Hernández Gomaris, para atajar el índice de contagios en el municipio que se sitúan, en los últimos 14 días en 910.2 por cada 100.000 habitantes, según el último informe publicado por la Consejería de Salud el 14 de septiembre. Por ello, Hernández asegura que no tiene miedo a “plantear medidas más restrictivas” si la situación no mejora a los más de 7.000 vecinos que residen en esta localidad.

¿Por qué se tomó la decisión de hacer una vuelta al cole telemática? 

El viernes 18 de septiembre, dada la incidencia de casos positivos que había y con la perspectiva de que irían en aumento, tras haber escuchando a la comunidad educativa y con el miedo de los padres a llevar a los niños al colegio, solicitamos por escrito a la Consejería de Salud Pública y a la Comunidad Autónoma esta medida para el curso escolar con el fin de atajar el nivel de contagios. 

¿Qué cifras de contagio maneja actualmente  Lorquí? 

Hasta ayer teníamos 120 casos de personas que habían estado en contacto con positivos y veintitantos PCR pendientes de resultado y hoy se prevé que las cifras sean más altas. Todas esas personas deben estar en cuarentena, por tanto, mucha gente del municipio está inmovilizada sin poder salir a la calle. 

¿A qué cree usted que se deben estas cifras tan altas?

El problema es que la gente no guarda la cuarentena, principalmente por motivos laborales o económicos. Iniciamos el primer brote a finales de agosto, a partir de una empresa hortofrutícola que teníamos a las afueras del municipio, pero a partir de entonces se ha convertido en transmisión comunitaria. Se están contagiando personas que salen muy poco a la calle, que es lo que más preocupa. Sobre todo se está dando el perfil de aquellas personas que entran a las casas, cuidadores, personas que trabajan fuera y llegan a casa. La gente de aquí sale muy poquito de casa ya que yo pedí un confinamiento voluntario, que afortunadamente fue un acierto y la gente está cumpliendo. Por otro lado, también es cierto que fuentes sanitarias han indicado que se dan tantos positivos también por la cantidad de PCR que estamos haciendo. Eso por una parte es bueno, porque la realidad se está reflejando muy bien.

¿Cómo ha sido la vuelta a clases telemática?

En principio ha ido bien, el lunes pasado empezó el claustro de profesores a prepararse y el mismo sábado se les comunicó que los niños empezarían de manera telemática. Desde la Consejería de Educación se les ha empezado a mandar soportes electrónicos para los niños con problemas económicos.

 ¿Disponen los docentes de recursos suficientes? 

Me consta que algunos ordenadores no tenían cámara web a un día de empezar las clases. Creo que las AMPAS han comprado a los colegios el material necesario para que el martes empezarán a trabajar. 

Dotar de recursos en materia educativa es competencia del Gobierno regional, pero ¿qué puede hacer o está haciendo el Consistorio por los docentes?

Por nuestra parte, nos pusimos en contacto con los profesores de los centros educativos y les preguntamos qué necesidades tenían. Nos preparamos para la vuelta al cole presencial, para que tuvieran todo el material necesario en cuanto a mascarillas, geles hidroalcohólicos, mapas, obras en el colegio y demás.  El Ayuntamiento se ha preparado y lo ha preparado todo para que todo esté listo. Aún así, queremos recalcar que el material informático es competencia exclusiva de la Consejería de Educación, al igual que nuestra competencia es la limpieza, por lo que hemos puesto dos limpiadoras en los colegios, cosa que pocos ayuntamientos tienen. Eso no quita que desde el Ayuntamiento de Lorquí, vamos a seguir ayudando a las familias que tienen menos recursos en materia social, como lo hemos hecho desde el confinamiento.

 ¿Además de las clases online, tienen más medidas en marcha?

Depende todo de los resultados positivos. Se prevé una semana compleja y mala para los datos. No me quiero aventurar a nada, pero estoy dispuesto a que en esta semana, si la situación no mejora, plantear otras medidas más restrictivas. Llevamos así más de un mes y vamos en ascenso. Hay que recalcar que la imposición de medidas restrictivas es competencia de Salud Pública, pero las propuestas las estamos haciendo desde los ayuntamientos. Echamos de menos que  desde Salud vayan delante de nosotros ante estos problemas que tenemos. El centro de salud lo tenemos en números rojos, lo que significa que solo pueden atender a casos de COVID-19, y solo tenemos 3 médicos y pocos enfermeros. Hay mucha presión sanitaria, social y económica. 

¿Existe la posibilidad de pasar a la fase 1?

Lo tenemos todo encima de la mesa. Si la situación se sigue complicando nosotros pensamos que, con la coordinación siempre del centro de salud y de las personas que entienden de la pandemia de manera más científica, si hay que hacer una propuesta de volver a fase 1, yo no tengo ningún problema en hacerla. Lo que no podemos estar es cada tres o cuatro meses en una situación en la que estamos ‘a medio hogar’, es preferible estar un mes de forma más estricta. 

En época del multipartidismo, donde cada vez se hace más necesario pactar Gobierno de coalición, su agrupación obtuvo mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales. ¿A qué cree que se debe?

Creo que es por la cercanía y la humildad, aunque parezcan valores que no están de moda, al final la gente se tiene que sentir representada y agusto. Creo que eso lo hemos hecho muy bien desde siempre, hemos sido personas que hemos salido mucho a la calle y conocemos lo que le pasa a todos los vecinos. Hemos sido un equipo de gobierno que hemos conseguido mucho para el pueblo. Eso es una ventaja, que te vean como un buen gestor. Los políticos no tenemos otro objetivo que hacer feliz a la gente, y esa es mi máxima. 

 ¿Cree que la crisis de la COVID-19 pasará factura a su Gobierno?

No me lo he planteado. La verdad es que no me preocupa. Todo lo que estamos haciendo es con conciencia, son decisiones consensuadas con expertos en las diferentes materias. Si tomamos decisiones siempre pensando en la política, al final somos cobardes. Creo que hemos tenido la valentía suficiente para hacer propuestas firmes como pedir el confinamiento voluntario, algo en lo que hemos sido el primer municipio de la Región de Murcia y el segundo de España. No he tenido ningún reparo porque entiendo que lo primero es la salud de los vecinos. 

La opinión pública está cada día más polarizada por el coronavirus y las medidas restrictivas. ¿Percibe usted esa ruptura social entre los ilorcitanos?

Durante todo este tiempo nos hemos ido encargando a través de comparecencias casi diarias de explicar a la ciudadanía lo importante que era tomar medidas y que estuvieran informados de los casos que habían. La gente se ha ido concienciando de la situación y nosotros nos hemos encargado de que estos mensajes lleguen, ya que consideramos importante que la gente tenga información de qué está pasando. Hay muchos mensajes que hemos adelantado en las comparecencias, por lo que, por ejemplo, a la gente no le sorprendería volver a la fase 1. Obviamente no les gustaría, a mí tampoco, pero si tenemos que hacerlo lo tendremos que hacer. Habrá gente que no lo comparta, pero la inmensa mayoría lo entenderá. 

La 51ª edición del Festival de Teatro de Molina de Segura ya está en marcha. Hasta el 4 de octubre se podrá disfrutar de un total de  20 espectáculos, once en el Teatro Villa de Molina y ocho en el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil, tanto de forma presencial como vía streaming.

Juan Francisco García Saorín, director del festival, destaca que ante las dificultades encontradas y el esfuerzo que supone llevarlo a cabo el festival es una la “reivindicación, una trinchera en defensa del teatro. a lo que añade: ”Somos el único festival de teatro de la Región de Murcia y de los pocos a nivel nacional que ha resistido a la pandemia“.

Por este motivo, desde el festival se han tomado muy enserio las medidas de seguridad y se ha procedido a reducir los aforos hasta las 100 butacas a la par que ofrecer la posibilidad de seguir las obras vía streaming para que “la gente pueda verlo desde el salón de su casa, su ordenador o teléfono móvil” a mitad de precio hasta completar aforo y que podrá comprarse desde la página web del teatro (teatromolina.es). “Se va a transmitir todo íntegramente”, asegura García. 

“Otra característica es la calidad y diseño del programa. Hemos hecho un programa para todos los públicos, es decir, que todo el mundo puede disfrutar de un espacio. Nos hemos juntado con teatro circo para que se puedan disfrutar de malabares, acróbatas y demás, a la par que tenemos obras de teatro dramático. Pero nuestra prioridad, sin duda, es la presencia de grupos murcianos en nuestro festival a los que ayudamos como plataforma para hacerse más conocidos”.

Por otro lado, desde el festival se ha querido destacar también que se está cumpliendo “a rajatabla” las “tres claves que recomiendan desde Salud”: la reducción de aforos a través de un distanciamiento social de 1,5 metro para evitar el contagio, la limpieza de los espacios y el uso de geles hidroalcohólicos tanto en las salas como en los espacios comunes, así como la utilización obligatoria de mascarilla. El objetivo es “convertir el teatro en un espacio seguro”, recalca García.

Ha pasado ya un año desde aquella terrorífica DANA que azotó el levante español y dejó seis muertos entre las provincias de Almería, Valencia, Alicante y Guadalajara. En la Región de Murcia no hubo que lamentar fallecidos, pero sí se vivieron inundaciones y destrozos en varios municipios y carreteras que trajeron la declaración de Zona Catastrófica para la comunidad por parte de la Asamblea Regional, así como el desbordamiento del Río Segura. Sin embargo, la DANA dejó una escena casi apocalíptica unos días después de su paso, con la aparición de toneladas de peces muertos en las orillas del Mar Menor.

Lo que desde el ejecutivo regional se achacó a la entrada de agua dulce a una albufera de agua salada no sirvió de excusa por mucho tiempo, y las décadas de maltrato a la laguna debido a la “agroagricultura intensiva que ha destruido la vegetación natural y ha supuesto un total cambio del paisaje en todo el campo de Cartagena”, señalado por Ecologistas en Acción como el principal mal del Mar Menor, no pudo ocultarse más tiempo: “El problema no es que entre agua dulce a la laguna porque esto siempre ha pasado. El problema es que antes no llevaba nitratos ni sedimentos, porque lo que había detrás del Mar Menor era vegetación natural y cultivos de secano que funcionaban a manera de riñones de la laguna”. 

En estos doce meses, el gobierno murciano ha tratado de arreglar la situación, y la solución se ha atajado a través de la 'Ley de Protección del Mar Menor', que fue aprobada este mes de julio en la Asamblea Regional tras un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos. Ramón Pagán, vocal de la plataforma Pacto por el Mar Menor, asegura que  esta ley “es oportuna en cuanto a que debería haber salido antes para regular la actividad humana en el entorno del Mar Menor, pero no es suficiente porque en puntos muy importantes, como la cantidad de nitratos que deben usarse en el Campo de Cartagena, algo regulado por normativa europea, no rectifica de forma clara”. 

Desde Ecologistas en Acción han calificado la ley como “totalmente insuficiente” y han afirmado que “no resuelve nada”. “La solución está en atender a las normativas europeas y buscar una agricultura respetuosa con el medio natural de la Región, lo que es posible, pero hay multinacionales que no quieren reducir las cuatro cosechas que tienen en un año a solo una, porque deberían reducir la cantidad de nitratos que usan”, aseveran desde la plataforma  y añaden que “el problema se resuelve quitando regadíos del litoral”.

“Hay como unas 60.000 zonas de regadío en el Campo de Cartagena, casi 41.000 en estado legal y el resto en estado ilegal. Como el Campo de Cartagena está completamente labrado, cuando caen 10 litros de agua por metro cuadrado  se forma una riada enorme de tierra con barro cargada de nitratos y fosfatos procedente del campo. Toda la superficie es uniforme por la agricultura, por tanto, cuando llueve toda va a parar al Mar Menor.  Hay que quitar la agricultura de regadío intensivo y, sobre todo, los de la primera línea”, relatan desde Ecologistas en Acción.

Este julio, el consejero de Agua, Antonio Luengo, dio a conocer otra de las grandes apuestas para la recuperación del Mar Menor en la zona norte: el plan 'Vertido Cero', que es “un proyecto fundamental para la recuperación del Mar Menor, destinado a evitar la entrada de agua dulce y nutrientes, tanto superficiales como subterráneos, que tanto complican la recuperación del ecosistema”, aseguró.

De nuevo, este plan ha provocado fuertes críticas de Ecologistas en Acción que tacharon de “inútil” el proyecto y afirmaron que “extraer agua del subsuelo no soluciona el problema”. “El último informe de Tragsatec promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica demuestra que no entra nada subterráneo al acuífero sino que todo entra superficialmente”, relatan y agregan que “basar toda la solución de la entrada de nitratos al Mar Menor en bombear agua del subsuelo, que es precisamente desde donde no está entrando casi nada, no soluciona nada”. 

Pese a ello, Pagán asegura que “después de lo vivido el año pasado y tras los índices de clorofila en el agua que teníamos este invierno”, este verano no ha sido tan malo como se esperaba. “La situación ha mejorado un poquito, sobre todo por la parte de La Manga y en sus orillas, pero la cosa en la zona occidental que va desde Los Nietos hasta Villacarrillo sigue siendo bastante mala”, explica. Y sentencia: “El peligro no ha pasado”.

 “Nos ha perjudicado no solo la Covid, también el estado del Mar Menor”

El aumento de casos de COVID-19 en la Región, que sobrepasan ya los 11.000 infectados desde el inicio de la pandemia, se perfila como otro de los principales perjuicios para los vecinos del Mar Menor. Así, la recuperación económica que tanto necesitan los municipios y pedanías que bañan las aguas de la laguna no se han podido materializar por la bajada del turismo causado por el coronavirus.

Soledad Díaz, presidenta de Hoteles Costa Cálida (Hostetur), estima que la ocupación hotelera en la Costa Cálida fue de aproximadamente un 45% en julio y un 50% en agosto, frente a cifras del año pasado donde la ocupación rondaba el 95%: “La gente no ha salido por miedo, algo que no habíamos experimentado nunca”. Respecto al Mar Menor, la presidenta de Hostetur afirma que “al principio del verano, el estado del Mar Menor perjudicó mucho las reservas, pero a mediados de julio, conforme empezó a desmadrarse la situación, cogió protagonismo absoluto el Covid”. 

En la hostelería la situación ha sido similar. Jerónimo, que posee cuatro locales situados en Los Nietos, Los Belones y Cartagena, asegura que en julio han facturado entre un 30 y un 40% menos que el año pasado. En agosto, el consumo en sus locales se ha reducido en un 50% respecto a 2019. “Nos ha penalizado mucho la hora del cierre”, dice. 

Por otro lado, el hostelero afirma que “en la zona nos ha perjudicado no solo la Covid, también el estado del Mar Menor y la ausencia del público extranjero”. Pese a ello, relata que la parte positiva de esta situación es que en las zonas del Mar Menor “hemos trabajado con un 40% de público extranjero, por tanto, [la situación] nos ha penalizado, pero no tanto como otras zonas como, por ejemplo Benidorm, donde el público extranjero supone casi un 90%”. 

Por otro lado, Salvador Martínez, vocal de la Asociación Vecinal de Cultura, Deportes y Ocio de La Manga -una de las zonas más turísticas de la Región- asegura que en la zona “el turismo no ha decaído tanto como se esperaba”. “Lo que es el mes de agosto ha sido espectacular”, afirma Martínez, pero con la llegada de septiembre, la preocupación de los vecinos de esta zona del Mar Menor, que apenas se vio afectada por la última DANA, torna a que los concejales “se duerman” poniendo como excusa la pandemia: “Aquí no se está haciendo nada. Este año ha sido el peor de gasto y de inversión en la zona de La Manga y San Javier”.

Respecto a los próximos meses la situación se presenta complicada. Jerónimo  asevera que “el verano es una parte muy importante para el sector. Económicamente vamos a llegar muy perjudicados al invierno, no va a haber ningún mes bueno este año” y Díaz añade que para los próximos meses “ya hay hoteles que están cerrando porque no viene gente”.

A esta panorama, la incertidumbre de una nueva DANA, como la anunciada la semana pasada que finalmente solo dejó algunos chubascos débiles en parte de la Región, se presenta como una amenaza en todos los sectores económicos y en el estado del Mar Menor, sobre todo en las zonas ribereñas de Los Alcázares y Los Nietos, donde cada lluvia deja un sinfín de zonas inundadas y accesos cortados: “Solo nos queda estar mirando al cielo y rezar para que no llueva”.

El 'ecocidio' de la laguna salada más grande de Europa

Mientras que el presidente de la comunidad, Fernando López Mirás, señala que “el Mar Menor presenta los mejores parámetros de los últimos 3 o 4 años” y la consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal, postea en Twitter imágenes del atardecer en las costas de la albufera a las que atribuye una “importante mejoría” en el último año gracias a la labor de Ciudadanos en la Región de Murcia, otros sectores sociales hablan de 'ecocidio' en el Mar Menor.

María Mompó, activista medioambiental y portavoz de Protectores de la Tierra, defendió abiertamente esta postura hace escasos días cuando viajó a Murcia para reunirse con plataformas ecologistas y denunciar la crisis medioambiental del Mar Menor. Su finalidad era que se tratara el tema y animar a estas plataformas y grupos ecologistas a que se conviertan en Protectores de la Tierra y apoyen el único objetivo de la campaña 'Stop Ecocidio': reconocer al ecocidio como un crimen dentro del Estatuto de Roma, para que el daño masivo y la destrucción del medio ambiente sea competencia de la Corte Penal Internacional. “Lo que está sucediendo en el Mar Menor es un ecocidio continuado y es necesario contar con la jurisdicción internacional para poder afrontarlo”, afirma Mompó.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena han puesto en marcha este fin de semana una nueva medida para garantizar la seguridad de la laguna a través de la instalación de varias cámaras de vídeo para realizar un seguimiento del estado del Mar Menor. Esto se ha hecho en las playas de Los Urrutias, Los Nietos y Playa Honda para “aprovechar las antenas wifi situadas en esta zona y de esta manera remitir las imágenes en directo vía internet”, como ha explicado la vicealcaldesa y responsable de la comisión municipal del Mar Menor, Noelia Arroyo.

Pero desde Pacto por el Mar Menor lo tienen claro y así lo demuestra Pagán al asegurar que “estamos en una situación muy crítica y lamentable. Cada DANA nos puede hacer mucho más daño que las anteriores”. 

La vuelta al cole ya es una realidad, y con ella el miedo a un posible contagio en las aulas. Los casos de COVID-19 no cesan en España, y con una curva de contagios que crece cada día, crece también la duda entre los padres sobre qué es mejor: llevar a los niños a las aulas o que se queden en casa. Tal es el miedo a la no escolarización, que hace un par de semanas la ministra de Educación Isabel Celáa tuvo que recordar que en España la escolarización es obligatoria de 6 a 16 años.

Pese a ello, sigue habiendo “preocupación” a que los niños vuelvan a las aulas, aseguran desde la plataforma Derecho a Enseñanza Sin Riesgo en Pandemia Región de Murcia, desde la que se pide una asistencia a las clases “voluntaria” a través de “una educación telemática” ya que ven “un riesgo meter a 20 alumnos o más en un recinto cerrado sin filtros de aire ni ventilación que renueve el aire más allá de abrir una ventana”.

La plataforma, replicada en diversas provincias del país, ha manifestado su “preocupación” a que los colegios se conviertan en “nuevos focos de trasmisión” y que esto provoque un “aumento de la base población pediátrica que desemboque en un mayor número de niños que precisen cuidados intensivos”. 

Por ello, el pasado 26 de agosto solicitaron a la Consejería de Educación de Murcia que se activen los protocolos de enseñanza online que hay fijados para casos de contagio y se de la posibilidad a los padres elegir esta opción, sobre todo en los casos en los que algún niño o familiar tenga una enfermedad crónica, ya que para ellos podría volver a las aulas podría ser “letal”.

En la Región de Murcia -que empezará sus clases el próximo 14 de septiembre junto a Catalunya y Canarias- una encuesta realizada por las Ampas Murcianas Unidas reveló que el 56 por ciento de los 7.100 padres encuestados llevarían a sus hijos al colegio o instituto en las circunstancias actuales, mientras que el 17 por ciento no lo haría por inseguridad o salud y el 26 por ciento todavía no había tomado una decisión. 

Lucía Gómez es una de las madres que no piensa llevar a sus tres hijos a clases el próximo 14 de septiembre. Todos ellos residen en Lorca, la tercera ciudad de toda España con mayor incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos 14 días, con 756 contagiados cada 100.000 personas. El miedo a que su segundo hijo, que es paciente de riesgo, se contagie, es lo que ha hecho que esta madre haya pedido la enseñanza telemática para todos ellos porque “no sirve de nada que uno no vaya al colegio y los otros vayan, ya que al final acabarían contagiándose”, afirma. 

“Mi hijo tiene asma moderado severo, no responde a los inhaladores con corticoides. Ha tenido varias neumonías e ingresos, así como brotes en la piel debido a esta enfermedad”, asegura Gómez. La madre ha solicitado un informe médico para poder presentarlo en el colegio, y de esa manera, conseguir que sus hijos puedan optar a la enseñanza desde casa. Sin embargo, asegura que está siendo “muy difícil” conseguirlo ya que muchos médicos “se niegan a hacer informes”.

Aún así, Gómez tiene claro que el próximo lunes no llevará a sus hijos a clase, al menos durante las próximas dos semanas: “En caso de que no me den la opción telemática, a los dos mayores los tendré que llevar, pero a la pequeña no pienso llevarla al colegio aunque me amenacen con los servicios sociales”. 

Crecen las advertencias a los padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio

Con algo más de suerte ha contado Román del Río. Este padre de dos niños -de 11 y 7 años- padece una enfermedad grave que ha hecho que tanto él como el resto de su familia no hayan salido de casa desde que se decretó el estado de alarma en marzo: “Cuando empezó la desescalada íbamos a casa de los abuelos con mascarilla, guantes y en el coche. Ahora que ha habido un repunte de casos, ni siquiera vamos al hogar de los abuelos”. Por ello, el padre se ha visto obligado a pedir la enseñanza telemática para sus hijos: “Mis hijos son los primeros que no quieren ir al colegio. No quieren que yo me muera”.

Román asegura que tuvo que presentar “hasta cuatro escritos” para conseguir que sus hijos estudiaran desde casa: uno al colegio, otro a la Consejería de Educación, otro para Asuntos Sociales y el último para el concejal de educación de las Torres de Cotillas, el municipio donde residen y estudian sus hijos. Dado el alto riesgo de su enfermedad, para él ha sido relativamente fácil conseguirlo, pero asegura que “esto no es lo usual” y afirma conocer “muchos casos en los que los médicos no dan informes porque tienen órdenes de no hacerlo”. 

Por otro lado, desde la plataforma aseguran que algunos padres están recibiendo advertencias desde sus centros educativos por no querer llevar a sus hijos al colegio, que van desde asegurarles que “llamarán a asuntos sociales” hasta decirles que “van a perder la plaza” si deciden que sus hijos van a estudiar desde casa: “Si las cosas mejoran, estamos de acuerdo con que los niños vuelvan al colegio. Pero ahora mismo no se dan las mejores condiciones para la vuelta a las aulas”.

Desde la Consejería de Educación de la Región de Murcia se asegura que la posibilidad de que los padres no lleven a sus hijos a a las aulas por miedo a contagiarse, “se está estudiando desde el Ministerio de Educación, cuando nos digan que hacer, se hará”. Respecto a los casos de riesgo se afirma que “el Ministerio estableció una tabla de enfermedades vulnerables a la COVID-19” y cada familia debe entregar el informe médico correspondiente con el que el director de cada centro valorará si se cumplen las condiciones para elevar esta petición a la Consejería. Asimismo, se afirma que no tienen constancia de que haya trabas en la realización de estos trámites: “Los plazos son los que son”.

La vuelta a las aulas cada septiembre es un reto para los niños y adolescentes de todo el país, que se ven obligados a decir 'adiós' a unas largas vacaciones y volver a la rutina diaria. Sin embargo, este año, la rutina no será como siempre y en poco más de dos semanas, la vuelta a las aulas, dejará una imagen de largas colas a las entradas de los centros educativos, clases de seis horas en las que la mascarilla será un elemento obligatorio y recreos organizados a través de los ‘grupos burbuja’.

Tras seis meses desde que los estudiantes pisaran por última vez sus centros educativos, ‘la nueva normalidad’ trae “nuevos retos” que están relacionados con lo que los jóvenes han vivido estos meses y que tendrá una repercusión en su salud mental, como ha explicado Juan Pedro Martínez Ramón, psicólogo educativo, coordinador del grupo de trabajo de psicología educativa y vocal de la junta de gobierno del colegio oficial de Psicología de la Región de Murcia. 

“Durante estos meses han aumentado los problemas psicológicos del tipo trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad o sintomatología depresiva en los jóvenes, sobre todo los relacionados con el miedo al contagio y a interactuar con otras personas”, afirma Martínez Ramón. Una situación que “se da sobre todo entre los jóvenes que se encuentran en la etapa de secundaria y bachillerato” y a lo que se suma la incertidumbre y los desafíos presentes en el nuevo curso, en los que Martínez Ramón ve “una fuerte fuente de estrés”: “La incertidumbre es normal, lo que no es normal es que eso te cause malestar”. 

María Jesús Ruiz, orientadora educativa del IES Alcántara y vocal de la Asociación de Profesores de la Orientación Educativa de Murcia (APOEMUR), relata que antes del confinamiento “los jóvenes nos tocaban la puerta y a muchos de ellos se les atendía por este tipo de problemas [de ansiedad]”, pero con el final del curso telemático, “no nos han podido tocar la puerta, entonces, se ha perdido este vínculo que se ha canalizado a través de los tutores”. 

Con la vuelta a las aulas, la orientadora prevé una situación compleja: “Vamos a tener de todo. Desde el alumno que viene tranquilo porque no ha tenido ningún acercamiento más allá de haber estado confinado en casa hasta el que ha sufrido la pérdida de un familiar”. Destaca que esto es una de las cosas que más “preocupa” dado que “somos pocos en el departamento y en el centro para tantos alumnos” y recalca que “a nosotros en el departamento esta situación nos va a desbordar”. 

“Empezar clases me genera ansiedad”

Israa El-Youssr se encontraba en segundo de bachillerato en el IES Vega del Táder cuando se decretó el ‘estado de alarma’ en todo el país. Desde mediados de marzo tuvo que asumir una enseñanza telemática que le ha causado “crisis de ansiedad muy fuertes” hasta el punto de tener que acudir varias veces al médico, sobre todo de cara a la EBAU.

Para ella, este último curso ha estado marcado por la mala conexión y ausencia de recursos básicos como un ordenador en condiciones con el que seguir sus clases online: “Vivo en un pueblo y tengo mala conexión hasta tal punto que una vez se me cayó internet en medio de un examen”. Esta situación ha hecho que la principal preocupación de Israa en estos momentos se enfoque en conseguir una buena conexión y ordenador con el que estar bien preparada para el grado en Economía que estudiará a partir de este septiembre en la Universidad de Murcia, aunque asegura: “No me siento preparada para el nuevo curso. El empezar clases me da ansiedad”. 

De una forma similar, Julia Nortes y Nerea Ortega finalizaron cuarto de la ESO con una educación telemática que les fue “bastante bien”. Su miedo empieza con el nuevo curso y el peligro al contagio que supone la vuelta a las aulas dado que ambas tienen personas de riesgo en su hogar. La madre de Julia es diabética y el hermano pequeño de Nerea tiene bronquitis, lo que acrecienta la preocupación de las jóvenes por contagiarse y transmitirlo.

“Mi hermana todos los meses se pone mal”, afirma Nerea y asevera que esta es una de sus mayores preocupaciones porque “cuando sales del instituto, cada uno tiene su vida” y es “muy difícil evitar los contagios”. Por otro lado, Julia destaca que la “gente irresponsable” es la que le hace tener miedo de volver a clases y sufrir un contagio. “Somos muchos alumnos y no puedo aguantar que los demás estén haciendo tonterías”. La joven añade que “tengo un poco de miedo de volver y más ahora que hay tantos contagios en la Región”. 

Los jóvenes con necesidades específicas, un grupo de riesgo

“Si hay dificultades en alumnado con necesidades educativas, en alumnado con con necesidades específicas esta situación los convierte en un grupo de riesgo”, afirma Martínez Ramón y añade “es más posible que puedan exacerbar los problemas que tienen de integración”.

Conchi es la madre de un joven de 14 años que se encuentra dentro de este grupo de personas con necesidades específicas. Durante el confinamiento, ha visto preocupada cómo su hijo permanecía en casa sin posibilidades de relacionarse con otros niños de su entorno, algo que es necesario en su caso, dado que posee síndrome de Asperger: “Tiene que relacionarse porque le hace enfrentarse a situaciones que le ayudan a madurar y eso es muy importante para niños con déficit de atención con trastornos de espectro autísta”.

“Él no lo nota, pero a la larga tú sabes que no es bueno”, asegura Conchi, a lo que añade “esta situación no les da ansiedad, al contrario, a  ellos les da ansiedad relacionarse con la gente, pero tú como adulto sabes que a la larga lo necesitan” y recalca  “al final, la ansiedad me da a mí”. Pese a ello, Conchi asegura que el colegio ha sido un apoyo fundamental durante este confinamiento, no solo para su caso, sino para todos los jóvenes que acuden allí, ya que les ha proporcionado todo el material y apoyo necesario para hacer las clases online lo más cómodas posibles.

Precisamente esta interacción colegio-familia es la que Martínez Ramón destaca como uno de los ejes fundamentales para ayudar a la prevención atención temprana de este tipo de trastorno en los jóvenes. “La apatía, dificultades para conciliar el sueño, cambios en la alimentación extremos. Por ejemplo, tuvimos un caso en el que una persona comía menos y no quería comer con su familia por miedo al contagio”, relata el psicólogo y advierte: “Cuánto más tiempo estemos en una situación que no se considere normal, más síntomas habrá, y más se prolongará en el tiempo”. 

‘Este verano, tú eliges la pulsera’, bajo este lema se ha presentado desde el Ayuntamiento de Murcia una campaña de concienciación por la COVID y la cultura segura, en la que se compara una pulsera de un festival con la de un ingresado en el hospital. Esta imagen ha levantado una gran indignación en Twitter donde algunas personas acusan al consistorio de criminalizar un sector en el que “no ha habido rebrotes”.

“Exigimos la retirada de esta campaña. Que desde un organismo público se asocien conductas de riesgo con un sector profesional que está haciendo lo imposible por sobrevivir es absolutamente intolerable. Basta de criminalizar la música”, reclaman desde la asociación Somos Música.

El Ayuntamiento de Murcia ha pedido perdón por la “confusión” que se ha originado y ha asegurado a este periódico que desde el primer momento “la campaña lo que pretendía decir era que se podían realizar esas actividades, pero con responsabilidad. La gente lo ha malinterpretado llevándola justamente al lado contrario”. El consistorio ha procedido a retirar la imagen que ha causado esta polémica, pero no así las otras dos que acompañan a esta campaña y que tienen un mensaje similar.

Por su parte, el director de escena murciano Antonio Saura ha destacado que esta es “una campaña desafortunadísima en la línea de las acciones que el Ayuntamiento de Murcia ya ha realizado” y recalca que “la cultura se está demonizando y estigmatizando” en toda España pese a que no ha habido ningún caso de contagio en ningún evento cultural. En la misma línea, el director de teatro murciano, Nacho Vidal, tacha de “horrorosa” la campaña y la considera “un gran desacierto” en un sector en el que no ha habido contagios: “Tras un verano lleno de eventos, se ha demostrado que la cultura es segura”.

Un programa de movilidad por Europa hecho desde casa. Esta es la propuesta de 'erasmus online' realizada a los estudiantes de la Región por parte de las tres instituciones universitarias murcianas -la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)-. Ante la incertidumbre sanitaria que se vive en el continente, los alumnos pueden cursar sus estudios en una universidad extranjera de forma online, reducir la estancia a un cuatrimestre o directamente renunciar a la beca. Desde la UMU se asegura que, de momento, “el número de alumnos que quieren hacer el erasmus se va a quedar en unos términos similares al año pasado, alrededor de unos 700”.

El planteamiento de estudios en el extranjero de forma online ha causado estupor en las redes sociales: “Acaba de nacer la expresión: Más triste que un Erasmus online”, apunta un usuario en Twitter, mientras que otro ha parodiado un viaje realizado a su propia casa en esa misma red social.

“Es una propuesta un poco absurda. Puestos a estar en mi casa, no voy a complicarme la vida”, dice Raúl López, estudiante de Periodismo de la Universidad de Murcia y beneficiario de una beca erasmus a Newcastle, ante la iniciativa de 'erasmus online' propuesta por las tres universidades de Murcia, como adelantó la Cadena Ser.

El vicerrector de Comunicación de la UMU, Francisco Javier Martínez Méndez, ha asegurado que es una “medida sustitutoria” ante la situación que estamos viviendo y que se está haciendo “a nivel nacional”, ya que es una solución que se ha dado desde el SEPIE, la organización dependiente del ministerio de exteriores encargada de organizar el programa Erasmus. El vicerrector, que es también tutor erasmus de la Facultad de Comunicación, recalca que “al final la mayoría de las becas erasmus se van a trasladar al segundo cuatrimestre y aquellas que eran imposibles de trasladar porque le venía mal al alumno, se van a hacer online” y reconoce que, con esta medida, “se pierde la experiencia”.

Pero esta iniciativa no ha convencido a todo el mundo. López ha decidido recortar su erasmus a Newcastle a solo un cuatrimestre antes que acogerse al ‘erasmus online’. Menos suerte ha corrido Lucía Pereda Hernández, otra estudiante de Periodismo de la UMU, que ha tenido que renunciar a su movilidad a Polonia porque “irse solo un cuatrimestre le extraviaba los planes” ya que le era muy complicado cuadrar las asignaturas que son anuales en su carrera. Respecto a los ‘erasmus online’, la joven asegura que “no le saco beneficio estar ahí y vivir aquí”.

Los jóvenes aseguran que “al principio del programa erasmus, en febrero cuando no se conocía nada de esto, éramos un montón y la gente empezó a abandonar”, lo cual contrasta con las cifras de erasums facilitadas por la UMU

Desde que en febrero se notificaron los primeros casos de COVID-19 en España, el virus ha alterado radicalmente nuestro día a día. Marzo comenzó con un confinamiento que nos mantuvo en casa más de dos meses, y con la desescalada y la 'nueva normalidad' surgieron los primeros rebrotes que se extienden ya por todo el país. Ahora, septiembre, trae un nuevo reto: la vuelta a las aulas para esos 8 millones de alumnos y 700.000 profesores que tuvieron que abandonar los colegios, institutos y universidades con el estado de alarma para recurrir a la enseñanza online.

Este nuevo curso se enfrenta a una “enseñanza presencial” que se ha defendido desde el Ministerio de Educación, y por la que las diversas Comunidades Autónomas han trabajado durante los últimos dos meses con el fin de fijar unos planes seguros de vuelta a las clases. Sin embargo, el descontento entre el cuerpo docente, las Ampas, las Fapas y los sindicatos de todo el país por, entre otras cosas, las “altas ratios” -fijadas entorno a 20-30 alumnos, varía en cada territorio-, ha sido recibido por los centros rurales, que cuentan con apenas una docena de estudiantes, como una ventaja frente a los centros más masificados.

“Si tuviera que llevar a mi hijo a un colegio hoy en día, tal y como está la situación, me plantearía llevarlo a un sitio como el que dirijo; no es lo mismo llevarlo de infantil a un aula de 35 alumnos que a una de tres”, afirma Jesús Cantón, director del CEIP Ortega y Rubio, un colegio situado en la pedanía murciana de la Puebla de Mula -250 habitantes- y que pertenece al municipio de Mula. En el centro tienen matriculados a tres alumnos en infantil y nueve en primaria -junto con seis docentes-, aunque el director señala que podrían llegar a acoger “de momento” a 25 estudiantes en cada ciclo.

El colegio que dirige Cantón forma parte de esos centros que antes luchaban por su supervivencia y ahora resultan más atractivos por la baja afluencia de alumnos. En la Región de Murcia hay 1.500 alumnos que estudian en estas áreas y parajes diseminados, según datos de la Consejería de Educación: 1.100 estudian en los ocho CRA (Centros Rurales Agrupados) que se ubican en los municipios de Abanilla, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Fuente Álamo, Moratalla, Torre Pacheco y Lorca mientras que los 500 restantes lo hacen en los 22 centros educativos ubicados en localidades con pocos habitantes.

“Tenemos numerosas ventajas con respecto a otros centros que tienen 500 o 600 alumnos ya que conocemos a todas las familias, sabemos sus hábitos en casa, sus zonas de juego en la pedanía y demás”, añade el director del Ortega y Rubio. Cantón asegura contar con “espacios más que suficientes” para albergar a estos alumnos y al tener solo tres estudiantes en Educación Infantil, podrán cumplir uno de los puntos que más protestas ha suscitado en el cuerpo docente: la sustitución del calzado de los niños de infantil en el interior de las aulas que se pide en la 'Guía para el inicio del curso' de la Región. Además, el colegio comprará mascarillas reutilizables de neopreno a los estudiantes y docentes.

“Somos como una pequeña familia”

El “contacto estrecho” entre profesores y padres es otra de las ventajas destacada por Juana María Sánchez Díaz, exalumna y madre de dos escolares del CEIP Ortega y Rubio que reside en Mula, y que decidió llevar a sus hijos a este centro porque le transmitía “más seguridad” que estuvieran ahí. “Me apetece más coger el coche y hacer un par de kilómetros para que los niños estén más seguros”, recalca Díaz, pero asegura entender que haya padres a los que le resulte complicado por la conciliación. Aún así, lo recomienda como “solución a la masificación de otros coles”.

“Podíamos llamarlos en cualquier momento, no nos ponían un horario fijo porque es un colegio rural y nos conocemos. No ha sido como un colegio tan grande que tienes un horario fijo y si se te ha pasado, se te ha pasado. Somos como una pequeña familia”, asegura Díaz, a lo que el director del colegio agrega que “casi todos los días hablaba con los padres personalmente para ver la evolución de su hijo en casa”.

Por tanto, un nuevo escenario en el que se vuelva producir la enseñanza telemática no preocupa a este colegio porque aseguran que “ningún alumno se quedó atrás” en la última ocasión y salieron reforzados “al aprender a trabajar de otra manera” que antes no hubieran hecho.

La España vaciada

No solamente los colegios, las zonas rurales de España han sido durante estos últimos meses el lugar de refugio de cientos de ciudadanos que habitaban en núcleos urbanos con más aglomeración de gente, y que, temerosos del coronavirus, han huido a espacios con menos concurrencia de personas.

Esta situación se contrapone a lo vivido en la península durante los últimos años donde se ha podido ver cómo las zonas rurales con menos población han ido decreciendo en favor de las grandes ciudades, que congregan a la mayor parte de la población española. Según un informe publicado por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) Salamanca, Burgos, Zamora y Ávila son las provincias con mayor número de municipios que pierden población, lo que convierte a Castilla y León en la comunidad más afectada por el abandono de los núcleos rurales.

En la Región, sin embargo, la tendencia es distinta. Según los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo siete de los 45 municipios existentes en la comunidad presentan una disminución de la población de 2018 a 2019: Abarán, Blanca, Bullas, Campos del Río, Cehegín, Ricote y Ulea. Ya en 2016 el último informe de la Femp señalaba a Murcia como una de las comunidades con mayor crecimiento demográfico durante la etapa del 'boom', gracias a la inmigración y al aumento de la natalidad. Esta tendencia al alza se trasladó a prácticamente toda la geografía regional.

Jerónimo Tristante, escritor y profesor en un instituto de secundaria del municipio murciano de Archena, ha presentado este jueves una instancia ante la Consejería de Educación en la que responsabiliza a la Administración en caso de acabar contagiado por COVID durante su jornada laboral y exige “responsabilidades legales y las indemnizaciones pertinentes” por vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la que se estipula que el ejercicio del puesto trabajo no puede redundar en el desarrollo de enfermedades por parte del trabajador.

Ante el continuo aumento de casos de coronavirus en la Región, que suman 94 casos nuevos hoy (jueves) según ha afirmado Salud, y la “manera irresponsable” en la que están actuando desde Educación al no bajar las ratios de alumnos y no contratar más profesorado ante la ‘vuelta al cole’, Tristante pide una enseñanza telemática como única manera de “proteger a los alumnos, a las familias y a la sociedad” ante la situación de rebrotes que se está viviendo en el país.

La consejera de Educación, Esperanza Moreno, ha presentado esta mañana en rueda de prensa el nuevo modelo de educación que se desarrollará en la Región y que consistirá en un sistema semipresencial en el que se alternará la asistencia de los alumnos en las aulas. De esta manera, se dividirán los grupos para que no haya más de 20 alumnos en el caso de Primaria y 24 en el caso de 1º y 2º de la ESO. En 3º y 4º de la ESO se mantendrán los mismos alumnos, pero se alternará la asistencia al centro (2 o 3 días por semana). Bachillerato y Formación Profesional seguirán un sistema similar a estos últimos. Además, se incrementarán en 800 los docentes para educación primaria y secundaria.

“Si hacemos una semipresencialidad real podría funcionar, pero lo que esta gente no quiere admitir es que cualquiera de estas medidas conlleva contratar personal docente porque si yo quiero disminuir las ratios y para eso me quedo con 15 alumnos en clase y mando a 15 alumnos a casa, quién atiende a esos alumnos. Los profesores no tenemos el don de la bifurcación”, asegura Tristante y añade que “los docentes no nos negamos  en ningún momento a ir a trabajar” pero que “800 profesores no son nada si tenemos en cuenta que somos 600 centros. En Valencia han contratado a 4.000”.

Tristante reclama que la Administración “no me obligue a ejercer la docencia presencialmente pues pone en riesgo mi salud y mi vida, y que tome las medidas para que se pueda atender al alumnado telemáticamente hasta que el virus sea erradicado o se encuentre una vacuna”. De no ser así, asegura en el escrito que ha presentado a la Consejería, “si me obligan a acudir al centro y resulto contagiado, sea cual sea el desenlace, ya he dictado órdenes a mi abogado, sindicato y familiares para que se reclamen las indemnizaciones pertinentes a esta Administración así como las iniciativas legales necesarias para dirimir futuras responsabilidades penales”.

El docente asegura que “le consta que hay más profesores” uniéndose a la causa y pide a los padres y demás cuerpo educativo que realicen una instancia similar en la que se advierta a la Consejería de Educación que  está incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: “No quieren invertir en la escuela pública, no quieren bajar las ratios porque no quieren que la gente se acostumbre a que su hijo en una aula con 15 aprende más porque tendrían un problema con los padres que reclamarían que esto mejorase”.

Ricardo Cortés acudió a la boda de un allegado en Murcia el pasado 15 de agosto. Un evento multitudinario que se saldó con 170 personas en cuarentena después de que el novio diera positivo por COVID-19. Un día después de anunciar a su empresa que debía hacer aislamiento domiciliario, le remitieron una carta de despido por “baja productividad”. Cortés ha decidido interponer una demanda por “despido nulo”.

“No les he firmado la carta de despido por la manera en la que me han despedido”, asegura Cortés a este medio, que afirma que “no le dieron ninguna otra explicación” desde la Empresa de Trabajo Temporal (ETT), solo que la compañía de empaquetado para la que trabajaba como mozo de almacén había finalizado el contrato.

Su abogado, José Javier Conesa, asegura a este medio que cuando le llamaron de la ETT le dijeron que se había extinguido el contrato por “el tema del virus”. Por este motivo, junto a la demanda por despido nulo en la que exige “la readmisión inmediata del trabajador”, el jurista solicita también una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, por que considera que el despido no ha sido más que una “acción-reacción” de que Cortés haya asistido a la boda y pueda estar contagiado: “La indemnización tiene que ser importante para que esto sirva y que otras empresas no hagan lo mismo”.

De momento, Ricardo se encuentra realizando la cuarentena en su domicilio y a la espera de que se le dé el resultado del PCR que se realizó el martes 18 de agosto. Asegura que “no tiene ningún síntoma” por ahora.

[ACTUALIZACIÓN]: La ETT ha asegurado, tras ponerse en contacto con este medio, que el despido del trabajador se ha debido a un problema burocrático. Según se han excusado desde la empresa, el empleado no se presentó en su puesto este lunes sin previo aviso y sin comunicar los motivos por lo que se le despidió. “No pudimos hablar con el empleado y no había presentado el certificado que demuestra que está en cuarentena”. Ahora están a la espera de recibir dicho certificado “para poder darle de baja, como mandan los protocolos de actuación en estos casos”.

La defensa de Cortés, sin embargo, ha matizado que ahora ya no se puede dejar el despido sin efecto: “Hay una ruptura del vínculo, la relación laboral se ha roto”, ha explicado el abogado José Javier Conesa. Por lo que la denuncia sigue su curso, “y mi defendido no se incorporará a trabajar hasta que no se pronuncie el juez” en uno u otro sentido.

Vecinos de Jumilla han constituido la plataforma ‘Salvemos nuestra tierra. No a las macrogranjas’ tras conocerse que “próximamente tienen previsto comenzar en este municipio del Altiplano los trabajos de instalación por parte de una conocida empresa cárnica de la Región de Murcia de una macrogranja con una capacidad de cría y engorde de varios miles de lechones en el paraje de la Cañada del Judío”, según han hecho saber a través de un comunicado de prensa al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia.

Las redes sociales se incendiaron hace unos días cuando la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, reconoció haberse reunido con una empresa que estaría interesada en desarrollar un “proyecto innovador” en una finca que posee en este municipio a través de la instalación de una macrogranja. Guardiola aseguró que había ido a visitar otra granja que la empresa en cuestión tiene en otro municipio de la Región, pero matizó que “de momento no hay ningún proyecto presentado en el Ayuntamiento”. 

Desde algunos sectores se ha especulado que dicha empresa podría ser El Pozo -perteneciente al Grupo Fuertes-, que hace algunos años ya estuvo interesado en realizar unas instalaciones similares en el municipio contiguo de Yecla, y que se vio obligado a parar ante el rechazo de los vecinos que crearon la plataforma ciudadana ‘Salvemos el Arabi’ para detener el intento de esta empresa cárnica de instalar dos granjas porcinas a las faldas del monte Arabí, declarado Patrimonio Natural por la Unesco. Desde elDiario.es Murcia se ha contactado con El Pozo, pero de momento dicen “no tener conocimiento” de esta información.

Uno de los portavoces de la organización recién constituida en Jumilla ha confirmado al periódico que, aunque saben qué empresa es no quieren decir nombres porque “primero queremos hablar con la alcaldesa ya que ella no ha revelado nada todavía”. La plataforma está a la espera de reunirse con Juana Guardiola, pero tienen claro que “este proyecto se está desarrollando ya aunque no se haya presentado ningún papel”.

La importancia de preservar Jumilla

En el comunicado presentado por ‘Salvemos nuestra tierra. No a las macrogranjas’ se asegura que “estos trámites se están llevando con cierto secretismo y rapidez, por lo que es difícil acceder a todos los datos”.

Desde la plataforma se quiere destacar la importancia de proteger la Cañada del Judío, el espacio donde se pondrían estas instalaciones, ya que son “una zona fundamentalmente agrícola, en la cual muchas personas tienen diversas actividades que abarcan desde cultivos tradicionales de secano, hasta viñedos y frutales con denominación de origen protegida”. 

Recalcan también las ´“importantes pérdidas económicas” que supondrían estas instalaciones en una zona en la que se están produciendo cultivos ecológicos junto a las molestias que conllevan este tipo de granjas y que van unidas “a malos olores y moscas que pueden obligar a la gente a tener que abandonar y vender sus viviendas al no poder vivir en las mismas como ya ha pasado en otras zonas”.

Ascienden a 25 las personas que han dado positivo por COVID en la residencia de menores intervenida el pasado domingo por el Servicio Murciano de Salud en el municipio de Alguazas (Murcia). 17 de los 23 usuarios y 8 de los 31 empleados son los afectados por este brote, mientras que el resto “ha dado negativo”, según ha afirmado Raúl Nortes Ortín, director general de Familias y Protección de Menores, este lunes en rueda de prensa.

Nortes ha asegurado que “desconoce el origen del brote”, pero que para una mayor seguridad, a partir de ahora, las residencias de menores serán tratadas con los mismos protocolos y medidas de seguridad que las residencias de mayores y se implementará la “obligatoriedad aduanera” a través de la obligación de tomar la temperatura o desinfectar el calzado con lejía a la entrada y salida de estas.

Se toman estas medidas ahora porque, asegura, “con el cambio de situación la edad del perfil de contagiados ha bajado mucho”. Además, Nortes ha pedido que la población tenga en cuenta que estas residencias son centros abiertos en los que los menores tienen derecho a las salidas y a las visitas, siempre con supervisión, por lo que “no han hecho nada que no hayan hecho nuestros hijos”.

De momento, los menores positivos por Covid se encuentran aislados y separados del resto en una de las alas dentro de las instalaciones del centro mientras que los sanitarios afectados se hallan en su casa guardando cuarentena. “Para cubrir los servicios mínimos, los trabajadores salientes volverán a incorporarse al trabajo”, ha afirmado Nortes.

Por otro lado, el portavoz del Partido Socialista de Alguazas, Blas Ángel Ruipérez, ha pedido a los vecinos que “hagan uso de su responsabilidad, extremen las precauciones del uso de las medidas de protección y que hagan caso a las recomendaciones e instrucciones que den las autoridades sanitarias” a lo que añade “un brote puede ocurrir en cualquier sitio”.

Una nueva fuga de 17 migrantes en cuarentena dentro del pabellón de Cabezo Baeza -Cartagena- se convierte en la cuarta fuga producida este verano en la Región de Murcia, donde la cifra total de migrantes sin localizar alcanza ya los 87, razón por la cual el Ejecutivo autonómico reclama responsabilidad al Gobierno central ante la falta de medios y recursos de custodia ante la magnitud del colectivo migrante.

El primero de estos episodios tuvo lugar a finales de julio, cuando 100 de los 256 argelinos alojados en tiendas de campaña habilitadas por Cruz Roja en la dársena de Escombreras sortearon la vigilancia de la Policía Nacional de los muelles de la diputación cartagenera donde estaban custodiados.

Los migrantes, de origen argelino, se encontraban a la espera de la determinación de un nuevo alojamiento donde poder guardar cuarentena, sometidos a altas temperaturas con falta de medios y espacio. Horas después, la mayor parte de ellos fueron localizados. El resto de los que permanecían varados en Escombreras fueron trasladados a diferentes espacios de la Región: 100 fueron llevados al Pabellón de Cabezo Beaza, 30 a la residencia de la Universidad Politécnica de Cartagena y el resto fueron al hotel Cenajo, en Moratalla.

El sábado 1 de agosto, en torno a la 1 de la madrugada, 59 de los trasladados al Pabellón de Cabezo Beaza lograron eludir la seguridad de la instalación deportiva del pabellón. Fuentes cercanas al caso explicaron que dichos inmigrantes serían los mismos que ya lo hicieron cuando estaban custodiados en el puerto de Cartagena. Todos ellos dieron negativo en la prueba PCR, pero debían estar aislados por haber tenido contacto con positivos en COVID en su llegada a las costas en patera.

Por otra parte, el pasado lunes 3 de agosto fueron 8 los inmigrantes escapados provenientes del mismo pabellón. Durante la huída, los vigilantes de seguridad privada del Cabezo Beaza escucharon ruidos y comprobaron que uno de ellos se estaba fugando por los conductos del aire, y cuando fueron a hacer el recuento de asistentes se dieron cuenta de que faltaban 8.

“Ola migratoria casi sin antecedentes”

La continua llegada de migrantes durante las últimas semanas a las costas de la Región, fue calificada por el delegado del Gobierno de la Región, José Vélez, como “una ola migratoria casi sin antecedentes”, dando lugar a un episodio de enfrentamiento entre el Ejecutivo de la Comunidad con la Delegación del Gobierno, que llegó incluso a los tribunales.

El fondo del asunto consistió en quién tenía la responsabilidad de dar refugio a los inmigrantes que llegaban a la Región y habían estado en contacto con positivos por COVID durante el trayecto en patera. Los responsables de Delegación consideraban que su responsabilidad se extendía solo hasta las primeras 72 horas de su llegada. Tras este periodo, la competencia debía pasar a la dirección general de Salud Pública de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, desde la Consejería de Salud se presentó una resolución ejecutiva para asignar dicha responsabilidad a la Delegación autonómica. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia llegó a avalar a la Consejería tras desoír el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en la que se pedía suspender dicha resolución ejecutiva interpuesta por el director General de Salud.

José Vélez aseguró que “la resolución del TSJ, en ningún caso implica pronunciamiento alguno sobre si considera que la Delegación del Gobierno tenga que dar solución habitacional a los migrantes en cuarentena”, y pidió al gobierno regional que “se dejen de jueguecitos políticos y se pongan a trabajar de verdad”.

Por su parte, desde el Partido Popular y el Ayuntamiento de Cartagena, se llegó a pedir la rescisión del cargo de Vélez ante su “incapacidad” de hacer frente al problema de la migración. Finalmente, el Ejecutivo autonómico aceptó lo defendido por la Delegación, dando alojamiento a los inmigrantes en cuarentena.

La Policía Nacional detuvo a un traductor de Cruz Roja, acusado de un delito contra la autoridad por empujar a un miembro de la Guardia Civil del pabellón Cabezo Beaza, una vez los migrantes se habían escapado, según publica el periódico La Verdad. El joven quedó en libertad este jueves tras prestar declaración en la Comisaría. Ahora, debe ser citado por el juzgado para comparecer allí. Según fuentes de la Policía, cuenta La Verdad, el traductor dificultó la actuación desplegada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para localizar a los inmigrantes. En concreto, se habría negado a facilitar datos relativos a la identidad personal de los huidos y, en medio de una discusión con las autoridades, habría acabado por empujar al responsable del operativo de la Benemérita en presencia de varias personas.

Las clases en la Región de Murcia se retomarán a partir de septiembre en un ambiente de incertidumbre por el aumento de casos de COVID-19 en el territorio durante las últimas semanas, y entre quejas de madres y padres, profesorado y sindicatos, por falta de medidas concretas para la 'vuelta al cole'. La publicación de una guía para el siguiente año lectivo elaborada por la Consejería de Educación y Salud, junto con el anuncio de aumentar solo en 500 docentes la plantilla de profesorado, hizo que Comisiones Obreras llegara a pedir a finales de julio la dimisión de la consejera de la cartera educativa en la Comunidad, Esperanza Moreno: “El escuadrón suicida vuelve a las aulas en septiembre”.

Un total de 60 Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) a nivel regional, casi 12.468 familias, han formado la plataforma 'Ampas murcianas unidas' para exigir más personal y recursos en las clases de cara al próximo curso. “Las medidas que se están tomando son aquellas que no requieren ninguna inversión. De todo lo demás ni se habla”, asegura Clara García -una de las portavoces de esta asociación- y añade que “el tema de la limpieza es de lo que más nos preocupa”. Ante la postura de la Consejería de Educación de que sean los niños a partir de primaria los que se encarguen de desinfectar sus espacios, crece la preocupación entre los padres: “Yo a mi hija no le daría un spray con agua y lejía para que desinfecte. Me parece muy peligroso. En casa se toman todo tipo de precauciones y ahora dicen que los niños lleven sus productos para que realicen la limpieza”.

Además, varios institutos públicos de Cartagena, la segunda ciudad más poblada de la Región, tacharon de “peligro manifiesto” las acciones propuestas desde la administración: “La única diferencia entre este curso y otros es que vamos a tener geles desinfectantes y el uso obligatorio de mascarilla”. A la ola de críticas se ha sumado la tuitera 'Maestra enfurecida', una docente murciana que ha reutilizado el hashtag #VueltaSegura, creado por la Marea Verde de Madrid para denunciar las carencias de la propuesta para la 'vuelta al cole' en la Región.

Una iniciativa que está generando diariamente una media de 2.000 a 3.000 tuits: “Vi esta etiqueta a mediados de julio en el nombre de algunos usuarios, pero apenas había tenido repercusión. Me llamó la atención y empecé a utilizarlo, cree el challenge y empezó a unirse mucha gente hasta el punto de que se ha convertido en una conversación permanente en Twitter”. 'Maestra Enfurecida' también creó de una petición en change.org, que ya supera las 150.000 firmas, para pedir al Ministerio de Educación una vuelta segura a las aulas. En esta se reclama más profesorado y medidas sanitarias porque asegura que desde la Consejería de Educación “no se está dando una solución” para la vuelta al colegio.

Cada alumno con su propia solución hidroalcohólica

En la Región de Murcia se ha apostado por una vuelta progresiva a las aulas: los estudiantes de 3 años dispondrán de las dos primeras semanas para incorporarse poco a poco. Asimismo, durante este período de adaptación, se propone alternar la asistencia durante la primera semana para los alumnos de 4 y 5 años: la mitad del alumnado asistirá dos días a la semana y los otros dos días la otra mitad. El viernes, se congregarán todos.

De manera similar, se procederá tanto en primaria -dividiendo al alumnado entre el primer tramo (de 1º a 3º) y el segundo (de 4º a 6º)- como en secundaria -dividiéndose el alumnado en dos bloques: 1º y 2º, por un lado, y 3º y 4º, por otro- . Además, se ofrece la posibilidad a los centros de poder adherirse de forma voluntaria a la modalidad semipresencial en las etapas de Bachillerato y FP. El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años y siempre que no se pueda mantener el metro y medio de seguridad, para edades inferiores solo es recomendable.

Otra de las medidas recogidas en el BORM es la obligación de que cada alumno a partir de primaria lleve su propia solución hidroalcohólica y utilice toallitas, paños o bayetas desechables y productos desinfectantes para limpiar las superficies y sus objetos más inmediatos. También, se dan instrucciones de cómo lavar los juguetes en lavadoras o lavavajillas en el caso de que los niños hayan podido contaminarlos con su saliva o cualquier otra excreción corporal.

Pocos docentes para ratios muy altas

Desde 'Ampas murcianas unidas' presentaron dos documentos con las medidas que consideran “fundamentales y básicas” para la vuelta al colegio, entre ellas, la bajada de ratios de los alumnos ya que desde Educación se pide que se mantenga un mínimo de estudiantes por aulas -30 para la ESO, 35 para Bachillerato y 27 para Educación Primaria- a la par que se solicita mantener el metro y medio de distancia de seguridad.

“Si quieres cumplir el metro y medio, lo más que te cabe en un aula ordinaria son de 18-22 personas”, asegura el presidente de la Asociación de Directores de Centros de Secundaria, Raimundo de los Reyes, que ha propuesto la semipresencialidad ante las ratios tan altas que se exigen desde Educación. El presidente de la asociación tacha de “incoherente” que las reuniones se limiten a 15 personas pero se quieran meter 30 alumnos en un aula durante seis horas seguidas.

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Directores de Centros de Primaria, Mariola Saenz, expresa su malestar ante la carga excesiva de responsabilidad que se ha depositado desde Educación a los centros educativos, puesto que son ellos los que tienen que idear para su centro un plan de contingencia ante posibles brotes de COVID-19. “Nosotros no somos sanitarios ni técnicos en recursos humanos para saber la idealidad de cada proyecto, por lo que pedimos a Educación que pusiera por escrito que se debían aplicar los criterios de riesgos laborales de su Consejería”.

De momento, el Gobierno regional revisó hace dos semanas la guía del inicio de clases para aliviar de responsabilidades a los directores de los centros, pero no ha aclarado nada más sobre los recursos destinados en materia de limpieza, profesorado adicional o cómo se repartirán los 73 millones del fondo COVID-19 que se destinarán a Educación, solo se ha asegurado que la concertada también recibirá parte de este dinero. “No se ha invertido ni en más espacios ni en más docentes. Lo único en lo que se está invirtiendo es en tablets y ordenadores para los alumnos. Parece que ya tienen previsto que las clases sean online”, lamenta Maestra Enfurecida.

Son las 10 de la mañana en la calle Eulogio Soriano de la ciudad de Murcia y decenas de personas esperan ya frente a una gran puerta en la que se puede leer Comedor Social de la fundación Jesús Abandonado. Gente de distintas edades, sexos y nacionalidades hacen tiempo, ya sea de pie o sentados, mientras salen a recibirlos. “Todas estas personas vienen a recoger la bolsa de alimento que entregamos diariamente de 11.30 a 12.15”, cuenta Amparo García, una de las trabajadoras sociales que forma parte de la plantilla de la fundación desde 2006.

La COVID-19 ha cambiado las rutinas de trabajo de esta fundación. Durante el confinamiento, que acabó el pasado 21 de junio, tuvieron que cerrar el comedor social. Ahora, con un límite de aforo, han tenido que reorganizarse para cumplir la nueva normativa, evitar las aglomeraciones, y hacer frente al incremento de la ayuda social que se ha cristalizado con la aparición de “un nuevo perfil de personas que normalmente no hubiesen solicitado alimento”, relata la trabajadora social. Este perfil corresponde a personas que estaban trabajando en empleos muy precarios o inestables como la hostelería, y que por la COVID-19 se han quedado sin trabajo y, por tanto, sin ingresos. Además, tienen menores a su cargo. “Sobre todo son mujeres, aunque también hay algún hombre. Asimismo, suelen ser familias monomarentales”, recalca García y añade que “con la desescalada estas personas siguen recibiendo ayuda de la fundación Jesús Abandonado, porque todavía no se han recuperado”.

“Desde esta pandemia estamos muy mal”, asegura Mercedes (nombre ficticio), una de las mujeres que ha empezado a recibir ayuda de la fundación tras la COVID-19. Desde que vino a España, Mercedes se dedicaba al cuidado de personas mayores, pero sufrió una hernia discal, pendiente de ser operada. “Llevo 18 años viviendo en España, pero antes no tenía papeles y la gente se aprovecha cuando esto pasa”, afirma Mercedes que ha cotizado, “pero muy poquito, por lo que ahora no percibo ningún ingreso”.

Su lesión y la falta de trabajo tras la pandemia hicieron que no pudiese hacer frente al pago de su casa. “Estaba de alquiler y me quedé sin empleo, por lo que me echaron a la calle”, relata la mujer. Ahora, se encuentra viviendo con unos amigos y acude al comedor social de la fundación: “Si no fuera por Jesús Abandonado no podríamos hacer nada, nos quedaríamos en la calle, con hambre, y con todo”.

Como Mercedes, hay otras 440 personas que hacen uso del comedor social. “Desde Jesús Abandonado estamos entregando una media de 200 bolsas diarias de alimentos para que las personas se las lleven a su domicilio. Además, en el comedor social en abierto atendemos cerca de 120 personas tanto para cenar como para comer”, afirma García. Pero no solo es la ayuda alimentaria, Jesús Abandonado también brinda apoyo mediante su centro de acogida situado en la calle Santa Catalina, que acoge a 109 personas diariamente. 

“Intento recuperar el tiempo perdido”

Una de las personas que vive ahí es Pedro (nombre ficticio), un hombre de 63 años que residía en el municipio murciano de Los Alcázares con su familia. Pedro fue médico durante treinta años, pero una mala racha familiar unido a un abuso en el consumo de drogas, hicieron que acabase viviendo en la calle y aparcando coches para poder subsistir. Antes del confinamiento, una trabajadora social de Jesús abandonado lo encontró en la calle y le pidió que pasase por la fundación si necesitaba ayuda.

“Pase de estar malviviendo en la calle y rodeado de gente que no me era muy positiva, a vivir en un alojamiento en el que tenía derecho a una cama, a un techo y a una ducha”, relata Pedro y agrega que lleva seis meses limpio: “Ahora estoy aquí, intentando recuperar el tiempo perdido”.

Pedro vive en el centro de acogida, acude al comedor social tanto a la hora del almuerzo como de la comida, y el resto del tiempo lo pasa en el centro de día de la fundación -otra instalaciones de Jesús Abandonado cuyo aforo se ha visto limitado por la COVID-19- donde lee, ve películas, escucha charlas y socializa con el resto de sus compañeros. 

“El objetivo del centro de día es que las personas sin hogar no pasen tanto tiempo en la calle”, afirma García. “Si estás en la calle al final te encuentras con cosas que te recuerdan al pasado, amigos de consumo y, en general, cosas negativas. A mí me quitas esto y me hundes. Para mí esto es mi salvación”, concluye Pedro.

“O pagan el alquiler, o comen”

“El perfil más común sigue siendo el hombre entre los 40 y 60 años, sin ingresos o con ingresos muy limitados como personas con pensiones no contributivas, con domicilio y que o pagan el alquiler del domicilio y/o la habitación o comen”, afirma García y señala que “esto se da sobre todo en los temporeros”. 

Carlos (nombre ficticio) es uno de estos temporeros. El hombre trabajaba en el campo hasta que sufrió una rotura en el tendón del brazo izquierdo. “La empresa me mandó a la mutua donde me tomaron varias radiografías, pero me dijeron que no tenía nada grave aunque yo no podía mover el brazo. Me concedieron la baja por seis meses mientras me hacían pruebas. Al no encontrarme nada me dieron de alta, pero a mí me seguía doliendo mucho el brazo y lo tenía inflamado, por lo que no podía trabajar”, relata Carlos. Ante esta situación, acudió a Jesús Abandonado donde le dieron asesoramiento y alimentos mientras le seguían haciendo pruebas para saber qué tenía.

“Un día desde Jesús Abandonado me mandaron a la piscina y se me hinchó el brazo, fui al medico y me hicieron una resonancia después de dos años y ocho meses desde que sufrí la lesión”. La mutua le concedió una indemnización de 4.800 euros, pero la Seguridad Social no le reconoció ninguna incapacidad por lo que Carlos inició una demanda. El juicio terminó el octubre pasado y el fallo salió en su contra: “Me dijeron que se me rompió el tendón por viejo, no por el trabajo”.

A sus 60 años, Carlos se encuentra cobrando una renta básica de 430 euros con la que paga el alquiler de su habitación en Murcia y ayuda a su familia en lo que puede. Recibe su bolsa diaria de alimentos de Jesús Abandonado y realiza cursos con lo que ampliar su formación a través del Centro de Empleo y Formación de Jesús Abandonado, en colaboración con el Instituto Murciano en Acción Social (IMAS) y la Sociedad de Empleo y Formación (SEF).  

El Covid también ha afectado este espacio dentro de la fundación. “Antes teníamos 15 alumnos, eran dos por mesa, y ahora solo tenemos uno por mesa para respetar el metro y medio de distancia”, afirma Ángel Redondo, otro trabajador de Jesús Abandonado y encargado del centro de día. “A nosotros nos dan subvenciones con las que realizar el curso de 15 personas. Con la COVID-19, hay que reducir el aforo a la mitad, pero nosotros tenemos que pagar al profesor una cantidad por dar un curso tanto tiempo, por tanto, no puedo pagarle por dar dos cursos porque no me da el dinero”, señala Redondo.

Pese a la situación, la red de trabajadores sociales y voluntarios de Jesús Abandonado sigue en pie de guerra para ofrecer todos estos servicios de lunes a domingo -la fundación abre todos los días de la semana-, identificar las necesidades de los usuarios, y ofrecer una solución a los más perjudicados por el coronavirus: las personas en riesgo de exclusión social.  

Julia Moya Ortíz, una alumna de la Universidad de Murcia, ha sido la primera estudiante de doctorado de España en obtener la Mención Industrial dentro del ámbito de la comunicación. Esta mención se incluye en el título de doctorado cuando el alumno desarrolla en su tesis un proyecto de investigación industrial o un trabajo experimental aplicado a una empresa o Administración Pública.

Por las características de la mención, esta se solía dar en ámbitos más industriales pero Moya, graduada en Publicidad y Relaciones públicas por la Universidad de Murcia, ha sido la pionera en un proceso que su tutor de Trabajo Fin de Grado (TFG) y decano de la Facultad de Comunicación, Pedro Hellín, califica de “complicado”. “Lo del doctorado con Mención Industrial es más de ciencias. Hemos tenido que adaptarnos”, asegura Pedro Hellín.

En la tesis titulada La narrativa transmedia como herramienta de promoción: experiencia de comunicación en farmacia, Moya puso el foco en la emergencia de las nuevas herramientas tecnológicas dentro de las farmacias aprovechando que se encontraba trabajando en una. “Mi idea partió del Trabajo Fin de Máster (TFM) que hice en la Universidad de Sevilla relacionado con la narrativa transmedia y que me gustó muchísimo”, dice Julia. 

Sin embargo, Moya tuvo que hacer frente a alguna que otra dificultad por el camino. “Tuve algunos problemas administrativos y de permisos, por lo que pospuse mi presentación de diciembre hasta ahora, en julio”. Pedro Hellín relata que “fueron tres años de papeleo” para conseguir todos los permisos y que la idea de Julia reuniera todos los requisitos para poder optar a esta mención.

Pese a ello, el arduo trabajo ha recompensado a esta estudiante murciana y ha conseguido ponerle un dulce punto y final a su etapa académica para convertirse oficialmente en Doctora en Comunicación con Mención Industrial. 

El informe publicado por Amnistía Internacional sobre el gasto español de 2009 a 2018, muestra que en la Región de Murcia la inversión en sanidad pública por habitante se ha rebajado casi en un 10 por ciento, mientras que el gasto sanitario público en atención especializada ha disminuido en más de 61.000 euros.

El portavoz de Amnistía Internacional de la Región de Murcia, Joaquín Sánchez, responsabiliza de esto tanto a las autoridades autonómicas como centrales: “No ha habido una apuesta por la inversión en sanidad, lo que ha supuesto un deterioro dentro de las condiciones de la población más vulnerable como las personas mayores”.

“Los últimos diez años representan una década perdida en términos de inversión sanitaria en España”, dice el informe presentado por Amnistía Internacional bajo el nombre 'La década pérdida. Mapa de austeridad del gasto sanitario en España 2009-2018'.En estos últimos 10 años, a nivel nacional, el PIB ha aumentado un 8,6 por ciento mientra que el gasto sanitario público se ha reducido en un 11,21 por ciento. “No ha habido una proporcionalidad entre la subida del Producto Interior Bruto -PIB- y la inversión en sanidad, lo que ha supuesto una menor atención sanitaria y un recorte en los derechos humanos, porque la sanidad es un derecho universal”, recalca Joaquín.  

Desde Amnistía Internacional se recomienda a las autoridades autonómicas y centrales “dar prioridad urgente al aumento de las asignaciones presupuestarias para el Sistema Nacional de salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria”, entre otras medidas. 

“Mi amigo y yo bebimos de la misma copa, por lo que tuve que pillar el coronavirus ahí”, afirma Hugo, una de las 48 personas afectadas por COVID-19 en el brote que ha tenido lugar en la zona de ocio de las Atalayas en Murcia capital y que ha obligado a la Consejería de Salud a limitar el aforo a 15 personas como máximo tanto en reuniones familiares como sociales y a cerrar el ocio nocturno en el interior de los locales, permitiendo solo el uso de las terraza.

Hugo acudió el 11 de julio a una de las cuatro discotecas que el fin de semana pasado Sanidad cerró por detectar casos de COVID-19 relacionados con el vuelo de Bolivia. El joven estuvo en el emplazamiento junto a su grupo de amigos, y unos días después empezó a tener dolor de garganta y fiebre. “En un primer momento no pensé en hacerme la prueba, pero un amigo mío me llamó y me dijo que me la hiciese porque él había dado positivo”, relata. Hugo y su amigo bebieron de la misma copa, por lo que tras hacerse la prueba, dio positivo inmediatamente.

“Mi amigo asegura que pilló el coronavirus en la discoteca a la que fuimos ese fin de semana”, asegura Hugo y añade que “tengo otras muchas amistades que también han dado positivo porque han estado ese mismo fin de semana en la discoteca”. Por otro lado, Hugo afirma que en la discoteca había muy pocas medidas de seguridad: “Podías moverte sin restricciones y sin mascarilla, todo el mundo estaba pegado. Había margen entre las mesas, pero les daba un poco igual todo”. 

Otras dos jóvenes que acudieron el 10 de julio a la misma discoteca que Hugo han asegurado a este diario que las medidas de seguridad “se fueron relajando conforme pasó la noche”. Gabriela y Elena (el segundo nombre cambiado a petición de la entrevistada), salieron en el mismo grupo junto a otras seis personas. “Al entrar tomaban la temperatura y no te dejaban estar en la barra”, dice Gabriela, pero Elena afirma que cuando ella llegó a la discoteca no controlaban que la gente llevase mascarilla: “Les daba igual que la gente entrara con mascarilla, con que pagaran era suficiente”.

Respecto a las medidas de seguridad dentro de la discoteca, Elena asegura que “te permitían bailar dentro de tu grupo y al lado de tu mesa”, a lo que Gabriela añade “no había control del personal respecto a si te movías de tu mesa o no, pero tampoco ví mucho movimiento”. Las dos relatan que una vez dentro, la gente no se ponía mascarilla y que los geles hidroalcohólicos que habían a la salida del baño apenas se usaban. Pese a todo ello, recalcan que el personal de la discoteca si usaba debidamente la mascarilla y seguía el protocolo de seguridad.

“En general, no vi nada preocupante, pero sí que es verdad que había gente que se encontraba con amigos y se saludaban o bailaban juntos aunque no estuviesen en la misma mesa. Al final, no se controlaba muy bien todo eso y cuando la gente va borracha no hace caso de las medidas de seguridad”, asegura Elena.

Por otro lado, Gabriela cuenta que al jueves siguiente de lo sucedido ese fin de semana, salió a otro bar de la zona de las tascas, en el centro de la capital murciana, donde la camarera les permitió fumar cachimba a ella y a una amiga pese a que desde el 13 de julio está prohibido compartirlas en cualquier espacio público. “En un primer momento no nos dejó, pero al ver que solo éramos dos, nos hizo firmar un papel de que la responsabilidad era nuestra por si venía la policía. Aún así, luego llegó un grupo más numeroso y les dijo lo mismo”, recalca.

Problemas a la hora de pedir la cita para la PCR

Tanto Elena como Gabriela aseguran que les ha costado mucho conseguir cita para hacer la prueba de la COVID-19. “Yo tuve que llamar y pedir cita de urgencia porque por vía telemática no me daban cita hasta el 8 de agosto”, asevera Elena.

Hasta el momento, Elena no tiene respuesta pese a que se hizo el PCR el domingo pasado. Gabriela, después de probar durante varios días, ha conseguido cita para la prueba de la COVID-19 a finales de esta semana.

“No sé qué problema hay con los servidores del sistema de salud murciano, pero me salía todo el momento que no había cita con el médico. Tras llamar varias veces a mi centro de salud, conseguí que me cogieran el teléfono. Me dió la cita pero con malas ganas”, relata Elena. Su hermana, que estuvo con ella también de fiesta por la zona de Atalayas, sigue esperando a que le llamen del Hospital Reina Sofía para que le hagan la prueba. Las dos jóvenes se encuentran en su casa haciendo cuarentena a la espera de que desde Salud se les de una respuesta a su situación.